Reportajes y noticias de SEMlac

del 3 al 9 de septiembre de 2007

 

 

Terremoto en Perú: La emergencia pasa, las cicatrices quedan

Por Zoraida Portillo

 

Pueblo Nuevo, Chincha, Perú, septiembre.- Tres semanas después del terremoto que destruyó el denominado “sur chico” del Perú, el suceso ya no ocupa las primeras planas de los medios e incluso muchos brigadistas internacionales empiezan a retornar a sus países de origen, pues su trabajo de rescatar víctimas terminó.

 

Pero en las zonas afectadas por el sismo, la devastación continúa y nuevas secuelas comienzan a aparecer y en todas ellas, a pesar del empuje y coraje demostrado desde el primer instante, las que llevan la peor parte son las mujeres.

 

Una es la salud reproductiva, soslayada por las autoridades pero puesta en la agenda por la cooperación internacional. La otra es la salud mental de los damnificados.

 

Respecto a la primera, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha exhortado a la comunidad de donantes a reunir por lo menos 850.000 dólares. Parte de ese dinero se destinará a atender a las mujeres que viven en las zonas afectadas y que actualmente están gestando y darán a luz en los meses venideros (se estima que serán unos 800 partos hasta fin de año), especialmente en las poblaciones más alejadas de los centros urbanos. Otra parte será para lo que la entidad ha denominado “kits de dignidad”, conteniendo ropa interior y toallas sanitarias, entre otros adminículos de aseo.

 

El dinero también servirá para mejorar los servicios médicos reproductivos de emergencia, concluir una rápida evaluación de los servicios médicos locales, particularmente en las zonas más aisladas, y proteger a grupos vulnerables, como mujeres, niñas, ancianos y gente con discapacidad. A ellos se les dará protección legal y atención médica y psicológica, informaron fuentes de este organismo.

 

En una nueva visita realizada por esta corresponsal a algunas zonas afectadas, 10 días después del terremoto, se pudo comprobar que existe una verdadera emergencia sanitaria. A los problemas gastrointestinales entre los niños, se suman las enfermedades respiratorias –que según reportes médicos afectan por lo menos a 85 por ciento de los niños y ancianos de esas zonas–, las dermatomicosis, los piojos y, en las mujeres, los hongos vaginales, enfermedades todas relacionadas con la falta de higiene.

 

El recuerdo de lo vivido

La otra gran secuela, que está concitando alarma entre los especialistas, son los problemas de salud mental que comienzan a aflorar entre los damnificados, principalmente mujeres y niños pequeños.

 

“No hemos podido superar la angustia y la psicosis que nos ha dejado el terremoto... todavía hay réplicas que nos recuerdan los horribles momentos vividos y a eso se suma la depresión por haber perdido nuestras viviendas, nuestras pertenencias, todo lo que teníamos”, señaló Rosa Ascencio, de la Comisión de Difusión e Información de la Federación de Mujeres de Ica.

 

Los niños no quieren separarse de sus familiares, se niegan a ir a clases y los pocos que asisten no quieren que se cierren las puertas y al primer ruido o movimiento súbito salen despavoridos, relató a una radioemisora local una profesora de la ciudad de Pisco.

 

La organización internacional Médicos sin Fronteras (MSF) ha señalado que entre las víctimas comienzan a aparecer trastornos del sueño, miedo y ansiedad. “Tras más de 10 días sin recibir ayuda, a veces viviendo hasta 40 personas en una carpa, estas personas se sienten abandonadas, como si no se les reconociese como víctimas del terremoto”, señaló Zohra Abaakouk, responsable del programa de salud mental de MSF en la zona.

 

Esta entidad ha realizado más de 500 atenciones en salud mental tan solo en Pisco, sea mediante terapias de grupo o en consultas individuales en los casos más graves, y sus esfuerzos están orientados a evitar que el estado psicológico de la población empeore, especialmente porque no existe una estrategia oficial al respecto.

 

La situación en las zonas afectadas es estremecedora: miles de personas están viviendo en refugios improvisados, hechos con esteras, sábanas y plásticos, levantados por ellos mismos en pampas y arenales, expuestos al polvo, el aire y el frío, sin agua, sin letrinas, en muchos casos aún sin servicio eléctrico, alimentándose de ollas comunes elaboradas con lo que pueden conseguir. En tales condiciones resulta imposible que puedan superar los traumas psicológicos vividos los que, sin duda, se agravarán.

 

Peor en las zonas rurales

Si esa es la situación en las ciudades, en las zonas rurales la situación es más grave. Los principales daños son canales de riego inutilizados, pozos tubulares destruidos (son los que proporcionan agua a los campos) y cultivos alimenticios a punto de perderse debido a la falta de riego.

 

A ello se suma el abandono de los campos de producción pues, como bien lo expresó uno de los grandes empresarios agroexportadores: “después de tanta destrucción, ninguna persona tiene cabeza para pensar en sembrar espárragos”.

 

En la pesca, la situación es similar: todos los botes artesanales de la caleta de San Andrés, en Pisco, quedaron totalmente destruidos a causa del maretazo que siguió al terremoto, y el mar sigue con alerta roja, lo que impide a los pescadores retomar sus actividades.

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha señalado que se requerirán 13,8 millones de dólares para alimentar a los damnificados y restablecer sus medios de vida basados en la agricultura y la pesca.

 

La mayoría de la población rural está formada por campesinos, pescadores y trabajadores cuyas vidas cotidianas están amenazadas por el hambre, debido a la pérdida de cosechas y animales, falta de combustible, energía y agua, y acceso a sus tierras y medios de sobrevivencia, subrayó Luis Castello, Representante de la FAO en el Perú.

 

“La situación es peor de lo que se estimaba al principio. Además de las personas hambrientas y de las que han perdido sus casas, la destrucción de granjas y comunidades pesqueras tendrán un profundo impacto en la economía local”, añadió el funcionario.

 

No obstante, el presidente Alan García afirmó en días pasados que el impacto económico sobre el crecimiento será menor a uno por ciento. Muchos sectores han expresado su desacuerdo con esta cifra y con la desorganización reinante en la atención a las víctimas.

 

El sociólogo Sinesio López, en un artículo publicado en el diario La República, señaló que el terremoto ha sido un examen de desempeño que el Estado desaprobó. “Si el estado no funciona en los tranquilos períodos de una aburrida normalidad, ¿por qué tiene que funcionar adecuadamente en los dramáticos períodos de desastres inesperados?”, se preguntó el estudioso.

 

El terremoto ha dejado más de 500 muertos, el 80 por ciento de casas destruidas en Ica, Chincha, Pisco y Cañete y, por lo menos 200.000 damnificados, según estimados de organismos internacionales.

 

Ellos, en medio del caos reinante, intentan salir adelante. Las ollas comunes son el modo más propicio de llevar alimento a miles de personas y, como ocurre desde hace más de dos décadas en este país, es en los comedores populares, los comités del vaso de leche, los comités de madres, en suma, en las mujeres organizadas en las que recae esta responsabilidad.

 

“Por favor, escriba, que nosotras no nos rendimos, pero que necesitamos seguir recibiendo ayuda”, fue el dramático llamado de Rosa Ortega, de un club de madres de Pueblo Nuevo, en Chincha.

 

 

México: Hacer justicia aquí y ahora

Por Sara Lovera López

 

México, septiembre.- En México, donde el ejército ha sido desplegado en todo el país y la guerra contra el narcotráfico ha originado violaciones a los derechos humanos y víctimas de violencia sexual y contra las mujeres, hay que actuar ya.

 

Hay que hacerlo con medidas legislativas, con promociones generales, pero atendiendo a las víctimas directamente, mitigando en forma efectiva su dolor, más allá de las denuncias.

 

Y es que, en este país, la violación de mujeres a manos de algunos efectivos del ejército suma al menos 60 en los últimos 14 años, según el recuento de organizaciones de Derechos Humanos, nacionales e internacionales. Amnistía Internacional es una de ellas.

 

Hasta ahora, ni un solo responsable ha sido condenado y poco se sabe de lo que viven y sufren las víctimas, cómo lo resuelven, quién las atiende, cómo se las rescata para seguir desarrollando su vida, afirma la diputada feminista Marina Arvizu.

 

Hoy esta situación podría tener un cambio. Pasar de la denuncia fácil a las acciones precisas. Legislar, documentando directamente desde el órgano legislativo para sustentar las iniciativas. Y, según la información proporcionada por esta diputada, es lo que ella está haciendo.

 

De acuerdo con Arvizu, no se trata de acusar a la institución castrense desde los medios o la tribuna legislativa, ni de modificar el texto constitucional, que necesita pasar por un largo proceso, cuando éste dice claramente que los militares que cometen delitos comunes deben ser juzgados en tribunales comunes. Y la violación sexual es un delito común, reglamentado en todos los códigos penales del país, insiste.

 

Se trata de modificar leyes secundarias que son anticonstitucionales y hacer gestiones efectivas para realmente atender a las víctimas, en el aquí y ahora. Esa es una responsabilidad de las mujeres que llegan a posiciones como diputadas o funcionarias.

 

Arvizu informó que, en los últimos nueve meses, verificó los expedientes de un caso, se entrevistó con las autoridades, hizo gestiones de protección para las víctimas, escuchó a grupos sociales y arribó a varias conclusiones sustantivas: crear una política integral, a través de un fondo solidario que atienda a las víctimas, y modificar el Código de Justicia Militar.

 

Ello, sin olvidar que hace falta un cambio cultural que anule la cultura patriarcal. ¿Y mientras? Lo que urge es justicia, dijo. Especialmente cuando los militares están desplegados en todo el país, en lo que la Presidencia de la República llama “guerra contra el narcotráfico”.

 

Es en ese sentido en el que hay que trabajar, acota por su parte la jurista Bárbara Yllán, ex subprocuradora del Distrito Federal (capital del país), al señalar que el actual Código de Justicia Militar se excede al proteger a los uniformados en todos los actos delincuenciales que debe juzgar la justicia civil. Exceso que produce violaciones sexuales y quebranta los derechos humanos.

 

Algo así haría expedita la justicia en el caso que se ventila contra ocho militares del Ejército mexicano que violaron a 13 mujeres en julio de 2006 en el municipio de Castaños, Coahuila, a 1.000 kilómetros de la capital.

 

Pero hubiera sido más rápida si no existiera la confusión que prevalece y procura impunidad. Ello retardó el caso y dejó libres a probables responsables que están prófugos. El expediente de los procesados podría tener inconsistencias de las que se puede valer el juez para no sentenciar correctamente.

 

Arvizu Rivas, feminista y representante en el Congreso de la Unión del partido Alternativa Social Demócrata, el único que propuso en las pasadas elecciones a una mujer feminista a la Presidencia de la República, informó a SEMlac que desde hace nueve meses se propuso estudiar el caso de Castaños, porque, es urgente hacer justicia aquí y ahora, dijo.

 

Llegó a la conclusión de que ninguna instancia, ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Nacional de las Mujeres, se ha ocupado del futuro de las víctimas, a las que hay que resarcir, de acuerdo con la Constitución, con una reparación del daño y acompañar en su rehabilitación psicológica y social.

 

Esa es una responsabilidad compartida por el Ejército y por el gobierno del Estado de Coahuila, por lo que ya ha puesto sobre la mesa su demanda.

 

Ella, que apoyó jurídicamente a las coadyuvantes del caso, considera que tanto el Ejército como el gobierno de Coahuila deben crear un fondo o fideicomiso capaz de atender en concreto a estas mujeres.

 

Al mismo tiempo, trabaja en modificaciones al Código de Justicia Militar para asegurar que los militares involucrados en violaciones sexuales reciban las sanciones que corresponden; se dé respuesta a los casos acumulados y se detengan las conductas que involucran los ominosos casos de violencia contra las mujeres.

 

Por su parte, el grupo parlamentario de Alternativa Democrática recuerda que en México la tensión política, la guerra que la oficialidad ha declarado contra el crimen organizado y la cada vez mayor militarización del país, dejan en un estado de vulnerabilidad a cientos de mujeres.

 

Y agrega que, en esta guerra entre hombres, las mujeres “somos botín”, abusadas y sometidas en muchos de los casos, y el argumento es que los militares juzgan a los militares.

 

Yllán lo explica jurídicamente: el artículo 13 de la Constitución dice claramente que debe prevalecer la justicia civil cuando hay un conflicto entre militares y civiles, sean víctimas o culpables. Lo que sucede, es que hay contradicciones en la Suprema Corte y ahora una reforma trataría de conseguir que se devuelva a la Constitución su verdadero sentido.

 

Este artículo ha permanecido sin cambios desde 1917, en que se creó la constitución. Dice paisano en lugar de civil, pero se entiende con claridad.

 

Solamente en el último año hubo excesos de las fuerzas policíacas y militares en el conflicto en Oaxaca (en el sur), en Atenco, Estado de México (en el centro) y el de Castaños (en el norte), y la impunidad debe frenarse, concluyó.

 

 

Aborto: Razones y sin razones en el debate dominicano

Por Mirta Rodríguez Calderón

 

Santo Domingo, septiembre.- Ellas ni siquiera abogan por una despenalización total, sino por la legalización del aborto terapéutico, pero quienes piensan que las mujeres tienen que parir los hijos engendrados por violación e incesto, malformados o productos de una fecundación forzada, arremetieron contra los derechos humanos que el movimiento femenino esgrime, como si las argumentaciones fueran proyectiles para una guerra bárbara.

 

El escenario fue el Congreso de la República, donde se efectuó una vista pública para discutir y aprobar reformas al Código Penal que cursa en el Parlamento, con el propósito de ponerlo al día. El Código actual data de 1884 y le llegó a República Dominicana desde la jurisprudencia francesa.

 

Ese intento, sin embargo, se vería frustrado si las iglesias católica y evangélica imponen sus místicas al parlamento y éste se inclina por favorecer las posiciones retardatarias.

 

La vista pública suscitó tal interés que la sala que acoge a más de 150 personas se vio repleta. Hubo más de 150 oradores y oradoras en casi seis horas de debates, en los que no faltaron incidentes de poca monta, como el de un creyente que gritaba repetidamente: “Oh, mi Señor, Aleluya”... Trabajo le costó al Presidente, el diputado José Ricardo Taveras, hacerlo callar.

 

Tales excesos no fueron los únicos. La mañana fue de lluvia intensa. Mientras los grupos de mujeres se desplazaban para tomar asiento en la sala, piquetes de algunas, con letreros ofensivos para las posiciones que no comparten, daban gracias a Dios y rezaban en voz alta porque –según ellas– esas lluvias eran las lágrimas del creador para “limpiar” el crimen.

 

No fue todo: en el área exterior del recinto, donde los periodistas hacen sus entrevistas y fotos, otros piquetes se dedicaban a rodear con rezos escandalosos a quienes identificaban como defensoras o defensores de los derechos de las humanas.

 

Afuera del edificio hubo también grupos con marionetas de médicos ensangrentados, letreros de “abortistas”, y fotos monumentales de fetos. Tales excesos fueron denunciados por el Colegio Médico Dominicano. Pese a eso, las palabras que ocuparon los micrófonos o las entrevistas que realizó SEMlac registraron un espectro amplio y en general racional de criterios, no por discrepantes, desechables.

 

Los huérfanos de padres vivos

La escritora Chiqui Vicioso fue rotunda en sus pronunciamientos para esta Red de Noticias: “Yo quisiera saber quienes componen este Parlamento, reclamándole al Estado programas de alfabetización y hogares de acogida para niñas y niños que están prostituyéndose para comer, y que cesen en el empeño de querer penalizar a las víctimas que son las mujeres más pobres”.

 

“Los que están en esta sala son distinguidos miembros de la clase media de este país, que vienen a dictaminar sobre algo de lo que ellos no tienen la más remota idea. Un estudio de UNICEF reveló que aquí la pederastia se practica por hombres dominicanos en un 75 por ciento: hombres que embarazan y desaparecen”, dijo esta intelectual, también funcionaria de la cancillería.

 

Otro punto de vista ponderado sobre el tema es el del senador Francisco Domínguez Brito, del Partido de gobierno, a quien se reconoce honradez y seriedad, aunque no forma parte de la Comisión bicameral:

 

“Creo que se trata de vida. El tiempo no determina cuándo una persona es un ser humano. ¿Quién decide cuándo se es persona o no, cuándo piensa o no? ¿Se decide dentro del útero o cuando está fuera? Mi visión es que hay que preservar la vida”, sentenció tras argumentar que tampoco una malformación es cosa que pueda determinarse fácilmente.

 

El senador no quiso condenar a las mujeres violadas, pero afirmó que “la sociedad tiene mecanismos para que puedan tomarse medidas inmediatamente ocurrida la violación”.

 

Un juicio diferente ofrecieron los juristas Eduardo Jorge Prats y Nassef Perdomo, quienes probaron, con preceptos del derecho constitucional, que no hay entidad jurídica más que después del nacimiento.

 

En Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad dominicana -a unos 200 kilómetros de esta capital- funciona hace dos décadas el Núcleo de Apoyo a la Mujer, que logró reunir a prominentes feministas dispuestas a la solidaridad más abierta con sus congéneres. Manuela Vargas es la Coordinadora General:

 

“Definitivamente, este es un asunto de derechos humanos. Sabemos muy bien que cualquier decisión de un Congreso debe apuntar a salvaguardar los derechos humanos de las personas. En este caso, de las mujeres”.

 

“Nuestra expectativa es que los legisladores apunten hacia las garantías contenidas en las convenciones y otros tratados que ellos mismos han firmado. Estamos hablando de una vida que todavía no es vida, como se ha demostrado a nivel científico. Pero la de las mujeres, sí es vida”, subrayó.

 

Ese no es el punto de vista de Federico Antún, presidente de la Asociación de Médicos Católicos de Santo Domingo: “Estoy aquí para testificar desde la parte médica que, si aprobamos una ley que despenalice el aborto, estamos aprobando el homicidio. Se ha demostrado que la vida empieza en el momento de la fecundación. Todos los estudios lo evidencian”, afirmó a SEMlac.

 

“La mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero no sobre otra vida. Esta gente se quiere ir por la parte emotiva. Si abrimos esa puerta de matar a una vida en gestación la estamos abriendo para la eutanasia, como ha ocurrido en otras partes”, afirmó el médico, quien, sin embargo, no pudo responder en cuál geografía están esas “otras partes”.

 

Sus hábitos monjiles y una mirada autoritaria acompañan a Sor Isaura, de las Hijas de la Caridad Dominicanas. “Somos defensoras de la vida porque la vida es un don de Dios. El bebé no tiene la culpa. Todavía no es una vida independiente, pero es una vida, y por eso hay que protegerla...”, fue su argumento, repetido desde un parapeto mental.

 

El Código impide la atención médica a las mujeres

Varias de las oradoras del movimiento de mujeres subrayaron que la pobreza de las mujeres que tienen que interrumpir su embarazo en cualesquiera condiciones es la causal de las muchas muertes maternas que luego aparecen consignadas en las estadísticas como: “complicaciones del embarazo y del parto”.

 

Enorbina Doñé, Coordinadora de la Confederación de Mujeres del Campo, en San Cristóbal, un municipio limítrofe con la capital, lo afirmó:

 

“Soy católica y muchas compañeras también. Vemos que el aborto es necesario si la madre va a morir: ¿por qué no salvarla? En muchos hospitales los médicos no atienden a las compañeras que llegan con sangrado. Aquí hay una que estuvo al morirse. Era su primer hijo. Si a usted la embaraza el papá, el hermano o el vecino, y usted no quiere tener esa criatura, no se le debe obligar”.

 

La mujer a quien mencionaba Enrobina es la madre campesina de tres hijos e hijas, María Peña Martínez. Ella misma lo contó a SEMlac:

 

“Era mi primer embarazo, yo tenía 15 años. Mi esposo y yo estábamos muy contentos. Ya le habíamos preparado ropitas y todo. A los seis meses me dio un dolor muy fuerte y luego un sangrado. Y llegué rogándoles a los médicos. Y ellos que: “déjenla ahí… Que ella lo hizo para eso….” Yo lloraba y mi mamá también. Cuando me atendieron ya había perdido mucha sangre. Casi me muero”.

 

Los testimonios se sucedieron, como el de Roslín Cruz, quien declaró que si no hubiese sido por su abuela, que le preparó un brebaje porque ella no sabía bien qué le pasaba, habría sido madre de su hermano, y tía de los nietos de su propio padre, que la embarazó.

 

En otro diapasón fluyó el alegato de Denisse Paiewonski, representante de la Colectiva Mujer y Salud, quien recordó que República Dominicana sigue aferrada a normativas legales del siglo XIX ampliamente superadas, y señaló a la Comisión Bicameral que tiene la oportunidad de colocar a su país en una senda de modernidad.

 

“¿No se está violando la libertad de cultos en nuestro país cuando las enseñanzas morales de una religión se le imponen por ley a toda la ciudadanía? Como ha escrito Fernando Savater, en una sociedad democrática la religión tiene derecho a decir qué es pecado, pero no a decir qué es delito. La penalización del aborto terapéutico no sólo viola la libertad de cultos, sino también otros derechos consagrados en nuestra Constitución”.

 

República Dominicana es uno de los cinco países que no reconoce ningún derecho a las mujeres y las penaliza sin consideraciones: Haití, Nicaragua, El Salvador y Chile son los otros. A pesar de esto se realizan aquí entre 80.000 y 100.000 interrupciones cada año.

 

 

Cuba: De vuelta a la escuela

Por Raquel Sierra

 

La Habana, septiembre.- Tras dos meses de vacaciones y de niños y niñas, adolescentes y jóvenes jugando en calles, parques y playas, comienza en toda Cuba el curso escolar. Este regreso a clases significa una mayor carga para la mayoría de las madres cubanas.

 

“Con el inicio del curso, la vida vuelve a tomar un ritmo acelerado. Amaneces preparando desayunos, despertando a todos en la casa para que no lleguen tarde a la escuela y eso es sólo el comienzo”, comenta Daysi Gómez, madre de un par de gemelos que empiezan ahora primer grado.

 

“A mi hijo mayor, de 17 años, también tengo que dejarle casi todo listo. Si acaso se calienta el almuerzo cuando viene de su escuela tecnológica. Por la tarde, a bañar a los pequeños y a cocinar. Me salvo si mi esposo llega antes y adelanta un poco la comida”, agrega.

 

Garantizar los uniformes escolares, preparar las meriendas, despertar por las mañanas a sus descendientes, recogerlos en la escuela y ayudarlos en las tardes a hacer las tareas son misiones que recaerán mayoritariamente sobre la población femenina de la isla.

 

Generalmente, son las madres y abuelas las que asumen estas misiones, además de cocinar los alimentos para la comida y tener asegurados los detalles del día siguiente, que en buena parte de los casos implica también la adquisición de los productos alimenticios y de otros usos.

 

No pocas lo harán luego de cumplir con su jornada laboral en un país donde ellas suman 5 millones 611.004 de los 11,2 millones de habitantes de la isla, según el Anuario Demográfico de Cuba de 2006.

 

Al cierre de ese año, según ese compendio estadístico, en la isla vivía un millón 444.164 de niños y niñas entre 5 y 14 años, edades en que los mayores garantizan todas las necesidades de los menores.

 

Para Carmen Leyva, pasar de las vacaciones a las clases significa un cambio de estrés. “Cuando comienza el curso, una está bastante cansada: si tomaste vacaciones los llevaste a pasear, saliste de compras a buscar uniformes, mochilas, calzado y medias. Si estuviste trabajando, estás igual de estropeada”.

 

Con excepción de los uniformes, subsidiados por el Estado, que garantiza una muda nueva en determinados grados, la adquisición del resto de la indumentaria escolar corre a cargo de los padres, que deben recurrir al mercado en divisas. De acuerdo con el cambio oficial, un dólar equivale a 0, 80 centavos de pesos convertibles y un peso convertible se cotiza a 25 pesos cubanos.

 

El precio del calzado o las mochilas puede oscilar entre seis y diez pesos convertibles, lo que equivaldría entre 150 y 250 pesos, en un país donde el salario medio para el sector estatal y mixto, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), fue de 387 pesos al cierre de 2006.

 

Con el inicio de septiembre, en la isla los alumnos accederán gratuitamente a unas 12.334 aulas, según las estadísticas del período lectivo 2005-2006, aunque es posible que se hayan abierto nuevas capacidades.

 

En un recorrido por centros docentes, el ministro de Educación, Luis Gómez, aseveró que para la etapa 2007-2008 “hay muchos más recursos que en cursos anteriores y la base material está completa”.

 

Según el funcionario, junto a los libros, libretas y lápices que se les entrega gratuitamente a los escolares, se han incluido otros insumos que mejorarán notablemente las posibilidades de educación integral de los estudiantes.

 

Uno de los problemas de la enseñanza en la nación caribeña, especialmente la secundaria, es la carencia de docentes. Sólo en el caso de la capital será necesario emplear a cerca de 4.000 profesores de otras provincias para completar los claustros.

 

Al respecto, el funcionario también aseguró que se trabaja para dejar cubiertos los colectivos de profesores y maestros necesarios en cada enseñanza. “Pensamos que, salvo excepciones, todas las escuelas deben comenzar el curso escolar satisfactoriamente”, precisó Gómez.

 

En el sector de la educación es mayoritaria la presencia femenina. Del total de 237.955 docentes frente al aula en el curso 2005-2006, las mujeres sumaban 152.253, con alta participación en todos los tipos de enseñanza.

 

“En esta escuela, hombres sólo hay dos maestros, el profesor de computación y el director”, indica una de las subdirectoras de una escuela primaria de La Habana, donde es evidente el predominio femenino.

 

“Creo que no determina si el maestro es mujer u hombre, sino la calidad de las clases que imparta. Pero no es menos cierto que tenemos una carga superior, pues después de la escuela tenemos que ir a ocuparnos de nuestros propios hijos”, explica Mercedes, madre de dos niñas de segundo grado.

 

“Como en la casa tienes que preparar las clases del otro día, casi no te queda tiempo para nada, pero hay que sobreponerse y atenderlas para que no surjan problemas por desatención”, afirma.