Reportajes y noticias de SEMlac

27 de agosto al 2 de septiembre de 2007

 

 

Perú: A trabajar hasta que el cuerpo aguante

Por Julia Vicuña Y.

 

Lima, agosto.- Su caminar es pausado, ha subido más de 20 kilos. Dentro de tres semanas dará a luz, en un hospital de la seguridad social, una niña y con ella completara su sueño: tener la “parejita”.  “Menos mal que el José tiene seguro y la atención del parto estará cubierta, acá trabajo hace ocho años por honorarios y no tengo ningún beneficio”, confiesa Laura.

 

Ella labora 11 horas al día en la sección de oftalmología de una conocida clínica de Lima y, para que no la oigan sus compañeras y los pacientes que esperan su turno, en voz baja confiesa que está juntando para poner un negocio en su casa. “Voy a ganar más y estaré junto a mis hijos. Los casi 600 nuevos soles que me pagan (190 dólares) se me hacen agua en pasajes y refrigerio”, señala.

La suya es una realidad que viven dos de cada tres peruanos, en opinión de Fernando Villarán, ex Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Sólo uno consigue un trabajo adecuado y bien remunerado y, al mismo tiempo, a dos de cada tres se les cierra la puerta del empleo adecuado y se ven obligados al desempleo, subempleo y la actividad informal.

 

En su artículo “Un punto en la agenda del próximo gobierno: La promoción del Buen Empleo”, Villarán advierte que la falta de empleo adecuado sigue siendo considerada por la población como su principal problema.

 

El 72 por ciento de la población del país trabaja en microempresas de dos a nueve trabajadores, labora de manera independiente no profesional o es trabajador familiar no remunerado, sin condiciones adecuadas ni beneficios sociales.

 

A un gran porcentaje de trabajadores se les paga mediante recibos por honorarios, comprobantes de pago que deben entregar al momento de cobrar por los servicios prestados quienes ejercen una profesión, oficio, ciencia o arte en forma individual, y que no los liga laboralmente con la empresa para la que laboran ni les da derecho a ningún beneficio o compensación laboral. El proceso es regulado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

 

La mayor explotación está en la agroindustria que, pese a tener un crecimiento sostenido, ofrece un trato inhumano y atentatorio contra la dignidad a cientos de mujeres que, con su trabajo, contribuyen a que las empresas recauden ingentes ingresos, especialmente por el espárrago, producto bandera de la agroexportación.

 

La habilidad manual de las mujeres las convierte en pieza clave para la cosecha de esta hortaliza, trabajo que realizan durante 10 horas, desde las cuatro de la mañana, bajo las inclemencias del sol o los vientos cargados de arena que abundan en las zonas productoras.

 

“Las trabajadoras y trabajadores de la agroindustria están sujetos a un régimen laboral especial que establece menores remuneraciones, gozan de la mitad de las vacaciones y la tercera parte del monto indemnizatorio, en caso de despido laboral”, señala Karim Flores, responsable del Área de Propuestas de Políticas Laborales y Educativas de la Asociación Aurora Vivar.

 

Los menores estándares laborales creados con esa legislación regirán hasta 2021. Con esa decisión, el Estado peruano ha otorgado indebidamente factores de productividad y competitividad a costa de los derechos humanos de los trabajadores, explica Flores.

 

“Es abiertamente discriminatorio, atenta contra el principio de igualdad ante la ley y pone en cuestión convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, firmados por el Estado peruano”, agrega.

 

La inequidad social y los niveles de pobreza de trabajadoras y trabajadores quedaron en evidencia el miércoles 15 agosto, cuando un terremoto de siete grados en la escala de Richter le cambió el rostro a varias ciudades de la región Ica, a 250 kilómetros al sur de la ciudad de Lima. Sus viviendas precarias, la mayoría construidas con paja y adobe (bloques de arcilla), sucumbieron ante el movimiento telúrico.

 

La región Ica, junto con el departamento de La Libertad, a 500 kilómetros al norte de Lima, son las principales zonas agroexportadoras del país y generan el 3,8 por ciento del Producto Bruto Interno nacional.

 

Sin embargo, la pobreza afecta al 50,3 por ciento de la población de Ica y pasará mucho tiempo para conocer el porcentaje de trabajadores agroindustriales de esta región afectados por el sismo. Ellas y ellos, cargando su dolor a cuestas, han sido el primer sector productivo en reintegrarse a trabajar, desde el lunes pasado, porque en opinión de los empresarios “la producción no puede parar”.

 

RECUADRO

La precariedad laboral también campea en los medios de comunicación. Mariela, periodista con 23 años de servicio, podría tener una jubilación que la dejará desamparada. “A los 65 años, me imagino tendré una mínima pensión porque habré recuperado los 10 años de aportaciones que hiciera a una Administradora de Fondos de Pensiones”, afirma convencida.

 

Mariela, al igual que otros profesionales, ha trabajado en medios periodísticos precarios que, pese a hacerle mensualmente los descuentos de ley, no hacían las aportaciones respectivas a la seguridad social ni a la caja de pensiones.

 

“Coincidía con la ideología del periódico y no me importaba que no cumpliera con esas obligaciones y, como yo tenía todo cubierto con mi sueldo, no tenía conciencia ni me importaba la seguridad. Sólo cuando una empieza a tener responsabilidad de terceros es que recién se piensa en el futuro”, añade.

 

 

México: La maquila, un sueño perdido

Por Sara Lovera

 

México, agosto.- La fila de espera era larga, como todos los viernes. Decenas de hombres aguardaban, a la entrada del salón de baile Corona, la llegada de las mujeres para pagar la entrada, ellas eran entonces las obreras, con trabajo estable y sueños promisorios: tendrían modo de sacar adelante a su familia, comprar una casa, aprender y organizarse.

 

Algo más: Habían salido de sus pueblos y comunidades del sur a la frontera de México con Estados Unidos, querían transformar su vida y llenarse de experiencias positivas. Cambiar su condición tradicional de mujeres oprimidas.

 

Así era en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera occidental de México y Estados Unidos, en 1997. En esa ciudad y en Ciudad Juárez, Chihuahua nació hace 40 años la maquila, autonombrada industria maquiladora de exportación (IME), que dio empleo preferencial a las mujeres, con salarios superiores a otros trabajos femeninos, con posibilidades de capacitación y estabilidad.

 

“Nuestras manitas eran lindas”, recuerda Margarita, una mujer de la maquila Nogales, estado mexicano de Sonora. “Los empresarios tenían una imagen clara de lo que éramos: abundante mano de obra, jóvenes y baratas. Hoy somos escasas, viejas y caras”, añade.

 

La industria rápidamente creció, su mano de obra era 90 por ciento femenina en 1980. Pero el sueño se extinguió; en 2007 el trabajo femenino en las empresas maquiladoras es de 51 por ciento y el 49 por ciento corresponde a hombres. Existe competencia feroz entre ambos en capacidades y habilidades. Escasean las posibilidades, las oportunidades y los beneficios sociales.

 

Con la mayor de las crisis económicas en México, fracasado el modelo exportador, al comenzar el siglo se instaló el trabajo temporal y de tiempos parciales. Desaparecieron los contratos colectivos de trabajo y la sindicalización.

 

Además, a las mujeres se las confinó a los centros de confección de ropa. Agustina, que trabajó en una empresa en Izúcar de Matamoros, Puebla (centro del país) muestra las manos ajadas luego de 20 años de antigüedad, gana menos, trabaja 12 horas diarias, en lugar de 40 a la semana, y asegura que tiene graves daños en su salud.

 

“Terminé dejando el trabajo porque era muy presionado, tuve que ir al doctor para que me diera algo para los nervios”, relata. Matamoros Garment era una empresa coreana, ahora la administra, como ella dice, “un gringo”.

 

Los cambios en las empresas que pasaron de la confección de ropa, a la industria electrónica, las partes automotrices y arneses para torpedos de la industria militar de Estados Unidos, fueron desfavorables para las mujeres. Ellos son operarios, supervisores, mecánicos, y ellas están como al principio, en la línea de producción.

 

María Eugenia de la O, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y la doctora Cirila Quintero, directora del Colegio de la Frontera Norte coinciden, en sendas entrevistas con SEMlac, en que hoy el trabajo en la maquila es semejante a todos los trabajos de las mujeres: segregado, precario y sin prestaciones sociales.

 

Cirila lo plantea así: "la maquila ya no es un trabajo para mujeres, pues cada vez el hombre participa más. Las últimas estadísticas indican que en las IME laboran casi parejo hombres y mujeres. Aunque hay matices por regiones, en Matamoros, Tamaulipas (fronteriza), siguen siendo mayoría mujeres, como el 70 por ciento”.

 

Además, las mujeres siguen segregadas a las posiciones más bajas, con escasa posibilidad de avanzar, y son las mayormente afectadas con la pérdida de empleos desde el año 2000, especialmente las más viejas.

 

Solamente entre 2003 y 2006 se perdieron 122.000 empleos en la IME, los hombres fueron afectados en 17,6 por ciento, las mujeres en 21,2 por ciento, agrega Eugenia de la O.

 

¿Realmente hay un nuevo rostro? ¿Ha cambiado la situación histórica?, interrogo a Cirila. ”Si te refieres con nuevo rostro a que las plantas son más bonitas, más limpias, más atentas a seguridad e higiene, sí; pero, si te refieres a la segregación y discriminación de la mujer, no, esto no ha cambiado y la mujer sigue ocupando el escalón más bajo de la maquila”, explica.

 

El panorama

Actualmente las empresas maquiladoras de exportación en México, pasaron de la frontera al centro y occidente del país. Existen más de 3.500 establecimientos y, según el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, se ubican en 17 entidades de la República, de Tijuana a Yucatán.

 

Las electrónicas ocupan el 33 por ciento de la mano de obra; las del transporte el 22 y las textiles el 14. El proyecto formó parte, en 1965, de un Programa Reindustrialización Fronterizo y, más tarde, la idea fue incrementar el empleo regional, vender en el mercado doméstico, pero el esquema, desde su nacimiento, fue obtener mano de obra barata y lograr estímulos fiscales y facilidades por parte del gobierno, recuerda De la O.

 

El desplazamiento de las empresas de la frontera al sur sucedió en los años ochenta y ello regresó a las mujeres a los esquemas tradicionales de ocupación, donde las obreras fueron consideradas masivamente ocupadas en la línea de producción: monótona y sin capacitación, dice De la O.

 

Pero la presencia masiva de mujeres no cambió el contexto nacional y patriarcal. Hoy los testimonios hablan de la doble fatiga, la doble jornada y un entorno opresivo y patriarcal que no las deja desarrollarse, además de la reestructuración industrial y la globalización, dijo.

 

Salud y derechos

La organización Human Rights Watch sostiene que los industriales obtienen 29.000 millones de dólares anuales de ganancia. Y en los talleres de montaje de la ciudad de Tijuana, en Baja California, que colinda con San Diego, California, Estados Unidos, se pudo establecer que los maquiladores violan la ley: todas las mujeres son requeridas para la prueba de embarazo como requisito para obtener un empleo.

 

A su vez, la doctora Mónica Jassis, directora del Centro de Mujeres, en La Paz, Baja California Sur, informó a SEMlac que, en 2005, realizó una encuesta entre 480 trabajadoras de Tijuana y encontró que el riesgo en la salud es alto.

 

Sólo en las empresas electrónicas, ellas están expuestas a diluyentes, ácidos, vapores de soldadura, ventilación difícil, posiciones forzadas (sentadas durante horas, encorvadas o de pie), con trabajos repetitivos, de más de ocho horas.

 

La doctora Jassis detectó que los hijos de estas obreras nacen con bajo peso, al relacionarlos con los otros nacimientos de obreros. Además, una de cada cinco entrevistadas nunca se hizo un examen de salud preventivo y las dos terceras partes no se realizaron el Papanicolau (examen para detectar cáncer uterino).

 

Condiciones laborales

Gustavo Castro Soto, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, dijo a SEMlac que en Reynosa, Tamaulipas, donde existen más de 170 establecimientos, la miseria en que vive la población es ofensiva. La mayoría son mujeres que viven los infiernos de las maquiladoras, donde no se acepta a personas mayores de 35 años.

 

Incluso hay maquiladoras que contratan a niñas de13 años. A las trabajadoras les exigen la prueba de embarazo al solicitar el empleo y, una vez aceptadas, son revisadas en cada período menstrual para asegurarse que no estén embarazadas.

 

La vida interna es aún peor: no dejan tomar agua para evitar el abandono del puesto de trabajo (además los baños y el agua escasean). La trabajadora sólo tiene permiso cinco minutos para ir al baño, mientras que otra tiene que cubrir el puesto para que la producción no se detenga.

 

Las mujeres tienen que cumplir con una cuota de producción cada día, de no lograrlo son despedidas, refiere por su parte Socorro Chablé, presidenta del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales. Dice que existen en Yucatán 71 maquiladoras de exportación distribuidas en todo el estado, preferentemente de confección.

 

A diferencia de otros lugares del país, en Yucatán la maquila había ocupado más a hombres que a mujeres, hasta una proporción casi pareja en años recientes. La maquila se introdujo en Yucatán en 1985 y en sus mejores tiempos llegó a haber casi trescientas.

 

Chablé recuerda que hubo un cierre masivo de maquiladoras en todo el país y agrega que las comunidades donde se han instalado las IME quedan en el desamparo, porque no hay otras fuentes de empleo que ocupen a las obreras y obreros desempleados.

 

Chablé, que habla de la situación obrera, remata informando que el acuerdo multifibras que tiene que ver con la liberación de las cuotas (porcentajes) de exportación de China a Estados Unidos, desde 2004, y que fueron restringidas antes al interior de la Organización Mundial del Comercio, colocan a China actualmente como uno de los países más competidores frente a otros.

 

El objetivo del acuerdo multifibras ha golpeado fuertemente a la industria en otras naciones, pero particularmente a México. Y serán las mujeres las primeras en salir.

 

 

Hidrocarburos: Un reducto masculino perforado por mujeres

Por Helen Álvarez V.

 

La Paz, agosto.- Los hidrocarburos en Bolivia atraviesan todas las discusiones y ámbitos, desde el económico hasta el social, pasando por el político y el cultural; cualquier expectativa de mejorar las condiciones de vida de la población está signada por el aumento de la exploración, la explotación, la exportación, hasta llegar a la industrialización esperada desde hace más de tres décadas.

 

Sin embargo, muy pocas mujeres son parte del proceso productivo, aunque poco a poco este reducto masculino está siendo perforado. Los varones predominan en el sector petrolero en todas las áreas, “pero esta hegemonía no es absoluta”, sostiene la socióloga Tania Aillón, autora del libro Monopolios petroleros en Bolivia.

 

En el área administrativa, las mujeres ya ocupan hasta cargos jerárquicos, pero en el área de producción la situación es diametralmente opuesta.

 

Aillón, docente de la Universidad Mayor de San Simón, realiza un doctorado en la Universidad de París X Nanterre sobre las condiciones de trabajo en la industria petrolera en Bolivia.

 

Para llevar adelante su investigación, vivió un año, en 2006, en los campamentos de las empresas capitalizadas Andina y Chaco. En una de las compañías en el área de producción no había mujeres y en la otra, sólo una en el equipo de operadores de planta, que trabajaba en igualdad de condiciones con sus colegas.

 

En Petrobrás-Bolivia ocurre lo mismo. Según la ingeniera petrolera Carla Armijo, “hay más mujeres en las áreas administrativas y de recursos humanos”, porque hay más mujeres formadas para cumplir esas tareas, mientras que hay más hombres formados para los procesos productivos.

 

La ingeniera en reservorios Milka Hinojosa relata, en una entrevista, que en su curso había siete estudiantes y ella era la única mujer. Estudió en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y se graduó en 1986. Quería especializarse en perforación, al igual que sus compañeros, pero no se lo permitieron y tuvo que optar por reservorios, que también exige trabajo de campo.

 

Más mujeres en Ingeniería Petrolera

Una profesión que capta cada vez más mujeres es la de ingeniería petrolera; las universidades UMSA, de La Paz, y Gabriel René Moreno, de Santa Cruz, ambas públicas, tienen la carrera desde 1982.

 

El boom de los hidrocarburos en Bolivia ha hecho que al menos cinco universidades privadas lancen su propuesta, una de ellas es la Universidad de Aquino (Udabol), que desde hace dos años y medio ofrece Ingeniería en Gas y Petróleo.

 

El director académico de la Udabol, Ramiro Cordero, explicó que, de manera general, el 80 por ciento de los estudiantes son varones; sin embargo, para el segundo semestre de 2007 se inscribió un 40 por ciento de mujeres, aclara la asistente de la Dirección de Carrera, Claudia Llanos, ingeniera de sistemas. Las estudiantes mujeres son más responsables y tienen un mayor índice de aprobación, dice.

 

Una dificultad que tiene la Udabol es que hay pocos profesionales en el área y menos aún mujeres; pese a ello, el plantel femenino de docentes dicta materias como química, topografía, reservorios, geología estructural de Bolivia, entre otras.

 

El camino de las pasantías

Uno de los rubros de la cooperación canadiense en Bolivia se enfoca a incentivar la inserción de las mujeres en diferentes ámbitos profesionales y el Ministerio de Hidrocarburos, así como otras entidades del sector, aprovechan este apoyo para que las jóvenes ingenieras petroleras realicen pasantías y así puedan comenzar a ejercer su carrera, explica la directora de Exploración y Producción, Isabel Chopitea, una administradora de empresas que es la demostración de la incursión femenina en el sector.

 

Ella ocupa el cargo desde abril de 2007, aunque trabaja en ese ministerio desde hace más de cinco años.

 

Las pasantes hacen tareas administrativas, sobre todo de fiscalización, cuando van a los campamentos, porque esas son las funciones del Ministerio.

 

La Directora considera que, cuando la petrolera estatal comience a recuperar la cualidad productiva que perdió durante el proceso de privatización, las mujeres deberán tener más espacios de participación, sin que esto signifique la asignación de cuotas. Hasta ahora, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hay una mujer por cada 10 hombres.

 

Parte de la experiencia de Aillón en los campamentos fue compartir espacios con muchachas que realizaban prácticas universitarias allí.

 

Chopitea no descarta que se puedan definir políticas para sancionar la discriminación laboral en las petroleras privadas, pues éstas prefieren contratar varones. Ella cuestiona especialmente la “consideración discriminatoria” de la que también fue víctima, ya que por el hecho de tener un bebé algunas veces ni siquiera la tomaron en cuenta para algunas actividades.

 

“Ni siquiera te dan la opción para elegir… dicen ‘tiene un bebé, mejor la dejaremos con su bebé’, en lugar de darnos la opción de elegir, de decidir nosotras y no ellos”, apunta.

 

No profesionales, pero sí lavanderas y cocineras

El trabajo petrolero en el área productiva demanda largas temporadas en los campamentos; una de las empresas que Aillón estudió exige 21 días continuos en el campo y 21 en la ciudad.  En la otra, piden dos semanas dentro y dos fuera, algo incompatible con los códigos que funcionan culturalmente respecto a las responsabilidades de las mujeres con hijos y familia.

 

Sin embargo, Aillón comprobó que, si bien hay pocas mujeres profesionales, las áreas de servicios —limpieza, alimentación y lavado de ropa— están copadas por muchachas.

 

Para Chopitea, esta situación es un reflejo de la sociedad, donde predomina “la idea de que la mujer sí es buena para las labores de cocina, aunque sea alejada de su familia, aunque igual tenga que decidir entre su trabajo y sus hijos”, y por eso tiene más oportunidad en esa área.

 

Las petroleras subcontratan a empresas que incorporan en sus nóminas a jóvenes entre 18 y 22 años, muchas madres solteras que dejan a sus hijos generalmente con la mamá. Ellas acumulan un día de salida del campamento por cada tres días de trabajo en el campo y, además, están expuestas al acoso sexual y a ser prostituidas.

 

Aillón prefiere no referirse a este tema, pero considera que debe tenerse en cuenta la situación: “un gran grupo de hombres (90 por ciento, frente a 10 por ciento de mujeres), entre operadores, trabajadores de cuadrilla, de plomería, electricidad, que están encerrados 21 días”. Sin embargo, “oficialmente, en las empresas está prohibido cualquier tipo de relación amorosa o física entre los trabajadores y las señoritas”.

 

Discriminación y autodiscriminación

El Defensor del Pueblo procesó el reclamo de una ingeniera petrolera que estudió y concluyó la carrera en Santa Cruz, pese a que sus docentes intentaron desanimarla.

 

Encontrar trabajo también fue un problema para ella, porque sólo le ofrecían tareas de oficina; finalmente consiguió incorporarse a otras actividades, pero ahora su salario es menor que el de sus colegas, quienes tienen las mismas obligaciones.

 

Según un informe gubernamental de 2004, las mujeres profesionales ganaban la mitad de lo que percibía un varón por las mismas actividades. Sin embargo, desde entonces no se hizo una actualización. Chopitea aclara que, en las instituciones estatales, los salarios están definidos por categorías y no por género. En Petrobras, según Armijo, los sueldos no varían “en función del sexo ni de otra condición extra profesional”.

 

Por otra parte, la Directora del Ministerio de Hidrocarburos critica la auto discriminación de muchas mujeres que se rinden sin haber comenzado a competir. Esto se refleja, por ejemplo, en que a las convocatorias para contratar personal en ese despacho, por cada 20 varones se presenta una mujer. Y es precisamente una de esas mujeres la que está a punto de ser contratada, porque sus méritos superaron a los del resto.

 

Algo apreciable en las pasantías de campo es que algunas chicas estaban dispuestas al trabajo manual fuerte, que es característico de la industria petrolera, pero otras no, lo que resultaba perjudicial para las primeras.

 

Milka Hinojosa tiene varias anécdotas de sus inicios en el sector, cuando no había mujeres; ella tuvo que enfrentar hasta burlas. Hace 16 años, entrar al mercado laboral en hidrocarburos era muy difícil, pero lo consiguió, y por eso ahora recomienda a las mujeres perseverar.

 

 

Argentina: La industria que se nutre del trabajo esclavo

Por Norma Loto

 

Buenos Aires, agosto.- “Vivía en La Paz (Bolivia) y el dinero era escaso. Una persona me prometió empleo en Argentina y me dijo que aquí mis hijos podrían ir a la escuela mientras yo trabajaba. Pero cuando llegué, todo fue diferente a lo prometido”, relata Simona, una boliviana de 46 años que reside en Buenos Aires y trabajó en la industria textil.

 

Simona relata a SEMlac que las condiciones laborales en las que se encontraba eran penosas y que le habían prometido una paga de $0.40 (unos 16 centavos de dólar) por prenda, pero luego empezaron a pagarle sólo $0.30 (US$0.10). La excusa de su empleador era que las prendas estaban descuidadas.

 

“No me conviene seguir trabajando por esa paga, le dije al empleador que era aquella persona que me había traído a este país. El me respondió: `Si quieres, te vuelvo a Bolivia´. Y yo le dije: `¡Pues no soy un objeto que se puede llevar y traer a cada rato, soy una persona!´”, rememora Simona.

 

El relato de Simona representa la experiencia y el sufrimiento de numerosas personas que trabajan en la industria textil de Argentina y que provienen de los países limítrofes.

 

Este problema salió a la luz en marzo de 2006, cuando un grupo de migrantes bolivianos perdieron sus vidas en un incendio en un taller textil de la ciudad de Buenos Aires. Aquel hecho fomentó denuncias contra la industria textil que se nutre del trabajo esclavo y que está estrechamente vinculada a la trata y el tráfico de personas.

 

Según el estudio Quién es quien en la cadena de valor de la industria textil, realizado por Fundación El Otro (www.elotro.org.ar) y la organización Interrupción (www.interrupcion.net), “la forma más extendida y conocida (de trata para explotación laboral) es la explotación de personas en talleres de confección de indumentaria textil”.

 

“Específicamente los casos de trata para trabajo esclavo o servil en la Argentina, están focalizados en el norte del país y en los talleres de confección en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores”, señala esa investigación.

 

De acuerdo con un sondeo en 10 empresas textiles dirigido por la Fundación El Otro, en 2006, la industria de ese ramo en la ciudad de Buenos Aires, ocupa alrededor de 6.443 personas, de las cuales 5.121 son varones y 1.322 mujeres.

 

En cuanto al salario percibido por quienes trabajan en la industria textil, es menor en relación con otros sectores industriales; pero los sueldos más bajos se encuentran en la rama de la confección que emplea, en su mayoría, a mujeres.

 

La economista María D´Ovidio, directora de esta investigación, señaló a SEMlac que “la mayoría de estos talleres están vinculados a la trata. Sus dueños, en un alto porcentaje, son bolivianos, luego le siguen los coreanos, aunque también hay argentinos. Allí existe discriminación de género en el trato, paga y  horarios de jornadas laborales. Las mujeres allí son mas exigidas porque están con sus hijos cuando trabajan y esto conlleva a requerimientos mayores”.

 

Trabajan alrededor de 16 horas y ellas ganan entre $0, 40 (US$ 0.15) y 0,60 (US$ 0.20) por cada prenda producida, lo cual daría un total mensual cercano a $300 a $400 (equivalente a 100/130 dólares). Sin embargo, el costo de vida para un familia tipo (pareja y dos hijos) en la Argentina ronda los $1.200 (US$ 400).

 

La mencionada investigación revela que existen distintas formas en las que se presenta el trabajo esclavo, una de ellas es la servidumbre por deudas, muy común en los talleres clandestinos de confección de prendas.

 

Con esta modalidad, las víctimas son obligadas a trabajar junto a sus familias para pagar los gastos del traslado desde su país de origen al de destino. Generalmente, el empleador-tallerista retiene sus documentos de identidad y el sueldo y, en cambio, entrega a la trabajadora sumas pequeñas semanalmente, situación que otorga al empleador un alto grado de control sobre el inmigrante.

 

Uno de los testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, reproducido en ese informe, muestra la crudeza de esta realidad:

 

Una boliviana fue entrevistada por una empleadora que ofrecía trabajo en la Argentina y prometió pagarle 0.40 (US$ 0.13) por prenda. La mujer viajó a la frontera argentina con su hermana, su cuñado y el hijo de ambos de tres años y, tras una terrible y clandestina odisea migratoria, llegaron a Buenos Aires, donde la documentación quedó en manos de la futura empleadora.

 

Allí se encontraron que en el taller todos los trabajadores vivían en minúsculas casillas de madera ubicadas en la terraza. La jornada de trabajo era de lunes a viernes de ocho de la mañana a una de la madrugada, y los sábados laboraban hasta las 13 horas.

 

Sin condiciones de higiene y seguridad, la mujer estuvo en este lugar durante un año para recibir como remuneración de 1,50 a dos dólares por fin de semana, con el argumento de que debía pagar la deuda del viaje.

 

Uno de los puntos que más conmueve de su historia es que, en el lugar, vivían cinco niños menores de cinco años, que tampoco podían salir de la casa ni para ir al médico o a la escuela. Además resalta que, a causa de la miseria en que se encontraban todos los trabajadores, se robaban entre ellos los efectos personales, e incluso la comida.

 

Por su parte, la Organización Internacional de Migraciones informó que, durante 2006, el 40 por ciento de los casos asistidos correspondieron a explotación laboral. “La mayoría de las víctimas de explotación laboral sufren de problemas pulmonares y alergias por las condiciones sanitarias del taller donde son recluidos, y el polvillo característico de la actividad textil. Además, enfermedades como la anemia son frecuentes por la falta de alimentación”, señala el organismo mundial.

 

Actualmente, la industria textil y de confección se encuentra en una etapa de estabilización, luego del leve crecimiento que se produjo entre 2002 y 2003. Se estima que en la ciudad de Buenos Aires existen cerca de 5.000 talleres ilegales.

 

“El sector empresario se muestra reacio a tomar responsabilidad en el asunto, pero también existe mucha desinformación. A la vez, el sector sindical podría jugar un papel más significativo para promover las buenas prácticas de esta industria”, dijo a SEMlac la economista D´Ovidio.

 

La profesional señaló también que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Subsecretaria de Producción, Empleo y Desarrollo Profesional, viene desarrollando una tarea interesante de presión, exposición y denuncias a las marcas que se nutren del trabajo esclavo, y destaca que algunas de ellas están tomando conciencia de la corresponsabilidad en esta situación“.

 

 

República Dominicana: Torbellinos del debate sobre sexo pagado

Por Mirta Rodríguez Calderón

 

Santo Domingo, agosto.- La respuesta de Miriam González funcionó como latigazo a la frente: “Prostitución no, trabajo sexual. Un trabajo honrado porque un cliente nos invita, nos da nuestro dinero y nosotras le servimos. No estamos vendiendo droga, ni robando, ni traficando con personas…Y no vendo mi cuerpo, porque yo me voy enterita”.

 

Ella, quien durante 15 años ha trabajado tanto en bares o “negocios” –como ella les llama-, lo mismo en la calle o en casas de cita o de masajes, es también secretaria de organización del Movimiento de Mujeres Unidas de República Dominicana, un colectivo de trabajadoras sexuales que ha hecho mucho por la capacitación, la autoestima y la defensa de las congéneres que trabajan en la industria del sexo.

 

Dicho así, referido desde la experiencia vital de una mujer que llegó a ese mundo como resultado de su pobreza extrema el –mismo camino por el que llega la mayoría de ellas-, el asunto parecería sencillo. Pero no lo es.

 

Entre las muchas precariedades que padece el trabajo femenino en el presente, este segmento es uno de los más turbulentos y cuestionados. En toda América Latina se discute el tema y en Europa hay foros por todas partes: Granada, Barcelona, el Parlamento español, Italia, Suecia...

 

El epicentro mayor de las dificultades para conciliar posiciones se ubica entre quienes la consideran una esclavitud, un resultado del patriarcado que convierte a las mujeres en objeto de consumo para varones; y el enfoque contrario: quienes afirman que es una opción, que no todas son víctimas ni explotadas, sino que escogen hacer trabajo sexual como una expresión libertaria; y que es para ellas más rentable que otras posibilidades laborales, muy escasas y peor pagadas.

 

La polarización es menor cuando se habla de las mafias internacionales y las mujeres traficadas; situación acerca de la cual absolutamente todos coinciden en que se trata de un crimen perseguible y sancionable, si bien un grupo de investigadores e investigadoras sostiene que no es verdad que todas las mujeres –emigrantes en particular– salgan engañadas de sus países.

 

Otro punto de coincidencia en un espectro tan amplio es la trata con menores, niñas y niños, que provoca un rechazo total.

 

Pero el campo donde el trabajo sexual y sus implicaciones desencadenan torbellinos es qué hacer con este fenómeno social y cómo considerar a las mujeres mismas.

 

Algunos países  han aplicado variantes distintas: en Tailandia, nación asiática tenida por paraíso sexual, la prostitución es delito y las mujeres son sancionadas. En Suecia, la política es abolicionista: el trabajo sexual es considerado esclavitud, penalizan a quien haga uso de estos servicios, pero no a ellas. En Holanda, en cambio, es legal y su ejercicio es entendido como desempeño de un trabajo.

 

El componente económico

Aunque la Organización Internacional del Trabajo no considera la prostitución un trabajo, tampoco ese criterio concita unanimidades en esa organización. Lim Lean Lim, quien ha sido directora del Programa de Promoción de Género de la OIT en Ginebra, dice esto en la compilación de Raquel Osborne “Trabajador@s del sexo ”, Ediciones Bellaterra, Barcelona 2004:

 

“¿Puede describirse el trabajo sexual como una actividad económica y como un trabajo? Desde luego que sí. El comercio sexual no se refiere a las características sociales o psicológicas de una clase de mujeres, sino a una actividad que genera ingresos y una forma de empleo para muchas mujeres (y hombres)”. 

 

Una indagación al vuelo conducida por corresponsales de SEMlac, en países del continente, acerca de cuánto ganan las trabajadoras sexuales, arrojó realidades muy distintas, según la “categoría” de la mujer, el sitio donde ejerza y el contexto económico del país.

 

La misma exploración revela que esas tarifas son mayores que lo que una mujer puede ganar en el trabajo doméstico o en las maquilas de textiles: en algunos países la cuadruplica y en otros, al menos, la duplica.

 

En La industria de sexo local: cultura, marginalidad y derechos, editado en 2002 por feministas ecuatorianas del Taller de Comunicación Mujer, se arranca de un aserto que constituye punto de partida para cualquier visión del problema: es un tema complejo y contradictorio que “se configura en un entramado de dinámicas sociales, económicas y culturas, y en relaciones de poder que no pueden explicarse desde un solo nivel de análisis y sin tensiones”

 

Avances y encontronazos en la Europa hispana

Lo que anticipan las andinas es de lo mucho que pasa en España donde, en marzo de este año, se dio una discusión de altos quilates en el Parlamento. En Barcelona, el mes pasado, SEMlac entrevistó a Lourdes Muñoz, la diputada que presentó las posiciones del grupo socialista en el Congreso, quien consiguió que las cosas se quedaran como estaban, porque su primera convicción es que las mujeres no eligen sino que son traficadas:

 

“Ellas están en manos de la mafia que les quita el pasaporte y sólo les deja esa opción. No conozco una sola que diga que le encanta ser prostituta y quiera ir a decirlo a la tele. Pero yo no las voy a prohibir. Puedo aceptar conceptualmente que alguna mujer elija esa opción. Eso no quiere decir que socialmente debamos aceptarlo como un trabajo digno”.

 

Carla Corso, una trabajadora sexual italiana, probablemente no conoce las opiniones de la ingeniera informática Lourdes Muñoz, quien desde los 14 años empezó a poner en práctica su vocación por la política y es una prominente legisladora. Pero estas palabras de la Corso dan cuenta de otro sentir:

 

“He sido prostituta durante 25 años porque nunca he querido dedicarme a otro trabajo... Siempre he acabado volviendo a la calle, porque pensaba que era lo más libre y lo más excitante; una situación en la que hay mayor posibilidad de elegir a los clientes y en la que, incluso, se puede rechazar a alguno… Sólo quien haya sido prostituta puede decir si alguna vez se ha sentido como un objeto…”. En la ya citada compilación de Raquel Osborne, ella reitera que siempre se ha sentido fuerte, actuando según un contrato, una concertación con el cliente.

 

No se puede ignorar, sin embargo, que muchos estudios consideran a las prostitutas como víctimas sin capacidad de decisión, inmaduras, dependientes, como si ellas fueran las culpables de su situación, aunque se sabe de sobra que la primera causal es económica.

 

El punto de vista que sostiene la antropóloga catalana Isabel Holgado, durante muchos años imbuida en la investigación de este tema, difiere de Muñoz:

 

Cuando el Parlamento Español desestimó, en marzo pasado, la posibilidad de regular la prostitución voluntaria, esa fue “la culminación de un desencuentro real y dramático en las posturas feministas y progresistas, en un nuevo contexto socioeconómico global que está forzando, pese a las resistencias, a revisar buena parte de los esquemas epistemológicos clásicos”, dijo Holgado a SEMlac.

 

“Se apuesta por no reconocer la legitimidad de la opción, al considerarla incompatible con el concepto de igualdad. Y, muchas veces, esta es una opción de resistencia y emancipación frente a las discriminaciones y otras divisiones sociales previas”, añadió.

 

Isabel Holgado les reprocha a las políticas “que las consideran a todas víctimas”. Y exhorta a las feministas con poder, como las llama ella, a que “efectivamente tiendan lazos de solidaridad real y dejemos el pánico moral, el clasismo y otros temores para momentos más propicios a la discusión ideológica. Ahora toca actuar…”

 

De ahí también la validez de los asertos de la académica española   Dolores Juliano, autora, entre otros de “Marginales y Excluidas”, cuando se pregunta: “¿y si las cosas pudieran verse de otra manera?, ¿y si aquello que damos por sabido reflejara sólo una de las formas de acercarnos a los hechos?”

 

Una carta de derechos humanos para las trabajadoras sexuales

El gran crimen presente en este fenómeno es la violación de los derechos humanos de las mujeres que prestan sexo de pago, el silenciamiento de sus voces y los abusos que les llegan desde las autoridades, la policía, los traficantes y proxenetas y, desde luego, la sociedad más tradicional, que las estigmatiza.

 

De ahí que, cualesquiera que sean las miradas que se echen a esta realidad, lo que parece estimulante es que las propias trabajadoras sexuales de Latinoamérica estén ya organizadas, desde 1997, en la RED TRASEX, a la que pertenecen colectivos de 10 países.

 

Elena Eva Reinaga, la secretaria ejecutiva de RED TRASEX, respondió a SEMlac que, para ellas, este trabajo “es una opción y no una elección, por los estigmas que le acompañan. Lo que debemos dejar claro es que las mujeres no sufren de esclavitud en el trabajo sexual, sino en las maquilas, la servidumbre y otros empleos…”

 

Pero, la mejor de las noticias es que ellas, las trabajadoras sexuales organizadas del continente, están promoviendo una Carta de los Derechos Humanos que aspiran sea aprobada hacia 2012, lo que solventaría el gran vacío hasta ahora existente, cuando tantas académicas y otras y otros profesionales hablan de ellas, pero no se les escucha.

 

Las congéneres de esta Red, que tiene su sede primera en Argentina (www.redtrasex.org.ar), tienen mucho que aportar y van a hacerlo cuando se reúnan en un evento preparatorio, el año que viene. La lúcida Elena Reinaga dio muestras de esto cuando, al responder a una petición de SEMlac para conocer cómo reacciona ante las palabras prostitución, prostituta y puta, dijo:

 

“No le tenemos miedo a las palabras, sino al sentido que les dan. Son palabras que históricamente se utilizaron para estigmatizar, discriminar. La palabra prostitución se usa para las mujeres que ejercen el trabajo sexual, pero no para aquellos hombres y mujeres que se prostituyen intelectualmente vendiendo sus ideales por poder o dinero”.

 

“La palabra puta tiene claramente una carga despectiva, pero va más allá de la categoría prostitución. Una mujer es una puta para el pensamiento patriarcal no solamente cuando ejerce la prostitución, sino cuando se atreve a disfrutar del placer. Esta es la concepción que debemos discutir, la construcción de significados que esta palabra esconde, para pensar la dimensión referente a la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo”.

 

 

Uruguay: El empleo precario tiene rostro de mujer

Por Cristina Canoura

 

Montevideo, agosto.- Cuatro de cada 10 empleos en Uruguay, con una antigüedad menor a los tres meses, están ocupados por mujeres y el salario promedio que ellas reciben representa el 70 por ciento que el de los hombres, según un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

El universo considerado para el informe, realizado a partir de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada, efectuada el primer semestre de 2006, incluyó al conjunto de personas ocupadas en toda la nación mayores de 14 años que declaran tener empleo o haber trabajado al menos una hora en la semana previa a la encuesta.

 

Si bien este estudio, titulado "Análisis de la Antigüedad en el empleo", no califica directamente a los trabajos de escasa antigüedad como precarios, bajo esta categoría se incluyen, a nivel nacional, a todas las personas subempleadas (que trabajan menos de 40 horas semanales, pero quieren laborar más) y que no están registradas en la seguridad social.

 

Hasta mayo de 2007 existían en todo el país 584.3339 personas con empleos precarios, 39,6 por ciento del total de los empleos del país.

 

De acuerdo con la investigación del INE, entre los trabajadores —hombres y mujeres— con menos de un trimestre en el empleo, "seis de cada 10 no realizan aportes a la Seguridad Social; de los que tienen entre cuatro y seis meses en el empleo, la mitad no realiza aportes y entre los que tienen más de dos años en el empleo sólo uno de cada cuatro lo hace".

 

Esto demuestra que "la informalidad es decreciente con la antigüedad en el empleo", sostienen los técnicos del INE.

 

Los principales indicadores del mercado laboral uruguayo muestran que la discriminación femenina en el trabajo sigue presente en el país. Las tasas de empleo y desempleo evidencian resultados peores para las mujeres que para los hombres.

 

Según cifras del INE, en el primer semestre de 2007, la tasa de desempleo en todo el país fue de 9,7 por ciento de la población económicamente activa.

 

Durante el primer semestre, había 1.364.093 mujeres en edad de trabajar, con 14 o más años de edad (de una población global de 3.200. 000 habitantes). De ellas, 715.500 participaban del mercado laboral.

 

Sin embargo, los puestos creados en la economía no lograban cubrir el total de mujeres que buscaban empleo. Las que tenían trabajo eran unas 622.000, mientras 94.700 mujeres se encontraban desocupadas (13,2 por ciento de la población económicamente activa de sexo femenino).

 

La contribución femenina a la tasa de desocupación global fue de seis por ciento (de los 9,7 por ciento). Esto significa que 62 por ciento del desempleo total del país se explica por mujeres que no consiguen empleo, informaron a SEMlac diversos economistas consultados.

 

Precariedad femenina

De acuerdo con los datos relevados por el INE, en los empleos con antigüedad menor a tres meses, en todo el país, la participación femenina es de 43,5 por ciento, por lo que "se verifica la hipótesis de que, en los nuevos empleos, las mujeres tienen mayor participación que en los más antiguos". Dos de cada tres empleos se generaron en el comercio y los servicios.

 

Por otra parte, la mayor participación en los empleos recientes se localiza en las industrias de alimentos, de madera y papel, de la construcción, comercio, hoteles, restaurantes y servicio doméstico.

 

En el sector privado, en aquellos con menos de tres meses de antigüedad, uno de cada cinco corresponde al comercio —donde mayoritariamente son mujeres las empleadas— y uno de cada siete al servicio doméstico.

 

En este último sector, el salario mínimo mensual es de 3.150 pesos uruguayos, que equivale a unos 125 dólares. Si la mujer recibe comida, su patrón podrá deducir 20 por ciento del mínimo establecido.

 

En el caso de las empleadas domésticas afincadas en el sector rural, su salario mínimo mensual es de 1.700 pesos uruguayos (68 dólares).

 

El trabajo doméstico representa 30 por ciento del trabajo asalariado femenino, del cual 80 por ciento se realiza en condiciones de precariedad, fundamentalmente debido a la falta de cobertura social, sostienen las economistas Alma Espino y Paola Azar, en su trabajo "Apertura Económica y relaciones de género en Uruguay", publicado en 2002.

 

No existen cifras de la cantidad de mujeres asalariadas ocupadas en los sectores de comercio y servicio doméstico.

 

 

Guatemala: Sin belleza, no hay empleo

Por Alba Trejo

 

Guatemala, agosto.- La edad y el físico pesan cuando se es mujer, más aún si de buscar un empleo se trata. En Guatemala, los contratistas que anuncian plazas vacantes en los clasificados exigen de ella que sea delgada, menor de 30 años y soltera, y todo eso para ocupar puestos como el de secretaria, recepcionista o vendedora.

 

Con los hombres, sin embargo, ocurre diferente. A ellos les reservan los puestos de alta jerarquía como gerente, administrador o coordinador. Su edad no importa, no constituye un requisito, mucho menos su estado civil y su físico. Así de excluyentes y discriminatorios resultan ser los empleadores de este país centroamericano.

 

El más reciente Informe de Desarrollo Humano para Guatemala señala que la población femenina aún sufre de subordinación y marginación en todas las esferas de la vida, lo que se refleja en los índices de participación y desarrollo, en la actividad económica remunerada y en la política.

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indica que esta nación ocupa el lugar 90, entre 136 países, en cuestiones de desarrollo de género, cuyos parámetros miden la desigualdad en salud, vida digna y desarrollo de la mujer en relación con el hombre.

 

Aunque la participación femenina en el mercado laboral guatemalteco ha aumentado en los últimos cinco años, los empleos a los que ellas acceden son poco remunerados y sin prestaciones, señala la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM). En la gran mayoría de estos empleos a los que se refiere esta entidad los salarios no rebasan los 100 dólares al mes.

 

Además, los informes sobre situación laboral en Guatemala indican que la disparidad entre hombres y mujeres que trabajan se hace más pronunciada a medida que aumenta el nivel de educación. Los datos disponibles reflejan un salario promedio de 250 dólares para el hombre y de 100 dólares para la mujer.

 

La Red de mujeres atribuye estas diferencias no sólo a la falta de oportunidad de la población femenina para acceder a los estudios, sino también a que este sector es víctima de la discriminación.

 

A esa situación hay que agregar la pobreza económica en la que ellas viven, lo que las obliga a buscar alternativas de sobrevivencia, aunque estas muchas veces no respondan a sus necesidades y aspiraciones. En este país, alrededor de seis millones 400.000 personas son pobres y un millón 800.000 subsiste en condiciones de pobreza extrema, según la Encuesta Nacional de Comercio y Vivienda.

 

Uno de los empleos por los que optan las mujeres son las ventas por catálogo. Actualmente, solteras, casadas, viudas, divorciadas e incluso estudiantes, se inclinan por obtener dinero a través de ese negocio que, de cinco años a la fecha, es un boom en Guatemala.

 

Para ejercerlo, no se requiere de edad, estudios universitarios y, mucho menos, belleza física: ropa íntima importada de Colombia, perfumes franceses, zapatos mexicanos y bisutería brasileña son algunos de los artículos que figuran en los catálogos de ventas, los cuales les generan a ellas un ingreso con el que pueden sostener a sus tres o cuatro hijos.

 

Aunque no hay mediciones reales de cuántas mujeres podrían estar involucradas en este negocio, empresas de recursos humanos estiman que, por lo menos, unas 80.000 guatemaltecas se dedican a este tipo de comercio que para unas resulta ser la única fuente de recursos, mientras que para otras es un complemento a otro trabajo.

 

AVON, por ejemplo, es una empresa de cosméticos, ropa y perfumes, pionera en el país en este tipo de negocios. Aunque se mantiene en reserva el número de consejeras que tiene, esta entidad dirige grupos de hasta 400 mujeres por zonas. A, la fecha suman más de 100 grupos.

 

Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ve en este tipo de trabajo la desventaja de que no brinda prestaciones laborales de ningún tipo, por cual, cuando las mujeres enferman, tienen que asumir todos los gastos en medicina y médico.

 

De igual forma operan las transnacionales Ebel, que distribuye cosméticos, y Caprices, con ropa íntima. Las que dedican su fuerza laboral a este tipo de empleo obtienen muchas veces el 40 por ciento de comisión sobre sus ventas, señalan empleadores de estas empresas que compiten fuertemente por tener el mayor número de consejeras.

 

De acuerdo con los cálculos efectuados por esas entidades, las mujeres podrían recibir, por lo menos, 250 dólares mensualmente de ganancia, lo que equivale al salario de una secretaria de un banco o al de un perito contador en una empresa.

 

De esta forma, las mujeres pasan a formar parte del millón de personas incluidas en el comercio, ventas o similares, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2003, del Instituto Nacional de Estadística. De ese millón, 60 por ciento son mujeres, es decir 546.320 dedicadas a este tipo de labores.

 

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, siete de cada 10 guatemaltecos ha encontrado un empleo en el sector informal, lo que permite que este país sea la nación de Centroamérica con la tasa más baja de desempleo. El Salvador tiene el 7,3 por ciento, Costa Rica, el 6,9 por ciento y Nicaragua el siete por ciento.

 

La situación laboral de las mujeres se complica más ante los cambios en términos de globalización y los procesos ligados al Tratado de Libre Comercio, el Plan Puebla Panamá y el Área de Libre Comercio de las Américas, procesos éstos que las dejan al margen de la participación laboral, debido a los bajos niveles educativos prevalecientes.

 

Guatemala es el país que tiene la segunda tasa más alta de analfabetismo femenino en América Latina (34,6 por ciento). La SEPREM señala que aproximadamente medio millón de niñas entre siete y 14 años no están inscritas en la escuela primaria en comparación con 300.000 niños que tampoco lo están.

 

En el Congreso de la República se presentó un proyecto promovido por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y coordinado por la Oficina Nacional de la Mujer, para que exista igualdad salarial, igualdad en el trabajo, que se regulen las relaciones laborales entre hombres y mujeres sin discriminación, y que en todo centro de trabajo exista una política de igual contratación para ambos géneros.

 

 

Bolivia: Mujeres trabajando dentro de las minas

Por Liliana Aguirre F.

 

La Paz, agosto.- “Cuidado, porque si una mujer entra en la mina, el lugar se vuelve maldito, se acaba el mineral y hasta una desgracia puede caerles a los mineros”, es una frase común que se comentaba cuando una mujer pretendía entrar al interior de una mina.

 

Pero esta exclusión sin sentido, que durante siglos satanizó a las mujeres, ya está llegando a su fin en algunos centros mineros de Bolivia, debido a la pobreza.

 

Este es el caso de la mina Chorolque, ubicada en Potosí, a 12 horas de La Paz, donde alrededor de 50 mujeres trabajan mina adentro, encargadas de todo el proceso de extracción del mineral, una tarea compleja y que precisa de fuerza y concentración a la hora de taladrar y detonar explosivos.

 

Pascuala tiene 54 años y, como la mayoría de las mineras, es viuda. Tiene cuatro hijos adultos, trabaja nueve horas al día, codo a codo con los varones, y asegura que la vida en las minas frías y altiplánicas es muy dura.

 

“Mi marido me abandonó, hace más de 30 años, con mis hijos y luego supe que murió; entonces se me dio la oportunidad de ocupar el espacio de trabajo que él tenía. Era minero, y acepté remplazarlo, para así poder darles de comer a mis hijos”, cuenta Pascuala, quien en la actualidad es dirigente de las mineras de Chorolque.

 

Además, agrega que “hay que ser muy cuidadosa dentro de la mina porque nosotras, las mujeres, tenemos afuera wawas (infantes) que nos esperan, así que hay que tener precauciones, porque ese es un trabajo que tiene altos riesgos”.

 

La periodista Willma Pérez, quien ha trabajado y escrito sobre las mineras y ha vivido de cerca el drama de las minas, asegura a SEMlac que la incursión e integración de la mujer a este trabajo, que hasta hace 20 años era únicamente masculino, es fruto del neoliberalismo y no de una conquista de igualdad laboral entre los géneros.

 

“Las empresas del ramo han visto en las mujeres un grupo expuesto a la pobreza extrema, por lo tanto, un grupo explotable y dispuesto a trabajar en condiciones inadecuadas para tener ingresos y mantener a sus familias”, explica Pérez a SEMlac.

 

Añade que “las condiciones de seguridad, dentro de las minas, son precarias, ya que ellas exponen sus vidas ante los derrumbes, explosiones y gases”.

 

“La gente que desempeña labores como la de perforar  mineral es la que muere en menos de 20 años, por enfermedades pulmonares. Por ello, la mayoría de las mujeres, en los centros mineros, son viudas”, comenta.

 

La periodista Pérez cuenta a SEMlac que la historia de las minas y el trabajo que se desarrolla en ellas es un drama vivo, ya que quien entra a trabajar allí, está destinado a morir, ya sea por un accidente o por las enfermedades que se adquieren en su interior.

 

“Una persona que desarrolla labores mineras suele adquirir enfermedades respiratorias, pulmonares y linfáticas por el polvo de los minerales, como el silicio que destruye los pulmones. Además, el frío y la humedad de estos lugares expone al cuerpo a la tuberculosis y al asma crónica”, concluye Pérez.

 

 

Cuba: Las obreras invisibles

Por Sara Más

 

La Habana, agosto.- Su labor no aparece en las cuentas nacionales ni consta como sector de empleo en las estadísticas. El de las amas de casa suele ser un trabajo ingrato, aunque muy necesario; poco reconocido a veces por la familia que de ellas se beneficia y tampoco valorado por las propias mujeres que como tal se desempeñan.

 

“Yo no trabajo, soy ama de casa”, dice Migdalia García, una habanera de 68 años, madre de dos hijas y abuela de tres muchachos en edad escolar.

 

García subestima las muchas obligaciones y tareas que ha desempeñado, casi toda la vida, dentro de su casa. “Para mí no es nada del otro mundo. Es lo que hice siempre, desde que me casé y salí de casa de mis padres”, agrega.

 

Ella integra el grupo de mujeres que no reciben salario ni disfrutan de derechos laborales, aunque dediquen todo su tiempo y el que no tienen a la reproducción de la vida familiar.

 

No tienen paga ni vacaciones y suelen hacer más de una tarea al mismo tiempo para que la jornada les rinda más, en turnos laborales interminables y que se prolongan infinitamente de un día a otro.  Asumen, de una vez, los trabajos que harían varias personas, si fueran contratadas para hacerlos.

 

“Mi esposo siempre trabajó y yo me ocupé de todo en la casa. También he ayudado a mis dos hijas para que pudieran estudiar y trabajar: una es doctora pediatra y la otra se hizo profesora”, añade.

 

Aunque sus hijas insisten para que ella descanse más y se ocupe menos de las labores domésticas, García todavía se encarga de una buena parte de las tareas del día: acude al mercado en la mañana, prepara la comida y “mantengo un poco la limpieza de la casa”, comenta.

 

Además, repasa la ropa, por si hay que pegar un botón o hacer una costurita, recoge el desorden diario y hasta hace las camas en la mañana.

 

“Generalmente este trabajo se considera como invisible, no sólo por la  familia, sino por las propias mujeres, debido a que responde a patrones culturales y sociales asignados y asumidos de manera diferente para mujeres y hombres”, comenta a SEMlac la antropóloga Leticia Artiles, quien comparte actualmente la coordinación general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES).

 

Ese papel reproductivo, incluidas todas las acciones domésticas en el cuidado de la salud, la preparación de los alimentos, la educación, la limpieza del hogar y de los otros, “toma valor, si la misma mujer lo desempeña en otro lugar”, señala la también profesora de la Escuela de Medicina de La Habana.

 

Algunos cálculos de la especialista se aproximan a la contabilidad que pudiera hacer visible la inversión económica que implica el trabajo doméstico, al traducir el valor de uso a valor de costo.

 

Por ejemplo, sólo una comida de arroz, ensalada, vianda y una proteína  al día cuesta 25.00 pesos (equivalente a 1,25 dólares) en el mercado agropecuario.

 

Adquirir esa porción elaborada, para una familia de cuatro personas, una vez al día, durante un mes, representaría erogar 3.000 pesos cubanos  (cerca de 125 dólares), casi diez veces por encima del salario medio en el país, de 387 pesos para el sector estatal y mixto, según  datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

 

“Si este mismo ejercicio lo hiciera con la ropa que lava y calculara el costo por mandarla a lavar, y si añade las otras acciones y les asignara valor, la mujer calcularía un salario considerable”, reflexiona Artiles.

 

Esas parecen haber sido las cuentas que sacó Rosario Varela, de 47 años y licenciada en Matemáticas, cuando en 1993 decidió abandonar su  trabajo como profesora en una escuela secundaria y se fue de empleada doméstica, a limpiar la casa de una familia diplomática residente en la isla.

 

“Ganaba bien, pero también trabajaba hasta el desmayo. Salía de mi casa, en bicicleta, cuando apenas estaba amaneciendo. Limpiaba una casa enorme, de dos pisos, y planchaba una vez a la semana. A veces  ganaba algo extra, cuando cuidaba a los niños en la noche, si sus padres salían. Ganaba mucho más que como profesional”, recuerda.

 

Corrían entonces los tiempos más duros de la crisis económica iniciada con la pasada década de los noventa, cuando no pocas cubanas, ante dificultades con el transporte, carencia de recursos y cierre de empleos, retornaron al hogar. Otras emigraron de sus puestos a otros con mayor remuneración, como estrategia propia ante la crisis.

 

Con algún que otro altibajo en sus contrataciones, Varela optó por no retornar a las aulas, de maestra, cuando pudo hacerlo, hace tres años. “Me mantuve limpiando, porque al final podía reunir más dinero para los gastos de mi familia y los arreglos de mi vivienda. Hace tres años estoy estable en una casa a donde voy todos los días, de lunes a viernes, y me pagan al mes 40.00 pesos convertibles (960 pesos cubanos, equivalentes a cerca de 50 dólares al cambio oficial)”.

 

Poco más de un millón de cubanas se dedican hoy, en cuerpo y alma, a las labores de su casa, la mayoría de ellas con 45 y más años de edad, según estimados no oficiales. A ese grupo habría que sumar las que trabajan fuera y luego, cuando llegan a sus viviendas, tienen que encargarse de casi todas las tareas domésticas.

 

De acuerdo con el último Censo de Población y Viviendas, de 2002, el 97 por ciento de las personas que declararon dedicarse a los quehaceres domésticos  fueron mujeres.

 

En total sumaron un millón 884.332 mayores de 15 años, de las cuales cerca del 21 por ciento superaban el nivel medio y el superior de educación. En tanto, los varones dedicados a las tareas domésticas sumaron 56.700.

 

Con una población de 11,2 millones de habitantes, Cuba tiene una relación de masculinidad de tres varones por cada mujer y una tasa de fecundidad de 1,63, entre las más bajas de América Latina y el Caribe, de acuerdo con los últimos datos emitidos por la Oficina Nacional de Estadísticas.

 

La esperanza de vida de las cubanas es superior a la de los hombres y ellas los aventajan también con el 66,2 por ciento de los puestos como profesionales y técnicas y el 63,6 por ciento de las graduadas universitarias.

 

Sin embargo, el mundo de las mal llamadas “reinas del hogar” parece inamovible. Sin suficiente reconocimiento social y ninguna compensación económica, ellas se encargan de sostener y reproducir las fuerzas y energías de la sociedad, desde el ámbito de la familia.

 

A eso habría que añadir el daño que provoca la sobrecarga doméstica en la salud femenina, un aspecto también poco visible ni reconocido, y que “incrementa sustantivamente el estrés que sufren las mujeres más que los hombres”, señala Artiles a SEMlac.

 

Ese efecto se basa en la forma en que se desempeñan hombres y mujeres. “Ellos tienden a distribuir el tiempo de forma compartida; es decir, hacen una tarea y, terminada esta, comienzan la siguiente. Las mujeres no: al mismo tiempo lavan, cocinan, atienden a los demás y hacen otras cosas”, explica la especialista.

 

Ese “desempeño de multiplicidad de roles”, conduce a mantener un estrés sostenido. “Lo que se complica cuando en un hogar coexisten varias generaciones, o cuando hay enfermos, ancianos o discapacitados que cuidar, servicio que prestan generalmente las mujeres”, agrega.

 

En estudios con mujeres de edad mediana, Artiles ha constatado, incluso, que la sobrecarga de tareas domésticas incrementa en dos veces la percepción de síntomas climatéricos.

 

“El estrés sostenido condiciona el incremento de la secreción de la hormona cortisol, conocida como hormona del estrés. En el climaterio, la mujer se encuentra en un proceso de reajuste de su sistema neuroendocrino, y el cortisol entonces favorece la inestabilidad del sistema y la percepción de los síntomas”, explica.

 

En lo que no parece haber dudas es en que el trabajo doméstico es impostergable y necesario. Entre otros valores, Artiles sostiene que es la vía por la cual se transmite la cultura cotidiana.

 

“Garantiza la reposición de la fuerza de trabajo necesaria para la economía, para el sostén de la familia, que cada vez más asumen por igual mujeres y hombres. Entonces, si la actividad económica es asumida por los dos sexos, en igualdad de condiciones, tiene que mantenerse el mismo equilibrio en la distribución del trabajo en el espacio privado”, considera.

 

 

Nicaragua: Trabajo sí, pero con dignidad

Por Sylvia Torres

 

Managua, agosto.- La búsqueda de dignidad es el hilo conductor de los cinco capítulos de la Política Nacional de Empleo, establecida por decreto presidencial el primero de mayo de 2006.

 

La Ley, aún pendiente de reglamentación, es el resultado del proceso de incidencia desplegado durante muchos años por el movimiento de mujeres “María Elena Cuadra” (MEC), que organiza a trabajadoras de la zona franca, desempleadas y pobladoras rurales, y que tiene como divisa “Trabajo sí, pero con dignidad”.

 

Para la elaboración de su política, el MEC contó con un equipo interdisciplinario de abogados laboralistas y economistas que realizaron consultas a nivel sectorial, municipal y nacional. Como resultado, se recolectaron firmas de respaldo a esta iniciativa por parte de la sociedad civil nicaragüense.

 

Entre los obstáculos identificados por las 11.120 mujeres que firmaron una petición a la presidencia de la República, están las diferencias salariales arbitrarias. Sandra Ramos, directora ejecutiva de la organización, dijo que en algunos casos la brecha respecto a los varones  llegaba a alcanzar 50 por ciento, aunque las mujeres tuviesen la misma capacidad y desempeñaran el mismo cargo.

 

A este panorama se suma el acoso sexual, el despido por causa de embarazo y la falta de oportunidad de tecnificación para subir en la escala de cargos que ellas deben afrontar. Otra manifestación de discriminación, que por común se asume como natural, es el límite de 35 años de edad, según los anuncios en la prensa local, así como el requerimiento de tener “buena presencia”. En muchos casos, a las jóvenes se las rechaza en los empleos por falta de  experiencia laboral,  pero las oportunidades de adquirirla son limitadas.

 

Nicaragua, al igual que los demás Estados firmantes del Convenio número 122 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está obligada a contar con una política de empleo acorde a los derechos económicos y sociales de la población. La propuesta por el MEC, con el apoyo de otros actores sociales importantes como las municipalidades, también impulsa la visualización del aporte económico de las mujeres a la economía del país. Según datos oficiales, ellas representan el 43 por ciento de la población económicamente activa.

 

Un estudio transversal de 2005,  realizado por la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global (FIDEG), confirma que, aunque las cifras de desempleo han bajado, el empleo precario o subempleo ha subido. De acuerdo con la investigación, las mujeres representan 5,2 por ciento del empleo agropecuario; 3,8 por ciento en el comercio; 68,3 en los servicios y 14,9 de zona franca.

 

Según Sonia Agurto, del Instituto de Investigaciones de FIDEG, más que el desempleo, el problema en Nicaragua es su precariedad.

 

El trabajo en el comercio o el sector informal, aunque ayuda a resolver las necesidades inmediatas de las familias, es inestable, no está cubierto por la seguridad social, los ingresos son muy bajos y, en muchos casos, lo ocupan la niñez y la adolescencia.  De acuerdo con estimados recientes, el 15 por ciento de los ingresos de las familias pobres lo aportan esos sectores.

 

Según el analista económico Javier Bone, el porcentaje de 5,6 de desempleo abierto está lejos de ser un logro macroeconómico. Cifras oficiales señalan que, en 2005, en el país había 122.500 desempleados. Estas cifras sólo muestran la pobre productividad del trabajo y ocultan la situación de  más de un millón 300.000 empleados informales y más de 800.000 nicaragüenses en el exterior, considera el experto.

 

De acuerdo con el plan aprobado en la IV Cumbre de las Américas, Declaración de Mar del Plata, del 5 de noviembre de 2005, cuyo tema fue “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”, el país debería buscar cómo “promover la creación de empleos de mayor productividad que demanden una mejor calidad de conocimiento que los actuales y que puedan ser llenados por los trabajadores nicaragüenses. Éstos serían trabajos dignos y de mayor retribución”.

 

Los postulados de la política de empleo impulsada por el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra van más allá, al incorporar la equidad de género y  plantear reglas para el país que incorporen las demandas de las mujeres, centradas en los derechos establecidos en la Constitución de la República y en diversos Convenios Internacionales firmados por el país.

 

Según la Constitución en Nicaragua, el trabajo es una responsabilidad y un derecho social que debe ser garantizado por el Estado. Al ligar esta disposición con otras de corte constitucional, que establecen la igualdad entre los sexos y la prohibición de la discriminación, la reglamentación y puesta en marcha de la política de empleo se convertiría es un importante vehículo para avanzar en la justicia de género.

 

El documento de política establece que, para generar empleo, tiene que desarrollarse la capacidad de productividad y de creación de riquezas de la economía, lo que a su vez está ligado a la inversión, el ahorro y la capacidad de realización o venta de la producción.

 

El análisis refiere que si bien las políticas macroeconómicas del llamado “consenso de Washington” han contribuido a cerrar brechas fiscales o a controlar la inflación, éstas han  sido  menos efectivas en reducir el desempleo y la subutilización de la fuerza de trabajo. Antes, por el contrario, el resultado ha sido la precariedad del empleo, agrega.

 

Entre los principales aspectos de la política se incluyen la creación de políticas meso y microeconómicas, el fomento de la inversión privada, la inversión pública para la modernización de la infraestructura económica y la modernización del sector informal y la pequeña economía campesina e indígena.

 

También contempla el fomento de la organización y asociatividad de los y las productoras, la distribución de tierras y la promulgación de políticas específicas de género para la inclusión social y la protección de los derechos laborales, orientados a la igualdad de oportunidades.

 

Josefina Ulloa, dirigente del MEC en el departamento de León, a 91 kilómetros de la capital, dijo que entre los aspectos significativos de la política de empleo  está la visualización del aporte de las mujeres a la economía y el establecimiento de una “Agenda Económica” desde las mujeres.

 

Igualmente, la necesidad de que el salario alcance para la compra de la canasta básica y que las políticas económicas no  se encaminen a los grandes trasnacionales, sino que, a través de gobiernos locales, faciliten el financiamiento para que las mujeres dinamicen la economía, a partir de darle valor agregado a la producción  propia.