Violencia de género

Violencia de género (456)

Por Isabel Inclán
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Toronto, Canadá, agosto (SEMlac).- El gobierno de Canadá anunció quiénes integran la Comisión Nacional Investigadora de la Muerte y Desaparición de Mujeres Indígenas, que está liderada por la jueza Marion Buller, primera jueza de las Primeras Naciones en Columbia Británica.
La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) reconoce que 1.186 mujeres aborígenes canadienses han sido asesinadas o desaparecidas en los últimos 30 años. 
Un total de 1.017 aborígenes canadienses fueron asesinadas entre 1980 y 2012, mientras que 169 se encuentran desaparecidas desde 1952, reconoció la RCMP en mayo de 2014.
Diversas organizaciones de mujeres exigieron al anterior primer ministro conservador Stephen Harper la creación de una comisión especial que investigue a fondo estos casos de indígenas desaparecidas, lo cual se negó a hacer.
La demanda fue atendida por el actual Primer Ministro Justin Trudeau, quien desde que llegó al poder en noviembre de 2015 prometió la creación de dicha comisión.
La comisión investigadora (MMIW, por sus siglas en inglés) estará integrada por cuatro mujeres y un hombre y operará del primero de septiembre de este año al 31 de diciembre de 2018, con un costo de 553.8 millones de dólares. 
"La pérdida de los sobrevivientes, el dolor, la fortaleza y el coraje inspirarán el trabajo del panel en los próximos meses", dijo la jueza Buller tras el anuncio de este miércoles.
El gobierno federal manifestó su objetivo de "terminar con esta tragedia nacional".
En las diferentes investigaciones que se han realizado anteriormente las organizaciones, como la Asociación de Mujeres en Canadá, las Primeras Naciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han coincidido en que existe un padrón de comportamiento en donde las niñas y mujeres indígenas del norte del país son violentadas.
Las organizaciones demandan que se investigue a fondo esta violencia contra las aborígenes en un contexto sociológico y económico.
Según un estudio del organismo oficial Estadísticas Canadá, las mujeres aborígenes dan cuenta del 21 por ciento de todos los homicidios de mujeres en 2014, lo cual fue 14 por ciento más que en 1991.
Las demás integrantes de esta comisión son: Michèle Audette, ex presidente a la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá; Qajaq Robinson, abogada especializada en asuntos indígenas, nacida en el territorio indígena de Nunavut; Marilyn Poitras, experta en derecho constitucional y de aborígenes; y Brian Eyolfson, abogado de derechos humanos.
El gobierno federal anunció que destinará 16.17 millones de dólares en los próximos cuatro años para crear unidades de información de apoyo a los familiares de las víctimas.
"No tenemos duda de la necesidad urgente de examinar los desafíos subyacentes y sistémicos de esta violencia, incluyendo el racismo, el sexismo y el impacto sostenido del colonialismo", declaró Carolyn Bennett, ministra de Asuntos Indígenas, al considerar "histórico" al anuncio de la comisión especial.
Por su parte, la ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, también de origen indígena, estableció que esta comisión debe identificar las causas de "desproporcionada incidencia de esta violencia" (contra las indígenas).
"Estamos comprometidos a tomar acciones conjuntas para alcanzar la meta de eliminar, tanto como podamos, la violencia contra las niñas y mujeres indígenas", remarcó.

Por Soledad Jarquín Edgar
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Oaxaca, México, agosto (Especial de SEMlac).- Flor tiene ahora 38 años y cinco hijas e hijos.
Desde los ocho años cuidaba pequeños en casas ajenas. Un día su madre decidió dejar Pluma Hidalgo, población asentada en la Sierra Sur de Oaxaca, así que en una mula subió sus pertenencias y caminó con sus hijos rumbo a la capital oaxaqueña, pero Florecita no iría con ella.
"Tú aquí al menos tienes trabajo", le dijo.
Ella lloró, mientras veía a toda su familia perderse entre los montes. Florecita se quedó con la familia para la que trabajaba y recibió toda clase de maltratos.
Dos años después, su mamá mandó por ella, aunque en realidad era porque una señora necesitaba una niña para que le ayudara en la casa, esta vez en la capital mexicana.
Seis meses después, la devolvió y le pagó por sus servicios 150 pesos "con un montón de monedas".
Por fin, Florecita se estableció con su familia. Como siempre cuidaba a tres de sus hermanos pequeños, ahí mismo conoció a su futuro marido, con quien huyó después de que su madre la trató mal, la golpeó e insultó, al igual que uno de su hermanos mayores, por haber llegado tarde de un baile la noche anterior.
"Así ya no sirves", le dijo su madre, mientras su hermano la vilipendió. "Yo estaba consciente de que no había pasado nada", dice tranquila.
Florecita explica que antes de los 13, y pese a las dificultades que enfrentaba, su mundo era de "color rosa", comparado con lo que se convirtió su vida cuando a los 13 "huyó con su marido", entonces sí, todo se volvió negro, pues el muchacho de apenas 19 tenía desde entonces un problema de alcoholismo, tanto que la dejaba sola por días, sin dinero para comer aunque ya estaba embarazada.
Así, en esas horas largas de soledad y hambre, Florecita soñaba con ser secretaria y trabajar en una oficina, mientras su vientre crecía cada día.
Todavía recuerda cómo el personal médico del IMSS, donde nació su primera hija en junio, de hace 24 años, les decía: "¿qué van hacer' Llora la niña, llora la mamá y llora el papá? Esto no es juego y ahora tienen una muñeca de carne y hueso".
En Oaxaca durante 2015, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 29 menores de 15 años contrajeron matrimonio. "Nada, en comparación con las niñas que sin casarse son obligadas a vivir con un hombre, aun cuando éste tuviera su misma edad", expresa Ximena Avellaneda Díaz, Directora del Centro de Capacitación en Liderazgo y Gestión Comunitaria del GESMujer.
Sostiene que el problema mayor entre las niñas y adolescentes oaxaqueñas se da en las uniones tempranas, es decir, que no necesariamente se casaron por alguna de las leyes, la civil o la religiosa, pero cuentan con el aval de la comunidad, de las autoridades y no son mal vistas porque así es el uso y la costumbre.
Afirma que las uniones tempranas o, en su caso, los matrimonios infantiles, son un tema recurrente cuando en los seminarios o talleres que estudian uno de los ejes más importantes: los derechos reproductivos y sexuales.
El problema es que las uniones tempranas, más recurrentes que el matrimonio infantil, no tiene ningún registro oficial.
Pero al margen de las cifras Avellaneda Díaz afirma que muchas de las niñas adolescentes son obligadas a unirse a personas que, generalmente, son mucho mayores que ellas, lo que repercute de forma terrible en su vida, porque hay un primer embarazo que se da casi de manera inmediata, dejan la escuela automáticamente y se ven sometidas a tratos violentos con mucha frecuencia.

Ocultas las niñas de 10 y 11
Efectivamente, las estadísticas oficiales no dan cuenta de las uniones o matrimonios tempranos, las niñas de 12 son puestas en el grupo que va de 12 a 19 años, dejando fuera que en algunos casos las niñas se unen a una pareja entre los 10 y los 11 años de edad.
La Encuesta Intercensal 2015 destaca que 6,5 por ciento son solteras, en tanto que 8,4 por ciento son casadas o unidas, en el grupo de 12 a 19 años de edad.
La académica e investigadora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Leticia Briceño Maas, revela que muchas veces se trata de matrimonios o de uniones forzados y que se pueden presentar entre los nueve y los 13 años de edad.
Avellaneda Díaz, como Briseño Maas, coincide en que la educación permite a las niñas y jóvenes postergar un casamiento y también el nacimiento de sus hijos e hijas.
Briseño Maas, fundadora en la UABJO de la Dirección de Equidad y Género y ex secretaria Académica de la misma institución, indica que los matrimonios infantiles son decisiones que las niñas no toman desde la conciencia plena de sus implicaciones en la salud y la mortalidad materna.
En 2011, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) informó que la mortalidad materna en mujeres menores a 20 años era de 69,1 por cada 100 mil nacidos vivos y en 2015 la tasa de mortalidad materna en general, en el estado, fue de 46,7 por cada cien mil mujeres.
La investigadora plantea que con los matrimonios infantiles hay una transmisión intergeneracional de la pobreza: limitan sus posibilidades de futuro, dejan la escuela, además de ser un factor de riesgo de violencia, desde la emocional y física hasta la sexual.
Expuso que muchas veces las niñas son casadas o las juntan porque, mientras más pequeñas, según la costumbre, es posible que la dote aminore o que sea más valiosa. 
Otras veces las niñas son vistas como un "bien de cambio", tienen bajo nivel jerárquico, contribuyen al gasto de la familia y se convierten en propiedad del esposo. También el matrimonio o la unión temprana, ante la pobreza, es una alternativa para las familias e, incluso, se piensa que estarán seguras teniendo un esposo.
Recuerda el caso de una niña de 13 años, casada con un albañil. Esta unión se hace con la aprobación de las autoridades, sin embargo, ella es sometida a agresiones sexuales y violencia física.
Sin duda, plantea la investigadora, hay una complicidad de las autoridades, las iglesias y la sociedad.
Rememora que en 1999, cuando trabajaba en Coesida, asistió a una capacitación. "Un médico hizo una exposición sobre enfermedades de transmisión sexual y presentó el caso de una niña de nueve años que había contraído el virus del papiloma humano. Había sido contagiada por su esposo, además, dijo el médico, la niña era frecuentemente violentada. En ese momento pensé que detrás de la historia clínica estaba la historia de una niña y, sin duda, ese hecho marcó mi trabajo posterior".
La Directora del Centro de Capacitación en Liderazgo y Gestión Comunitaria del GESMujer planteó que son muy diversas las razones que obligan a las niñas y adolescentes a una unión temprana o un matrimonio infantil.
Esa decisión, en ocasiones, ni siquiera la toman ellas sino su familia; otras veces salen por esa puerta debido a las presiones, porque van mal en la escuela, porque se acostumbra el casamiento temprano o algunas más huyen de la violencia en sus hogares.
Lo que sí es definitivo, explica, es que las niñas y adolescentes, después de un casamiento temprano, es común que enfrenten un embarazo, para lo cual tampoco estaban preparadas ni en lo físico ni lo emocional.
En Oaxaca, de acuerdo al programa "De A a la Z, México sin matrimonio de niñas en la ley" y en la práctica, 25,2 por ciento de mujeres de 20 a 24 años de edad se unieron antes de los 18 años y es, por tanto, uno de los ocho estados con más alto porcentaje de uniones tempranas.
Además, ocupa el tercer lugar de matrimonios de menores de 15 años, con 5,09 por ciento, superado solo por Chiapas y el norteño estado de Coahuila.

18 años, sin excusa ni pretexto
El 10 de diciembre de 2015, el Congreso local decretó las reformas al Código Civil para el estado de Oaxaca, con los cuales se establece que no podrán contraer matrimonio las y los menores de 18 años, además de eliminar todas las dispensas, permisos o excepciones en las personas que no sean mayores de edad y que antes de esa reforma podían expedir ambos padres, solo la madre o el padre, abuelos y tutores.
Alejandro Solalinde, sacerdote católico, señala que el Derecho Canónico establece como edad mínima para casarse los 18 años, luego de que se ajustaran las leyes católicas con las leyes civiles y en caso contrario, si se efectuara una boda religiosa entre menores de 18 años, es motivo de nulidad de este sacramento.
Como lo señalaron Briseño Maas y Avellaneda Díaz, Solalinde agrega que antes de los 18 años, las niñas y los niños no tienen la madurez suficiente para tomar una decisión de esa naturaleza, significaría un desastre o un fracaso para ellas y para ellos.
Si se casa a las y los niños, se les interrumpe su proceso de maduración, de individualización, cada uno tiene que ensayar en la adolescencia su propio espacio, su definición sexual, su sociabilización con el medio, el hacerse responsables y autónomos, de lo contrario seguirán siendo niños y niñas casadas, afirmó el sacerdote.
Solalinde, reconocido como defensor de los Derechos Humanos de las y los migrantes, opina que si todavía algunos sacerdotes validan este tipo de matrimonios estarán incumpliendo lo que señalan las leyes canónicas.
El sacerdote expone que, en 1982, cuando llegó a Oaxaca, fue enviado a servir en la parroquia de San Pedro Amuzgos. Era común que las madres y padres presentaran a parejas de jovencitos y jovencitas para casarse. Pero el caso que más recuerda es el de Betito, un niño de 12 años a quien su familia quería casar con otra niña de su edad.
"Yo me negué y les expliqué que estaban tan chiquitos que ni siquiera podrían tener relaciones sexuales. La mujer me contestó que no era así, que empezarían a dormir juntos como hermano y hermana, y que cuando llegara el momento tendrían relaciones; a pesar de eso, me negué y la familia se molestó mucho", refiere Solalinde.

Salto generacional
Ana María Emeterio Martínez, coordinadora del Centro de Atención Integral de la Mujer Ayuuk, señala en entrevista que a ella le tocó romper con "una costumbre" que sí vivieron su madre y su abuela.
En las dos generaciones anteriores a la de ella, una mujer de 15 años era considerada una quedada en la gran mayoría de las comunidades mixes. Su abuela se casó poco antes de los 15, su mamá a los 12.
Cuando su abuela era niña o adolescente no había escuela. La generación de su mamá pudo estudiar hasta tercer grado de primaria, pero su abuelo decía que no necesitaba ir, que bastaba con "buscarle un buen hombre".
Ana María Emeterio tuvo más posibilidades y estudió una licenciatura, tiene poco más de 30 años, lleva dos años casada y espera a su primer hijo.
En la década de los cincuenta, las niñas no la tenían fácil. Los maestros no querían a las niñas en la escuela, no les hacían caso, no les revisaban las tareas y no las tomaban en cuenta, solo se dedicaban a atender a los niños, explica Ana María Emeterio.
"Algunas mujeres me contaron que esa fue una de las razones por las que dejaron de ir a la escuela, pues muchas de ellas tenían que caminar mucho para llegar allí y sentían que su esfuerzo no era valorado, dejaron la escuela y pronto terminaron casadas".
Sus antecesoras tenían como destino casarse, tener hijos y vivir cuidando su casa.
La generación de Emeterio, compuesta por apenas 27 muchachas y muchachos, tuvo más oportunidades de ir a la escuela. Al menos cinco terminaron una carrera universitaria, fuera de la Sierra Norte de Oaxaca, todas mujeres, dice llena de orgullo. Aunque dos más se casaron terminando la secundaria y otras dos se embarazaron en ese lapso y dejaron la escuela.
Emeterio refiere que la historia de su abuela y de su madre estuvo a punto de repetirse, si no hubiera sido porque su papá le preguntó si ella quería casarse con el muchacho que había pedido su mano cuando ella apenas estaba estudiando la secundaria. 
"Le respondí enojada que ni siquiera conocía al muchacho. Mi papá se sintió tranquilo y me dijo, no te preocupes, si no quieres casarte no te vas a casar".
Con su madre la historia es distinta. Su abuelo tenía propiedades y tierras y decía que a sus hijas nada les iba a faltar y que ni siquiera era necesario que fueran a la escuela. Pero el abuelo fue asesinado por órdenes de un cacique de la región, cuando su mamá tenía 12 años.
"Apareció un hombre ante las autoridades para decir que quería casarse con mi mamá, que tenía tres años trabajando en las tierras de mi abuelo, era una especie de demanda. 
"Mi abuela respondió que sí, que trabajaba en la finca cafetalera, pero que no había ningún compromiso, que se le pagaba por su trabajo. La autoridad le dio la razón a mi abuela, pero apareció otro hombre diciendo que ya hasta le había entregado el anillo de compromiso, algo que ni siquiera se usaba en esas poblaciones asentadas en la Sierra Norte de Oaxaca. Mi abuela negó tal compromiso.
"Entonces las autoridades decidieron apresar a mi mamá, pero mi abuela dijo que sería ella la que se iría a la cárcel mientras se aclaraban las cosas, pues la niña no sabía nada. 
"Cuando finalmente la dejaron libre, unos días después, ella determina que es necesario encontrarle un marido a su hija, porque al estar 'solas' corrían peligro. Así que hicieron un trato con la familia de mi papá, que era un poco mayor.
Ana María Emeterio explica que sus padres tuvieron tiempo de conocerse, se casaron primero por la iglesia y después por lo civil, pero ella tenía apenas 12 años. Sobrevivieron 13 hijas e hijos, tres o cuatro más murieron en los primeros años de vida.
Mi madre me contó que le hubiera encantado ir a la escuela, pero su abuelo pensaba que no tenía ninguna necesidad de aprender, pues iba a heredar sus bienes.
"Para qué estudias, le dijo, solo tenemos que fijarnos en un buen hombre que te pueda mantener y pueda mantener todo lo que yo he construido". Sin embargo, con la muerte de su abuelo, la historia de su madre cambió, señala Ana María Emeterio.

Por Norma Loto
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Buenos Aires, agosto (SEMlac).- Tras seis años de espera, el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) de Argentina presentó el Plan Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, que contempla la Ley de protección integral a las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, un paso muy esperado por la sociedad y una de las grandes deudas de la gestión kirchnerista.
El plan fue elaborado por la nueva gestión del CNM que encabeza Fabiana Túñez. El acto de presentación se realizó en la Casa Rosada y estuvieron presentes el presidente Mauricio Macri, junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti, la ministra de Desarrollo. Carolina Stanley, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Este primer plan para la erradicación de la violencia contra las mujeres, dijo Túñez, trata de saldar una deuda adquirida desde la sanción de la Ley y. responde a las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el marco de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
"Quién hubiese dicho que este plan, que tanto tiempo habíamos pedido desde la sociedad civil, iba a llegar. Y que yo, después de tanto gritar con mis compañeras, iba a ser, junto con la ministra y los equipos de todos los ministerios que participaron, quien tuviera que anunciarlo", afirmó.
En tanto, la ministra Carolina Stanley resaltó en que "las mujeres teníamos una ley, pero no teníamos un plan". Y, en ese sentido, "estamos hoy saldando una deuda". Hay que remarcar que esta presentación y puesta en marcha del Plan Nacional implica cumplir con el primer punto de las demandas del ?#?NiUnaMenos.?????
Según el comunicado oficial del CNM, "la puesta en funcionamiento del Plan Nacional de Acción 2017-2019 representa un posicionamiento político que refleja una visión integral sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres y establece estrategias de acción concretas para abordarla. En este sentido, el Plan presenta un presupuesto de 750 millones de pesos (4.998.000 dólares) para el desarrollo de políticas y programas lideradas por el Consejo Nacional de las Mujeres, en articulación y coordinación con más de 50 instituciones y organismos públicos"
El CNM detalló que, para cumplir con su objetivo general, se han diseñado 69 medidas y 137 acciones, distribuidas en cinco ejes, dos de los cuales son de acción: prevención y atención integral y tres, transversales: formación, fortalecimiento institucional, monitoreo y evaluación.
También contempla acciones como la creación de una Red Nacional de Hogares de Protección Integral donde se brinda atención a mujeres en situación de violencia y sus hijos/as y la construcción de 36 nuevos hogares en todo el país; la incorporación en el currículo educativo de todos los niveles de la perspectiva de género y la prevención de la violencia, la implementación de Campañas Masivas de Concientización, promoción de derechos de las mujeres y difusión de la línea 144 especialmente diseñadas para los distintos colectivos de mujeres (adultas mayores, jóvenes, migrantes, mujeres con discapacidad, población LBTIQ, ) y el desarrollo de dispositivos de protección para mujeres (servicios digitales, app para celulares, tobilleras electrónicas).
Se puede acceder al "Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres 2017-2019" completo en:
http://www.cnm.gov.ar/Pnevm/PlanNacionalDeAccion_2017_2019Ult.pdf

De la redacción
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La Habana, julio (Especial de SEMlac).- Especialistas de diversas profesiones y activistas por la igualdad de género en Cuba coinciden en la necesidad de implementar una investigación macro sobre violencia de género, que ofrezca luces acerca del alcance y los impactos de este tipo de maltrato en la sociedad.
Ello permitiría "marcar tendencias, conocer peculiaridades territoriales, llegar a zonas de silencio, porque hay lugares donde nunca se ha hecho la más mínima investigación, donde no hay información", asegura a SEMlac la socióloga y profesora Clotilde Proveyer Cervantes, precursora de los estudios de violencia de género en el país.
Aunque Proveyer reconoce que ello marcaría solo la punta del iceberg, también considera que ofrecería "insumos para la instrumentación de acciones de intervención y prevención, y para la formulación de políticas".
Las mujeres y las niñas son mayoría entre quienes viven las consecuencias de la violencia sexista, machista o por motivo de género.
En Cuba, la investigación sobre el maltrato hacia las mujeres en las relaciones de pareja empezó a tener relevancia desde la pasada década del noventa, con predominio de estudios aislados y sobre aspectos muy puntuales.
El Instituto de Medicina Legal de La Habana, el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), el área de Investigación y Desarrollo de la Fiscalía General de la República, algunas instituciones del sistema de salud y la Universidad de La Habana fueron las instituciones que iniciaron esa labor.
Con un perfil criminológico, de las ciencias jurídicas, médicas y psicosociales, aquellos primeros estudios abordaron, sobre todo, la presencia del fenómeno en sus distintas formas, mediante estudios de caso, fundamentalmente.
Varios de esos estudios, sistematizados en 1999 por el Centro de Estudios de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), dan cuenta de que la violencia intrafamiliar en sus distintas formas era la modalidad más abordada en la pasada década de los noventa.
También arrojaron que el blanco del maltrato son, generalmente, mujeres, que en cifras insignificantes buscan ayuda institucional o denuncian al esposo.
Como causas se enumeran los celos, el alcoholismo, los problemas económicos graves, las frustraciones, el bajo nivel cultural o el machismo.
"Pero ninguna se detiene en la causa central de la que se derivan las anteriores: la violencia como una forma de ejercicio de poder masculino", ha suscrito la profesora Proveyer.
"La característica predominante de estas indagaciones es su carácter descriptivo, su alcance limitado y la dispersión en cuanto objetivos y universo de estudio", agrega la experta en un artículo científico.
De entonces a la actualidad, se han multiplicado actores, investigadores y estudios que abordan el problema, pero siguen padeciendo de visiones aisladas y fragmentadas, que no alcanzan a dar una idea general y más completa del fenómeno en Cuba.
Tampoco se conocen ni divulgan cifras que ilustren, estadísticamente, acerca del número de casos que ocurren, se denuncian, atienden o transitan por las instituciones jurídicas, penales ni de salud, asociados a la violencia machista.
Con vistas a impulsar estos estudios y las alianzas entre sus autores e instituciones, en julio de 2014 se creó la red de investigadoras e investigadores en ese tema, como parte además de las acciones del subprograma de violencia del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual (PRONESS), que coordina el Cenesex.
Sin embargo, "la información disponible para orientar acciones de prevención y atención es fragmentada e incompleta", reconoció por entonces a SEMlac la psiquiatra e investigadora Ada Alfonso.
Entre las brechas más significativas en el ámbito investigativo, Alfonso identificó el "predominio de estudios descriptivos, con muestras pequeñas, que no permiten identificar la real magnitud de la violencia en el país".
Igualmente, reconoció que suelen ser más frecuentes los estudios realizados con metodologías cualitativas, que si bien profundizan en el objeto de estudio, no permiten su generalización.
A juicio de la socióloga Magela Romero Almodóvar, existen varios motivos para plantear con urgencia una investigación más abarcadora.
De una parte, "ofrecería datos sobre el impacto de esta problemática en el país", apuntó a SEMlac, lo que "ayudaría no solamente a particularizar el trabajo en función de nuestro contexto, sino también al proceso de sensibilización de decisores y del personal que forma parte del sistema de prevención y atención".
De otra, "brindaría pistas en relación con los tipos de violencia que prevalecen, así como acerca de las variables sociodemográficas que inciden en este hecho", agregó.
En opinión de la profesora de la Universidad de La Habana, ese estudio permitiría valorar, además, la incidencia que aún tiene la cultura patriarcal en las percepciones y prácticas relacionadas con esta problemática social.
Pero un empeño de ese tipo precisa también de la voluntad y la participación del Estado, al decir de la psicóloga Mareelén Díaz Tenorio.
"La investigación científica en Cuba, sobre todo para investigaciones macro, no es un asunto individual, sino estatal, regido por el sistema nacional que regula la investigación científica del país", aclaró Díaz Tenorio en entrevista con SEMlac.
"Implica no solo recursos financieros, profesionales capacitados, sino también voluntad política", precisó la coordinadora del Programa de Equidad del Centro de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero (OAR). 
Además de "visibilizar la violencia de género como un problema que tiene y debe enfrentar la sociedad cubana", Díaz Tenorio cree que una investigación macro puede servir a tomadores de decisiones que necesitan cifras, así como análisis cualitativos que identifiquen particularidades del contexto y orienten la prevención.
"Si hay investigación macro, es señal de visibilización o reconocimiento del problema, lo cual es el primer paso para identificar su alcance real y transitar los complejos caminos de la prevención", sostiene.
Aunque Proveyer, Romero y Díaz Tenorio coinciden en el valor de continuar desarrollando estudios cualitativos y de casos, apuestan porque no falten determinados ingredientes en una investigación macro sobre el tema.
Entre los ingredientes que ese estudio debe tener, incluyen una sólida fundamentación teórica, imprescindible, según Proveyer, en la violencia de género, especialmente la que se ejerce contra la mujer.
"Hay que conocer, desde el punto de vista teórico, lo que hace peculiar el objeto de estudio de la violencia de género, porque se trata de un problema muy controversial en el ámbito del imaginario social, precisamente por su naturalización", sostiene.
"Si no conoces con profundidad cómo se reproduce, los mecanismos que la generan, cuáles son sus peculiaridades, no puedes hacer una investigación que no esté sesgada", agrega. 
Otros puntos marcados por las entrevistadas apuntan a la participación y discusión con expertos o especialistas en la materia, a entender y concebir la investigación dirigida a la transformación social.
Díaz Tenorio añade que cualquier estudio, más aún la violencia de género, por sus consecuencias para la salud y los derechos humanos, requiere preparación y subjetividad sensible a los problemas de género de quien investiga; compromiso político y utilización en la práctica de los resultados."Investigaciones mal concebidas pueden perpetuar mitos y reproducir la violencia", resume la psicóloga.

Por Mercedes Alonso 
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Santo Domingo, julio (SEMlac).- Representantes de organizaciones feministas dominicanas protestaron el viernes 22 frente al Palacio Nacional para demandar a los poderes del Estado, representados allí, que garanticen los derechos de las mujeres, violentados por la aprobación del nuevo Código Penal en la Cámara Baja, que penaliza la interrupción del embarazo.
SEMlac entrevistó a un grupo de participantes en la protesta, entre ellas Cintia Velásquez, de la directiva de Colectiva Mujer y Salud, quien significó que no se detendrán en las luchas que durante décadas han sostenido las mujeres dominicanas.
"Los derechos no están para negociaciones, sino que el Estado tiene que garantizarlos, por lo que le exigiremos al Senado que corrija esta medida tan inhumana y al presidente Danilo Medina que se manifieste en el mismo sentido que lo hizo en 2014, porque ese era un derecho ya ganado", indicó.
Velásquez recordó que el mandatario observó entonces "que el aborto estaba despenalizado en su tres causales, o sea, que se interrumpiera el embarazo en caso de violación, incesto o malformación congénita. Nosotras apelamos a la conciencia política y responsabilidad ciudadana, para que cada legislador e integrante del gobierno actúe en apego a los más altos estándares de reconocimiento de derechos humanos y no a criterios personales", enfatizó.
Otra de las voces que se alzó en este día frente a la Casa de Gobierno fue la de Lourdes Contreras, coordinadora general del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo:
"Llamamos a los legisladores y al Presidente de la República, Danilo Medina, a asumir responsablemente su compromiso con la vida y salud de las mujeres. En este país las estructuras del sistema político están marcadas por las fuerzas organizadas de los partidos y ellos son los actores y responsables de todo cuanto ocurre en ese sentido", dijo a SEMlac.
Contreras subrayó "el retroceso y, en definitiva, la traición del partido gobernante, porque su líder principal, el presidente Medina, fue quien envió hace dos años un mensaje al propio Congreso y a la sociedad para que se cumplieran las tres causales".
Resaltó la activista feminista que la penalización del aborto, más que disminuir su práctica, "empuja a las mujeres a la clandestinidad y las expone a potenciales complicaciones médicas que conllevan a una muerte segura", acentuó.
¿Quién legisla por las mujeres aquí?
Desde Santiago de los Caballeros, segunda mayor ciudad del país, arribó desde horas tempranas de la mañana del pasado viernes un grupo de mujeres convocadas en este sentimiento común de indignación y rechazo a lo que significa "un verdadero retroceso, de todo lo que se había logrado a favor de nosotras".
"Todo se fue por la borda; porque, definitivamente, las mujeres no tenemos aquí quien legisle a nuestro favor", denunció airada Manuela Vargas, del Núcleo de Apoyo a la Mujer en Santiago.
Junto a Vargas, dos jóvenes madres de apenas 18 y 21 años, respectivamente, las hermanas Eloisa Lucero Sánchez y Carolina Sánchez, con sus pequeños hijos en brazos y la segunda en estado de gestación, confesaron a esta corresponsal sentirse desprotegidas y abandonadas "por un sistema que no nos tiene en cuenta".
"Fíjese que en el caso nuestro, somos de los campos, donde a veces no sabemos ni cómo protegernos para no tener tantos muchachos, y si algo anda mal y queremos abortar ¿a dónde vamos?, ¿a quién llamamos? Estamos aquí para protestar, porque las más pobres somos las más perjudicadas", revelaron.
Esta manifestación contó con la presencia de la Colectiva Mujer y Salud; Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf); Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem); Instituto de Género Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Women's Link Worldwide (WLW); Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana (Mudha); Confederación Nacional de la Mujer del Campo (Conamuca) y el Foro Feminista Magaly Pineda.
En el comunicado emitido por el Foro Feminista que integra estas organizaciones se califica de retroceso brutal para el país la aprobación por la Cámara de Diputados, en tan solo un par de horas, de este Código que deja a la zaga el del 2014 y condena a muerte a miles de mujeres vulnerables en el país.
El nuevo Código Penal castiga con penas de dos a cuatro años de prisión a las mujeres y hasta 10 años cuando se trata de personal de la salud.
"Responsabilizamos a funcionarios de todos los partidos políticos de las nefastas consecuencias para la salud sexual y reproductiva de las mujeres tras la implementación de este Código", puntualiza.
Apoyo internacional
Las organizaciones Amnistía Internacional (AI), y Oxfam emitieron, a su vez, una nota de prensa, en la que critican que la República Dominicana mantenga la criminalización del aborto en casos de violación o malformación incompatible con la vida en su nuevo Código Penal, aprobado por los diputados.
"Con esta decisión, no solo le da la espalda a miles de mujeres, sino que las continúa tratando como criminales por ejercer derechos que les son básicos", expresó la directora adjunta de Campañas de Amnistía Internacional, Juliana Cano Nieto.
En tanto, el director de Oxfam en el país, Raúl del Río, afirmó que "constituye una medida violatoria de derechos humanos de las mujeres, que va a afectar desproporcionadamente a aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza2.
"Su eliminación es contraria a las obligaciones de derechos humanos del Estado y mandan un claro mensaje de contradicción con las aspiraciones de asumir políticas públicas para reducir la mortalidad materna y alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, así como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12)", plantea el documento que SEMlac reseña para sus lectores.
Amplía el texto que "los consensos internacionales indican que las medidas con mayor efectividad para reducir la mortalidad materna pasan por establecer disposiciones legales que respeten la decisión de las mujeres, que exista el acceso a anticonceptivos y se facilite una educación sexual integral".
Oxfam y Amnistía Internacional instan a las autoridades dominicanas a garantizar el ejercicio de la maternidad segura y elegida como un derecho humano que debe ser garantizado con disposiciones legales libres de discriminación.
"Obligar a una mujer, a una niña o adolescente a mantener un embarazo producto de una violación sexual o llevarlo a término cuando existe constancia de la inviabilidad fuera del útero de la mujer, constituye un acto cruel, inhumano y degradante, según ha sido considerado el Comité de Derechos Humanos de la ONU a través de su jurisprudencia", concluyen.

Recuadro I
La República Dominicana es uno de los países latinoamericanos con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100.000 nacimientos, mientras que el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 2013.
Recuadro II
La nación dominicana continúa como uno de los últimos cinco países en el mundo que aún posee una restricción total sobre el aborto.

Por Alba Trejo
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Guatemala, julio (SEMlac).- Si hay un lugar donde los niños y las niñas viven inseguros en Guatemala es su hogar. Golpes, maltratos y abusos sexuales forman parte de esa larga lista de denuncias que a diario recibe el Ministerio Público de este país.
A eso se agrega el reporte del Instituto de Ciencias Forenses (INACIF), según el cual en 2015 al menos 1.194 menores asistieron a sus clínicas para ser evaluados física y sicológicamente. 
Manos quemadas, brazos rotos, ojos morados, cabezas sin pelo y caritas marcadas, ese es el panorama desolador de la niñez en este país en donde, según dijo a SEMlac Leonel Dubón, director del hogar Refugio para la Niñez, se les trata como ciudadanos de tercera categoría.
Para muestra, la Secretaria General de Planificación (SEGEPLAN) detalla que siete de cada 10 infantes sufre de algún tipo de maltrato como resultado de la violencia intrafamiliar imperante.
En el documento denominado Política Pública de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, destaca que la falta de afecto y los golpes son causantes también de tener niños y niñas alcohólicos y consumidores de droga.
Un estudio hecho por la Comisión Nacional Contra el Maltrato Infantil (CONACMI) destacó que, en los casos de maltrato infantil, el escenario es el hogar.
El principal es el maltrato físico, seguido del maltrato por negligencia, el abuso sexual y el maltrato emocional.
La fiscal de la niñez, Rosa Delia Pérez Gudiel, informó a SEMlac que la fiscalía tiene alrededor de 10.000 expedientes de niñas y niños maltratados, y que el 80 por ciento ocurre dentro de las cuatro paredes de su casa y por cualquier miembro de la familia. El otro 20 por ciento, en la escuela o por un vecino. 
Edades no hay en particular, la fiscal recuerda a la niña de cinco años cuya madrastra le quemó las manos en la estufa, y tras la acción la encerró en un cuarto todo el día, sin comida y con los labios lastimados porque le había dado a beber cloro.
Cintos, planchas de hierro, cables de luz, palos e incluso cadenas marcan a la niñez guatemalteca para siempre, indicó la fiscal a SEMlac.
Tal es el caso de un pequeño de siete años a quien su padre golpeó con un cable de luz 30 veces porque voto el celular de la maestra por accidente y el hombre tuvo que pagarlo.
El juez afirmó que el niño estuvo a punto de morir porque los golpes provocaron graves fiebres en su cuerpo y las lesiones eran profundas.
Dubón, de Refugio para la niñez, comentó a esta agencia que las cifras de maltrato y violencia sexual son una señal de alerta de los pocos avances en materia de protección hacia este sector, es un indicador que las cosas no van bien y que pueden empeorar si no se pone la atención debida a cada caso.
"Hoy por hoy la familia es la mayor agresora de la niñez guatemalteca y el 92 por ciento de violaciones sexuales que se denuncia ocurren dentro de casa", destacó Dubón.
Para el activista de derechos humanos, tristemente son ciudadanos de tercera categoría, no importan para nadie, ni para el Estado.
La violencia intrafamiliar es una de las causantes principales por la que niñez se incorpora a las pandillas.
SEGEPLAN estima que en este país existen más de 500 grupos de maras (pandillas juveniles), solamente en la ciudad capital hay más de 100 de ellas que incorporan a unos 10.000 adolescentes.
Las maras son protagonistas de diversos hechos delictivos y, a la vez, víctimas de abusos de los cuerpos policiales y del crimen organizado.
En 2002 fueron asesinados 635 adolescentes y, según datos de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 200.000 adolescentes viven en zonas urbanas en riesgo de ser captados por redes delictivas.
Yolanda Sandoval, fiscal de la niñez en conflicto con la ley, destacó a SEMlac que los menores de edad se convierten en delincuentes porque en sus hogares hay violencia contra ellos y a raíz de eso también se deriva la desintegración familiar.
La fiscalía conoce procesos contra menores de 13 años a 18 años de edad que han cometido los delitos de robo, extorsión, homicidio y asesinato y son más niños que niñas quienes están procesados.
Tratar de reducir los delitos de impunidad no soluciona problemas de fondo, Dubón señaló que hoy no se encuentran mayores factores de protección, se perdió el sistema primario que es la familia, la iglesia y la escuela para proteger a la niñez.
World Visión Guatemala realizó una investigación en 25 municipios en 2015 y niños, niñas y adolescentes identificaron que entre los principales problemas que viven, la violencia intrafamiliar, abuso sexual, violencia a causa del uso de drogas y alcohol.
La violencia intrafamiliar es más recurrente en familias ladinas (no indígenas) y nueve de cada 10 agresores son hombres, destaca la investigación. Los tipos de violencia con mayor frecuencia son la física y psicológica, y los departamentos con mayor incidencia, Guatemala, Alta Verapaz y Suchitepéquez, reveló la investigación.
Magda Medina, de UNICEF, señaló que a diario el Ministerio Público recibe 21 denuncias de maltrato infantil y 19 por violencia sexual contra menores de edad. Guatemala se posiciona como una de las naciones con mayor índice de violencia contra la niñez, indicó.

Por Alba Trejo
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Guatemala, julio (SEMlac).- Si hay un lugar donde los niños y las niñas viven inseguros en Guatemala es su hogar. Golpes, maltratos y abusos sexuales forman parte de esa larga lista de denuncias que a diario recibe el Ministerio Público de este país.
A eso se agrega el reporte del Instituto de Ciencias Forenses (INACIF), según el cual en 2015 al menos 1.194 menores asistieron a sus clínicas para ser evaluados física y sicológicamente. 
Manos quemadas, brazos rotos, ojos morados, cabezas sin pelo y caritas marcadas, ese es el panorama desolador de la niñez en este país en donde, según dijo a SEMlac Leonel Dubón, director del hogar Refugio para la Niñez, se les trata como ciudadanos de tercera categoría.
Para muestra, la Secretaria General de Planificación (SEGEPLAN) detalla que siete de cada 10 infantes sufre de algún tipo de maltrato como resultado de la violencia intrafamiliar imperante.
En el documento denominado Política Pública de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, destaca que la falta de afecto y los golpes son causantes también de tener niños y niñas alcohólicos y consumidores de droga.
Un estudio hecho por la Comisión Nacional Contra el Maltrato Infantil (CONACMI) destacó que, en los casos de maltrato infantil, el escenario es el hogar.
El principal es el maltrato físico, seguido del maltrato por negligencia, el abuso sexual y el maltrato emocional.
La fiscal de la niñez, Rosa Delia Pérez Gudiel, informó a SEMlac que la fiscalía tiene alrededor de 10.000 expedientes de niñas y niños maltratados, y que el 80 por ciento ocurre dentro de las cuatro paredes de su casa y por cualquier miembro de la familia. El otro 20 por ciento, en la escuela o por un vecino. 
Edades no hay en particular, la fiscal recuerda a la niña de cinco años cuya madrastra le quemó las manos en la estufa, y tras la acción la encerró en un cuarto todo el día, sin comida y con los labios lastimados porque le había dado a beber cloro.
Cintos, planchas de hierro, cables de luz, palos e incluso cadenas marcan a la niñez guatemalteca para siempre, indicó la fiscal a SEMlac.
Tal es el caso de un pequeño de siete años a quien su padre golpeó con un cable de luz 30 veces porque voto el celular de la maestra por accidente y el hombre tuvo que pagarlo.
El juez afirmó que el niño estuvo a punto de morir porque los golpes provocaron graves fiebres en su cuerpo y las lesiones eran profundas.
Dubón, de Refugio para la niñez, comentó a esta agencia que las cifras de maltrato y violencia sexual son una señal de alerta de los pocos avances en materia de protección hacia este sector, es un indicador que las cosas no van bien y que pueden empeorar si no se pone la atención debida a cada caso.
"Hoy por hoy la familia es la mayor agresora de la niñez guatemalteca y el 92 por ciento de violaciones sexuales que se denuncia ocurren dentro de casa", destacó Dubón.
Para el activista de derechos humanos, tristemente son ciudadanos de tercera categoría, no importan para nadie, ni para el Estado.
La violencia intrafamiliar es una de las causantes principales por la que niñez se incorpora a las pandillas.
SEGEPLAN estima que en este país existen más de 500 grupos de maras (pandillas juveniles), solamente en la ciudad capital hay más de 100 de ellas que incorporan a unos 10.000 adolescentes.
Las maras son protagonistas de diversos hechos delictivos y, a la vez, víctimas de abusos de los cuerpos policiales y del crimen organizado.
En 2002 fueron asesinados 635 adolescentes y, según datos de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 200.000 adolescentes viven en zonas urbanas en riesgo de ser captados por redes delictivas.
Yolanda Sandoval, fiscal de la niñez en conflicto con la ley, destacó a SEMlac que los menores de edad se convierten en delincuentes porque en sus hogares hay violencia contra ellos y a raíz de eso también se deriva la desintegración familiar.
La fiscalía conoce procesos contra menores de 13 años a 18 años de edad que han cometido los delitos de robo, extorsión, homicidio y asesinato y son más niños que niñas quienes están procesados.
Tratar de reducir los delitos de impunidad no soluciona problemas de fondo, Dubón señaló que hoy no se encuentran mayores factores de protección, se perdió el sistema primario que es la familia, la iglesia y la escuela para proteger a la niñez.
World Visión Guatemala realizó una investigación en 25 municipios en 2015 y niños, niñas y adolescentes identificaron que entre los principales problemas que viven, la violencia intrafamiliar, abuso sexual, violencia a causa del uso de drogas y alcohol.
La violencia intrafamiliar es más recurrente en familias ladinas (no indígenas) y nueve de cada 10 agresores son hombres, destaca la investigación. Los tipos de violencia con mayor frecuencia son la física y psicológica, y los departamentos con mayor incidencia, Guatemala, Alta Verapaz y Suchitepéquez, reveló la investigación.
Magda Medina, de UNICEF, señaló que a diario el Ministerio Público recibe 21 denuncias de maltrato infantil y 19 por violencia sexual contra menores de edad. Guatemala se posiciona como una de las naciones con mayor índice de violencia contra la niñez, indicó.

Por Gabriela Ramírez
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México, julio (SEMlac).- El matrimonio representa para las niñas una forma de escapar de la violencia en sus hogares y para las familias, la vía para "reparar el honor" en caso de un embarazo a temprana edad.
En México el matrimonio infantil es una práctica común. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, en 23 de las 32 entidades al menos una de cada cinco mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir 18 años de edad.
Este fenómeno no es exclusivo de zonas rurales o poblaciones indígenas, pero está asociado a condiciones económicas y educativas.
De acuerdo con un informe publicado en 2012 por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPFA) "Marryingtoo Young. EndChildMarriage", en el que se presenta la prevalencia y tendencias del problema en países en desarrollo, México tiene una tasa de matrimonio de menores de edad de 22,9 por ciento, que si bien está por debajo del nivel crítico de 30 por ciento, es de las más altas de América Latina (sin incluir el Caribe), solo superada por Honduras, Guatemala, Brasil y Colombia.
El panorama nacional
Según datos de la ENADID 2014, Chiapas es la entidad que ocupa el primer lugar en matrimonio infantil: 8,4 por ciento de matrimonios en menores de 15 años y 30,4 por ciento en menores de 18 años. En esta región se rebasa el nivel crítico de 30 por ciento destacado por UNFPA.
Durango, Campeche y Tabasco se encuentran entre las entidades con más casos de matrimonio antes de los 15 años, mientras que Nayarit, Zacatecas y Chihuahua están entre las primeras en matrimonio en menores de edad, pero no entre las de menores de 15 años.
Once entidades federativas presentan las tasas de matrimonio infantil más altas en mujeres urbanas (entre 20 y 25 por ciento), destacan Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán y Nuevo León.
En el caso de las mujeres rurales, únicamente en dos entidades no se rebasa el nivel de 20 por ciento, pero se ubican muy cerca de este nivel: Baja California Sur y Aguascalientes presentan tasas de 19 y 18 por ciento, respectivamente.
En Chihuahua, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, cerca o más de la mitad de las mujeres con educación primaria entraron en unión conyugal antes de cumplir 18 años, alcanzando hasta 62 por ciento en las dos primeras.
Respecto a la situación de las mujeres indígenas, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán no se observan diferencias significativas en las tasas de matrimonio infantil entre las que hablan o no lenguas indígenas.
Sin embargo, en Veracruz, la proporción de jóvenes hablantes de lengua indígena que se unieron antes de los 18 años es más del doble que las no hablantes: 56 por ciento contra 24.
En Chiapas y Oaxaca, las entidades con mayor porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años hablantes de lengua indígena, la diferencia entre las hablantes y no hablantes en la proporción de unidas antes de los 18 años es de al menos 10 puntos porcentuales: 40 por ciento contra 27 y 33 contra 22, respectivamente.
Cuestión de desigualdad de género
Según ONU Mujeres México, el matrimonio infantil es un fenómeno predominantemente femenino, resultado de una clara diferenciación de género.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, 3,9 por ciento de los varones de 20 a 24 años de edad se unió conyugalmente antes de cumplir la mayoría de edad, mientras en las mujeres la cifra es de 17,3 por ciento.
Éste hecho permite dar cuenta de que las mujeres menores se han unido con varones considerablemente mayores que ellas.
Datos de la ENADID 2014, señalan que 21,5 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años de edad se unieron antes de cumplir la mayoría de edad, mientras 3,8 por ciento, antes de los 15 años.
El 14 por ciento de las niñas que se unieron antes de los 15 años, solo contaba con estudios de primaria, mientras que en aquellas que aprobaron al menos un año de secundaria, esta cifra se dedujo a la mitad.
La legislación
Recientemente en la Ciudad de México se puso en marcha una reforma al Código Civil para eliminar el matrimonio infantil.
En el ámbito nacional, el 30 de abril de 2015 la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Civil Federal, que instituyen la edad de 18 años como mínima para contraer matrimonio en México tanto en varones como en mujeres.
En 25 entidades, los Códigos Civiles no establecen una edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, o bien permiten dispensas para que menores puedan unirse con el consentimiento de padres o tutores.
Seis entidades, y ahora la Ciudad de México, no permiten el matrimonio infantil.
Organizaciones civiles han exigido a las autoridades que armonicen los códigos civiles estatales. El Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche ha impulsado en Change.org una petición para que los gobiernos de los Estados, las Comisiones de Igualdad de los Congresos locales y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos incorporen en sus códigos civiles la prohibición explícita de la dispensa que permita el matrimonio infantil y que armonicen las leyes secundarias.
Hasta el momento la petición ya ha alcanzado más de 23.000 firmas.
Los valores tradicionales
El matrimonio representa para muchas niñas una forma de evadir la violencia que viven en sus casas, pero sigue siendo un valor importante en la sociedad actual.
Cinthya, nombre ficticio de una mujer cuya identidad no ha querido revelar, es originaria de la Ciudad de México. Antes de cumplir los 14 años se fue con su novio, un hombre que entonces tenía 28 años.
La razón de la huida, más allá del amor, del romance y por supuesto de una conciencia plena del paso que estaba a punto de concretar, fue huir de la violencia en su casa, donde compartía el techo con siete hermanos.
Luego de escapar con el novio hacia Hidalgo y desatar la furia de su familia, Cinthya accedió a casarse por presión de su suegra, por la iglesia, por el civil y con vestido blanco, así quedó limpio el honor de la familia y, claro, el de la novia.
"El matrimonio es el vehículo para restaurar el orden y el honor de la familia y de la mujer, no sé si es la mejor alternativa, yo creo que en lugar de eso las niñas merecen más atención y tener más y mejor información", relata esta mujer que al paso de los años ha conseguido un importante puesto político en la ciudad.
Lo que estaba por venir era algo que no había imaginado. No tenía idea de lo que sucedería en "la noche de bodas", de lo que era el sexo y, por supuesto, de las responsabilidades que le trajo el estar casada.
Así, sin saber, llegaron dos hijos, con ellos más responsabilidades y la obligación de trabajar para mantenerlos. Incursionar en TupperWare le hizo adquirir una serie de herramientas que la llevaron al mundo de las organizaciones sociales y, posteriormente, a la política.
El matrimonio no fue para siempre. Cinthya se divorció y años después encontró una pareja con la que conoció "un amor diferente".
"En mi primer matrimonio no supe nunca lo que era el amor, es más ni siquiera disfrutaba, ni sabía que podía disfrutarse el sexo, eso lo descubrí ya mucho más grande".
Cinthya atribuye este hecho en su vida a la falta de atención de los padres. Es de las pocas mujeres que han podido romper el ciclo de una vida con pocos recursos y con oportunidades limitadas. La mayoría no logra y sus descendientes replican los patrones.
"Las niñas necesitan atención, necesitan información y, sobre todo, saber que pueden construir un futuro, que no todo consiste en tener un matrimonio" concluye.

Por Mercedes Alonso
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Santo Domingo, julio, (Especial de SEMlac).- La violación y asesinato de una niña de cinco años por tres menores de edad, vecinos todos de la comunidad de Villa Faro, al este de esta capital, puso sobre la mesa los debates de un tema que, desde hace mucho tiempo, prima en la sociedad dominicana, acerca de la retroversión de valores y la escasa responsabilidad social y familiar en la educación y cuidado de niñas, niños y adolescentes.
Familiares de la víctima han exigido justicia y, tras sepultar sus restos el pasado lunes, reclamaron a las autoridades que el hecho no quedara impune y que fueran juzgados los tres menores, quienes cuentan con 10, 13 y 16 años, como si fueran mayores de edad, debido a la crueldad y alevosía del hecho.
El cuerpo de la pequeña fue encontrado horas después de su desaparición, dentro de una funda plástica, atado de pies, manos y cuello en una casa próxima a su residencia. Los tres menores se encuentran detenidos, según parte de prensa de la Policía, que informó que fueron remitidos al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes para los fines correspondientes.
En los momentos en que se redactaban estas líneas, SEMlac supo que el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescente de la provincia de Santo Domingo impuso a los adolescentes de 13 y 16 años, 30 días como medida cautelar y fueron enviados a un centro de corrección para menores; en tanto que el tercero, por contar solo 10 años, fue puesto bajo supervisión, ya que no puede ser procesado, según la ley 136-03.
Ley y desprotección
La ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes plantea la responsabilidad de las autoridades cuando los menores no son atendidos correctamente, a la vez que establece en el artículo 69 que el padre y la madre son responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos.
El Estado debe garantizar ese derecho a la vida mediante políticas públicas dirigidas a asegurar la sobrevivencia, la salud y su desarrollo integral.
Pero, para nadie es noticia que la niñez dominicana se halla desprotegida y que una parte no recibe los cuidados y garantías en su integridad física y emocional como está establecido en cualquier Estado de derecho.
De los abusos sexuales a los que son sometidos se habla a diario en la prensa nacional; de pequeños que fallecen en condiciones que evidencian su vulnerabilidad y poca presencia de personas responsables de su seguridad.
En las calles y avenidas, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, se encuentran menores que trabajan hasta en las noches, en limpieza de vidrios de los vehículos o vendiendo "chucherías" y disímiles artículos.
También se les ve en grandes bodegas, donde compran cigarrillos y bebidas alcohólicas; o en la peligrosa soledad de su hogar, mientras la madre, el padre, o ambos trabajan; a veces bajo la tutela de parientes o vecinos, cuyo nulo cuidado facilita que mueran ahogados en cisternas, cubetas o canales de riego; calcinados, asfixiados dentro de vehículos por olvido de los mayores, o intoxicados con alcohol.
Testigos presenciales
Imposible valorar la situación de delincuencia infantil que enfrenta la nación, sin tener en cuenta el infierno que viven las mujeres en República Dominicana, donde en los últimos cuatro años 24.714 han sido violadas sexualmente por familiares, parejas, amigos, relacionados y desconocidos, según informe de la Procuraduría General de la República consultado por SEMlac, lo que representa la tercera causa de violencia contra la mujer en el país.
Muchas de las actuaciones antes mencionadas suceden frente a hijos e hijas, al igual que los feminicidios, que ya alcanzan la cifra de 58 mujeres muertas a manos de sus actuales o exparejas, y tras cuyas ausencias han dejado a 264 niños huérfanos a causa de la violencia machista, mientras que poco más de la mitad perdió también al padre, ya sea porque se suicidó tras cometer el crimen o porque cumple condena en la cárcel, según datos que figuran en las estadísticas de la Procuraduría General de la República, consultados por esta agencia.
En 2015, la Procuraduría recibió 6.741 denuncias por delitos sexuales, 2.642 de ellos catalogados como agresiones sexuales y 1.275 como violaciones.
Lourdes Contreras, encargada de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), subraya la necesidad de educar en la escuela y la sociedad para que puedan detectar cuando un niño, joven o adolescente están siendo abusados o expresan traumas como consecuencia de presenciar este tipo de violencia en su hogar.
Desde hace años, se debate en el país el posible recrudecimiento de las penas a menores que delinquen. 
El presidente de la Pastoral Juvenil, Luis Rosario, entiende que el problema de la delincuencia en la República Dominicana no es pedir que se revise el Código del Menor para aumentar las sanciones, "sino abogar para que los padres inculquen a hijos e hijas los valores que se rigen en una sociedad, ofertar una buena educación y que las autoridades se preocupen por dar facilidades de cursos educativos e insertarlos en el mercado laboral".
Rosario dijo en un desayuno conferencia, ante los periodistas presentes el pasado 27 de marzo, que "las autoridades no deben caer en el gancho de aumentar las sanciones a los menores que cometan delitos, sino que deben darles oportunidades de estudiar, aprender cultura general, y pedir más responsabilidad de los padres hacia sus hijos, entre otros puntos".
El presidente de la Pastoral reiteró ante el Gobierno lo que significa una verdad irrevocable, en cuanto a no modificar el Código del Menor, sino multiplicar las oportunidades en el entorno de esos adolescentes, a fin de alejarlos de actitudes negativas.
Desde que van a nacer…
República Dominicana es el tercer país de América Latina con mayor índice de mortandad infantil, según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), publicado en su página Web. 
Conforme el estudio, en el país mueren, cada día, 13 niños y niñas antes de los 28 días de nacidos y otros 7.000 anualmente antes de haber cumplido cinco años de edad.
El documento establece que la posibilidad de morir a esa edad de un infante pobre es el doble que la de un rico, e indica que 323.000 menores dominicanos son víctimas de trabajo infantil y seis de cada 10 sufren castigo físico o psicológico.
A ello se añade que 27 por ciento está fuera de la escuela secundaria; 175.300 que no alcanzan los cinco años no están declarados; 21,2 por ciento de niñas con edades entre 15 y 19 años han estado embarazadas; 20.558 con menos de 15 años ha tenido un hijo y el 11,7 por ciento ya se ha casado o unido antes de cumplir los 15 años.
El atroz crimen cometido contra la pequeña con la cual iniciamos estas líneas se integra al fenómeno de la violencia contra la mujer en República Dominicana, y resulta imprescindible un enfoque integral, que abarque el interior de las familias y vislumbre los problemas que afectan, socialmente, a un porcentaje elevado de niñas, niños y adolescentes, insisten especialistas.
Por su prevalencia y secuelas, la violencia ha sido considerada como un problema de alto interés en la defensa de los derechos humanos. 
Un gran responsabilidad recae en instituciones y ministerios, sobre todo el de Educación, el cual debe concluir el proceso de consultas con especialistas nacionales e internacionales sobre las mejores prácticas de la enseñanza de la educación integral de la sexualidad en las escuelas públicas, proceso que lleva más de dos años en curso.
Se precisan mejores prácticas en la enseñanza de la educación integral de la sexualidad en las aulas y programas que orienten desde temprana edad y beneficien a estudiantes, familias y la sociedad dominicana en su conjunto.
También, que la Comisión Especial del Senado de la República, que estudia el proyecto de ley de paternidad responsable, establezca de una vez que las madres solteras, que son más del 80 por ciento, logren a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y obligatorio el registro del padre de sus hijas o hijos en sus actas de nacimientos y, por consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones de manutención, asistencia y protección; o, en su defecto, que puedan ser demandados judicialmente, lo cual hoy no ocurre, tal y como plantea el documento.
"La lucha contra la violencia a niños, niñas y adolescentes es un gran desafío para la sociedad, porque se trata de un fenómeno complejo y de difícil manejo que subyace en hábitos culturales arraigados en patrones de crianza, donde la permisividad y la tolerancia en el uso de la violencia física y emocional son los métodos de disciplina más recurrentes", afirmó Alberto Padilla, encargado del departamento de Políticas, Normas y Reglamentos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en entrevista publicada en el diario Hoy, el pasado 29 de febrero.


De la Redacción
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México, julio (SEMlac).- El 60 por ciento de los acosos denunciados utilizando el hashtag#MiPrimerAcoso, se registró cuando la víctima tenía entre seis y 10 años de edad.
Al participar como ponente en el conversatorio "Invirtiendo en la niña adolescente", la directora del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES), Erika Velázquez Gutiérrez, señaló que esa estadística es resultado de los 79.000 tweets que redactaron personas reales narrando "el primer acoso", a raíz de la marcha nacional convocada para denunciar la violencia de género el pasado 24 de abril.
La funcionaria sostuvo que con ese resultado debe tomarse muy en serio el problema de la violencia sexual contra las niñas y adolescentes en México, vigente en la sociedad a más de 20 años de la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, China.
Velázquez Gutiérrez ejemplificó que no suele alentarse a las niñas a seguir estudios científicos o tecnológicos, ni se les da oportunidad de hacerlo, con lo que se las priva de los conocimientos que necesitan para su vida cotidiana y para hallar oportunidades de empleo.
Ante ello, la Plataforma plantea elaborar y aprobar programas de estudios, material didáctico y libros de texto que mejoren el concepto de sí misma de la niña, su vida y sus oportunidades de trabajo, especialmente en áreas en que la mujer ha estado tradicionalmente menos representada, como las matemáticas, la ciencia y la tecnología
En el conversatorio, realizado con motivo del Día Mundial de la Población, la titular del IMES habló sobre el diagnóstico, retos y compromisos que ya planteaba, hace más de 20 años, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en torno a "la niña" y dijo que hay nuevos retos.
Entre ellos la necesidad de hacer "énfasis en el grave problema de trata de personas y los delitos cibernéticos con los que enganchan a las víctimas o con los que son agredidas sexualmente", señaló.
Otro gran reto para las niñas es el embarazo adolescente y los matrimonios o uniones tempranas, que ilustró con los datos del Instituto Nacional de las Mujeres: de cada 10 embarazos en que la madre es adolescente, solo en uno el padre es adolescente, es decir, 90 por ciento de los casos son adultos embarazando niñas o adolescentes.
Argumentó que, frente a esta problemática, urge y es fundamental la educación sexual y la enseñanza para la apropiación del cuerpo y de sus ciclos que promuevan entre otros, una menstruación consciente con el acceso a mecanismos sanos, ecológicos y disponibles en todo momento.
La funcionaria del IMES habló del papel fundamental que tienen los medios de comunicación y la necesidad de eliminar el sexismo y los estereotipos de género desde la publicidad de juegos y juguetes hasta el contenido de programas infantiles y familiares.

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