Reportajes y noticias de SEMlac

del 5 de marzo al 11de marzo de 2007

 

 

Guatemala: Elecciones: Rigoberta Menchú acepta el reto

Por Alba Trejo

 

Guatemala, marzo.- Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, desafiará el machismo contra las mujeres y el racismo contra los indígenas que persisten en Guatemala, tras aceptar el reto de participar en las elecciones de septiembre de 2007 por la presidencia del país.

 

“Durante los 200 años de vida republicana de Guatemala, los indígenas hemos sido electores, pero no elegidos. Este es el momento de cambiar eso”, expresó Menchú al confirmar su participación como candidata por el partido político de tendencia centroizquierdista Encuentro por Guatemala.

 

Menchú, de 56 años, pertenece a la etnia Quiché (una de las 24 existentes en esta nación) y obtuvo el Nobel en reconocimiento a su lucha por defender los derechos de los indígenas, masacrados por el ejército durante el conflicto armado interno que duró 32 años y dejó unas 200.000 muertes.

 

Veinte años después de la firma de los acuerdos de Paz que dieron por finalizada la guerra, Rigoberta busca gobernar este país, donde el poder ha sido siempre de corte ladino (no indígena) y las decisiones políticas siguen en manos de los hombres.

 

Algunos historiadores aún la recuerdan como la indígena que, a sus 19 años de edad, formó parte del Comité de Unidad Campesina, movimiento desde el cual organizó manifestaciones por mejoras salariales para los labriegos y desde donde enseñó a la población autóctona a defenderse del ejército.

 

Por tal razón, fue perseguida y debió refugiarse en México, país desde el cual denunció las atrocidades que se sucedían en esta nación de Centroamérica.

 

Sus esperanzas de cambio, sin embargo, chocan con el pensamiento de una sociedad marcada por el racismo, donde el indígena ha sido visto como mano de obra en las fincas cafetaleras. Producto de ello, los cakchikeles, tzutuiles, mames y kekchies han sido víctimas de marginación y exclusión.

 

Así, el director de la fundación de análisis y monitoreo Doces, Gustavo Berganza, señaló que, con su candidatura, Rigoberta ha reavivado “la gran aversión que muchos ladinos mantienen hacia ella”.

 

El comentarista, en su columna de opinión en un matutino local, señala que desde que Menchú se convirtió en icono de la lucha por esclarecer las masacres perpetradas por el Ejército durante la contrainsurgencia, al sesgo procastrense que prevalece en la sociedad guatemalteca se han unido el conservadurismo político, el machismo y el racismo.

 

Para Berganza, la premio Nobel de la Paz guatemalteca tiene todo el derecho como ciudadana de optar a la presidencia, y más aún por ser mujer e indígena, integrante de dos sectores que en este país han sido relegados.

 

Jorge Palmieri, periodista conservador de ultraderecha, confirma el rechazo al que se refiere Berganza. Este columnista alega que su animadversión hacia Menchú no es por machismo ni racismo, sino porque le “cae muy mal y es demasiado fea”.

 

Pero más que rechazo, es por tratarse de una mujer e indígena, dice Marco Antonio Garavito, de la Liga de Higiene Mental en el país. Para él, la candidatura de Menchú ha despertado muchos temores. “Miedo a la capacidad que tiene por su figura, por lo que representa”, aseveró.

 

Guatemala tiene 12 millones de habitantes, según revela el Censo Nacional.  Un 66 por ciento es descendiente de mayas y, de ellos, 81 por ciento vive en condiciones de extrema pobreza y ni siquiera cuenta con un dólar diario para sostener a su familia, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

 

Rigoberta ha sido la única mujer capaz de desafiar a poderosos militares, abriéndoles un proceso judicial en España por el asesinato de su padre, calcinado en la embajada de España en 1980.  Entre los denunciados está  el general retirado José Efraín Ríos Montt, a quien el informe Memoria del Silencio responsabiliza de haber ordenado, por lo menos, 300 masacres y la desaparición de aldeas completas.

 

De igual forma, en 2003 Menchú se plantó en los tribunales guatemaltecos y demandó a un grupo de seguidores de Ríos Montt, que la insultaron y la escupieron cuando ella acudió a la Corte de Constitucionalidad para exigir que no se amparara a Ríos Montt, quien aspiraba a postularse en los anteriores comicios electorales.

 

El militar retirado estaba impedido de optar por cargos de elección pública, pues la Carta Magna descarta esta posibilidad para quienes gobernaron el país luego de golpes de estado.

 

Las reacciones contra Menchú alcanzan tal nivel, que pareciera que en Guatemala la mujer no tiene derecho a destacarse. Aquí, de acuerdo con el Informe 2006 de Amnistía Internacional, se violan todos los derechos que pueda tener este sector poblacional.

 

Entre ellos, se mencionan el derecho a la vida (en menos de seis años han sido asesinadas 3.000 mujeres) y a la educación (sólo 5,8 por ciento de las indígenas  termina la secundaria y el uno por ciento la universidad).

 

La entidad internacional también refiere la salud como otro derecho violado. Guatemala posee el índice de mortalidad materno infantil más alto de América Latina, de 153 por cada 100.000 nacidos vivos y 50.000 gestantes del área rural no tienen atención médica, según estadísticas del propio Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

 

Adela Torrebiarte, de la agrupación Madres Angustiadas, indicó que Rigoberta Menchú “ya abrió una brecha” y “estoy segura que a partir de ahí habrá muchas oportunidades interesantes para las mujeres”.

 

Nineth Montenegro, secretaria de Encuentro por Guatemala, el partido que postula a Menchú, opina que en este país ya no está tan marcado el racismo, pues la nación se ha ido democratizando. Eso puede contribuir a que Menchú logre ocupar un puesto importante en las próximas encuestas que se publiquen en los medios, comentó Montenegro luego de anunciar la postulación a la presidencia de la líder indígena.

 

“Hay más apertura, la nueva generación es más amplia de criterio y más democrática, menos machista, clasista y racista incluso”, puntualizó Montenegro al referirse a la población joven que, aunque no decide el voto, puede influir en él.

 

 

México: Mujeres por un nuevo pacto social

Por Sara Lovera

 

México, marzo.- Con la pregunta: ¿cuál es el país que espera, sueña y desea?, el Polo Político Feminista de Izquierda irrumpirá en los próximos días en la escena sociopolítica mexicana, en momentos en que la reforma del estado y de la sociedad son los temas más candentes en este país, luego del proceso electoral de 2006, cuando quedó roto el pacto social y se instauró un gobierno de la República bajo sospecha.

 

Alrededor del Día Internacional de la Mujer se iniciará formalmente la creación de esta agrupación, en la que participan mexicanas de movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y feministas independientes de todo el país, quienes incidieron en la Convención Nacional Democrática, que los días 24 y 25 de marzo celebrará su segunda reunión.

 

Este Polo Político Feminista de Izquierda aglutinará a mujeres de práctica feminista y/o social y política, y será el comienzo de la reorganización de todas las mexicanas, atendiendo a una antigua tradición.

 

Los primeros derechos sociales y políticos de las mexicanas nacieron del primer Congreso Feminista celebrado en 1916; y crecieron y se concretaron en el Frente Pro Derechos de la Mujer de 1936.

 

Pasaron por formaciones como la Coordinadora Nacional Feminista de 1976; por el Frente por la Liberación y Los derechos de la Mujer de 1978, por un proceso de convenciones y pactos plurales entre mujeres desarrollado en los noventa y que concluyó con la construcción de un Plan de Igualdad en 1997.

 

Este proceso colocó a la ciudadanía femenina en una sensación de avance que, en realidad, fue una simulación, porque no hubo la voluntad política que revirtiera su condición subordinada y oprimida, afirma en la propuesta política de la Constituyente la doctora Marcela Lagarde, al recordar que una nueva Constitución deberá normar en todos los aspectos de la vida política, pública y privada, las relaciones entre hombres y mujeres.

 

Entre esa fecha y 2000 se creó y operó con éxito el Parlamento Nacional de Mujeres, en alianza con las políticas profesionales y partidarias. Sin embargo, tras las elecciones de 2006, los pactos plurales, incluyendo a mujeres conservadoras del gobernante Partido Acción Nacional, se hicieron imposibles y llegaron a su límite.

 

El diagnóstico histórico, de autoría de Josefina Chávez, directora de la revista Cuadernos Feministas, dio pauta para un nuevo proceso, porque las mujeres, organizadas en un espacio denominado Reflexiones Feministas, tuvieron que definir su postura a partir de los hechos que impidieron el ejercicio pleno del voto ciudadano en la elección presidencial.

 

Eduardo Huchin, ex presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (la capital del país), dijo a SEMlac que se rompió el estado de derecho y que las instituciones mostraron su incapacidad, desde hace años, para resolver los problemas sociales más urgentes, como la pobreza, el empleo, la salud y la educación, prefijos de un estado democrático y de equilibrio social.

 

Por lo tanto, la actual Constitución Política, el pacto social que asegura el desarrollo de un pueblo, sin conflicto o bajo un control constitucional, se ha roto en México.

 

Según los expertos del Foro de Davos, la violencia es consecuencia de la desigualdad y en México una de cada tres mujeres ha vivido algún acto de violencia; más de 2.000 son asesinadas en el país cada año; y las oportunidades sociales de educación y salud revelan un atraso doloroso.

 

Datos oficiales indican que 18 mujeres mueren todos los días por causas asociadas al parto; cuatro millones migran de sus ciudades cada año en busca de alimento, abrigo y salario; el 58,2 por ciento de los hogares demandan dos salarios como mínimo para cubrir las necesidades más elementales y 21 por ciento son hogares uniparentales, lo que confirma el esfuerzo mayúsculo de las mujeres, no reconocido por la Constitución vigente.

 

Un diagnóstico de María de la Paz López, asesora del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), al referirse al índice de género en México, señala que la violencia impide el desarrollo pleno de las mujeres y que su aislamiento en la vida política es un resultado de su subordinación, que afecta la gobernabilidad y el desarrollo económico.

 

Una nueva Constitución

Desde la perspectiva de las mujeres, la nueva Constitución tendría que reconocer a más de la mitad de la población como sujetos de derechos y obligaciones y no como subsidiarias, así como cambiar las reglas del juego en materia laboral, de participación política, de seguridad social y de protección de la vida y libertad de las mexicanas.

 

Deberá reconocer que la declaratoria de igualdad jurídica es insuficiente, sin un cambio en la direccionalidad del Estado, en sus principios fundamentales y en su orientación ideológica, afirma el llamamiento dado a conocer por la diputada Rosario Ortiz, al citar a la primera gran sesión de la Constituyente Feminista.

 

Los trabajos organizativos en todo el país comenzaron el 2 de julio de 2006, luego de lo que se ha considerado un fraude electoral y la creación de una Convención Nacional Democrática, en la cual mujeres de las más diversas organizaciones y de la sociedad participaron activamente y propusieron una agenda desde la perspectiva de género.

 

La Constituyente Feminista será un espacio de discusión en un proceso de largo aliento, para conseguir la transformación de las reglas y normativas vigentes en el país para acceder a un nuevo Estado Democrático.

 

El esfuerzo, encabezado por Ortiz, ha tenido eco en al menos 10 entidades de la República y se han sumado mujeres muy diversas que reconocen que la actual constitucionalidad no refleja los anhelos de la mitad de la población.

 

Dafne Cuevas y Marusia López, ambas comisionadas por el Espacio Feminista, desde donde se construye el Polo Político Feminista de Izquierda, explicaron a SEMlac que se trata de iniciar en este mes, simbólicamente, un proceso definido de cambios de fondo en la gobernabilidad y la vida democrática en México, que incluya la perspectiva feminista.

 

López señaló que, hasta ahora, las normativas emanadas de las conferencias internacionales promovidas por Naciones Unidas en la década de los noventa se han convertido en políticas públicas, leyes y declaraciones inconexas, sin presupuestos, sin voluntad política y sin efectos e incidencia real en la vida cotidiana de las mujeres.

 

Por su parte, Cuevas, experimentada en el diálogo político, afirmó que esas legislaciones, algunas tan importantes como la Ley General de Igualdad entre los Hombres y las Mujeres, se convierten en letra muerta cuando en el país no hay garantías para la democracia y es frágil la gobernabilidad.

 

A su vez, el politólogo Porfirio Muñoz Ledo, cabeza de la Reforma del Estado del Frente Amplio Progresista a partir del 28 de enero, nacido de la coalición de partidos políticos que pretendía llevar a la Presidencia a Andrés López Obrador, señaló que la Constitución vigente no refleja ni los cambios en la sociedad ni el cúmulo de diagnósticos de las conferencias internacionales.

 

Explicó que, en una primera etapa de discusión, donde se ha incluido una comisión feminista, se harán propuestas en seis grandes temas para la transformación del Estado: régimen institucional y política nacional; reforma electoral; federalismo y nuevo poder judicial; reforma de hacienda y garantías sociales.

 

En una segunda etapa, o paralelamente, el Frente Amplio Progresista irá a la reforma Constitucional que emanará de un nuevo pacto social. El proceso será largo, según la legisladora Silvia Oliva, presidenta de la comisión de Reforma del Estado en la Cámara de Diputados, quién refirió a SEMlac que también se dará un nuevo pacto en la vida cotidiana entre hombres y mujeres.

 

Urge, por ejemplo, una normativa realista sobre la vida de las familias, la institución matrimonial, los derechos laborales y las leyes de prevención de la violencia. También es importante la perspectiva feminista en la reforma al poder judicial, hoy en manos del ejército, dijo.

 

 

Argentina: Trata con fines sexuales, entre las peores formas de violencia

Por Norma Loto

 

Buenos Aires, marzo.- Apenas unos días atrás, dos hombres y una mujer fueron arrestados en la ciudad balneario de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, por obligar a prostituirse a una joven paraguaya de 17 años.

 

La muchacha arribó a Argentina con la oferta de trabajar en el servicio doméstico, pero al llegar a este país fue explotada sexualmente.

 

Este lamentable hecho se inscribe dentro del escabroso mundo de la trata de personas. Según la OIT, a nivel mundial en 2005 cerca de 2,4 millones de personas fueron víctimas de la trata trabajando en condiciones de explotación, mientras estimaciones del Departamento de Estado estadounidense indican que alrededor de 100.000 latinoamericanos y caribeños corren igual suerte.

 

En los últimos años, la trata de personas se ha convertido en el tercer crimen más lucrativo a nivel mundial, pues genera ingresos por 32.000 millones de dólares, de los cuales el 85 por ciento proviene del comercio sexual donde las víctimas son, en su mayoría, mujeres y niñas.

 

Una investigación realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denominada Estudio exploratorio sobre  Trata con fines de explotación sexual en Argentina, Chile y Uruguay, publicada en diciembre de 2006, señala que la escasa información torna este problema imperceptible para la ciudadanía y, a la vez, da origen a cierta invisibilidad a nivel institucional que propicia un alto índice de impunidad.

 

“En Argentina, la trata de personas con fines de explotación sexual compromete a todo el territorio”, señala el informe. Las víctimas son, fundamentalmente, mujeres menores de edad, poco escolarizadas y muy pobres. Los principales medios de reclutamiento son el engaño o el rapto.

 

Mercedes Assorati, coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de Personas de la OIM, manifestó a SEMlac que “la situación económica y la falta de oportunidades son algunos de los motivos por los cuales la trata está en crecimiento; porque las víctimas resultan más vulnerables. Aceptan cualquier tipo de empleo para salir de la situación en que se encuentran”.

 

La experta añadió que es mucho más rentable dedicarse a la venta de mujeres que a la de droga, ya que no hay una política criminal que sancione la trata, mientras sí existen penas severas para el comercio de alucinógenos.

 

También incide el hecho de que “no resulta demasiado complicado comenzar en este ámbito porque secuestrando siete mujeres se puede empezar este próspero negocio ilegal”, remarcó.

 

El informe de OIM dilucidó cómo en Argentina operan quienes están vinculados a este flagelo. Así, los regentes de prostíbulos son quienes operan en los lugares de explotación y recepción, mientras que los reclutadores se encargan de captar mujeres y pueden o no estar en relación de dependencia con los primeros.

 

También es frecuente que el reclutamiento quede en manos de las propias prostitutas, que vuelven a sus lugares de origen para captar a otras, a veces mediante el engaño o a partir de la verdad acerca del trabajo, pero con mentiras sobre las condiciones. Otras veces actúan bajo coacción.

 

“En este último caso, los regentes del prostíbulo las amenazan con dañar a su familia en su lugar de origen si no regresan o si lo hacen con menos chicas de las encargadas”, subraya la investigación.

 

Por cada mujer captada, los prostíbulos pagan entre 100 (33 dólares) y 500 pesos (166 dólares) en dependencia de la calidad de estas, con incidencia especial en la edad: mientras mas jóvenes, más costosas.

 

El proxeneta, por su parte, es quien obtiene ganancias de la explotación sexual de una o varias mujeres de “su propiedad” que circulan a través de las distintas instancias de la red, pero no cuentan con establecimientos propios para esta explotación.

 

A veces, los proxenetas recurren al enamoramiento de sus víctimas y simulan un vínculo marital, lo cual no necesariamente implica un carácter afectivo, pero sí una relación de jerarquías.

 

Según la mencionada investigación, el accionar de los regentes y proxenetas es protegido por fuerzas de seguridad, representantes del poder político y judicial a cambio de una suma de dinero semanal o mensual.

 

El informe revela que las víctimas son reconocidas en el prostíbulo por ser  "las que lloran”. Si la mujer opone resistencia es común que se desencadene un sistema de coacción física y psíquica: “es golpeada y violada una y otra vez hasta que asuma su nueva condición y acepte pasar al salón para prostituirse”.

 

En cuanto al recorrido de la trata en Argentina, la investigación señala que en las provincias del noreste y noroeste es donde existe mayor reclutamiento por tratarse de los territorios de mayor pobreza y menor índice de escolaridad en el país.

 

Así, quedó revelado que una ruta de origen, tránsito y destino de la víctimas está conformada por Paraguay, Misiones y la provincia de Buenos Aires, cuyo espacio primordial de tránsito son las provincias de Corrientes y Entre Ríos.

 

RECUADRO

Misiones, tierra de reclutamiento

Misiones, provincia ubicada en el noreste argentino, colindante con Brasil y Paraguay, es una de las principales área de reclutamiento de mujeres víctimas de trata, según investigaciones judiciales y periodísticas.

 

Los altos niveles de desocupación y pobreza, y la llamativa belleza de las mujeres, que presentan una mezcla étnica muy particular (descendientes de Suiza, Polonia, Ucrania, Rusia, Japón, Brasil y Paraguay), hacen de Misiones una tierra propicia para el reclutamiento.

 

Ante esta situación, surgió la Red Alto al Tráfico y a la Trata, un tejido conformado por seis ONGs de Misiones que trabajan en la prevención de este fenómeno, en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones, Gendarmería y el Programa de Asistencia a las Víctimas contra las Violencias, perteneciente al Ministerio del Interior de la nación.

 

Hemos impedido el reclutamiento de 62 mujeres, todas entre 15 y 17 años y la mayoría de ellas, paraguayas, manifiestan a SEMlac Fernando Mao y Claudia Lascano, coordinadores de la mencionada Red.

 

Comentaron que, lamentablemente, se comercian niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual infantil. Se los ofrece como mercancía. Sin duda, que la sociedad necesita interiorizar esta problemática.

 

 

Perú: Congresistas bloquean ley de igualdad de oportunidades

Por Julia Vicuña Yacarine

 

Lima, marzo.- A pocos días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, congresistas conservadores bloquearon la aprobación de la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, generando la protesta de organizaciones feministas y de las centrales sindicales que, desde hace cinco años, exigen contar con una ley marco para prevenir, erradicar y sancionar las inequidades de género en el Perú.

 

Durante el debate del dictamen de consenso, presentado por la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social a la Comisión Permanente del Congreso, algunos congresistas señalaron que, por la manera en que está formulada la ley, ésta podría ser inconstitucional.

 

El congresista Víctor Andrés García Belaunde, del partido de centro derecha Acción Popular (AP), expresó su temor  de que la ley viole la Constitución al incluir términos como equidad de género y salud sexual y reproductiva.

 

Para Javier Bedoya de Vivanco, congresista por la alianza conservadora Unidad Nacional (UN), ya se tienen 22 leyes sobre discriminación y no se necesita una adicional.

 

Mientras, la congresista Fabiola Morales, también de UN, afirmó que desde afuera han impuesto el concepto de equidad de género y que el género para ella siempre será una tela (tejido textil).

 

“Los congresistas olvidan que equidad de género y salud sexual y reproductiva son conceptos reconocidos en tratados internacionales, firmados por el Perú”, señaló Blanca Fernández, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

 

Fernández se mostró preocupada por la decisión de votar una norma de consenso, lo que podría significar recortes de los derechos ganados. Todo ello, a pocos días de que el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendara al estado peruano medidas concretas para acelerar la igualdad entre mujeres y hombres.

 

María Isabel Cedano, directora de DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, e integrante del Colectivo Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, señaló que actualmente la política sobre igualdad de oportunidad no tiene sustento legal y es necesario contar con una ley marco que articule las normas ya existentes, dándoles un sentido y un propósito común.

 

“Una ley, además de integrar los avances reconocidos en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos a nivel nacional e internacional, dejaría fuera la arbitrariedad de las autoridades políticas de turno, tanto a nivel nacional o regional, que actúan de acuerdo a sus criterios marcados por un sesgo ideológico”, sostuvo.

 

Gissy Cedamanos, de Lesbianas Independientes Feministas Socialista (LIFS) explicó que si el Congreso aprueba la Ley de Igualdad de Oportunidades sin recortes, evidenciaría la voluntad explícita de las y los legisladoras no sólo de redistribuir el poder y los recursos sino de profundizar la democratización de la sociedad peruana.

 

Indicó que este 8 de marzo, el Colectivo Canto a la Vida, ha convocado a una movilización por las calles de Lima para exigir al gobierno de Alan García, políticas eficaces que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos y la aprobación de la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

 

En esta movilización participarán, por primera vez, las mujeres trabajadoras organizadas en las tres centrales sindicales del país, conjuntamente con mujeres agrupadas en diversas organizaciones y movimientos.

 

Para el colectivo Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, la Ley como mínimo debe garantizar y promover: igual acceso a la educación, salud y justicia; a la participación en la adopción de decisiones políticas y en las estructuras de la administración pública.

 

Asimismo, igual remuneración por trabajo de igual valor; eliminación de todas las formas de violencia de género; eliminación de toda forma de discriminación fundada en la raza, sexo, edad, género, religión, etnia, orientación sexual, condición de salud, nivel socio económico y cualesquiera otra forma.

 

También debe incluir responsabilidades familiares compartidas; educación sexual libre de prejuicios en todos los niveles; iguales derechos sexuales y reproductivos y plena vigencia del Estado democrático laico.

 

RECUADRO

Cifras de la desigualdad

Perú ocupa, después de Bolivia, el segundo lugar entre los países de América del Sur con las más altas tasas de mortalidad materna, 185 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, lo que implica 1 258 muertes anuales.

 

El 13 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años ya son madres y esto tiene efectos nefastos sobre sus vidas, porque además de perpetuar el círculo de la pobreza, incrementa el riesgo de muerte de la madre por causas relacionadas a la gestación, parto o puerperio.

 

Anualmente se realizan 352.000 abortos, es decir cuatro abortos por cada 10 nacidos vivos, en su mayoría en condiciones deplorables.

 

El 77,2 por ciento de analfabetos en Perú son mujeres, el mayor porcentaje se encuentra en el área rural. En virtud a ello, el Perú, al igual que otros 188 países han suscrito las Metas del Milenio de Naciones Unidas, una de las cuales expresamente señala: “eliminar las desigualdades de género en todos los niveles de educación para el 2015”.

 

En el Perú se producen 25 mil violaciones por año, es decir, tres cada hora. El 92,7 por ciento de víctimas de violación son mujeres: de las cuales el 66 por ciento tienen menos de 14 años. (Información presentada por el Colectivo Mujeres por la Igualdad de Oportunidades).

 

 

República Dominicana: La represión refuerza el debate del aborto

Por Mirta Rodríguez Calderón

 

Santo Domingo, marzo.- “Ninguna mujer se embaraza para abortar y ninguna interrumpe su embarazo con alegría” es el criterio, sustentado desde hace mucho, por diversos grupos que abogan por el derecho femenino a decidir sobre el cuerpo y que ubica el debatido tema del aborto en su contexto exacto.

 

Este es un problema en el que, ciertamente, intervienen factores médicos, éticos y morales, con una carga alta de emociones comprometidas. Por eso, cada mujer que interrumpe su embarazo tiene una historia que contar y, por lo general, no es una historia feliz, ni siquiera cuando recupera su estabilidad y se libera de las angustias que dieron razones a que acudiera a una solución así.

 

En República Dominicana podría escogerse cualquiera entre 100.000 anécdotas disponibles anualmente –cantidad de abortos que se realizan- para apuntalar la reflexión acompañante a la noticia de que el Fiscal del Distrito capital mandó a cerrar tres clínicas donde, supuestamente, se practicaban abortos, y envió a prisión preventiva a 16 personas.

 

Lo concreto del hecho, que tiene como escenario a Santo Domingo, es que las autoridades judiciales –tan celosas de las leyes para este caso– se adscribieron al Código Penal que prescribe penas de entre tres y 20 años para quienes ayuden a una mujer a abortar, y para ellas mismas.

 

Bajo ese prisma, hicieron una redada en la que arrestaron a tres médicos, cuatro enfermeras y cuatro pacientes, más tres acompañantes. Ocurrió en la segunda semana de febrero.

 

Del celo leguleyo del Fiscal no quedaron exentas ni siquiera la conserje y la secretaria de una de las tres clínicas, ubicadas fuera del perímetro central de la ciudad, lo que anticipa el cariz modesto de quienes allí acuden y de la actividad que realizan, sin minimizar la nocividad de un ejercicio comercial que se nutre del infortunio de mujeres a quienes el Estado, la Iglesia Católica y las leyes impiden el disfrute del derecho a su cuerpo que es, obviamente, su primera – y a veces su única- propiedad.

 

Lo singular es que la acción policíaca tiene lugar en una ciudad donde 19 barrios, considerados de alta criminalidad, han tenido que ser intervenidos, se reconoce que la drogadicción es un problema serio en las escuelas, el alcoholismo alcanza niveles alarmantes y el dopaje es tal que acaba de informarse que serán sometidos a prueba de detección las membresías de altas estructuras estatales y judiciales.

 

El carácter político y de complacencia con la clerecía católica de lo que ocurre en el país coincide con el fortalecimiento a escala internacional del debate sobre el aborto, que tiene espacios polares en la Nicaragua y el Portugal de hoy.

 

La penalización para el aborto que reintrodujo el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, fue su prenda de negociación con el clero que lo apoyó en sus aspiraciones políticas. Eso, a costa de los derechos de las mujeres.

 

La otra cara de la moneda se halla en el país lusitano, donde un referéndum que concitó el apoyo del 59,25 por ciento de los y las portugueses ha aprobado este mes la despenalización del aborto dentro de las primeras 10 semanas de gestación.

 

Portugal tiene alrededor de 10 millones y medio de habitantes, de los cuales alrededor de 4,5 por ciento son mujeres en edad reproductiva. Se practican allí unos 40.000 abortos anuales. República Dominicana tiene algo más de ocho y medio millones, con una proporción aproximada de mujeres fértiles de 3,9 y se realizan 100.000 abortos cada año.

 

Sólo en un hospital de la provincia La Romana, 278 mujeres fueron atendidas en el último año por “complicaciones del embarazo”, el 30 por ciento de las cuales eran adolescentes. La Romana es una provincia de buen desenvolvimiento económico, por altos índices de recepción de turistas, y se ubica a dos horas largas por carretera desde la capital.

 

Acciones y reacciones

A pesar de lo inusual, puesto que nadie ignora en el país que el aborto se realiza profusamente, nunca antes había habido una acción policíaca ni judicial contra eso.

 

Una complicidad tácita, probatoria de niveles de permisividad razonables, ha provocado que todos se hiciesen de la vista gorda, si bien desde el clero han sido más o menos frecuentes los ataques y las declaraciones excesivas hacia las mujeres y una parte de las organizaciones que las apoyan.

 

En un programa de televisión, la socióloga feminista Magaly Pineda y el sacerdote católico Gregorio Alegría sostuvieron un debate bien informado en el cual el prelado reiteró la posición conocida,  afirmativa de que sí hay vida en el cigoto y que la Iglesia se pronuncia siempre por la preservación de la vida.

 

La directora ejecutiva del Centro de Investigaciones para la Acción Femenina expresó respeto por las opiniones de Alegría, pero objetó que haya alguna posibilidad viable para un feto desde la concepción; que no la hay sino hasta avanzado el embarazo; y que las Iglesias pueden inculcar sus creencias a sus fieles, pero no tienen el derecho de constituirse en la conciencia de la sociedad y pretender imponerlas a toda la ciudadanía femenina.

 

Pineda recordó la posición de la Iglesia, que calificó de absurda, al querer prohibir el uso del condón con los altísimos índices de sida y de embarazos indeseados que ello provoca en este país, a lo cual el cura respondió por vía de recordar que la Iglesia recomienda la abstinencia. Aún la conductora del programa reconoció que esa recomendación se halla desfasada en el tiempo y de la realidad que viven las parejas.

 

El debate mencionado de varios modos reproduce las posiciones emitidas por cinco organizaciones de mujeres: la Colectiva Mujer y Salud, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, el Centro de Apoyo Aquelarre, EL Centro de Investigaciones para la Acción Femenina y la Red de Salud de las Mujeres.

 

Una declaración entregada a SEMlac refiere que apenas fueron clausuradas las clínicas y detenidas las personas. Se recalca, además, que esta fue una decisión política en tiempos de campaña preelectoral, cuando los partidos, principalmente los tres mayoritarios, deben escoger candidato a la presidencia de la República y manifestar fidelidad incondicional al Concordato, un acuerdo suscrito en 1954, que condiciona al Estado Dominicano con la Iglesia católica y le ofrece a ésta numerosas ventajas.

 

República Dominicana desarrolla ahora un proceso importante para modificar la Constitución. El Foro de Mujeres ha reclamado que en el nuevo texto se despenalice al aborto en caso de violación, malformaciones o peligro de vida para la madre. Esa posibilidad se ve como poco factible por las adversas correlaciones de fuerzas.

 

Otro pedido de algunas fuerzas femeninas es el reclamo de laicismo para el Estado, que debería ser separado de toda religión.

 

Un tema tabú

A niveles de base persisten criterios encontrados. Pero el tabú tiene dos vertientes y se menciona en voz más baja, según la posición del opinante: quienes condenan el aborto hablan más abiertamente. Los y las demás, sobre todo mujeres, lo hacen quedito.

 

En la capital dominicana funciona un servicio importante: el Centro Bonó para Refugiados y Migrantes. Allí labora, en la defensa de derechos humanos, un ex seminarista, Jean Beltré, quien reconoce sin ambages que es únicamente la mujer quien debe decidir sobre este asunto.

 

Pero su colega Carlos López, religioso en el pasado y ahora responsable de logística, considera que sólo si peligra la vida de la madre él lo aprobaría.

 

Contrastan esos criterios de varones dados a SEMlac con los ofrecidos por Altagracia Rodríguez, una abuela de dos nietos que rechaza por entero el aborto: “si una mujer no quiere muchachos que los evite. Porque luego los hombres las incitan: ‘aquí están los cuartos (dinero), ve a sacártelo’. Yo me vi en esa situación cuando me embaracé de mi hija, que ya no quería seguir con mi marido. Pero decidí que la pariría aunque me llevara el diablo (una expresión muy común acá)”.

 

Una universitaria treinteañera, Esmirna Alburquerque, coincide en lo esencial. Si se le coloca en la disyuntiva de que se tratase de un embarazo por violación, su idea es que la mujer “vaya a un psicólogo para que la ayude a aceptar ese hijo. Cada mujer sabe los riesgos que corre cuando tiene relaciones y el niño no tiene la culpa. Ella debe parirlo”.

 

Desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1595, pasando por San Agustín y Santo Tomás –que reconocieron que no había hominización (evolución humana) en los primeros momentos y que el feto tomaba alma sensible sólo más tarde–, la discusión se ensancha. En el siglo XIX se perdió la distinción entre el feto formado y el cigoto, y la Iglesia condenó la decisión de las mujeres.

 

Una dirigenta campesina consultada por SEMlac, Milagros Isabel, reaccionó contundente ante las reflexiones: “las mujeres podemos ganar que se nos respete, así como conseguimos que se aprobara la Ley de Reforma Agraria o contra la Violencia Intrafamiliar. Eso sí: hay que luchar”.

 

 

Uruguay: El orden de los apellidos: marca del sexismo

Por Cristina Canoura

 

Montevideo, marzo.- A las puertas de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, el diputado Washington Abdala presentó al Parlamento uruguayo un proyecto de ley, mediante el cual se concedería a los padres la libertad para elegir el orden de los apellidos que llevarán sus hijos.

 

“Históricamente, en el Uruguay el primer apellido de los hijos fue y es el del padre. Esto obedece a una tradición que, a estas alturas del siglo en que vivimos, luce asimétrica en relación con los derechos de las mujeres y claramente injustificada si sostenemos el principio de igualdad”, comentó Abdala, legislador por el Foro Batllista del opositor Partido Colorado.

 

No parece justo mantener disposiciones sexistas en ningún área de la vida de una sociedad, pero menos en el derecho al nombre, ubicando en un segundo lugar imperativamente a la persona que hará nacer el nuevo hijo, fundamentó el parlamentario al exponer las razones de la nueva norma.

 

De aprobarse el texto propuesto, serían sustituidos dos de los incisos del artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia en Uruguay.

 

El primero de ellos establece que el hijo habido dentro del matrimonio “llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre”. El segundo refrenda el principio de que “el hijo habido fuera del matrimonio”, pero inscrito en el Registro Civil por ambos progenitores, tendrá como primer apellido el del padre y como segundo el de la madre.

 

A partir del proyecto de Abdala, el hijo habido dentro del matrimonio “llevará como primer apellido el de su madre o el de su padre, según establezcan de común acuerdo ambos padres”. El segundo apellido será el que no fue seleccionado en primer término.

 

En caso de no existir acuerdo entre ambos, se citará a una audiencia de conciliación por única vez y será el juez quien establezca el orden de prelación de los apellidos.

 

Llegada esta instancia, el autor del proyecto pretende que los magistrados tengan en cuenta determinadas circunstancias, como cuál de los dos progenitores atiende más al niño, quién lo mantiene o está más horas con él.

 

El orden de los apellidos de los padres, dirimido en la justicia para el mayor de los hijos, regirá para las inscripciones posteriores de los hermanos nacidos del mismo vínculo. Igual tratamiento se aplicará a los nacidos fuera del matrimonio.

 

“Parece obvio que hay que igualar derechos, no se trata de procurar beneficiar a ningún género, sino de comprender que la familia actual, de común acuerdo, puede establecer el orden de prelación de los apellidos de sus hijos”, defiende Abdala al explicar su proyecto.

 

Sin embargo, aclara que “no debiera verse esta legislación como una reivindicación sexista de carácter corporativo”, sino como un intento “por igualar lo que hasta ahora luce desigual, sin razón lógica alguna”.

 

En América Latina, países como Brasil establecen en su legislación la prioridad del apellido materno al inscribir a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. El argumento esgrimido a nivel popular es que “madre todos tienen” y para muchos niños el padre es un ausente desde su misma concepción.

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay prevé que el hijo habido fuera del matrimonio, y cuyo padre no lo reconoce como tal, será inscrito por su madre con sus dos apellidos. En caso de que ella tampoco tuviera un segundo apellido, el niño llevará como primero el de su madre biológica seguido de uno “de uso común” que su progenitora deberá elegir de una lista facilitada por el Registro Civil.

 

 

Cuba: Mujeres directoras de cine, ¿así de simple?

Por Marta María Ramírez

 

La Habana, marzo.-“Es más fácil para una mujer en Cuba ser piloto de avión que directora de cine”, afirmaba la fallecida cineasta cubana Mayra Vilasis.

 

Consciente del dominio masculino en la industria cinematográfica nacional y amparada por la tecnología digital y los amigos, Carolina Nicola comenzó, en 2001, el rodaje del primer largo de ficción dirigido por una cubana, desde que Sara Gómez dejara inconcluso De cierta manera (1974), proyecto que no pudo terminar porque murió unos meses después de la filmación.

 

Hecho con recursos propios, sin financiamiento de ninguna institución cubana o extranjera, Así de simple, el cáustico título de la ópera prima de Nicola, fue exhibido en La Habana, fuera de concurso, en la sexta edición de la Muestra de Jóvenes Realizadores del Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficos (ICAIC), celebrada del 20 al 25 de febrero.

 

Esta mujer, formada en el mundo de las tablas y con el antecedente de sendos videoclips para la televisión, cuenta una historia recurrente en el cine y en la cotidianidad cubana: la disyuntiva de irse o quedarse en la isla.

 

Así de simple es un filme imperfecto, como casi todo primer proyecto, y está muy marcado por las limitaciones económicas: imágenes oscuras, sonido chillón, problemas de edición; aspectos que la crítica nacional ha subrayado.

 

Sin embargo, Danae Diéguez, profesora de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisuales del Instituto Superior de Arte, insiste en que “aunque estéticamente le faltan cosas, hay detrás una guionista que tiene mucho que decir desde una construcción femenina, a pesar de que el protagónico sea un hombre”.

 

Diéguez, estudiosa del cine hecho por las cubanas, considera además que la equidad de género debe llegar también a la crítica porque “existen películas hechas por hombres reconocidos, con defectos imperdonables, que se pasan en las grandes pantallas. Y de esos errores no se habla”.

 

El filme de Nicola había sido estrenado en el Festival de Biarritz, Francia, en septiembre de 2006, ante el desconcierto de algunos críticos de la isla, quizá por la condición femenina de su realizadora, en este mundo de hombres.

 

¿Cubanas contra el cine androcéntrico?

Sin que fuera reflejado por los medios de comunicación nacionales, la sexta Muestra de Nuevos Realizadores presentó, en competencia, seis materiales (un corto de ficción y cinco documentales), dirigidos por ocho mujeres jóvenes, frente a unos 30 materiales de hombres.

 

El aumento numérico de las realizadoras en el universo cinematográfico mundial, y cubano en particular, está relacionado con la irrupción de la tecnología digital, que ha permitido la democratización del llamado séptimo arte, aparejada en la isla con una  recuperación económica, luego de la crisis iniciada en la pasada década del noventa.

 

Aunque el soporte digital no es bien visto ni se considera el ideal entre muchos cineastas, críticos y público que aún prefieren el formato de 35 milímetros, Diéguez es una de las defensoras de que “lo que importa es el lenguaje, el concepto cinematográfico, no el soporte que se utilice”.

 

Por otra parte, el documental todavía se confunde con un género menor, como medio de aprendizaje, y se privilegia erróneamente al largo de ficción como el más preciado anhelo de todo cineasta.

 

En este sentido, hay quienes toman en cuenta, cuantitativa y cualitativamente, la producción de documentales y teleplays del Instituto Cubano de Radio y Televisión, institución que ha abierto sus puertas a los realizadores, sin que se note una franca distinción entre los géneros.

 

“La televisión tiene una dinámica diferente a la industria del cine. Esto te permite presentar un proyecto y que, en menos de un año, estés realizando tu telefilme”, comenta Diéguez a SEMlac.

 

La profesora destaca la labor, en la televisión cubana, de Magda González Grau, “no por ser mujer, sino por su sensibilidad e inteligencia, que no discrimina por cuestiones de género”.

 

En su estudio ¿Directoras de cine en Cuba?, Virgen Gutiérrez, ex profesora de apreciación cinematográfica, cifra sus esperanzas en el incremento del número de egresadas de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y de la Facultad de Artes Visuales del Instituto Superior de Arte.

 

En ambas instituciones no sólo se forman directoras, sino directoras de fotografía y sonidistas, oficios cinematográficos vedados al género femenino.

 

La Sexta Muestra ha sido un reflejo de la participación de la mujer en estos otros oficios habitualmente masculinos.  La lista incluye nombres como los de Annette Pichs, quien dirigió el documental Timbalito e hizo la dirección de fotografía, o Valeria López, sonidista del documental Model Town, que le valió el premio del jurado principal.

 

Sin embargo, las obras galardonadas fueron todas hechas por hombres, a excepción de dos rodadas por mujeres, que acapararon los premios colaterales: Las camas solas, de Sandra Gómez, y Buscándote Havana, de Alina Rodríguez.

 

Para los más optimistas, pareciera que el androcentrismo en el cine cubano está destinado al fracaso. No obstante, falta el propósito consciente de realizadoras, críticos y estudiosos de aplicar el principio feminista de Annette Kuhn sobre hacer visible lo invisible. Esta minoría femenina no ha asumido conscientemente su condición de género.

 

“No pensé en que era mujer. Sólo tenía una cámara en la mano, cosas que decir, ganas de trabajar y de ver a mis amigos trabajando. No aguantaba más que el tiempo pasara y seguir de observadora. Fue por eso que le puse a la película Así de simple”, confiesa Nicola a SEMlac.

 

Gabriela Vásquez, premio cinematográfico 2006 de la Embajada de España en Cuba y la Agencia Española de Cooperación Internacional por su proyecto de documental Destino Cuba, también opina que este es un oficio tradicionalmente masculino, por el cual las mujeres no se sienten muy atraídas.

 

“Siempre ha sido así. Se dice que no somos buenas, que no tenemos talento. Esto no es cierto, pero tardaremos en desmentirlo, porque es una verdad aprendida y casi incuestionable”, argumenta la joven, quien trabaja ahora en el guión de su documental.

 

Por estas razones, Diéguez apela a divulgar la historia de la mujer en el cine cubano, aún por construir a partir de sus testimonios y su obra.

 

Hacer visible lo invisible

“Si no les contamos a las jóvenes sobre sus predecesoras, nunca valorarán los esfuerzos de Marisol Trujillo, totalmente invisibilizada; de Mayra Vilasis, quien murió mientras gestaba su primer largometraje, dedicado a la escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda; o de Belkis Vega, que sigue en el documental”, analiza Diéguez.

 

Las cubanas parapetadas tras las conquistas que, en términos de equidad, llegaron con el triunfo revolucionario de 1959, quedaron al margen del debate que, en la década del setenta, planteaban el feminismo y la teoría fílmica.

 

No sólo no hicieron visible lo invisible —como recomendara Khun—, sin denunciar la ausencia de mujeres en la cinematografía, sino que se conformaron con ser vistas desde la perspectiva masculina. Más recientemente comenzaron a reivindicar, desde la historiografía, a aquellas que contribuyeron a hacer del cine lo que hoy es.

 

Según Arturo Agramonte en su Cronología del cine cubano, la primera mujer vinculada al cine en Cuba fue Mirtha Portuondo, quien dibujó en celuloide para un animado llamado El hijo de la ciencia (Santiago de Cuba, 1948). Agramonte incluye en su investigación, terminada en 1962, a Evelia Joffre como la única directora, con una cinta realizada en 1950, titulada Rumba en televisión.

 

Juan Antonio García Borrero, en su Guía crítica del cine cubano de ficción (2001), suma a otras siete realizadoras, de las cuales sólo Sara Gómez tiene un largo de ficción. Él agrega a unas 45 jóvenes directoras o guionistas que debutaron con cortos de ficción, precisa Gutiérrez en su investigación.

 

En 1962, ya dentro del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, la primera mujer en dirigir fue Rosina del Prado, con su documental Ismaelillo, sobre la construcción de una guardería infantil en un barrio periférico.

 

Entre las más destacadas por su labor en esa institución están Marisol Trujillo, Rebeca Chávez, Miriam Talavera, Mayra Vilasis, Mayra Segura y Ana Rodríguez. Estas tres últimas dirigen, cada una, uno de los cinco cuentos que integran el largo de ficción Mujer transparente (1990).

 

Teresita Ordoqui, desde los Estudios Cinematográficos de la televisión, y Belkis Vega, en los Estudios Fílmicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre otras pocas, completan el exiguo panorama del cine hecho por mujeres,  cuyo medio de expresión ha sido, fundamentalmente, el documental.

 

Aún siguen vigentes criterios machistas y “muchos realizadores, realizadoras y responsables de la industria ni siquiera pueden responder por qué no hay mujeres dirigiendo”, comenta Diéguez.

 

“Está claro que existen algunas con mucho talento, igual o más que los hombres. Pero te encuentras el caso de Vilasis, Segura y Rodríguez que, tras Mujer transparente, se suponía llegaran al largometraje y nunca sucedió así”, ejemplifica.

 

Ni los aspectos económicos, ni el miedo a dirigir, ni los problemas de género que  implican que el cine es “cosa de hombres” impiden que las nuevas generaciones continúen.

 

“Talento hay, seguro. Y si en algo yo puedo seguir ayudando, lo haré con gusto”, afirma Nicola, quien arma un nuevo proyecto desde España, donde se encuentra temporalmente para promocionar su filme.

 

RECUADRO:

Premios a mujeres realizadoras en la Sexta Muestra

Buscándote Havana de Alina Rodríguez. (Mención especial del Jurado Principal, premio de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica, Mención del Premio Caminos del Centro Memorial Martin Luther King y premio de la FAMCA del ISA.

Las Camas Solas de Sandra Gómez Jiménez. (Mención especial del Jurado principal, premio de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica y premio de la Organización Católica Cubana para la Comunicación. SIGNIS.

Valeria López Mancheva por Model Town. Premio de sonido del Jurado principal.

 

 

Colombia: Las Mujeres Arriba

Por Julia Londoño Bozzi

 

Bogotá, marzo.- “Entre cada cinco artistas que hacen ilustración suele haber una mujer dedicada a este arte”, dice No Para Innita, Coordinador de la Exposición Mujeres Arriba, que busca hacer más visibles a las mujeres ilustradoras.

 

La muestra reúne obras de artistas colombianas que emplean técnicas como el collage, la fotografía, la ilustración tradicional y digital, la animación y las artes plásticas y será inaugurada el próximo jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

 

A ese grupo integrado por 12 artistas se sumaron dos hombres. “La obra de ambos tienen cono inspiración recurrente el tema de lo femenino”, añade el coordinador del evento.

 

María Nela Garzón, Pilar Berrio, Jualiana Maz, Laura Osorno, Melisa Machuret y Luisa Uribe son algunas de las seleccionadas en la convocatoria, a la cual respondieron, en su mayoría, estudiantes y docentes de artes del país.

 

La programación de la Galería Colombiana de Diseño incluirá además charlas de las artistas participantes sobre temas como fotocomposición y animación y la proyección de películas cuya temática está relacionada con el género femenino.

 

Pictogramas animados, graffitis, juegos tipográficos, lo “cute” y lo irónico, la fotografía, el feísmo, el minimalismo, retratos y autorretratos se conjugan en las propuestas particulares de las 12 artistas que dejarán que sus obras hablen por ellas en esta exposición abierta hasta el 24 de marzo. La entrada a esta muestra y a todas las actividades relacionadas con Mujeres Arriba será libre.

 

La Galería Colombiana de Diseño existe hace tres años, en Bogotá, y es un espacio cultural encaminado a mostrar y promover el talento de los diseñadores nacionales.