Reportajes y noticias de SEMlac

del 18 al 24 de junio de 2007

 

 

Colombia: Prohibido el placer, la ablación se practica a indígenas Embera

Por Julia Londoño Bozzi

 

Bogotá, junio.- No le pasa sólo a mujeres que viven en el norte de África. Colombia se sorprendió cuando Aracelly Ocampo, la personera de Pueblo Rico, Departamento de Risaralda, denunció que tres niñas recién nacidas habían llegado al hospital del pueblo con infecciones complicadas, producidas por la ablación del clítoris.

 

Esta práctica, que se desconocía fuera realizada actualmente en Colombia, se ejecuta entre niñas de la etnia Embera, conformada por alrededor de 200.000 indígenas de comunidades que habitan en los departamentos de Chocó, Risaralda, Cauca y Nariño, en el occidente del país.

 

“La ablación o clitoridectomía consiste en extirpar el clítoris, órgano sexual eréctil de la mujer, que tiene como finalidad facilitar el orgasmo”, explica el médico ginecólogo Jorge Arango, egresado de la Universidad Nacional de Colombia.

 

A través de este procedimiento se rompe la cadena sexual del placer que permite a una mujer llegar al orgasmo. “La principal consecuencia de la ablación es que, al extirpar el órgano genital primordial para el orgasmo de la mujer, ésta se vuelve anorgásmica, se suprimen los estímulos que permiten que su sexualidad sea placentera”, dice Arango.

 

Lo que esta práctica impide, entonces, es que ellas puedan sentir placer; les queda imposibilitado, de manera irreversible, disfrutar de las relaciones sexuales.

 

La polémica generada entre organismos de Derechos Humanos, grupos feministas e, incluso, representantes de la iglesia no se ha hecho esperar. Diversos sectores condenan la práctica que es defendida por algunos líderes de la comunidad Embera, hasta el momento todos hombres.

 

El conocimiento de la práctica de mutilación aterra a la opinión pública, pero la noción de que la mujer no debe sentir placer no es exclusiva de las comunidades originarias que viven en zonas remotas de Colombia.

 

“Si nos remontamos a la época victoriana, por ejemplo, vemos que la moral en Inglaterra exigía que la mujer permaneciera inmóvil durante la relación sexual. El placer en las mujeres estaba asociado con la prostitución”, afirma Arango.

 

Para este médico, no se conocen posibles beneficios de la ablación y esta, desde el punto de vista académico de la medicina, ni siquiera existe. “No hay indicación médica alguna para hacer una ablación en Colombia”, concluye.

 

El desconocimiento de que esta práctica se lleva a cabo en el país revela, además de una realidad cultural compleja y dolorosa para muchas niñas, una profunda incomunicación y un gran desconocimiento de las comunidades indígenas existentes en Colombia.

 

 

Chile: Nuevo año y viejas penas del pueblo Mapuche

Por Johanna Ortiz

 

Santiago, junio.-Se acerca la noche más larga del año para el hemisferio sur. Esperando el regreso del sol, los mapuche se reunirán a contar historias ancestrales, a compartir la comida, a bailar danzas rituales y reflexionar sobre el ciclo que termina. Es la víspera del Wiñoy Xipantu o Nuevo Año, el 24 de junio, celebración que coincide con la católica noche de San Juan.

 

Un grupo de gente de la tierra mapuche no podrá participar de estas ceremonias porque está encarcelado cumpliendo penas por delitos que el Estado chileno considera terrorismo, pero que para ellos no son sino defensa de su territorio ancestral.

 

A principios de junio, la presidenta Michelle Bachelet estuvo en Ginebra, Suiza, donde fue increpada por organizaciones de derechos humanos ante la situación que afecta a los nueve mapuche que cumplen condena, tras ser procesados por la Ley Antiterrorista.

 

“Puede haber posiciones críticas sobre el trato que recibió el pueblo mapuche en cuanto a la posesión de tierras, pero en democracia eso no es una justificación para utilizar la violencia”, declaró la mandataria chilena, quien desestimó que se trate de presos políticos.

 

José Aylwin, co director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, explica a SEMlac que “la terminología que usan los mapuche es presos políticos y hay buenos fundamentos para considerarlos como tal, en aquellos casos en que las detenciones han sido por la Ley antiterrorista y por la Ley de Seguridad Interior del Estado”.

 

“Si hay delitos que caben en la legislación penal –continúa Aylwin– y se usa la Ley Antiterrorista, hay una opción política”. El abogado aclara que no todos los mapuche procesados están juzgados por terrorismo y que su figura no se ha usado en el gobierno de Bachelet, pero hay juicios que están en curso, heredados de la administración de Ricardo Lagos.

 

La ley antiterrorista fue creada por el dictador Augusto Pinochet, en 1984, para combatir las acciones violentas de los opositores a su régimen. En democracia, los mapuche han sido los principales inculpados por este cuerpo legal que establece periodos de prisión preventiva prolongados y contempla la utilización de testigos sin rostros.

 

Además, según explica José Aylwin, esta ley tiene penas que duplican la legislación ordinaria y cita el caso de los lonkos (jefes) Pascual Pichón y Aniceto Norín, quienes fueron condenados a cinco años y un día de prisión por el delito de amenaza terrorista, aplicada por declarar que incendiarían un fundo (finca), cosa que nunca hicieron.

 

De haberse aplicado el Código Penal, las sentencias habrían sido menores y no llegarían a pena de cárcel. Pichún y Norín fueron exculpados en un primer juicio, pero este fue anulado después que el querellante y dueño de la propiedad amenazada, Juan Agustín Figueroa, ex ministro del gobierno de Patricio Aylwin, alegara un error en la redacción del fallo.

 

El tratamiento que se la ha dado a los mapuche en los tribunales chilenos ha sido cuestionado por diversos organismos internacionales El último pronunciamiento al respecto es el informe que emitió el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 26 de marzo de 2007:

 

“El Comité expresa su preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, que podría resultar demasiado amplia”.

 

Y continúa: “Preocupa también al Comité que esta definición ha permitido que miembros de la comunidad Mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras”.

 

La disputa por la tierra

Felipe Curivil, vocero de la organización mapuche urbana Meli Wixan Mapu, explica a SEMlac que las acciones violentas se dan en el contexto de “la agudización de un modelo de desarrollo neoliberal que ha tenido ondas consecuencias en el territorio mapuche, ya que el sector forestal presiona a las comunidades y usurpa sus tierras”.

 

“Quienes han levantado a sus comunidades, puntualiza Curivil, han sido los lonkos y werkenes (voceros), que se han enfrentado a las transnacionales. En ese aspecto, la prisión política es un castigo a la demanda social mapuche que levanta su autonomía tradicional”.

 

Desde el regreso a la democracia, en 1990, las distintas organizaciones y comunidades mapuche demandan al Estado su reconocimiento como pueblo, el derecho a su autodeterminación y la recuperación su territorio.

 

El vocero de Meli Wixan Mapu sostiene que, para enfrentar este escenario, “el estado se ha dejado caer con todo en el territorio mapuche, criminalizando las demandas del pueblo mapuche”.

 

Muchas comunidades viven en permanente conflicto de límites con sus vecinos, los latifundistas o las empresas forestales. Curivil menciona el caso de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía.

 

El siete de junio pasado, representantes de Temucuicui presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco en contra de los policías de Ercilla por su participación en la sustracción de 14 vacunos pertenecientes a miembros de la comunidad.

 

Este es un capítulo más en la historia de hostilidades que ha protagonizado la comunidad, que en 2006 vivió 11 allanamientos. Las 250 familias de Temucuicui están pidiendo que se les devuelvan las tierras de René Urban, propietario legal según consta en títulos de Merced.

 

En enero de este año, esta comunidad recibió la visita de una misión internacional de observación en la que participaron Rocío Vásquez, abogada del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Bolivia y Morita Carrasco, antropóloga del Centro de Estudios Sociales de Argentina.

 

En el documento que elaboraron las observadoras se expresa que “la misión constató múltiples situaciones que, a su juicio, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, así como concepciones racistas en las instituciones del estado, claramente perceptibles en prácticas de maltrato verbal y físico y abusos en contra de los mapuche”.

 

En el sur de Chile hay un conflicto latente entre comunidades como la Temucuicui y las instituciones del Estado. Rodolfo Stavenhagen, relator de la ONU sobre los derechos humanos y las libertades de los indígenas, visitó el país en 2003 y constató en su informe que:

 

“Los derechos sobre la propiedad de la tierra y la territorialidad constituyen uno de los problemas más graves que afectan a los pueblos indígenas de Chile, ya que son el resultado de un largo proceso de despojo de sus tierras y recursos”

 

Stavenhagen destaca, además, que la compra de tierras para los indígenas, iniciada por los gobiernos democráticos y que prevé la titulación privada, no incluye la restitución de antiguas tierras comunales, a la par que se implementa lentamente, con recursos insuficientes, que no han permitido extenderlas a todas las áreas necesitadas. Este panorama provoca malestar entre la población indígena.

 

La insatisfacción está presente y los mapuche están dispuestos al diálogo una vez más, pero tienen exigencias, como lo expresa una carta abierta, publicada recientemente por la Coordinación de Organizaciones Mapuche, COM, instancia que nació de una reunión de más de 150 organizaciones en Kepe, región de la Araucanía, en noviembre de 2006.

 

En ella se lee:”Tenemos la convicción de que sólo una comisión de Estado, pensada en términos bilaterales Estado chileno-Pueblo Mapuche; podrá dar una salida favorable a la situación de sometimiento que se nos ha impuesto”.

 

“Queremos celebrar nuestro Wiñoy Xipantu (nuevo año) con un espíritu renovado; donde el Estado, en su conjunto, apueste a sentarse con nosotros a resolver los conflictos que nos afectan y no se nos obligue a entrar en la dinámica de las movilizaciones para alcanzar nuestras legítimas reivindicaciones y demandas”, puntualiza la misiva de la COM.

 

 

Los Tapietes: En lucha por sobrevivir

Por Liliana Aguirre F.

 

La Paz, junio.- Oriundos de El Chaco Boliviano, un lugar intercultural y multilingüe donde viven varios grupos étnicos de tierras bajas, los Tapietes convivieron enfrentados en guerras sangrientas, a lo largo de los siglos, aunque en la actualidad estas luchas se redujeron notablemente por la ruptura de la endogamia y las alianzas matrimoniales entre diferentes etnias.

 

En el mundo indígena del Chaco y la Amazonía, la guerra impone un orden jerárquico entre las diferentes etnias y se les otorga el poder a los vencedores. Dentro de este esquema, los Tapietes, por ser un grupo minoritario, fueron sometidos por los guaraníes, tobas y matacos, entre otros.

 

En la actualidad, este grupo humano ya no tiene como oponente a otros indígenas. Ahora, la dispersión y absorción cultural del proceso migratorio al que están expuestos por la constante pobreza en la que viven, constituyen su letal enemigo.

 

Tapietes en el río Pilcomayo

Los estudios de diferentes etnógrafos e historiadores, entre ellos el desaparecido investigador francés Alcide d´ Orbigny, sitúan a los Tapietes, desde el siglo XVI, a lo largo del lado oeste del río Pilcomayo, que recorre los países de Bolivia, Argentina y Paraguay.

 

Según las investigaciones, la presencia de estos pueblos en la afluente del Pilcomayo se debe a un permanente desplazamiento en busca de una morada ideal para el asentamiento definitivo y la consolidación del hogar.

 

El antropólogo Milton Eyzaguirre, del Museo de Etnografía y Folclor de Bolivia, explica a SEMlac que un elemento identificador de los Tapietes con respecto a las demás etnias de El Chaco boliviano, en la década del sesenta, era la tembeta (una especie de aro o arete de madera que perfora y atraviesa el lóbulo inferior de la oreja).

 

Los tapietes habitan en la hacienda Villagran, perteneciente a una importante familia terrateniente de la zona, donde trabajan como peones en pésimas condiciones laborales, agregó.

 

La situación de los Tapietes es precaria, como la de muchos otros pueblos indígenas de Bolivia y de Latinoamérica en general, pues viven reducidos a condiciones de extrema pobreza, según el Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios.

 

Las etnias de las tierras bajas de Bolivia carecen de acceso legal a la tierra y el territorio, por lo cual viven hacinados en pequeñas viviendas que no cumplen las condiciones básicas necesarias. Además, el acceso a ellas es parte de un pago simbólico que les otorgan los terratenientes a cambio de trabajar sus propiedades en calidad de semiesclavos.

 

Sin otra posibilidad de acceso a la tierra y al cultivo de productos para el propio consumo, y vulnerables a la hambruna y muerte, los Tapietes bolivianos emprendieron un éxodo migratorio hacia Argentina y Paraguay, guiados por ofertas laborales de ingenios azucareros. Dejaron así su historia atrás.

 

Migración y dispersión

Una de las primeras olas de migración de Tapietes bolivianos hacia Argentina y Paraguay se registró en 1935, por los efectos de la guerra de El Chaco (conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay) y, sobre todo, por las ofertas laborales en los ingenios azucareros, donde la población indígena asumía tareas que otras personas se negaban a realizar.

 

El investigador Eddy Arce asegura que la mayoría de la mano de obra de los ingenios era indígena y la recompensa que se recibía por el trabajo, era un plato diario de comida y algunas prendas de vestir.

 

“En esos años, varias familias de esa etnia se desplazaron hacia Argentina para trabajar en los ingenios azucareros, mientras que quienes llegaron a Paraguay fueron trasladados por el ejército y asimilados por colonias de menonitas”, narra Arce en la investigación Estrategias de sobrevivencia entre los tapietes del Gran Chaco.

 

Los menonitas son una secta religiosa formada en el siglo XVI que viven en comunidades en diversos países de América, Asia, África y Europa.

 

El estudioso documenta que, en 1972, se produjo un segundo momento migratorio, cuando 30 familias de este grupo indígena se dirigieron a Argentina con la idea de radicar allí para siempre y, de esta forma, escapar del hambre que los acosaba.

 

Según la prensa argentina, hace aproximadamente 10 años un grupo tapiete inició un movimiento de fortalecimiento local de sus organizaciones y logró el reconocimiento de su etnicidad por parte del Estado de ese vecino país.

 

Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, la pérdida de la identidad cultural se va agudizando gradualmente, como indica el antropólogo Eyzaguirre, quien apunta que la pérdida de la lengua materna y las costumbres son parte del fenómeno de la absorción y dispersión cultural a la que están enfrentados los pueblos indígenas.

 

“Los Tapietes en la Argentina cambian totalmente su forma de vida, a tal grado que son absorbidos por el espacio urbano y dejan de utilizar la lengua autóctona (derivada del tupi-guaraní), e inclusive muchos pierden contacto con sus familiares, que quedaron en el Pilcomayo”, señala el especialista.

 

Actualmente, muchos grupos étnicos de El Chaco se han extinguido por diversos factores, como el constante enfrentamiento interétnico, la lucha por la tierra contra ganaderos y terratenientes, el acceso al agua, las migraciones, las epidemias y pandemias, entre otros factores.

 

Al igual que cualquier otra etnia indígena, el pueblo Tapiete está en peligro de desaparecer si no se gestan las políticas necesarias para que sus territorios sean regresados de manos ganaderas y este grupo humano no se vea obligado a abandonar su lugar de origen en busca de alimento.

 

 

Bolivia: Discriminación a través de la lengua

Por Liliana Aguirre F.

 

La Paz, junio.- “Es indio, por eso no sabe ni hablar”, es un dicho común dentro del contexto boliviano cuando una persona de lengua materna indígena toma la palabra y se expresa en español.

 

Cambiar de una lengua a otra no es tarea fácil y mucho menos si se toma en cuenta que muchos de quienes utilizan dos de ellas (aymara y español o quechua y español) nunca han tenido educación bilingüe y adquirieron el segundo idioma por simple contacto con hablantes del castellano.

 

“Existen muchas formas de discriminación y una de ellas es la lingüística. Esta responde a una serie de prejuicios negativos, que un grupo le atribuye a otro, como es el caso de los hablantes de castellano con los aymaraparlantes”, explica a SEMlac el lingüista Juan de Dios Yapita.

 

Yapita, especialista en aymara, indica que este fenómeno de darle supremacía social, económica y política a una lengua sobre otra se conoce como diglosia.

 

Acota que en Bolivia existen dos tipos de diglosia, una que pone al español por encima de las lenguas nativas y otra, en la que un hablante de estas últimas, al comunicarse en castellano, es ridiculizado por la forma en que se expresa.

 

“En nuestro medio tenemos lenguas en contacto, por ser un país plurilingüe; sin embargo, el español es la lengua de prestigio desde la colonia”, precisa este especialista, tras explicar que cuando un hablante de aymara utiliza el español, traslada la estructura de su lengua materna, que es completamente diferente al castellano, “y esto provoca una interferencia en la estructura de las oraciones”.

 

Un ejemplo de este fenómeno es que un hablante aymara dirá “La auto” o “El mesa”, porque los géneros femenino y masculino del castellano no existen en su idioma y a los objetos se los denomina con un artículo neutro.

 

Otra muestra se observa en las vocales: en el idioma aymara existen sólo tres y no cinco, tal es el caso que no se diferencia el sonido o fonética de la i con la e y la o con la u, por ello se suele decir “señoreta” en vez de señorita o “cajún" por cajón.

 

Estas variaciones idiomáticas han sido usadas en Bolivia para discriminar a quien habla una lengua diferente. Inclusive, este tipo de discriminación ha llegado a medios de comunicación, donde al presidente Evo Morales, de origen aymara, se le atribuye ignorancia y estupidez por ciertas interferencias que tiene al comunicarse en español.

 

“Cada idioma es autónomo y son naturales las interferencias de una lengua a otra, esto se puede superar con una educación bilingüe. El problema no está en las interferencias, sino en el desconocimiento de la gente al discriminar y ridiculizar a una persona por su habla”, dice Yapita.

 

“Además, este tipo de situaciones se dan en todas las lenguas. Si un hablante de español pretende aprender japonés u otro idioma, sufrirá las mismas dificultades, porque no está habituado a nuevos fonemas (sonidos) y esto no es razón para discriminar”, concluye el académico.

 

 

Perú: Líder shipibo defiende derechos de pueblos no contactados de la amazonía

Por: Zoraida Portillo

 

Lima, junio.- “El planeta es como el cuerpo humano: tiene sangre, arterias, células, hasta ropa. Y lo que estamos haciendo al extraer la madera de sus bosques es quitarle su sangre, al talar árboles le quitamos la ropa, lo desnudamos, estamos convirtiéndolo en un ser débil, indefenso, enfermo…”

 

Con esta analogía, Julio Cusurichi Palacios, de 36 años, líder indígena de los shipibos, uno de los pueblos nativos de la amazonía peruana, intenta transmitirnos su preocupación por la deforestación acelerada de los bosques y el por qué de su lucha contra los taladores ilegales, que empezó cuando era muy joven –según confiesa– y que le ha deparado persecuciones y amenazas de muerte, pero también muchas satisfacciones.

 

Quizá la mayor de ellas sea el Premio Ambiental que el pasado 22 de abril le confirió la Fundación Goldman, de los Estados Unidos, en reconocimiento a su trayectoria y, básicamente, al papel decisivo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la amazonía peruana.

 

El Premio Goldman se entrega anualmente a aquellas mujeres y hombres que, en cada uno de los seis continentes, realizan acciones destacadas en defensa del medio ambiente, arriesgando en ello muchas veces la propia vida, y convirtiéndose así en héroes populares de la ecología. Consiste en 125.000 dólares estadounidenses en efectivo.

 

"Cusurichi desempeñó un papel decisivo en la creación de la reserva para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y hasta el día de hoy sigue defendiendo sus derechos. No se limitó sólo a contribuir decididamente a la creación de la reserva para luego desentenderse de ésta, una vez que quedó establecida sobre el papel; reconoció la continua amenaza de la tala ilegal, las empresas petroleras y los mineros de oro, todos los cuales querían tener acceso a la reserva", precisó Ari Hershowitz, del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, al respaldar su candidatura.

 

Cusurichi saltó a las primeras planas de los medios en 2002, cuando consiguió la creación de una reserva territorial de 7.688 kilómetros cuadrados, en una de las áreas más vírgenes de la amazonía peruana para los pueblos indígenas que habían decidido aislarse voluntariamente del resto del mundo, Pero ya anteriormente había protagonizado serias escaramuzas con los depredadores de los bosques.

 

“Yo aprendí de mis padres y abuelos el respeto hacia los pueblos nativos, pero muy joven me di cuenta de que las autoridades no pensaban así, no nos respetaban y por eso me animé a que nos escuchen y a hacernos respetar”, declaró a SEMlac en una larga conversación telefónica desde su casa en Madre de Dios, a 1.638 kilómetros en el extremo suroriental del país.

 

No fue fácil. Tuvo que vérselas con angurrientos y poderosos madereros que, en semanas, talan bosques que tardaron miles de años en crecer. Se estima que la tasa de deforestación de la amazonía peruana es de 286.600 ha anuales (0,4 por ciento anual o 0,5 ha/minuto, según el Mapa Forestal del Instituto Nacional de Recursos Naturales 1995).

 

No en vano el Perú es el primer exportador de caoba de hoja grande, en su mayor parte talada ilegalmente. La tala de caoba de hoja grande está prohibida en Perú y Brasil, por ser una especie amenazada.

 

Ello no detiene a los madereros ilegales quienes, con el fin de tener acceso a más árboles de esta especie, construyen caminos en zonas vírgenes, donde viven los pueblos en aislamiento voluntario. No pocas veces han ocurrido enfrentamientos sangrientos, pues mientras los indígenas defienden la intangibilidad de su territorio con arcos y flechas, los madereros usan armas de fuego.

 

“Los madereros ilegales son peores que las empresas petroleras”, afirma Cusurichi, porque estas tienen una estrategia diferente: buscan el aval del gobierno, hacen capacitaciones, tratan de congraciarse con la población, pero los taladores ilegales no entienden razones, son violentos, prepotentes y depredadores”.

 

Actualmente, Cusurichi es asesor de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y es una personalidad reconocida internacionalmente en materia del derecho a existir de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En su trabajo trata de involucrar tanto a las instancias del gobierno peruano como a los tribunales internacionales.

 

Entre sus logros se cuentan haber documentado la tala ilegal, en ocasiones llamando a la policía y las fuerzas armadas para que se encarguen de hacer cumplir la ley, y fomentar al gobierno a establecer puestos de vigilancia a lo largo de los principales ríos para frenar el ingreso de madereros ilegales a la región, documentando el número de troncos de caoba que salían.

 

Cuando el Estado abandonó dichos puestos, Cusurichi no se amilanó y a través de FENAMAD apoyó procesos de capacitación para que los propios indígenas se ocuparan de la vigilancia y logró que el gobierno les pagara por esta labor. También promovió la activa participación de la población local para constituir la red de solidaridad y vigilancia para la protección de la Reserva.

 

Actualmente, junto con FENAMAD, la ONG peruana Racimos de Ungurahui y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), está litigando en Nueva York contra el Departamento de Seguridad de la Patria, y los departamentos del Interior y de Agricultura de Estados Unidos, así como contra tres empresas estadounidenses importadoras de madera.

 

La demanda alega que, al importar caoba de hoja grande del Perú, Estados Unidos está contraviniendo tanto su propia Ley de Especies Amenazadas, como la de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).

 

De obtenerse una sentencia favorable, se eliminaría el mayor mercado para esta especie, poniendo fin a la tala ilegal en la reserva y permitiendo la protección de esta especie, “pero además –declara– habremos dado un paso muy importante para preservar la vida, la cultura y la sabiduría de los más antiguos pobladores amazónicos que han decidido permanecer fieles a sí mismos”.

 

Cusurichi es renuente a hablar de las amenazas de muerte que ha recibido. “Sí pues, los madereros ilegales y algunas empresas mineras nos han levantado muchas calumnias; es parte del trabajo, yo no me acobardo porque detrás de mí hay toda una organización que me respalda y, si me pasa algo, si pierdo la vida, la organización va a seguir”, enfatiza.

 

Los pueblos en aislamiento voluntario

Se estima que en la amazonía peruana hay unos 14 pueblos indígenas en aislamiento voluntario pertenecientes a tres etnias ancestrales: los mashcopiros, los anahuacas y los nahuas. De algunos, como los Machiguenga Alto Serjali y Patsani o los Mashco Piro, sólo se han tenido avistamientos o huellas, sin ningún tipo de contacto; otros, como los Machiguenga, Camisea y Cashiriari, Alto Pauiria y Nanti Alto Camisea han tenido contactos esporádicos, mientras que los Nanti Alto Camisea ocasionalmente participan en la economía de mercado.

 

La Comisión Multisectorial para los Pueblos Indígenas estima su población en unas diez mil personas diseminadas en seis departamentos del suroriente y nororiente del país, muchos en territorios ocupados por las multinacionales petroleras y en una situación calificada como “altamente vulnerable”.

 

“Están expuestos a enfermedades nuevas y epidemias mortales, así como a otro tipo de amenazas derivadas de la destrucción del medio ambiente y la invasión de sus territorios por la exploración y explotación petrolera, maderera y aurífera, por la presión de grupos religiosos mediante contactos forzados, por investigadores etnobotánicos, lingüístico-culturales, por ser un destino del ecoturismo, la colonización, la violencia política, el narcotráfico y otros”, se señala en un documento de la citada Comisión.

 

Tampoco se conoce mucho sobre sus costumbres y organización social, “son temas muy delicados y no los podemos violentar”, admite Cusurichi. Y añade: “No se trata sólo de asegurarles su territorio, sino que debemos tener preparado un plan de contingencia en caso de enfermedades o algún otro tipo de eventualidad”.

 

Las advertencias de Cusurichi se fundamentan en hechos concretos, ocurridos en los últimos años entre esas poblaciones. Así, un estudio de Oxfam Internacional reveló que, entre 1984 y 1990, la mitad de la población Nahua murió por contacto con madereros que ingresaron ilegalmente detrás de las exploraciones de la multinacional Shell. Y según el Ministerio de Salud, desde 1995 han muerto por enfermedades transmisibles 65 Nantis, de los cuales 62 eran niños.

 

La decisión de aislarse voluntariamente se remonta a la primera década del siglo XX, cuando la fiebre del caucho invadió la amazonía y los pueblos indígenas fueron sometidos a todo tipo de abusos, desplazamientos forzados, expuestos a enfermedades y una serie de prácticas que, en la normatividad actual, configuran genocidio. Se estima que sólo en la región de Putumayo murieron 40 mil indígenas de los 50 mil que vivían allí.

 

Actualmente existen cinco reservas territoriales en la amazonía peruana, pero aún quedan pueblos en aislamiento que no poseen reservas territoriales, y Cusurichi dice que no descansará hasta conseguirlas.

 

 

Salud: Enfermedades aniquilan a los Yuquis

Por Liliana Aguirre F.

 

La Paz, junio.- “La raza yuqui por siempre vivirá, la raza yuqui no morirá nunca jamás...” reza la canción “Lamento yuqui”, del autor boliviano Armando Terceros, quien hace décadas la escribió en honor a esta etnia.

 

Sin embargo, la letra de esta melodía parece una paradoja ante el aniquilamiento que sufren los yuqui (pueblo indígena que habita en el trópico de Cochabamba, a ocho horas de La Paz), por las continuas enfermedades que los atacan. Se trata de una etnia de tierras bajas, de origen tupiguaraní, que en la actualidad cuenta con 200 habitantes, entre ellos cinco ancianos.

 

Una de las principales características de este grupo es que son nómadas y viven de los recursos naturales que les brinda la naturaleza. Debido al permanente ingreso de empresas madereras y grupos que van saqueando y devastando el trópico donde viven, los yuquis han debido buscar un lugar para situarse, en contra de sus costumbres ancestrales.

 

El sedentarismo forzado los ha remitido al hacinamiento, enfermedades y al hambre y está dando como resultado que los yuquis mueran.

 

“La población yuqui presenta altos niveles de enfermedades, como diarreas agudas, tuberculosis y micosis pulmonar, lo cual les da muy poca esperanza de vida”, dijo Juan Carlos Noe, representante de la Coordinadora de Pueblos Indígenas del trópico de Cochabamba.

 

De igual forma, el Defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, informó en una conferencia de prensa, a la que asistió SEMlac, que la comunidad de los yuqui atraviesa una dura situación por la que puede desaparecer para siempre.

 

“Si no se toman las medidas necesarias y se ejecutan políticas destinadas para preservar a esta etnia, desaparecerá en menos de cinco años”, apuntó el Defensor.

 

 

Cuba: Nuevo Código de Familia democratizará relaciones en el hogar

Por Dixie Edith

 

La Habana, junio.- El proyecto de modificaciones para el Código de Familia en Cuba incluirá un articulado completo sobre identidad de género y derechos sexuales, dijo en La Habana Mariela Castro Espín, directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).

 

“Tenemos la responsabilidad de eliminar todas las formas de discriminación en nuestras leyes y hay voluntad política para hacerlo”, aseguró la también Master en Sexología, durante una conferencia, en medio de los debates sobre diversidad cultural, del recién terminado Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo.

 

Según la experta, entre los asuntos que se encuentran en estudio por parte de la Federación de Mujeres Cubanas y el CENESEX, de cara a la nueva legislación, se incluyen propuestas al código civil como la legalización de las uniones entre homosexuales y el derecho a la adopción de niños por estas parejas.

 

El proyecto también incorpora el reconocimiento jurídico de la identidad sexual de los transexuales, a partir del momento en que se diagnostiquen como tal.

 

“Estamos proyectando modificaciones que ayuden a democratizar las relaciones familiares”, explicó Castro Espín y agregó que es en “la familia donde se inicia la formación del ser social y se aprenden los primeros valores”.

 

El actual Código de la Familia cubano data de 1975 y se consideró revolucionario en su momento, pues estableció, entre otros aspectos, la responsabilidad y deber de ambos miembros de la pareja en el cuidado, protección y educación de los hijos.

 

Pero, según la directora del CENESEX, todavía lleva implícitos algunos elementos del modelo patriarcal de familia, herencia de nuestros ancestros españoles. “No podemos conformarnos con esos modelos heredados”, argumentó.

 

La especialista explicó que las propuestas incluyen modificaciones a otros espacios de la ley, pero que a la estrategia debe asociarse un fuerte componente educativo, sobre todo desde los medios de comunicación.

 

“Las leyes, por sí solas, no son suficientes para lograr verdaderos cambios subjetivos, culturales y sociales que sustituyan prejuicios y actitudes discriminatorias, generalizadas en la población, en relación con todo lo que se identifica como diferente”, apuntó.

 

Sobre la atención a los transexuales, Castro Espín explicó que se inició en la isla desde la década del setenta, cuando el actual CENESEX era un grupo multidisciplinario coordinado por la FMC.

 

“Muchos transexuales han estado recibiendo apoyo psicológico en la familia, los centros de trabajo y en la comunidad, pero aún no es suficiente”, detalló.

 

La sexóloga indicó que, hasta ahora, por la vía del CENESEX se han diagnosticado 27 transexuales, pero hay más de 40 en estudio y unas cuantas operaciones en camino, bajo el amparo de una resolución del ministerio de Salud Pública. “Consideramos que son personas normales, con necesidades especiales por parte de la sociedad”, señaló.

 

A la directora del CENESEX le parece muy bien que las modificaciones a la legislación comiencen por el Código de Familia, pues “los valores tienen que darle a la familia el referente y la seguridad de que es el espacio donde podemos convivir”.

 

“La institución familiar tiene la responsabilidad de aceptar, respetar, cuidar, querer, apoyar a todos sus integrantes, independientemente del sexo, raza, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, lo que sea”, aseveró.