Reportajes y noticias de SEMlac

Del 19 al 25 de noviembre de 2007

 

 

Uruguay: "No más hijas del rigor", una ONG de madres de mujeres asesinadas por hombres violentos

Por Cristina Canoura

 

Montevideo, noviembre.- María Esther Marcos tiene 48 años, un marido, cinco hijos vivos y una asesinada, María Fernanda Rial Marcos, de 26 años, que el 18 de abril de 2007 murió de tres balazos a manos de su compañero desde hacía casi tres años, Walter Daniel Olivera, un policía de 42.

 

El homicida estaba sumariado por reiteradas denuncias de violencia. Aún así, logró burlar las órdenes y portar el arma con la que disparó a la joven antes de suicidarse. María Fernanda dejó dos hijos, una niña de 11 y un varón de nueve, que ahora viven con su padre biológico, bien cerca de la casa de su abuela materna, con quien prácticamente se criaron.

 

Impotente y rabiosa, María Esther Marcos tomó conciencia de que muchos signos de violencia, que podrían haberle anunciado el trágico final de su hija, le pasaron inadvertidos.

 

"No supe leerlos", dice a SEMlac sentada a la mesa del sencillo comedor de su vivienda, en un periférico y humilde barrio de Montevideo. Recuerda el día que el hombre rompió el televisor y pensó: "Por lo menos, se descarga en eso y no con mi hija". No sabía que ese acto era el preámbulo de la agresión física extrema.

 

Cuando aún no habían transcurrido seis meses de haber enterrado a su hija, María Esther decidió no quedarse encerrada llorando su duelo. Cada día, muchas mujeres, como su hija, corren el mismo riesgo y, otras muchas, madres como ella, no saben qué hacer para salvarlas de la agresión masculina, pensó.

 

Para ayudarlas, junto con María del Carmen Iguini —quien también vivió una situación similar hace cinco años— creó la organización "No más hijas del rigor".

 

Con la voz cortada y una pudorosa lágrima que ella se empeña en reprimir, dice: "Sentí impotencia. Impotencia como madre, porque no sabía cómo ayudarla. La escondimos, la cuidamos, la defendimos, pero no supe la forma de sacarla adelante. No encontré un lugar, como madre, para ir a preguntar qué hacer”.

 

“Hice lo que me dictó mi conciencia, mi sentido común. Esa misma impotencia me llevó a organizar esto. Hay un vacío de los padres, de los hermanos, de los tíos. La persona que vive violencia busca ayuda y la tiene, pero y nosotras ¿qué?", añade.

 

Marcos se acercó a otra ONG llamada "Espacio de Desarrollo Personal", que ofrece asistencia a mujeres víctimas de violencia doméstica. Dirigida por Silvia Ferrero, una perita en el tema formada en la Universidad de Buenos Aires, esta organización trabaja a partir de redes solidarias entre mujeres.

 

Cuando llega un caso de alto riesgo, esta ONG pone en acción mecanismos de protección para poner a salvo a la mujer. Le busca a ella (y a los hijos si los tiene) un lugar seguro y la esconde hasta lograr una definición judicial respecto al agresor, ya sea la exclusión del hogar o medidas cautelares.

 

Mientras tanto, a la mujer la trata una psicóloga y una abogada hasta tanto pueda reintegrarse a su hogar. No la dejan sola. Van con ella a hacer la denuncia, al médico forense, la acompañan a las audiencias judiciales, le buscan juristas. La integración a grupos y talleres de autoayuda es el siguiente paso.

 

"Nuestra idea es asesorar a las madres. Pero antes, necesitamos capacitarnos nosotras, prepararnos, buscar metas y ver la manera de llevarlas adelante", dice María Esther.

 

Su mayor preocupación es lograr que las autoridades municipales concedan, en préstamo o comodato, casas donde puedan guarecerse las mujeres cuando tienen que escapar del hogar sin necesidad de recurrir a albergues comunales creados para que personas sin casa y sin trabajo pernocten apenas.

 

También procuran establecer contacto con empresas de diversa índole dispuestas a conceder trabajo en forma prioritaria a aquellas víctimas de violencia sin ingresos o desempleadas, que escapan de sus maridos o compañeros violentos pero no tienen condiciones de mantenerse.

 

La organización humanitaria Emaús les provee de ropas, colchones, cobertores destinados a aquellas que, con frecuencia, se ven obligadas a abandonar su vivienda, apenas con lo que llevan puesto.

 

Aspiran asimismo a derogar la disposición incluida en la ley de Violencia Doméstica, por la cual el hombre que ejerce actos de este tipo no se puede acercar a menos de 300 metros de donde esté la víctima. La quieren derogar porque esta disposición, a juicio de María Esther, no se cumple.

 

"Cuando el 24 de diciembre el compañero de mi hija vino hasta esta casa a buscarla, armado, tenía la exclusión; cuando el 3 de abril fue a buscarla al trabajo tenía la exclusión; cuando llegó a la casa donde estaba escondida y la mató tenía la exclusión. No sirve”, afirma esta mujer.

 

“Yo quiero ir a algo mucho más drástico. Si el hombre viola las medidas dictadas, que se le arreste por cinco días. Vamos a proteger a las mujeres. Ellos violan la ley y no hay pena para eso. Uno llama a la policía y cuando el patrullero viene, el tipo ya se fue", reclama.

 

Por eso, con mucho sentido común y conocimiento de la realidad que se vive a nivel policial, otra de las demandas de "No más hijas del rigor" es que a los policías no se les conceda la licencia que reclaman cuando tienen una denuncia por violencia. "Ellos toman la licencia para estar todo el día molestando a la mujer. Hay detalles que hay que conocer", dice.

 

La ley

Desde julio de 2002 rige en Uruguay la Ley de Violencia Doméstica, la cual fija la competencia de los Juzgados de Familia, y establece las medidas cautelares que los jueces deben decretar "tendentes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar".

 

Esa norma concede a los jueces la potestad de decidir el retiro del agresor de la residencia común; prohibir, restringir o limitar su presencia en el domicilio, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima; prohibirle comunicarse o desarrollar cualquier conducta similar con la persona afectada, allegados, testigos o denunciantes del hecho, e incautar las armas que tuviera en su poder, entre otras disposiciones.

 

Las responsables de "No más hijas del rigor" están listas para iniciar una campaña de información en escuelas, iglesias, templos, y clubes deportivos, porque, a su entender, "es allí donde está el pueblo, no es en el centro, es en los barrios. No puede ser una campaña amigable, tiene que ser de presión porque, ya hace muchos años, que esto pasa", afirma María Esther.

 

Actualmente, las impulsoras de este proyecto se están capacitando, instruyéndose en el tema, así que, por ahora, cuando se les acerca o llama una mujer víctima de violencia, o un familiar allegado, las derivan a "Espacio de Desarrollo Personal".

 

Paralelamente, María Esther está empeñada en reabrir el expediente judicial de quien fue el compañero de su hija e intenta comprometer a un quinto abogado pues, según ella, cada vez que consigue uno desaparece una vez que lee el expediente, sin ninguna explicación. Aunque su yerno esté muerto, esta mujer asegura que el legajo judicial está repleto de irregularidades.

 

Ella y muchas mujeres que han sufrido homicidios en sus familias se reúnen el primer jueves de cada mes en la Explanada Municipal (sede de la Alcaldía) para expresar sus reclamos. Cada una porta un cartel con la foto de la que fue asesinada. Al principio, mostraba apenas la silueta y el nombre. Ahora, cada mes, aparecen nuevos rostros. No es que sean nuevos casos, apenas estaban escondidas.

 

 

República Dominicana: Mujeres solidarias con otras mujeres

Por Mirta Rodríguez C.

 

Santo Domingo, noviembre.- Si todavía vive, Martina (la llamaremos así) andará por los 35 ó 36 años de edad. Hace dos años ella era una de varias mujeres que esperaban ser atendidas por el médico legista en la Fiscalía del Distrito Nacional, en la capital dominicana. En lo visible, la mujer tenía un ojo amoratado, un brazo en cabestrillo y caminaba con dificultad.

 

No era su primera visita a esta dependencia donde —también más de una vez— le habían certificado las lesiones causadas por la brutalidad del marido que, en los últimos tres años, le había robado los enseres domésticos comprados con el trabajo de ella, incluido el refrigerador; le había fracturado una pierna, forzado a tener sexo con muchísima frecuencia y le dejó rotas las puertas de su humilde casita en un barrio semimarginal de Santo Domingo.

 

Martina vivía aterrada y también decepcionada: “Esta batalla no la gana ninguna mujer. A ellos los protegen y se protegen. Una no tiene quién la defienda ni dinero para pagar los papeles, los pasajes y todo lo que hay que hacer para que a un hombre así lo metan preso. Y yo tengo miedo de que me mate, como ha dicho que lo va a hacer…”

 

Ella sabía lo que decía. En República Dominicana, con cerca de nueve millones de habitantes, el número de feminicidios hasta finales de septiembre fue de 108 y más de 10.000 las querellas por malos tratos presentadas sólo en la capital y sus barrios por mujeres violadas, golpeadas, ofendidas, robadas, chantajeadas económicamente, que, efectivamente, no han tenido quienes las defiendan.

 

El Código Procesal Penal protege a los infractores

La situación podría cambiar en la medida en que avance la labor de voluntariado de una Red de Abogadas Defensoras —y también algunos abogados— que se ha conformado para defender a las mujeres.

 

El Código Procesal Penal aprobado el pasado año en República Dominicana, muy controversial y discutido, pero en vigencia, establece que los acusados deben tener defensores, privados o de oficio.

 

Cuando una mujer consigue que un abusador sea llevado a juicio, éste tiene defensor. Pero no es así para ella que, aunque se haya querellado, nadie la acompaña en el proceso. Muchas veces, “la mujer se cansa y abandona la acusación, vuelve junto al hombre menos empoderada y más abatida”.

 

La reflexión pertenece a Clara Luna, una abogada que se desempeña como jefa de Defensoría de la Secretaría de Estado de la Mujer, quien ha sido inspiradora de esta Red. Ella empezó su carrera en una provincia donde vio “de todo” pero, en particular, el desamparo de las congéneres.

 

“Yo quisiera trabajar en la voluntad de todos aquellos que estamos comprometidos en este proceso, porque vale mucho la sensibilización para evitar que una mujer muera. Lo siento como si fuera algo mío, porque yo puedo ver lo fácil que matan a una mujer”, dijo a SEMlac.

 

“Desde este cargo, yo puedo palpar cómo las mujeres viven con mucho miedo, sufren la violencia, dependen de un marido para que mantenga a los hijos, qué deben soportar, porque carecen de mecanismos para librarse de esas personas que las agraden, que las están haciendo sentirse menos que nada, porque no están empoderadas ni económica ni psicológicamente”, comenta.

 

Clara sostiene el criterio de que la violencia no ha aumentado, sino la conciencia de las que están rompiendo el silencio, acudiendo a querellarse y a someter al agresor a la justicia. Tengan o no razón, lo cierto es que las congéneres agredidas no poseen recursos económicos ni información, ni habilidades para incoar las querellas.

 

Otra parte del mismo problema es que aún cuando la mujer lleve su denuncia hasta el final y eventualmente el individuo sea sancionado de acuerdo con las estipulaciones de la Ley 24-97 contra la violencia intrafamiliar, ella “no tiene quien le de seguimiento a su caso y la acompañe”.

 

Insuficiencias y suficiencias

Razones hay unas cuantas: la violencia contra la mujer —no obstante la existencia de la Ley—, no es prioridad de la nación. La Secretaría de Estado de la Mujer carece de presupuesto para estimular el funcionamiento de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia, grupo que debería hacer coincidir a todos los organismos interesados en el problema y a segmentos de la sociedad civil.

 

Se agrega a eso que las propias mujeres viven en pánico, que la difusión de sus derechos y posibilidades es insuficiente, y que la pobreza de la inmensa mayoría las limita.

 

Algunas de esas dificultades podrían eliminarse o reducirse si esta Red de Abogadas logra lo que quiere: “Queremos llevar al Congreso una Ley que iguale a las mujeres violentadas con respecto a los derechos que le asisten a los agresores, de manera que ellas tengan también quien las represente y las defienda”.

 

El comentario pertenece a Ilkania Ramírez, una de las entusiastas promotoras de la Red de Abogadas Voluntarias. Trabaja en el área Este de Santo Domingo, una zona con muchas carencias y conflictos, donde las golpizas son la primera razón por las que ellas buscan ayuda, inmediatamente seguida de la necesidad de forzar a los padres de sus hijos para que proporcionen manutención a sus descendientes, con frecuencia abandonados.

 

La tercera figura delictiva es el incesto: “Hace unos días tuvimos que someter a un padre que se llevaba a sus dos niñas a moteles para tener sexo con ellas. Dijo que él así las enseñaba. La madre lo sospechaba, pero no se atrevía a denunciarlo. El hombre está preso”.

 

El problema es grande

Es grande también el esfuerzo que se viene realizando. En los días próximos al 25 de noviembre se abrirá en la capital una segunda casa de acogida, refugio para que las mujeres agredidas y con sus vidas amenazadas puedan ir, con sus hijos e hijas, y ser socorridas y orientadas.

 

La aspiración de Clara Luna es que, cuando la mujer esté en condiciones de dejar ese lugar, haya también casas de recuperación con las condiciones para que ellas vuelvan a tomar en sus manos la conducción de sus vidas.

 

En República Dominicana, además, hay una Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, responsabilidad que ostenta la joven magistrada Roxanna Reyes, quien se inició como fiscal y lleva ya 10 años lidiando con un sistema judicial que no siempre acompaña bien sus afanes.

 

Este cargo no existe más que en Puerto Rico, con funciones parecidas. Por eso, para Reyes esta tarea le representa un compromiso, además de una responsabilidad seria. Ella considera que la “Tolerancia Cero”, proclamada desde las más altas autoridades del Ministerio Público, va a dar confianza a las mujeres y a exigir a las y los fiscales.

 

“Si yo quedo bien en el desempeño de este cargo, quedamos bien todos y más si logramos que el Ministerio Público comprenda que si comete un error va a tener que asumirlo, porque hay monitores y hay que rendir cuentas”, explicó Roxanna a SEMlac.

 

En esto de monitorear y rendir cuenta, la magistrada tiene una idea desde hace tiempo y ahora a punto de materializarse: el Observatorio de la Violencia contra la Mujer que, según Reyes, le permitirá saber cuándo una negligencia o incumplimiento en la atención a las víctimas ha sido determinada por la Policía o por el Ministerio Público.

 

Y lo dice porque la gran mayoría de las discrepancias en ese orden de cosas radica en que, con frecuencia, es la policía la que mal atiende a las mujeres, pero otras tantas son los fiscales que hacen oídos sordos:

 

“Al estarlo monitoreando, yo puedo ver dónde están los errores”, explica la Procuradora General Adjunta, quien elogia la iniciativa de la Red de Defensoras Voluntarias:

 

“Ya se creó una oficina legal para atender a víctimas. Así como los infractores tienen a los defensores que dependen de la Suprema Corte de Justicia, las víctimas tendrán defensores que dependerán de la Procuraduría.

 

Ya hay 10 capacitándose en la escuela del Ministerio Público. Claro que no es una cifra suficiente. Cuando se logre articular una Red en todo el país será muy importante: todo lo que tienda a defender a las mujeres gratuitamente es un enfrentamiento a la violencia de género”.

 

Y ese es también el sentimiento y la convicción de Clara Luna:

 

“Yo, como directora de Defensoría de la Secretaría de Estado de la Mujer, tengo la ambición de que esta Red se pueda extender al país, porque es una forma de prevenir la violencia con el compromiso de a quienes podamos involucrar. Si no hay un compromiso, entonces va a seguir la misma apatía, la misma indiferencia, y ellas van a seguir muriendo en manos de los agresores”.

 

 

Cuba: Agresión sin golpes

Por Dixie Edith

 

La Habana, noviembre.- Las estadísticas sobre violencia intrafamiliar disponibles en Cuba, aunque no son abundantes ni generalizadoras, permiten confirmar que la violencia psicológica y la emocional son predominantes.

 

Según la definición aprobada por la Organización de Naciones Unidas, en 1994, en Beijing, China, se considera violencia contra las mujeres cualquier acto de este tipo basado en el género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico.

 

Alba Sánchez, una jubilada de 64 años del municipio de Playa, en el oeste de la capital, asegura que fue víctima de violencia psicológica, sin saberlo, durante toda su vida matrimonial. “Mi esposo, ya fallecido, llegaba todos los días del trabajo junto conmigo, pero aún así me exigía, en muy mala forma, que le tuviera listo el baño y la comida”, contó a SEMlac.

 

“Hubo un tiempo en que insistía en que yo tenía que dejar de trabajar en la calle y, cuando me negaba, se pasaba hasta dos semanas sin dirigirme la palabra”, agregó Sánchez.

 

Un estudio, en ese mismo municipio, de las especialistas Mariela Almenares, Isabel Louro y María T. Ortiz, todas con maestrías en Psicología de la Salud, confirma la prevalencia de la violencia psicológica sobre las otras formas de la agresión intrafamiliar.

 

La indagación, realizada a un centenar de familias, constató que en el 90 por ciento de ellas existía violencia psicológica, mientras que la física se evidenció en un 34 por ciento de los hogares estudiados.

 

Publicada por la Revista Cubana de Medicina General Integral, esta investigación define la violencia psicológica como el “hostigamiento verbal entre los miembros de la familia, a través de insultos, críticas permanentes, descréditos, humillaciones y silencios, entre otras”.

 

Según las expertas, estos actos “no dejan huellas visibles inmediatas, pero sus implicaciones son más trascendentes”.

 

Las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia, de la Federación de Mujeres Cubanas, observan, como otra variante de este tipo de violencia, la violación del espacio individual de los niños y ancianos.

 

"Algunas personas alquilan habitaciones de sus viviendas y fuerzan a los viejitos a dormir en el pasillo o la sala", confirmó a la prensa local la doctora Teresita García, jefa del servicio de psiquiatría del hospital capitalino Comandante Manuel Fajardo.

 

María de Carmen Chao, del Centro Comunitario de Salud Mental del Municipio Plaza de la Revolución, cree que la violencia no es sólo por acción, sino por omisión; por ejemplo, "cuando a un niño se le niega la atención, el afecto".

 

En este sentido, el estudio realizado en el municipio Playa detectó descuido de las necesidades de alimentación, abrigo o cuidados médicos en el 12 por ciento de las familias investigadas.

 

En la literatura especializada también se reconoce, como formas de violencia psicológica, el abandono y la negligencia en los cuidados, o la falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo y cariño.

 

Los resultados de otras investigaciones médicas agregan evidencias a este análisis. Las especialistas en Psiquiatría Annia Duany y Vivian Ravelo estudiaron a 50 familias del municipio del Cerro, también en Ciudad de La Habana, y detectaron violencia intrafamiliar en el 24 por ciento de ellas, “siendo el tipo psicológico la más frecuente” con un 58,6 por ciento.

 

Esta investigación precisa que la violencia de tipo psicológico fue más frecuente en las familias moderadamente funcionales, o sea, las de un comportamiento más o menos armónico y estable, mientras que la física ocurrió, sobre todo, en las familias severamente disfuncionales.

 

Más hacia el oriente de la isla, en la provincia de Camagüey, distante unos 530 kilómetros de la capital, un estudio efectuado en el territorio del Policlínico Comunitario Docente Tula Aguilera, mostró resultados en la misma línea.

 

Un colectivo de especialistas en Medicina General Integral de ese centro asistencial entrevistó en el año 2003 a 235 mujeres, de las cuales 125 declararon estar sometidas a algún tipo de violencia conyugal. De estas últimas, el ciento por ciento refirió haber presentado agresiones psicológicas; el 97,6 por ciento, maltrato sexual; y el 62,4 por ciento, agresión física.

 

Las manifestaciones de violencia psicológica estuvieron relacionadas, fundamentalmente, con críticas por la forma de vestir de las entrevistadas por parte de sus compañeros; exigencias de cumplimiento de tareas, sobre todo relativas al cuidado del hogar; así como la falta de apoyo del cónyuge en las labores domésticas.

 

Emocionalmente, más de la mitad de estas mujeres no solicitaron orientación profesional. Quizás, como le ocurrió a Alba Sánchez durante más de 40 años, no identificaron sus sufrimientos cotidianos con algún tipo de violencia.

 

La doctora en Sociología Clotilde Proveyer Cervantes, profesora de la Universidad de La Habana, está convencida de que abordar el tema de la violencia doméstica en Cuba no puede ser patrimonio de investigadores.

 

“Es una urgencia social”, asegura Proveyer, quien pertenece, además, al Grupo Nacional para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar y al equipo de estudios de género de la Facultad de Sociología de esa casa de altos estudios.

 

Según esta socióloga, los espacios conquistados en Cuba por las mujeres “modifican, de alguna manera, la relación entre los géneros y eso explica que la violencia doméstica en Cuba sea menor que en otros países”.

 

“Pero está claro que existe y abarca todas sus gamas: desde la más sutil hasta la más cruenta. Seguimos teniendo relaciones de subordinación entre los géneros. Nuestros medios de comunicación y nuestra educación siguen siendo sexistas. Los rasgos patriarcales siguen vivos “, asevera.

 

El doctor en Ciencias Ernesto Pérez González, psiquiatra y criminólogo del Instituto de Medicina Legal, por su parte, sugiere analizar el fenómeno desde una posición desprejuiciada.

 

"La violencia en la familia no se puede enfocar con la óptica de quién es malo y quién bueno. Tiene que verse en un sentido histórico y así se descubre un intercambio de roles entre quién es víctima hoy y quién mañana”, declaró en 2005 a la prensa local.

 

Así, de acuerdo con Pérez González, el niño objeto de agresión —directa o indirecta— en el hogar tiene muchas más posibilidades de ser un maltratador cuando sea padre y hasta de incurrir en delitos violentos.

 

En opinión de ambos especialistas, hace falta medidas alternativas, como la atención terapéutica de un siquiatra o psicólogo, que ayuden a reducir los factores de riesgo sociales.

 

En esa cuerda, las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia han asumido labores de prevención, pero aún resultan insuficientes, y los médicos de la familia, que ejercen su labor muy cercanos a los núcleos familiares y podrían estar en mejores condiciones de enfrentar este fenómeno, no están entrenados para detectarlo y prevenirlo.

 

Entre las opciones en discusión hoy en Cuba, se encuentran los tribunales de familia, integrados por juristas, pedagogos, psicólogos y otros especialistas, capaces de hacer una valoración integral de la familia, de la persona y del hecho, para buscar solución a las causas.

 

Alba Sánchez aboga por buscar espacios donde las mujeres puedan aprender qué es la violencia familiar y cómo evitarla desde el interior de sus hogares. “Si hubiera sabido que hasta las malas palabras y las groserías son una forma de violencia, hubiera buscado ayuda”, razona.

 

Para la doctora Proveyer, “acudir a la ley, debe ser el último peldaño de una escalera. Hay que construir otros modelos de masculinidad y feminidad que no sean contrapuestos”.

 

 

Bolivia: Humanización del parto, sinónimo de la no violencia

Por Liliana Aguirre F.

 

La Paz, noviembre.- “Ahora que te toca parir te quejas de dolor, eso deberías haber pensado a la hora de abrir las piernas”, es una de las frases denigrantes y cargadas de violencia que soportan en el momento muy sensible del parto muchas indígenas bolivianas, sometidas a insultos y discriminación a la hora de dar a luz.

 

Tal es la afirmación de Alejandra Álvarez, miembro de la red boliviana por la Humanización del Parto y comunicadora social de profesión, quien acota que muchas mujeres no conocen de sus derechos al momento de dar a luz a un nuevo ser y tampoco que ellas son las protagonistas de un acto tan importante en la reproducción humana y la vida.

 

Esta red se articuló a partir del encuentro celebrado en noviembre de 2000, en la ciudad de Ceará, Brasil, sobre la humanización del parto, con el fin de analizar y buscar soluciones a la violencia que experimentan muchas mujeres al dar a luz. Así, surgieron organizaciones y redes en Latinoamérica, el Caribe y en diferentes sitios del mundo para dar a conocer los derechos femeninos en ese momento tan especial.

 

Violencia extrema en un momento delicado

“La red por la humanización del parto apunta a que las mujeres y también los médicos y demás personal de salud se informen y tengan conocimiento sobre la humanización del parto y la importancia de ello”, explica Álvarez.

 

“Cuando yo tuve a mi niña, el doctor y la enfermera que me atendieron me reñían por quejarme, es que sentía muchos dolores fuertes y lloraba y gritaba y aunque me inyectaron anestesia sentía mucho dolor, fue algo muy duro”, cuenta Elena a SEMlac.

 

Además, ella agrega que no tenía conocimiento de que, dentro de un hospital, una mujer puede determinar qué posición es más cómoda para dar a luz, que no es necesario depilarla, realizarle cortes vaginales y que puede estar acompañada de un familiar.

 

“El día de mi último parto fue horrible porque yo siempre tuve a mis bebés en casa, ayudada de mi madre, pero mi último hijito lo tuve sola en el hospital y eso fue grave, porque el médico me trató muy mal y me dijo que yo era una mujer sucia y que olía mal”, explica Francisca, de 38 años, quien trabaja como empleada doméstica.

 

“Escoger la posición más cómoda, que el tacto vaginal -para conocer el grado de dilatación- se realice por una sola persona y no por todo el personal de salud, que no se prohíba el derecho a gritar y esté presente un ser querido, son parte de los derechos que la mujer tiene y no conoce y que la humanización del parto trabaja para difundir”, comenta Álvarez.

 

Campañas, charlas, seminarios de capacitación y boletines son algunos medios por los cuales esta organización trata de difundir la lucha en contra de la violencia que experimentan las mujeres en un momento tan importante de sus vidas como es el parto.

 

Derechos pisoteados por la violencia

En Bolivia existe, y supuestamente está vigente, la resolución ministerial 0496 del año 2001, la cual brinda protección y poder de decisión a las mujeres a la hora del alumbramiento, no obstante esta ley ha quedado archivada en el olvido y casi nadie conoce.

 

Álvarez cuenta a SEMlac que en muchos centros de salud la opinión de la embarazada, próxima al parto, no es escuchada, sino descalificada, y el abuso de tecnologías sobre el cuerpo es total. “La humanización del parto apunta a que las mujeres determinen cómo quieren tener al bebé y que su intuición no sea descalificada por un médico”, abunda.

 

Es decir, que esta organización tiene plena conciencia de que una mujer puede presentar riesgos a la hora del alumbramiento, pero que los médicos y el personal de salud no abusen de sus conocimientos y descalifiquen las sensaciones de ellas y la intuición humana que tienen y que las guía a elegir una posición.

 

“La posición ginecológica horizontal es la obligatoria; sin embargo, esta es mucho más dolorosa, porque si dejaran que la mujer se acomode de forma vertical, según su intuición y comodidad, el parto sería más sencillo y con menor dolor, menos sangrado y desde luego más rápido por la ayuda de la gravedad”, asegura la miembro de la red.

 

En la actualidad, la Red por la Humanización del Parto trabaja por difundir derechos y tiene como meta que las mujeres tengan un parto seguro y no violento. Su propósito es que la gestante sea respetada y que el parto -que es un acontecimiento muy importante en su vida- sea emblemático y no un trauma que le deje dolor y secuelas.

 

 

Cuba: Alcohol y violencia, dos males de alto riesgo

Por Raquel Sierra

 

La Habana, noviembre.- Ernesto tiene 43 años y es alcohólico. Sentado a la entrada de su casa, se debate entre ir a buscar más bebida u ofrecerle disculpas a su esposa, quien se llevó a los niños a dormir a casa de una amiga, tras la violenta escena que desató el marido al llegar del trabajo.

 

No es la primera vez. Aunque generalmente es un hombre tranquilo, sabe que puede salirse de sus casillas, incluso sin tomar. Pero cuando ingiere alcohol sus reacciones son mucho más violentas.

 

El alcohol y la violencia no siempre andan juntos; sin embargo, en no pocas ocasiones, se acompañan. Según especialistas, aunque no generan la violencia, el alcohol y otras drogas son factores de riesgo, al reducir los umbrales de inhibición.

 

Mayda López, la esposa de Ernesto, ha buscado la ayuda que él todavía no acepta. “Fui al psicólogo, a Alcohólicos Anónimos y conversé muchas veces con él, pero no entiende que está enfermo y todos dicen que esa aceptación es el primer paso para darle una solución al problema. La situación resulta intolerable, y los niños, viéndolo así”.

 

Para el psiquiatra Pedro Hernández, jefe del departamento de alcoholismo del Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Camagüey, 550 kilómetros al este de La Habana, en no pocos casos es difícil que los alcohólicos comprendan y acepten que se trata de una enfermedad, cuyos síntomas son, entre otros, temblores, calambres y pérdida de memoria y de sueño.

 

A su juicio, esta dolencia es como un tren: “lo tomas en un lugar y te puedes quedar en medio del camino, pero sigues ahí hasta que ya no eres capaz de bajarte”, dice metafóricamente.

 

“El alcoholismo es una enfermedad crónica, lenta, progresiva y mortal y tiene que ver con un estado de salud mental. A los enfermos hay que tratarlos por lo que llegan al hospital, su depresión o ansiedad, que los llevan a refugiarse en el alcohol”, explica su experiencia profesional.

 

“Es un círculo vicioso: bajo el estado de embriaguez golpean a la madre y no atienden a los hijos, por ejemplo. Entonces, la sociedad los tilda de sinvergüenzas, no de enfermos, y comienza el ciclo otra vez”, comenta.

 

La Organización Mundial de la Salud define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 en el hombre.

 

“Hay dos deseos de beber”, considera. “El del cuerpo se quita a los 30 días, pero el de la mente es duro, depende de la psicoterapia. Los profesionales son más difíciles de atender, casi nadie les dice `ve a atenderte, lo que sí hacen con quien carece de preparación cultural”, asegura.

 

La vida muestra que existen alcohólicos no violentos y que hay muchos violentos que no toman ni una copa. Pero, cuando los dos fenómenos coinciden, la mezcla puede ser explosiva.

 

Algunos expertos concuerdan en señalar a las drogas, los celos, el alcoholismo y las limitaciones con la vivienda como agravantes para la violencia.

 

Para el doctor Juan E. Sandoval Ferrer, presidente de la Sección de Alcoholismo y otras drogadicciones de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, el ser humano no es violento por naturaleza. No obstante, la relación entre consumo de alcohol y conductas violentas constituye un problema social que, a menudo, tiene repercusión legal.

 

El aumento del riesgo de conductas violentas por el consumo de bebidas alcohólicas se produce por factores multicausales que dependen de la propia acción farmacológica del alcohol, de las características del bebedor y de las condiciones ambientales en que ocurre la ingestión de esa bebida, señala el experto.

 

Puede ocurrir desinhibición, pérdida de control emocional, ruptura de códigos ético-morales y de las buenas costumbres de convivencia, lo que facilita la aparición de la violencia, agregó en un artículo publicado en 2006 en el semanario cubano Trabajadores.

 

A su juicio, las características individuales también actúan como moduladores. Según la personalidad del que bebe, pueden desencadenarse distintas actitudes y estilos de afrontamiento ante los eventos de la vida: inestabilidad emocional, agresividad, poca tolerancia ante las frustraciones, pobre concepto de sí mismo y baja autoestima e, incluso, acentuar determinados rasgos de la personalidad.

 

No menos importantes son las condiciones ambientales en las que se combinan el consumo de alcohol y las personas con mayor tendencia a reaccionar hacia las conductas violentas, considera también.

 

Agrega que el nivel de alcohol en sangre, la severidad de la embriaguez y la asociación con otras drogas marcan además diferencias en la violencia ejercida bajo los efectos del alcohol.

 

El ingerir bebidas alcohólicas, una práctica muy común en la mayoría de las culturas, modifica la personalidad de quienes las consumen en exceso y los llevan a necesitar dosis cada vez mayores para alcanzar los mismos efectos.

 

Según el estudio "Algunas reflexiones sobre el alcoholismo en la comunidad", realizado en 2003 a partir de una muestra de 60 hombres en la occidental provincia cubana de Pinar del Río, el 45 por ciento de la población consume bebidas alcohólicas con un nivel de prevalencia de 6,6 por ciento, lo que sitúa a Cuba entre los países de más bajo índice en Latinoamérica; aunque en los últimos 15 años el consumo ha aumentado notablemente.

 

Esta investigación arrojó que los daños ocasionados por el alcoholismo que prevalecieron fueron los sociales y psicológicos (problemas económicos, discusiones en el hogar, violencia familiar y separación de la pareja), así como la hipertensión arterial, gastritis, daño al hígado y la impotencia sexual.

 

Otro estudio realizado hace algo más de una década, en Palma Soriano, en la oriental provincia de Santiago de Cuba, señaló, entre las repercusiones familiares y sociales que tuvieron los alcohólicos sobre sus familias, las tensiones y dificultades (33,3 por ciento), los hurtos hogareños (21,6) y la violencia con las esposas (20); mientras que en el orden social se destacaron las riñas (43,3), los hurtos (25) y los escándalos públicos (23,3).

 

Hasta cuándo

Maritza Hernández se siente víctima, pero sabe que su pareja también lo es, al igual que toda la familia. Algunos especialistas indican que la existencia de un alcohólico daña a un círculo de otras cuatro-cinco personas a su alrededor.

 

“Varias veces lo han traído a la casa los conocidos del barrio. Algunas veces, después de una pelea en la calle. Le grita a los vecinos, a sus padres y hasta a mi”, dice, pero es de las que piensa que eso no es violencia, que ésta sólo existe cuando hay golpes.

 

Con sus 37 años y un diploma de Licenciada en Lengua Inglesa, creyó que haber encontrado a Julián, cirujano, sería como ver cumplido su sueño de felicidad. “En un principio pensé que era sólo en fiestas y con amigos, pero ahora sé que la esconde de mí para que no le diga nada”.

 

“Para evitar las violentas escenas, de las cuales se enteran todos los vecinos por el volumen de los gritos, la sicóloga le recomendó soslayar la discusión cuando él esté embriagado y no llevarle la contraria. Me dijo que hablara sólo cuando se le hubiera pasado”, dice apenada.

 

“La doctora me habló fuerte, me dijo tú no eres una prioridad para él, en algún momento hasta tendrás que plantearte si sigues con él o no, pero yo me digo: si lo abandono, a dónde irá a parar”, cuenta, sintiéndose la esperanza que tienen los padres de Julián para un añorado cambio de actitud.

 

Migdalia, la mamá de Julián, sufre y reza por él todas las noches. “Le pido a Dios que nos ayude, que ayude a mi hijo a superar esta terrible etapa. Me siento, a veces, impotente porque no sé qué hacer, cómo reaccionar”.

 

“Una amiga me dijo que tratara de llevarlo a alguno de los servicios que existen para ayudar a las personas con adicciones y me dio la dirección, pero no he logrado convencerlo. Ojalá el día que se decida no sea demasiado tarde y haya hecho algo muy malo en la calle”, se queja.

 

RECUADRO

Hoy en día existe un alcohólico por cada 10 personas que han consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida, y las cifras de estos últimos llega aproximadamente a 70 por ciento de la población mundial si se incluyen los países islámicos.

 

En América Latina esta toxicomanía afecta entre el cuatro y 24 por ciento de la población y se calcula que existen en esta región del mundo unos 30 millones de alcohólicos.

 

Estimados indican que, internacionalmente, la mitad de los fallecidos en accidentes de tránsito, de los homicidios, violaciones y actos de violencia hogareña, se producen bajo los efectos del alcohol.

 

Un resumen realizado por la revista especializada The Lancet alerta que el alcohol potencia los efectos de la ira, la violencia y el descontrol de las emociones, que puede llevar a actitudes criminales, problemas graves de convivencia familiar y provocar accidentes de tráfico, debido a conductas temerarias.

 

 

México: Internada en un psiquiátrico luego de denunciar maltrato

Por Alicia Y. Reyes

 

Guadalajara, Jalisco, noviembre.- Cansada de los golpes, insultos y maltrato, Nora Alicia, de 31 años, decidió demandar a su pareja, con la cual procreó una pequeña, ahora de dos años y medio. La respuesta de él, Francisco Antonio Morales (36 años), fue ingresarla a un hospital psiquiátrico con el argumento de que estaba mal de sus facultades mentales.

 

Nora lo conoció hace seis años. Él trabajaba en una agencia de seguros y en algunas ocasiones atendió algunos siniestros de la oficina del padre de Nora. Primero se hicieron amigos y, un año después, novios. Siempre se mostró respetuoso y atento con ella.

 

Nora creció en una familia católica y conservadora, y llegó virgen al matrimonio. “Mis papás siempre me inculcaron que me diera a respetar, para que cuando me casara mi marido me amara más”, recuerda.

 

Sin embargo, una vez casados, las relaciones sexuales eran muy esporádicas y cuando ella le preguntaba sobre esto, su respuesta era que él la respetaba como madre de su hijo. La joven llegó a pensar que por estar embarazada era menos atractiva.

 

Tras año y medio de matrimonio, Francisco cambió su forma de ser, se enojaba por cualquier cosa, le prohibía salir de la casa, incluso visitar a su madre, y llegó a decirle que la iba a amarrar o dejar encerrada para que permaneciera en su hogar.

 

Pronto los regaños subieron de tono y, un día, con el pretexto de que no le gustó la comida, la golpeó. A partir de entonces, la violencia se volvió algo cotidiano.

 

Nora, la menor de 12 hermanos y la consentida de la familia, no se atrevió a contar a sus padres lo que estaba viviendo. Habló con su cuñada, hermana mayor de su esposo, quien le dijo que así era el matrimonio y que pensara cuál actitud de ella provocaba ese enojo.

 

Aconsejada por sus amigas, la joven le reclamó varias veces su actitud y, como tal demanda provocaba más enojo y maltrato, decidió poner una queja en la Procuraduría General, donde se levantó un acta por golpes y moretones.

 

Ante esa situación, Francisco prometió modificar su actitud, pero lejos de hacerlo la violencia subió de tono, ella puso una nueva queja y lo abandonó. Sin embargo, como es común en esos casos, la buscó en casa de sus padres, donde se había refugiado, y le ofreció que nunca más volvería a tocarla.

 

En esa reconciliación, ella volvió a quedar embarazada, pero como los golpes siguieron, Nora puso una demanda de divorcio.

 

El 9 de agosto tuvieron otra fuerte discusión y él intentó ahogarla, de lo que ella se defendió arañándole la cara, pero el hombre la dejó semiinconsciente en el piso y se llevó a la pequeña que presenció el incidente.

 

Cuando logró recuperarse, Nora se recostó en su cama y, de pronto, dos desconocidos invadieron su casa, la tomaron con fuerza y la subieron a una camioneta. Ella indagó, pero sólo le dijeron que agredió al esposo. Cuarenta minutos después, el vehículo se detuvo frente al “Hospital psiquiátrico San Juan de Dios”, un lugar al que todos los habitantes de Guadalajara conocen como el manicomio.

 

La psiquiatra de nombre Elsy, quien recibió a Nora, detectó que ella no padecía ninguna enfermedad mental, por lo que preguntó el motivo de que el marido la hubiera llevado allí. Ella le explicó que estaban en trámite de divorcio y que el hombre, aconsejado por su hermana mayor, quería quitarle a su hija.

 

Hizo notar que estaba embarazada y pidió que la dejaran salir, le explicaron que su marido ya había liquidado un mes de estancia por lo cual no podían darla de alta. Sin embargo, se le permitió una llamada telefónica a una hermana, quien la sacó del manicomio. Nora acudió de nuevo a la Procuraduría de justicia a poner una demanda por privación ilegal de libertad y secuestro de la menor.

 

El hombre le regresó a la pequeña, pero la amenazó: si ella hablaba del asunto con los medios de comunicación, le retiraría la pensión alimenticia de la niña.

 

En la Procuraduría escuchó comentarios de que su caso no era el único, que ya ha habido otros de maridos que, para deshacerse de sus esposas, las hacen pasar por locas. Pero, ante la solicitud de esta y otras reporteras, la dependencia se niega a dar información con el argumento de que se trata de cuestiones privadas, que nadie tiene derecho a ventilar.

 

A la demanda de la Procuraduría, los directivos del Hospital negaron que ella haya estado internada. Mas Nora cuenta con una hoja con el membrete del hospital, en donde se asienta que el marido le llevó tres mudas de ropa al día siguiente de internarla.

 

Ante esa evidencia, las autoridades volvieron a solicitar al hospital el expediente, pero hasta el momento sigue sin aparecer. Nora se pregunta cuántas de las mujeres que ella vio dentro del centro hospitalario se encuentran en una situación similar.

 

Por otro lado, no es posible que las Leyes Mexicanas den al marido todo el poder sobre la vida de las mujeres, y ellos puedan decidir internarlas en un hospital, o autorizar una intervención quirúrgica. Este caso obligará a las autoridades a revisar las leyes civiles, para evitar que más personas inocentes sean encerradas porque interfieren con los planes de alguien.

 

 

Bolivia: Condenada a 20 años de cárcel por querer dejar a su marido

Por Helen Álvarez V.

 

La Paz, noviembre.- Rita Castrillo está de paso en un “pueblito” hacinado y convive con decenas de mujeres, niños y niñas. Ella espera que pronto pase el bus que la llevará de retorno a su casa para ver a sus dos hijos, su hija y su nieto y a sus hermanos.

 

Esa es la fantasía que vive a diario esta mujer para sobrellevar el infierno en que se ha convertido su vida desde el 27 de octubre de 2006, cuando fue detenida y acusada de intento de asesinato en contra de su marido Édgar Gutiérrez Mercado, alias “Chichote”.

 

Como pocas veces ocurre en Bolivia, donde lo normal es la retardación de justicia, el 17 de septiembre de este año, el Tribunal de Sentencia de la Corte Superior del Distrito de La Paz la condenó “a sufrir la pena privativa de libertad de 20 años de prisión, que deberá cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes”.

 

El “pueblito” en que ahora vive Rita está atravesado por infinidad de pasillos donde se encuentran pequeñas y precarias habitaciones, si se las puede llamar así. Niñas y niños, que soportan el encierro junto con sus madres, corretean y juegan despreocupados.

 

Es día de visita y Rita está acompañada de su prima y de su sobrina. Al verla es difícil encontrar en ella desesperanza o resignación; por el contrario, tiene la sonrisa a flor de labios y mucha entereza, porque está segura de que se hará justicia y conseguirá la absolución y su libertad, ya que apeló la sentencia basada en las innumerables irregularidades del proceso.

 

Además, demandó a la fiscal Aleyda Camacho por incurrir en tráfico de influencias para favorecer a Gutiérrez, y el Ministerio Público inició un proceso contra la fiscal.

 

“Fue un juicio del ‘dice que’”. Incluso el policía investigador asignado al caso estuvo dispuesto a atestiguar que él nunca pudo siquiera ver alguno de los indicios presentados como prueba; sin embargo, el juez no se lo permitió.

 

Peligroso amor

Todo comenzó como una historia de amor hace más de tres años, cuando Rita conoció al “Chichote”, un hombre acaudalado que amasó su fortuna durante la dictadura del coronel Hugo Bánzer, en la década del setenta, al adjudicarse la construcción de importantes obras. En esa época, Gutiérrez también fue nombrado Embajador de Bolivia en España.

 

Era un hombre encantador, recuerda Rita, quien quedó totalmente conquistada, casi un año después de conocerlo. Ella le presentó a sus hermanos mayores, de 54 y 45 años, ambos con discapacidad y a quienes adora. “Son lo mejor que me dejó mi mamá y él los trataba incluso con ternura”, dice.

 

El 11 de noviembre de 2005, Rita dio el sí en una sencilla ceremonia, a pesar de que su hija, de 25 años, y los dos varones de 23 y 18 se opusieron, al igual que su familia más cercana. “Ellos veían lo que yo no veía”. Pero ese mismo día Rita comenzó a ver.

 

En tono de broma, Gutiérrez la amenazó con golpearla “si se portaba mal” y los hijos del “Chichote” también ironizaron sobre acusaciones de envenenamiento. Y es que antes, él había culpado a su primera esposa de intentar envenenarlo para quedarse con su fortuna, también a su nuera y a uno de sus hijos, y después a su medio hermano.

 

El trato cambió radicalmente. Siempre estaba malhumorado y la insultaba, y más de una vez le había propinado sendas bofetadas. Además bebía con frecuencia, pese a que por su diabetes no podía hacerlo, lo que le provocaba descompensación de la enfermedad.

 

En febrero de 2006, Rita viajó durante un mes para atender a su hija que había dado a luz a su primer nieto. A su retorno, la situación empeoró.

 

En dos ocasiones, Rita despertó con todo el cuerpo adolorido, incluido el cuero cabelludo, y extraños moretes en los senos y las entrepiernas. En ambas oportunidades, ella le había aceptado a su marido pastillas para dormir, pues padecía de insomnio. A la tercera, fingió que las tomaba y lo que vivió luego aún la estremece.

 

Transcurrido un tiempo, Gutiérrez comenzó a sacudirla para comprobar que dormía profundamente, debido a los narcóticos; después, agarrándola de los cabellos, la hizo caer al suelo y la desnudó. Luego trajo del baño un estuche que contenía varias pinzas. Al imaginarse lo que sucedería, Rita lo empujó contra la pared y decidió irse, seis meses después de su matrimonio, pese a la advertencia de que “al ‘Chichote’ ninguna mujer lo deja”.

 

"Me di cuenta de que me casé con un depravado", indica. Sin embargo, nunca lo denunció. “Hice lo que como mujer tanto había criticado, quería esconderlo, no quería que nadie lo supiera y menos mis hijos”.

 

En agosto, mediante un colega, supo que había una acusación contra ella por asociación delictiva y se presentó a la justicia para averiguar de qué se trataba, pues nunca le había llegado una notificación.

 

Su marido denunció ante la justicia que ella había cambiado los medicamentos que tomaba para matarlo y que incluso lo obligaba a tomar otras pastillas. Los únicos testigos fueron sus dos mayordomos que trabajan desde hace años con él.

 

Cuando el juez leyó el fallo, la familia y los amigos y amigas que acompañaron a Rita no pudieron evitar el llanto. Pero ella no derramó una lágrima. Y así se mantiene, positiva y fortaleciendo su mente y su espíritu cada día.