Violencia de género

Violencia de género (464)

Por Sara Lovera
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México, agosto (SEMlac).- Cada dos meses, desde julio de 2015, se ha declarado una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) a lo largo de 11 estados de la República (según datos oficiales), lo que representa el 30 por ciento del territorio nacional.
En esas áreas se realizaron acciones comprometidas y medibles para detener la violencia contra las mujeres en situación de emergencia. A nivel municipal, ello abarca apenas el 3,4 por ciento de los gobiernos locales, en zonas que se definieron especialmente por la frecuencia de asesinatos femeninos.
En tanto, cada dos horas se viola a una mujer en México; se multiplica el acoso, la trata y la desaparición de mujeres; por si no bastara, cunde la discriminación simbólica en los medios de comunicación. Una mujer es asesinada cada cuatro horas, es decir siete mueren cada día; no hay prevención suficiente, ni justicia.
Las acciones de emergencia por la demanda y la presión política, solo se realizan en el 3,24 por ciento de los municipios del país, o sea en 81 de cerca de 2.500, ahí donde fue declarada la AVGM.
Mientras la demanda de emergencia se vive como la meta a lograr, solo en tres entidades, Baja California, Querétaro y Guanajuato, los gobiernos han reactivado sus sistemas integrales sobre la violencia contra las mujeres; nadie conoce el resultado del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia.
En los municipios donde se activó todo el sistema integral de la emergencia, la sociedad civil vigila, presiona, evalúa y, en algunos casos, contribuye a las medidas para disminuir la violencia de género.
De acuerdo con el mapa elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en cuatro entidades está en proceso la probable declaratoria de la AVGM: Sonora, Yucatán, Tabasco, y Tlaxcala. Yucatán, desde hace 30 años, según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tiene el nivel más bajo de violencia en general y de violencia contra las mujeres en particular.
Organizaciones de mujeres presionan por un cambio rápido, luego de declaradas las Alertas. Ya evalúan y descalifican a escasas semanas de adoptada la emergencia.
Es el caso de Colima, donde hace 40 días se inició el proceso de implementación de medidas urgentes, la pasada semana se desarrolló una movilización pública convocada por el Centro de Atención Mujeres (CAM). O en San Luis Potosí, donde aún no se cumplen dos meses desde la declaratoria y ya hay afirmaciones de que no se hace nada.
Este año, entre marzo y julio, se declaró AVGM en cuatro entidades; de las solicitadas, desde 2016, quedan pendientes siete y se sumó hace 14 días la petición formal del estado de Oaxaca.
La primera declarada fue para el Estado de México, el 31 de julio de 2015, hace dos años. De acuerdo con el Observatorio del Feminicidio, no han bajado los índices criminales, ni están mejor protegidas las mujeres. En Morelos se declaró en agosto de 2016, y a la fecha, según la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, tampoco hay avances. En ninguno de los dos casos se sabe qué hacen los gobiernos, pues no informan.
La alerta de género solamente atiende casos graves, su declaratoria requiere de profundas investigaciones que, en el caso del Estado de México, demoraron varios años, ya que instalar la Alerta se hizo hasta después que en 2015 se cambió su reglamento. En Morelos hubo tres años de acciones, de presión a las autoridades.
La AVGM está definida como un mecanismo único en el mundo; atiende al artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, o bien, la existencia de un agravio comparado, que significa que un acto de política pública, una ley o una acción viola los derechos humanos de las mujeres, como la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo, interpretada como agravio comparado, lo que motivó la petición de AVGM, hoy en proceso, aún no admitida.

Por Mercedes Alonso 
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Santo Domingo, agosto (SEMlac).- El Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP) encabeza, junto a otras organizaciones feministas e instituciones académicas; así como personalidades de diversos sectores de la sociedad, el listado de firmas en protesta contra las humillaciones y ultrajante trato de que fueron objeto por las autoridades de migración, en el aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México, las profesoras Fidelina de la Rosa (Virtudes) y su hija Mirna Jiménez de la Rosa.
Así se lee el documento que circula entre los medios de prensa, redes sociales y otras vías de comunicación:
"Ante las vejaciones sufridas por las compañeras Virtudes de la Rosa y su hija Mirna Jiménez a su llegada a la ciudad de México, difundimos esta carta expresando solidaridad para publicar en medios. Pueden subir sus adhesiones institucionales y personales a la siguiente dirección http://bit.ly/2tPz4qy 
"Indignación ante el maltrato perpetrado contra Fidelina De la Rosa y su hija Mirna Jiménez De la Rosa
"Las instituciones y organizaciones abajo firmantes expresan su indignación por los vejámenes a que fueron sometidas Fidelina de la Rosa Hidalgo (Virtudes), docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de amplia trayectoria de lucha social y feminista, y su hija la doctora Mirna Jiménez De la Rosa, también docente universitaria, a quienes se les impidió entrada en el Estado de México, a pesar de contar con las requeridas documentaciones.
"Ambas estuvieron detenidas por más de cuatro horas sin suministro de alimentos, cediendo después ante las quejas de De la Rosa por la necesidad de ingerir medicamentos, despojándoseles de sus pertenencias, y exigiéndole a Fidelina firmar en reiteradas ocasiones un documento sin lectura previa, a lo que ella se negó rotundamente.
"El Estado mexicano no proporcionó en ningún momento razones justificativas para impedirles la entrada, enviándolas de regreso al país después de arreglos con la línea aérea.
"El encierro junto a otras personas, en su mayoría mujeres, una de ellas con una infante, a quien tampoco se le suministró alimentos durante más de cinco horas, denota prácticas discriminatorias, vejatorias y arbitrarias de este Estado.
"Exigimos al Estado de México el cese inmediato de estas prácticas, investigar y someter a las sanciones correspondientes a los oficiales responsables de los hechos narrados, presentar excusa pública por esta detención arbitraria y compensar a ambas por los daños cometidos.

Por Mercedes Alonso Romero
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Santo Domingo, agosto (SEMlac).- La sociedad dominicana conoció que el Consejo Disciplinario del Ministerio Público declaró responsable al extitular de la Procuraduría Fiscal de Samaná, Robert Justo Bobadilla, acusado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de varias empleadas y usuarias de esa dependencia, de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones, y ordenó su inhabilitación para prestar servicios dentro de dicha institución y por un período de cinco años en cualquier entidad pública del Estado.
En una audiencia calificada de maratónica, siete mujeres acusan a Justo Bobadilla de acoso sexual, entre ellas empleadas, exempleadas, usuarias, una policía y hasta una imputada.
El proceso tuvo lugar en la Corte de San Francisco de Macorís, capital de la provincia Duarte, ubicada al nordeste del país, a unos 135 kilómetros de la capital, desde media mañana del pasado lunes primero de agosto, hasta concluir en horas de la noche del martes.
Tras su destitución, el exmiembro del Ministerio Público perdió la jurisdicción privilegiada, por lo que se determinó que fuera juzgado en otra jurisdicción que no fuera Samaná, en este caso San Francisco de Macorís, por los graves hechos denunciados.
La abogada Evelin Peña había denunciado que el proceso de inspectoría que la Procuraduría General de la República llevaba a cabo contra el suspendido fiscal de Samaná fue aplazado en 13 ocasiones consecutivas, desde 2016 hasta la fecha, y que pese a dicha suspensión de su cargo, adoptada luego de que el consejo disciplinario aceptara la solicitud hecha por dicha inspectoría, Justo Bobadilla disfrutaba de salario, hecho que consideraba improcedente.

Procuraduría responde
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, informó mediante un comunicado de prensa que se sentía "complacido con la decisión" y que "no tolerará que ningún integrante del Ministerio Público incurra en conductas al margen de la ética y la ley, con actitudes que atenten contra la dignidad de ese organismo y de las mujeres".
En el propio documento se recuerda que luego de 14 reenvíos, "hechos a solicitud del exfiscal para dilatar el proceso y luego reclamar la prescripción hoy, a más de un año de haberse iniciado, el Ministerio Público pudo presentar conclusión en esta fase de primera instancia que conoció el Consejo Disciplinario.
"Nos satisface que ahora, después de más un año de haber iniciado este juicio disciplinario, durante el cual el exfiscal utilizó múltiples mecanismos para tratar de dilatarlo, podamos tener una decisión, que espero sirva de ejemplo a los demás miembros de la institución", declara finalmente el procurador en uno de los párrafos del comunicado.

¡Conmigo no!
SEMlac monitoreó los programas radiales y televisivos de la televisión nacional, a fin de constatar el rechazo de hombres y mujeres ante la actitud del exfiscal, calificado de "predador" no solo por sus víctimas, sino por quienes alzan su voz y por medio de las redes sociales y otras vías en las que expresan su repudio por tales actos.
Evelyn Peña, una de las víctimas, refirió en entrevista concedida al programa televisivo Enfoque Matinal, las múltiples zozobras que debieron sufrir ella y sus compañeras acosadas.
"Fingíamos que estábamos bien; pero el ambiente era hostil y nos sentíamos muy mal. Fueron días muy difíciles y por eso estoy aquí, para hablar no solo en mi nombre y de las otras mujeres que sufrieron conmigo estas violaciones, sino por todas las que padecen de acoso y no saben cómo defenderse. La violencia contra la mujer nos hace más fuerte. ¡Conmigo no!, es lo que tenemos que decir".

Miedo a perder empleo

Una entrevista a la titular de la Secretaría Nacional de la Mujer del Partido Demócrata Institucional (PDI), María Esther de Rodríguez, publicada por el digital El Nuevo Diario, el pasado 3 de julio, hace alusión a la investigación que dicha organización partidista logró sobre el alcance y la profundidad del acoso sexual por parte de integrantes del partido oficialista (Partido de la Liberación Dominicana, PLD) contra las mujeres que trabajan en las instituciones públicas.
Bajo el título Acoso sexual a la mujer en instituciones públicas, epidemia en RD, De Rodríguez reconoce que "las mujeres, por miedo a perder su empleo, única forma que tienen de sustentar a sus familias, sufren impotentes y en silencio el acoso sexual a que son sometidas, porque se sienten indefensas producto de la falta de mecanismos efectivos para hacer las denuncias y lograr la condena de los superiores que muchas veces actúan como pichones de dictadores que se aprovechan de su posición de poder para tratar de convertirlas en víctimas de sus ansias sexuales enfermizas".
El Ministerio Público indicó que, a partir de la fecha, el exfiscal Robert Justo tiene 10 días para apelar y que dicha sentencia será leída el próximo 21 de agosto. La sociedad espera que la balanza de Temis ocupe su justo sitio y se frene este otro flagelo que abate a la mujer dominicana: "Cero acoso sexual" es la máxima que debe exigirse a todos los niveles.

Por Sara Lovera, con información de Lorena Castellanos, Soledad Jarquín, Ana Alicia Osorio y Gabriela Ramírez
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México, agosto (SEMlac).- El tipo penal de feminicidio se reformará en Veracruz, mientras se estudia en Yucatán, por inoperante y difícil de probar. Porque hay resistencia a entender las razones de género.
En la polémica, nadie atina a señalar cómo surgió la idea de tipificarlo y poner penas hasta de 60 años por esta clase de crimen, iguales a las de homicidio calificado. Todo comenzó en Guerrero.
La abogada Nadia Sierra Campos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comparte su experiencia de cómo fue que se hizo el tipo penal del feminicidio.
"En Guerrero en el 2009, Patricia Olamendi y yo nos fuimos con Rosa María Gómez, la entonces secretaria de la Mujer, a levantar cadáveres de mujeres y a recabar evidencia con los peritos. Eso no solo nos ayudó a crear el tipo penal, sino a construir el protocolo, ese sí fue técnico. Les decíamos qué levantar, cómo levantar y qué hacer.
Fue el primer tipo penal en México, en el año 2010. "Después vino el del Estado de México, ahí cometimos un error porque fue una copia del de Guerrero y del Distrito Federal, de entonces; se copió y decidió acapararlo, pero desde un escritorio.
"Y mi experiencia para tipificarlo en el Código Penal Federal fue a base de jaloneos entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero sin sustancia. Si lees el tipo penal de Jalisco, es una vil copia del Código Penal Federal.
"Qué quiero decir con esto: que siempre hemos repetido que las mujeres del norte son distintas a las del sur y a las del centro, pero en este caso no se consideró el contexto diferenciado…además de los prejuicios y la resistencia a introducir el género".
Hay un dilema. Si se sostiene que hay diferencias, "será algo de nunca acabar," dice la maestra Claudia Espinoza Almaguer; "¿cabría hacer entonces un tipo de homicidio para cada tipo de discriminación y por cada grupo vulnerable? sería un proceso de criminalización que diversificaría la sanción de una misma conducta hasta niveles desproporcionados e incongruentes al principio de mínima intervención del Estado Democrático".
Para ello no parece haber respuesta. Y en Veracruz, la situación no es distinta. Esmeralda Lecxiur Ferreira, abogada feminista experta en litigio estratégico en derechos humanos y perspectiva de género, dijo que un grupo de especialistas y legisladoras están revisando el tipo penal de feminicidio para proponer una reforma al artículo 367 BIS del Código Penal que regula el feminicidio, ya que actualmente contempla que se trata de un homicidio por "razones de género", lo que resulta difícil de comprobar por parte de los abogados y la Fiscalía General del Estado".
Y argumentó: entre las hipótesis que se contemplan para tipificarlo en el Código, se encuentra parentesco o amistad entre el victimario y la víctima, sin detallar a qué grado, o bien, hallar el cuerpo en "espacios públicos." A los jueces no les queda claro a qué se refiere, "te dicen: a mí dime exactamente qué quieres decir con razones de género."
Por su parte, Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), dijo que la tipificación del feminicidio como delito grave envía un mensaje importante a la sociedad yucateca y modifica el marco normativo de la siguiente manera: esas conductas son inaceptables; no es solo un delito cualquiera, sino un delito grave por el impacto que tiene en la vida de las víctimas y de la sociedad.
"Sin embargo, se aplica lentamente. Está en la legislación de Yucatán desde hace tres años, pero hay que modificarlo, ahora como grave, porque no es suficiente tener un marco normativo, se requieren los lineamientos para aplicarlo, la capacitación al personal que lo va a hacer y contar con los recursos para ello, o sea ¿qué necesito para llevar a cabo la investigación?"
Desde Veracruz, Liliana Figueroa Luna, presidenta de la Asociación Civil Abogadas con Perspectiva de Género, sostiene que el feminicidio es un delito complejo porque existe resistencia por parte de funcionarios públicos para clasificarlo como tal, mientras que cuestiones como "razón de género" incluidas en el tipo penal en Veracruz, permiten interpretaciones subjetivas.
Agregó que existen seis hipótesis en el Código Penal y en ocasiones hay debate entre impartidores de justicia si se requiere contar con todas o con una es suficiente. En teoría era solo con alguna, pero esto no se entiende.
Por su parte, la diputada veracruzana Tanya Carola Viveros Cházaro, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y vocal de la Comisión para la Igualdad de Género, afirmó en entrevista que la tipificación del feminicidio es un logro de la sociedad civil, pero requiere modificarse para facilitar el trabajo a la Fiscalía y jueces, porque actualmente consideran estos delitos como homicidio calificado.
Anunció que están trabajando con expertas para generar una iniciativa de reforma que sería presentada en el Congreso antes de que termine el año, después de haber consultado a los organismos involucrados en impartir justicia para que den sus opiniones.

La expectativa
Las expertas consultadas no están seguras si hay aval internacional sobre este tipo de delito. Patricia Olamendi, en su libro el Feminicidio en México, sostiene que el tipo penal se ha introducido en las legislaciones penales de nueve países de América Latina: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela, además de México. El hecho de que sea solo un agravante en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Perú, contribuye a la polémica.
Olamendi ofrece en su libro un manual práctico de las actuaciones, casi con detalle de qué hacer, pero reconoce que debe implementarse un método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género.
Y para poder considerar que se está investigando una denuncia de muerte violenta de mujer por razón de género en forma efectiva, se deben crear conceptos criminalísticos aplicados con visión de género. Sin embargo, no se cuenta con cifras sobre el número de procesos judiciales por violencia contra las mujeres y mucho menos con estadísticas sobre sentencias del total de las denuncias realizadas.
Ella plantea, como otras consultadas, que la dificultad radica en entender cómo aplicar la perspectiva de género en la técnica criminal.

Casos insuficientes
Ojeda Sosa, desde Yucatán, compartió que los últimos casos sí se están juzgando como delito pero "aún estamos iniciando". A lo mejor se requerirá una evaluación para saber si así nos está funcionando o es necesario hacer algunas adecuaciones, sobre todo a la forma que se lleva a la práctica, cómo estamos haciendo la investigación, cómo estamos analizando los casos, el contexto en general, la situación de las personas, para saber si estos lineamientos de investigación nos funcionan o es necesario hacer ajustes.
La presidenta de la Asociación Civil Abogadas con Perspectiva de Género en Veracruz, Liliana Figueroa, aseguró que el feminicidio no es contemplado como un delito de prisión preventiva oficiosa pero sí es grave en el Código Penal, por lo que los abogados y Fiscalía requieren argumentar en base al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución para obtener prisión preventiva; hace falta capacitación.
Reconoció que en su práctica de litigante ha funcionado su visión, ya que en todos los casos que ha participado como abogada coadyuvante ha logrado prisión del inculpado. No debería haber dudas sobre si son acreedores a prisión preventiva, pero en el caso de Veracruz no se aplica.
El tema parece enredado. Apenas un tres por ciento de los casos se resuelven, la impunidad es la regla; como delito autónomo o agravante, lo cierto es que "ni vivas ni muertas les importamos," dice Nadia Sierra.
Por su parte, ONUMujeres reconoció los esfuerzos realizados para hacer frente a esta forma de violencia en distintas regiones del mundo, en particular en países en que el concepto de feminicidio se ha incorporado en la legislación nacional. "Eso es un instrumento, nada más".
Nadia Sierra concluye: "como feminista, es importante hablar de las razones de género, pero parece que hasta ese lenguaje es incómodo, y que tendríamos que hacerlo más sutil. Burdo, como se escribe en los códigos penales, no sirve."

 

Por Sara Lovera, con información de Lorena Castellanos, Soledad Jarquín, Ana Alicia Osorio y Gabriela Ramírez
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México, agosto (SEMlac).- Lo urgente para el nuevo sistema penal acusatorio es revisar el tipo penal del feminicidio, especializar a los Ministerios Públicos, asumir que, tal como está, permitirá que salga libre el 97 por ciento de los victimarios y que no se protege la vida de las mujeres. Hoy solo en Sonora hay 33 feminicidios resueltos. Y no más de seis en la Ciudad de México en los últimos dos años.
La polémica se enfrenta a quienes insisten: debe hablarse de misoginia, de opresión de las mujeres, conceptos filosóficos, sociológicos y feministas que no concuerdan con el lenguaje judicial o de derecho penal.
La exlegisladora y exdirectora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Malú Micher, dice que si tuviera la oportunidad de legislar sobre el delito de feminicidio, lo haría en apego al Código Penal Federal, sin más.
Ese Código lo define como un homicidio doloso calificado bajo circunstancias de violencia de género y otras características. Es un agravante del homicidio doloso y no un delito autónomo.
En ese sentido, la también exlegisladora Marina Arvizu, quien hizo la primera propuesta formal para tipificar el asesinato de una mujer en 2010, sin lograrlo, dijo que hubiera sido lo mejor. Ella enfrentó el rechazo absoluto de la dirección de la Cámara que presidía, entonces, el mexiquense César Camacho.
El problema fue, o es, según las abogadas consultadas, la inclusión de temas subjetivos, pues hace muy compleja su identificación. Mientras tanto, mujeres de organizaciones civiles y algunas abogadas feministas insisten en poner esas subjetividades que no reconoce el derecho.
Bárbara García Chávez, abogada y regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos de Oaxaca de Juárez, afirmó que en materia penal, las tipificaciones de un delito tienen que ser claras, concisas, concretas y específicas, sin cargas subjetivas que estén a interpretación o valoración de quien o quienes investigan un hecho, como es el caso del término misoginia, por ejemplo.
Además, el feminicidio en principio, a su juicio, tendría que ser una tipificación homologada a partir de una propuesta federal que implique que un feminicida pueda ser juzgado en cualquier entidad de la República.
Claudia Espinoza Almaguer, insiste: el feminicidio es una forma más de sancionar la privación de la vida en casos en los que bien podrían emplearse otras figuras, inclusive de modo más eficaz, como puede pasar con el homicidio calificado por odio, o saña, por ejemplo, precisamente porque son más neutrales y abordan mejor las circunstancias de los probables hechos que las razones de género.
Autora del Análisis Político Criminal del Delito de Feminicidio en San Luis Potosí. De la Teoría Feminista al Derecho Penal, Espinoza agrega que en la mayoría de los códigos del país, causas subjetivas están descritas en términos redundantes, porque se ve al delito desde las ciencias sociales; también convendría que cada supuesto en materia penal se respalde mediante datos y medios probatorios.
La regidora de Oaxaca, Bárbara García, abunda en la polémica de la conceptualización del feminicidio: en materia penal, debe determinar las conductas que puedan ser adecuadas a un supuesto jurídico en razón de un bien tutelado, como lo es la vida de las mujeres, y lo que implica la actitud de un Estado omiso frente al resguardo y garantía del acceso a una vida libre de violencia.
De igual forma, es indispensable contar con protocolos de investigación del feminicidio, a partir de los cuales toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio, como sucede hoy en Oaxaca, y después descartar los supuestos que no estén inscritos en el tipo penal.
Además, hay que especializar a los agentes del Ministerio Público encargados de las investigaciones.
Porque lo que hoy tenemos es un protocolo claro, pero hay duda sobre el tipo penal derivado de la interpretación subjetiva y la falta de especialización de las y los agentes del MP.

El tema es cómo probamos

En la búsqueda de elementos probatorios, la maestra en Política Criminal Espinoza Almaguer dice que los caminos hacia lo que hay que probar divergen de las estructuras típicas que tornan muy complicada su utilización, porque la regla cotidiana de aplicar la hipótesis general y abstracta al caso concreto, se encuentra invertida: estamos ante casos concretos inscritos al interior de los códigos, y eso es en parte lo que limita a la figura penal del feminicidio para pretender una punición, y lo que afecta la debida protección al bien jurídico que la vida de las mujeres constituye.
Para Rosario Villalobos Rueda, fiscal especial en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género en Oaxaca, el sistema acusatorio penal en marcha requiere que se revise el tipo penal del feminicidio; sin embargo, lo más importante es que los operadores de la investigación de un feminicidio, desde los Ministerios Públicos hasta los fiscales, deben estar en capacitación permanente para entender el fenómeno. Solo así la víctima tendrá acceso rápido y simple a la justicia y reparación del daño.
No obstante, esta revisión, que ya se hace en Oaxaca, es a partir de las experiencias de los fiscales, a fin de hacer las modificaciones que se requieren, en específico que el tipo penal sea más ligero, más eficiente, para reducir toda posibilidad de impunidad.
Incluso, es necesario incorporar los feminicidios que se presumen en el marco de la delincuencia organizada, y si fuera necesario, que sea la autoridad federal quien lleve esos casos.

Sí hubo política
Mientras Marina Arvizu sostiene que a lo largo del tiempo hubo militancia y deseo de juzgar a los criminales, no fue presión política, sino mucha resistencia a reconocer que se asesina a la mujeres solo por ser mujeres; García dice que sí, que hubo política.
Bárbara García afirma que la tipificación del feminicidio sí respondió en su momento a cuestiones políticas, donde algunas organizaciones no gubernamentales intervinieron sin conocimiento ni especialización, como lo hicieron después en la elaboración de los protocolos; de ahí que tengamos hoy un tipo penal del feminicidio diverso, sin ser eficiente en la gran mayoría de las entidades federativas.

 

Por Sara Lovera, con información de Lorena Castellanos, Soledad Jarquín, Ana Alicia Osorio y Gabriela Ramírez
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México, agosto (Especial de SEMlac).- El delito de feminicidio, desde 2014 en el Código Penal Federal, solo ha sido utilizado como válido en nueve entidades de México, país donde, por añadidura, existen 32 maneras distintas de sancionarlo e investigarlo, lo que aumenta la impunidad y confunde a los jueces.
De haberse incluido como un elemento que agrava el delito de homicidio, su investigación habría sido más sencilla. Hoy solamente 36 por ciento de los asesinatos dolosos contra las mujeres son investigados como "feminicidio," a pesar de la indignación de los grupos de mujeres.
Desde 2012, la CEDAW advirtió que "al no existir uniformidad en la definición del delito de feminicidio, se creó un problema: lo que se considera feminicidio en un Estado puede no serlo en otro, según la recomendación al Estado Mexicano del 32 período de sesiones, en que llamó a estandarizar los protocolos y el contenido del tipo penal".

Debate abierto

El 25 de julio en la ciudad de Oaxaca, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), afirmó que la tipificación del delito de feminicidio "respondió en muchas ocasiones a un tema de legitimidad política, más que de utilidad jurídica," y agregó: "Se hicieron malas tipificaciones" que incluyen "muchos elementos subjetivos y con eso las fiscalías no pueden hacer milagros".
Con ese motivo, SEMlac realizó un investigación/sondeo con 19 personas, analizó estudios, libros y antecedentes que compartirá con sus lectores.
Las opiniones están polarizadas; al contrario de Navarrete Gutiérrez, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó el pasado 22 de junio a tipificar el feminicidio como un delito autónomo con un protocolo de actuación ministerial, policial y pericial específico, cuya penalidad sea la misma que a nivel federal, es decir de 40 a 60 años: 50 por ciento más que el homicidio doloso.
Eso lo afirmó el jefe del gobierno interno al inaugurar el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa de las Comisiones para la Igualdad de Género, de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres y de los Tribunales Superiores de Justicia en las Entidades Federativas, realizado en el congreso.
El secretario dijo que, en algunos casos, cuando el agresor es un familiar, se considera como homicidio por razón de parentesco, lo que elimina el componente de género.
La abogada Nadia Sierra, de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, afirma que tipificar el delito de feminicidio ayudó a hacer visible y a contar con un discurso en el que parecía que la violencia contra las mujeres importaba y parecía una real preocupación.
Sin embargo, "se nos olvidó enseñarles a quienes investigan cómo ir a levantar el cuerpo de una mujer que ha sido asesinada; nos enfocamos en sacar protocolos que parecen un catálogo de conceptos, pero que en la práctica no dicen mucho".
Quienes hablan de feminicidio conocen el lenguaje técnico de la violencia de género, pero desconocen el entramado de las instituciones forenses y el desprecio que sigue existiendo ante estos temas. Ese, más que el tipo penal, es el problema.

Existen 32 formas distintas de penalizar
Claudia Espinoza Almaguer, quien hizo un estudio pormenorizado del tipo penal en las 32 entidades del país, afirma: ninguna de las figuras de feminicidio que se encuentran en los códigos penales del país es coherente con los principios del derecho penal, como son el de estricta legalidad, tipicidad, intervención mínima, de acto, culpabilidad, etcétera.
Y explica: No pueden serlo porque su raíz no se adaptó a las reglas formales y sustanciales con las que debe construirse el derecho penal del Estado democrático; por el contrario, fue solo traspasado desde el análisis social, por lo que en lugar de hacer una figura eficaz en su aplicación, lo que se produjo fue apenas la integración de la discriminación positiva, que en este caso lleva a penas mucho más severas pero de validez cuestionable.
La criminalista de la Subprocuraduría de Delitos Sexuales de San Luis Potosí prosigue: desde la primera creación del tipo penal en 2010, en el estado de Guerrero, el delito se ha dado de manera muy diversa, ya que cada órgano legislativo estatal que lo produjo ha podido influir o lo ha modificado desde entonces, de allí también la dificultad de exigir una homologación a esta figura. Si se homologa, no asegura que ningún tipo penal mejore, considerando que la unicidad de la ley penal no garantiza per se la eficacia en relación con sus planteamientos.
La especialista Patricia Olamendi, asesora de Naciones Unidas, sostiene en su libro El Feminicidio en México que: "aunque hemos avanzado en la legislación mexicana, todavía estamos muy lejos de que la ley se convierta en práctica cotidiana en agencias del Ministerio Público y juzgados; a ello hay que sumar la resistencia en legislaturas estatales para que todas las expresiones de violencia sean sancionadas."

Por Sara Más
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La Habana, julio (SEMlac).- La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), agrupación que reúne a más de millones de cuatro mujeres, presentó el 20 de julio, en la capital cubana, su Plan de Acción para dar respuesta a la Prevención y Enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas hasta 2020.
Ante representantes de diversas instituciones y de la cooperación internacional, la prensa, activistas, especialistas y personas vinculadas al tema, Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, dijo que la mayor fortaleza de esa organización está en las comunidades, donde las activistas trabajan, junto a especialistas y otras organizaciones, en la prevención de este y otros fenómenos asociados, como la prostitución, el proxenetismo y las brechas de desigualdad.
Resaltó, además, que las acciones de la organización reiteran la voluntad política del gobierno cubano de cero tolerancia ante la trata de personas.
Al referirse a los fundamentos del plan, la periodista Isabel Moya, directora de la Editorial, consideró la trata de personas como una expresión de violencia de género y dijo que, más allá de medidas específicas, el plan de la FMC se propone enfrentar las causas profundas que generan la desigualdad de género.
"La persona explotada es el centro de nuestro trabajo", precisó Moya y explicó que en Cuba los casos de trata reportados se relacionan con la explotación sexual y el proxenetismo, por lo que la FMC y sus acciones brindan especial atención a las mujeres en riesgo de prostitución o que se prostituyen.
El objetivo general del plan es articular la estrategia de prevención y atención a la trata de personas que realiza la FMC con el Plan de Acción Nacional para la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y protección a las víctimas.
Entre sus acciones contemplan socializar protocolos para la detección de posibles víctimas, promover y apoyar investigaciones con enfoque de género sobre la incidencia en Cuba de la trata de personas, la capacitación de las directivas de la FMC en todos los niveles y el perfeccionamiento de las estadísticas que acopian las Casas de orientación a la Mujer y la Familia de esa organización femenina y distribuidas por todo el país.
La también directora de la revista Mujeres habló de la necesidad de articulando acciones con otras entidades afines al tema y explicó que una de las propuestas es coordinar con los tribunales la designación de una trabajadora social para acompañar a cada mujer declarada víctima de la trata de personas, así como llevar el tema a las escuelas de educación familiar y mejorar el acompañamiento a las familias y las víctimas.
Participantes en el encuentro celebraron y enriquecieron con debates y propuestas la iniciativa de la FMC. 
Yamila Gonzáles Ferrer, coordinadora del Programa Género y Derecho de la Unión de Juristas de Cuba, insistió en la necesidad de integrar este y otros planes y lograr la ruta crítica necesaria en el camino de atención a personas víctimas de trata y otras formas de violencia.
La experta reiteró la necesidad de seguir trabajando en la capacitación sobre estos temas con las y os juristas, así como elevar la cultura jurídica de la población.
Para Marisol Alfonso, oficial nacional de programa del Fondo de Población de Naciones Unidas en Cuba, se trata de un plan de medidas que demuestra no solo la voluntad política, sino también la voluntad de acción. Abogó, además, por elaborar desde el inicio indicadores de monitoreo que permitan medir avances y desafíos en ese camino.
La realizadora Lizette Vila, en tanto, fue partidaria de continuar abriendo espacios a realizadores con una propuesta diferente en la radio y la televisión, como ámbitos de bien público, en contraste a la representación sexista y discriminatoria que abunda en muchos de los productos comunicativos actuales.
La trata de personas es un fenómeno relativamente nuevo para Cuba, señaló Idael Fumero, de la Dirección General de la Policía Revolucionaria, e insistió en la necesidad de elevar la percepción de riesgo y el rechazo social a este fenómeno, que adopta formas muy sutiles, no siempre ligadas a la prostitución.
En abril pasado la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Trata de Personas, Maria Grazia Giammarinaro, visitó la isla y reconoció la voluntad política de Cuba frente a la trata, aunque hizo sugerencias, como mejorar el marco jurídico de manera que puedan definirse y distinguirse fenómenos delictivos diferentes como son el proxenetismo y la trata.
La relatora señaló además la necesidad de contar con protocolos e indicadores que ayuden a definir más claramente lo que se podría calificar como una situación de trata o como víctima, por ejemplo, y con un protocolo para la protección y asistencia a las víctimas, con un paquete de medidas que se puedan aplicar de manera frecuente cuando se identifiquen situaciones de trata.

Por Gabriela Ramírez
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México, julio (SEMlac).- Los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en México constituyen la política pública más importante que se ha implementado para combatir y dar atención a mujeres víctimas de violencia; sin embargo, carecen de certeza jurídica, de fortaleza institucional, de programas operativos e, incluso, de lineamientos para elegir a sus titulares.
Estos fueron puestos en marcha desde el año 2010 por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instancia encargada de su fortalecimiento. Actualmente, existen 31 centros en 21 entidades federativas.
De acuerdo con el portal de la Conavim, estos centros buscan dar respuesta a las obligaciones en materia de atención y prevención de violencia contra las mujeres, así como atender diversas recomendaciones internacionales formuladas al Estado mexicano en la materia como las que fueron impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano en los casos de Inés y Valentina, y "Campo Algodonero". 
Recientemente, la organización Equis Justicia para las Mujeres realizó un informe sobre el estado que guardan los 31 centros. Fueron creados por decreto o por acuerdos firmados por tres autoridades distintas: 20 por el gobernador, ocho por la fiscalía o la procuraduría estatal y uno por el poder legislativo, sin que ello implique que estén previstos en las leyes locales. De hecho, los CEJUM ni siquiera están contemplados en ninguna ley federal.
"Esta ausencia genera que adolezcan de certeza jurídica, fortaleza institucional y garantías de continuidad, pues la mayoría tampoco están contemplados en las leyes orgánicas de la administración pública estatal. Esta condición lleva a que su funcionamiento quede al arbitrio de secretarías o procuradurías locales e impacta en la capacidad de los Centros para coordinarse con otras dependencias a nivel estatal y municipal", dice el informe.
Sobre su ubicación dentro del organigrama gubernamental estatal, la mayoría de los Centros dependen de Procuradurías o Fiscalías (13) o, incluso, de Subprocuradurías o Vicefiscalías (ocho); mientras que tres dependen de la Secretaría de Gobierno, cuatro de la Secretaría de la Mujer, dos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y uno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Una ubicación relevante dentro del organigrama estatal es estratégica para dotar de fortaleza institucional a los Centros. Como ejemplo, el CEJUM de Pachuca, Hidalgo, depende directamente de la Secretaría de Gobierno, posición que facilita las tareas de coordinación con otras instancias y favorece su participación en espacios intersectoriales de toma de decisiones.
El informe, que se ha generado basado en respuestas a solicitudes de información realizadas por la organización, explica que el análisis sobre los documentos de creación de los CEJUM arroja una falta de homogeneidad en sus contenidos, ya que algunos omiten elementos básicos como objetivos, composición, dependencias que lo integran, funciones y sus distintas áreas.
"Más grave aún, algunos documentos de creación contienen estereotipos de género, señalando a las mujeres como la base de la familia sólida y de la unidad familiar".
De los 31 Centros, 11 no cuentan con criterios para elegir a la directora, y entre los que cuentan con ellos, no todos incluyen formación o experiencia en perspectiva de género, derechos humanos o atención especializada de la violencia.
El informe de Equis Justicia para las Mujeres revela que la disponibilidad de recursos humanos en los CEJUM varía ampliamente en cada Estado. La mayoría de las y los funcionarios que laboran en ellos están adscritos a otras instituciones, de las que dependen administrativa, laboral y jerárquicamente; dificultando la asignación de tareas y la distribución de horarios e impactando en la calidad del servicio prestado.
Esta diferencia se aprecia en el CEJUM de la Ciudad de México, donde 97 por ciento es personal asignado desde otras dependencias, en contraste con Chiapas, donde el ciento por ciento está adscrito al Centro.
Respecto de los mecanismos de evaluación del personal, la información sobre al menos 18 CEJUM incluye exámenes de control y confianza, que no necesariamente están diseñados con perspectiva de género, ni toman en cuenta perfiles y capacidades para el abordaje integral de la violencia.
En lo que se refiere a la designación de presupuesto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) es la encargada de otorgar recursos a los CEJUM de acuerdo con lineamientos ya establecidos. Sin embargo, el estudio señala que la distribución de los recursos es "desigual y no obedece a características sociodemográficas, a la antigüedad o las necesidades específicas del Centro.
Es grave que varios Centros no han recibido recursos durante al menos tres años y llama la atención que el CEJUM de Zacatecas recibió presupuesto desde 2014 y empezó a operar hasta 2016.
Sólo 11 de estos centros cuentan con un Programa de Operación Anual; seis se encuentran en proceso de actualización o elaboración; cuatro declararon no contar con uno y siete no respondieron la pregunta realizada vía las plataformas de transparencia.
Por ello, la organización Equis Justicia para las Mujeres ha emitido una serie de recomendaciones entre las que destacan que los Centros de Justicia para las Mujeres deben estar previstos en la ley, estableciendo su objetivo, funciones y servicios.
Señala que el documento de creación deberá establecer que la dependencia de adscripción de los CEJUM sea una Secretaría que tenga capacidad de interlocución con las demás secretarías y procuradurías con el fin que colaboren y se coordinen para que el Centro pueda brindar los servicios interdisciplinarios.
Para que tengan fuerza institucional debe ser establecido como un órgano descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia presupuestaria; evitar mantener el modelo punitivo y unidimensional del acceso a la justicia y evitar estereotipos respecto a la mujer, señalándola como la base de la familia sólida y de la unidad familiar.
Además, se propone incluir en los Consejos Directivos a las Secretarías de Trabajo estatales y autoridades municipales, que todos los centros cuenten con criterios de selección para las directoras, que incluyan formación académica y experiencia profesional con perspectiva de género y derechos humanos.
También se recomienda incorporar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para la ejecución eficaz y eficiente de los recursos.
A raíz de la realización de este informe, cinco organizaciones civiles: Equis Justicia para las Mujeres, Ciencia Social Alternativa Kookay, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, Grupo de Estudios sobre la Mujer "Rosario Castellanos", también de Oaxaca, y Ni Una Más Yucatán, se han sumado para impulsar el piloteo de un modelo de auditoría ciudadana que contribuya a mejorar el acceso a la justicia y la atención que reciben las mujeres víctimas de violencia a través de un Observatorio Ciudadano de los CEJUM que fue presentado el pasado 11 de julio pasado en la capital.
"Es de suma importancia estar en este observatorio que nace con organizaciones de dos Estados: Yucatán y Oaxaca. Ya que nos permitirá incidir en el mejoramiento del funcionamiento de los CEJUM, que redundará en una mejor atención para las mujeres que viven violencia" explica Adelaida Salas, titular de la organización civil Ni Una Más Yucatán.
Salas explica que el monitoreo del funcionamiento de estos centros los realizarán a través de la sistematización de información derivada de los casos que acompañan de mujeres víctimas para visibilizar el tipo de atención que reciben.
Por su parte, Ximena Avellaneda Díaz, directora de la organización oaxaqueña GesMujer, señaló que se contabilizaron 73 homicidios violentos de mujeres, a partir de diciembre de 2016, cuando comenzó el sexenio de gobierno estatal.
Desconocemos cuántos de esos casos se están investigando como feminicidios, ni cuántas mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas habían presentado previamente una denuncia por violencia familiar, dijo la activista.
Esa falta de disposición de las autoridades de transparentar la información ha sido una constante en esta y la anterior administración, por lo que consideramos importante participar en este Observatorio Ciudadano que busca ser un mecanismo de auditoría, pero también para proponer mejoras a un modelo que puede evitar que muchos casos de violencia culminen en feminicidios, considerando el trabajo directo que las organizaciones hacemos en cada estado, añadió Avellaneda Jiménez.
En Oaxaca existe un segundo Centro de Justicia que no ha podido abrirse en el municipio de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, por un recorte al presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, lo cual es una contradicción de una política que busca impulsar la prevención de la violencia de género contra las mujeres como una prioridad.

 

De la Redacción
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México, julio (SEMlac).- Organizaciones de Oaxaca, Yucatán y la Cuidad de México formaron el Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para las Mujeres (OCCEJUM), cuya finalidad es monitorear y contribuir a la transparencia en la operación de estos centros y emitir recomendaciones para contribuir a su fortalecimiento y desarrollar estrategias de incidencia, además de exigir rendición de cuentas a nivel local y federal.
EQUIS Justicia para las Mujeres, Ciencia Social Alternativa Kookay, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, Grupo de Estudios sobre la Mujer "Rosario Castellanos" y Ni una más conforman este observatorio que busca visibilizar las condiciones institucionales, los retos y las áreas de oportunidad de los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUMs) para contribuir a su fortalecimiento.
Actualmente en México existen 31 Centros de Justicia para las Mujeres. Son instituciones que concentran servicios especializados para las mujeres, así como sus hijas e hijos, que han sido víctimas de violencia, por ello, las organizaciones del OCCEJUM consideran que pueden ser una poderosa herramienta para prevenir y detener la ola de feminicidios existente en el país.
En su primera etapa, el Observatorio Ciudadano trabajará en torno a tres elementos principales de estudio de los Centros de Justicia para las Mujeres: estructura institucional, disposición de recursos y diseño operativo. Asimismo, el OCCEJUM buscará incidir en el fortalecimiento de los CEJUMs mediante la emisión de recomendaciones generadas a partir de la recopilación y el análisis de información.
Como parte de su presentación formal, el OCCEJUM participó el pasado martes en la presentación del primer informe sobre el estado de los Centros de Justicia para las Mujeres a nivel nacional, elaborado por EQUIS Justicia para las Mujeres, a partir de herramientas de transparencia y acceso a la información pública.
Al evento acudieron representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, quienes escucharon los hallazgos principales del informe sobre el estado de la política pública, así como información de primera mano en torno a la violencia contra las mujeres y el funcionamiento de los CEJUM en los estados de Oaxaca y Yucatán.

 

Por Gloria Analco
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México, julio (SEMlac).- Decenas de esfuerzos de promoción, liderados por el movimiento de mujeres y las organizaciones de base en los Balcanes Occidentales y Turquía, han llevado a reconocer que la violencia contra las mujeres y las niñas es una manifestación sistemática de discriminación y desigualdad.
La evaluación preliminar de la ONU sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en Turquía y los seis países de los Balcanes Occidentales reveló que la falta de voluntad política de sus gobiernos sigue siendo un obstáculo importante para la plena aplicación de la legislación en la que se ha avanzado.
Mientras que esos países se encontraban en diferentes fases de la adhesión a la Unión Europea, se presentó una oportunidad para avanzar en la implementación de las normas y estándares de las leyes y políticas de la Unión Europea, conocido como "acervo comunitario".
Esa designación fue entendida sin perjuicio sobre el estatuto a favor de las mujeres y está en consonancia con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Dictamen del CIJ sobre la Declaración de Independencia de Kosovo.
El programa de tres años, derivado de ello, "Implementing Norms, Changing Minds" tenía por objeto poner fin a la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres en los seis países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, y la ex República Yugoslava con Serbia y Croacia).
A pesar de la adopción de la legislación para promover la igualdad de género en todos estos países, se siguen presentando serios obstáculos que imponen los gobiernos para la plena aplicación de esas legislaciones.
La adopción del Convenio del Consejo de Europa de 2011 para prevenir y combatir la violencia contra la mujer (también conocida como Convención de Estambul) y las conclusiones convenidas del 53 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 2013, no fueron suficientes para avanzar en los esfuerzos encaminados a lograr la igualdad de género.
Asimismo, la revisión regional de Beijing + 20 para Turquía y los seis países de los Balcanes Occidentales destacó áreas que requerían una atención concertada para atacar la discriminación multidimensional, entre ellas las fuertes estructuras patriarcales y las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres.
También la prevalencia de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y en una evaluación preliminar de la ONU, el empoderamiento de las mujeres en esos países todavía tiene una oportunidad porque están obligadas a adoptar normas y estándares de las leyes políticas de la Unión Europea en ese aspecto.
El programa de tres años, "Implementing Norms, Changing Minds", tiene por objeto poner fin a la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres en los seis países de los Balcanes Occidentales y Turquía, con especial atención a los grupos de mujeres más desfavorecidas.
El programa fortalecerá la capacidad de las organizaciones de mujeres para exigir cuentas a los gobiernos, promover la aplicación efectiva y vigilar la prevención y la respuesta a la violencia contra la mujer.

 

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