Violencia de género

Violencia de género (446)

 

                                                                                      Rosa Icela Ojeda Rivera.

 

            El día 23 de junio del 2016 una veintena de organizaciones civiles que actúan en defensa de los derechos humanos de las mujeres en el estado de Guerrero, agrupadas en la “Alianza Feminista”, alertadas por el aumento de mujeres asesinadas, desaparecidas y dejadas en calidad de desconocidas en diversos puntos de la entidad,  solicitaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), la aplicación de una medida reparadora del estado de derecho contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género.

 

La violencia familiar que ya dejaba una grave estela de víctimas se agravó con la actuación de grupos de delincuencia organizada ligados al narcotráfico, la trata de personas y la privación ilegal de la libertad. Como consecuencia de la actuación de esos grupos los asesinatos de mujeres aumentaron.

 

            La solicitud de la Alerta de Violencia de Género por parte de la “Alianza Feminista” se fundamentó en el alarmante aumento de homicidios dolosos de mujeres, en un comparativo del decenio 1994-2004 sumaron 318 asesinatos dolosos de mujeres mientras que de enero de 2005 a diciembre de 2015 el número aumentó a 1,449, más del 400 por ciento.

 

            En el estado de Morelos en 2015 la CONAVIM declaró la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios de esa entidad, sobre la base de los datos aportados por la  Comisión Independiente de Derechos Humanos que documentó 530 asesinatos dolosos de mujeres ocurridos entre el año 2000  y 2013. En el mismo lapso, en Guerrero, ocurrieron al menos 1,286 asesinatos de mujeres. Las solicitantes de la AVG de la Alianza Feminista tuvieron más que razones fundadas para solicitar la adopción de medidas especiales para poder poner un alto a la violencia feminicida en Guerrero.

            El 20 de junio de este año la CONAVIM culminó el proceso de evaluación del cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo al gobierno del estado de Guerrero, sobre la violación y el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres y, concluyó, que el estado no cumplió a cabalidad.

 

El gobernador del estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, en un mensaje de voluntad política el día de ayer 20 de junio, se adelantó a declarar la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios de Guerrero. Enhorabuena, la tarea apenas empieza. La voluntad política consecuente deberá garantizar a las mujeres de Guerrero una vida libre de violencia.

 

            El caso de la niña Keyla Rubí Teodoro García, violada y estrangulada el 12 de abril de 2006, en Cruz Grande del Municipio de Florencio Villarreal no puede seguir en “período de instrucción”. El Juez que dictó una sentencia de 8 años de prisión para un caso de feminicidio en el Distrito Judicial de Hidalgo II el 12 de marzo de 2012, debe ser al menos, investigado.

 

Un alto a la impunidad y una justicia pronta y expedita para las mujeres de Guerrero deben sumarse a esa declaratoria de buena voluntad.

Por Sylvia R Torres
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Managua, junio (SEMlac).- El título no trata de la película de la Sofía Loren que las generaciones analógicas vieron en el cine, a la vez que se prometían confesarse en la próxima oportunidad. Es el comentario que le espetaban en la calle a una niña de 13 años, estudiante de un colegio privado en un departamento cercano a la capital, violada y embarazada.
Este es, apenas, uno de los 13 casos conocidos y denunciados por las organizaciones de mujeres. Todos están en la impunidad, protegidos por obispos y cardenales.
En la Investigación "Vidas robadas", realizada por la fundación Axayacatl, de Masaya, presentada este mes, en un video documental, María Eugenia Delgadillo señala que en el caso del sacerdote Alejandro Martínez Chavarría, el padre de la menor ha pasado un calvario para iniciar un juicio.
Durante la presentación pública del video, el hombre hizo un llamado a la población a tener cuidado al dejar a sus hijos con cualquier persona. La niña participaba en el coro religioso y le pidieron permiso para que fuera a evangelizar; fue entonces que el sacerdote empezó a violarla repetidamente, hasta que la embarazó.

Compacidad de la jerarquía
El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, protege a Armando Rodríguez, acusado de acoso sexual en el colegio la Purísima, y también brindó refugio a Enrique Vargas Vásquez, acusado en 2004, en Costa Rica, de abusar de cuatro niños. 
Además, con la complicidad de Brenes, en 2002 se favoreció el cura pederasta Zenón Corrales, por entonces ubicado en el departamento de Matagalpa y luego en San Rafael del Norte.
Corrales, después de abusar de muchos niños en los departamentos antes mencionados, fue trasladado por el cardenal Brenes, en ese entonces obispo, a México, donde fue recibido y protegido por el cardenal Norberto Rivera, conocido protector de curas abusadores sexuales en su país.
Monseñor Juan Abelardo Mata protegió a cuatro curas pederastas: Jimmy Prudencio y Francisco Bayardo Alfaro, quienes en 2007 y 2010, respectivamente, abusaron de varios monaguillos; Arnoldo Avilés, abusador de niños, y Antonio José Meza Abadía, abusador de una niña.
Mientras tanto, Federico Engels fue cobijado por monseñor Eddy Montenegro. En la lista siguen Simeón Murillo, Aristegui Torres en la zona del Caribe norte, donde la población es mayoritariamente negra, miskita o mestiza y muy pobre.
Allí, el cura Mario Alemán preñó a una profesora en 2014 y acudió al monseñor Jorge Solórzano, para huir del delito. 
Lorna Norori, psicóloga especialista en abuso sexual, declaró que los abusos de esta naturaleza son cometidos por personas cercanas, que abusan de la confianza, el afecto y la autoridad para seducir, controlar y someter. A las víctimas se las culpabiliza como seductoras, mientras que el victimario les dice que son sus novias.
Adicionalmente, dijo, las autoridades eclesiásticas y jurídicas protegen a los religiosos. En Masaya, agregó, el Movimiento Axayacatl y la familia acudieron al Nuncio y a la Conferencia Episcopal. Esta última dijo que el cura estaba en retiro espiritual. La violación y embarazo continúan en la impunidad.
El único que pisó la cárcel, en Italia, fue el sacerdote Marcos Dessi, acusado en su país por jóvenes nicaragüenses que estuvieron internos en un orfanato bajo su dirección. La justicia italiana lo encontró culpable y también le descubrieron pornografía infantil.
Este caso fue muy duro para las víctimas, porque el pederasta había fundado un coro infantil y mantenía varias obras de progreso en Chinandega, una ciudad del occidente nicaragüense. Allí las poblaciones le veneraban como si fuera un santo. A pesar de que han pasado muchos años, una parte de la población continúa atacando a las víctimas y cuando murió, celebraron muchas misas.
Obviamente, necesitaría millones de misas por todo el mal que hizo, dijo Magaly Quintana, de Católicas por el Derecho a Decidir CDD, organización que hizo la denuncia, como parte del observatorio de violencia que lleva hace años.
Quintana hizo un llamado a las autoridades a dejar de encubrir estos delitos. "El silencio solo ayuda a que estos depravados mantengan la ventaja sobre las víctimas. El silencio solo ayuda a normalizar abusos y, para evitarlo, es necesario que las instituciones trabajen", afirmó.
En Nicaragua, solo un medio de escasa circulación en la capital, El Mercurio, ha hecho públicas estas denuncias.

De la Redacción
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

 

Oaxaca, México, junio (SEMlac).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó al presidente municipal de Santa Lucía Monteverde la adopción de una medida cautelar, ante las posibles violaciones a los derechos humanos de una mujer que fuera obligada a casarse con un hombre al que ella ni siquiera conoce.
Así lo informó la DDHPO, quien pidió al presidente municipal instruir a los servidores públicos que resulten involucrados en los sucesos. En primer caso, reclama que el servidor público señalado como probable responsable se abstenga de causar actos de molestia, que no se encuentren debidamente fundados ni motivados, en contra de la persona, bienes, derechos propiedades y posesiones de la agraviada.
Tanto al presidente municipal como a la directora del Registro Civil del estado les pidió instruir a los servidores públicos que resulten involucrados en los sucesos narrados por la quejosa para que, en un plazo de ocho días hábiles, rindan un informe detallado y completo sobre los actos constitutivos de la queja, a fin de que el organismo defensor pueda dar seguimiento al caso.
En la misma medida, la institución autónoma solicitó la colaboración del director de la Defensoría Pública Indígena estatal para que proporcione la asesoría y acompañamiento jurídico que requiera la afectada.
La Defensoría inició el expediente DDHPO/0890/(18)OAX/2017 tras recibir la queja de la agraviada, quien refirió que su progenitora la llevó contra su voluntad al Registro Civil de Santa Lucía Monte Verde, donde, con la colaboración de la responsable de dicha oficina, su familiar la obligó a casarse con un hombre al que la joven no conoce.
Manifestó que, aunque logró evadirse de ese matrimonio forzado, los síndicos municipales de Santa Lucia Monteverde la hostigan para que regrese a vivir con el hombre que ella no quiere como esposo.
La Defensoría del Pueblo de Oaxaca advirtió a la autoridad que la falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, tendrá el efecto de que se tengan por ciertos los hechos materia de la queja.
La mujer manifestó al personal de la Defensoría Especializada en Equidad de Género y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia del organismo defensor que, el 18 de mayo de 2016, logró escapar de su casa, pero los síndicos municipales de esa comunidad dieron con su paradero y la han hostigado para que regrese a Santa Lucia Monteverde a vivir con el hombre con quien la forzaron a casarse.
La Defensoría del Pueblo de Oaxaca solicitó a la autoridad que en un plazo de 24 horas informe sobre la aceptación de la medida cautelar solicitada y, en caso afirmativo, remita las constancias de las actuaciones que se hayan realizado para su cumplimiento.

Por Norma Loto
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Buenos Aires, junio (SEMlac).- Entre todas sacaron a Higui. Las mujeres argentinas lograron, otra vez, poner bajo la lupa las arbitrariedades de una justicia empeñada en seguir actuando bajo los vetustos cánones que ignoran las diversas situaciones humanas.
Higui se llama Eva de Jesús y estuvo presa casi nueve meses por matar a un hombre cuando se defendía de una violación masiva. La atacaron en grupo para "quitarle lo de lesbiana".
"Te voy a hacer sentir mujer, forra, lesbiana", contó Higui que le dijo uno de sus agresores mientras le destrozaba la ropa. En medio de las patadas, ella alcanzó a sacar una navaja que guardaba siempre en su corpiño y se defendió.
No cabe ninguna duda que la liberación de Higui es el resultado de una lucha colectiva. Tanto en el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo, como en el último Ni Una Menos, el pedido por su libertad se hizo más visible.
La noticia de su excarcelación se conoció el pasado lunes por la mañana. Luego, por la noche la libertad de Higui ya era un hecho. Ahora, se espera su absolución.
¿A quién se le ocurre "corregir a una mujer para quitarle lo lesbiana?. La respuesta es una sola: "a los hijos sanos del patriarcado". ¿Por qué una víctima de robo o de cualquier otro hecho de inseguridad, se le perdona que dispare y de muerte a un delincuente? y ¿por qué una mujer lesbiana y pobre cae presa por defenderse de un ataque sexual? La respuesta: la justicia es clasista, misógina y odiosa con las disidencias a la heteronormatividad.
Higui, la mujer pobre y lesbiana, se convirtió en el rugido de esa fiereza feminista que tanto anda fastidiando porque salen a las calles, pintan paredes, se besan, se tocan, bailan, gritan. Molestan. Les fastidia a un ceñudo patriarcado que anda enfurecido, perseguidor y represivo en estas pampas. Pero, nada resultó amenazador como para bajar la bandera que se había consensuado: Higui: "Entre todxs te vamos a sacar!".
Ahora se espera su absolución (y que quede claro que actuó en legítima defensa). "Esperamos que el Estado repare los abusos que sufrió (…) esperamos visibilizar los casos de homo-lesbo-bi-trava-trans-odio con los que convivimos día a día", dicen a SEMlac las integrantes de la Asamblea Lésbica Permanente.
"El feminismo fue vital en esta lucha, ninguna mujer debe ser oprimida", considera la Asamblea Lésbica Feminista y luego subraya que es necesario "visibilizar el silencio sistemático de las lesbianas en el movimiento de mujeres".
La liberación de Higui se logró por diversas acciones, entre ellas las realizadas por el movimiento organizado del lesbianismo feminista hacia los Tribunales de San Martín, al Congreso de la Nación, más todos los festivales y eventos que se realizaron. Han sido acciones que dieron fuerza al reclamo que trascendió las fronteras de este país.

Por Gabriela Ramírez
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, junio (SEMlac).- De 2000 a 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido 35 medidas cautelares para garantizar la protección de 94 mujeres.
Los estados con más mujeres beneficiadas por estas medidas cautelares con Chihuahua con 41, Chiapas con 14 y Oaxaca con 10.
Pero, ¿quiénes son las defensoras?, ¿quiénes son las mujeres detrás de esa lucha por el respeto de los derechos humanos? 
De acuerdo con una encuesta realizada a 52 defensoras de 19 estados, publicada en el Informe Defensoras Somos Todas 2 Protocolos de Atención y Protección en Casos de Violencia Contra Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana, realizado por la Comisión Independiente de Morelos; la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y la abogada Andrea Medina, la edad promedio de las defensoras de derechos humanos en México es de 47 años, la mínima es 18 y la máxima es 79 años.
El 18 por ciento de las defensoras es profesionista independiente, seguida por el 12 por ciento, que trabaja por su cuenta y el nueve por ciento, que son amas de casa.
La mayoría cuenta con estudios universitarios, el 40 por ciento tiene licenciatura; el 12 por ciento, maestría y el seis por ciento, doctorado.
Respecto a los temas que estas defensoras trabajan, documentan, difunden y capacitan, son: derechos humanos de mujeres (28), derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (25), derechos humanos de manera integral (16), desaparición (14), pueblos indígenas (11), y tortura (9). 
El 61,5 por ciento de estas mujeres desarrolla actividades de defensoría tanto en oficina como en campo. El 73 por ciento trabaja con población urbana, el 42 por ciento con población semi urbana, el 44 por ciento con población rural, el 32 con indígenas y el 3,8 con población afromestiza.
Estas mujeres defensoras "viven en un mundo patriarcal en donde a diario luchan por cuestionar y cambiar los roles y estereotipos de género", señala el informe. 

 

Por Alicia Mendoza
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, junio (SEMlac).- La mayor parte de la violencia que sufren las defensoras de Derechos Humanos en México proviene de agentes gubernamentales, así lo documentó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C. (CIDHM) en su más reciente informe Defensoras Somos Todas 2 Protocolos de Atención y Protección en Casos de Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana.
Mediante encuestas y entrevistas, la investigación registra el testimonio de 52 defensoras de 21 entidades del país, quienes vivieron violencia durante el período del año 2000 al 2015.
El estudio señala que 21 por ciento de ellas sufrió intimidaciones gubernamentales, 11,5 por ciento fue intimidado por grupos de poder económico y otro 11,5 por ciento por poderes fácticos. Otros agresores registrados fueron los grupos caciquiles con 9,6 por ciento, paramilitares con 7,7 por ciento y grupos del narcotráfico con 7,7 por ciento.
Además, 61 por ciento de las defensoras encuestadas denunciaron haber sufrido violencia por pertenecer a una organización de defensa de Derechos Humanos.
Los tipos de violencia que vivieron estas defensoras, definidas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fueron: la violencia psicológica con 44 por ciento, violencia física en 21 por ciento de los casos, otro 21 por ciento sufrió violencia económica, el 15,4 por ciento violencia patrimonial, y 5,8 por ciento violencia sexual.
La CIDHM analizó también las modalidades de la violencia que vivieron estas mujeres que participaron en el estudio: 23 por ciento refirió haber sufrido violencia institucional, 5,8 por ciento sufrió violencia en la comunidad; 3,8 por ciento, violencia laboral, otro 3,8 por ciento sufrió violencia en el ámbito familiar. Mientras que 11,5 por ciento dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.
El informe incluye testimonios de la violencia que han sufrido las defensoras, como es el caso de María de la Luz Fajardo Andrade:
"En una ocasión uno de los maridos (de mujeres violentadas que yo atendía) me encaró y me pregunta así directo - ¿Usted es la abogada, verdad? Sí, ni lo niegue, usted es así como me la describieron - Y acto seguido me agarró del cuello y me tumbó hasta quererme ahogar, en eso aparecen varias señoras y a puro escobazo me lo quitaron de encima. Otra vez aquí afuera de la casa llegó un hombre que me vino siguiendo con pistola en mano, y también otro me persiguió con un cuchillo a las puertas de mi casa, pero como todo está muy céntrico rápido pedí auxilio de la policía que vino y se los llevaron".
Así, la organización social de Morelos alerta que existe "un crecimiento de los riesgos que ellas sufren en el desempeño de sus actividades de Defensa de los Derechos Humanos", ya que, de acuerdo con el Informe 2012-2014 de Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica, en el año 2013 se registraron 189 agresiones y para el año 2014 se reportaron 308; en este mismo periodo ocurrió el asesinato de 14 defensoras.
El informe citado por la CIDHM, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), señala que de 2012 a 2014 "las defensoras más agredidas en México son las que promueven el derecho a una vida libre de violencia, con 20 por ciento".
Adicionalmente, la Comisión Independiente retoma el informe del año 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de derechos humanos en México, que destaca que se "ha recibido información sobre desapariciones y ataques contra la vida e integridad personal tanto de agentes estatales como no estatales, prácticas de hostigamiento y amenazas, vigilancia, interceptación de las comunicaciones, así como desafíos en la aplicación del mecanismo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas".
Por ello, ante este contexto de violencia, en los últimos años, la Comisión Interamericana ha otorgado una serie de medidas cautelares para proteger a un número importante de defensores y defensoras de derechos humanos que han experimentado una serie de continuas amenazas, hostigamientos y actos de violencia, debido al desarrollo de su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
De 2000 a 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido 35 medidas cautelares para garantizar la protección de 94 mujeres defensoras.
Algunas de las defensoras y defensores de derechos humanos protegidos por dichas medidas cautelares en México incluyen a defensoras del medio ambiente, de personas migrantes, pueblos indígenas, personas desplazadas internamente, de la comunidad LGBTTTQI, y de organizaciones que se impulsan el esclarecimiento de personas desaparecidas forzadamente, la investigación de actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de esta índole ocurridas en México.
La violencia prevalece a pesar del marco normativo establecido para garantizar la seguridad de personas defensoras y por tanto la Comisión Interamericana ha señalado que "el crimen organizado, la corrupción y la colusión de las Autoridades son algunos de los múltiples factores que obstaculizan la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas defensoras de derechos humanos", se cita en el informe Defensoras Somos Todas 2.
Además, la CIDHM recuerda que durante la visita a México, en el 2015, la Comisión Interamericana recibió información respecto a la falta de aplicación del enfoque de género en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a pesar de que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas lo establece.
Otro factor que se suma a la falta de protección de la vida e integridad de las defensoras está en la falta de aplicación del enfoque de género en dicho mecanismo. "En esta visita, la CIDH conoció de beneficiarias a quienes las medidas que se les han otorgado han sido sin cuidado de las necesidades propias de las mujeres, por ejemplo los chalecos antibalas están ajustados a la anatomía masculina y por ello no los pueden usar".
"También tuvo conocimiento de casos en los que los mismos funcionarios del Mecanismo han estigmatizado por motivos de género a las beneficiarias de las Medidas. Igualmente, la CIDH recibió información sobre autoridades de la Fiscalía que al momento de recibir las denuncias de las periodistas mujeres, las revictimizan o tratan de hacer ver sus denuncias como temas de poca importancia o incluso haciendo que las víctimas se sientan juzgadas por dichos funcionarios", se indica en el informe de la CIDHM.
Por tanto, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos destaca en su estudio la necesidad de que las autoridades mexicanas retomen las medidas sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre "la importancia de tomar en cuenta la cuestión de género en el estudio de la violencia contra periodistas y la definición de estrategias tendientes a erradicarla, se refuerza a partir de la obligación de los Estados de combatir con la debida diligencia las formas de discriminación y la violencia contra las mujeres".

 

Por Alicia Mendoza
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, junio (SEMlac).- La mayor parte de la violencia que sufren las defensoras de Derechos Humanos en México proviene de agentes gubernamentales, así lo documentó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C. (CIDHM) en su más reciente informe Defensoras Somos Todas 2 Protocolos de Atención y Protección en Casos de Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana.
Mediante encuestas y entrevistas, la investigación registra el testimonio de 52 defensoras de 21 entidades del país, quienes vivieron violencia durante el período del año 2000 al 2015.
El estudio señala que 21 por ciento de ellas sufrió intimidaciones gubernamentales, 11,5 por ciento fue intimidado por grupos de poder económico y otro 11,5 por ciento por poderes fácticos. Otros agresores registrados fueron los grupos caciquiles con 9,6 por ciento, paramilitares con 7,7 por ciento y grupos del narcotráfico con 7,7 por ciento.
Además, 61 por ciento de las defensoras encuestadas denunciaron haber sufrido violencia por pertenecer a una organización de defensa de Derechos Humanos.
Los tipos de violencia que vivieron estas defensoras, definidas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fueron: la violencia psicológica con 44 por ciento, violencia física en 21 por ciento de los casos, otro 21 por ciento sufrió violencia económica, el 15,4 por ciento violencia patrimonial, y 5,8 por ciento violencia sexual.
La CIDHM analizó también las modalidades de la violencia que vivieron estas mujeres que participaron en el estudio: 23 por ciento refirió haber sufrido violencia institucional, 5,8 por ciento sufrió violencia en la comunidad; 3,8 por ciento, violencia laboral, otro 3,8 por ciento sufrió violencia en el ámbito familiar. Mientras que 11,5 por ciento dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.
El informe incluye testimonios de la violencia que han sufrido las defensoras, como es el caso de María de la Luz Fajardo Andrade:
"En una ocasión uno de los maridos (de mujeres violentadas que yo atendía) me encaró y me pregunta así directo - ¿Usted es la abogada, verdad? Sí, ni lo niegue, usted es así como me la describieron - Y acto seguido me agarró del cuello y me tumbó hasta quererme ahogar, en eso aparecen varias señoras y a puro escobazo me lo quitaron de encima. Otra vez aquí afuera de la casa llegó un hombre que me vino siguiendo con pistola en mano, y también otro me persiguió con un cuchillo a las puertas de mi casa, pero como todo está muy céntrico rápido pedí auxilio de la policía que vino y se los llevaron".
Así, la organización social de Morelos alerta que existe "un crecimiento de los riesgos que ellas sufren en el desempeño de sus actividades de Defensa de los Derechos Humanos", ya que, de acuerdo con el Informe 2012-2014 de Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica, en el año 2013 se registraron 189 agresiones y para el año 2014 se reportaron 308; en este mismo periodo ocurrió el asesinato de 14 defensoras.
El informe citado por la CIDHM, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), señala que de 2012 a 2014 "las defensoras más agredidas en México son las que promueven el derecho a una vida libre de violencia, con 20 por ciento".
Adicionalmente, la Comisión Independiente retoma el informe del año 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de derechos humanos en México, que destaca que se "ha recibido información sobre desapariciones y ataques contra la vida e integridad personal tanto de agentes estatales como no estatales, prácticas de hostigamiento y amenazas, vigilancia, interceptación de las comunicaciones, así como desafíos en la aplicación del mecanismo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas".
Por ello, ante este contexto de violencia, en los últimos años, la Comisión Interamericana ha otorgado una serie de medidas cautelares para proteger a un número importante de defensores y defensoras de derechos humanos que han experimentado una serie de continuas amenazas, hostigamientos y actos de violencia, debido al desarrollo de su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
De 2000 a 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido 35 medidas cautelares para garantizar la protección de 94 mujeres defensoras.
Algunas de las defensoras y defensores de derechos humanos protegidos por dichas medidas cautelares en México incluyen a defensoras del medio ambiente, de personas migrantes, pueblos indígenas, personas desplazadas internamente, de la comunidad LGBTTTQI, y de organizaciones que se impulsan el esclarecimiento de personas desaparecidas forzadamente, la investigación de actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de esta índole ocurridas en México.
La violencia prevalece a pesar del marco normativo establecido para garantizar la seguridad de personas defensoras y por tanto la Comisión Interamericana ha señalado que "el crimen organizado, la corrupción y la colusión de las Autoridades son algunos de los múltiples factores que obstaculizan la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas defensoras de derechos humanos", se cita en el informe Defensoras Somos Todas 2.
Además, la CIDHM recuerda que durante la visita a México, en el 2015, la Comisión Interamericana recibió información respecto a la falta de aplicación del enfoque de género en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a pesar de que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas lo establece.
Otro factor que se suma a la falta de protección de la vida e integridad de las defensoras está en la falta de aplicación del enfoque de género en dicho mecanismo. "En esta visita, la CIDH conoció de beneficiarias a quienes las medidas que se les han otorgado han sido sin cuidado de las necesidades propias de las mujeres, por ejemplo los chalecos antibalas están ajustados a la anatomía masculina y por ello no los pueden usar".
"También tuvo conocimiento de casos en los que los mismos funcionarios del Mecanismo han estigmatizado por motivos de género a las beneficiarias de las Medidas. Igualmente, la CIDH recibió información sobre autoridades de la Fiscalía que al momento de recibir las denuncias de las periodistas mujeres, las revictimizan o tratan de hacer ver sus denuncias como temas de poca importancia o incluso haciendo que las víctimas se sientan juzgadas por dichos funcionarios", se indica en el informe de la CIDHM.
Por tanto, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos destaca en su estudio la necesidad de que las autoridades mexicanas retomen las medidas sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre "la importancia de tomar en cuenta la cuestión de género en el estudio de la violencia contra periodistas y la definición de estrategias tendientes a erradicarla, se refuerza a partir de la obligación de los Estados de combatir con la debida diligencia las formas de discriminación y la violencia contra las mujeres".

 

De la Redacción
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

 

México, mayo (SEMlac).- Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) renunciaron ante la obstaculización de sus labores, falta de voluntad política de las autoridades estatales y del IVM para generar un cambio y ante el proceso poco transparente de la renovación de los Consejos e Instituto.
Así lo dio a conocer en conferencia de prensa la expresidenta del Consejo Consultivo, Estela Casados González, quien señaló que no existe ningún tiempo de acciones concretas para cambiar las cosas y frenar la violencia contra las mujeres ya que tan solo en 2017, se han registrado 100 feminicidios sin respuesta.
Explicó que además, el Consejo no ha podido implementar ningún tipo de acción desde la entrada de la encargada de despacho del Instituto, Sara Gabriela Palacios Hernández, hace seis meses. Además, no se les ha dado acceso a cuestiones informativas como proyectos, programas y acciones.
A pesar de que las integrantes del Consejo han solicitado reuniones con Palacio, estas no se han concretado. 
"Esto obstaculiza las tareas, aportaciones y recomendaciones de este Consejo Consultivo", señala la renuncia presentada.
Además explican que el 10 de enero de 2017, el cuerpo directivo del IVM filtró información falsa, dolosa y difamatoria sobre supuestos beneficios económicos otorgados en las pasadas administraciones a las integrantes de este Consejo Ciudadano.
"Esta acción pone en entredicho los procesos de auditoría y supervisión efectuados por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), ya que los montos aludidos habían sido otorgados por programas federales coordinados por el INMUJERES. Es grave que se violente a veracruzanas que desde la sociedad civil participamos en el IVM de manera honorífica, máxime que nos encontramos en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Veracruz, declarada por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación".
Señalan que el Instituto Veracruzano de las Mujeres ha negado sistemáticamente los viáticos que permitirían a las Consejeras que no viven en la capital del estado, acudir a sesionar mensualmente, tal como marca la ley.
"Uno de los aspectos que consideramos grave en esta nueva administración es que se ha cambiado el sistema de conformación de los consejos, que anteriormente garantizaba la ciudadanización de estos, mediante un primer filtro de postulantes que se realizaba por consejeras ciudadanas, para posteriormente pasar por la selección y aprobación de la Junta de gobierno"
"Actualmente, a diferencia de las pasadas convocatorias y procesos de selección, será la Junta de Gobierno del IVM la que elegirá quienes de las 73 postulantes ocuparán los 10 lugares vacantes en el Consejo Social. Dicha Junta se encuentra conformada en su mayoría por personas que no cuentan con conocimiento sobre el tema y/o que se doblegan ante las disposiciones del Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, Lic. Lauro Hugo López Zumaya".
"Quienes integramos el Consejo Consultivo observamos con preocupación e indignación a un IVM sin iniciativa, sin conocimiento sobre la política pública en beneficio de las mujeres, ni disposición para cumplir, por lo menos, con la atención básica primordial que ese Instituto prestó en los últimos nueve años", señala el documento de renuncia presentado ante los medios.
Las integrantes que han presentado la renuncia son: Olivia Aguilar Dorantes, Ximena Elizabeth Batista Ordaz, Estela Casados González, María Esperanza del Rosío Córdova Plaza, María del Monserrat Díaz, Brisa Renata Gómez Portillo, Perla Melgarejo Bibiano, Laura Beatriz Mora Pale, Susan Liliana Morales Segura, Mayabel Ranero Castro y Karina Soto Zarasas.

Por Soledad Jarquín
(
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Oaxaca, México, mayo (SEMlac).- En el Día Naranja, dos mujeres fueron asesinadas en esta entidad mexicana, con lo que suman 60 los feminicidios desde que inició la actual administración gubernamental en diciembre pasado, con un promedio de 2,4 asesinatos contra mujeres por semana, 10 cada mes.
Tanto Ana María Hernández Cárdenas como Rosario Villalobos Rueda concuerdan en que en Oaxaca las mujeres están en permanente riesgo, frente a las fallas de las políticas públicas gubernamentales.
Entrevistadas por separado por SEMlac, Hernández Cárdenas, directiva de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, como Villalobos Rueda, fiscal especial en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género, sostienen que es urgente la prevención en esta materia, un aspecto no atendido desde 2012 cuando se tipificó el feminicidio en esta entidad.
Hernández Cárdenas dijo que en la reciente reunión la Sesión extraordinaria del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, que presidió el gobernador Alejandro Murat, se hizo la presentación de un "paquete de acciones rezagado, largamente sobado por los políticos".
Se refirió concretamente al anuncio de la creación de fiscalías especializadas y refugios en las regiones, "cuando estamos mirando que el único refugio que hay, desde la oficialidad, se pagó como moneda de cambio de favores políticos", dijo en referencia al comodato que el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, hizo con una organización vinculada a un dirigente político, sin que se observara el procedimiento legal y sin transparencia.
Para la activista pro derechos de la mujer, el Ejecutivo local no tiene una posición clara del gobierno, que debería considerar el feminicidio como un tema de alta prioridad, en especial por un déficit inmenso en la procuración e impartición de la justicia.
Mientras las mujeres nos levantamos cada día con una preocupación inmensa, una preocupación acumulada por el asesinato de mujeres, hay una indiferencia política, que provoca que se incremente cada día el número de feminicidios en Oaxaca, y mecanismos como la Alerta de Violencia de Género fue desechada hace varios años, argumentando que no se cumplían los requisitos para ello. Hoy la realidad demuestra lo contrario, añadió Hernández Cárdenas.
A su vez, la Fiscal Especial en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género dijo que todos los asesinatos violentos de mujeres que ocurren en la entidad se investigan partiendo del feminicidio y que esa instancia conoce cuando los hechos ya sucedieron, lo que no nos exime de ninguna responsabilidad.
Villalobos Rueda reconoció que las políticas públicas de prevención hacia la violencia contra las mujeres no han sido contundentes para detener el riesgo cotidiano en que vivimos las mujeres.
Esa responsabilidad recae en quienes están al frente de la Secretaría General de Gobierno, las instancias de Procuración de Justicia, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y también en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que junto con otras instancias, como el Instituto Estatal de Educación Pública y la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, iniciaron hace poco más de un mes, el diseño de esas políticas públicas de prevención.
De igual forma, anunció que el próximo 6 de junio se instalarán los Comités técnico e interinstitucional que darán seguimiento a la aplicación y evaluación de los protocolos de atención a los feminicidios, que estarán integrados por instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil, por lo que el Tribunal "tendrá que poner sus barbas a remojar".

Por Gabriela Ramírez
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, mayo (SEMlac).- Desde 2010, 44 mujeres entre defensoras, activistas y periodistas han sido asesinadas en México. El caso más reciente fue el de Miriam Rodríguez, quien fue acribillada en su domicilio en el estado de Tamaulipas el pasado 10 de mayo.
Esta situación ha generado diversas reacciones por parte de la sociedad civil e instancias internacionales, ante el panorama de inseguridad e impunidad que se vive en este país y la ineficiencia del Estado para garantizar la seguridad de quienes protestan por la violación de los derechos humanos, que se trata principalmente de mujeres, familiares o activistas, y algunas periodistas. 
Pero además, ellas, las madres, esposas, hijas, amigas que buscan justicia y a sus familiares desaparecidos o asesinados tienen miedo de correr la misma suerte de Miriam, Marisela y de tantas otras. 
Al menos 44 mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas han sido asesinadas desde 2010, según el monitoreo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
Esta organización señala que Chihuahua es el estado con mayor número de agresiones registradas en contra de mujeres defensoras y periodistas, pues solo en 2010 asesinaron a Josefina Reyes, Marisela Escobedo, María Isabel Cordero Martínez, María Magdalena Reyes y Luisa Ornelas.
En 2011 fue asesinada Susana Chávez, quien participó del movimiento por la presentación con vida de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y en contra del feminicidio que azota aún la frontera. En marzo de 2017, corrió igual suerte en ese mismo estado la periodista Miroslava Breach, mientras Patricia Mayorga tuvo que asilarse en los Estados Unidos.
El estado de Guerrero es otro en el que las activistas, periodistas y comunicadoras son asesinadas de forma sistemática, señala el reporte. En esa entidad murieron María Elvira Hernández Galeana, en 2010, Isabel Ayala Nava y Reyna Ayala Nava en 2011, Juventina Villa Mojica y Fabiola Osorio Bernáldez en 2012, Rocío Mesino y Ana Lilia Gatica en 2013 y Norma Angélica Bruno Román en 2015.
"Los demás estados donde las cifras de asesinadas son altas e incrementan son Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, el estado de México y la Ciudad de México", señala el informe de la mencionada Red.

Las madres asesinadas

Marisela Escobedo fue ultimada en la ciudad de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010, a las puertas del Palacio de Gobierno, luego de hacer un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí, ocurrido en 2008.
Un hombre intentó dispararle y Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno, pero los guardias no le abrieron la puerta y fue asesinada. Marisela buscó justicia para su hija Rubí, asesinada por su pareja Sergio Rafael Barraza Bocanegra. En un principio el agresor fue absuelto, pero luego se revocó esta sentencia absolutoria y Barraza fue condenado a 50 años de prisión. Sin embargo, él sigue en libertad.
Antes del asesinato de Marisela, y derivado de una serie de amenazas en su contra y de la opacidad en la investigación de la muerte de su hija, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 44/2013 contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte.
Sandra Luz Hernández fue asesinada en Sinaloa el 12 de mayo de 2014. Un hombre, Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, le disparó 15 veces y un año más tarde fue absuelto por el Poder Judicial del Estado. Ella buscó por dos años a su hijo, Edgar García, quien fue raptado y desaparecido por una célula del Cártel de Sinaloa. Él trabajaba en la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa como mensajero del procurador Marco Antonio Higuera Gómez. Ni en el caso de su muerte ni en el de la desaparición de Edgar se ha hecho justicia.
Cornelia San Juan Guevara Guerrero murió en el Estado de México el 15 de enero de 2016. Buscaba a su hijo Oswaldo Espejel Guevara desde 2012, cuando fue secuestrado de su domicilio en Santa María Ajoloapan, estado de México. Las autoridades lograron capturar al asesino de Cornelia, de su hijo Oswaldo no se supo nada.
Emma Gabriela Molina Canto fue asesinada el 27 de marzo de 2017. Ella luchó por recuperar a sus tres hijos, secuestrados en 2012 por su padre Alberto Medina Sonda, un priista (Partido Revolucionario Institucional) acusado de corrupción en Tabasco. Dos hombres la abordaron en la puerta de su casa y la degollaron. Ahora su madre, la abuela Ligia Canto Lugo, ha comenzado un largo camino para exigir justicia.
Miriam Rodríguez Martínez resultó muerta a balazos en su casa el pasado 10 de mayo. Ella luchó por encontrar a su hija Karen Alejandra, desaparecida en 2012; y logró hallar sus restos en una fosa común y que encarcelaran a sus asesinos. Fue fundadora del Colectivo Desaparecidos de Tamaulipas.
La CNDH reportó en el informe especial de Personas desaparecidas y fosas clandestinas en México que de 2007 a octubre de 2016 hay 29.903 personas desaparecidas.
En este mismo período se han localizado oficialmente en México 855 fosas clandestinas. De estas se han inhumado 1.548 cadáveres. El 82 por ciento de los casos de desapariciones se concentran en 11 estados, de los cuales destacan: Tamaulipas como el de mayor número, con 5.563 casos; le sigue el Estado de México con 2.984.
Recientemente, el diario The New York Times publicó una entrevista con integrantes del Colectivo Solecito, un grupo de mujeres que han encontrado y ayudado a exhumar 263 cuerpos en una fosa ubicada en Veracruz. Ellas aseguran que cada noche, antes de dormir, en un grupo de WhatsApp escriben el nombre de cada uno de sus familiares desaparecidos y al final "él vive y todos viven". Ellas seguirán adelante hasta encontrarlos.

El mundo alza la voz
Luego del reciente asesinato de Mirian Rodríguez, la Unión Europea (UE) condenó al más alto nivel este crimen.
En un pronunciamiento, la portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, declaró que este hecho se suma a una preocupante tendencia de asesinatos recientes y consideró "necesario garantizar investigaciones expeditas, exhaustivas e independientes sobre estos homicidios para llevar a los autores ante la justicia".
"Las autoridades también deben garantizar que se hayan adoptado todas las medidas preventivas necesarias para asegurar una protección eficaz para los defensores de los derechos humanos y los periodistas", añadió.
Amnistía Internacional (AI) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) también exigieron su pronto esclarecimiento.
ONU-DH recordó al gobierno mexicano que tiene la responsabilidad de garantizar que "todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber", y señaló que Tamaulipas es el estado con mayor número de desaparecidos en el país.

Página 1 de 32
Volver