Reportajes y noticias de SEMlac

del 9 al 15 de julio de 2007

 

Población: El derecho a una vivienda digna

Por Norma Loto

 

Buenos Aires, julio.- El crecimiento de las ciudades se manifiesta muchas veces en los desafíos arquitectónicos de las pretensiosas torres de cemento pero, en ocasiones, se tiende a ignorar que este progreso trae aparejado la expansión de una ciudad precaria, construida a base de chapa, cartón y mínimas dimensiones, con familias hacinadas.

 

El informe sobre el estado de la población mundial 2007, titulado “Liberar el potencial de crecimiento urbano”, dado a conocer recientemente, advierte que “el crecimiento de la ciudad suele ir acompañado de la rápida expansión de vecindarios no planificados y carentes de servicios, con una alta concentración de habitantes pobres”.

 

El documento señala también que en América Latina, durante la década del setenta, momento culminante del proceso de urbanización, “las clases altas y medias se apropiaron del espacio en los centros urbanos y expulsaron a las poblaciones más pobres hacia la periferia u otras ubicaciones inaccesibles”.

 

Por su parte, la oficial de enlace de Fondo de Población de la ONU en Argentina, María del Carmen Feijóo, manifestó en la rueda de prensa de presentación del informe que, en América Latina, el vínculo entre urbanización y pobreza es insoslayable.

 

Según el informe "El estado de las ciudades en el mundo 2006/2007", elaborado por el Programa de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Urbanos (ONU-Habitat), casi el 32 por ciento de la población urbana en Latinoamérica vive en asentamientos precarios.

 

La antropóloga social Griselda Palleres manifestó a SEMlac que “el crecimiento acelerado de la población no es para toda la ciudad, sino que se manifiesta en las villas o zonas más marginales. Estos lugares se agrandan y se extienden a áreas que no deberían ser habitadas, porque carecen de servicios y saneamiento adecuado”.

 

La arquitecta Liliana Rainero, coordinadora de la Red Mujer y Habitat de América Latina (www.redmujer.org.ar), dijo a SEMlac que “la segregación territorial potencia la exclusión social, a la vez que incide en el deterioro de la calidad de vida de las mujeres, particularmente de los sectores más pobres”.

 

“Las distancias a los equipamientos urbanos, sumado a la falta de transporte público, implica costos de tiempo y económicos para que las mujeres de los sectores más pobres puedan atender las distintas necesidades familiares. A la vez, aumenta el aislamiento de las mujeres en su casa o barrio, obstaculiza su inserción social y laboral, así como la búsqueda de mejores oportunidades, la participación política y la realización de actividades de recreación propias. Es decir, significa un recorte a sus derechos como ciudadanas”, agregó.

 

“A todo esto debemos sumar la violencia urbana que se ejerce contra las mujeres en la calle, en el transporte, en el espacio público, donde las condiciones del territorio (aislamiento o falta de servicios, entre otras) contribuyen a aumentar la percepción de inseguridad de las mujeres y limitarlas en su apropiación de la ciudad”, añadió la especialista.

 

Pero, ¿cómo afecta la falta de vivienda en las mujeres de escasos recursos? Rainero señaló en el Foro de Género de las Américas, realizado en la ciudad de Buenos Aires en 2005, que uno de los factores radica en que la vivienda constituye -en muchos casos- un recurso económico, porque en ella se desarrolla el único trabajo generador de ingresos, por lo cual la seguridad de la tenencia es un factor protector de la pobreza extrema.

 

En algunas ciudades de Latinoamérica hay experiencias puntuales como los subsidios especiales para el acceso o mejoramiento de la vivienda; subsidio para la mano de obra, para la autoconstrucción y líneas de créditos blandos para la compra y/o remodelación.

 

La especialista relató a SEMlac que “estas modalidades intentan paliar las condiciones diferentes de las mujeres para acceder a la vivienda, ya que la mayoría están insertadas en el sector informal de la economía y, por lo tanto, no reúnen las condiciones que se requieren para acceder a créditos, que apuntan al sector formal y que requieren dar cuenta de los ingresos”.

 

“Son experiencias aisladas que no siempre tienen continuidad. Si bien las legislaciones de casi todos los países de Latinoamérica expresan garantías para el acceso a la tenencia segura de la vivienda a toda la ciudadanía, la discriminación se da en la práctica, ya que las condiciones de inserción social son distintas para varones y mujeres. Sin duda, sería necesario implementar estas acciones afirmativas como políticas de estado”, concluyó la profesional.

 

Recuadro:

Experiencias encontradas

o         Según el censo de población 2001, en la ciudad de Buenos Aires cerca de 112.000 personas viven en villas miserias (barriadas), con problemas de acceso al transporte público, educación, centros de gestión, centro de salud.

o         Una respuesta ha surgido de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con su Plan “Sueños compartidos”, para la autoconstrucción de viviendas sociales en lugares precarios de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa, que comenzó el 22 de enero de 2007, tiene proyectado construir un total de 432 viviendas. Además, dos jardines maternales, dos escuelas, un centro comunitario y un hospital. Se realiza con el apoyo del gobierno de la ciudad, participan mujeres que, además de construir sus propias casas, aprenden el oficio de albañil.

o         El gobierno de Bolivia, uno de los países más pobres de la región, puso en marcha el Plan de Vivienda Solidaria que, en realidad, es un programa de créditos para viviendas destinadas a personas de bajos ingresos. El proyecto está enfocado a las madres de familia del municipio Warner, en el departamento de Santa Cruz, a 900 kilómetros de La Paz. Al igual que en Argentina, las mujeres que participan en este programa tienen la posibilidad de aprender el oficio de albañilería.

 

 

Mujeres: El gran desafío es hacer realidad los derechos femeninos

Por Mirta Rodríguez Calderón

 

Santo Domingo, julio.- América Latina es un continente que envejece en todos sentidos. Pero ese no es el único problema que enfrenta: a la gente le falta trabajo, casi la mitad vive en pobreza y una cuarta parte en indigencia; 200 millones se han ido o se quieren ir de sus lugares de origen; tres mujeres mueren de parto cada día; el sida tiene enfermo a más de millón y medio; y el grueso de todas las perspectivas en materia de población están vinculadas a tasas de fecundidad disminuidas y de ancianidad aumentadas.

 

El panorama es desolador, ¿no lo cree usted?

 

La pregunta la hizo SEMlac a Alejandro Morlachetti, argentino, consultor para América Latina del Fondo de Población de Naciones Unidas. Y él mismo responde:

 

“El panorama es muy triste y nos debe llevar a preguntarnos qué esta al alcance de cada uno de nosotros para poder cambiar esta situación. En mi ámbito de trabajo, es importante señalar que se ha logrado un importante progreso en lo que se refiere a la ratificación de los principales tratados de derechos humanos, la puesta en funcionamiento de varios mecanismos de exigibilidad como los Comités de Naciones Unidas (mujer, niñez, y otros, que reciben informes de los países en cuanto a las medidas que toman para cumplir los tratados)”.

 

“También, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma, los Tribunales Internacionales de Rwanda y Yugoslavia, y la misma creación del Alto Comisionado de Derechos Humanos en 1993”.

 

“Es claro que el gran desafío es cómo logramos que el principio de universalidad en el disfrute de esos derechos se haga realidad”.

 

SEMlac: Como la gente nunca se resigna ¿qué puede hacer la ciudadanía, y qué las instituciones, si ya sabemos que las Metas de Desarrollo del Milenio son, en buena medida, irrealizables?

A.M. Las violaciones principales, en cuanto a pobreza, hambre y discriminación en los países de la región, son producto de políticas sin enfoque de derechos o, en la mayoría de los casos, de la falta de políticas a nivel gubernamental.

 

En este orden de cosas, creo que la sociedad civil puede cumplir un papel fundamental, utilizando los informes de los Comités de Naciones Unidas, así como los compromisos que los países asumieron en las conferencias de El Cairo, Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos instrumentos pueden servir a la ciudadanía, a nivel local, para abogar por el cumplimiento de los compromisos que el país contrae en los foros internacionales.

 

SEMlac: Dos siglos atrás, millones de personas fueron traídas como esclavos y esclavas. Hoy, millones de personas emigran para sujetarse a otras formas de esclavitud. Las remesas representan –según sus propias estadísticas como consultor– 150.000 millones de dólares. Sin embargo, esto no implica desarrollo para sus países de origen. ¿Qué pasa en ese contexto; en qué situación se hallan las mujeres?

A.M.: El tema de las migraciones por motivos económicos, obviamente, afecta la situación de la familia y de la mujer y en muchos casos tiene efectos nocivos al producir la separación del núcleo familiar.

 

Uno de los temas centrales es el del tratamiento y respeto de los derechos humanos de los llamados migrantes ilegales. El tratado de derechos humanos aplicable es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que establece la obligatoriedad de todos los países de respetar los derechos humanos básicos de los migrantes, más allá de que hayan ratificado o no esa Convención.

 

SEMlac: En su encuentro con la Red Dominicana de Periodistas con Perspectiva de Género, en el pasado mes de junio, usted se refirió a algunas realidades vinculadas con la promoción de la equidad de géneros. Parecería que la tal equidad se reduce a usar esa frase en el lenguaje político y de Naciones Unidas: ¿es así? ¿Cómo lo ve usted?

A.M.: Creo que en el ámbito de la igualdad y equidad de género, si bien falta bastante, se ha avanzado mucho, si nos situamos desde un análisis histórico y lo comparamos con tres décadas atrás.

 

La visibilización que tiene la temática de género es hoy indiscutible. Ha habido crecimiento y fortalecimiento de la sociedad civil en defensa de los derechos de las mujeres, la vigencia de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, el Protocolo de la CEDAW y la Convención de Belén do Para.

 

Asimismo, se han modificado los marcos legales de la mayoría de los países de la región, tanto en los códigos penales, de familia como en la equiparación de derechos en el matrimonio y el ejercicio de la paternidad y maternidad.

 

Se ha conseguido la adopción de leyes de salud sexual y reproductiva y para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, así como leyes de cupo o cuotas que han permitido el mayor acceso de la mujer a cargos electivos, como es el caso de algunos congresos o asambleas legislativas de los países de la región.

 

Por supuesto, seguimos teniendo muchísimos desafíos en términos de lograr igualdad y equidad, y en temas urgentes en la región, como es el de la mortalidad materna, embarazo adolescente, feminización del contagio de VIH/sida, entre otros. No podemos detenernos en los esfuerzos por hacer.

 

RECUADRO

SEMlac conversó también con Gilka Meléndez, una de las representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas más experimentadas en esta área. Cuando se produjo la conferencia de El Cairo, en 1994, ya estaba comprometida con el empeño de soñar y trabajar por un mundo mejor, en particular para la parte femenina de la humanidad.

 

De ahí que los avatares por los que ha transitado el tratamiento del tema poblacional tengan para ella numerosos referentes. Aunque el panorama sigue siendo sombrío, Gilka, esta mujer que observa al mundo desde una mirada clara, se concentra en ver los tonos más optimistas. Así lo dice y hay que pensar que lo cree.

 

“Es cierto que en la región subyacen desigualdades por razón de género, que impiden un desarrollo integral de la sociedad en su conjunto. También es cierto que la mujer continúa en franca desventaja ante el hombre, en cuanto al acceso a los sistemas de producción y de generación de ingresos, así como en otras áreas que son de vital importancia para el desarrollo humano”.

 

“Pero, este año, el Informe Mundial de Población incorpora la perspectiva de género y coloca el foco, principalmente, en los rezagos y en las necesidades que enfrentan las mujeres en términos de acceso a servicios y cambios jurídicos reales que materialicen su derecho a la tierra y a la propiedad, la participación política y el papel que juegan en la redefinición de urbes sustentables”.

 

“La urbanización ha incrementado la participación de la mujer en el mercado del trabajo. Esto es un hecho. Como también que ha mejorado su acceso a los servicios sociales. No obstante, en la mayoría de los países está pendiente que la mujer ejerza los mismos derechos que el hombre, y disponga de servicios y oportunidades de desarrollo equitativos”.

 

“Doy un ejemplo: a nivel mundial, las mujeres son propietarias de menos de 15 por ciento de la tierra en las áreas urbanas. En algunos países, las leyes incluso prohíben que las mujeres sean legalmente propietarias y la mayoría ocupa empleos inestables y mal pagados en el sector informal”.

 

“Hace falta, entonces, que los gobiernos y sus sociedades civiles sigan trabajando muy de cerca en los mecanismos reformadores nacionales, para que incluyan una perspectiva de género real en los programas y planes nacionales”.

 

“Eso no es todo, ni es la solución. Pero es parte de ella. El Fondo de Población de Naciones Unidas es firme en la idea de seguir promoviendo una cultura de equidad y no discriminación. Estoy persuadida de que esas acciones anticipan un futuro mucho más esperanzador para la región”.

 

 

Bolivia: Maternidad y prostitución, un dilema invisible

Por Helen Álvarez Virreira

 

La Paz, julio.- El índice de mortalidad materna en Bolivia es el segundo más alto de la región: 231 madres mueren por cada 100.000 nacidos vivos. Esto significa que cada año 623 mujeres pierden la vida durante el embarazo, el parto y el post parto.

 

El Gobierno está asumiendo acciones para que la maternidad se torne más segura en el país, sobre todo en el área rural, donde las probabilidades de morir por esta causa son cuatro veces más altas que en las ciudades.

 

Sin embargo, un grupo casi invisible, para el que ni siquiera hay políticas de Estado, es el de las mujeres en prostitución. “Es el sector más explotado y denigrado; el grupo más difícil de captar, y le diré que no estamos haciendo casi nada”, dijo a SEMlac la ministra de Salud y Deportes, Nila Heredia. Para ella, “no sólo se trata de un tema de salud, sino de un tema social”.

 

Ha habido reuniones entre las autoridades gubernamentales y grupos de mujeres “para ver un sistema que nos permita colaborar con ellas, pero no tienen seguro y no dependen de patrón estable”, afirma la Ministra. Aunque el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) es gratuito, muchas mujeres no acuden a él y ocultan su embarazo mientras sea posible, porque “la gente que hace prostitución lo hace por necesidad económica”, afirma.

 

Prostituidas, engañadas y embarazadas

La responsable Nacional de Derechos Humanos de las Mujeres y Migrantes del Defensor del Pueblo, Betty Pinto, trabaja desde hace tiempo con mujeres en situación de prostitución y es cautelosa al hablar de ellas porque, en su experiencia, los medios de comunicación hacen sensacionalismo con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, donde, además, el cuerpo femenino es concebido como una mercancía.

 

Según Pinto, por lo general, los embarazos de las mujeres víctimas del comercio sexual se dan cuando éstas han sido seducidas por proxenetas, administradores de locales e incluso policías. Creen que ellos podrán sacarlas de su situación, pero toman conciencia del engaño cuando las abandonan. La decisión de abortar o continuar con la gestación es casi siempre de las mujeres.

 

Muy pocas, dice Pinto, se embarazan de los clientes, y son sobre todo las recién iniciadas, que aceptan relaciones sexuales sin preservativos a cambio de una paga doble. Pero también se exponen a las infecciones de transmisión sexual (ITS) y al virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

 

En cuanto se embarazan dejan de ir a los controles sanitarios, obligatorios para el ejercicio de la prostitución, y pasan a la clandestinidad porque, de lo contrario, tendrían que ser transferidas al SUMI. También ocultan su estado en los locales que frecuentan para que no las echen.

 

Pero no siempre pueden eludir la relación sexual y es entonces cuando son víctimas de vejaciones y violencia, que pueden derivar en complicaciones durante el embarazo y el parto.

 

El ambiente de los lenocinios y burdeles, donde abunda el tabaco, el alcohol y las drogas, es altamente nocivo para llevar adelante un embarazo, sobre todo para el bebé. Luego, cuando dejan la prostitución para esperar el nacimiento, se enfrentan a los problemas económicos, porque ya no tienen una fuente de ingresos.

 

El Defensor del Pueblo está realizando un estudio sobre prostitución y maternidad que será entregado en breve, puesto que casi no existe información al respecto. A partir de este diagnóstico, se pretende trabajar de forma coordinada con ellas para definir cómo y hacia dónde avanzar. Por lo pronto, se está haciendo un trabajo de promoción y vigilancia de sus derechos humanos.

 

Esta instancia apoyó el primer encuentro nacional de este sector en 2001 y promovió la elección de representantes en las ciudades capitales en 2004 y así contribuyó al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres en prostitución, “aspecto necesario para que puedan demandar la vigencia de sus derechos, especialmente ante los servicios de salud y la Policía Nacional”, señala el Informe al Congreso de la gestión 2004.

 

Cifras de la mortalidad materna

Las causas de muerte materna en Bolivia son: aborto 91 por ciento, hemorragias 32,7 por ciento, infecciones 16,8 por ciento, hipertensión 4,7 por ciento, parto prolongado 1,8 por ciento; y un 34,8 por ciento, “otras causas”, entre ellas homicidios, suicidios y accidentes, según el informe “Por una maternidad y nacimiento seguros”.

 

La meta gubernamental, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es reducir la mortalidad materna a 98 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y para ello se ha definido como estrategia la incorporación de los “Cuidados Obstétricos de Emergencia” en los centros hospitalarios que actualmente presentan deficiencias.

 

La estrategia también incluye la atención calificada del parto, puesto que alrededor del 70 por ciento de las muertes maternas se producen en ese momento y las 24 horas siguientes. En el área urbana, el 78 por ciento de las mujeres son atendidas por personal de salud y sólo el 39 en el área rural.

 

A nivel nacional, el 42 por ciento da a luz en su casa, pero en el área rural el porcentaje sube al 78 por ciento. Y es precisamente en los domicilios donde ocurre la mayor cantidad de muertes maternas con el 53 por ciento, frente al 37 por ciento en los servicios de salud y 10 por ciento en otros lugares.

 

La inequidad social entre el campo y la ciudad se refleja también en la mortalidad materna. El 70 por ciento de las madres que fallecieron en el año 2000 tenía menos de seis años de escolaridad o ninguno, y la mitad de ellas no había cumplido aún los 30 años.

 

 

Guatemala: La maternidad precoz mantiene elevada tasa de fecundidad

Por Alba Trejo

 

Guatemala, julio.- Las adolescentes suelen tener embarazos precoces en Guatemala y, por lo general, quienes procrean, entre los 10 y 19 años de edad, son niñas de hogares pobres, con menos educación, deficiente salud reproductiva y ajenas al uso de métodos anticonceptivos para planificar el número de hijos.

 

Ese hecho contribuye a que la tasa de nacimientos en el país se mantenga en 4,4 hijos por mujer para el área urbana y seis nacimientos para zonas rurales. De acuerdo con el jefe del área de Salud reproductiva del Hospital Nacional Roosevelt, Alejandro Silva, ello contribuye a que esta nación se ubique entre los países de América Latina con una de las tasas más altas de fecundidad.

 

El informe “Maternidad temprana en Guatemala: un desafío constante”, presentado por el no gubernamental Instituto Guttmacher, que realiza estudios de salud, considera preocupante tal índice de fecundidad en un país donde el 56 por ciento de sus 13 millones de habitantes vive por debajo de la línea de pobreza.

 

Estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indican que la mayoría de los guatemaltecos sobrevive con un dólar diario para educar a sus hijos, comprar sus alimentos, darle atención médica y movilizarse.

 

Guatemala es un país cuyos habitantes se caracterizan por su juventud: el último censo de población evidenció que cuatro de cada 10 personas son menores de 15 años y seis no tienen aún los 20.

 

Esta población se reproduce a pasos agigantados, agregan médicos de la no gubernamental Asociación Pro Bienestar de la Familia (APROFAM). Los hospitales nacionales reportaron que, en 2006, nacieron cinco bebés de madres de 10 años de edad, 10.000 de niñas de 17 años y 14.732 de mujeres de 19.

 

Expertos en salud reproductiva coinciden en señalar que la alta fecundidad en Guatemala es una combinación de patrones culturales tradicionales y limitaciones de acceso a la información y a medios adecuados que promuevan un manejo responsable de la sexualidad y la reproducción.

 

El estudio de Guttmacher precisa que una mayoría de mujeres adolescentes desea un hijo pronto y muy pocas practican la anticoncepción, ya sea por falta de educación o por una creencia de que estos métodos son peligrosos para la salud.

 

En Guatemala, cinco de cada 10 mujeres en edad fértil no usan ningún método anticonceptivo efectivo. APROFAM, informa que los métodos más utilizados son el oral, el diafragma y el condón.

 

De ahí que esta nación centroamericana se ubique también en la tercera posición en la región, después de Honduras y Nicaragua, con una tasa de fecundidad elevada en mujeres jóvenes. Aquí ocurren 114 embarazos por cada 1.000 habitantes entre niñas de 15 a 19 años de edad, mientras que para Honduras este índice es de 137 y para Nicaragua de 119.

 

En el creciente número de embarazos en las adolescentes, el instituto Guttmacher ve, a largo plazo, una reducción en la autonomía social y económica de las mujeres, porque se desvían de sus perspectivas educativas y ponen en riesgo su salud y la del recién nacido.

 

La Encuesta de Salud Materno Infantil reporta el fallecimiento de 153 mujeres por cada 100.000 nacidos, la gran mayoría por deficiencia en atención post parto, debido a una insuficiente cobertura de salud, esencialmente entre las que pertenecen a las 22 etnias indígenas que conforman 60 por ciento de la población guatemalteca.

 

En las regiones indígenas, la atención médica ginecológica la brindan las comadronas o una líder del pueblo, muchas veces sin conocimiento alguno en atención materna.

 

Expertos de SEGEPLAN ven en la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los Servicios de Planificación Familiar, que fue aprobada el año pasado por el Congreso de la Republica, una forma de disminuir el índice de fecundidad por mujer en el país.

 

A juicio de las autoridades, el acceso universal y gratuito a los métodos anticonceptivos garantiza, de alguna forma, la disminución de la mortalidad materno infantil. Principalmente, porque la ley ordena que en los dos últimos grados de primaria se incluyan planes de estudio de educación sexual para la promoción y auto cuidado de la salud, sexualidad y embarazo precoz y no deseado.

 

Las metas fijadas en los Objetivos del Milenio en Guatemala, en el rubro de salud materno infantil, son reducir los 153 fallecimientos a 55 por cada 100.000 nacidos vivos.

 

 

Migración: Más de 20.000 jóvenes por año abandonan Uruguay

Por Cristina Canoura

 

Montevideo, julio.- Cuando cumplió 27 años, Paula tuvo la convicción de que ya había remado lo suficiente. Casada, con dos pequeños de dos y cinco años, empleada de una gasolinera, ella y su marido trabajaban cerca de 12 horas diarias por salarios que apenas llegaban a fin de mes.

 

Sin condiciones para independizarse de sus padres, la pareja compartía con aquellos la vivienda y la crianza de los menores. Pero un día de mayo de 2006, con un pasaporte español que ella obtuvo casi como una herencia gracias a un abuelo gallego, partió con su familia y se radicó en Pontevedra.

 

Paula fue una de los más de 17.000 uruguayos que dejaron el país ese año, casi el doble de los que emigraron en 2005 en busca de mejores oportunidades, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior.

 

El pico más pronunciado se verificó en 2002-2003 cuando salieron por el aeropuerto internacional 52.000 personas, pero en los primeros seis meses de 2007 ya abandonaron el país 20.000 personas.

 

Entre 1963 y 2004 emigraron 600.000 uruguayos para una población de escasos 3.200.000 habitantes, de acuerdo con el estudio "Migración Internacional de Uruguay", elaborado por los expertos en demografía Daniel Macadar y Adela Pellegrino para el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas.

 

Estos especialistas determinaron que 55 por ciento de los que abandonaron el país, mayoritariamente hombres —en la proporción de 145 por cada 100 mujeres— tenía entre 20 y 29 años. Siete de cada 10 se radicaron en Estados Unidos (26 %) y España (42 %) y, en proporción, muy pocos optaron por Argentina (12 %) y Brasil (cinco %), países limítrofes. El motivo principal para emigrar fue la falta de trabajo.

 

En la actualidad, la tasa nacional de desempleo divulgada por el INE, el 4 de julio último, es de 10,5 por ciento y la porción de la población más perjudicada se ubica en los 25 años.

 

Casi la mitad de los que emigraron a España y Estados Unidos tiene completo el segundo ciclo de estudios secundarios (preuniversitarios) y 15 por ciento culminó la universidad.

 

Macadar y Pellegrino destacan que los resultados de la encuesta permiten afirmar que el perfil educativo de las emigrantes es superior al de sus pares masculinos. En efecto, 37 por ciento emigró con nivel de enseñanza secundario completo en relación con el 30 por ciento de los hombres; 19 por ciento tiene estudios universitarios (12 en los hombres). Más de 81 por ciento de todos ellos tienen ya trabajo en el país donde se radicaron.

 

La encuesta del INE buscó identificar la intensidad de los vínculos de los emigrantes con la familia que quedó en Uruguay a través de una pregunta a los familiares sobre las visitas recibidas y la intensidad de las comunicaciones: 60 por ciento de los que se fueron no regresaron a Uruguay desde que marcharon.

 

"Esto se debe no sólo a razones económicas, sino también a las circunstancias asociadas a la residencia legal y a la resolución de problemas asociados que, en algunos casos, implica no poder salir del país de residencia durante períodos prolongados", sostienen los autores del estudio del INE.

 

Si bien podría esperarse que ese hecho permite a los emigrantes ahorrar dinero para enviar sus familias en Uruguay, el informe muestra que apenas 2,8 por ciento de los hogares recibe remesas de sus parientes en el exterior, con un promedio de 113 dólares mensuales para el año 2006, que representan 13,5 por ciento del total de los ingresos de los hogares que las reciben.

 

De hecho, el país está experimentando el fenómeno inverso al vivido dos siglos antes, cuando oleadas de españoles e italianos y europeos del Este arribaron al Río de la Plata en busca de mejores oportunidades.

 

El historiador José Pedro Barrán recuerda que en 1830, Uruguay apenas contaba con 70.000 habitantes, en 1875 la población llegaba a los 450.000 y en 1900 a un millón. La población se multiplicó por 14 en 70 años y, aunque en ese crecimiento influyó hasta 1890 la alta tasa de natalidad (40/50 por 1.000 habitantes), fue la inmigración europea la causa de tamaña explosión demográfica.

 

Barrán destaca que de 1840 a 1890, Montevideo, la capital, tuvo más de la mitad de su población extranjera, casi toda europea. El Censo de 1860 reveló que 35 por ciento de la población nacional eran extranjeros. Fueron campesinos, costureras, vendedores de artículos de tienda en las áreas rurales, obreros.

 

Aunque el informe del INE no incluye valoraciones cualitativas, es sabido que en el Uruguay de hoy no hay familia que no tenga un integrante o un allegado fuera de fronteras.

 

Como han sido los más jóvenes quienes abandonaron el país en busca de mejores oportunidades, una gran mayoría ha comenzado a formar sus familias en las naciones de residencia. Son pocos los adultos que están en condiciones de viajar para estar presentes en la boda de sus hijos o en el nacimiento de sus nietos y deben conformarse a verlos crecer a través de una cámara Web que, con suerte, activan una vez por semana.

 

 

Cuba: Miradas desde la lejanía

Por Raquel Sierra

 

La Habana, julio.- Unos se fueron buscando mejores condiciones de vida o desarrollo profesional. Algunos dicen que querían recuperar derechos perdidos o ayudar a su familia. Para otros, la causa fue el matrimonio. Desde la distancia, no pocos recuerdan con nostalgia lugares y amigos, sin arrepentirse de su decisión de emigrar.

 

En sus viajes, independientemente del país de destino, hay tantas historias como emigrantes. Cada persona tuvo sus motivaciones y expectativas personales. Unas veces se cumplen del todo; otras, sólo en parte, según reveló un sondeo realizado por SEMlac vía correo electrónico.

 

Iris, universitaria, 37 años, vive desde hace tres en España. Tomó la decisión por “una mezcla de necesidades económicas permanentes, sin solución, y la decepción y la desesperanza ante la imposibilidad de mejoría personal y nacional”.

 

Es universitaria y habla fluidamente tres idiomas. Pese a momentos difíciles, considera que, básicamente, se han cumplido sus expectativas, pero “lo que pasa es que, marxistamente, mis necesidades son crecientes y nunca, en ninguna parte, estarán completamente satisfechas”.

 

Según la psicóloga cubana Consuelo Martín, del Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (CEMI) de la Universidad de La Habana, la decisión de emigrar es multicausal y no se reduce a un absoluto económico, o político, o jurídico, sea voluntaria o forzosa, legal o indocumentada.

 

A su juicio, más bien es el resultado de la combinación de múltiples factores que expresan su coherencia en las nociones que integran el sujeto (individual, familiar y social), en la configuración subjetiva de su historia personal.

 

Mayuli salió de Cuba hace 12 años, invitada por su padre y con la idea de conocer otro sitio y forma de vida. Aunque sus proyectos se han cumplido “queda la esperanza de conseguir más”, asegura a SEMlac.

 

En España, y con nacionalidad española, “puedo viajar a cualquier país del mundo sin ningún tipo de cartas de invitación, ni objeciones” y “entrar a cualquier hotel, comercio, supermercado o playa, sin tener que dar explicaciones”.

 

Antonio (53) era médico y Ninetta (55) trabajaba en la televisión. Salieron de Cuba en septiembre de 1992, como refugiados políticos. Hoy él es profesor en universidades estadounidenses. Ella enfermó de fribomialgia y está incapacitada para cumplir un compromiso laboral.

 

Hace 15 años que Carlos, universitario de 47, partió de Cuba ante la imposibilidad de continuar trabajando para una agencia de prensa extranjera. Sus aspiraciones se han cumplido, "incluso algunas que no había previsto”.

 

“Se me abrió un horizonte de libertad donde cada día tengo la opción y la angustia de elegir, sin que el Estado intervenga en mi cotidianidad. El exilio me ha hecho más instruido, más plural y menos egoísta”, confiesa.

 

Tras seis intentos fallidos para llegar a Estados Unidos por vía marítima e ilegal, Eduardo finalmente logró salir de la isla y lleva 21 meses viviendo en Miami. Con 50 años, decidió probar suerte en otro lugar y alcanzar “la libertad de disponer de mi persona, de mis recursos, inteligencia y habilidades”.

 

También en Estados Unidos, María Elena, de 50 años, sostiene que el motivo principal de su partida fue “la pérdida total de mis derechos como ciudadana: a tener una vivienda y disponer de ella, poder alquilar en un hotel, a disponer libremente de mi día a día, a viajar, y a tener una calidad de vida digna”.

 

En Cuba existe un déficit de más de 500.000 viviendas. Las leyes permiten intercambiar casas pero no venderlas. El turismo internacional acapara la mayoría de los hoteles, en el resto, las reservaciones son otorgadas fundamentalmente a trabajadores destacados.

 

“Aunque al principio, como todo emigrante, tuve que hacer de todo, al final encontré `mi nicho´ y puedo planificar mi futuro”, agrega María Elena.

 

A un lugar distante y apenas conocido llegó Claudia hace un año. Aunque en Irlanda no ejerce su profesión de actriz, se siente en parte complacida: está junto a su esposo irlandés e intenta adaptarse a su nueva vida y a una sociedad muy diferente.

 

Un aspecto que sobresale en los vínculos con la isla es la posibilidad de enviar remesas. Según Carlos, “me ha permitido ayudar a mi familia y amigos”. Igual piensa Iris. Aunque el empleo es precario, manda dinero sistemáticamente.

 

Janey es una cubana que llegó a Chile a inicios de 2007 para casarse con un cubano residente en ese país. Desde su llegada, comenzó a trabajar para ayudar a su madre. Extraña y ya está planeando unas vacaciones a Cuba, este año.

 

Según estudios del CEMI, basados en datos del Censo de Estados Unidos de 2000, el Censo de Población de Cuba de 2002 y de la Dirección de Inmigración y Extranjería de 2003, entre 1959 y 2004 han emigrado un millón 359.650 cubanos.

 

Si se añaden los flujos de movimiento temporal, la cifra se incrementa a 1.600.000-1.700.000 personas hacia unos 148 países. Según el último censo de población realizado en la isla (2002), sus habitantes suman 11,2 millones.

 

Desde la nostalgia

Algunos sienten nostalgia, otros no quieren ni oír hablar de Cuba. Aunque las aspiraciones se cumplan, la migración entraña no pocos costos psicológicos.

 

En la mesa redonda Familia, migración y salud mental del Congreso Regional de la Asociación Mundial de Psiquiatría, en 2006, Martín señaló que la emigración es, en sí misma, un evento altamente estresante y productor de posibles situaciones de tensiones y pérdidas que el propio cambio implica en la cotidianidad, aun cuando la situación sea beneficiosa por la satisfacción de necesidades concretas.

 

Ninetta cuenta: “yo extraño todos los días. A pesar de tener toda mi familia acá me gustaría en un futuro poder vivir entre los `dos mundos´. Extraño mis amigos, el barrio y no me abandona la depresión por haberme ido y por no haber podido realizarme acá”.

 

Otros, como Carlos, recuerdan “las personas y los afectos”. Sobre su país, dice: “Con el capital social que produjo la revolución, Cuba podría disfrutar de mejores niveles de renta, consumo y bienestar y los cubanos ser más libres”.

 

“Mi percepción de mi patria jamás cambiará. Yo recuerdo de Cuba lo esencial, lo inherente y que no tiene que ver con la política ni las situaciones coyunturales. Es mi país y lo llevo en la sangre”, dice María Elena.

 

Raúl cree que no le ha ido mal en Estados Unidos. Tiene trabajo, puede permitirse algunos gustos, pero su anhelo es regresar definitivamente a su barrio, “donde la gente toma ron en la esquina y conoce la vida y milagro de todo el mundo”.

 

Ni mucho ni poco

En su conferencia La migración internacional cubana: familia y sociedad, Martín señala que Cuba no se encuentra entre los países con mayores niveles de migración externa, ni siquiera entre las naciones de América Latina y el Caribe.

 

Según la estudiosa, la isla fue un destino de inmigrantes hasta principios del siglo XX y, desde inicios de los años treinta, se convirtió en un emisor de emigrantes.

 

Después del triunfo de la revolución en la isla (1959), creció la migración hacia Estados Unidos, cambiaron los grupos sociales tradicionales de emigrantes y el proceso migratorio se politizó. En los últimos 20 años, al desacuerdo con la política oficial se sumaron cada vez más las razones económicas.

 

Aunque se diversifican los destinos, 98 por ciento del total de emigrantes cubanos se concentra en 20 naciones, la mayor cantidad en Estados Unidos, España, México y Venezuela, señala Martín en su estudio.

 

Predomina la emigración legal (45 por ciento), le siguen los permisos de residencia en el exterior (25 por ciento) e ilegal (5 por ciento), señala la experta.

 

En abril pasado, durante un encuentro de corresponsales de SEMlac en La Habana, Martín destacó que, en la pasada década del noventa, en el mundo emigraron unos 120 millones de personas, mientras que a inicios del siglo XXI fueron 150 millones.

 

Al respecto, indica que generalmente las políticas intentan detener los flujos, pero de lo que se trata, alerta, no es de coartar la libertad de movimiento de las personas, sino de organizar los procesos migratorios.

 

Según el Estado de la Población Mundial de 2006, del Fondo de Población de Naciones Unidas, se precisa “aplicar racionales políticas de inmigración que respondan a los intereses económicos y, al mismo tiempo, salvaguarden los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres”.

 

RECUADRO

Panorama mundial

§          En los últimos 50 años, casi se ha duplicado el número de personas que viven fuera del país de origen. En 2005 llegó a 191 millones.

§          Las mujeres constituyen casi la mitad de todos los migrantes y predominan en las corrientes migratorias hacia los países desarrollados.

§          Actualmente, 75 por ciento de todos los migrantes internacionales viven en sólo 28 países.

 

 

Cuba: Menos población, más envejecida y urbana

Por Sara Más

 

La Habana, julio.- Cuba comparte con otros países de la región y del mundo varias situaciones demográficas emergentes, como una población que se reduce, envejece, emigra y vive en zonas urbanas, no siempre en la capital del país, reconocieron expertos y especialistas durante la presentación en La Habana del informe mundial de población.

 

Las migraciones, la urbanización y el envejecimiento poblacional son asuntos de atención actual en varios países y también en la isla, comentó Alfonso Farnós, representante auxiliar el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Agregó que esto ocurre en un momento en que, por primera vez en la historia, en 2008, más de la mitad de la población mundial (3.300 millones de personas) residirán en zonas urbanas.

 

“Si bien se ha prestado mucha atención a las megaciudades, la mayor parte del crecimiento urbano ocurrirá en ciudades de menor magnitud”, asegura el informe del UNFPA este año, presentado en varias ciudades del mundo con motivo del próximo 11 de julio, Día Mundial de Población.

 

Con una transición demográfica temprana, la nación caribeña combina muy bajos índices de fecundidad con una larga esperanza de vida, lo que redunda en una población cada vez más reducida y envejecida.

 

Desde 1978, la tasa de fecundidad en la isla está por debajo del nivel de reemplazo poblacional, o sea, por cada mujer en edad fértil no queda una hija que la sustituya en el rol reproductivo.

 

En la actualidad, cerca de 16 por ciento de las personas tiene 60 o más años y han empezado a cumplirse los pronósticos especializados: la población no supera los 12 millones de habitantes ni llegará a alcanzarlos.

 

Más del 55 por ciento de sus habitantes vive en ciudades, una proporción que aumentó de forma considerable desde 1981, pero más hacia el interior del país, no en la capital. En tanto, se mantiene estable el porcentaje que vive en zonas urbanas, entre 75 y 76 por ciento, según fuentes oficiales.

 

“La concentración de la población en la capital ha decrecido y ronda el 19,4 por ciento, ya que en La Habana se sienten más los efectos del decrecimiento poblacional y la migración externa”, explicó Juan Carlos Alfonso Fraga, director del Centro de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), durante la presentación del informe.

 

Con una urbanización temprana en el contexto latinoamericano y caribeño, Cuba también comparte con la región el aumento de la población en zonas clasificadas como urbanas y que no son homogéneas.

 

Las migraciones a la ciudad, históricamente, han brindado ventajas en el proceso de desarrollo de la humanidad, como la industrialización; pero también han propiciado el agravamiento de servicios indispensables para la vida como el consumo de agua y otros recursos deficitarios, señalaron varios especialistas.

 

“La población que emigra de las zonas rurales hacia las urbanas enfrenta mayores retos para mantener una mejor calidad de vida”, señaló por su parte Susan Mc Dade, coordinadora residente de la ONU y representante de UNFPA en Cuba, donde se siguen varios esfuerzos y proyectos conjuntos en el ámbito del Programa de Desarrollo Humano Local.

 

 

México: Cambios familiares sin cambios para las mujeres

Por Sara Lovera

 

México, julio.- México vive una revolución demográfica desde hace 30 años. Cada día las mujeres tienen menos hijos y crece la población mayor de 60 años. Estos hechos, aunados a la incorporación al trabajo de jóvenes y mujeres, han marcado grandes cambios en la vida familiar.

 

Hoy día, más de la mitad de las familias mexicanas no son nucleares y dejaron así de estar conformadas por un padre, una madre y un hijo; 52,2 por ciento de las familias sólo pueden vivir si existen dos salarios; la migración interna y externa ha modificado sus hábitos, las líneas de toma de decisiones y su tamaño.

 

Los cambios se han calificado de positivos, tanto por los nuevos tipos de familia como por la creencia de que se ampliaron las libertades. Sin embargo, han generado una sobrecarga para las mujeres, más allá de la conocida doble jornada. Tan es así, que el último informe del Consejo Nacional de Población (CONAPO) establece que, en la próxima década, podría invertirse la esperanza de vida entre hombres y mujeres y se reducirá la de éstas en tres puntos.

 

Los cambios en la vida intrafamiliar, o de arreglos familiares, que estudia hace más de 25 años la especialista Orlandina de Oliveira, señalan que, pese a la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, estas no han conseguido ni mayor libertad, ni mejoras en la autoestima y la toma de decisiones.

 

El último informe sobre violencia contra las mujeres, elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres, señala que, en promedio, 62,3 por ciento de las que informaron haber vivido violencia en los últimos años, la sufrieron de parte de su pareja, en familia nuclear, algo que mantiene en alerta a las instituciones, pues es lo que sucede en gran parte del mundo.

 

La doctora Oliveira informó que, para su último libro, hizo una encuesta en hogares de dos grandes ciudades mexicanas, Distrito Federal (la capital del país y la de mayor desarrollo humano) y Monterrey, situada en el norte, donde también las mediciones de desarrollo indican grandes avances, para identificar “cambios”. “Pero no los encontré”, explicó.

 

En estas ciudades, consideradas las de mayor democracia, en 2006 no había más autonomía de las esposas, dice la especialista y agrega que sólo tres actividades autónomas no requieren autorización de “sus maridos”: ir a la clínica, ir de compras y usar anticonceptivos. Todo lo demás, visitar amigas, participar en asociaciones y trabajar, está sujeto al “permiso”.

 

Según el estudio del CONAPO, los cambios demográficos, la reubicación cada vez más urbana de los habitantes, los datos de la migración –que llega a casi 600.000 anualmente en los últimos seis años–, y las nuevas responsabilidades familiares para las mujeres, indican que no han ocurrido transformaciones culturales.

 

Más bien, se mantienen las concepciones convencionales y estereotipadas de lo que son los hombres y las mujeres. Ello afecta la división del trabajo, el conflicto cotidiano y la restricción para ellas de gozar de sus derechos humanos fundamentales.

 

“Es verdad que los cambios demográficos de las últimas décadas en México han mostrado transformaciones por los procesos migratorios, y las pautas de nupcialidad han propiciado nuevos arreglos residenciales e inéditas formas de organización de la vida en familia. Lo que persiste es la situación de mujeres y niñas, antes confinadas en los hogares y ahora integrantes de la arena pública”, dice por su parte la maestra María Esther Morales, al analizar la creciente violencia en la familia.

 

De acuerdo con las declaraciones de Morales, en México habría 12 distintos tipos de familia, entre ellos los hogares encabezados por mujeres, que tuvieron un incremento considerable: de 13,5 por ciento en 1976, a 23 por ciento tres decenios después.

 

En vista de que poco más de una quinta parte de los hogares mexicanos se caracteriza por estar dirigidos por una mujer, las políticas sociales deben favorecer la compatibilidad de sus funciones como madre, esposa o jefa de familia, con las de trabajadora.

 

Las jefas de familia enfrentan la doble necesidad de obtener ingresos suficientes y atender las responsabilidades del cuidado y crianza de sus hijos, e incluso de otros familiares mayores.

 

Actualmente, la mayoría de las mujeres que labora se desempeña como trabajadoras remuneradas y por cuenta propia (65 y 21,9 por ciento, respectivamente), y en menor grado como empleadoras (2,3 por ciento). Sin embargo, 10,8 por ciento realiza actividades económicas sin recibir remuneración.

 

El cambio demográfico se ha traducido en una significativa reducción del tiempo que ellas dedican a la crianza y cuidado de sus hijos. En 1970, una mujer destinaba 22,2 años de su vida a la crianza de siete hijos. Hoy invierte poco más de 13 años en esa tarea.

 

Cambios reales

Según los resultados del último censo de población y las series estadísticas de seguimiento, actualmente en México hay 24,8 millones de hogares que albergan a más de 100 millones de habitantes. De esos, 22,8 millones son familiares (es decir, en los que al menos dos de sus miembros tienen parentesco por consanguinidad o afinidad), mientras los otros 2,0 millones son de personas sin parentesco (hogares de corresidentes), o individuos que viven solos (hogares unipersonales).

 

Entre 1970 y 2000, los hogares aumentaron de 9,8 a 22,3 millones, lo que significa un incremento cercano a 127 por ciento. Mientras tanto, la población nacional estuvo cerca de duplicarse, al pasar de 51 millones a poco más de 98 millones, en el mismo período, de acuerdo con un diagnóstico de CONAPO.

 

Entre los hogares familiares (22,8 %) predomina el de tipo nuclear, integrado por una pareja con o sin hijos, o bien, de uno de los padres con al menos un hijo (monoparentales). En México hay 17,1 millones de hogares nucleares, lo que equivale a 68,8 por ciento del total. La mayoría de los hogares nucleares, 13.2 millones (83 %), son encabezados por un hombre y los restantes 2,9 millones (23 %), por una mujer.

 

Por otra parte, 5,5 millones del total de hogares son ampliados, donde alguno de los miembros presenta otro parentesco diferente a cónyuge o hijo, en relación con el jefe. En ellos predominan aún los encabezados por un varón, ya que el número de los dirigidos por un hombre (3,7 millones) es superior a los dirigidos por una mujer (2,8 millones).

 

La postergación de la primera unión y el descenso de la fecundidad han propiciado una notable reducción en el tamaño promedio de los hogares familiares de 5,9 miembros en 1976 a cuatro en la actualidad.

 

El tamaño medio de los hogares depende de varios factores. Uno de ellos es el tipo de arreglo residencial: los conformados por parejas con hijos tienen en promedio 4,4 integrantes y los monoparentales registran 3,1 miembros. Los de mayor tamaño son los ampliados (5,4) y los compuestos (5,3), mientras que los corresidentes registran 2,6 personas en promedio.

 

En lo referente a la jefatura del hogar, en los últimos años se observó un incremento de los arreglos residenciales dirigidos por las mujeres, al pasar de 13 por ciento a principios de la década de los setenta a 23 por ciento en 2005.

 

Este aumento obedece principalmente al incremento de la ruptura de las uniones, ya sea por separación, divorcio o viudez, dada la mayor supervivencia de las mujeres. Esos factores propician que sea cada vez más frecuente la conformación de hogares monoparentales y unipersonales, principalmente encabezados por una mujer.

 

En cuanto a los hogares unipersonales, se observa una ligera tendencia al aumento: estos alcanzaban 6,4 por ciento en 2000 y 7,6 por ciento en 2005. Esta elevación está relacionada con el proceso de envejecimiento demográfico. Alrededor de 44 por ciento de los hogares unipersonales está formado por adultos mayores (60 años o más) y tal situación es más frecuente entre las mujeres, que residen en tres de cada cinco hogares con esta característica.

 

El hecho de que 826.000 personas de la tercera edad vivan solas es preocupante, pues deben enfrentar por su cuenta las limitaciones físicas y las enfermedades propias de la senectud.

 

Debido al cambio de la estructura por edades de la población mexicana, uno de cada cuatro hogares cuenta con la presencia de al menos un adulto mayor y uno de cada cinco tiene como jefe a una persona de 60 años o más.

 

Sin embargo, el porcentaje de hogares con personas de la tercera edad aumentará gradualmente en los próximos años y de manera más acelerada en las décadas posteriores.

 

Esto propiciará una convivencia cada vez más común con los adultos mayores, lo cual implica que, necesariamente, se deben ampliar y fortalecer las redes familiares y sociales de apoyo a este sector de la población.

 

 

México: Otro concepto de familia

Por Alicia Yolanda Reyes

 

Guadalajara, México, julio.- Juan Carlos y Ana María se conocieron hace tres años en un curso que él impartía sobre “sexualidad y autoestima”. El sexólogo le habló a ella claramente sobre su homosexualidad, pero también de su deseo de tener un hijo.

 

Pocos meses después, Ana María salió embarazada, aunque el joven no quiso enfrentar la situación y ella decidió seguir adelante con su maternidad. Una vez nacida la bebé, buscó a Juan Carlos y le propuso ejercer juntos su crianza, lo que él aceptó gustoso tras conocer a la pequeña, aunque dejó claro que eso no significaba que hicieran vida en pareja.

 

Sin embargo, la familia de Juan Carlos siempre había soñado con que éste cambiara su estilo de vida y formara una familia “normal”, así que se ilusionó con el arreglo y empezó a tratarlos como pareja. La pequeña aprendió a decirle papá y estableció, desde el principio, una relación afectiva con “su papi”.

 

Rodolfo, por su parte, es un hombre maduro, activista en los derechos de la comunidad lésbico gay y transgénero LGBT, que albergaba el deseo de tener un hijo biológico. Conoció a una mujer que aceptó tal situación y, al nacer la niña, ambos firmaron un acuerdo de patria potestad compartida.

 

Es así como Lolita, una chiquilla de 10 años, vive con su papá en la época de escuela y durante las vacaciones viaja al pueblo donde vive su mamá. Ella sabe que su padre es gay y convive con otros hijos de hombres que forman parte de la diversidad sexual.

 

“Estos pequeños tienen un desarrollo afectivo, intelectual y social adecuado, saben quiénes son sus padres, pero no les causa conflicto”, asevera el especialista en Terapia Gestalt Armando Díaz.

 

La terapia Gestalt pertenece a la psicología humanista y se caracteriza por no estar hecha exclusivamente para tratar enfermos, sino también para desarrollar el potencial humano.

 

Otro caso es el que involucra a Alondra, una transgénero que nació con genitales masculinos, pero desde niña vivió como mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Hace nueve años, Alondra inició vida marital con Jorge, un albañil 10 años menor.

 

La hermana de Jorge, que se dedica al trabajo sexual, salió embarazada, y cuando nació su hija la entregó a la pareja formada por Alondra y Jorge, arreglo que quedó documentado como adopción en las oficinas del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

 

Alondra resultó ser una madre extraordinaria, pero Jorge decidió abandonarla e irse a vivir con otra mujer. Surgieron problemas en la ex pareja que conllevó la intervención del Consejo Estatal de Familia, organismo de corte conservador que decidió quitarle a Alondra la pequeña para, con engaños, internarla en un albergue de monjas para niñas desamparadas.

 

Alondra asevera que su hija no está desamparada y reclama que se la regresen porque ambas están sufriendo con la separación.

 

La licenciada Cecilia Vargas, de la comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, quien le ha dado seguimiento a este caso, señala que las pruebas aplicadas a la menor confirman que estaba bien atendida y que la decisión de quitársela a Alondra es una cuestión de homofobia y desinformación sobre la diversidad sexual.

 

La funcionaria explica que las autoridades del DIF Estatal y del Consejo Estatal de Familia están convencidas de que Alondra es mala influencia para la niña cuando, en la práctica, se ha demostrado que la pequeña, pese a que tiene claro que su “mami” es diferente, se siente amada por ella. Agrega que entre ambas existe un vínculo de madre e hija.

 

De acuerdo con el censo de Población y Vivienda de 2000 –aún no se han hecho públicas las estadísticas de 2005–, sólo la mitad de los 25,4 millones de hogares que existen en México responden al esquema de papá, mamá e hijo; el resto está conformado por familias diversas –algunas de ellas muy extensas, en las cuales conviven varias generaciones–, hasta otras formas de arreglos.

 

El mayor incremento se aprecia en los hogares formados por padres o madres solas con sus hijos, en su mayoría encabezados por mujeres, conocidos como monoparentales. Sobresalen también los hogares de parejas sin hijos y los de personas que no tienen parentesco entre sí, a veces del mismo sexo, que se agrupan para compartir gastos.

 

Todas estas formas de convivencia pueden ofrecer un buen aporte emocional a los pequeños. Incluso, se ha demostrado que los niños educados por la abuela, las tías o la madre sola logran un desarrollo emocional y afectivo, si la persona encargada lo hace por convicción, asevera la investigadora de la Universidad de Guadalajara, Amparo Tapia.

 

Es decir, el vivir en un hogar tradicional, de padres e hijos, no garantiza una mejor atención a estos últimos, menos en el terreno afectivo, ya que es común que los problemas conyugales repercutan en el trato que se recibe de los progenitores, aseguran especialistas.

 

Sin embargo, mediante la Secretaría de Educación y de Salud, el gobierno sigue presentando a la familia nuclear como si fuera la única forma de convivencia en el país.

 

En opinión del investigador del Colegio de México Carlos Echarri, “esto no contribuye al sano desarrollo de los menores, que pueden sentir que carecen de una familia ‘normal”.

 

El cambio de los roles tradicionales de género al interior de las familias es un factor que puede intensificar la violencia familiar cuando el varón se siente desplazado.

 

Según el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, dos de cada tres hogares padece de ese mal, lo que se traduce, a veces, en que el divorcio alcanza un 30 por ciento del total de los matrimonios.

 

Los sectores conservadores y grupos de ultraderecha ligados a la jerarquía católica insisten en definir la familia natural, formada por el matrimonio y los hijos, como la única válida, mientras los grupos de avanzada y de la diversidad sexual consideran que todas las formas de convivencia doméstica alcanzan el estatus de familia.

 

 

Perú: Legalmente invisibles

Por Julia Vicuña Yacarine

 

Lima, julio.- “Nací cuando el choclo (maíz) estaba para cosechar. Como no lo celebraron, no sé exacto cuándo fue, pero mi mamacita decía que en ese mes es mi cumpleaños. No tengo partida de nacimiento, no había plata para ir a inscribirme”, cuenta Dalia.

 

Al igual que ella, un gran porcentaje de mujeres rurales de la costa, la sierra y la selva del Perú pasan su vida al margen del Estado y como herencia dejan sus hijas e hijos, muchas veces, la indocumentación.

 

Aunque no se cuenta con datos exactos, el Plan Nacional de Restitución de la Identidad estimó que, hasta junio de 2005, había tres millones 411.113 personas indocumentadas.

 

Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que la indocumentación está estrechamente ligada a los problemas de la pobreza que atraviesa el país y a la violencia vivida anteriormente. “No se trata sólo de un problema de identificación, de tener o no el Documento Nacional de Identificación (DNI); se trata de un problema de exclusión de millones de personas que no existen para el estado y éste no existe para ellas”.

 

Elena Villanueva, coordinadora del Programa de Desarrollo Rural del Centro Flora Tristán, dijo a SEMlac que, del universo de indocumentados, las mujeres de las zonas rurales, indígenas y amazónicas se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, por la discriminación de género.

 

“En un estudio focalizado en seis departamentos, encontramos que más de 50 por ciento de la población femenina en zonas rurales carece de documentos de identidad”, afirma.

 

Para algunas mujeres de la zona andina, la indocumentación es como “vivir en la oscuridad”, sostiene Tesania Velásquez, sicóloga del Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer, DEMUS, en su investigación “Vivencias diferentes: la indocumentación entre las mujeres rurales del Perú”.

 

“El DNI devuelve la luz, permite ver, devela la existencia negada. En la “ceguera” hay algo de ella que no está nombrada, que no es”, apunta.

 

Para acceder al derecho a la identidad en Perú se requiere acumular “una cadena de documentos”, que se inicia con la inscripción en las Oficinas de Registro Civil al momento del nacimiento, hasta la obtención del DNI al cumplir los 18 años de edad.

 

Pero la ruta de la documentación está llena de obstáculos para la población pobre y en extrema pobreza, en particular para las mujeres rurales. Los costos para obtener el DNI oscilan entre 20 y 100 nuevos soles (entre seis y 31 dólares) por el derecho a trámite, pago de fotografía y gastos de movilidad.

 

Estos costos resultan exorbitantes para pobladores de algunas comunidades donde los jornales oscilan entre cinco y 10 nuevos soles diarios (1.58 y 3.17 dólares).

 

La pobreza afecta a 78,4 por ciento de la población en el área rural y a 9,9 por ciento del área urbana. La pobreza extrema alcanza en las áreas rurales el 51,3 por ciento frente al 9,9 por ciento del área urbana. En la costa rural afecta a 50,8 por ciento de las mujeres, en la sierra rural a 47,2 por ciento y en la selva rural al 48,2 por ciento.

 

A fin de plantear y ejecutar acciones concretas para sacar de las sombras de la indocumentación a mujeres de zonas rurales, indígenas y amazónicas, el Centro Flora Tristán emprendió la campaña piloto “Mujer saca tu DNI… Ahora te toca a ti”, que garantizó la gratuidad de los trámites y la presentación, únicamente, de la partida de nacimiento.

 

“Cuando escuché en la radio que venia la campaña me alegré mucho. Mi esposo me apoyó y, con la venta de dos arrobas de papa (24 kilos), juntamos los cinco nuevos soles (dólar y medio aproximadamente) para tomarme la foto”, recuerda Eusebia, pobladora de la Asociación de Licenciados, en el Cusco, departamento situado en la región sur-oriental del Perú.

 

Para Eusebia la vida cambió. “Ahora me siento más segura para atender a mis hijos, no tengo miedo de que, cuando vaya a alguna oficina, me rechacen por no tener DNI. Algunas mujeres se preguntan para qué sirve ese documento, que nosotras no lo necesitamos, pero yo conocí en la campaña a una viejita de 71 años que estaba contenta porque cuando le tocara morir pondrían en los papeles su nombre legal, el de su DNI, que recién había sacado”.

 

Si bien las diferentes campañas por el derecho a la identidad han permitido avances, aún son insuficientes para atender todo el universo de personas “invisibles” para el Estado.

 

Niños sin derecho al nombre

La falta de documentación involucra también a millones de niñas y niños que carecen de partida de nacimiento. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú nacen alrededor de 628.000 niñas y niños al año, de los cuales 15 por ciento no son inscritos.

 

Es muy difícil determinar exactamente el número de nacimientos anuales, ya que algunos ocurren en las casas y no se registran en ningún sistema de salud, por lo que el INEI trabaja sobre estimaciones.

 

Un obstáculo para la inscripción infantil en los registros civiles es el Código Civil, ya actualmente prohíbe a quienes acuden a formalizar el registro que declaren el nombre del progenitor ausente, afirma Maria Isabel Cedano, directora de Demus.

 

“Esta prohibición es discriminatoria, ya que termina diferenciando entre niñas y niños nacidos dentro y fuera del matrimonio, y restringe el derecho al nombre de estos últimos. También es discriminatoria contra las madres solteras”, sostiene.

 

Al no poder inscribir a su hija o hijo con el apellido del presunto progenitor, las mujeres desisten de su intento por temor fundado a la confusión, el estigma y la discriminación.

 

En las zonas rurales, además de este problema, deben resolver otras barreras para registrar el nacimiento de una niña o niño.

 

Según Amnistía Internacional (AI), los centros de salud de zonas rurales, tanto en la sierra como en la selva, estarían cobrando por la emisión del Certificado de Nacido Vivo, uno de los principales requisitos para realizar la inscripción y obtener la partida de nacimiento.

 

De acuerdo con testimonios recogidos por AI, las mujeres que no han acudido a los controles pre y post natales, y aquellas cuyos hijos han nacido en el domicilio, deben pagar hasta 50 nuevos soles (15 dólares) por este documento.

 

Para UNICEF, no darle a una niña o niño la posibilidad de saber quién es y de dónde viene marcará por siempre el camino que le tocará transitar en la vida. Será un fantasma de carne y hueso que no aparece en las estadísticas, pero que piensa, siente, razona y reclama. Un ser humano que, aunque no figure en los registros, tiene el derecho de vivir con dignidad.

 

 

República Dominicana: Paro nacional por el derecho a la vida

Por Mirta Rodríguez Calderón

 

Santo Domingo, julio.- El movimiento social en República Dominicana ha fijado una cita casi inmediata para medir su propia pujanza y también los niveles de malestar y desesperanza de la población: un paro nacional “Por el derecho a la vida”, que se extenderá por 24 horas, desde el amanecer de este lunes 9 de julio.

 

Las fuerzas que conforman el Foro Social Alternativo, casi un centenar de organizaciones entre las que descuella la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, afirman que no se trata de una demostración política, sino social y que está determinada por el creciente deterioro del nivel de vida de la población.

 

“La crisis que afecta el país, por la aplicación de una política mercantilista dictada por los organismos internacionales y la complicidad, lacayismo y corrupción del gobierno, que sólo favorece a los ricos y a los intereses de las multinacionales, ha estado profundizando más y más los niveles de pobreza extrema, ampliando la brecha entre ricos y pobres, ante la indolencia de las autoridades dominicanas y la incapacidad de dar respuestas a las justas demandas del pueblo”, afirma el llamado a la huelga.

 

El Foro Social Alternativo cobró fuerza tres años atrás y ha venido concertándose regularmente. Lo integran organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles, sindicales, comunitarias, profesionales, barriales y de amas de casas.

 

Para esta acción han dirigido una carta específica a los y las comerciantes “porque la situación de la gente, clientes potenciales tuyos, se deteriora cada vez más por los bajos salarios, la pérdida del poder adquisitivo y la concentración de la inversión pública en obras no prioritarias que sólo benefician a dos o tres sectores y funcionarios/as privilegiados/as”.

 

En efecto, es evidente un real agravamiento del nivel de vida de la población dominicana. Sólo en materia de canasta familiar, se ha encarecido no menos de 25 por ciento de los productos esenciales.

 

El salario de la gente de menores ingresos se mueve entre 3.000 y 8.000 pesos (un dólar equivale a 32 pesos dominicanos). La renta de una vivienda para una familia de cinco personas puede rondar de 3.000 a 4.000 y la canasta familiar de ese núcleo, no menos de 4.000, sin excesos. El transporte cuesta, desde el mes pasado, dos pesos más: 12 por viaje corto, y casi todo el mundo debe costearse no menos de dos desplazamientos para llegar a su trabajo.

 

El reclamo de apoyo que el Foro Social Alternativo dirige a los pequeños y medianos empresarios incluye estos razonamientos: “La mayoría de las pequeñas, medianas y grandes empresas han reducido sus ventas, operan con pérdida y pagan altos impuestos que les dificultan obtener beneficios para mantenerse abiertas”.

 

“Muchos negocios se marchan del país, otros soportan estoicamente, con la esperanza de que varíe la situación; sin embargo, todo sigue igual o peor y el desempleo aumenta en todos los sectores productivos”, remarca.

 

Las fuerzas convocantes han agotado un período de consultas, movilizaciones y demostraciones barriales y municipales, y también han pedido a las máximas autoridades del país abrir un diálogo que permita obtener “respuestas concretas a nuestras demandas”.

 

Dos elementos de irritación popular están, además, sobre la mesa. El primero fue la decisión unilateral del gobierno de construir un metro para Santo Domingo a costos millonarios, nunca informados a la ciudadanía. El otro: el retraso, los retrocesos y las dubitaciones para poner en marcha el Sistema Dominicano de Seguridad Social, aprobado hace más de cinco años.

 

El documento de convocatoria emitido desde las mujeres campesinas trasunta esa ira: “El gobierno improvisa y no prioriza. Anuncia una nueva línea del metro y no mide el impacto de una inversión no planificada ni presupuestada. Arbitrariamente anuncia nuevos impuestos por decreto para comprar aviones en Brasil. No le importa la corrupción ni la impunidad. La transparencia no es su camino”.

 

Otros desencantos y malestares tienen que ver con los apagones, la falta de agua, el deterioro vial en las comunidades y, sobre todo, el aumento desproporcionadamente alto de la delincuencia.

 

El paro convocado para este lunes parece objetivamente viable, pero sus reclamos difícilmente alcanzables: “aumento general de salarios; rebajas de la comida, las medicinas y los combustibles; contra los apagones; viviendas dignas y no desalojos; contra el TLC y por Reforma Agraria; y que la Reforma Constitucional que se gesta sea adoptada en Asamblea Constituyente y no por diputados y senadores en el Congreso”.

 

Mientras, una parte de la sociedad política está concentrada en lo que han dado en llamar “la cuarta vía”, una fusión de fuerzas y personas descontentas al margen de los tres partidos mayoritarios del país: de la Liberación Dominicana, en el gobierno, Revolucionario Institucional, y Reformista Social Cristiano que, desde el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, han determinado el acontecer en República Dominicana.

 

“La cuarta vía” pretende unir a los disidentes de esos partidos y a la población hastiada de ser gobernada por aquellos, y emprender ese otro camino, rumbo a las elecciones presidenciales del año entrante.