Violencia de género

Violencia de género (482)

México: Violencia cotidiana normalizada
Por Ana Alicia Osorio
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México, enero (SEMlac).- "Como toda mujer, nos enseñan que debes esperar nuestro príncipe azul y no esperas esto", dice Maru, sentada en la sala de su casa, con su cuerpo adolorido todavía, a causa de las secuelas por las siete puñaladas que le dio su esposo, al atacarla afuera de su trabajo.
El 24 de noviembre del 2017 cambió su vida. La violencia que vivió durante cuatro años de relación, aún después de su separación, llegó a su máximo grado ese día, en que su esposo y papá de su hijo fue detenido tras intentar matarla.
Todo ese tiempo vivió una violencia que no podía ver; una violencia que confundía con amor; una violencia de la que intentó huir; una violencia que solo identificó plenamente, tras separarse de su pareja, tramitar el divorcio y buscar apoyo psicológico. Violencia que reconoció con certeza cuando sintió la sangre correr por su garganta.
"Sí", responde tajante al preguntarle si vivió violencia antes de terminar la relación. "Llevaba más de un año intentando separarme él; pero, normalmente, cada vez que tocaba el tema del divorcio […], él me comentaba que […] el divorcio no era una opción […], que donde quiera que yo fuera, siempre me iba a seguir", narra.
Para evitar la separación, su expareja, Antonio, amenazaba con demandarla penalmente por abandono de hogar, secuestro o cualquier otro cargo, cuenta María Eugenia Cruz Mejía. Sin conocer de leyes, solo recurría a su suegra, quien apoyaba la versión de su hijo y la disuadía de la anhelada separación.
Como ingeniera mecánica, Maru sabía de números, álgebra y certificaciones de calidad, pero en ese momento no conocía la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), ni ninguna otra parecida. No sabía que en ese instrumento se considera violencia económica, el que estuviera obligada a trabajar y pedir ayuda a sus familiares para la subsistencia de su hijo, su esposo y de ella.
A Maru nadie le había dicho que los gritos, las amenazas, los menosprecios que le hacía su esposo, eran violencia psicológica. Inclusive, tampoco nadie le dio a conocer sus derechos ni los instrumentos para su garantía, como la Ley de Víctimas, la LGAMVLV o cualquier otra ley que la ayudara.
Pero sobre todo, nunca imaginó ser del 11,1 por ciento de veracruzanas que sufrieron violencia familiar, tan solo en el último año, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), pues, para ella, solo tenía una relación deteriorada con su pareja, y creía que juntos podrían componer.

"Uno de los cuchillos de cocina que yo había comprado"

La relación terminó el día que -durante una pelea- el esposo de Maru la dejó en casa de sus papás, junto con su hijo y sus maletas. Llevaban solo 15 días viviendo juntos en un cuarto con muebles prestados, pero la pelea fue suficiente para separarse.
Tras el incidente, Maru buscó ayuda. Tenía la oportunidad de conseguir el divorcio que había querido desde hace mucho. Su mamá y su papá la apoyaron para contratar una abogada y comenzar legalmente el proceso de separación y custodia; mientras, los mensajes de su expareja continuaban llegando, hasta que lo bloqueó. Entonces percibió que vivía violencia.
Maru recuerda que no tuvieron comunicación hasta aquel 24 de noviembre, mientras se acomoda un poco en el sillón, por el dolor en la espalda. Muestra cómo la mano derecha no la puede cerrar, pues una de las puñaladas le dio cerca de la médula espinal, por lo que perdió movimiento.
Sus ojos se llenan por ratos de melancolía; en otros, de rabia contenida que ahuyenta rápidamente y se recompone para fingir comer la galleta que su hijo le ofrece jugando.
Fue por su hijo, asegura, que permaneció durante mucho tiempo con Antonio, pues creía que era lo mejor. Ahora está convencida que no era así.
"Ese día estaba yo trabajando […] Vino mi jefe a comentarme que me buscaban en la entrada de mi trabajo. Normalmente nadie va a mi trabajo a buscarme, solamente si sucede algo con mi hijo. Pensé que era una emergencia y salí. Al llegar a la entrada lo vi a él y me asusté", cuenta.
Su expareja le pidió hablar lejos de su trabajo, pero ella accedió hacerlo solamente frente al lugar, en la banqueta, donde hablaron sobre la custodia de su hijo, las convivencias y un posible convenio al que Maru se negó.
"Se molestó, y cuando vi esa reacción en él, le dije que ya no teníamos nada de qué hablar […] Me di la media vuelta y fue cuando él me jaló del brazo. Me jaló hacia él por la espalda y me comenzó a acuchillar. Me giró hacia su derecha y comenzó a hacerme la herida del cuello", recuerda, mostrando el corte cocido en la barbilla que es visible por la reconstrucción de la faringe que le tuvieron que realizar los doctores.
En ese momento, sus compañeros salieron y evitaron que el ataque continuara.
"No sabía con qué me había herido. Sentí toques eléctricos todo ese tiempo, hasta que mi jefe pisó su mano para que soltara el arma con la que me estaba lastimando. Me di cuenta que era uno de los cuchillos de cocina que yo había comprado", detalla antes de suspirar para recomponerse, como con la fuerza de voluntad que tuvo y que la ayudó a llegar viva en una batea de camioneta a la Cruz Roja y soportar una intervención quirúrgica que requirió de 10 médicos en un quirófano.
Eso le evitó ser una más de las víctimas mortales de feminicidio, que en Veracruz, de acuerdo con el proyecto Asesinatos de Mujeres y Niñas por Razón de Género, de la Universidad Veracruzana, ocurrieron 177 en el 2017, a los que se suman 84 homicidios de mujeres.

No siempre fue un cuento de horror
Maru y Antonio se conocieron en el Instituto Tecnológico de Veracruz. Eran estudiantes de carreras similares por las que coincidían en pasillos de ese centro educativo.
Compartían algunos gustos en común, como videojuegos y cómics. El tiempo que pasaban juntos y un amor veinteañero hicieron lo suyo para que comenzaran una relación que más tarde los llevó a casarse, vivir juntos en casas de sus padres y tener un hijo.
Su relación era, a simple vista, como cualquier otra, y como en cualquier otra, pensaba, había problemas, pero en realidad era violencia: "Uno de los principales problemas que teníamos es que el dinero no alcanzaba y él no quería trabajar […] Mi universidad me la pasé vendiendo dulces para poder tener dinero para cualquier cosa que necesitaba mi hijo y, mientras me iba a la escuela, él a veces se quedaba durmiendo hasta medio día", dice, al recordar tres años atrás.
Como en otros casos, cuenta Maru, la familia y amigos fueron los primeros en reconocer esa violencia. Se lo dijeron, pero ella no lo creyó. Algunas amistades se alejaron y otros, como sus papás, le insistían en señalar que las cosas no estaban bien.
Eso pasó un día cuando se fueron juntos a la escuela en bicicleta, pero ella pasó antes con su abuela para arreglar asuntos de la guardería del niño. Cuando salió, ya no estaba Antonio, ni las mochilas que traían sus útiles escolares y los dulces que vendía ni su dinero, por lo que se quedó sola, sin poder moverse. "Era algo tan cotidiano que ya lo sentía normal", sentencia.
"En una ocasión, uno de sus amigos -enfrente de él- me dijo que yo no valía nada, que yo no servía para nada, ni para estudiar ni para trabajar ni para ser madre ni para ser esposa, y yo le reclamé a él que cómo permitía que sus amigos me insultaran así, y él me comentó: 'Pues es que es la verdad. De hecho, él lo dijo porque yo siempre lo he dicho'," recuerda.

Del amor al miedo

Lo que ella creía que era amor, le bastaron unos años para convertirse en temor. La separación no era viable. Aunque la deseaba, Maru temía que eso implicara quedarse sin su hijo.
El niño, explica, tiene alergias y un problema en las rodillas, por lo que no podía ni remotamente pensar que se quedara solo con su papá, quien en algunos momentos optó por jugar videojuegos, antes que darle de desayunar.
"Tenía mucho miedo, mucho miedo, porque me daba cuenta que la mamá de él tiene muchas amistades, muchas amistades, y me he dado cuenta que parte de lo que me dijo es cierto: que este es un país muy corrupto", afirma.
Las amenazas de violencia de su esposo para obtener la custodia, se mezclaban con los intentos de recomponer una relación y tener esa familia ideal en la que su hijo creciera al lado de su madre y padre.
"Un amigo me contó que me iban a poner un cuatro: que su amigo iba a decir que cuando yo salía de mi trabajo me iba con hombres y [que] mi esposo tenía pensado decir que no atendía a mi hijo, que -de hecho- tengo muy mala relación con mi hijo […] Otro amigo me mandó una captura de pantalla de las conversaciones que tenían. Hablan sobre hacerme photoshop y tener imágenes mías donde apareciera desnuda […] para hacerme quedar mal", narra.
El miedo no termina. Antonio está preso, pero Maru teme que quede en libertad a causa de algún recoveco legal. Ese día del ataque, cuando estaba por ser detenido y ella sostenía su cuello intentando parar la hemorragia, él prometió volver a terminar lo que había comenzado: asesinarla.
"Temo que intente terminar lo que empezó y que intente quitarme a mi hijo", advierte, mientras baja la voz, cansada de los recuerdos y agotada por hablar, pues la lengua le quedó dañada tras el ataque.
"A veces se agrede tanto a una mujer, que ya no nota una cuando la están agrediendo", lamenta. Durante la conversación, uno de sus amigos vigila al hijo de Maru y a su hija que llevó para jugar; otro intenta darle ánimos.
Ahora, asegura, quiere superarlo, recuperarse físicamente, darle apoyo a su hijo para el momento en que se entere de todo. Quiere hacer aquello que en algún momento su pareja le dijo que nunca podría.
"Quiero cerrar este ciclo de mi vida. Espero que sea dentro de muy poco […] Deseo lograr todo aquello que en algún momento él me dijo que jamás podría hacer. En su momento, me dijo que una mujer como yo no sirve para manejar, no sirve para hablar más de dos idiomas, no sirve para muchas cosas. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero demostrarme a mí misma que sí puedo", sostiene esta joven de 24 años, segura, decidida, dispuesta a sobrevivir a los recuerdos.

Cuba: Llegar a las mujeres que sufren violencia de género
Por Lirians Gordillo Piña
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La Habana, enero (Especial de SEMlac).- Ante la ausencia de un sistema de atención nacional articulado, proyectos, servicios e iniciativas puntuales buscan llegar a las mujeres que sufren violencia de género, como punto clave en el abordaje integral de esta problemática social. 
"Las mujeres que consultan por una situación de violencia lo hacen luego de un proceso muy difícil de quebrantamiento del secreto, enfrentamiento de sus propios miedos, amenazas externas, sentimientos de vergüenza y desconfianza en el porvenir, lo que las ubica en una situación de alta vulnerabilidad", reconoce la jurista Perla Delgado.
Pero quienes se animan a buscar ayuda suelen encontrarse con trabas y dificultades en las instituciones que tienen el encargo social de brindarles asistencia.
En el artículo "Desafíos de la prevención y la atención de la violencia en Cuba: algunas consideraciones", la investigadora Magela Romero Almodóvar reflexiona sobre "la falta de capacidades y conocimientos especializados sobre este fenómeno del personal que presta servicios en espacios e instituciones destinados a la atención de las víctimas".
La experta identifica que "las intervenciones se quedan, por lo general, en el plano de la sensibilización o derivación del caso hacia otro servicio u espacio, en el que probablemente ocurra lo mismo, conduciendo de ese modo al proceso de revictimización que popularmente se conoce como peloteo".
Ante esta situación, algunas experiencias brindan orientación, como los Servicios de Orientación Jurídica del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
Desde el ámbito psicológico, la Consejería para mujeres en situaciones de violencia del Centro Oscar Arnulfo Romero (CEOAR) ofrece apoyo emocional, orientación e información sobre la violencia de género, además de brindar herramientas para fortalecer la capacidad de las mujeres en la toma de decisiones.
Otras acciones convocan a especialistas y actores sociales de distintas áreas para ofrecer una atención integral. Son los casos de la Experiencia piloto de atención integral a la violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario, que desde hace un año se realiza en La Habana, y el proyecto Cultura jurídica en clave de género: herramienta para la igualdad y la no violencia contra las mujeres en la provincia Cienfuegos, a 233 kilómetros de la capital.
De manera general, todas estas iniciativas, protagonizadas por especialistas con años de experiencia, tejen redes de trabajo común. Otra constante es el apoyo de organizaciones y organismos internacionales en la materialización de las iniciativas.
El proyecto Cultura jurídica en clave de género es fruto del trabajo sostenido desde 2000 por especialistas de Cienfuegos e integrantes de la Asociación de Juristas de Cuba en esa provincia.
A juicio de Perla Delgado, una de las coordinadoras, el proyecto adquiere relevancia "en términos de capacitación, educación, orientación y atención individual y grupal, propiciándoles a las mujeres las herramientas necesarias para enfrentar sus conflictos, tramitarlos con las instituciones procedentes y solucionarlos".
Llegar a las víctimas y apoyarlas en el complejo camino para salir del ciclo de la violencia de género es también uno de los objetivos de la Experiencia piloto de atención integral a la violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario, en la capital cubana.
El proyecto convocó a actores sociales de cinco comunidades periféricas en La Habana (El Canal, Alamar Este, Párraga, Libertad y Buena Vista), a partir del trabajo de los Talleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB) existentes en esas localidades, cuya misión es impulsar el desarrollo local.
Las expertas Magela Romero Almodóvar y Clotilde Proveyer Cervantes acompañaron procesos formativos, diagnósticos con perspectiva de género y el diseño en cada barrio de un sistema integral y articulado para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
"La comunidad es un Estado en pequeña escala. Allí está la policía, el gobierno, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el sistema de salud con sus servicios comunitarios. Además, las redes de apoyo más cercanas a la víctima ofrecen mayor confiabilidad, porque ante una crisis o emergencia pueden llegar más rápido", afirma Proveyer.
A partir de un diagnóstico con perspectiva de género se levantó información sobre el número de denuncias hechas en la policía local, los espacios más peligrosos para las mujeres, los sitios de reunión de los hombres y las instituciones y personas a las cuales acudir.
Los cinco grupos gestores de las comunidades diseñaron un modelo de atención que incluye pasos a seguir, contactos y nombres de actores clave para dar acompañamiento a las víctimas.
Durante el primer año de trabajo fueron atendidas un total de 55 mujeres víctimas de violencia.
"Este es el resultado más importante porque son 55 mujeres que hoy sienten que tienen algún apoyo, acompañamiento, asesoría. De ellas, 13 mujeres de las distintas comunidades se encuentran fuera del ciclo de la violencia. Estos datos hablan de nuestro trabajo y, a partir de ellos, podemos diseñar los pasos a seguir", dijo Almodóvar durante la evaluación del proyecto, el pasado 19 de diciembre.
Fortalecer la articulación de actores es una de las intenciones de esta experiencia, que encuentra en el trabajo comunitario un espacio vital, pues "suple muchas veces las fallas de las instituciones que tienen como encargo social atender a las víctimas y que no siempre responden con la celeridad y la eficacia que hace falta", al decir de la académica y profesora Clotilde Proveyer.

De lo local al país
Especialistas, activistas, instituciones y organizaciones comprometidas con erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas en la isla coinciden reconocen avances en los últimos cinco años.
Sin embargo, perviven retos e incomprensiones que limitan el alcance de estas iniciativas y la puesta en marcha de una respuesta integral e integrada que, desde una estructura estatal, convoque a los diversos actores sociales.
Para Delgado, el compromiso profesional y la articulación son elementos fundamentales si se quiere lograr un impacto positivo y duradero. Romper con los prejuicios y la discriminación también impone fomentar la cultura jurídica y un cambio de paradigma respecto a la víctima.
"Muchas veces la atención que reciben las mujeres maltratadas en las instituciones parte de una concepción asistencial y no de derechos, las tratan como personas necesitadas y no como ciudadanas. El punto de partida, en estos casos, es que estas mujeres necesitan un servicio y no que tienen derecho a recibirlo", afirma la abogada.
La aspiración máxima es llegar a todo el país. Según la "Encuesta sobre igualdad de género" 10 mujeres de cada 30 encuestadas (27,9 %) declararon haber recibido algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o económica durante los últimos 12 meses, pero la cifra aumenta a 40,5 por ciento cuando el período se abre a "algún momento de su vida".
La investigación nacional realizada por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la FMC y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) en 2016 incluyó una muestra representativa de 19.189 mujeres y hombres de 15 a 74 años e incluye otros temas relacionados con la igualdad de género.
A pesar de esfuerzos y proyectos puntuales que se han ramificado en varias provincias y el recorrido por distintos territorios de la Jornada Cubana por la NO violencia hacia las mujeres y las niñas, las principales experiencias aún se concentran en la capital del país. 
Proveyer cree esencial "llegar a las zonas de silencio", aquellos lugares de la geografía nacional de los que no se tiene información, en los que no existen proyectos, ni acompañamiento.
"No podemos seguir trabajando de manera esporádica, por iniciativas, tenemos que hacerlo en sistema, organizados con una institución del Estado que coordine con intención un trabajo en todo el país. Una entidad que preste servicios de prevención, atención, seguimiento y acompañamiento; que contribuya a cambiar lo que hay que cambiar", convoca la reconocida especialista.

Dominicana: Alta cifra de feminicidios
Por Mercedes Alonso Romero
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Santo Domingo, enero (SEMlac).- La sociedad dominicana está consciente de que 2017 concluyó con una de las más altas tasas de feminicidio, penosa situación que le hará ascender aún más entre los primeros lugares que ocupa en la región.
En tanto que el informe "Del compromiso a la acción: políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe", presentado por el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), indica que dos de cada cinco muertes ocurren por violencia doméstica.
Dicho informe, dado a conocer fines del año recién terminado, amplía que el 30 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja o expareja, y el 10,7 por ciento ha sufrido violencia sexual.
Basado en la experiencia de 33 países en materia de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra la mujer, el documento plantea como obstáculos comunes "la baja asignación de recursos para la implementación y monitoreo de los planes nacionales de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, así como la falta de un compromiso político robusto que incida en una mejor coordinación interinstitucional en el entendido que esa problemática amerita de un abordaje multisectorial".

Desde la perspectiva de género
Las estadísticas suelen ser irregulares en el país a la hora de catalogar las muertes de mujeres víctimas de violencia. Hacia finales de 2017 la prensa nacional había reflejado alrededor de 90 feminicidios, dato que según publicó Listín Diario el 27 de noviembre, se acerca al promedio anual de 102 mujeres asesinadas.
La Policía Nacional ha orientado a las mujeres amenazadas presentar sus denuncias formales de violencia de género y no quedarse calladas ante las agresiones por parte de sus parejas; no obstante, el 19 de diciembreListín Diario publicó el crimen cometido por Alexander Sánchez, de 23 años, quien pese a tener orden de alejamiento, ahorcó a su expareja Yareimi Rosa Frías, de 19 años, a quien citó para la casa donde él vivía con su madre, con el pretexto de entregarle el dinero de la niña recién nacida que habían procreado.
Rosa Frías es otra de las víctimas que se suma a la alta cifra de feminicidios, que en julio fue de 15 crímenes; seguido de junio, con 12, y mayo con 10. El resto de los meses continuaron de tal manera que se habla de finalizar 2017 con la mayor tasa de feminicidios desde 2012, año que inició el primer mandato del presidente Danilo Medina.
Las armas de fuego son las más empleadas en estos crímenes (37 %), seguidas de las armas blancas (34%) y 29 por ciento otras armas e instrumentos, según apunta el digital Acento, en artículo publicado el pasado 2 de noviembre. 
El mismo medio agrega que "si a la clasificación de feminicidios se añaden los asesinatos a mujeres en contextos de violencia intrafamiliar y sexual que no son incluidos de momento, la tasa de feminicidios en República Dominicana aumentaría, como deducen los investigadores de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en su boletín investigativo n. 84, por lo que llaman a la caracterización de los homicidios desde la perspectiva de género".
La Procuraduría General de la República (PGR) clasifica como feminicidios solamente los asesinatos referidos a conflictos de pareja. La ONE, por su parte, propone caracterizar los homicidios desde una perspectiva de género, que significa tipificarlo como aquel asesinato cometido contra una mujer por el hecho de ser mujer.
"Los feminicidios son la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión", señala la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Declaración al respecto.

Programa y recomendaciones 
El informe "Del compromiso a la acción: políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe", presentado por el PNUD, formula su propósito de analizar las experiencias más promisorias que se registran en la región, en particular en República Dominicana, con el fin de que las instituciones del Estado fortalezcan su capacidad de respuesta al flagelo. 
Entre las recomendaciones previstas se destaca la necesidad de incrementar la asignación presupuestaria a los ministerios de la Mujer de los distintos países para la implementación de los planes nacionales, y promover la creación de políticas que cuenten con un enfoque multidimensional y acciones que se puedan priorizar a nivel municipal.
También, trabajar con los hombres para cambiar la percepción de las masculinidades, llevar las discusiones a las escuelas y lugares de trabajo, y tratar de que unir a los jóvenes en la lucha para acabar con la violencia contra las mujeres.

México: Lanzan informe Violencia Feminicida 1985-2016
Por Gabriela Ramírez
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México, diciembre (SEMlac).- México registró en los últimos 32 años 52.210 muertes de mujeres en las que se presumió homicidio y 15.535 de ellas ocurrieron en los últimos seis años, es decir, 29,8 por ciento.
La cifra más baja corresponde a 2007, con 1.089 casos y la más alta se registró 2012, con 2.769.
Así lo señala el informe Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2016, realizado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres, y según el cual la tasa de feminicidios en el país ha aumentado ya que actualmente 7,5 mujeres son asesinadas diariamente.
La índice de homicidios de mujeres se redujo en el año de 2007 casi a la mitad respecto a 1985, pero entre 2007 y 2012 hubo un repunte de 138 por ciento; es decir, no solamente se perdió el avance que se había alcanzado en los 23 años anteriores, sino que, además, se llegó a niveles nunca antes registrados.
Las entidades que registran las tasas más altas de homicidios por cada 100.000 mujeres en 2016 son Colima, Guerrero y Zacatecas. El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, ocupó el primer lugar en 2016, con 107 de homicidios de mujeres que representó 3,9 por ciento del total nacional.
De acuerdo con el informe, de 2012 a 2016 se redujeron los asesinatos de niñas menores de 15 años, y hubo un aumento notable en asesinatos de las mujeres adultas, entre los 20 y los 40 años de edad, lo que coincide con la etapa reproductiva.
Las armas de fuego comenzaron a ser usadas más frecuentemente para asesinar mujeres desde 2004, cuando representaban 29 por ciento del total, para volverse el medio más utilizado, alcanzando 54 por ciento en 2010.
Se reporta que es cada vez más frecuente el uso de medios brutales para asesinar a las mujeres: en los últimos cinco años los objetos cortantes se usaron 1,3 veces más en los homicidios de mujeres que de hombres.
Asimismo, se recurre tres veces más al ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, y el uso de sustancias y fuego es el doble que en el caso de los hombres.
Los feminicidios ocurridos en el hogar muestran una tendencia al alza, hasta alcanzar un máximo de 47 por ciento en 2004. A partir de ese año, se redujeron hasta llegar a 25 por ciento en 2011, pero volvieron a aumentar hasta alcanzar un tercio en 2014 y 34 por ciento en 2015.
Las agresiones en la vía pública tuvieron una tendencia descendente hasta 2004; sin embargo, en 2004 aumentó, lo cual probablemente se relacione con el incremento en las actividades del crimen organizado, pues a partir de entonces se incrementa su porcentaje, al alcanzar 49 por ciento en 2012, y aumenta a 41 en 2016.
Las tasas de homicidios perpetradas en la vivienda han tenido muy pocos cambios, pero se registró el mayor número casos en 2004. Lo que llama la atención, de acuerdo con este informe, es que hubo un aumento en las tasas de asesinatos en las adultas mayores, después de los 70 años de edad.

Cuba: Mujeres admiten que viven violencia
Por Sara Más
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La Habana, diciembre (Especial de SEMlac).- Unas 10 mujeres de cada 30 declararon haber recibido algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o económica durante 12 meses, según devela un estudio que también arroja baja percepción sobre este problema en la sociedad cubana.
Algunos resultados aún preliminares de la "Encuesta sobre igualdad de género", levantada en 2016 por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), fueron socializados en el coloquio de cierre de la XI Jornada por la No Violencia a las mujeres y las niñas organizado por el Centro Oscar Arnulfo Romero (CEOAR) y la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes), el 15 de diciembre.
La investigación abarcó una muestra representativa de 19.189 mujeres y hombres de 15 a 74 años y exploró, entre otros temas, sus concepciones generales acerca de la igualdad de género, la familia y las relaciones de pareja, así como la percepción sobre la violencia hacia la mujer y sus expresiones en Cuba.
Marisol Iglesias, investigadora del CEM, expuso que 27, 9 por ciento de las mujeres entrevistadas declaró haber recibido algún tipo de maltrato físico, psicológico, sexual o económico en los 12 meses previos a la entrevista, proporción que se eleva a 40, 5 por ciento cuando el periodo se abre a "algún momento de su vida".
La forma de agresión más declarada es la psicológica, incluidos el silencio, la ignorancia, el grito, la ofensa, estrategias diversas de control, limitar el contacto con amistades y familiares y las amenazas con matarla, suicidarse o ambas, mencionó Iglesias.
En menor medida se relacionan actos de agresión física y sexual, así como de violencia económica, como gastar el dinero para la casa, no dejarlas trabajar, negarles dinero, privarlas de objetos y bienes, controlarles o quitarles el dinero.
Aunque 81,4 por ciento de la población encuestada admitió que existe violencia hacia las mujeres y las niñas, lo que denota un reconocimiento del problema, 51,8 por ciento cree que es poca; 29,7 por ciento dice que es mucha; para 9,6 por ciento no existe y 7,9 por ciento no sabe.

Persisten mitos 
Al explorar los soportes de estos hechos, el estudio constató que aún perviven mitos, desconocimiento y falsas creencias que naturalizan, justifican y reproducen la violencia patriarcal.
Entre los mitos y opiniones más arraigados están: considerar como causa del problema el consumo de alcohol (67 %) y no el desequilibrio de poder patriarcal, creer que la mujer soporta el maltrato porque le gusta (60,6 %), cuando en realidad tiene miedo o necesita ayuda, o acuñar que los hombres también son víctimas de violencia en las relaciones de pareja (73, 7 %), cuando el número de mujeres víctimas es mucho mayor.
Por otra parte, 27 por ciento repite el patrón de que los abusos sexuales son realizados por desconocidos, lo que denota desconocimiento, apuntó la experta, "pues se sabe que estos actos son ejecutados por personas cercanas a la víctima y no necesariamente desconocidos".
La mayoría, afortunadamente, dice estar en desacuerdo con el pensamiento de que los hombres son violentos por naturaleza, aunque es mayor el número de mujeres que justifica estos actos así, por una causa biológica.
Igualmente, la mayor parte de la muestra se opone a considerar la violencia hacia las mujeres en la pareja como un asunto privado, pero 39,6 por ciento de mujeres y 43 por ciento de hombres, cifras nada despreciables, lo siguen valorando como un asunto que debe resolverse entre dos, sin intervención de terceras personas o instituciones públicas.

¿Por qué justificar la violencia?
Aunque la mayoría de las personas entrevistadas contestó que nunca debe justificarse la violencia hacia las mujeres ni los hombres, quienes sí lo hacen se basan en criterios diferenciados por sexo.
Iglesias precisó que del grupo que justifica la violencia hacia ellas, 77,6 por ciento de los hombres y 80,1 por ciento de las mujeres la explican por motivos que van desde que la mujer sea infiel --como el primero--, hasta incumplir con las labores del hogar, como última y menos señalada de las razones.
En cambio, cuando la mira se enfoca hacia los varones, los motivos van desde el hecho de que tengan relaciones sexuales con otro hombre --como el primero de los argumentos seleccionados--, hasta otros como no traer suficiente dinero a la casa, no saber hacer reparaciones, tener rasgos afeminados o no cumplir con las exigencias sexuales.
"Hombres y mujeres justifican más la violencia hacia una mujer que hacia un hombre", precisó Iglesias.
Otro de los datos preliminares del estudio, cuyo informe final se dará a cocer en 2018, apunta a que es poca la cantidad de mujeres que acuden en busca de ayuda a instituciones o servicios. 
De las que declararon ser víctima de violencia, solamente 3,1 por ciento buscó ayuda para sí y 0,9 por ciento lo hizo para otra.
Los espacios a los que acuden son, primero, los relacionados con la justicia, como policía y tribunales; luego a la FMC y trabajadores sociales. A donde menos se dirigen es a instituciones religiosas.
Al comentar sobre las concepciones generales acerca de la igualdad de género exploradas en el estudio, Mayda Álvarez, directora del CEM, dijo que entre las violencias fue más identificada la que se ejerce hacia las mujeres y la señalaron más ellas que los hombres.
No obstante, la investigadora reconoció avances en una serie de estereotipos y prejuicios, como la igualdad de mujeres y hombres para tomar decisiones, que una mujer puede sentirse bien aunque no haya tenido hijos, que ellas consideren que los hombres no son mejores que ellas para negociar, ni para tomar decisiones y que las mujeres no siempre tienen que complacer sexualmente a su pareja aunque no es despreciable la proporción que aun piensa así (40 %).
"Los hombres siguen pensando que son mejores para negociar y que las mujeres deben complacerlos sexualmente", acotó.
Las concepciones más arraigadas en mujeres y hombres son el no designar a ellas actividades que impliquen esfuerzo físico, que los bebés necesitan más cercanía de la mamá que del papá, que un hombre no puede cuidar a un niño como lo hace una mujer y que ellas son más cariñosas que los varones, agregó Álvarez.
Al referirse específicamente a la violencia hacia las mujeres en la pareja, el director del CEOAR, Gabriel Coderch, reconoció que el número de personas con conocimientos sobre el tema ha aumentado, gracias a una labor sistemática que se viene desarrollando en la población cubana por varias organizaciones e instituciones.
No obstante, dijo, la percepción de violencia en las mujeres sigue siendo baja y muchas de las que son víctimas manifiestan no conocer las leyes que las protegen.
"Los datos con que contamos resultan significativos, ya que dan cuenta de la manera en que gran parte de la población ha naturalizado el maltrato hacia la mujer y es evidente que los factores históricos y culturales favorecen y justifican la violencia, haciendo énfasis en las actitudes, percepciones y prácticas individuales y sociales", sostuvo Coderch.
Agregó que esa violencia no se presenta como una serie de hechos aislados, sino como forma de intimidación, y que se registran varios eventos en contra de una misma persona, no solo en agresiones físicas, sino también sexuales, psicológicas y patrimoniales.
"Cada uno de esos casos los tenemos que trabajar", precisó Yanira Cooper, del Secretariado Nacional de la FMC. "La violencia escondida detrás de las paredes es un gran desafío", dijo y llamó a seguir diseñando acciones que contrarresten esas manifestaciones.

Cuba: Hombres por una vida sin violencia
Por Sara Más
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Las Tunas, Cuba, diciembre (SEMlac).- Líderes comunitarios, periodistas, artistas, deportistas, académicos, estudiantes y trabajadores, jóvenes y adultos de una variada procedencia se reunieron en Las Tunas, a más de 660 kilómetros de la capital cubana, en el Encuentro de la Plataforma de Hombres por la No Violencia, del Centro Oscar Arnulfo Romero (CEOAR). 
"La plataforma es, sobre todo una oportunidad para buscar otra manera de ser hombre", dice a SEMlac Sergio Morlán, uno de los coordinadores del espacio, que reunió en esa ciudad oriental integrante de varias provincias del país durante las actividades centrales de la XI Jornada Cubana por la no Violencia que coordinan el CEOAR y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
El encuentro sirvió para sistematizar experiencias comunitarias, fortalezas y debilidades del grupo, creado en 2011 con un interés particular de formación, capacitación y desarrollo de iniciativas por la no discriminación de género y el desmonte de la cultura patriarcal.
El equipo apuesta por desarrollar potencialidades desde el trabajo de sus integrantes y territorios, allí donde hacen vida diaria, para ir hacia un nuevo modelo de masculinidad más inclusivo, flexible y no patriarcal. 
"También encontramos mucha resistencia, cambiar cuesta mucho, tiene que pasar por lo personal y lo social", apunta Morlán.
En el grupo no tienen identificados maltratadores ni se hace terapia, aunque sí intentan identificar sus miedos dificultades y posibilidad en el camino a crecer como seres humanos, acota.
"A mí me falta mucho por cambiar, digo que soy un hombre en reconstrucción. Para mí ha sido como el paso de un huracán para empezar a dar otra mirada, desde la responsabilidad, a lo que hago. Han sido muchos los años de machismo patriarcado y comodidad varonil", admite Morlán.
"Lo más importante para nosotros es la formación, instalar capacidades y conocimientos que nos permitan girar la mirada al cambio que pretendemos", asegura el coordinador del grupo, que reunió os días 7 y 8 de diciembre a hombres de Pinar del Río, Matanzas, Las Tunas, Baracoa y otros territorios.
Con una agenda anual que se articula con los proyectos comunitarios y acciones de sus integrantes, la Plataforma establece igualmente interacciones con otros grupos como la Red Iberoamericana de Masculinidades (RIAM), explicó Morlán a SEMlac.
"Que se haya diseñado este encuentro dentro de la jornada es porque tratamos de fortalecer redes de apoyo en cada territorio que puedan articularse en el trabajo de no violencia", precisó a SEMlac María Teresa Díaz, especialista del CEOAR.
El encuentro sirvió para el intercambio de experiencias y también para reflexionar acerca de diversos temas, como espacio de capacitación que contó con disertaciones y debates acercad de las parejas cubanas contemporáneas, así como la necesidad del respeto a la diversidad humana y sexual.
Este tipo de espacios es crucial para la trasformación y para poder avanzar en la necesidad de combatir la violencia hacia las mujeres y las niñas, porque los hombres son parte también de ese proceso", comentó el médico Alberto Roque, activista por los derechos humanos y sexuales de la población LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y transgénero)
En su opinión, este tipo de iniciativas contribuye a la reflexión y acción comunitaria en el proceso de erosión patriarcal sobre el cual se estructura datos las acciones violentas y visualiza un grupo d población con capacidades para el cambio, aun cuando conviven entre ellos muchos de los receptos de patriarcado.
"Mi percepción es que están todavía en fase muy inicial de identifica de liderazgos, alianzas, de buscar los proyectos comunitarios exitosos en la articulación y la lucha frente a otras discriminaciones", acotó el activista e investigador, invitado al encuentro.
Como fortaleza del grupo, identificó la participación de hombres con distintas formas de pensar y sentir la masculinidad y las construcciones de género, atravesadas además por otras formas de discriminación como por la expresión de la sexualidad, el color de la piel, el lugar de residencia o el nivel educacional.
Como potencialidad, Roque aprecia un gran interés por aprender, adquirir nuevos conocimientos y elaborarlos.
"Hay siempre un problema, un desafío mayúsculo, y es el marco ideológico sobre el cual hay que trabajar: hay que desmontar la ideología patriarcal y evitar reproducirla hacia la organización del grupo. Hay también mucho desaprendizaje por hacer", sostuvo.


México: El 98 por ciento de los delitos contra las mujeres queda impune
Por Gabriela Ramírez, Soledad Jarquín, Alicia Mendoza, Ana Alicia Osorio y Zaira Hernández

México, diciembre (SEMlac).- Impunidad significa que una acción criminal quede sin castigo. México es el cuarto país con mayor impunidad en el mundo. Aquí 98 por ciento de los delitos contra las mujeres queda impune.


¿Por qué? Porque los delitos en su contra se siguen cometiendo "porque se puede"; porque hay muy poca credibilidad en el sistema de justicia y porque existen serias deficiencias en las instancias encargadas de garantizar a las mujeres un efectivo acceso a la justicia.


En México se asesinan siete mujeres al día y 66,1 por ciento, -cerca de 30 millones- han enfrentado violencia alguna vez en su vida, de acuerdo con cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).


De acuerdo con la campaña #YoNoCierroLosOjos lanzada recientemente por un grupo de organizaciones, 88,4 por ciento de las mujeres que ha sido víctima por parte de un agresor distinto a su pareja no solicita apoyo a ninguna institución ni presenta denuncia. Cuando la violencia viene de la pareja, el 78,6 por ciento tampoco denuncia ni pide ayuda.


Según Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia para las Mujeres, sólo se presentan unas 150.000 denuncias al año y de ellas, el 11 por ciento resulta en averiguaciones previas y sólo el 2,4 por ciento de estas reciben sentencias condenatorias.


Ana explica en su artículo Derechos de Papel que "uno de los principales motivos detrás de las pocas denuncias es la desconfianza en las instituciones. Desconfianza, por supuesto, que se justifica cuando se analiza cómo opera el sistema de justicia actual. Antes de exigirle a las mujeres denunciar cuando tienen todo en su contra, lo fundamental es cambiar al sistema para que eso ya no les resulte tan costoso".


Si bien el Estado ha realizado algunos esfuerzos para disminuir la impunidad y facilitar el acceso de las mujeres a la justicia, existen serias deficiencias.
Un ejemplo son los Centros de Justicia para las Mujeres, la única política pública para combatir la violencia familiar.


De acuerdo con el portal de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (CONAVIM), operan 30 Centros en el país y estos ni siquiera están contemplados en la ley a nivel federal, lo que genera que adolezcan de certeza jurídica, fortaleza institucional y garantías de continuidad.


Desde 2010 el CONAVIM ha destinado 153 millones 655.000 pesos (nueve millones 38.530 dólares) para su creación y funcionamiento y de 2010 a 2016 han dado atención a 427.583 mujeres-víctimas.


Un informe sobre su funcionamiento publicado en 2017 reveló que 11 Centros no cuentan con lineamientos para elegir a su titular, es decir, puede llegar alguien sin experiencia en atención a mujeres-víctimas; y sólo otros 11 cuentan con un Plan Operativo Anual. Esto limita la posibilidad de conocer y evaluar sus acciones.


Aunado a esto, existe una deficiencia en cuanto a la difusión de sus servicios, hay mujeres que no saben de su existencia, ni dónde se localizan. Una vez que ellas han decidido denunciar, se enfrentan entonces a procesos muy largos y costosos, y a que algunas juezas y jueces puedan emitir sentencias basadas en estereotipos.


En todos los poderes judiciales deberían existir Unidades de Género que vigilen que las sentencias no sean discriminatorias y que las personas juzgadoras incorporen la perspectiva de género.


Hoy en día sólo existen 27 Unidades en los poderes judiciales estatales, más las unidades en el Poder Judicial federal. Lamentablemente, según el informe "Unidades de Género, Informe de estructura y funcionamiento a nivel nacional" publicado en noviembre pasado, muchos no cumplen con las acciones para las que fueron creados porque se encargan del comedor institucional, de la organización de actividades deportivas, de la aplicación de vacunas, de verificar que las y los empleados cumplan con sus horarios laborales o de comprar estuches de maquillaje para celebrar el "10 de mayo".

Poniéndole rostro a la impunidad


Lucía Melgar, en un artículo publicado en Nexos en 2014 titulado "Nuestra violencia, nuestra impunidad", explica que a las mujeres en este país nos matan "porque se puede".


"Porque se puede, apunta, en el caso de México, a uno de los nudos de la tragedia del feminicidio, definido no sólo como asesinato de mujer por el hecho de ser mujer, sino también como asesinato o conjunto de asesinatos crueles, que quedan impunes, factor que traslada parte de la responsabilidad al Estado y que ha llevado a considerar este conjunto de actos como crimen de Estado (Marcela Lagarde) y a compararlo con el genocidio, como plantea Rita Laura Segato con el concepto de femi(geno)cidio".


A continuación algunos casos en los que se asesinó o se lastimó a una mujer y la justicia no ha llegado aún o en los que llegó, ha sido a fuerza de insistir, de no parar la lucha durante años, poniendo en evidencia la ineptitud de las autoridades mexicanas.

Oídos sordos ante recomendaciones internacionales


Pilar Argüello Trujillo era una joven de 20 años de edad que vivía en el municipio de Coscomatepec, Veracruz, cuyo caso llegó hasta la Cedaw ante la falta de justicia y errores de las autoridades veracruzanas.


El 3 de septiembre 2012 fue encontrada asesinada en un sembradío; su cuerpo presentaba signos de violencia sexual. Tras una investigación, quien fuera su novio (de 16 años) confesó haberla asesinado. En ese entonces, declaró haberla asfixiado cuando ella no quiso un encuentro sexual y después violarla.
Desde el inicio el acusado no iba a ser juzgado por el delito de feminicidio ya que no está contemplado en el juzgado de responsabilidad juvenil; luego se contradijo y la Jueza de Sala consideró que no había elementos suficientes para procesarlo. Lo dejó en libertad.


Su madre Reyna Trujillo Reyes, y su padre Pedro Argüello Morales llevan cinco años en búsqueda de justicia (acompañadas por las abogadas del Colectivo Equifonía). Su caso llegó al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).


Después de agotar todas las instancias en México, el Comité determinó que desde que el acusado fue absuelto el Estado mexicano no ha realizado ningún trabajo para aclarar el feminicidio, por lo que recomendó reanudar la investigación. Sin embargo, hasta el momento nada ha pasado, según denunció Equifonía, ni siquiera la difusión de las medidas solicitadas. 

Periodista asesinada y fabricación de culpables


Regina Martínez Pérez fue una reportera veracruzana asesinada el 28 de abril de 2012. Su asesinato no ha sido esclarecido. Ella, como corresponsal de Proceso, denunció la corrupción, el derroche y el gasto de la administración del ahora exgobernador Javier Duarte de Ochoa y los grupos criminales en la entidad.


Su cuerpo fue encontrado con señales de tortura y asfixia en el baño de su casa, y desde del inicio la administración duartista se negó a seguir una línea de investigación sobre su trabajo periodístico. 


El asesinato fue "esclarecido" rápidamente por los gobernantes, diciendo que fue un robo por parte de su pareja sentimental. Inclusive, dijeron que la misma Regina permitió el ingreso de los asaltantes a su casa.


Hasta ahora no hay pruebas contundentes, pues sus colegas han manifestado que nunca se investigó sobre su trabajo. La administración de Duarte presentó a Jorge Antonio Hernández Silva como "culpable" y fue sentenciado a 38 años de prisión.


Él siempre alegó tortura e incomunicación por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), obtuvo un amparo, pero meses después ordenaron su reaprehensión. La única huella encontrada en la tina del baño no era suya.

Agresión a defensora sigue impune


Yndira Sandoval Sánchez fue abusada sexualmente por una policía en la población de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y sigue en espera de la justicia. Los hechos ocurrieron en la segunda quincena de septiembre pasado, cuando un grupo de policías de ese municipio la detuvieron y en las celdas de la corporación la policía Claudia Juárez la agredió físicamente y, tras ser sometida, le introdujo los dedos en la vagina provocando lesiones que fueron certificadas.


Ella no pudo interponer de inmediato la denuncia, en la agencia del MP le cerraron las puertas y vivió, entre tanto, intimidación por parte de elementos de la corporación. Sufrió escarnio público provocado por funcionarios de Guerrero y de esa municipalidad ubicada en la región de la Montaña y hasta donde la defensora de Derechos Humanos acudió para reunirse con mujeres de esa población.

Oaxaca, responsabilidad estatal sin castigo


Erika Ramírez Cabrera murió hace más de un mes por embarazo mal atendido; no se ha dado ninguna audiencia de debate por el caso y el personal de la clínica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) pretende desvirtuar los hechos, denunció la mamá de la joven, quien tenía 18 años al fallecer, Felícitas Cabrera.


De acuerdo con el expediente 35/11 de la Fiscalía General de Oaxaca, la información que la clínica ofreció a la autoridad, está tergiversada, "ya que Erika se golpeó varias veces la cabeza en la pared y no sufrió preeclampsia como se refiere en el dictamen del Hospital Civil donde perdió la vida".

Haciendo historia


Desde el 28 de junio de 2010, día en que Julio César Hernández Ballinas terminó con la vida
de Mariana Lima, Irinea Buendía no ha parado de interponer largos trámites judiciales, trabajar, estudiar y movilizarse para exigir justicia, hasta lograr, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) que su caso llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual emitió un fallo histórico el 25 de marzo de 2015 para que las autoridades mexiquenses volviesen a investigar como feminicidio este asesinato.


El pasado mes de julio, al cumplirse siete años del feminicidio de Mariana Lima, Irinea Buendía denunció que aún no se dicta una sentencia condenatoria por el asesinato de su hija, pese a que Julio César Hernández, esposo de Mariana y quien se desempeñaba como comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, se encuentra preso desde el 23 de junio de 2016, como responsable de este feminicidio; por lo que continúa la exigencia para que este crimen no quede impune.


La sentencia de la SCJN sentó las bases de cómo deben investigarse las muertes violentas de mujeres o casos de feminicidio en México, además dictaminó una violación de los derechos humanos y perspectiva de género por parte de los funcionarios públicos, ya que afectaron tanto a la víctima Mariana Lima, como a Irinea Buendía.


Pero el acceso a la justicia para la familia de Irinea Buendía aún no se materializa y durante estos siete años han vivido innumerables violaciones a sus derechos humanos, hostigamientos y amenazas contra su integridad. 


Actualmente, existe una petición para que las autoridades federales, concretamente la Secretaría de Gobernación, salvaguarde y realice "las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de las agresiones contra Irinea Buendía y los integrantes de su familia".

#SiMeMatan, el caso en la UNAM


Araceli Osorio Martínez, desde el 3 de mayo de este año, día en que asesinaron a su hija Lesvy Berlín Rivera Osorio en Ciudad Universitaria, UNAM, ha sufrido la negligencia de las autoridades de la Ciudad de México, ya que en los primeros días le negaron y obstaculizaron "el acceso a la información y a la justicia a la familia y a sus representantes legales en repetidas ocasiones".


Junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Araceli Osorio tuvo que enfrentar y denunciar "las declaraciones infundadas, estigmatizantes y revictimizantes" que hizo la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) contra la vida de Lesvy Berlín.


Después tuvo que vivir la negación de las autoridades judiciales a investigar el caso como feminicidio, pues la primera resolución del juez de control Cristian Ricardo Franco Reyes, del pasado 10 de julio, determinó que el delito se seguiría como homicidio simple cometido por omisión, en contra del imputado Jorge Luis González, quien era pareja de Lesvy, por no impedir el supuesto suicidio de la joven universitaria.


Esto, pese a que la defensa legal de la familia de Lesvy entregó "elementos suficientes para juzgar por feminicidio", que demuestran que Jorge Luis González ejerció violencia contra Lesvy, y que ella no cometió suicidio.


El pasado 18 de octubre la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió que se reclasifique el asesinato de Lesvy Berlín como feminicidio agravado. El caso sigue en la etapa de investigación, que cerrará el 11 de enero de 2018; después el proceso continuará en su etapa de audiencia intermedia, en la cual se revisarán todas las pruebas y posteriormente comenzará la audiencia de juicio.

Uruguay: Siguen matando a nuestras niñas
Por Tamara Vidaurrázaga Aránguiz
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Montevideo, noviembre (SEMlac).- Con acciones públicas y conferencia de prensa, organizaciones feministas y sociales llamaron la atención sobre la violencia de género como origen del crimen de Brissa González, pequeña de solo 12 años que fue encontrada el jueves 23, luego de tres días desaparecida, tras salir de su casa en dirección al colegio.


La conferencia se realizó en el Teatro Solís de Montevideo, donde la Coordinadora de Cotidiano Mujer señaló que "la ideología de género es este femicidio y no nosotras que estamos reunidas acá para combatir la violencia y gritarles nuestra indignación", y agregó: "Basta de hombres intelectuales de nuestro país que hablan de las feministas como el cuco. Lo peligroso son estas muertes".


En la misma actividad, la directora de Inmujeres Uruguay, Mariela Mazzoti, indicó que existe "un sistema de valores y de creencias que, de alguna manera, educa a los hombres y que permite que algunos de ellos asuman conductas agresivas y crean que pueden agredir el cuerpo de las mujeres".


La exlegisladora Carmen Beramendi convocó a la ciudadanía a evitar la respuesta de venganza violenta contra el culpable e indicó que lo relevante es condenar "el discurso que cosifica el cuerpo de las niñas y los discursos que validan la asimetría de poder".


La conferencia se realizó en el marco del 14º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Montevideo del 23 al 25 de noviembre en Rural del Campo, y en el que participaron más de 2.200 mujeres venidas de Latinoamérica y el Caribe.


Tras estar desaparecida durante tres días, en los que el rostro de la pequeña Brissa estuvo en los muros de la ciudad, su cuerpo fue hallado sin vida el jueves en el balneario Las Vegas del departamento de Canelones.
El Fiscal que investiga la causa definió prisión preventiva para el único sospechoso hasta ahora: un hombre que ya tenía antecedentes de abuso sexual; luego de que las cámaras de vigilancia evidenciaran que su automóvil se encontraba en el lugar donde se vio por última vez a la niña.


El mismo día en que la pequeña fue encontrada muerta, salieron cientos de personas al centro de Montevideo a mostrar su repudio por el crimen, mientras que en otros puntos del país se realizaron cacerolazos, acciones convocadas por el colectivo feminista "En Alerta y en las Calles". La misma organización realizó el viernes una vigilia en la que se recordó a Brissa y las otras 27 mujeres y niñas asesinadas en 2017 en Uruguay por la violencia machista.


Este domingo se cometieron otros dos femicidios, cuando un hombre asesinó a su expareja y la hija de ambos en Malvin Norte, y se suicidó posteriormente. La mujer vivía violencia, pero no había realizado denuncias. Ellas se convierten en las víctimas 26 y 27 de la violencia machista en el Uruguay durante este año.


En el estudio "Femicidios íntimos en el Uruguay. Homicidios a mujeres a manos de (ex) parejas", que publicó el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior este año, se concluyó que la gran mayoría de ellos ocurren en el hogar, y que -del total de mujeres víctimas- lo fueron en sus propios hogares y por parte de hombres con quienes mantenían una relación cercana.

 
La misma investigación concluyó que las asesinadas se encuentran en un amplio rango de edad, entre los 12 y los 85 años, y que la gran mayoría de los feminicidas no tiene antecedentes penales al momento del crimen.

 

Dominicana: Plan Nacional Contra la Violencia de Género: ¿fin de los feminicidios? 
Por Mercedes Alonso Romero
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Santo Domingo, noviembre (SEMlac).- Tras realizar un diagnóstico basado en más de siete planes nacionales ejecutados por diferentes instituciones, el Ministerio Público presentó, en la voz del procurador general de la República Jean Rodríguez, un Plan Nacional contra la Violencia de Género, con el cual buscan enfrentar los delitos relacionados a la violencia de género y reducir los feminicidios.


SEMlac tuvo acceso al documento, en el cual se plantea que fue necesario efectuar un levantamiento interno sobre la capacidad instalada en las diferentes dependencias del Ministerio Público, incluyendo instalaciones físicas, personal y procesos; además de estudios e investigaciones en torno a los agresores y las víctimas.


"Como podrán ver, después de haber agotado un proceso riguroso y metódico, estamos presentando un plan nacional cuyo elemento diferenciador es que está enfocado a la acción con medidas concretas y con visión integral", expresó Jean Rodríguez y sostuvo que los objetivos están orientados a "prevenir, generando conciencia; a perseguir, fomentando las denuncias ante las autoridades competentes; y a garantizar, mediante lineamientos de actuación, una atención a las víctimas más efectiva".

Persecución penal


De acuerdo a lo informado por el procurador, una de las propuestas fundamentales de este plan es lograr mayor efectividad en la persecución penal, por lo que incluye la implementación de una guía para la atención e investigación y un programa de capacitaciones para los fiscales con casos prácticos y la evaluación de los resultados. 


Pero, por encima de todo, se instruyó la prohibición absoluta de la entrega de citaciones, órdenes de protección y de arrestos a los imputados por parte de las víctimas, erróneo hecho que propició muchos de los asesinatos cometidos. 


Un trabajo publicado por Listín Diario el sábado 18 de noviembre refiere que la mayoría de los hombres responsables de los 111 casos de feminicidios del pasado año escaparon de la justicia, 23 por ciento se suicidó, según el informe "Feminicidios en República Dominicana durante 2016".


Agrega que unos 144 niños perdieron a sus madres, menores que se describen como "víctimas invisibles de los feminicidios", en quienes los síndromes de estrés postraumático, trastorno del apego, problemas cognitivos, retraso en el aprendizaje del lenguaje y problemas de conducta y sociales se multiplican.


El informe citado por Listín Diario puntualiza que de los 144 niños y niñas huérfanos por esta causa, 116 son menores de edad entre los 20 días de nacidos y los 17 años.

En marcha el plan 


El Plan Nacional contra la Violencia de Género fue presentado el pasado 8 de noviembre por Jean Rodríguez, en el Auditorio de la Procuraduría General de la República, y contó con la presencia de representantes de los ministerios de Educación, Salud Pública, Mujer, Cultura, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y la Policía Nacional. 


El procurador general expuso "que se pondrán en marcha una serie de acciones en coordinación con el Ministerio de Salud Pública para detectar el problema a tiempo, a través de la implementación de un protocolo en los más de 2,600 mil centros de salud que identificarán los posibles agresores y víctimas, reportando una alerta al Ministerio Público que recibirá la debida atención".


Con la vinculación de los actores restantes, el máximo representante del Ministerio Público concluyó "que esta lucha es a largo plazo y es una lucha de todos, que involucra al gobierno, a las más altas autoridades e instituciones del Estado, muchas de ellas representadas aquí, la clase empresarial, los medios de comunicación, la sociedad civil, y las asociaciones de mujeres que hacen una gran labor apoyando a las víctimas".
El fortalecimiento de la "atención al usuario prestada por la Línea Vida" se consolida con la extensión de los horarios de servicio, en lugar de ser de 8 am. a 5 pm., y solo en el Distrito Nacional, abarcará 24 horas los 365 días del año, con cobertura nacional.


Las medidas asumidas incluyen la apertura de 14 nuevas unidades de atención a víctimas de violencia de género; adecuación de las 19 existentes y la extensión del horario de atención a usuarios de todas las unidades, las cuales trabajarán hasta las 12 de la medianoche, logrando que incluya a todo el territorio nacional.


Protestas


Este primero de noviembre, la capital dominicana fue escenario de una gigantesca marcha convocada por el Ministerio de la Mujer, donde se dieron cita titulares de instituciones públicas, privadas, ministerios; así como hombres y mujeres que enarbolaron la consigna: "Detener la violencia contra las mujeres también es cosa de hombres".


La ministra de la Mujer Yanet Camilo llamó a ser "embajadores de paz para detener la violencia de género que afecta a todas las familias dominicanas: Estamos esperanzados porque hemos logrado que autoridades públicas y privadas, sociedad civil u organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales se hayan unido a este proyecto que busca una mejor masculinidad", subrayó.


Esta marcha dio inicio a las actividades conmemorativas al mes de la no violencia contra la mujer. República Dominicana se aproxima a similares estadísticas que la ubicaron en 2014 como el tercer país de Centroamérica y el Caribe con mayor tasa de feminicidios. 


El mes de octubre del presente año concluyó con 170 asesinatos de mujeres, por causa de violencia de género o violencia intrafamiliar. ¿Podrá la ejecución del Plan Nacional contra la Violencia de Género detener esta tragedia nacional?

Nicaragua: Cyber activismo y agresiones sexuales, un estallido que no va a parar
Por Sylvia R. Torres
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Managua, noviembre (SEMlac).- Durante las últimas semanas, las redes sociales Facebook y Twitter han estado activas con el hahstag, o el organizador de conversaciones de Twitter, #YoTeCreoCinthia. El mensaje surgió luego de que, en julio de 2017, Cinthya Zeledón Rocha denunciara, a través de un blog, que su ex amigo Néstor Tellería la violó, cuando ella tenía 17 años. 


El mensaje se fue viralizando, con lo cual se multiplicaron tanto las expresiones de apoyo y testimonios de amistades de Cinthya que habían oído la denuncia en pequeños círculos, o de mujeres que, aunque no la conocían, se identificaban con ella y ofrecían su respaldo. De igual manera se pronunciaron defensores del acusado, que señalaban a la joven de feminista, mentirosa, de haber consentido la relación, de ser busca fama, culpable por haber tomado cervezas con Tellería y otros insultos impublicables.


La joven interpuso una denuncia por violación, pero antes de que la acusación siguiera su curso en los juzgados, Tellería contraatacó con una contra demanda por injurias y calumnias. Para las personas entendidas en Derecho, la aceptación de la causa que empezó a ventilarse en los juzgados, antes que el juicio por violación, constituye una anormalidad, ya que el sistema judicial se rige por una máxima que dice: primero en tiempo, primero en derecho.


Esto provocó encendidos debates y la discusión saltó a los medios tradicionales de comunicación y a las calles. Cnthya fue citada como acusada. Las redes se incendiaron con el mensaje escrito o pequeños videos con mensajes como "Yo te Creo Cynthia" o "Si nos tocan a una, nos tocan a todas". Mientras tanto, el día en que la víctima fue citada como acusada, grupos de mujeres con carteles se apostaron en las afueras del juzgado a manifestar su apoyo a la joven.


Cinthya expresó en su blog Ciudadana inconformista que su decisión de publicar una denuncia se fortaleció al ser invitada a participar en una investigación sobre el tema y asistir a talleres sobre violencia. Es un asunto de coherencia, escribió: "si tengo herramientas para hablar de la violencia en contra de las mujeres, con una mirada en las mujeres de mi generación, tengo que hacerlo, porque si no lo hago yo, ¿quién?".


Un informe del Instituto de Medicina Legal reportó haber realizado 5.596 peritajes por delitos sexuales. Pero no todas las agresiones de este tipo son denunciadas. Este año, después de hacerse pública la denuncia de la joven mujer, otras ocho jóvenes que habían preferido callar hicieron denuncias similares. 


El 10 de noviembre, Néstor Tellería, acompañado de su familia, ofreció un desayuno conferencia de prensa para dar su versión del caso, mostrando mensajes cruzados con la joven después de la agresión, lo mismo que felicitaciones por su cumpleaños. Según Cinthya, la violación tuvo lugar en un bar, mientras ella estaba inconsciente. Después de tomar tragos con el joven, ella despertó en un cuarto de hotel, sola, llena de sangre y con algo pegajoso sobre su cuerpo. 


"Después del evento -dijo-- intenté asumir la postura de la mujer fuerte frente a mis amigas. No quería que me vieran llorar, no quería que se sintieran culpables por algo que estaba incluso fuera de mi propia voluntad. Les dije que ya no me sentía un pedazo de basura, una vagina con patas, un cuerpo abusado. 


"Les dije que fue durísimo sobrevivir. Que acercarme a nuevos espacios, nuevas experiencias, nuevos lugares de pensamiento, fue lo que me dio herramientas para poder contarles. Les dije: ahora me siento distinta, valiente, apoyada. Voy a hablar para que otras no callen".


Durante una comparecencia en el programa radial "Cuerpos Sin-vergüenzas", Gema Manzanares, feminista del grupo EnRedadas, dijo que las jóvenes prefieren denunciar por vía de las redes sociales, pues muchas estas "hartas" de que el sistema no les haga justicia. 


"En Facebook y en Twitter tu mensaje llega al público, sin mediaciones de periodistas machistas, que se mofan de las víctimas y las descalifican con preguntas como: ¿por qué no lo dijiste antes?, o ¿para qué te expusiste al tomar licor en compañía de hombres? Este tipo de cuestionamientos quita el foco sobre el agresor y lo coloca sobre la víctima, tratando de escarnecerlas", señaló. 


"Las mujeres -continuó-- optan por denunciar en las redes, porque es una plataforma que llega a múltiples personas y crea indignación social. Al mostrar la cara de los agresores, estos reciben una sentencia social, porque las instituciones no dan respuesta a las denuncias de las mujeres".


Por su parte, Yahaira Gutierrez Orozco, del Observatorio de Violencia, quien también asistió al programa "Cuerpos Sin-vergüenzas", agregó que después de la experiencia obtenida con la denuncia de Cinthya ha aprendido que la acción colectiva tiene fuerza, aunque haya personas que le resten importancia al cyber - activismo.


La denuncia de Cinthya ha tenido un efecto ola, una solidaridad inesperada, dijo, y ha dejado lecciones. "He aprendido que, tras una denuncia de este tipo, aunque haya una reacción de apoyo a la denunciante, también existirá mucha gente que apoyará al agresor. Este no tiene ni que abrir la boca, ya tiene un público que lo defiende. En el caso de los medios tradicionales, muchos de los periodistas son hombres y, para para los machistas, el hecho de que Cinthya hable con firmeza y tenga fuerza indica que no fue violada. Ellos tienen un lenguaje de presunción eterna, pero las mujeres no tienen el beneficio de presuntas. Siempre son culpables de la violencia".


EnRedadas desarrollará el año próximo una escuela feminista itinerante, para enseñar a las jóvenes a defenderse del acoso digital. Mientras tanto, desde el Observatorio trabajan en el desarrollo de una plataforma virtual que permita hacer visible el acoso callejero y sexual, hacer denuncias con seguridad y educar sobre el tema. Como resultado, esperan contar con un Mapa de la violencia e impulsar cambios sociales. Por ejemplo, dice, mostrar los puntos donde ocurren más denuncias y que se tomen medidas al respecto. 

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