Género

Género (384)

México: Un total de 1.523 presidentas municipales a lo largo de 70 años
Por Soledad Jarquín Edgar
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

México, diciembre (SEMlac).- El 43 por ciento de los municipios de México han tenido al menos una presidenta municipal desde que en febrero de 1947 se reformó la Constitución Política para que las mexicanas pudieran votar y ser votadas, contando el caso excepcional de Aurora Mesa Andraca, quien gobernó la capital de Chilpancingo, en Guerrero (1936-1937).
Lo anterior se desprende del cruce de datos realizado en tres fuentes, así como la corroboración de los mismos en: 1) el mapa digital "Mujeres Gobernando lo Local", a cargo de la geógrafa Georgina Cárdenas Acosta, del Centro de Investigación y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM; 2) el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, y 3) su Sistema Nacional de Información Municipal.
Este ejercicio periodístico de SEMlac también llevó a eliminar los nombres de Guadalupe (sin María), Socorro, Inés, Concepción, Rosario, Carmen, entre otros, que aparecen antes de 1947 y en ocasiones después, ya que muchos de ellos eran portados por hombres y que muchas veces son tomados por las instituciones como nombres de mujeres de forma equivocada.
Así, en total, se encontró que suman1.523 las mujeres que han ocupado al menos una vez la silla presidencial en sus municipios.
La cantidad de presidentas municipales por entidad federativa está directamente relacionada con el número de municipios que tienen. Así Oaxaca, cuya división territorial administrativa contempla 570 ayuntamientos, es la entidad con mayor número de presidentas municipales con un total de 180, que han gobernado o gobiernan 138 municipios distintos.
En segundo lugar aparece Veracruz, donde hay 212 municipios, de los cuales 107 han tenido al menos una vez una presidenta municipal que a lo largo de la historia suman 167 mujeres.
El Estado de México se ubica en tercer lugar. Tiene 125 municipios, y en 73 de ellos han gobernado o gobiernan 117 mujeres, en tanto que en Yucatán, con 106 municipios, han gobernado 112 presidentas en solo 64 municipios.
Baja California es el estado con menos mujeres en el gobierno municipal. Solo dos han ocupado el cargo a lo largo de su historia, que como entidad data de 1952, con solo cinco municipios, al igual que su vecino geográfico, Baja California Sur -considerado Estado libre y soberano en 1974- y donde cuatro mujeres han sido munícipes de tres municipios distintos.
En México, la mayoría (64,6 %) de las 985 presidentas municipales han sido electas a partir del siglo XXI, es decir, 35,3 por ciento de ellas gobernaron en el lapso que comprende entre 1947 y el año 2000.
Del total de municipios gobernados por mujeres, solo el 35,5 por ciento han tenido más de una presidenta municipal: 271 municipios han sido gobernados dos veces por una mujer; 84 en tres ocasiones; 18 en cuatro oportunidades, y otros dos han elegido cinco y seis veces a una mujer: Abasolo, Nuevo León, y Lamadrid, Coahuila, respectivamente.
De acuerdo con el cruce de información de las fuentes consultadas, solo una mujer ha gobernado dos municipios distintos: se trata de María Guadalupe Urzúa Flores, quien fue munícipe de San Martín Hidalgo y Jocotepec, ambos en el Estado de Jalisco.
Poco menos de la mitad de las capitales de los estados han sido o son gobernados por mujeres: Aguascalientes en cuatro ocasiones; La Paz, Baja California Sur, dos veces; Campeche, dos; Chihuahua, una; Chilpancingo, Guerrero, dos; Hidalgo, una; Toluca, Estado de México, cuatro, y Tepic, capital de Nayarit, en una ocasión.
Monterrey, Nuevo León, en una; Puebla, una vez; San Luis Potosí una presidenta municipal; Hermosillo, Sonora dos veces; Tampico, Tamaulipas, dos presidentas; Tlaxcala, tres veces; Mérida, Yucatán, tres, y Zacatecas, en tres ocasiones.

EFLAC: Feministas lanzan campaña en defensa de sus cuerpos y territorios
Por Julia Vicuña
(
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Lima, diciembre (SEMlac).- Con el lema "diversas pero no dispersas", más de 2.000 feministas de América Latina y el Caribe se reunieron en el 14 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), que se llevó a cabo en Montevideo, ciudad amable que abrió sus brazos a delegaciones de más de 30 países que durante tres días en asambleas, talleres y otras actividades, reflexionaron sobre los avances y desafíos del feminismo en la región.


Los fundamentalismos, que vienen cobrando presencia en el continente y amenazan con hacer retroceder las conquistas en lo que a derechos sexuales y reproductivos se refiere; el neoliberalismo y las políticas extractivistas, el colonialismo, que se expresan con la vulneración, persecución y asesinatos de defensoras del medio ambiente y derechos humanos, fueron algunos de los temas de reflexión y análisis de las feministas.


Fanny Kaekat, lideresa del pueblo Shuar Arutam del Ecuador, denunció que numerosas mujeres defensoras de derechos reciben amenazas veladas y directas, ataques a su vida privada, difamación, criminalización de sus luchas, destrucción de sus bienes para el sustento familiar y hasta el feminicidio son algunas formas de violencia de género que soportan de parte de empresas mineras interesadas en explotar el oro de sus territorios.
"No nos dejan en paz, nos quieren sacar de nuestra tierra", señaló a SEMlac, al tiempo que explicó que Ecuador cuenta con tres proyectos mineros de cobre, oro y plata que están en desarrollo y han sido catalogados como de mediana y gran escala: Río Blanco; Mirador y Fruta del Norte, que se prevé produzca en 2018.


En Honduras, en 2016, fue asesinada Berta Cáceres, dirigenta del pueblo lenca y activista feminista, quien lideraba la defensa del derecho al agua y se oponía a la construcción de una presa en el río Zarca, aunque la autoría intelectual del asesinato no se determina hasta hoy y su familia la atribuye a la empresa Desarrollos Energéticos SA, encargada de la obra.


Según el informe anual 2016 de la no gubernamental Global Witnees, 60 por ciento de los 200 crímenes de defensoras y defensores proceden de América Latina.


Frente a esta escalada de violencia hacia las mujeres de las comunidades, con mayor énfasis a las defensoras, por el rol que cumplen en el arraigo comunitario, representantes del Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático (GIMCC), la Articulación de Mujeres Brasileras (AMB) y la Articulación Feminista Marcosur (AFM) lanzaron la campaña internacional "En defensa de nuestros cuerpos y territorios", que tendrá como fecha emblemática el 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena.


Cecilia Olea, de la AFM, señaló a SEMlac que la campaña lanzada en el 14 EFLAC es una de las seis iniciativas surgidas en el VIII Foro Social Panamazónico, realizado entre el 28 de abril y el 1° de mayo del presente año en la selva central peruana (Tarapoto).


Indicó que la campaña se orienta a denunciar el impacto del modelo económico extractivista y el patriarcado, aliado con los fundamentalismos religiosos. "La defensa de cuerpos y territorios involucra a las mujeres de distintas identidades, experiencias, edades y orientaciones. Esta realidad es común en los países de las Américas", precisó.


Denisse Chávez, del GIMCC, indicó que a la campaña internacional se adhirieron mujeres provenientes entre otros de países como Argentina, Ecuador, Colombia, México, Uruguay, además de Perú, quienes activarán en forma simultánea en la fecha elegida como central, el Día Internacional de la Mujer Indígena.


Los ejes temáticos de la edición número 14 del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), que se realizó en Montevideo, Uruguay, dl 23 al 25 de noviembre, fueron cuatro: racismo y discriminación; cuerpos, subjetividad y derechos; desafíos y perspectivas de la economía feminista y democracia, Estado laico y fundamentalismos.

México: Programa duplicará créditos para emprendedoras
Por Gloria Analco
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Cd. de México, noviembre (SEMlac).- "No puede dejarse de lado el talento de las mujeres, el cual es crucial para la economía del país", afirmó Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), durante un evento donde el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, anunció que el Programa "Mujeres PYME" duplicará los créditos en apoyo a las emprendedoras para diciembre de 2018.


Cruz Sánchez dijo que el apoyo a las mujeres es uno de los grandes desafíos en el país, pues solo 47 por ciento de las mexicanas en edad productiva son parte de la fuerza de trabajo, en comparación con 67 por ciento promedio de la OCDE.


Meade dijo que, hasta la fecha, el Programa Nafin ha otorgado 7.110 créditos por un monto de 6.642 millones de pesos (390 millones de dólares), en apoyo a 6.823 empresas de mujeres y para fines del próximo año la meta es llegar al menos a 14.000 créditos, por un monto aproximado de 12.000 millones de pesos (705 millones de dólares) en los próximos meses.


El secretario de Hacienda señaló que las mujeres son más puntuales en sus pagos que los hombres, tras mencionar que estudios de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) reflejan que las mujeres presentan una menor tasa de impagos en comparación con los hombres, lo cual "hace sentir cómoda a la banca de desarrollo".


A su vez, la titular de Inmujeres subrayó, ante los secretarios de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, y de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, que "no podemos desperdiciar la oportunidad histórica que hoy tenemos con la población femenina en edad de trabajar, no sólo la más grande que ha tenido el país, sino también con los mayores niveles educativos, lo que llamamos 'bono de género'".


Si las mujeres tuvieran la misma participación que los hombres en el mercado laboral, el impulso potencial para la economía sería de 26 por ciento más en el PIB mundial anual y para América Latina podría significar un aumento entre 14 y 34 por ciento del PIB regional, manifestó.


Ante mujeres empresarias, titulares de institutos de mujeres de la República, representantes de la banca comercial y de organizaciones de la Sociedad Civil, Cruz Sánchez recalcó que, en el caso de México, reducir la brecha de género en el mercado laboral se traduciría en un aumento aproximado de 1.100 dólares del PIB per cápita para 2040.


Al comentar sobre los avances del Programa de Nafin "Mujeres PYME", que otorga créditos desde 50.000 hasta cinco millones de pesos (294.000 dólares), con el esfuerzo conjunto de la Secretaría de Hacienda, Nafin, la Secretaría de Economía y a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) e Inmujeres, Cruz Sánchez dijo que los avances logrados muchas veces no son suficientes.


Los datos duros señalan que solo 2,5 por ciento de las empresas son propiedad de mujeres, agregó, la mayoría micronegocios, y por ello consideró urgente adoptar medidas para que cada vez más las mujeres puedan emprender y propiciar que sus negocios crezcan.


El Programa "Mujeres PYMES" fue anunciado por el Presidente Enrique Peña Nieto en marzo de 2016 y 98,6 por ciento de las mujeres beneficiadas han recibido créditos como emprendedoras por primera vez.
La titular de Inmujeres subrayó que, a fin de que los proyectos productivos de las mujeres "no se queden en el camino", el Gobierno de la República tiene un propósito muy claro: "Fortalecer las políticas públicas que les permitan a las mujeres mexicanas incidir en la producción de bienes y servicios con éxito".


Para ello, señaló, "tenemos que conocer y entender mejor los retos que enfrentan las empresarias, y brindarles un mosaico de oportunidades de financiamiento y de capacitación que permita a más mujeres emprender, fortalecer o consolidar sus negocios".


Precisó que la política nacional de igualdad busca fomentar el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres mediante diversas medidas, planes y programas para superar los obstáculos al apoyo a las mujeres.


Por su parte, Guajardo reconoció que se deben fortalecer las bases de formación de las mujeres para crecer como país.


Durante el evento fueron proyectados tres videos con testimonios de mujeres beneficiadas por el Programa "Mujeres PYME", en los cuales quedó constancia de los obstáculos que ellas han enfrentado para recibir apoyo crediticio y emprender sus proyectos.


Del total de mujeres ocupadas, 66 por ciento son trabajadoras asalariadas, 22, 5 por ciento trabajan por cuenta propia, 6, 9 por ciento son trabajadoras no remuneradas, 2, 5 por ciento son empleadoras y 2,1 por ciento son trabajadoras subordinadas que reciben percepciones no salariales, según estadísticas sobre la participación económica de Inmujeres.


El porcentaje de mujeres empleadoras que se encuentra en el sector informal es ligeramente mayor que el de hombres: 38,6 por ciento de ellas y 36,2 por ciento de ellos, mientras que en el sector formal se ubica 61,4 por ciento de las empresarias y 63,8 por ciento de los empresarios.


El nivel de ingresos de las mujeres empleadoras es menor que el de los hombres empleadores. En el rango de más de dos y hasta tres salarios mínimos de ingreso se encuentra 20, 8 por ciento de mujeres empleadoras contra 24, 2 por ciento de los empleadores.


En contraste, 27, 5 por ciento de ellos y 21, 4 por ciento de ellas tiene como nivel de ingresos más de tres y hasta cinco salarios mínimos. La proporción de hombres empleadores que ganan más de cinco salarios mínimos asciende a 22, 7 por ciento, mientras que en mujeres empleadoras llega a 20, 6 por ciento.

De la Redacción
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

México, septiembre (SEMlac).- La diputada Beatriz Rojas Martínez, y los legisladores César Cravioto, Felipe de la Cruz y David Cervantes, de Morena (Movimiento Regeneración Nacional) e integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), advirtieron que defenderán los derechos humanos, la equidad de género y la buena administración, plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Durante el Foro "Derechos Humanos, Equidad de Género y Derecho a la Buena Administración", realizado la pasada semana, Beatriz Rojas Martínez destacó el trabajo de las y los diputados de la Asamblea Constituyente, quienes redactaron la Constitución de la CDMX, en la cual se reconoció la contribución fundamental de las mujeres al desarrollo de la ciudad y promovieron la paridad de género.
Con los derechos plasmados en la primera Constitución de la capital, aseguró que las autoridades de la Ciudad de México deberán adoptar las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la discriminación, desigualdad y toda forma de violencia contra las mujeres.
Además, la diputada recordó que, en abril del año pasado, presentó una Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la administración pública y la ley de igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres, a efecto de garantizar una verdadera paridad de género en la administración pública de la ciudad.
A su vez, el legislador Felipe de la Cruz afirmó que en la ALDF la alianza del PAN (Partido Acción Nacional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática) ha hecho retroceder las Leyes Secundarias "para hacerlas vagas e imprecisas".
Sobre esta alianza, sostuvo que el PAN y PRD quieren conformar un frente amplio, el cual calificó de contradictorio, ya que ambas fuerzas políticas tienen una ideología muy diferente, uno es de derecha y otro de izquierda, dijo.
En su participación, el diputado David Cervantes llamó a la ciudadanía a informarse más sobre la Constitución de la CDMX. Además destacó la importancia de la participación ciudadana en la defensa de los derechos a la igualdad, la vivienda, el patrimonio, el medio ambiente, entre otros.
Por su parte, Mayela Delgadillo Bárcena, diputada constituyente, apuntó que el gran avance de la Constitución de la CDMX es que las y los ciudadanos podrán hacer exigibles y justiciables a sus derechos, pues establece a quién le corresponde velar por los derechos humanos, qué instancias son las responsables y a quiénes acudir en caso de violación.
Sin embargo, expuso que para una defensa eficaz de los derechos humanos es necesario que las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos sean obligatorias, que el titular tenga un perfil ciudadano para defender a las y los capitalinos y no hacer alianzas con los gobiernos para retener por años las recomendaciones.
En su participación, Netzaí Sandoval, director de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, hizo un llamado a las y los diputados a legislar con perspectiva de género, los invitó a analizar sanciones a Ministerios Públicos que ordenen el arresto de las mujeres que denuncian violencia, y los exhortó a garantizar órdenes de protección inmediata para mujeres víctimas de cualquier tipo de agresión.
Finalmente, Sandoval pidió a la diputación a reflexionar acerca de las candidaturas independientes, ya que consideró es necesario que exista una ley que obligue que un porcentaje de estas sean para mujeres, pues en las elecciones de 2015, sólo el nueve por ciento de candidaturas postuladas fueron mujeres.

Por Gabriela Ramírez
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, agosto (SEMlac).- Voluntad política y un cambio cultural son elementos indispensables para terminar con la informalidad y la violación de derechos que enfrentan diariamente más de dos millones de personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado en México, de las cuales, el 95 por ciento son mujeres.
En los últimos 35 años las trabajadoras del hogar han tenido una participación más activa en la defensa de sus derechos laborales a través de la creación de espacios como el Colectivo de Acción Solidaria con las Empleadas Domésticas (CASED) en 1980, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), hace casi 12 años, o la conformación en 2015 del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinacttraho).
A pesar de ello, persiste la falta de voluntad política del Gobierno Federal para ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reconocer en la legislación los derechos de las trabajadoras del hogar.
Al mismo tiempo, la sociedad sigue demeritando este tipo de empleos, pese a que este permite a otras familias desarrollarse en diversos ámbitos.
Para garantizar el cumplimiento de sus derechos, las trabajadoras del hogar han iniciado una nueva estrategia: Hablar con las propias trabajadoras y las personas empleadoras para explicar los beneficios de contar con un contrato de trabajo, situación que las ha llevado a firmar los primeros contratos de trabajo en la Ciudad de México.

Situación actual

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el primer trimestre de 2017, en México hay dos millones 480.466 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, y el 90 por ciento son mujeres.
La encuesta señala que de las personas dedicadas a esta actividad, 99 de cada 100 laboran sin un contrato escrito y el 76,5 por ciento recibe como ingreso por su trabajo, hasta dos salarios mínimos o menos. El salario mínimo es de 80,4 pesos por día, lo que equivale a 4,7 dólares diarios.
En cuanto a la duración de la jornada laboral, 59,5 por ciento de las mujeres ocupadas en este tipo de actividades cumplen jornadas menores a 40 horas y 38,6 por ciento trabaja 40 horas o más a la semana. 
Hasta el momento, 18 contratos de trabajadoras de hogar se han firmado en la Ciudad de México, explicó en entrevista Marcelina Bautista, secretaria general del Sinacttraho.
Dijo que estos convenios son resultado de la campaña "Trabajo digno por ti, por mí y por todas mis compañeras", en la que participan organizaciones civiles como Hogar Justo Hogar y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
Con esta campaña, señaló, buscan llegar a 10.000 contratos de trabajo para el 20 de diciembre, fecha límite de entrega del aguinaldo.
"El objetivo es terminar con la situación irregular de las trabajadoras del hogar quienes son víctimas de violaciones a sus derechos laborales ya que no se respetan sus horas de trabajo; no tienen acceso a ningún tipo de prestaciones como seguridad social, vacaciones o aguinaldo; y en ocasiones no reciben un sueldo so pretexto de que las y los patrones les brindan habitación y comida" explicó Bautista.

El papel de las autoridades y la armonización legislativa
Pero la campaña no queda sólo en la firma de contrato, dijo, también busca exigir que el Senado ratifique el Convenio 189 de la OIT, y las autoridades federales y locales reconozcan y dignifiquen el trabajo en el hogar.
De acuerdo con la OIT, de los 17 países que han ratificado el Convenio 189, nueve se encuentran en América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.
Este convenio establece lineamientos sobre el salario, prestaciones, seguridad social y diseño de políticas públicas en beneficio de este sector.
En México vemos que hay resistencia a ratificar el convenio por un tema sobre todo económico, ya que si son más de dos millones de trabajadoras del hogar, se piensa que requerían servicios de salud o guarderías, entre otras prestaciones, de manera inmediata, situación que no es así.
"Experiencias internacionales nos muestran que esto no es un proceso que se dé de golpe, sino que va lentamente y mientras tanto trabajadoras y empleadoras pagarían sus cuotas", explica Christian Aurora Mendoza, investigadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
A este llamado al ejecutivo se han unido, desde hace años, diversas organizaciones e instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) o el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), e incluso en el Congreso de la Unión se han hecho más de 10 exhortos desde 2011 para que ratifique el convenio.
En 2014 la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diva Gastélum, abordó el tema desde la perspectiva del sistema tributario e indicó que este debe ser atractivo para el gobierno, a fin de que no se piense que sólo es un gasto.
Pero en México además quedan otras reformas por hacerse, independientemente de la ratificación del Convenio de la OIT, relacionados con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Seguro Social.
"La Ley Federal Trabajo establece que este grupo puede laborar 12 horas consecutivas y no ocho, como el resto de las personas trabajadoras; además la Ley de Seguro Social establece que no se pueden inscribir al régimen obligatorio y, por lo tanto, no tienen derecho a servicios de salud, pero tampoco a guarderías, cuando son un grupo que tiene en promedio más de dos hijos/as" señala la investigadora Mendoza.

Un cambio de cultura
La campaña del Sinacttraho apuesta también por un cambio de cultura que logre dignificar y hacer visible este trabajo.
Marcelina Bautista señaló que el Sindicato trabaja por una parte con las empleadas para que estas puedan conocer sus derechos, ver la importancia del trabajo que realizan, conocer los beneficios de contar con un contrato, y de tener prestaciones, a fin de que sean ellas mismas quienes acudan ante las empleadoras para convencerlas.
"Que vean que luego las contratan para algo y como el hogar y sus dinámicas van cambiando, les van pidiendo que hagan más cosas, por más tiempo y por el mismo salario".
Por otra parte, la organización Hogar Justo Hogar y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir trabajarán también con las empleadoras a través de una campaña audiovisual que está próxima a lanzarse.
La señora Petra Leyva, una trabajadora de entrada por salida en diversas casas ubicadas en la colonia Del Valle en la Ciudad de México, habla de la necesidad de cambiar esta cultura respecto a su trabajo.
"Nos siguen viendo como si fuéramos menos, como si lo que hacemos no valiera. Pero no sólo las familias para las que trabajamos, sino también nuestras propias familias o amistades. Pero no es algo de dar vergüenza dedicarnos a esto, o al menos no debería serlo".

Por Soledad Jarquín
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Oaxaca, México, agosto (SEMlac).- En la última década se han registrado en México cerca de 11.000 muertes maternas, a las que se suman unos 400 casos más reportados en lo que va del presente año, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud.
Consecuencia de ello, en los últimos cinco años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 121 recomendaciones a instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como a 26 sistemas estatales de salud, que constituyen el 81 por ciento del total de entidades del país.
De acuerdo con la CNDH, poco más de la mitad de las recomendaciones se emitió por inadecuada atención médica al momento del parto, que derivó en la muerte de 14 mujeres y de 37 bebés.
Para Paola Sesia Arcozzi-Masino y Sergio Meneses Navarro, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en Oaxaca y Chiapas, respectivamente, la muerte materna está ligada a factores como la desigualdad social, exclusión y discriminación por clase, etnia y género.
En entrevista para SEMlac, por separado, ambos reconocieron que ha crecido la infraestructura hospitalaria, pero no basta con abrir hospitales y contratar más personal, se requiere un proceso de sensibilización del personal médico.
Aseguran que si bien en Chiapas y Oaxaca, como en el resto del país, ha disminuido la muerte materna, aún no se alcanzan los Objetivos del Desarrollo Sustentable propuestos para 2015, que es reducir en 75 por ciento la incidencia de muerte materna y garantizar la cobertura universal de la asistencia especializada al parto.

Violencia y corrupción
Esos factores estructurales y, al mismo tiempo, la falta de transparencia en los programas y presupuestos, han detonado en actos de corrupción, muchos de ellos públicos, lo que repercute en la muerte materna y la de los infantes.
Los casos registrados en las recomendaciones de la CNDH muestran actos de discriminación y violencia como gritos e insultos a las pacientes, la falta de atención oportuna, malas valoraciones médicas que provocaron que parieran en jardines, baños o en la calle, violaciones al derecho a la salud de parturientas y la imposición de métodos de anticoncepción sin consentimiento de las mujeres, este último en seis casos.
Salvo los estados de Nuevo León, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Quintana Roo y Tlaxcala, el resto de las entidades tiene al menos una recomendación.
La Ciudad de México, que concentra diversos hospitales públicos del IMSS, ISSSTE, SEDENA y del sistema del gobierno local, tiene 17 recomendaciones; le sigue Oaxaca con un total de 13, con nueve Michoacán, y con ocho en Chiapas y Veracruz, respectivamente.
Las recomendaciones de la CNDH también son por el desabasto de medicamentos, la aplicación de vacunas que provocaron discapacidad y fallecimiento de niños y niñas, denuncias por carencia de energía eléctrica por falta de pago en un hospital y negación oportuna de atención médica a seis personas privadas de su libertad lo que derivó en su muerte.
El sistema de salud en el país ha navegado entre claros y oscuros que repercuten en la salud de la población. Hay acusaciones de corrupción en diversas entidades, las más recientes en Veracruz durante el sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien hoy enfrenta un proceso; en tanto que Germán Tenorio Vasconcelos, exsecretario de Salud de Oaxaca, espera ser juzgado desde la prisión.

Desigualdad persiste
Sergio Meneses Navarro, médico cirujano y doctor en Ciencias de la Salud Pública, refiere que en Chiapas la infraestructura hospitalaria pasó de 10 a 25 hospitales en los últimos 17 años, lo que mejoró la atención médica, particularmente por parto y emergencias obstétricas.
Sin embargo, un estudio que realizó revisando lo sucedido en la primera década de este siglo, revela que la brecha de desigualdad se duplicó entre las mujeres indígenas y no indígenas.
"Las primeras tienen una mayor tasa de mortalidad materna, porque en el fondo no se atienden las causas estructurales de la desigualdad, y en tanto no ataquemos de frente y con claridad las diferencias de racismo, clase y género, no disminuirá la muerte materna", señaló el investigador, quien ha puesto en marcha en diversos hospitales el programa Trato Digno para revertir este problema.
Paola Sesia Arcozzi-Masino, quien ha dedicado 15 años a la investigación de este problema social-médico en Oaxaca, explicó que la muerte materna se reconoce como un indicador muy sensible a las desigualdades de clase social y/o de discriminación étnica o racial que sitúan en mayor riesgo de morir durante la reproducción a las mujeres pobres, que viven en localidades de muy alta marginación, rurales y/o indígenas.
La doctora en Antropología sociocultural indica que para el período 2002-14, el riesgo de fallecer durante la maternidad para mujeres de localidades rurales de Oaxaca fue 4,3 veces mayor que para las residentes en las principales ciudades del estado, incluyendo la capital.
Reconoce, sin embargo, que como sucede en el país, en Oaxaca ha disminuido de manera sensible el número de fallecimientos de mujeres durante el período de maternidad, lo que se explica como resultado de políticas públicas para disminuirla y que han tenido "cierto éxito"; el reto ahora es reducir las brechas interestatales.

Oaxaca…habrá que esperar
El panorama en Oaxaca no es halagador; en entrevista para SEMlac, el secretario de Salud, Celestino Alonso Álvarez, declaró que el déficit presupuestal es de 5.300 millones de pesos (311 millones 764 mil dólares), hay 114 hospitales y clínicas inconclusas desde hace dos sexenios, y la conclusión y operación del Hospital de la Mujer tendrá que esperar para la segunda mitad del próximo año, ya que, aunque se termina la construcción de la primera etapa para 30 camas este fin de año, su equipamiento será hasta el próximo verano.
Alonso Álvarez, el segundo secretario de Salud de la actual administración que está iniciando su octavo mes, apuntó que estabilizar financieramente los servicios de salud de Oaxaca requerirá de al menos dos o tres años más, de ahí que ante los escasos de recursos financieros se tendrán que priorizar las acciones.

Por Alicia Mendoza 
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, julio (SEMlac). El Senado de la República mexicana a través de su Unidad de Género, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y ONU Mujeres presentaron el Atlas de Género, plataforma informática de estadística que reúne indicadores demográficos con perspectiva de género y que servirá para el trabajo legislativo cotidiano.
En el evento que se llevó a cabo en la casona de Xiconténcatl participaron las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez; Paloma Merodio Gómez, vicepresidenta de la Junta de Gobierno del INEGI; Lorena Cruz Sánchez, presidenta del INMUJERES, Juliette Bonnafé, responsable del Programa de ONU Mujeres en México, y María Eugenia Gómez Luna, directora General Adjunta de Asistencia Técnica al Subsistema Nacional de Información Económica.
Al destacar que la información estadística es una de las herramientas necesarias para impulsar el cumplimiento de la agenda de género, Cruz Sánchez informó que el Atlas de Género es un esfuerzo interinstitucional del INEGI y el INMUJERES, con la participación de ONU Mujeres y la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La información del Atlas de Género reúne 85 indicadores, sobre 10 temas, con lo que se hacen visibles las desigualdades y brechas de género, además de identificar estas diferencias según la ubicación geográfica, pues se analiza cada estado del país.
Con dicha información se puede orientar el desarrollo, planear, mejorar, modificar, dar seguimiento y evaluar, tanto políticas públicas, como acciones legislativas e impulsar la toma de decisiones enfocadas en la igualdad sustantiva de género para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y niñas en México, destacó María Eugenia Gómez Luna. 
Así, el Atlas muestra mapas que dan cuenta de las desigualdades entre mujeres y hombres, sobre los temas de: población, educación, salud, trabajo, uso del tiempo, emprendimiento, pobreza, toma de decisiones, población indígena y afrodescendiente, y violencia contra las mujeres, todos relacionados con los derechos humanos.
Por ejemplo, en el ámbito laboral indica que a nivel nacional 59,6 por ciento de las mujeres están ocupadas en el sector informal, mientras que el 57,3 por ciento de los hombres están en el mismo sector, es decir, que las mujeres se ocupan más en el sector informal, destacó Paloma Merodio Gómez.
Otro de los resultados señala que las mujeres a nivel nacional trabajan más, ya que al sumar las horas de trabajo remunerado y no remunerado en promedio registran 3.032 horas, en comparación con los hombres que registran 2.500 horas, según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2014.
Además, el Atlas visualiza que para 2015, 14 estados de la República contaban ya con una representación de mujeres en sus congresos locales igual o mayor al 50 por ciento, y que a nivel municipal sólo dos estados alcanzaban poco más del 40 por ciento de mujeres como presidentas municipales, en comparación con 19 estados donde más del 90 por ciento de sus municipios estaban encabezados por un hombre.
María Eugenia Gómez adelantó que los indicadores del Atlas de Género serán actualizados, ya que en agosto próximo el INEGI dará a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016.
A su vez, la presidenta del INMUJERES recordó que la ENDIREH se levantará de manera regular cada cinco años, debido a que la Junta de Gobierno del INEGI la consideró como Información de Interés Nacional, en 2015.
Desde la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en México en 1975 y la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, Beijing 1995, se puso de manifiesto que la falta de estadísticas y datos desagregados por sexo era parte de los obstáculos que impiden cambiar la vida de las mujeres y niñas; por ello con el Atlas de Género se cumple con el mandato de estas conferencias internacionales de derechos humanos, subrayaron las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez.

De la Redacción
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

La Habana, julio (Especial de SEMlac).- "Me golpeó tan bestialmente en la cabeza, que me provocó pérdida de la visión de un ojo, desorientación y disociación", contó la mujer a la investigadora, aún en estado de fuerte conmoción, a pesar de haber transcurrido algún tiempo desde los hechos.
Fue así, en ese estado, que "tomé un pomo con una sustancia inflamable y se lo tiré y lo prendí", concluyó la entrevistada.
Se trata de uno de los tantos testimonios anónimos de la investigación doctoral de la socióloga Iyamira Hernández Pita, que vuelve sobre uno de los debates actuales más polémicos vinculados a la atención integral de la violencia de género en Cuba: las múltiples brechas que existen en el marco jurídico- normativo.
A juicio Hernández Pita, "ofrecer protección y seguridad a víctimas y sobrevivientes de violencia de género pasa por incorporar a la estructura jurídica elementos que permitan articular el trabajo preventivo, además de brindar un tratamiento específico a esas personas", explicó a SEMlac.
Por su parte, la jurista Arlín Pérez Duharte, profesora de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, considera que las brechas y desafíos de la legalidad cubana frente a la violencia de género "se pueden ubicar en cuestiones que se relacionen con la norma vigente, que a veces se necesita cambiar o mejorar".
Pero también existen otras "que se relacionan con la aplicación de las leyes ya existentes, como la interpretación inadecuada de algunas herramientas que tiene la norma penal" aseveró Pérez Duarte a SEMlac.
Con ellas coincide el también jurista Manuel Vásquez Seijido, subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), quien aprecia "múltiples retos a la hora de abordar de manera integral la violencia de género".
"Si se profundiza en algunos delitos que son conocidos y sancionados por nuestros tribunales, encontraremos que entre los motivos del hecho violento yace la violencia de género como una causa. Pero, que yo conozca, no existe ninguna norma jurídica vigente en nuestro país que regule expresamente la violencia de género", aseveró Vásquez Seijido en entrevista con SEMlac en noviembre de 2016.
Para este jurista, la norma que quizá pueda acercarse más a cumplir esa función es el Código Penal.
"Pero, en los casos de delitos contra la integridad física, no vas a encontrar en el Código Penal ninguna agravante que exprese que el delito ocurrió motivado por odio o aversión hacia una persona por su género, identidad de género u orientación sexual", precisó.
En su artículo "Código Penal cubano y violencia contra la mujer por su pareja: una relectura con enfoque de género", la investigadora Aida Torralbas hace referencia a caminos que quedan por recorrer.
La especialista holguinera subraya que "las normas jurídicas son un reflejo de los valores que imperan socialmente, y también son un reflejo de la ideología dominante en una sociedad dada", indicando los caminos que aún quedan por recorrer.

Contexto particular

Las preocupaciones y reflexiones de estos especialistas, aunque alimentan un debate actual, tienen historia. 
A mediados de la década pasada, los abogados Idalia Martiatu y Julio Perojo ya habían obtenido un resultado de investigación que cuestionaba la falta de especificidad de la legislación cubana en torno al tema.
En su "Estudio sobre violencia y tratamiento penal en Matanzas", los abogados constataron que en el Código Penal no existe un reconocimiento legal a la existencia de la violencia familiar en particular, y contra la mujer en general, a partir de una indagación concentrada básicamente en su provincia de residencia, a poco más de 100 kilómetros al este de la capital.
Concretamente, si el hecho de golpear a una persona no trae como consecuencia lesiones que requieran tratamiento médico, no es considerado delito, sino una contravención del orden público, y se resuelve con la imposición de una multa al golpeador, lo que añade humillación sobre la víctima y cierto grado de desprotección, advertían Martiatu y Perojo.
De acuerdo con esa investigación, 90 por ciento de los 24 fiscales, abogados, instructores policiales y jueces entrevistados en Matanzas coincidió en la necesidad de promulgar una ley específica con ese objetivo.
Más recientemente, en 2014, la doctora Clotilde Proveyer, socióloga de la Universidad de La Habana, también alertaba del valor de la visibilización de la violencia de género en las leyes.
A su juicio, hacerlo "facilita la actuación en el marco de la legalidad contra la impunidad de los maltratadores", explicó en su artículo "Violencia de género. Aproximación desde la realidad cubana", publicado ese año en la revista Sexología y Sociedad.
Sin embargo, "es importante tener en cuenta que una ley por sí sola no contribuye a acciones eficaces; existe un abanico de cuerpos legales en nuestro país que contribuyen a la protección de las mujeres, y todos tienen un papel preventivo si se cumplen adecuadamente", reflexionaba Proveyer, quien cuenta con una larga trayectoria en el estudio del tema.
En un punto coinciden la mayoría de los especialistas entrevistados y de las investigaciones consultadas: si quienes aplican las leyes no cuentan con capacitación y una adecuada conciencia de género, la ley, aunque exista, puede convertirse en letra muerta. 
Un total de 20 países de América Latina y el Caribe cuentan actualmente con leyes de violencia contra las mujeres, aunque solo en ocho se asignan recursos específicos en su presupuesto nacional, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En tanto, 14 países han tipificado el delito de feminicidio y dos lo han establecido como un homicidio agravado por razones de género en su legislación.
En Cuba, en 2012, la Conferencia Nacional del Partido Comunista reconoció la necesidad de enfrentar la violencia de género e intrafamiliar, lo que se convirtió en el primer pronunciamiento público oficial sobre el problema.
Pero aun cuando varios artículos de la Constitución, el Código Penal y otros cuerpos legales incluyen normativas relacionadas con la equidad de género, no existe todavía una legislación adecuada y específica para enfrentar la violencia machista, ni instrumentos suficientes para proteger a las víctimas.
Por ejemplo, aunque el Código Penal considera como agravante, en caso de maltrato, la existencia de parentesco entre víctima y agresor, en el caso del delito de lesiones, "existe un incorrecto tratamiento en su aplicación", reconoció Pérez Duarte a SEMlac.
"Este delito habla de lesiones corporales y de dañar gravemente la salud, pero eso no se ha interpretado como que el agravar o dañar gravemente la salud tiene que ver también con violencia de tipo psicológica. Por lo tanto, cuando una mujer sufre de este tipo de violencia, que no deja marcas visibles, muchas veces se encuentra con que no tiene un tratamiento penal adecuado, porque no se entiende como delito de lesiones", detalló.
Igualmente, se identifican muchas limitaciones a la hora de intervenir en el medio familiar, según los análisis de esta jurista.
"Todavía está presente en el medio jurídico que la familia deber resolver sus problemas a lo interno, entre marido y mujer nadie se mete y entre parejas, cualquiera que sea su condición sexual, tampoco", argumentó Pérez Duarte. 
Tras una intensa investigación testimonial y documental sobre el tema para su tesis doctoral, Hernández Pita resumió algunas recomendaciones para este servicio.
En su opinión, "se debe incorporar al Código Penal el delito de malos tratos, para evitar la impunidad de los agresores y poder intervenir proactivamente en estos casos".
Igualmente, la socióloga considera que es urgente la aprobación de una ley que sancione el feminicidio, porque aumenta la presencia en el escenario cubano de las muertes como máxima expresión de la violencia de género.
Pero también "faltan servicios especializados para los agresores, como medida penal alternativa y, en paralelo, se debe trabajar educativamente con los operadores y decisores del Derecho, en promover conciencia de la magnitud del fenómeno y de sus costos sociales y para la salud", agregó Hernández Pita.
Para esta estudiosa, cada vez más se refuerza la necesidad de una Ley integral de género, y no solo de atención a la violencia de género en particular.

Violencia contra violencia
A juicio de Hernández Pita, además, el tema jurídico normativo cobra especial relevancia en presencia de aquellas mujeres víctimas-sobrevivientes, que a menudo por falta de apoyo institucional, o en legítima defensa, dan muerte a su pareja o expareja y asumen la doble condición de víctima y victimaria.
Un ejemplo claro de esta situación se da con "la interpretación de la eximente de la legítima defensa que puede dar solución a casos de violencia donde la mujer pasa de víctima a ser victimaria", confirmó Pérez Duarte.
Cuando esta posibilidad no se aplica adecuadamente, y no se toma en cuenta que la mujer ha reaccionado a un ambiente de violencia, se encuentra entonces desprotegida en el mismo proceso penal, explicó la profesora de la Universidad de La Habana
Historias de vidas de mujeres en esa condición respaldan la opinión de estas expertas.
"Me obligaba a tener relaciones sexuales sin yo tener deseo (…), le temía porque me golpeaba muy fuerte, nunca supe que hacer, a quién acudir o pedir ayuda, me paralicé…", explicó otra de las mujeres que brindó testimonio anónimo para la investigación doctoral de Hernández Pita.
"Una noche llegó y buscó un pretexto para discutir, me golpeó y luego me obligó a tener coito anal, me bañé porque me sentía asqueada y puse a hervir agua, y me dije: 'nunca más me harás estas cosas'".
En casos como estos "se puede hacer uso de lo que dice la ley durante el proceso de instrucción jurídico-penal, con la finalidad de buscar equilibrio entre el hecho y la vulnerabilidad criminalizante, teniendo en cuenta la autobiografía de estas mujeres, surcada por una historia lineal de maltrato como atenuante para obtener límites de sanción menor", recomienda Hernández Pita.
Igualmente, llama a hacer interpretaciones de lo que dice la ley en cuanto a la legítima defensa, "siempre que se agredan los derechos individuales, patrimoniales, el honor, la defensa de un tercero o el miedo insuperable".
En su investigación, Hernández Pita pudo constatar que "todo lo que hasta el momento ofrece la ley frente a la atención de estos casos no se utiliza, porque estamos frente a un fenómeno naturalizado, que no es reconocido como delito y, por ende, no recibe el tratamiento jurídico que debe".
Pérez Duarte, aunque concuerda en que urge una legislación específica, insiste en que "no podemos esperar a que cambien las leyes para resolver los problemas".
"Con lo que se tiene, se puede ir trabajando", sostiene. En su criterio, primero hay que profundizar en la capacitación que se le da a todas las personas que están involucradas en el proceso de impartir justicia: policía, instrucción, fiscalía, tribunales y abogados, entre otros.
Todo en función de "visibilizar que existen en la norma --tanto civil, como familiar, penal y laboral-- recursos para tratar el tema de la violencia contra la mujer", aseveró. 

De la Redacción
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Aguascalientes, México, julio (SEMlac).- Las mujeres son, desde hace varios años, una mayoría de la población mexicana, con 51,2 por ciento de los 123,5 millones de personas que habitan el país, y la mortalidad materna disminuyó en los últimos 25 años en 54,1 por ciento.
La información fue proporcionada en un comunicado de prensa por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a propósito del Día Mundial de la Población, celebrado el pasado 11 de julio.
El texto señala que, conforme a las proyecciones de población que estima el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el número de personas que reside en el país en 2017 es de 123,5 millones. En tanto, las mujeres componen 51,2 por ciento y los hombres, 48,8.
Por edad, se observa una gran cantidad de niños y niñas menores de 15 años (33,3 millones) y jóvenes de 15 a 29 años (31,9 millones). Ambos grupos de edad concentran en poco más de la mitad de la población total (52,8 %). 
Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó de 37,9 a 27 por ciento, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29,7 a 25,8 por ciento.
La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los sesenta y el aumento de la esperanza de vida han generado una base piramidal cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) y adultos mayores (60 y más años).
Los primeros incrementaron su porcentaje de 26 a 36,7 por ciento, entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 y más años se acrecentaron de 6,4 a 10,5 por ciento en el mismo período. Se espera que en 2050 su monto aumente a 32,4 millones (21,5 % de la población total). 

Desafío inmediato: población adulta mayor
El aumento de las personas adultas mayores implica desafíos importantes en materia de política pública. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), "el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos, el mercado laboral, financiero y la demanda de bienes y servicios, así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales".
Otro proceso demográfico vinculado a los cambios en la estructura por edad tiene que ver con el aumento relativo de la población en edades potencialmente activas (bono demográfico). Lo anterior se puede percibir cuando se analiza la tendencia a la baja de la razón de dependencia demográfica, la cual expresa el número de dependientes económicos (0 a 14 años y 60 y más años) por cada 100 personas en edad de trabajar (15 a 59 años).
Entre 1970 y 2017, la razón de dependencia demográfica pasó de 107,6 a 59,9 dependientes por cada 100 personas en edades activas. Se prevé que en los próximos años este indicador siga bajando, haciendo más patente el incremento relativo de la población en edad productiva. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), "una mejor educación y empleo para los jóvenes son la clave para aprovechar el bono demográfico". 
En México datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), indican que, en el cuarto trimestre de 2016, 2,4 por ciento de la población de seis a 14 años y 32,5 por ciento de la población de 15 a 19 no asiste a la escuela. Por otra parte, la mayoría de las y los jóvenes de 25 a 29 años sabe leer y escribir un recado (98,5 %); sin embargo, solo la mitad (49,7 %) cuenta con algún grado de educación media superior y superior.
Los desafíos que presentan ambos procesos (envejecimiento y bono demográfico) deben constituir una coyuntura para que a la población se le garanticen los derechos sociales imprescindibles, a fin de generar capacidades y oportunidades de desarrollo.
En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) argumenta que "ante las crisis económicas, climáticas y alimentarias que se enfrentan en la actualidad, la generación de capacidades en los estados y las sociedades para el diseño y la implementación de estrategias que minimicen su impacto será un elemento crucial para sustentar los avances hacia la consecución de los objetivos del desarrollo".

Esperanza de vida
La mayor sobrevivencia de la población es consecuencia de los avances tecnológicos y una mejor cobertura en los servicios de salud. De acuerdo con las proyecciones del CONAPO, para 2017 la esperanza de vida al nacer es de 75,3 años. Con este aumento en la sobrevivencia de las personas, las causas de fallecimiento se dan principalmente por padecimientos crónico-degenerativos.
Lo anterior se reafirman con las estadísticas de mortalidad: en 2015, la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las del hígado y las cerebrovasculares constituyeron las principales causas de muerte de la población; en conjunto ocasionaron 39 por ciento del total de las defunciones ocurridas en el país.

Salud reproductiva
Datos que proporciona la Encuesta de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, indican que la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos es de 4,9 por ciento entre las mujeres unidas en edad fértil; mientras que en las adolescentes (15 a 19 años) unidas, llega a ser de 13,5 por ciento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) argumenta que la planificación familiar no solo permite espaciar o limitar los embarazos, sino también disminuye el riesgo de morir por una procreación prematura o porque la mujer ha tenido más de cuatro hijos. En este sentido, reducir la mortalidad materna e infantil forma parte del enfoque que se le da a la salud reproductiva. Entre 1990 y 2015, la razón de mortalidad materna en el país disminuyó de 88,7 a 34,6 defunciones de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos.
La OMS estima que, en 2015, en los países de ingreso bajo, solo 40 por ciento de las embarazadas realizaron la atención prenatal recomendada. México está por arriba de esta cifra y así lo demuestran los datos de la ENADID 2014 que estiman que 97,2 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años con su último embarazo entre enero de 2009 a septiembre de 2014 recibió atención prenatal con un promedio de 8,5 consultas.
En cuanto a la mortalidad infantil, también se observa una disminución importante entre 1990 y 2015, al pasar de 32,5 a 12,5 defunciones de niños menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos. La OMS hace énfasis en que "el riesgo de muerte del niño es mayor durante el período neonatal (los primeros 28 días de vida) y para evitarlo son esenciales un parto seguro y cuidados neonatales eficaces".
En México se realiza un seguimiento especial a las defunciones de niños de cero a cuatro años ocasionadas por enfermedades diarreicas y respiratorias agudas. Ambas han disminuido su nivel entre 1990 y 2015 al pasar de 145,9 a 7,3 y de 124,5 a 16,5 defunciones por cada 100.000 niños menores de cinco años, respectivamente.
ONU comenta que, en 2013, el número de personas que vivían con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) a nivel mundial era de 35 millones y en ese mismo año fallecieron 1.5 millones por esta enfermedad. En México, los casos notificados de VIH y de sida de personas que se encuentran vivas son 135.515 (al 15 de noviembre de 2016), en tanto que los registros administrativos de defunciones señalan que, en 2015, murieron 4.756 personas por VIH, de los cuales, 19,8 por ciento eran jóvenes de 15 a 29 años.
Para la OMS, el VIH/sida es uno de los más graves problemas de salud pública en el mundo y conforme a esta organización, "los países deben formular y aplicar políticas y programas destinados a mejorar y ampliar los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH para todas las personas que lo necesitan". 

Por Gloria Analco
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, julio (SEMlac).- Frente a la controversia de que los acuerdos del comercio internacional afectan la vida de las mujeres, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) presentó una nueva herramienta digital que provee información sobre el impacto de políticas de comercio sobre la equidad de género.
Ello, a pesar de que estudios sobre la liberación de las transacciones comerciales y su impacto de género "no muestran efectos negativos o positivos", según la UNCTAD.
Sin embargo, los efectos de los tratados de libre comercio, como el TLC, han sido objeto de estudio por diversas organizaciones por desatender el enfoque de género y los efectos diferenciados que tienen los modelos de esos tratados.
Según la controversia, acuerdos como la Asociación Transpacífico, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los Acuerdos de Asociación Económica, han afectado la vida de las mujeres.
En opinión de la UNCTAD, los análisis que han derivado en esa afirmación deben considerar el contexto en el que se desenvuelven las políticas que inspiran a dichos tratados sobre comercio.
Las organizaciones que promueven la igualdad de género han producido valiosas investigaciones sobre ese asunto, con resultados significativos sobre el impacto que frena la liberalización económica de las mujeres.
Esos tratados, han concluido varios estudios, afectan la cantidad de nuevos empleos que pudieran ser destinados a las mujeres, permiten la evolución de la brecha de género en las remuneraciones, así como la calidad del empleo.
También con ellos se hacen más presentes los niveles de pobreza e inequidad distributiva, lo cual afecta más a las mujeres, y otro hallazgo fundamental de las investigaciones sobre Comercio y Género es que el crecimiento del comercio internacional no ha contribuido a mejorar la vida de las mujeres.
Por otro lado, tampoco han contribuido a atender la esfera de la economía del cuidado, lo cual impide lograr un impacto positivo en términos de equidad social y de género.
Por su parte, la UNCTAD consideró que esos análisis deben considerar el contexto en el que se desenvuelven esas políticas, por lo cual el organismo sugiere que las implicaciones de ese tipo sean estudiadas caso por caso.
La herramienta cubre esa necesidad, al utilizar datos que predicen el potencial impacto en la población de una medida sobre el comercio internacional, antes de ser implementada.
Esta forma de evaluación responde a la pregunta de qué pasaría con las mujeres si una cierta política de este tipo fuera implementada, explicó la UNCTAD.
La herramienta fue presentada durante la Sexta Revisión Global de Ayuda al Comercio que se celebró en Ginebra hasta el 13 de julio.

Página 1 de 28
Volver