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Colombia: Víctimas del conflicto armado siguen a la espera de reparación

Por Ángela Castellanos Aranguren

 

El fallido proyecto de Ley de Víctimas dejó a más de 220.000 víctimas en la zozobra y la indignación.

Bogotá, junio (Especial de SEMlac).- Luego de dos años de trámite, el proyecto de Ley de Víctimas se hundió en el Congreso por petición del gobierno colombiano dejando a más de 220.000 víctimas registradas, la mayoría de ellas mujeres, en la zozobra y la indignación.

 

La manzana de la discordia fue el trámite para la reparación de las víctimas de los agentes estatales, es decir las madres de cerca de 1.500 jóvenes inocentes, asesinados por la fuerza pública y presentados como guerrilleros muertos en combate.

 

Ejecuciones extrajudiciales que, según dijo el relator de la ONU Phillp Alston, son resultado de la política de recompensas del gobierno a los militares para hacer más efectiva la lucha antiguerrilla.

 

En efecto, el pasado 16 de junio la Cámara de Representantes aprobó un texto del proyecto de ley diferente al adoptado previamente en el Senado. Este último respondía al espíritu del proyecto inicial, el cual señalaba el mismo trámite para la reparación a todas las víctimas, independientemente de que el victimario fuera la guerrilla, el paramilitarismo o la fuerza pública.

 

De la bancada gobiernista, 81 legisladores votaron sin debatir un bloque de 50 artículos de la norma, que establecía juicio y sentencia como prerrequisito para reparar a las víctimas de los agentes estatales.

 

Dicho texto "desconoce los derechos de las víctimas de agentes estatales, quienes debían seguir un trámite judicial para tener reparación, y no el trámite administrativo, que es más expedito y que se proponía a las víctimas de los grupos guerrilleros y paramilitares. Por eso decimos que es discriminatoria", afirmó a SEMlac Alfonso Castillo, miembro de la dirección del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

 

En un comunicado del Movimiento, se afirma que el documento apoyado por el gobierno "desconoce la existencia de victimas de crímenes de Estado; ignora la prevalencia de la restitución como medida de reparación ante el despojo de las tierras y el patrimonio de las víctimas (excluye la posibilidad de que exista restitución de bienes inmuebles)".

 

Asimismo. "apela al principio de solidaridad y no reconoce su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y desconoce las diferencias entre los servicios sociales del Estado, las medidas de reparación y las medidas de asistencia humanitaria".

 

Ante la diferencia de textos, al día siguiente se hizo una conciliación entre las dos Cámaras legislativas, que resultó a favor del trámite administrativo para todas las víctimas, sin distingos en razón de victimarios. No obstante, el presidente de la República, Álvaro Uribe, emitió un comunicado solicitando a los congresistas uribistas no firmar el texto conciliatorio y con ello hundir el proyecto de Ley de Víctimas.

 

En el comunicado, se menciona el costo financiero, pero la motivación mayor es que, para el gobierno, el proyecto conciliado "se constituye en una grave amenaza a la seguridad democrática, puesto que iguala a los terroristas con agentes al servicio del Estado, sin que estos últimos puedan tener un proceso judicial y una sentencia ejecutoriada que declare el daño a la víctima cuya responsabilidad sea atribuida a ellos".

 

Para los afectados, la reparación es un reconocimiento del daño hecho, no del culpable, por eso la reparación no debe ir atada a una sentencia. Los juicios pueden resultar en sentencia o no, pero el daño es aquello que se demuestra y se repara.

 

Ante la legislación colombiana son víctimas quienes hayan sufrido daños directos de manera individual o colectiva, como "consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley".

 

Refiere en tal sentido "lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales" y "al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida."

 

La Corte Constitucional, en sentencia de 2006, agregó que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.

 

Durante el 2008 las víctimas presentaron ante el Senado sus casos y expectativas frente al proyecto de ley. Sin embargo, al decir de sus voceros, éstas no fueron atendidas.

 

"El trámite legislativo se realizó con la pretensión del gobierno de negar y desconocer a las víctimas y sus derechos. Las audiencias de las víctimas ante el Senado no se tuvieron en cuenta en el debate. Si bien la discusión está a cargo del Congreso, hubo por parte del gobierno una petición de prorrogar la discusión en el 2009", de allí que la votación se haya realizado la última semana del periodo legislativo, agregó Castillo.

 

De acuerdo con la actual normatividad, "el derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición de las conductas".

 

"El texto respaldado por el gobierno desconoce los derechos de las víctimas a convertirse en actores y actoras políticas, no sólo receptoras de una indemnización. Las víctimas piden una reparación integral", afirmó a SEMlac Astrid Daza, Coordinadora de la ONG Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.

 

"La reparación integral es que haya también justicia y verdad", agrega Daza. Para comprender lo que significan estos conceptos, baste decir que un jefe paramilitar que ha confesado masacres tiene una pena máxima de ocho años. Sus confesiones no son cotejadas con las de las víctimas, quedando como verdad la versión del victimario.

 

La indemnización máxima establecida mediante decreto —asesinato y lesiones personales y psicológicas que produzcan incapacidad permanente— es de 40 salarios mínimos, unos 19 millones de pesos (8.636 dólares), según cálculos a la fecha. Y de 30 salarios (6.477 dólares) para víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual.

 

Las mujeres: blancos y botín de guerra

En el conflicto armado colombiano, las mujeres no sólo son víctimas en la medida en que son madres, esposas o compañeras de hombres asesinados, secuestrados o desaparecidos.

 

Al igual que los hombres, las mujeres enfrentan ataques, amenazas y otros actos de intimidación. Las mujeres también han sido blanco de asesinatos selectivos dirigidos a las activistas sociales y defensoras de derechos humanos.

 

Pero es en los pueblos y las zonas rurales donde las colombianas sufren anónimamente violaciones, mutilación y esclavitud sexual. Todos los grupos armados —las fuerzas militares, los grupos de extrema derecha y de las guerrillas de izquierda— han abusado y explotado sexualmente a las mujeres, tanto civiles como a aquellas que hacen parte de sus huestes.

 

Así lo registró la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, en el informe de su misión a Colombia, en noviembre de 2001.

 

"Raramente hay una confrontación directa entre los diferentes grupos armados, más bien esos grupos buscan ganar puntos atacando a los civiles sospechosos de apoyar al otro bando (...) la violencia contra las mujeres, particularmente la de tipo sexual es una práctica común...", dice Radhika Coomaraswamy, en el mencionado informe.

 

Los cuerpos de las mujeres se han convertido en botín de guerra. Las mujeres son blanco militar de los grupos armados como estrategia para imponer el terror en las comunidades y, de este modo, facilitar el control militar. También para forzar el abandono de territorios de interés militar o económico. E inclusive, para cobrar venganza contra el enemigo militar.

 

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