Reportajes y noticias de SEMlac

del 14 al 20 de mayo de 2007

 

 

Uruguay: La violencia doméstica acaba con una mujer cada siete días

Por Cristina Canoura

 

Montevideo, mayo.- Hasta marzo de 2007, una uruguaya moría cada nueve días como resultado de la violencia doméstica, pero en abril la estadística se disparó para alcanzar un fallecimiento cada 7,5 días, según reportan organizaciones femeninas no gubernamentales que trabajan el tema.

 

Todos los asesinatos de este último mes fueron perpetrados por los cónyuges y ocurrieron en cuatro de los 19 departamentos en los que está geográficamente dividido este país. En lo que va de año, son seis las mujeres asesinadas por sus maridos o ex novios.

 

Una de las víctimas, María Fernanda Rial, de 27 años, murió el 18 de abril de un balazo disparado por su ex novio, paradójicamente, un policía de la Dirección Nacional de Prevención del Delito. El hombre se suicidó después de cometer el homicidio.

 

En repudio a esta realidad y con la consigna "No más indiferencia", el "Colectivo Mujeres de Negro Uruguay", una de las ONGs que trabaja en la denuncia de la violencia de género, junto con la filial local de Amnistía Internacional y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, ha convocado a la población a concentrarse los primeros jueves de cada mes frente a la sede de la Intendencia Municipal de Montevideo (Alcaldía).

 

Esta forma de manifestarse recuerda a las reuniones callejeras de las madres y familiares de desaparecidos durante la dictadura militar que rigió en el país de 1973 a 1984. Desde la apertura democrática, y por más de una década, ellos se concentraron todos los viernes en la Plaza Libertad, que marca el kilómetro cero de Montevideo, para reclamar la verdad sobre el destino de sus parientes.

 

También exhibían pancartas, las madres y familiares de las mujeres que murieron en el transcurso de 2007. Los carteles tenían dibujada la silueta de un rostro sin rasgos, con el nombre de cada una de las víctimas en su interior y una descripción de cómo fueron asesinadas.

 

Ahora, una de las pancartas era portada por Esther, madre de María Fernanda, y en ella, en lugar del rostro sin rasgos aparecía la foto de su hija sonriendo. La joven había logrado burlar el cerco de su ex pareja y se había mudado en forma clandestina a un barrio de la periferia montevideana. Él la encontró y la asesinó. Esther halló a su hija en el piso con tres balazos.

 

Ante la urgencia de respuestas, el Instituto Nacional de las Mujeres que funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, convocó de urgencia al Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, integrado por hombres y mujeres representantes de diferentes organismos e instituciones de la sociedad uruguaya.

 

Entre las decisiones adoptadas por ese equipo está la edición de una guía que será distribuida entre todas las personas que recurran al Poder Judicial en busca de auxilio. La publicación contendrá información indispensable acerca de cómo proceder, a quién acudir y dónde hacerlo, cuando el agresor se presenta en el domicilio de la víctima.

 

La directora del Instituto de la Mujer, Carmen Beramendi, informó además que ese organismo planea la puesta en marcha de una campaña de sensibilización pública, del mismo modo que se hizo contra el tabaquismo o sobre cómo prevenir la epidemia de dengue.

 

Desde julio de 2002 rige en Uruguay la Ley de Violencia Doméstica, la cual fija la competencia de los Juzgados de Familia, establece las medidas cautelares que los jueces deben decretar, "tendentes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar".

 

En su articulado se concede a los jueces la potestad de disponer el retiro del agresor de la residencia común; prohibir, restringir o limitar su presencia en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima.

 

Igualmente, le puede prohibir comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho.

 

Establece la incautación de las armas que el agresor tuviera en su poder, "las que permanecerán en custodia de la Sede, en la forma que ésta lo estime pertinente". Además, el magistrado puede fijar una obligación alimentaria provisional a favor de la víctima, así como disponer la asistencia obligatoria del atacante a programas de rehabilitación.

 

En la primera concentración de mujeres llevada a cabo el pasado jueves 3 de mayo, frente a la sede de la Comuna, un cartel resaltaba en la fila. "¿Cuál será la próxima víctima?". Sólo las mujeres que sufren acoso diariamente pueden anticiparlo.

 

 

Argentina: Marchas por las desaparecidas en democracia

Por Norma Loto

 

Buenos Aires, mayo.- Aquellos gritos de las madres argentinas que querían saber el paradero de sus hijos durante la dictadura militar (1976-1986), hoy se renuevan en las súplicas de otras madres con hijas desaparecidas durante la democracia.

 

“Las estamos buscando, las queremos con vida”, dicen, al reclamar el paradero de las mujeres, niñas y niños que, en la actualidad, son víctimas de las redes de prostitución.

 

A partir de abril, el tercer día de cada mes, familiares, amigos y la sociedad civil marcharán por las calles porteñas para demandar la aparición de estas mujeres y solicitar una legislación que penalice el accionar de las redes encargadas de reclutarlas para la posterior explotación sexual o laboral.

 

“Debemos seguir firmes y dando pelea. Hasta hace poco, la trata era el tercer negocio más redituable en el planeta y hoy es el segundo. Por suerte, la sociedad está tomado conciencia”, manifestó a SEMlac Ángela Vensentini, integrante de Feministas en Acción.

 

El 3 de mayo se realizó la segunda movilización y cientos de personas marcharon por las calles lindantes al Congreso de la Nación para pedir por la aparición con vida de estas víctimas. Carteles con los rostros de mujeres y niñas secuestradas, pancartas con las leyendas “¡Ni una desaparecida más!”, desviaron las miradas de los transeúntes.

 

“Todos los días hay nuevos casos de desaparición en Argentina. He recorrido el país buscando a mi hija y encontré a muchas chicas que estuvieron en la misma situación que ella”, remarcó ante la multitud Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles (Marita) Verón, una joven secuestrada en 2002 por una red de tratantes que operaba en el Norte del país.

 

Marita fue secuestrada en su provincia natal, Tucumán, ubicada a 1.290 kilómetros de la Capital Federal, y luego vendida a un prostíbulo de la provincia de La Rioja, a 1.175 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Aún la siguen buscando.

 

Este caso se convirtió en el paradigma de la lucha contra la trata, por eso la primera marcha se realizó el 3 de abril de este año, al cumplirse el quinto aniversario de la desaparición de la muchacha.

 

Según los datos de la Oficina Internacional de Migraciones, desde 2002 hasta 2006 fueron asistidas 117 mujeres víctimas de explotación sexual.

 

Justicia para Otoño

Otoño Uriarte es una joven de 16 años que desapareció hace seis meses en Río Negro, 970 kilómetros al sur de la Capital Federal. El reciente hallazgo de un cuerpo sin vida conmovió a toda la sociedad y en las próximas semanas se espera el resultado del ADN para tener la certeza de que se trata de ella.

 

Tras la desaparición de esta joven, en los medios de comunicación se difundió una conversación telefónica entre un policía y un proxeneta de esa provincia, que estarían vinculados a la trata de mujeres e involucrados en este caso.

 

Es tan burda y tan grave la injusticia que todo nuestro pueblo quiere justicia para Otoño, dicen a SEMlac Beatriz Tejeda y Alejandra Britos, amigas de la familia Uriarte. Aunque las características antropométricas indican que el cuerpo encontrado pertenece a la joven, Tejeda prefiere conjugar sus esperanzas en presente: “Otoño es una persona muy especial, por eso estamos acompañando a su familia”.

 

 

Colombia: Las caras del abuso sexual de menores, polémicas propuestas

Por Julia Londoño Bozzi

 

Bogotá, mayo.- La publicación en vallas y muros de las fotos con los rostros, los nombres y los delitos cometidos por personas condenadas por abuso sexual contra niñas y niños, fue aprobada recientemente por el Consejo de Bogotá y menos de una semana después, ya existen proyectos para implementar igual medida en otras ciudades del país.

 

Los murales y vallas donde aparecerán los condenados por este tipo de delitos han sido bautizados como “muros de la infamia”. En cada uno de ellos se podrá conocer la cara de seis abusadores sexuales infantiles.

 

Adicionalmente, esta información será reproducida dos veces al año en las facturas de los servicios públicos. También será distribuida en volantes que circularán en espacios de concurrencia masiva, como centros comerciales, cines y colegios.

 

En la cárcel La Modelo de Bogotá, uno de los cuatro centros penitenciarios del país adonde se remiten las personas condenadas por delitos sexuales, algunos presos se declararon en huelga de hambre ante la noticia de la aprobación de esta iniciativa.

 

Para Paola Franceschi, directora de “Niños por un nuevo planeta”, de la ciudad de Cúcuta, en el nororiente colombiano, las versiones que condenan los muros de la infamia con el alegato de que impiden a quienes cumplan su condena reintegrarse a la sociedad, carecen de fuerza, pues el tema es dar prioridad a los derechos de las víctimas sobre los de los victimarios.

 

“Un agresor sexual no puede reintegrarse totalmente a la sociedad, dadas las características de su personalidad. Estas personas son adictas sexuales a niñas, niños y/o adolescentes y, como cualquier adicto, están siempre en recuperación. Reintegrarlo a la sociedad no puede ser lo esperado, proteger a niñas y niños sí es lo esperado y lo moralmente justo”, añade.

 

“Niños por un nuevo planeta” lleva siete años atendiendo a la población infantil sexualmente agredida en Colombia. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2003, cuando un bebé de cuatro meses fue llevado a la sede tras haber sido agredido sexualmente por su padrastro.

 

Sus cinco hermanas y hermanos también habían sufrido el mismo abuso. Fue una tía, preocupada, quién llevó a los seis menores a la sede de esta organización, donde se pudo comprobar el abuso al que habían sido sometidos en su propio hogar. La madre nunca denunció al abusador por miedo.

 

Basándose en su experiencia en ése y otros casos, Franceschi insiste en que los derechos de los agresores deben pasar a un segundo plano frente a la posibilidad de que los derechos de niñas y niños sean vulnerados.

 

Otros sectores, por su parte, proponen medidas más extremas para prevenir el abuso sexual de los menores en Colombia que, sólo en 2004 ascendió a 30.000 casos denunciados oficialmente. La cifra es considerada conservadora porque la mayoría de víctimas prefiere no denunciar al agresor.

 

Fabio Andrés Humar, abogado de la Fiscalía General de la Nación, opinó que, para quienes cometen delitos sexuales contra menores, pueden imponerse condenas más radicales. “Hay que pensar en penas fuertes, porque debe recordarse que cada menor abusado puede ser un abusador más adelante”, comentó a título personal.

 

Sobre este tema, la Directora de Niños por un Nuevo Planeta señala que las estadísticas muestran que un 30 por ciento de los menores víctimas de abuso sexual reproducen este delito en unos años, pasando así de víctimas a agresores o a padres permisivos, que permiten y tapan el abuso. Ella también cree que se debe ir mucho más allá con las penas.

 

El consejo de Franceschi es aplicar cadena perpetua, sin derecho a rebaja de penas, y para quienes ya hayan cumplido las condenas, permanente vigilancia y trabajos aislados del contacto con menores.

 

Antecedentes y consecuencias

El Código de la Infancia y la Adolescencia de 2006, contempló que “por lo menos una vez a la semana, se presentarán con nombres completos y foto reciente, las personas que hayan sido condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados en el título IV ’Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual’ cuando la víctima haya sido menor de edad”.

 

Este Código es la plataforma sobre la cual encontraron sustento en Bogotá los “muros de la infamia”, iniciativa de la concejala Gilma Jiménez. Probablemente, este será el antecedente sobre el cual otras ciudades se sumarán a la propuesta.

 

A partir de la aprobación de esta iniciativa, otras más recientes, como la de prisión perpetua a los abusadores sexuales de menores, proyecto de la bancada a la cual pertenece el concejal de Bogotá, David Luna, tienen más posibilidades de ser admitidas.

 

Luna pertenece a una bancada del Concejo que presentó un proyecto, el pasado 8 de mayo, precisamente para promover la prisión perpetua para los abusadores de menores.

 

Propuestas complementarias que podrían ponerse en marcha, según Franceschi, son la publicación de las fotos de los agresores en empaques de dulces o de útiles escolares y la identificación, puerta a puerta, de los rostros de los abusadores. “Todo lo que permita que menores y padres de familia identifiquen al agresor”, añade.

 

Con respecto a la incidencia de los muros de la infamia en víctimas y victimarios, Humar asegura que la medida no hace gran diferencia para los menores que ya fueron abusados, pero sí previene que otros sufran por esas agresiones.

 

En cuanto a los victimarios, piensa que puede propiciar que los abusadores reciban agresiones físicas de la comunidad. Para la Directora de Niños Por un Nuevo Planeta, esta iniciativa es la oportunidad de generar un efecto de miedo en los atacantes que aún no han sido capturados o condenados y, tal vez así, se puedan reprimir las conductas de otros agresores.

 

Otro motivo que valida la importancia de revelar los rostros de los abusadores es que, con mucha frecuencia, los infantes víctimas tienen en su imaginario que son responsables de lo ocurrido y se sienten culpables.

 

“Mostrar las caras de los agresores es hacer algo en una sociedad que silencia y olvida los hechos violentos. Terapéuticamente, se le permitirá a los menores ratificar que son víctimas”, dice Franceschi.

 

De puertas para adentro, de puertas para afuera

Estos delitos sexuales suelen darse en el escenario que, para casi todas las niñas y niños del mundo, suele ser el origen de su seguridad: el hogar. “La mayoría se cometen dentro del hogar y los menores son violados por personas que viven con ellos. Por eso, para el Estado es difícil vigilar a los ciudadanos y también por eso este tema requiere educación, vigilancia y prevención; no sólo castigo”, precisa Humar.

 

Actualmente, Niños Por un Nuevo Planeta hace seguimiento a 41 casos denunciados. “De ellos, sólo una persona fue condenada por el delito y, tras ocho meses en prisión por violar a sus cuatro hermanos menores, salió libre. Ahora trabaja cuidando niños en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá”, señala la Directora de esta organización.

 

“Ya notificamos a las autoridades los testimonios de los vecinos que apuntan a que el agresor sigue abusando de menores. Hasta la fecha, no ha sido capturado porque las pruebas no son suficientes”, indica.

 

El menor que fue violado a los cuatro meses de edad, en Cúcuta, y sus cinco hermanas y hermanos permanecen en la sede de Niños Por un Nuevo Planeta, tras haberse confirmado que se encontraban en situación de riesgo en su hogar.

 

La custodia de los menores la tiene la tía, quien los visita los fines de semana. Cuatro años después de haber llegado a la institución, su agresor sigue libre. No se encontraron pruebas suficientes para condenar al culpable.

 

 

Mujer: Reuniones preparatorias de Conferencia Regional

Por Sara Lovera

 

México, mayo.- La participación política y paridad de género en los procesos políticos y toma de decisiones, y la contribución femenina a la economía y la protección social, con énfasis en el trabajo no remunerado, serán temas de tres reuniones preparatorias que se realizarán este mes con vistas a la décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe.

 

Esta Conferencia, convocada por la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), se realizará en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto. Examinará la inmensa participación económica de las mujeres, lo que en México significa que el 58 por ciento de los hogares estén sostenidos por la contribución de los hombres y las mujeres, y un hogar de cada cuatro esté mantenido exclusivamente por una mujer.

 

Las tres reuniones preparatorias subregionales tendrán lugar en Centroamérica (Guatemala, 16 y 17 de mayo), el Caribe (Antigua y Barbuda, 22 y 23 de mayo) y América del Sur (Santiago de Chile, 28 y 29 de mayo). En cada una se analizará el documento de posición. Contarán con la participación de representantes de las oficinas nacionales de la mujer de los países miembros, en las respectivas áreas.

 

En la cita correspondiente a Centroamérica participarán Costa Rica, El Salvador, Guatemala (país anfitrión), Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Cuba. República Dominicana y Haití estarán en calidad de observadores.

 

Al dar a conocer los encuentros preparatorios, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México destacó que, durante las elecciones en 14 estados del país, se verá si se cumple con lo establecido en las leyes electorales estatales que sugieren la participación en las listas de, al menos, 30 por ciento de mujeres, lo que ha sido difícil ante la negativa de los estados de equiparar sus leyes a la normativa federal.

 

La diputada Rosario Ortiz consideró el asunto sumamente importante, porque la primera semana de mayo se iniciaron los trabajos para la Reforma del Estado. En primer término se analizará la Reforma Electoral. Legisladoras de todos los partidos políticos y las militantes del Espacio Feminista concuerdan en que debe irse a la paridad, es decir, a una participación igualitaria entre hombres y mujeres.

 

Por su parte, la politóloga Teresa Inchaústegui Romero dijo que ninguna Reforma del Estado será tal, en tanto no se tenga en cuenta una perspectiva incluyente, donde las mujeres accedan realmente a la igualdad.

 

Hasta ahora, el documento de posicionamiento que se llevará a las citas preparatorias está en manos del gobierno federal, del conservador Felipe Calderón, cuya postura respecto de las mujeres es zigzagueante, dijeron integrantes del Espacio Feminista.

 

Entre ellas, la ex senadora Leticia Burgos calificó de urgente que la Conferencia Regional, para el caso de México, tome en cuenta el tema de la violencia contra las mujeres y la militarización que se ha extendido por el país. De otro modo, no podrá evaluarse el significativo aporte de ellas, con su cuota de “sangre”, en una transición democrática paralizada, remarcó.

 

Durante la décima Conferencia, habrá reuniones paralelas a las que acudirán grupos de la sociedad civil con temáticas alternativas o relacionadas con las presentadas a esta cita regional.

 

Por México, Marusia López, de Consorcio para el diálogo Parlamentaria, llevará los temas de la represión y violencia contra las mujeres, y casos específicos en los cuales varias de ellas están encarceladas por su participación política.

 

El miércoles 8 de agosto, la Articulación Feminista Marcosur tendrá a cargo uno de los eventos paralelos de la 10º Conferencia, llamado "¡La mesa está servida!". En éste habrá una mesa debate, en la que se presentará la investigación Regímenes jurídicos sobre trabajo doméstico remunerado en el MERCOSUR y un video sobre las migrantes y el trabajo doméstico.

 

 

Bolivia: El 70 por ciento de las trabajadoras carece de derechos laborales

Por Helen Álvarez Virreira

 

La Paz, mayo.- El desempleo en Bolivia va en descenso: se calcula que este año unas 262.000 personas −el 9,5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA)− no encontrarán trabajo en las ciudades. En 2006 fueron más 320.000 los desocupados. Sin embargo, las condiciones laborales son inestables.

 

En el caso de las mujeres, la situación empeora porque el desempleo afecta al 13 por ciento, las que trabajan todavía siguen ganando menos que los varones y el 70 por ciento realiza actividades terciarias o por cuenta propia, lo que implica que carecen de todos sus derechos laborales.

 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) evaluó el estado laboral del país en el contexto de los cambios que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales, durante el foro “Empleo, condiciones laborales y seguridad social”, organizado por la Plataforma por el Derecho a Trabajo.

 

Según CEDLA, la situación poco o nada ha cambiado en comparación con anteriores administraciones “neoliberales”, que durante 22 años mantuvieron a Bolivia como el mejor alumno de los organismos internacionales.

 

El Estado sólo genera el 12 por ciento del empleo asalariado, a diferencia del 28 por ciento de otros países, mientras que el sector privado ofrece empleo flexibilizado, es decir, que lo hace vulnerando la legislación laboral, sostuvo el experto Bruno Rojas.

 

Las mujeres y la gente joven padecen las peores condiciones laborales. Por ejemplo, en la ciudad de El Alto, ubicada al lado de la sede de gobierno y donde la pobreza afecta al 66,9 por ciento de sus habitantes, 85 de cada 100 personas de estos grupos poblacionales trabajan en el comercio y los servicios, y carecen de los mínimos derechos como trabajadores.

 

Además, se estima que cerca de 800.000 niños, niñas y adolescentes ya se han incorporado al mercado laboral en condiciones absolutamente precarias.

 

La mayor parte de trabajadores no calificados son mujeres y también son ellas las que, en mayor proporción, realizan actividades por “cuenta propia”, es decir pequeños negocios que les generan la parte fundamental y, a veces única, del ingreso familiar de sobrevivencia.

 

Entre las asalariadas, las diferencias de remuneración respecto de los hombres son significativas. Datos de 2005 indican que, antes de asumir Morales la presidencia, un varón del área urbana ganaba en promedio 913 bolivianos (unos 114 dólares), mientras que una mujer llegaba a percibir 699 (unos 87 dólares). En el área rural, los hombres tenían un ingreso de 270 bolivianos (34 dólares) y las mujeres de 112 bolivianos (14 dólares).

 

El promedio del salario de un gerente de empresa privada es de 6.700 bolivianos (unos 838 dólares). A esto se suma que el poder adquisitivo de los salarios ha ido en descenso.

 

En cuanto al subempleo, 36 de cada 100 personas no llega a trabajar ocho horas al día, mientras que 62 de cada 100 percibe ingresos insuficientes. Rojas explicó que no existen datos específicos sobre el subempleo femenino.

 

La precariedad laboral se ha agudizado por la tendencia creciente de la subcontratación, sobre todo en el sector textil. Las mujeres trabajan en sus casas como si fuesen microempresarias, cuando en realidad son dependientes de empresas que evaden costos laborales como aguinaldos, seguridad social, vacaciones, entre otros, explicó Rojas.

 

Esta forma de trabajo, que impone cupos de producción, ha llevado a que toda la familia se involucre en una actividad que demanda más de ocho horas al día; sin embargo, ninguno de sus integrantes recibe un salario porque el pago por la obra concluida se ha convertido en un único ingreso familiar, añadió.

 

Los anuncios del presidente, durante su discurso por el Día de los Trabajadores, el primero de Mayo, no convencieron al experto del CEDLA ni a otras personas que asistieron al foro, entre ellos varios trabajadores. El incremento del salario mínimo nacional de 500 a 525 bolivianos (de 62,5 a 65,7 dólares) es visto únicamente como una reposición del poder adquisitivo, ya que la inflación de 2006 fue de 4,95 por ciento.

 

Los planes del gobierno para la generación de empleo, entre los cuales están “Mi primer empleo”, destinado a jóvenes; “Aquí me quedo”, para contener la migración”, además de programas específicos para desocupados y mujeres, también fueron criticados, fundamentalmente porque reproducen las características de inestabilidad y precariedad, ya que, en su mayoría, se trata de fuentes de trabajo eventuales y al margen de la protección de las leyes laborales.

 

 

República Dominicana: Un observatorio con participación popular

Por Mirta Rodríguez Calderón

 

Santo Domingo, mayo.- Una reciente iniciativa para involucrar a la ciudadanía en la vigilancia de los caminos por los que transita la educación dominicana, mediante un Observatorio Ciudadano del Sistema Educativo, podría convertirse en un aporte valioso y replicable para otros países.

 

El intento está enfilado tanto al incremento de la calidad de la enseñanza, como a las posibilidades de que República Dominicana pueda acercarse al cumplimiento del Objetivo Dos de las Metas del Milenio de Naciones Unidas, que postula el logro de una educación primaria universal hasta el 2015 con otras especificidades, entre ellas, la de superar los escollos de la repitencia y la deserción.

 

La propuesta de Observatorio fue dada a conocer en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y cuenta con los auspicios de la UNESCO, la Secretaría de Estado de Educación y el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social (CEGES) de esa entidad de educación superior.

 

Paralelamente se divulgó un estudio que abarca los elementos vertebrales de la Participación de la Sociedad Civil en la Educación Dominicana, realizado por dos prominentes educadoras de larga experiencia: Miriam Camilo y Thelma Camilo. Las investigadoras se apoyaron en las informaciones y sugerencias de 135 organizaciones de la sociedad civil que conforman el Foro por la Excelencia de la Educación Dominicana.

 

Interrogada por SEMlac, Josefina Niero, coordinadora de capacitación del CEGES, dijo que en ese centro se considera que la democracia y el fortalecimiento institucional no pueden consumarse sin la educación. “Hemos hecho alianzas para fortalecer el sistema educativo, porque eso es clave para el desarrollo”, opinó la académica.

 

Niero reconoció que, aunque tienen la apariencia de utopía por las aspiraciones que potencian, estos proyectos son necesarios y realizables. En ese orden de cosas, exaltó el entusiasmo de la ciudadanía consultada para ambas propuestas, en las que también se interesaron entidades internacionales, y de manera prominente la UNESCO, confirmado por su representante, Nikauly Vargas.

 

En República Dominicana existe cierta experiencia en la puesta en práctica de iniciativas de observación, pero hasta ahora se habían encausado hacia los procesos electorales que, por su temporalidad, permiten concentrar fuerzas y recursos. Las propuestas que ahora se presentan parecerían más difíciles y riesgosas, por el capital humano y material que reclaman.

 

Para las consultoras Carmen López y Altagracia Mendoza, se trata de crear un espacio permanente en el tiempo, que permita fortalecer la capacidad de la sociedad civil para participar en la observancia al cumplimiento de metas y planes, del gasto público que conllevan; y también de la calidad de la educación y de la relevancia y concordancia de todo ello con los compromisos internacionales de la nación.

 

Como casi siempre ocurre cuando de educación se trata, son mujeres la inmensa mayoría de las personas involucradas en la proyección que adoptará el sistema educacional dominicano, como también en la metodología y definición de las estructuras necesarias para implementar propuestas.

 

República Dominicana tiene dos Secretarías de Estado para la Educación encabezadas, ambas, por mujeres: Alejandrina Germán, para la educación general, y Ligia Amada Melo, para la superior. La insuficiencia de recursos y, en muchos casos, la falta de voluntad para concentrar esfuerzos por parte del gobierno las afectan por igual.

 

Buena parte de quienes conocen del asunto admiten que hay un gran atraso en las acciones para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ponen en duda que, en particular, pueda alcanzarse el de la enseñanza universal. Ello no resta valía, sin embargo, a los avances y empeños de la sociedad civil y de investigadoras y académicas por mejorar todo lo posible y dar participación a la sociedad.

 

 

Cuba: Las mujeres escriben mucho y bien

Por Dixie Edith

 

La Habana, mayo.- Un dossier de La Gaceta de Cuba, revista bimensual de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), volvió a poner sobre el tapete del debate cultural cubano el tema de la literatura escrita por mujeres.

 

El expediente, editado por Zaida Capote, ensayista e investigadora del Instituto de Literatura y Lingüística, incluye fragmentos de obras narrativas escritas por mujeres, una encuesta con escritoras y un ensayo crítico de la profesora Nara Araujo.

 

“Es indiscutible la visibilidad de narradoras en el panorama de la literatura de nuestra país”, afirma Araujo en las primeras líneas de su texto.

 

Si a inicios de 2000, ante un debate similar en los medios especializados, SEMlac aseguraba que “no se puede hablar de un boom de la literatura femenina, o escrita por mujeres en la isla”, hoy la situación es diferente.

 

Hablar actualmente de un boom “es posible porque hay cada vez más mujeres escribiendo, y escribiendo muy bien”, dijo Capote en entrevista con SEMlac.

 

“Creo que es un proceso acumulativo, con muchos factores influyentes: el acceso de las cubanas a la educación y al trabajo, las experiencias socializadoras de las últimas décadas, las políticas de igualdad laboral o conquistas liberadoras, como la legalidad del divorcio y el aborto”, agregó.

 

A juicio de la experta, todos esos son elementos que influyen en la sedimentación de una experiencia propia y en la práctica literaria como una posibilidad.

 

“Hace ya varios años, la crítica literaria ha empezado a permearse de términos relacionados con la teoría de género. La Editorial Oriente mantiene una colección de autoras (Mariposa) y cada año se realizan congresos académicos sobre cultura de mujeres latinoamericanas en la Casa de las Américas”, detalló Capote.

 

A su juicio, crece “un interés dentro y fuera del país por la experiencia femenina, por la escritura de las mujeres, y eso ha influido positivamente en ese florecimiento”.

 

Hechos recientes confirman la opinión de la estudiosa. Los organizadores de la Feria del Libro, que se celebrará el próximo agosto en Bogotá, Colombia, recién anunciaron una lista de lo que consideran la nueva generación de narradores de Latinoamérica.

 

La enumeración incluye a 39 escritoras y escritores, seleccionados a partir de una votación abierta de público, más el veredicto de un jurado integrado por los intelectuales Piedad Bonnet, Oscar Collazos y Héctor Abad.

 

De los cuatro nombres cubanos que la integran, tres corresponden a mujeres narradoras. Ellas son Wendy Guerra, de 37 años, autora de la novela Todos se van; Ena Lucía Portela, de 35 años, con obras como El pájaro: pincel y tinta china y El viejo, el asesino y yo, Premio Juan Rulfo; y Karla Suárez, de 38 años, cuya primera novela, Silencios, fue galardonada con el Quinto Premio de Lengua de Trapo.

 

A diferencia de la poesía, donde ha habido una presencia permanente e innovadora en la isla, con nombres como Juana Borrero, Carilda Oliver o Fina García Marruz, y más recientemente Lina de Feria o Reina María Rodríguez; dos autoras, esencialmente, hicieron aportes consistentes a la narrativa del patio en épocas pasadas.

 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, con Saab o Dos mujeres, en el XIX; y Dulce María Loynaz, con Jardín, a inicios del XX, fueron “valiosas perlas de breve collar”, al decir de Nara Araujo.

 

Sin embargo, desde la década de los noventa del pasado siglo, la narrativa cubana ha ido sumando muchos nombres de escritoras.

 

Autoras como las seleccionadas para la lista de Bogotá comparten espacio, en una ya larga lista, con Denia García Ronda, Marylin Bobes, Laidi Fernández de Juan, Anna Lidia Vega, Aida Bahr, Ana Luz García y Reina María Rodríguez, por solo citar algunas.

 

Ellas escriben historias eróticas y de familia; de crímenes, abandonos y viajes; sobre homosexuales, violencia infidelidad y hasta de la propia marginalidad de las mujeres.

 

En las respuestas al cuestionario sugerido por La Gaceta de Cuba, reconocieron tener influencias tan diversas como las de Salinger o Carpentier y Lezama Lima; García Márquez o Robert Graves; Margarita Youcenar, Simone de Beauvoir o Virginia Wolf.

 

Y confesaron inquietudes técnicas a la hora de tejer una buena historia, reflejar la realidad que viven o dominar con soltura el lenguaje y las técnicas narrativas.

 

Sin embargo, una interrogante aún se impone en no pocos escenarios de debate: ¿se trata de literatura femenina o literatura escrita por mujeres?

 

Mirta Yáñez, narradora, poetisa y ensayista cubana, ha sostenido que la polémica es vieja en el contexto literario latinoamericano.

 

“La narrativa escrita por mujeres ha sido no sólo “la Cenicienta”, sino además “la Caperucita Roja” siempre obligada a atravesar un enmarañado bosque donde la acechaba más de un lobo feroz”, asegura Yáñez.

 

Según la estudiosa, generalmente se ha ignorado la existencia de un discurso femenino, pero se habla de una peculiar “narrativa femenina”, que suele circunscribirse a lo subjetivo, lo poético, lo íntimo, conceptos que la mayor parte de las veces esconden la intención de calificarla como “trivial”.

 

Quienes se suscriben a esta tendencia defienden que, si subsisten prejuicios y postergaciones, es preferible competir con los hombres, de igual a igual, en su propio terreno; y no automarginarse a un grupo femenino, que podría seguirse valorando como trivial o menor.

 

Capote, en cambio, no cree que haya ninguna diferencia entre los términos de la polémica. “Por eso hablo siempre de literatura femenina. Lo que deberíamos tratar de cambiar es el sentido peyorativo que puede tener la palabra, pues su significado es exactamente ‘relativo a la mujer’. Quizás, si la usamos más a menudo, terminemos dignificando el término.”

 

Sin embargo, la experta reconoce que en discusiones fuera del ámbito académico suelen confundirse los términos y la mayoría de la gente niega que exista una escritura femenina porque entienden que, de existir, tendría marcas fijas (estilíticas, ideoestéticas).

 

“Creo que es mucho más saludable hablar de una literatura femenina al referirnos a lo que crean o han creado las mujeres a lo largo de la historia, contextualizando esa producción, estableciendo coincidencias y diferencias con sus contemporáneos, en fin, complejizando nuestra visión del fenómeno y sin negar que las mujeres han debido existir en condiciones distintas a los hombres en la sociedad humana. Eso no deberíamos olvidarlo nunca.”