Reportajes y noticias de SEMlac

del 23 al 29 de abril de 2007

 

 

Las viudas del carbón, una historia centenaria: Los muertos

Por Sara Lovera López

 

México, abril.- María Rosalía Arredondeo de Arredondo escribió a las autoridades, el 21 de enero de 1901: “Es necesario que se castigue a los culpables, que se investigue cómo fue la explosión en el tiro cinco de la mina El Hondo, porque ahí murió mi esposo, Nicolás Arredondo”.

 

Han pasado exactamente 106 años desde que María Rosalía, por su condición de analfabeta, pidió a un amanuense redactar su petición y su demanda. La carta amarillenta forma parte de un archivo municipal de la ciudad de Sabinas, en el estado mexicano de Coahuila.

 

Hoy, Silvia, Rosy, Elvira y otras muchas viudas piden lo mismo: “Que se castigue a los culpables” de la muerte de 65 mineros en la explosión del 19 de febrero de 2006, ocurrida en la mina ocho de Pasta de Conchos, también en Coahuila.

 

A María Rosalía, el gobernador de turno le envió por respuesta una carta de pura rutina. Ella nunca supo qué pasó, aunque se quejó ante el juez de que le dieron un féretro sellado y se quejó, una y otra vez, del suceso.

 

Entre 1884 y 2007 murió un minero cada tres días en la Cuenca Carbonífera de Coahuila, a 1200 kilómetros de la capital de la República, en un paraje de más de 100 kilómetros a la redonda, semidesértico y de clima extremo, donde la hulla lo puebla todo y el diminuto polvo de carbón se mete en oídos, garganta y nariz.

 

Las empresas explotadoras del carbón, en manos de capital privado, nunca fueron investigadas ni se les responsabilizó por no dar seguridad a sus trabajadores. Las mujeres, de golpe, se vuelven responsables únicas de sus familias, ni siquiera tienen idea precisa de para quién trabajaban sus esposos, cuánto ganaban, cuál indemnización les corresponde y si tienen algún derecho.

 

En el lapso de esos más de 100 años, se registraron oficialmente 116 explosiones, en las que murieron entre tres y 153 trabajadores en cada una, un total de 1600 mineros. Y se calcula la muerte de un número similar por siniestros y fallas de las minas, entre otras causas muy diversas.

 

A los deudos nunca se les explicó por qué sucedió ni cómo. Desde antes de la Revolución Mexicana (1910), los gobiernos aparecen en el momento de la tragedia con “ayudas”, muchas veces miserables, y luego se van, cuando debieran ser responsables de dar las concesiones de explotación, de la seguridad a las minas, del desarrollo y urbanización de los pueblos, señalan las fuentes consultadas y los testimonios recogidos.

 

Las familias, niños y mujeres quedan varados, atolondrados, con un impacto emocional que no les permite pensar. En ocasiones, los sucesivos gobiernos locales, según sus políticas de protección a la comunidad, otorgan becas de estudio o han construido casas, en realidad inhabitables. Otras veces, nada.

 

Guadalupe Ibarra contó que sufrió una larga depresión, por eso nunca se preguntó sobre las causas del siniestro, sus derechos ni su futuro. Ella, viuda desde hace cinco años, sólo extraña a su marido y a sus dos hijos, muertos los tres en una inundación en el fondo de una mina artesanal, llamada La Espuelita, donde perecieron 13 carboneros.

 

Las explosiones van a seguir, son parte consustancial de la explotación del carbón, dice el historiador Ramiro Flores, con actitud de dejadez, como si fuera un destino. “Las muertes de los mineros es la cuota que cobra la naturaleza, a pesar de algunos cambios tecnológicos”, precisa.

 

El también maestro y ex diputado narra una injusticia mayor: la de la explotación de carbón en minas artesanales, verdaderos pozos “de muerte”, donde no hay técnicas ni herramientas y, menos aún, protección. De ahí que el peligro sea mayor y no exista autoridad que controle o vigile.

 

En esos pozos, más de 400 abiertos en la última década, los trabajadores carecen de derechos y seguridad. Por eso los muertos resultan cotidianos. Nadie se ocupa de ellos, de sus viudas, ni de sus familias.

 

Los pueblos de la Cuenca se llenan cada año de cruces y altares en ceremonias de conmemoración, pero las viudas no se van. Se quedan lavando ropa, haciendo comida, cuidando niños y estirando el dinero de la insuficiente pensión mensual del Seguro Social, en caso de que la obtengan.

 

Se quedan para ver pasar las lluvias y los inviernos, para ver crecer a sus hijos que van de vuelta a las minas, porque “no hay de otra”. Interrogadas sobre el futuro, permanecen en silencio. La mayoría apenas terminó la educación primaria, pese a que Coahuila está entre las zonas del país con mayor desarrollo humano.

 

Guadalupe explica que ahora sabe que puede volver a suceder un siniestro en cualquier momento, porque siempre ocurren las explosiones, dice, mientras arrulla a su nieto, hijo de un minero y de su hija María Cristina.

 

Sandra Solís enviudó el 13 de febrero de 1988 y el año pasado terminó con los 15 000 pesos (1600 dólares al cambio actual) que recibió entonces. No pudo trabajar, pues tiene un hijo con secuelas de meningitis. Ahora, a los 50 años, tampoco espera nada. Nunca quiso saber qué ocurrió aquel día de la explosión para no “abrir la herida”.

 

El tiempo se ha detenido en estos parajes, donde el carbón ha sido un elemento fundamental para el desarrollo del ferrocarril y la industria siderúrgica, y cuya riqueza produce hoy el 14 por ciento del servicio de electricidad del país, con 106 millones de habitantes. Los testimonios hablan de que hace apenas un lustro se electrificó la mayoría de los poblados.

 

En la región han florecido muy diversas iglesias o templos. La oración y una tenue red de solidaridad mitigan los días y también levantan algunas esperanzas.

 

Por más de 18 años, la Iglesia San José el Obrero fue el único sitio de expresión y hasta de organización en la cabecera municipal de Nueva Rosita, situada estratégicamente a 20 ó 30 kilómetros de los pueblos. En ninguna casa hallamos militancia obrera, ni política. Mucha gente no vota; ya no cree ni confía.

 

 

Las viudas del carbón, una historia centenaria: Los pocitos

Por Sara Lovera López

 

México, abril.- La explotación del carbón en México genera 15 000 empleos y una derrama económica de aproximadamente 21 millones de pesos semanales (2100 dólares). El 58 por ciento de esa contribución proviene de la explotación en yacimiento artesanal, de superficie, sin orden, sin control, sin planos ni normas claras.

 

Los trabajos se hacen a destajo, los mineros carecen de seguridad social y su empleo es frágil. Migran de las grandes plantas a los llamados “pozos”, por la edad, su estado de salud (pulmones afectados), o la necesidad, porque en los pozos ―aparentemente― se gana más dinero y con mayor rapidez. Los pozos son hoyos excavados precariamente sobre las galerías abandonadas de viejas minas industriales.

 

Blanca Arias perdió a sus tres hijos el 23 de enero de 2002, debido a una inundación en el pozo “Las Espuelitas”. Cinco años después, todavía se lamenta: “Decidimos trabajar una semana más y la mina se inundó. En unas horas, 13 mineros murieron ahogados, entre ellos, mis hijos José Alfredo, Juan Luis y Reinold”.

 

“Yo allí era la tesorera y pagadora. Sabía bien cómo se producía, cuánto se producía y cuánto se pagaba”, rememora.

 

El marido de Blanca, Juan Ángel Garza Hernández, era el “prestanombres”: aparecía como dueño, pero no lo era. El propietario era César de la Garza. Juan Ángel administraba el pozo y repartía los beneficios. Los 13 mineros fallecidos no tenían contrato, ni seguro social, pero cada uno producía hasta cinco toneladas de carbón por jornada de ocho a 10 horas.

 

El día del accidente, el gobierno local “arregló” con el Instituto Mexicano del Seguro Social inscribir a los muertos para que las viudas no reclamaran y obtuvieran su pensión. “Esto es así, porque el gobierno tiene responsabilidad sobre lo que sucede, pues al final sabe de este desbarajuste”, afirmaron viudas y ex trabajadores.

 

Blanca se seca las lágrimas y se lamenta. Sus hijos tenían entre 19 y 25 años, ya estaban casados y dejaron tres viudas y cinco huérfanos.

 

Tierra de nadie

Esta es tierra de nadie. No hay una normativa clara, todos se toman atribuciones y eluden responsabilidades, afirma la ingeniera metalúrgica Argelia Bortoni. Durante más de una década, ella se esforzó por realizar estudios ecológicos para recuperar el equilibrio ambiental y la mejora socioeconómica de la zona carbonífera mexicana.

 

La extracción ha generado una cadena de complicidades y corrupción infinita, reconoce el historiador de la zona, Ramiro Flores, y asegura que, por accidentes, siniestros o equivocaciones en la explotación artesanal de los pozos, en los últimos 25 años, han muerto más de 1600 mineros, cifra similar a los fallecidos en 100 años en las grandes explosiones.

 

Los beneficios del carbón hicieron florecer la industria del ferrocarril, la siderúrgica y la de electricidad. Según la Cámara Minera de México, la extracción del carbón todavía significa el 2,2 por ciento del Producto Interno Bruto y las exploraciones técnicas indican que el futuro de la Cuenca Carbonífera aportará gas metano para consumo interno y para exportación, en las próximas décadas.

 

María de la Luz Preciado es discapacitada y con el apoyo de su padre apenas puede pagar su casa, que parece desmantelada. Tiene tres hijos menores de 12 años, que reciben una beca mensual de 15 dólares. Ella perdió a su esposo en “Las Espuelitas”. “Estaban barrenando un pozo, cuando se toparon con una galería antigua, llena de agua, que en cosa de segundos lo inundó todo. Ahí se ahogaron”, rememora.

 

El desastre de “Las Espuelitas” pasó inadvertido para la opinión pública. Las familias y las viudas recibieron ayudas de la Federación Internacional de Trabajadores Mineros, pero ninguna autoridad les rindió cuentas. Ellas denunciaron la tragedia, exigieron una investigación, pero nada ha sucedido.

 

Al igual que Francisco Linares, ex trabajador metalúrgico, y Manuel Martínez, padre de uno de los fallecidos, Blanca, María de la Luz y Guadalupe Ibarra afirman que no hay planos, que en realidad los permisos que debe dar la Secretaría de Economía están manejados al arbitrio de los nuevos caciques que compran tierras libremente.

 

También se quejan los concesionarios y los pequeños productores. En septiembre de 2003, las Asociaciones de Productores Rurales, de Productores Independientes, de Productores del Norte de Coahuila y de Productores de Carbón entregaron al entonces titular de Energía y Minas, Felipe Calderón, un documento de denuncia de las irregularidades.

 

Ellos, que se benefician de la mitad de la derrama económica, se quejaron de que la empresa Promotora para el Desarrollo Minero del Estado de Coahuila, que actúa como intermediaria, adquiere el carbón de “empresas fantasmas” y cobra 10 ó 20 centavos de dólar por tonelada. Se sospecha complicidad con las autoridades locales y hasta de la Comisión Federal de Electricidad.

 

Felipe Calderón es ahora, legalmente, el Presidente de la República. No dio entonces ninguna respuesta, como no la da ahora que se investiga la explosión del 19 de febrero de 2006, en la que murieron 65 trabajadores, en Pasta de Conchos.

 

Explotación siglo XIX

De los hoyos excavados precariamente en las galerías abandonadas de las viejas minas industriales, mal llamados pozos, se extraen las migajas que dejaron las grandes empresas antes de la década de los noventa del siglo XX.

 

Desde la superficie hay una excavación cuyo “elevador” es un bote o tambo, movido por un malacate, máquina usada en las minas y que lo mismo sirve para extraer el carbón que para bajar o subir trabajadores.

 

Se trata de unidades productivas de alrededor de 25 mineros reunidos por un contratista, sin afiliación al seguro social o a sindicato alguno. La técnica de extracción de la mina es la misma que la del siglo XIX: pico, pala y carretilla.

 

Las excavaciones están a simple vista. Se barrena a 30 metros de profundidad. Los transportes de carga a la intemperie circulan de día y de noche por la carretera 57, tirando el polvo de carbón casi en los portales de las viviendas.

 

El carbón extraído se lleva directamente a la empresa Micare, que surte a la Comisión Federal de Electricidad, la entidad estatal que produce y distribuye el 80 por ciento de la electricidad en México.

 

A los trabajadores de los pozos se les conoce como carboneros. Constantemente respiran ese polvo, sin mascarillas, sólo cubiertos por la toalla que llevan todos los días para secarse el sudor. Dentro de estos pozos también hay gas metano que, de vez en vez, produce explosiones, como en “La Morita”, donde perecieron 12 mineros en 2001.

 

Los millonarios beneficios de la explotación los controla un pequeño grupo de empresarios que ha aprovechado el carbón en México durante más de 100 años, no sin las tradicionales disputas entre grandes y pequeños. Ramiro Flores dice que apenas se ha explotado el 15 por ciento de la reserva.

 

RECUADRO

Coahuila, primera reserva carbonífera

§          La región carbonífera de Coahuila tiene una extensión territorial de 16 040 km2 y una población de 163 422 habitantes. Representa 95 % de las reservas del país.

§          Hay dos variedades de carbón: no coquizable, para producir acero; y coquizable, que se utiliza como combustible en centrales carboeléctricas.

§          58 % de los mineros trabaja en yacimientos; 37 % a cielo abierto; 4,17 % en minas.

§          Desde 1975 México importa carbón para producir energía eléctrica.

 

 

Las viudas del carbón, una historia centenaria: Las mujeres

Por Sara Lovera López

 

México, abril.- Las mujeres de la Región Carbonífera de México, viudas, solteras o casadas, tienen una actividad fundamental: la doméstica, sea gratuita o pagada.

 

Otras veces, la viudez las lleva a la prostitución, abierta o encubierta. En 1982, Soledad le contó a la escritora Sandra Arenal acerca de la situación de desequilibrio que produce la muerte de sus compañeros de vida:

 

“Sí, es muy duro admitirlo, pero todas puteamos, nos daban 30 pesos, a algunas les gustó y les siguieron, pero la mayoría nos dedicamos a andar de criadas o lavanderas, lo malo era que a veces no había lavada para todas… ¡éramos tantas! No sé cómo pudimos aguantar tanto, cómo no reventamos”.

 

Ese testimonio, extraído del texto ¡Barroterán!, fue recogido 14 años después de la explosión de 1969, tragedia mundialmente conocida, donde murieron 153 mineros de una de las empresas en aquel entonces del gobierno. Los testimonios recogidos por Sandra Arenal revelan un reclamo absolutamente vigente: no había medidas de seguridad.

 

Ante esta situación, entre las mujeres de la región carbonífera cunde el miedo. Una tragedia en la mina las suele dejar sin hijos y maridos, sin cuñados o hermanos, al mismo tiempo. Ese es el caso de Elena, quien perdió a un hermano en 1969 y a un hijo y dos nietos en 2002.

 

Mujeres sin opciones

En la Cuenca Carbonífera no hay trabajo femenino. Las empresas maquiladoras que buscaban mitigar la crisis de la década del ochenta, cuando minas y empresas siderúrgicas fueron cerradas, no representaron una alternativa atractiva por sus bajos salarios, la lejanía del lugar y los cierres sin previo aviso.

 

De cara al futuro, no hay muchas ilusiones. Todos los testimonios de quienes quedaron viudas por los siniestros de 1969 a 2007 señalan que su promedio escolar es de cinco años de primaria. Algunas, como Silvia Verónica Cruz, lograron llegar a la escuela secundaria. Elvira Martínez estudió para contadora privada.

 

La permanente lluvia del polvo de carbón, que lo ensucia todo, obliga a las mujeres a jornadas domésticas extenuantes, de hasta 18 horas, lo que se complica por la escasez de agua y los turnos de trabajo discontinuos de esposos, hijos o hermanos mineros, pues ellas son las responsables de preparar el “lonche” (la comida que ellos llevan todos los días a la mina).

 

No hay muchas opciones de diversión, ni tampoco hábito de viajar a otras ciudades. Las mujeres relataron a SEMlac que nunca han salido del lugar, salvo en los momentos posteriores a las tragedias cotidianas y a las explosiones, cuando han ido a firmar algo con la compañía o el gobierno.

 

Isabel Alvarado quedó viuda desde 2002, cuando su marido fue atrapado por el gas, en La Morita. Ella contó que, a sus 38 años, solamente un día fue a la ciudad de Monclava, centro industrial a 120 kilómetros del Ejido de Santa María, donde nació.

 

Todos los fines de semana, transportes y camiones de las empresas mineras todavía tienen la costumbre de ir por las mujeres, en cada pueblo, y llevarlas a los centros comerciales, donde hacen compras en común.

 

Ellas no tienen más libertad que la de ir a la clínica, a la “nota” (compra) y a la escuela, si tienen menos de 18 años. Y los domingos, a veces, pasean del brazo de sus maridos en las plazas de los pueblos.

 

De solteras, la costumbre arraigada es ir a los bailes. En promedio, todas se casan antes de los 17 años, después de ir a uno de ellos. En estos tiempos se contrata a bandas populares, sobre todo el 11 de Julio, “Día del Minero”.

 

La Cuenca Carbonífera es una región que parece detenida en el tiempo: los cines son escasos; los parques, inexistentes; los restaurantes ―algunos de carne asada― se ven de lejos, son sitios que conocen algunas mujeres y hombres que trabajan ahí. Son para el servicio de los gerentes de las empresas mineras o de La Compañía, porque los pobladores de la comunidad identifican así, en conjunto, a las empresas carboníferas del lugar, sin importar quién es el dueño.

 

Esta dejadez, reflejada en no saber para quién se trabaja, cobra importancia en el momento de un siniestro. En Pasta de Conchos, de la Industrial Minera México, funcionaba una empresa contratista llamada General de Hulla, pero no se sabía dónde estaba, ni dónde se cobraba, ni cómo contrataba, lo que ha facilitado fraudes al seguro social y al sistema fiscal mexicano.

 

La violencia, el signo de las relaciones

La información oficial señala que el estado de Coahuila, donde se enclava la Cuenca Carbonífera, ocupa el segundo lugar en violencia física de pareja. Y aunque las entrevistadas no refieren maltrato de sus maridos, atrapados en los siniestros, es muy clara la descripción de Silvia Verónica, viuda dos veces y cuyo hermano también murió en una mina.

 

“Mi cuñada ―que también enviudó el 19 de febrero de 2006― ya anda con otro pelado (así se dice a los machos por acá), y la golpea, bebe, siempre está en bronca. Mi marido bebía, pero nunca me pegó”, comenta.

 

La característica que define a los “norteños”, hombres de la zona norte de México, es su machismo desmedido. Altisonantes, autoritarios, jefes de la familia, proveedores por ser los únicos que trabajan, son los señores indiscutibles de su casa.

 

Como una denominación normal, sistemática, permanente, cuando un hombre del norte le habla a su esposa, le llama “vieja”, con voz fuerte y definitiva, y las viejas están para “hacer tortillas de harina”.

 

Rosy, Silvia, Sandra, Elvira, Juany, Luz María, Blanca, cualquiera de ellas entrevistadas por SEMlac refirieron siempre, sin ambages, que “para eso estamos, para hacer el lonche al viejo y cuidar a los chiquillos”. O también: “Mi marido era borrachín, pero se ocupaba de todo”.

 

De sus recuerdos infantiles habló Silvia Verónica: “mi apá no nos dejaba salir, ni a mi amá ni a nosotras, ni hablar en conversaciones de los adultos”. Ella está por cumplir 36 años.

 

La Encuesta Nacional sobre Violencia Contra las Mujeres, la única general para todo el país, ubica al Estado de Coahuila en la posición número dos en cuanto a violencia física en pareja actual (2002), y le asigna el mismo sitio si se trata de violencia económica por parte del compañero. Se ubica en el tercer lugar cuando se pregunta si se recibe violencia de la pareja actual, en sentido general.

 

La maestra en economía Alma Rosa Garza del Toro dice que la violencia no referida durante las entrevistas tiene relación con una situación de profunda subordinación y ausencia total de educación e información sobre su propia existencia.

 

Aunque el descuido y la falta de interés han impedido contar con estudios acerca de los efectos del polvo del carbón sobre la salud ―sólo reconocido como dañino en los pulmones de los carboneros―, llama la atención que las mujeres del lugar tengan altos índices de muerte por cáncer de mama. Así lo confirmó la ingeniera Argelia Bortoni, ex directora del instituto tecnológico de la región.

 

Coahuila ocupa el octavo lugar en cáncer de mama, entre las 32 entidades federativas del país, según estadísticas oficiales. En diabetes, los datos muestran una diferencia notable en la incidencia entre hombres y mujeres: 88,9 decesos femeninos, frente a 66,9 en los hombres, por cada 100 000 habitantes.

 

La salud mental es muy difícil de medir debido al ambiente de permanente depresión en que allí viven. Los testimonios hablan de largos períodos de tristeza en las mujeres, tras perder a un ser querido.

 

 

Las viudas del carbón, una historia centenaria: La tragedia

Por Sara Lovera López

 

México, abril.- Cuando hace 38 años, un 31 de marzo, murieron 153 mineros en la peor tragedia que se recuerde en la Cuenca Carbonífera de México, Juanita (77 años), Alicia (60) y Lupita (59) vivieron momentos en extremo difíciles: desesperanza, soledad y carencias económicas porque sus esposos, fallecidos en ese suceso, eran los proveedores de las familias.

 

Fueron abandonadas a su suerte por la empresa, el gobierno, el sindicato e, incluso, en alguno de los casos, por su propia familia. Y es que, según las Naciones Unidas (Women 2000-2001), las viudas en todo el mundo constituyen un grupo invisible. Suelen estar ausentes de las estadísticas y raramente se las menciona en los informes de pobreza, desarrollo, salud o derechos humanos.

 

Lupita y Alicia tenían 20 y 23 años, respectivamente, cuando quedaron viudas. Las dos volvieron a casarse, pero ninguna deja de asistir a los actos conmemorativos, siempre llenos de pompa y discurso. Juanita enviudó a los 39, llevaba 20 años de casada.

 

Las tres narran que, además, fueron engañadas por todos: sindicato, empresas y autoridades. Sus hijos fueron expulsados de las escuelas de la empresa; sus pensiones resultaron raquíticas y lo más cruel fue que ninguna de ellas identificó el cuerpo de sus compañeros porque les entregaron los ataúdes sellados. Quedaron con la sensación de que, simplemente, el minero desapareció. ¿Cómo pasó?

 

Cansadas, con hijos mayores y nietos diversos, a 38 años del hecho, no saben exactamente qué ocurrió aquel día.

 

El 30 de marzo de 2007, las 64 viudas del siniestro de Pasta de Conchos, sucedido el 19 de febrero de 2006, recibieron la noticia de que el rescate de los cuerpos de sus maridos se suspendía indefinidamente.

 

Casi 40 de ellas estuvieron en un campamento al lado de las instalaciones de la mina número ocho, a varios kilómetros de sus casas, durante 13 meses y siete días, reclamando información y justicia. Tomaron las oficinas de la empresa. Como era etapa de vacaciones, ninguna autoridad las escuchó.

 

Alicia piensa que esas mujeres deben estar sintiendo lo mismo que ella: ¿cómo fue?... ¿dónde están?

 

Barroterán y Pasta de Conchos son dos de los más graves accidentes en las minas de carbón de la cuenca de Coahuila, desde que comenzó la explotación del mineral. Ambos tuvieron gran impacto en el mundo, debido a la gran publicidad que acompañó a la tragedia.

 

Los hechos confluyen, además, en la certeza de que hubo negligencia por parte de la empresa, que no se ocupó de cuidar la vida de los mineros e incumplió las medidas mínimas de seguridad. Desde 1999 se había sugerido el cierre de la mina en Pasta de Conchos, pero no se hizo.

 

Ni en el caso de La Guadalupe, en 1969; ni en el de Pasta de Conchos, en 2006, hubo castigo. Las empresas continuaron con su negligencia, a pesar de que las pruebas y los testimonios de los trabajadores activos indicaban que la mina estaba en peligro. Sobre estos hechos hay abandono o indiferencia de las autoridades.

 

Según el testimonio del Procurador de Justicia del estado de Coahuila, Jesús Torres Charles, entre 1884 y 2006 ninguna autoridad investigó lo sucedido, ni se hicieron diligencias judiciales.

 

Unas en los años sesenta del siglo pasado y otras en pleno siglo XXI, las viudas y sus familias han quedado con ese sentimiento de orfandad que no resuelven el dinero ni el tiempo. Unas y otras, y las de todos los días en la Región Carbonífera, se las arreglan solas y como pueden, para continuar viviendo.

 

Pueblos de viudas

Como en los pueblos de Minas de Barroterán, Palaú o Cloete, en la Colonia Nuevo Amanecer, de la cabecera municipal de Nueva Rosita, en Coahuila, es posible hallar una viuda cada tres o cuatro casas.

 

La viudez en las mujeres es un estado de crisis vital, de identidad, en el que se conjugan agobio económico, abandono institucional, vulnerabilidad emocional y una ruptura del equilibrio que pone en jaque la misma existencia. De ello nadie se ocupa, afirma Esther Moncaraz, luego de trabajar por varios años con viudas en Argentina, en el Centro de Recuperación Emocional de La Pérdida.

 

La especialista propone tratar emocionalmente a estas mujeres, considerando que después de la muerte de sus maridos se requiere de una ardua tarea para reconstruir sus vidas. Pero en la región carbonífera parece no haber tiempo para ello. Los testimonios de las viudas de 1969, 1988, 2001 y 2002 indican que ni la empresa ni el gobierno, ni otras organizaciones, ofrecieron ayuda psicológica. Las viudas tampoco tuvieron acompañamiento.

 

Un estudio de las Naciones Unidas estima que entre el siete y el 16 por ciento de la población adulta femenina de todos los países lo constituyen las viudas y que, entre ellas, se encuentra el porcentaje más elevado de mujeres pobres en el mundo.

 

Las estadísticas son un espejo de la Cuenca Carbonífera. Doris Micaela Llamas, de 34 años, lo narró así: “No es lo mismo. A él lo extraño de todas formas. Cuando muere, estás sin rumbo, no sabes qué pasa, todo se te mueve y estás sin recursos, sin apoyos, sin trabajo, te echas al mundo a buscar”.

 

Micaela vive en el Ejido Santa María, muy cerca de Nueva Rosita. Se ha vuelto a casar “para tener apoyo” y ha enfrentado algo adicional: “que todos te critiquen, te midan, te juzguen, pero nadie mira tu pobreza”.

 

De acuerdo con la legislación mexicana, la pensión económica por viudez, resultado de un “accidente de trabajo”, establece un piso salarial del 60 por ciento del salario. De esa cantidad, el 40 por ciento es para la viuda y 20 por ciento adicional por cada hijo o hija menores de 21 años. Un 20 por ciento es para los padres que sobrevivan al desparecido y dependan económicamente de él, informó el abogado Manuel Fuentes Muñiz, asesor de las viudas de Pasta de Conchos.

 

Lo más grave es que las empresas, en complicidad con las autoridades, registran a los mineros con salarios menores a los que realmente perciben. Esto hace que las pensiones por viudez signifiquen apenas unos 100 dólares mensuales.

 

La voz de las viudas

Juana Macías Hernández, doña Juanita, como la conocen en el Barrio dos de Barroterán, tiene ahora 77 años. Nunca salió del pueblo minero, desde que llegó a sus 19 años, procedente de Durango.

 

Abuela de cuatro nietos, sabía por su marido de los riesgos en la mina, la falta de seguridad, de que todo estaba muy feo y el día menos pensado iba a estallar. A los ocho días de la explosión, sacaron el cuerpo de su esposo. Ella no lo vio.

 

Recibió una indemnización insuficiente. Más adelante, supo que enviaron máquinas de coser. “Las trajeron, pero dicen que las repartieron a los que trabajaban en el sindicato”, recuerda. Ninguna de las viudas tuvo acceso a ellas.

 

Ya no espera nada. Las conmemoraciones que hacen sólo sirven para recordar, pero sabe que nadie volverá a mirarlas, menos aún a darles apoyo. Doña Juanita trabajó hasta que pudo, haciendo limpieza en casas, tejiendo y vendiendo sus productos. Ahora vende sodas en su casa “para tener un centavo”, dice.

 

Alicia Herrera Contreras tiene 60 años. Quedó viuda, por primera vez, a sus 23 años, cuando murió su compañero José Tapia, trabajador de las minas de Barroterán, tras la explosión del 31 de marzo de 1969.

 

Quedó sola con sus hijos muy chiquitos; el mayor de dos años y la niña de apenas cinco meses. Recibió una pequeña compensación y le dijeron que les darían becas a sus hijos, pero eso no sucedió.

 

Se desempeñó tres años como empleada doméstica, pero como le resultaba muy difícil trabajar y cuidar a los pequeños, y se encontraba sin opciones para mantener a su familia, decidió aceptar una propuesta de matrimonio.

 

Guadalupe Alfaro Araiz, de 60 años, tuvo dos matrimonios y ocho hijos: cinco hombres y tres mujeres. Se casó por primera vez con Emilio Moreno Hernández, quien murió en el accidente de Minas de Barroterán. Estaba embarazada por cuarta vez cuando sucedió la explosión.

 

Como le ocurrió a la mayoría de las viudas, a Lupita no le entregaron el cuerpo de su esposo. Sólo pasó la carroza con los ataúdes, para que los familiares los acompañaran al panteón. “Yo digo que no era; no era porque ¿por qué no abrieron la caja?”, dice, resumiendo la incertidumbre de todas.

 

Hoy, las viudas de Pasta de Conchos esperan, no han logrado organizarse, pero su clamor cambió: quieren los cuerpos de sus esposos muertos, pero también sus derechos y que cambien las cosas.

 

 

Las viudas del carbón, una historia centenaria: Pasta de Conchos

Por Sara Lovera López

 

México, abril.- La tragedia cotidiana por explosiones y derrumbes de las minas de carbón mineral, en la Región Carbonífera mexicana, ha dejado abiertas muchas heridas, una estela de oprobios y una tristeza larga. Han quedado muchos muertos, uno cada tres días en los últimos 100 años.

 

La explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006, reveló el contorno de la vida cotidiana de los carboneros, expuso al mundo la irresponsabilidad industrial y gubernamental, y abrió una ventana para conocer el tamaño de la injusticia. Fue la conmoción que dio vuelta a la tuerca.

 

Desde 1999, las evaluaciones técnicas y de seguridad industrial habían ordenado el cierre de la mina, por insegura. Allí, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, todos los trabajadores ―más de 1000― habían sufrido algún accidente entre 2002 y 2006. Sólo la negligencia y la corrupción hicieron posible que se mantuviera abierta y, aún, acrecentara su ritmo de producción.

 

Allí había niveles de gas metano ―conocido como grisú o el “vaho del diablo”― por encima de lo permitido; maquinaria chatarra en lugar de ventiladores que hicieran soportable el trabajo; inseguridad en los “ademes” (vigas de soporte) y falta de polveo (arenilla blanca que se coloca para saber cuándo hay peligro). Así consta en la investigación hecha por la Secretaría del Trabajo después de la explosión.

 

La paradoja es que esa propia entidad debía asegurar la inspección y solamente tenía dos supervisores para toda la región. Un grupo de ellos estuvo sin órdenes de trabajo durante meses. Nadie se lo explica.

 

Durante más de 13 meses, viudas, familiares y huérfanos, así como organizaciones sociales y de derechos humanos, han exigido justicia y una explicación creíble sobre el suceso, que se ha querido atribuir a la desgracia. El silencio centenario se rompió.

 

Tragedia paradigmática

Con la explosión de Pasta de Conchos es la primera vez en más de 100 años que la empresa responsable, Industrial Minera México (IMMSA), es investigada por negligencia. También es la primera vez que se señalan culpables: cinco empleados recibieron orden de aprehensión y, por única ocasión, hay pruebas abundantes de un siniestro en toda la historia de la Cuenca Carbonífera.

 

El Procurador de Coahuila, Jesús Torres Charles, entregó a SEMlac una lista de accidentes reportados en sus archivos. “Nunca se pidió o se hizo una investigación judicial, hasta ahora”, dice. Asegura que por ser la minería un asunto federal, ningún gobierno en Coahuila se involucró en la investigación sobre las explosiones.

 

Ahora exime de culpa a los señalados y fijó una cantidad para la “reparación del daño” que aún no convence. Elvira Martínez se pregunta “si no habrá justicia ahora, con todas las pruebas, ¿cuándo habrá justicia?

 

La mina 8 fue promocionada como una de las más modernas. IMMSA cavó a más de 150 metros de profundidad, construyó galerías de más de dos kilómetros; suministró carbón para generar electricidad, a un ritmo de producción que llamó la atención. Los trabajadores tenían largas jornadas, los accidentes menudearon durante los últimos tiempos y era vox populi que el lugar estaba en malas condiciones.

 

Después de la tragedia, nada pudo ocultarse. La movilización de los familiares de las víctimas originó la intervención de instancias de Derechos Humanos, de las Procuradurías de Justicia, de Organizaciones No Gubernamentales ―especialmente las ligadas a la Iglesia Católica―, e hizo revivir la esperanza de que las cosas en la Cuenca pudieran cambiar.

 

Pasta de Conchos ya es un suceso histórico. Ante la opinión pública se ha develado la estela de complicidades, corrupción e indiferencia por la vida de los mineros. Aunque tímidamente, los medios de comunicación se acercaron a la realidad de la Cuenca Carbonífera y las fotografías de la vida cotidiana de esos pueblos han mostrado altos niveles de abandono y pobreza.

 

Pasta de Conchos está en la boca de políticos y opositores. Lo que allí sucedió y por qué, es tema de artículos, reportajes, libros inéditos y películas difundidas por cable. Pero hoy se quiere cerrar el caso, definitivamente.

 

No hay funerales

En más de un siglo, es la primera vez que no hay funerales en Pasta de Conchos. Quedan por rescatar todavía 63 cuerpos de los 65 mineros atrapados debido a la incapacidad y negligencia de la empresa, claman hombres y mujeres de la región. La empresa, moderna y millonaria, aún no ha sido inculpada y el silencio es total por parte de las autoridades federales.

 

Las mujeres no han dejado de vigilar cada día la boca de la mina y registran los movimientos de trabajadores y empresarios en las maniobras de rescate de los caídos, por temor a que la impunidad se imponga nuevamente.

 

En los primeros días de la tragedia, la empresa otorgó a cada familia 75 000 dólares como “ayuda humanitaria”, pero el dinero no sirve, “los queremos a ellos”, alegan amistades y allegados. Y esa es la demanda principal desde el primer día. Se escribió en mantas y carteles, se difundió en declaraciones de prensa, en caravanas y misas, en foros y giras por el país. Como “reparación del daño”, el 17 de abril la empresa agregó 18 000 dólares a los 75 000 dólares que recibió cada familia como “ayuda humanitaria”.

 

Si antes no se recogieron testimonios de las explosiones ―más de 116 entre 1884 y 2006― y jamás hubo indagación sobre Pasta de Conchos, esta vez una sola investigación pericial de la Secretaría del Trabajo suma más de 1.600 hojas escritas acerca de la situación inadecuada de la mina. Los oficios a la Organización Internacional del Trabajo, las cartas a las autoridades, los avisos de prensa y los boletines constituyen hoy una documentación inédita.

 

Las pesquisas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también responsabilizan, por omiso, al Sindicato Minero Metalúrgico, ya que algunos de sus delegados participaban de las inspecciones de seguridad industrial y no denunciaron la situación de la mina, ni impidieron que los mineros continuaran trabajando.

 

El abogado Manuel Fuentes Muñiz asegura que hubo irresponsabilidad por parte de las autoridades del trabajo, que debieron paralizar la mina; de las autoridades de Seguridad Social que recibían, día a día, a los accidentados; de las autoridades de la Secretaría de Economía, que deben exigir buenas condiciones de trabajo y vigilar para que se cumplen, al dar concesiones de explotación; de las autoridades locales, municipales y estatales, que conocen cotidianamente de accidentes, muertes y situación laboral.

 

Sólo la Iglesia

A la hora del siniestro, solamente la Pastoral Laboral de la Iglesia Católica acompañó a los deudos. “Ello le permitió configurar el tamaño de la responsabilidad de la empresa”, dijo a SEMlac Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo ―capital de Coahuila―, a más de 1.000 kilómetros de la capital del país.

 

Vera ha recibido amenazas y persecución por parte de las autoridades federales, por ser la figura más prominente de la protesta ante las inadecuadas condiciones de trabajo de los carboneros.

 

El gobierno federal, a cargo de Vicente Fox, envió un cordón militar en febrero de 2006 para facilitar a la empresa los trabajos de búsqueda y “controlar” a los deudos.

 

Las autoridades estatales, encabezadas por Humberto Moreira, trataron de controlar a los deudos y les designaron tutores para los trámites. Estos tramitadores, convertidos en informantes, intentaron convencer luego a viudas y familiares a resignarse, como sucedía antes, cuando nadie hacía preguntas sobre el origen de los siniestros.

 

En los meses que siguieron al 19 de febrero, el trabajo de Moreira consistió en desalentar los reclamos. De eso “tenemos evidencias y testimonios”, afirman las viudas, que enviaron su queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una petición al presidente mexicano, Felipe Calderón. La petición, hecha el 19 de diciembre, no ha tenido respuesta.

 

La suspensión del rescate

En 1969, cuando explotó la mina La Guadalupe, propiedad del gobierno federal, el último cuerpo se entregó cuatro meses después. Allí perecieron 153 trabajadores. En el caso de El Hondo, en 1902, murieron 200 mineros. Entonces, cuando no había técnica adecuada ni solidaridad internacional, las viudas recibieron los féretros en unas cuantas semanas. Hoy no.

 

“Yo me temía esto”, declaró Elvira Martínez; “yo me lo esperaba”, dijo Rosa María Mejía; “Yo lo sabía”, comentó Arturo Rodríguez, reportero de la revista política Proceso, quien tampoco se ha despegado de la mina.

 

Pero Raúl Vera, el obispo de Saltillo, cree que todo se hizo para no sacar los cuerpos hasta ahora, porque eso significaría abrir la mina a los especialistas y entonces quedaría claro el crimen industrial que perpetró IMMSA.

 

La suerte está echada. En Pasta de Conchos, aseguró el abogado Manuel Fuentes Muñiz, el conflicto ahora será indefinido. Las viudas no regresarán a su casa.

 

En la Cuenca Carbonífera, la historia será antes y después de Pasta de Conchos. La explotación del carbón tendrá que modificar sus prácticas y los diputados federales, que han organizado una comisión especial para investigar el caso, ya estudian la Ley Minera y su modificación, afirmó la legisladora Rosario Ortiz, integrante de ese grupo.

 

Mientras, en la región Carbonífera de más de 100 kilómetros de tierra a la redonda, con una temperatura que en abril ronda los 37 grados, las viudas siguen al pie de la empresa, reclamando.

 

 

Cuba: Migraciones internas: las mujeres viajan a La Habana

Por Dixie Edith

 

La Habana, abril.- Aunque no son mayoría entre quienes se trasladan dentro del país, las cubanas sí están en el centro de ese fenómeno que los demógrafos llaman migraciones internas.

 

Ofelia Domínguez nunca se ha cambiado de hogar. Desde que nació, hace 54 años, sólo ha dejado en dos ocasiones su natal Florida, en la oriental provincia de Camagüey, para ir de visita a casa de su hija en la capital. Sin embargo, conoce de migraciones.

 

“Tuve cinco hijos, dos hembras y tres varones. La mayor es bióloga y trabaja en un centro científico en La Habana. Los varones mayores andan por Villa Clara y Matanzas (provincias del centro), trabajando en comunicaciones y en el turismo. La que les sigue se fue detrás del esposo para Santiago de Cuba y sólo me queda David, el más chiquito.”

 

Domínguez, sin embargo, no es optimista: “David ya cumplió 17 años. Estará conmigo hasta que se enamore o se le ocurra ir a probar suerte con un trabajo lejos”, explica.

 

Para esta ama de casa, la mayor consecuencia de la separación de su familia es que apenas ve a sus dos nietos mayores y a la más pequeña, de cuatro meses de nacida, aún no la conoce.

 

Según el criterio de psicólogos, el distanciamiento afectivo suele acarrear sentimientos depresivos o de ansiedad para ambas partes. En ciertos niños y adolescentes, la ausencia del ser querido puede afectar, incluso, la estabilidad emocional y disminuir el rendimiento escolar.

 

En 2005, de las 70 290 personas migrantes que se reportaron en la isla, 35 618 fueron de sexo masculino y 34 672 de sexo femenino. En términos estadísticos se puede afirmar que las cifras tienden a un equilibrio por sexo.

 

Diana Saldívar es una de esas mujeres que decidieron abandonar su región de origen. Cuando empezaba 2003, marchó desde Las Tunas (650 kilómetros al este de la capital) a Ciego de Ávila (a 420 de La Habana), tras una oferta de empleo en un centro turístico de esa provincia.

 

Allí conoció a su actual esposo y nació Claudia, su primera hija, un año después. A fines de 2006 salió embarazada nuevamente y sus padres decidieron llevarse a la niña mayor para Las Tunas, para que ella pudiera dedicar más tiempo a su embarazo y su trabajo.

 

“Sólo la veo cuando puedo ir algún fin de semana y cuando hay alguna fiesta familiar. La extraño mucho. Mi esposo me ha dicho que deje de trabajar y me vaya con la niña hasta que nazca la otra, pero yo no quiero, pues tengo miedo de que mi matrimonio se rompa”, se lamenta la traductora de 34 años.

 

Sociólogos, psicólogos y otros especialistas coinciden con Diana en que vivir casado es un reto cuando uno de los cónyuges anda lejos del hogar por prolongados períodos de tiempo.

 

El agobio por el peso de las responsabilidades domésticas no compartidas o por los problemas en la crianza de los hijos hace pensar a no pocas parejas en el divorcio, como una solución. También puede aparecer la sensación de abandono.

 

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Migraciones Internas (ENMI), de 1995, la principal causa que impulsa este fenómeno en Cuba es de tipo familiar (68,1 por ciento), entendiendo como tal todo lo relacionado con el matrimonio y el divorcio, acercamiento a los seres queridos, problemas entre parientes y otros similares.

 

El estudio fue hecho por el Instituto de Planificación Física (IPF), el Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

 

Poco más de una década después, los motivos familiares siguen encabezando la lista de las razones para migrar. Pero la insatisfacción con el empleo y la búsqueda de opciones laborales en otros territorios les siguen de cerca, según especialistas.

 

Históricamente, la población de la isla se ha movido de oriente hacia occidente, pasando por una zona central bastante estable, convertida en una suerte de trampolín o sitio de tránsito.

 

Entre los territorios del oeste cubano, sólo Pinar del Río, en el extremo occidental del país, es una provincia emisora de viajantes.

 

Pero el sentido de las migraciones internas cambió con la aplicación, en 1997, del Decreto Ley 217, para regular las migraciones internas hacia la capital.

 

Por primera vez, desde que se llevan registros estadísticos, Ciudad de La Habana tuvo saldos migratorios negativos. Desde entonces no hay una lógica migratoria única y los escenarios perspectivos están en constante estudio.

 

Enrique González Galván, jefe del departamento de población del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), ha declarado a la prensa local que los desplazamientos poblacionales en Cuba han variado sensiblemente, sobre todo respecto a su volumen.

 

Entre 1989 y 1996 se trasladaban anualmente entre 170 000 y 190 000 personas. Luego siguió un marcado descenso, hasta que en 2005 la cifra sólo sumó poco más de 70 000 personas.

 

El momento del cambio coincide con el año de la aplicación del decreto regulatorio hacia la capital, pero las transformaciones van mucho más allá.

 

“Actualmente, las migraciones hacia la capital vienen mostrando nuevamente una tendencia al aumento, mientras el país sigue una dinámica opuesta”, explica el experto.

 

Aunque la diferencia no es notable, la ciudad de La Habana sí recibe, además, más mujeres que hombres de otras provincias. En 2005 llegaron a la capital 5449 mujeres y 5069 hombres.

 

Las provincias con saldos negativos más pronunciados son Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, en el oriente del país; precisamente aquellas que necesitan de mayor impulso en las inversiones en función de fomentar opciones de empleo y desarrollo.

 

Estudios del Instituto de Planificación Física (IPF) aseguran que, en los últimos años, más de un millón de cubanos ha emigrado desde las pequeñas comunidades y asentamientos rurales hacia las cabeceras municipales y provinciales.

 

Dentro de la gran masa de personas que cada día se despide del campo, abundan jóvenes, técnicos y profesionales con una preparación media o alta. ¿Por qué emigran? ¿Qué beneficios reporta alejarse de lugares que, paradójicamente, son los más necesitados de mano de obra joven y personal calificado?

 

Los estudios del IPF confirmaban, a fines de la pasada década, que los principales problemas en los pequeños asentamientos rurales o franja de base, según definición de los expertos estaban asociados con el transporte, la dotación de agua potable y disposición de residuales, la electrificación y alumbrado público, las telecomunicaciones y urbanización de los poblados, la vivienda y las posibilidades de superación y recreación.

 

En línea con las recomendaciones de la encuesta de 1995, González Galván cree que nuevos proyectos encaminados a mejorar las condiciones de las comunidades rurales pueden estar influyendo en la disminución de los saldos migratorios.

 

Aquella investigación nacional auguraba un buen final para cualquier programa social que volviera la vista a los campos y entre sus conclusiones sostenía que, con recursos mínimos, los pobladores de la llamada franja de base emprenderían por sí mismos la solución de sus problemas, pues valoraban mucho la tranquilidad y el ambiente de su entorno.

 

Con la aplicación reciente de varios programas se ha llevado la computación y los medios audiovisuales hasta asentamientos rurales muy alejados, por medio de la instalación de paneles solares que suministran la electricidad.

 

Paralelamente, se han diversificado los servicios de atención primaria de salud y los polos turísticos a lo largo de la Isla. Pero, a nivel sociodemográfico, el impacto aún está por estudiarse de manera integral.

 

Como asevera la investigadora Mayra Mena Correa, también del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, “tenemos que indagar no sólo entre la gente que se va y que viene, sino en por qué se va y por qué viene”.