Violencia de género

Violencia de género (423)

Por Alba Trejo
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Guatemala, julio (SEMlac).- Si hay un lugar donde los niños y las niñas viven inseguros en Guatemala es su hogar. Golpes, maltratos y abusos sexuales forman parte de esa larga lista de denuncias que a diario recibe el Ministerio Público de este país.
A eso se agrega el reporte del Instituto de Ciencias Forenses (INACIF), según el cual en 2015 al menos 1.194 menores asistieron a sus clínicas para ser evaluados física y sicológicamente. 
Manos quemadas, brazos rotos, ojos morados, cabezas sin pelo y caritas marcadas, ese es el panorama desolador de la niñez en este país en donde, según dijo a SEMlac Leonel Dubón, director del hogar Refugio para la Niñez, se les trata como ciudadanos de tercera categoría.
Para muestra, la Secretaria General de Planificación (SEGEPLAN) detalla que siete de cada 10 infantes sufre de algún tipo de maltrato como resultado de la violencia intrafamiliar imperante.
En el documento denominado Política Pública de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, destaca que la falta de afecto y los golpes son causantes también de tener niños y niñas alcohólicos y consumidores de droga.
Un estudio hecho por la Comisión Nacional Contra el Maltrato Infantil (CONACMI) destacó que, en los casos de maltrato infantil, el escenario es el hogar.
El principal es el maltrato físico, seguido del maltrato por negligencia, el abuso sexual y el maltrato emocional.
La fiscal de la niñez, Rosa Delia Pérez Gudiel, informó a SEMlac que la fiscalía tiene alrededor de 10.000 expedientes de niñas y niños maltratados, y que el 80 por ciento ocurre dentro de las cuatro paredes de su casa y por cualquier miembro de la familia. El otro 20 por ciento, en la escuela o por un vecino. 
Edades no hay en particular, la fiscal recuerda a la niña de cinco años cuya madrastra le quemó las manos en la estufa, y tras la acción la encerró en un cuarto todo el día, sin comida y con los labios lastimados porque le había dado a beber cloro.
Cintos, planchas de hierro, cables de luz, palos e incluso cadenas marcan a la niñez guatemalteca para siempre, indicó la fiscal a SEMlac.
Tal es el caso de un pequeño de siete años a quien su padre golpeó con un cable de luz 30 veces porque voto el celular de la maestra por accidente y el hombre tuvo que pagarlo.
El juez afirmó que el niño estuvo a punto de morir porque los golpes provocaron graves fiebres en su cuerpo y las lesiones eran profundas.
Dubón, de Refugio para la niñez, comentó a esta agencia que las cifras de maltrato y violencia sexual son una señal de alerta de los pocos avances en materia de protección hacia este sector, es un indicador que las cosas no van bien y que pueden empeorar si no se pone la atención debida a cada caso.
"Hoy por hoy la familia es la mayor agresora de la niñez guatemalteca y el 92 por ciento de violaciones sexuales que se denuncia ocurren dentro de casa", destacó Dubón.
Para el activista de derechos humanos, tristemente son ciudadanos de tercera categoría, no importan para nadie, ni para el Estado.
La violencia intrafamiliar es una de las causantes principales por la que niñez se incorpora a las pandillas.
SEGEPLAN estima que en este país existen más de 500 grupos de maras (pandillas juveniles), solamente en la ciudad capital hay más de 100 de ellas que incorporan a unos 10.000 adolescentes.
Las maras son protagonistas de diversos hechos delictivos y, a la vez, víctimas de abusos de los cuerpos policiales y del crimen organizado.
En 2002 fueron asesinados 635 adolescentes y, según datos de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 200.000 adolescentes viven en zonas urbanas en riesgo de ser captados por redes delictivas.
Yolanda Sandoval, fiscal de la niñez en conflicto con la ley, destacó a SEMlac que los menores de edad se convierten en delincuentes porque en sus hogares hay violencia contra ellos y a raíz de eso también se deriva la desintegración familiar.
La fiscalía conoce procesos contra menores de 13 años a 18 años de edad que han cometido los delitos de robo, extorsión, homicidio y asesinato y son más niños que niñas quienes están procesados.
Tratar de reducir los delitos de impunidad no soluciona problemas de fondo, Dubón señaló que hoy no se encuentran mayores factores de protección, se perdió el sistema primario que es la familia, la iglesia y la escuela para proteger a la niñez.
World Visión Guatemala realizó una investigación en 25 municipios en 2015 y niños, niñas y adolescentes identificaron que entre los principales problemas que viven, la violencia intrafamiliar, abuso sexual, violencia a causa del uso de drogas y alcohol.
La violencia intrafamiliar es más recurrente en familias ladinas (no indígenas) y nueve de cada 10 agresores son hombres, destaca la investigación. Los tipos de violencia con mayor frecuencia son la física y psicológica, y los departamentos con mayor incidencia, Guatemala, Alta Verapaz y Suchitepéquez, reveló la investigación.
Magda Medina, de UNICEF, señaló que a diario el Ministerio Público recibe 21 denuncias de maltrato infantil y 19 por violencia sexual contra menores de edad. Guatemala se posiciona como una de las naciones con mayor índice de violencia contra la niñez, indicó.

Por Alba Trejo
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Guatemala, julio (SEMlac).- Si hay un lugar donde los niños y las niñas viven inseguros en Guatemala es su hogar. Golpes, maltratos y abusos sexuales forman parte de esa larga lista de denuncias que a diario recibe el Ministerio Público de este país.
A eso se agrega el reporte del Instituto de Ciencias Forenses (INACIF), según el cual en 2015 al menos 1.194 menores asistieron a sus clínicas para ser evaluados física y sicológicamente. 
Manos quemadas, brazos rotos, ojos morados, cabezas sin pelo y caritas marcadas, ese es el panorama desolador de la niñez en este país en donde, según dijo a SEMlac Leonel Dubón, director del hogar Refugio para la Niñez, se les trata como ciudadanos de tercera categoría.
Para muestra, la Secretaria General de Planificación (SEGEPLAN) detalla que siete de cada 10 infantes sufre de algún tipo de maltrato como resultado de la violencia intrafamiliar imperante.
En el documento denominado Política Pública de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, destaca que la falta de afecto y los golpes son causantes también de tener niños y niñas alcohólicos y consumidores de droga.
Un estudio hecho por la Comisión Nacional Contra el Maltrato Infantil (CONACMI) destacó que, en los casos de maltrato infantil, el escenario es el hogar.
El principal es el maltrato físico, seguido del maltrato por negligencia, el abuso sexual y el maltrato emocional.
La fiscal de la niñez, Rosa Delia Pérez Gudiel, informó a SEMlac que la fiscalía tiene alrededor de 10.000 expedientes de niñas y niños maltratados, y que el 80 por ciento ocurre dentro de las cuatro paredes de su casa y por cualquier miembro de la familia. El otro 20 por ciento, en la escuela o por un vecino. 
Edades no hay en particular, la fiscal recuerda a la niña de cinco años cuya madrastra le quemó las manos en la estufa, y tras la acción la encerró en un cuarto todo el día, sin comida y con los labios lastimados porque le había dado a beber cloro.
Cintos, planchas de hierro, cables de luz, palos e incluso cadenas marcan a la niñez guatemalteca para siempre, indicó la fiscal a SEMlac.
Tal es el caso de un pequeño de siete años a quien su padre golpeó con un cable de luz 30 veces porque voto el celular de la maestra por accidente y el hombre tuvo que pagarlo.
El juez afirmó que el niño estuvo a punto de morir porque los golpes provocaron graves fiebres en su cuerpo y las lesiones eran profundas.
Dubón, de Refugio para la niñez, comentó a esta agencia que las cifras de maltrato y violencia sexual son una señal de alerta de los pocos avances en materia de protección hacia este sector, es un indicador que las cosas no van bien y que pueden empeorar si no se pone la atención debida a cada caso.
"Hoy por hoy la familia es la mayor agresora de la niñez guatemalteca y el 92 por ciento de violaciones sexuales que se denuncia ocurren dentro de casa", destacó Dubón.
Para el activista de derechos humanos, tristemente son ciudadanos de tercera categoría, no importan para nadie, ni para el Estado.
La violencia intrafamiliar es una de las causantes principales por la que niñez se incorpora a las pandillas.
SEGEPLAN estima que en este país existen más de 500 grupos de maras (pandillas juveniles), solamente en la ciudad capital hay más de 100 de ellas que incorporan a unos 10.000 adolescentes.
Las maras son protagonistas de diversos hechos delictivos y, a la vez, víctimas de abusos de los cuerpos policiales y del crimen organizado.
En 2002 fueron asesinados 635 adolescentes y, según datos de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 200.000 adolescentes viven en zonas urbanas en riesgo de ser captados por redes delictivas.
Yolanda Sandoval, fiscal de la niñez en conflicto con la ley, destacó a SEMlac que los menores de edad se convierten en delincuentes porque en sus hogares hay violencia contra ellos y a raíz de eso también se deriva la desintegración familiar.
La fiscalía conoce procesos contra menores de 13 años a 18 años de edad que han cometido los delitos de robo, extorsión, homicidio y asesinato y son más niños que niñas quienes están procesados.
Tratar de reducir los delitos de impunidad no soluciona problemas de fondo, Dubón señaló que hoy no se encuentran mayores factores de protección, se perdió el sistema primario que es la familia, la iglesia y la escuela para proteger a la niñez.
World Visión Guatemala realizó una investigación en 25 municipios en 2015 y niños, niñas y adolescentes identificaron que entre los principales problemas que viven, la violencia intrafamiliar, abuso sexual, violencia a causa del uso de drogas y alcohol.
La violencia intrafamiliar es más recurrente en familias ladinas (no indígenas) y nueve de cada 10 agresores son hombres, destaca la investigación. Los tipos de violencia con mayor frecuencia son la física y psicológica, y los departamentos con mayor incidencia, Guatemala, Alta Verapaz y Suchitepéquez, reveló la investigación.
Magda Medina, de UNICEF, señaló que a diario el Ministerio Público recibe 21 denuncias de maltrato infantil y 19 por violencia sexual contra menores de edad. Guatemala se posiciona como una de las naciones con mayor índice de violencia contra la niñez, indicó.

Por Gabriela Ramírez
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México, julio (SEMlac).- El matrimonio representa para las niñas una forma de escapar de la violencia en sus hogares y para las familias, la vía para "reparar el honor" en caso de un embarazo a temprana edad.
En México el matrimonio infantil es una práctica común. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, en 23 de las 32 entidades al menos una de cada cinco mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir 18 años de edad.
Este fenómeno no es exclusivo de zonas rurales o poblaciones indígenas, pero está asociado a condiciones económicas y educativas.
De acuerdo con un informe publicado en 2012 por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPFA) "Marryingtoo Young. EndChildMarriage", en el que se presenta la prevalencia y tendencias del problema en países en desarrollo, México tiene una tasa de matrimonio de menores de edad de 22,9 por ciento, que si bien está por debajo del nivel crítico de 30 por ciento, es de las más altas de América Latina (sin incluir el Caribe), solo superada por Honduras, Guatemala, Brasil y Colombia.
El panorama nacional
Según datos de la ENADID 2014, Chiapas es la entidad que ocupa el primer lugar en matrimonio infantil: 8,4 por ciento de matrimonios en menores de 15 años y 30,4 por ciento en menores de 18 años. En esta región se rebasa el nivel crítico de 30 por ciento destacado por UNFPA.
Durango, Campeche y Tabasco se encuentran entre las entidades con más casos de matrimonio antes de los 15 años, mientras que Nayarit, Zacatecas y Chihuahua están entre las primeras en matrimonio en menores de edad, pero no entre las de menores de 15 años.
Once entidades federativas presentan las tasas de matrimonio infantil más altas en mujeres urbanas (entre 20 y 25 por ciento), destacan Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán y Nuevo León.
En el caso de las mujeres rurales, únicamente en dos entidades no se rebasa el nivel de 20 por ciento, pero se ubican muy cerca de este nivel: Baja California Sur y Aguascalientes presentan tasas de 19 y 18 por ciento, respectivamente.
En Chihuahua, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, cerca o más de la mitad de las mujeres con educación primaria entraron en unión conyugal antes de cumplir 18 años, alcanzando hasta 62 por ciento en las dos primeras.
Respecto a la situación de las mujeres indígenas, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán no se observan diferencias significativas en las tasas de matrimonio infantil entre las que hablan o no lenguas indígenas.
Sin embargo, en Veracruz, la proporción de jóvenes hablantes de lengua indígena que se unieron antes de los 18 años es más del doble que las no hablantes: 56 por ciento contra 24.
En Chiapas y Oaxaca, las entidades con mayor porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años hablantes de lengua indígena, la diferencia entre las hablantes y no hablantes en la proporción de unidas antes de los 18 años es de al menos 10 puntos porcentuales: 40 por ciento contra 27 y 33 contra 22, respectivamente.
Cuestión de desigualdad de género
Según ONU Mujeres México, el matrimonio infantil es un fenómeno predominantemente femenino, resultado de una clara diferenciación de género.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, 3,9 por ciento de los varones de 20 a 24 años de edad se unió conyugalmente antes de cumplir la mayoría de edad, mientras en las mujeres la cifra es de 17,3 por ciento.
Éste hecho permite dar cuenta de que las mujeres menores se han unido con varones considerablemente mayores que ellas.
Datos de la ENADID 2014, señalan que 21,5 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años de edad se unieron antes de cumplir la mayoría de edad, mientras 3,8 por ciento, antes de los 15 años.
El 14 por ciento de las niñas que se unieron antes de los 15 años, solo contaba con estudios de primaria, mientras que en aquellas que aprobaron al menos un año de secundaria, esta cifra se dedujo a la mitad.
La legislación
Recientemente en la Ciudad de México se puso en marcha una reforma al Código Civil para eliminar el matrimonio infantil.
En el ámbito nacional, el 30 de abril de 2015 la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Civil Federal, que instituyen la edad de 18 años como mínima para contraer matrimonio en México tanto en varones como en mujeres.
En 25 entidades, los Códigos Civiles no establecen una edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, o bien permiten dispensas para que menores puedan unirse con el consentimiento de padres o tutores.
Seis entidades, y ahora la Ciudad de México, no permiten el matrimonio infantil.
Organizaciones civiles han exigido a las autoridades que armonicen los códigos civiles estatales. El Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche ha impulsado en Change.org una petición para que los gobiernos de los Estados, las Comisiones de Igualdad de los Congresos locales y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos incorporen en sus códigos civiles la prohibición explícita de la dispensa que permita el matrimonio infantil y que armonicen las leyes secundarias.
Hasta el momento la petición ya ha alcanzado más de 23.000 firmas.
Los valores tradicionales
El matrimonio representa para muchas niñas una forma de evadir la violencia que viven en sus casas, pero sigue siendo un valor importante en la sociedad actual.
Cinthya, nombre ficticio de una mujer cuya identidad no ha querido revelar, es originaria de la Ciudad de México. Antes de cumplir los 14 años se fue con su novio, un hombre que entonces tenía 28 años.
La razón de la huida, más allá del amor, del romance y por supuesto de una conciencia plena del paso que estaba a punto de concretar, fue huir de la violencia en su casa, donde compartía el techo con siete hermanos.
Luego de escapar con el novio hacia Hidalgo y desatar la furia de su familia, Cinthya accedió a casarse por presión de su suegra, por la iglesia, por el civil y con vestido blanco, así quedó limpio el honor de la familia y, claro, el de la novia.
"El matrimonio es el vehículo para restaurar el orden y el honor de la familia y de la mujer, no sé si es la mejor alternativa, yo creo que en lugar de eso las niñas merecen más atención y tener más y mejor información", relata esta mujer que al paso de los años ha conseguido un importante puesto político en la ciudad.
Lo que estaba por venir era algo que no había imaginado. No tenía idea de lo que sucedería en "la noche de bodas", de lo que era el sexo y, por supuesto, de las responsabilidades que le trajo el estar casada.
Así, sin saber, llegaron dos hijos, con ellos más responsabilidades y la obligación de trabajar para mantenerlos. Incursionar en TupperWare le hizo adquirir una serie de herramientas que la llevaron al mundo de las organizaciones sociales y, posteriormente, a la política.
El matrimonio no fue para siempre. Cinthya se divorció y años después encontró una pareja con la que conoció "un amor diferente".
"En mi primer matrimonio no supe nunca lo que era el amor, es más ni siquiera disfrutaba, ni sabía que podía disfrutarse el sexo, eso lo descubrí ya mucho más grande".
Cinthya atribuye este hecho en su vida a la falta de atención de los padres. Es de las pocas mujeres que han podido romper el ciclo de una vida con pocos recursos y con oportunidades limitadas. La mayoría no logra y sus descendientes replican los patrones.
"Las niñas necesitan atención, necesitan información y, sobre todo, saber que pueden construir un futuro, que no todo consiste en tener un matrimonio" concluye.

Por Mercedes Alonso
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Santo Domingo, julio, (Especial de SEMlac).- La violación y asesinato de una niña de cinco años por tres menores de edad, vecinos todos de la comunidad de Villa Faro, al este de esta capital, puso sobre la mesa los debates de un tema que, desde hace mucho tiempo, prima en la sociedad dominicana, acerca de la retroversión de valores y la escasa responsabilidad social y familiar en la educación y cuidado de niñas, niños y adolescentes.
Familiares de la víctima han exigido justicia y, tras sepultar sus restos el pasado lunes, reclamaron a las autoridades que el hecho no quedara impune y que fueran juzgados los tres menores, quienes cuentan con 10, 13 y 16 años, como si fueran mayores de edad, debido a la crueldad y alevosía del hecho.
El cuerpo de la pequeña fue encontrado horas después de su desaparición, dentro de una funda plástica, atado de pies, manos y cuello en una casa próxima a su residencia. Los tres menores se encuentran detenidos, según parte de prensa de la Policía, que informó que fueron remitidos al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes para los fines correspondientes.
En los momentos en que se redactaban estas líneas, SEMlac supo que el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescente de la provincia de Santo Domingo impuso a los adolescentes de 13 y 16 años, 30 días como medida cautelar y fueron enviados a un centro de corrección para menores; en tanto que el tercero, por contar solo 10 años, fue puesto bajo supervisión, ya que no puede ser procesado, según la ley 136-03.
Ley y desprotección
La ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes plantea la responsabilidad de las autoridades cuando los menores no son atendidos correctamente, a la vez que establece en el artículo 69 que el padre y la madre son responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos.
El Estado debe garantizar ese derecho a la vida mediante políticas públicas dirigidas a asegurar la sobrevivencia, la salud y su desarrollo integral.
Pero, para nadie es noticia que la niñez dominicana se halla desprotegida y que una parte no recibe los cuidados y garantías en su integridad física y emocional como está establecido en cualquier Estado de derecho.
De los abusos sexuales a los que son sometidos se habla a diario en la prensa nacional; de pequeños que fallecen en condiciones que evidencian su vulnerabilidad y poca presencia de personas responsables de su seguridad.
En las calles y avenidas, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, se encuentran menores que trabajan hasta en las noches, en limpieza de vidrios de los vehículos o vendiendo "chucherías" y disímiles artículos.
También se les ve en grandes bodegas, donde compran cigarrillos y bebidas alcohólicas; o en la peligrosa soledad de su hogar, mientras la madre, el padre, o ambos trabajan; a veces bajo la tutela de parientes o vecinos, cuyo nulo cuidado facilita que mueran ahogados en cisternas, cubetas o canales de riego; calcinados, asfixiados dentro de vehículos por olvido de los mayores, o intoxicados con alcohol.
Testigos presenciales
Imposible valorar la situación de delincuencia infantil que enfrenta la nación, sin tener en cuenta el infierno que viven las mujeres en República Dominicana, donde en los últimos cuatro años 24.714 han sido violadas sexualmente por familiares, parejas, amigos, relacionados y desconocidos, según informe de la Procuraduría General de la República consultado por SEMlac, lo que representa la tercera causa de violencia contra la mujer en el país.
Muchas de las actuaciones antes mencionadas suceden frente a hijos e hijas, al igual que los feminicidios, que ya alcanzan la cifra de 58 mujeres muertas a manos de sus actuales o exparejas, y tras cuyas ausencias han dejado a 264 niños huérfanos a causa de la violencia machista, mientras que poco más de la mitad perdió también al padre, ya sea porque se suicidó tras cometer el crimen o porque cumple condena en la cárcel, según datos que figuran en las estadísticas de la Procuraduría General de la República, consultados por esta agencia.
En 2015, la Procuraduría recibió 6.741 denuncias por delitos sexuales, 2.642 de ellos catalogados como agresiones sexuales y 1.275 como violaciones.
Lourdes Contreras, encargada de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), subraya la necesidad de educar en la escuela y la sociedad para que puedan detectar cuando un niño, joven o adolescente están siendo abusados o expresan traumas como consecuencia de presenciar este tipo de violencia en su hogar.
Desde hace años, se debate en el país el posible recrudecimiento de las penas a menores que delinquen. 
El presidente de la Pastoral Juvenil, Luis Rosario, entiende que el problema de la delincuencia en la República Dominicana no es pedir que se revise el Código del Menor para aumentar las sanciones, "sino abogar para que los padres inculquen a hijos e hijas los valores que se rigen en una sociedad, ofertar una buena educación y que las autoridades se preocupen por dar facilidades de cursos educativos e insertarlos en el mercado laboral".
Rosario dijo en un desayuno conferencia, ante los periodistas presentes el pasado 27 de marzo, que "las autoridades no deben caer en el gancho de aumentar las sanciones a los menores que cometan delitos, sino que deben darles oportunidades de estudiar, aprender cultura general, y pedir más responsabilidad de los padres hacia sus hijos, entre otros puntos".
El presidente de la Pastoral reiteró ante el Gobierno lo que significa una verdad irrevocable, en cuanto a no modificar el Código del Menor, sino multiplicar las oportunidades en el entorno de esos adolescentes, a fin de alejarlos de actitudes negativas.
Desde que van a nacer…
República Dominicana es el tercer país de América Latina con mayor índice de mortandad infantil, según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), publicado en su página Web. 
Conforme el estudio, en el país mueren, cada día, 13 niños y niñas antes de los 28 días de nacidos y otros 7.000 anualmente antes de haber cumplido cinco años de edad.
El documento establece que la posibilidad de morir a esa edad de un infante pobre es el doble que la de un rico, e indica que 323.000 menores dominicanos son víctimas de trabajo infantil y seis de cada 10 sufren castigo físico o psicológico.
A ello se añade que 27 por ciento está fuera de la escuela secundaria; 175.300 que no alcanzan los cinco años no están declarados; 21,2 por ciento de niñas con edades entre 15 y 19 años han estado embarazadas; 20.558 con menos de 15 años ha tenido un hijo y el 11,7 por ciento ya se ha casado o unido antes de cumplir los 15 años.
El atroz crimen cometido contra la pequeña con la cual iniciamos estas líneas se integra al fenómeno de la violencia contra la mujer en República Dominicana, y resulta imprescindible un enfoque integral, que abarque el interior de las familias y vislumbre los problemas que afectan, socialmente, a un porcentaje elevado de niñas, niños y adolescentes, insisten especialistas.
Por su prevalencia y secuelas, la violencia ha sido considerada como un problema de alto interés en la defensa de los derechos humanos. 
Un gran responsabilidad recae en instituciones y ministerios, sobre todo el de Educación, el cual debe concluir el proceso de consultas con especialistas nacionales e internacionales sobre las mejores prácticas de la enseñanza de la educación integral de la sexualidad en las escuelas públicas, proceso que lleva más de dos años en curso.
Se precisan mejores prácticas en la enseñanza de la educación integral de la sexualidad en las aulas y programas que orienten desde temprana edad y beneficien a estudiantes, familias y la sociedad dominicana en su conjunto.
También, que la Comisión Especial del Senado de la República, que estudia el proyecto de ley de paternidad responsable, establezca de una vez que las madres solteras, que son más del 80 por ciento, logren a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y obligatorio el registro del padre de sus hijas o hijos en sus actas de nacimientos y, por consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones de manutención, asistencia y protección; o, en su defecto, que puedan ser demandados judicialmente, lo cual hoy no ocurre, tal y como plantea el documento.
"La lucha contra la violencia a niños, niñas y adolescentes es un gran desafío para la sociedad, porque se trata de un fenómeno complejo y de difícil manejo que subyace en hábitos culturales arraigados en patrones de crianza, donde la permisividad y la tolerancia en el uso de la violencia física y emocional son los métodos de disciplina más recurrentes", afirmó Alberto Padilla, encargado del departamento de Políticas, Normas y Reglamentos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en entrevista publicada en el diario Hoy, el pasado 29 de febrero.


De la Redacción
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México, julio (SEMlac).- El 60 por ciento de los acosos denunciados utilizando el hashtag#MiPrimerAcoso, se registró cuando la víctima tenía entre seis y 10 años de edad.
Al participar como ponente en el conversatorio "Invirtiendo en la niña adolescente", la directora del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES), Erika Velázquez Gutiérrez, señaló que esa estadística es resultado de los 79.000 tweets que redactaron personas reales narrando "el primer acoso", a raíz de la marcha nacional convocada para denunciar la violencia de género el pasado 24 de abril.
La funcionaria sostuvo que con ese resultado debe tomarse muy en serio el problema de la violencia sexual contra las niñas y adolescentes en México, vigente en la sociedad a más de 20 años de la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, China.
Velázquez Gutiérrez ejemplificó que no suele alentarse a las niñas a seguir estudios científicos o tecnológicos, ni se les da oportunidad de hacerlo, con lo que se las priva de los conocimientos que necesitan para su vida cotidiana y para hallar oportunidades de empleo.
Ante ello, la Plataforma plantea elaborar y aprobar programas de estudios, material didáctico y libros de texto que mejoren el concepto de sí misma de la niña, su vida y sus oportunidades de trabajo, especialmente en áreas en que la mujer ha estado tradicionalmente menos representada, como las matemáticas, la ciencia y la tecnología
En el conversatorio, realizado con motivo del Día Mundial de la Población, la titular del IMES habló sobre el diagnóstico, retos y compromisos que ya planteaba, hace más de 20 años, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en torno a "la niña" y dijo que hay nuevos retos.
Entre ellos la necesidad de hacer "énfasis en el grave problema de trata de personas y los delitos cibernéticos con los que enganchan a las víctimas o con los que son agredidas sexualmente", señaló.
Otro gran reto para las niñas es el embarazo adolescente y los matrimonios o uniones tempranas, que ilustró con los datos del Instituto Nacional de las Mujeres: de cada 10 embarazos en que la madre es adolescente, solo en uno el padre es adolescente, es decir, 90 por ciento de los casos son adultos embarazando niñas o adolescentes.
Argumentó que, frente a esta problemática, urge y es fundamental la educación sexual y la enseñanza para la apropiación del cuerpo y de sus ciclos que promuevan entre otros, una menstruación consciente con el acceso a mecanismos sanos, ecológicos y disponibles en todo momento.
La funcionaria del IMES habló del papel fundamental que tienen los medios de comunicación y la necesidad de eliminar el sexismo y los estereotipos de género desde la publicidad de juegos y juguetes hasta el contenido de programas infantiles y familiares.

De la Redacción
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Acapulco, México, julio (SEMlac).- Es fundamental que las instancias encargadas de impartir y procurar justicia a las mujeres víctimas de violencia emitan las órdenes de protección con sentido de urgencia y apego a la debida diligencia, aseveró la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez.
"Es primordial que las personas encargadas de la procuración e impartición de justicia estén bien capacitadas, sean responsables en la aplicación de la perspectiva de género en el desarrollo de su labor y se comprometan con los derechos de mujeres y niñas con convencimiento, vocación de igualdad y de respeto a los derechos humanos", añadió.
Cruz Sánchez hizo esas afirmaciones durante la inauguración del "Taller: órdenes de protección, medida urgente frente a actos de violencia que pueden culminar en feminicidio", el pasado 13 de julio, en la ciudad de Acapulco.
En este taller se abordaron temas como: situación de las víctimas de violencia de género desde un enfoque de derecho; protocolo para juzgar con perspectiva de género; emisión, implementación y ejecución de las órdenes de protección desde la experiencia judicial; alerta de violencia de género; emisión, implementación y ejecución de las órdenes de protección desde la experiencia ministerial y de la defensa penal con perspectiva de género.
Apuntó que la procuración e impartición de justicia son aspectos de la máxima relevancia. El tema es prioritario, ya que, indicó, una de las últimas recomendaciones de la CEDAW, la Recomendación General 33, está totalmente centrada en estos temas, debido a que los avances han sido muy lentos y la garantía de justicia muy lejana para millones de mujeres y niñas en México.
Respecto a la situación de violencia contra las mujeres en el Estado de Guerrero, afirmó que de acuerdo con el Estudio "La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2014", en 2014, esta entidad se situó en el primer lugar de las entidades federativas con una tasa de mortalidad por presuntos homicidios de mujeres de 9,64.
Según información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, de enero de 2012 a diciembre de 2013 se conocieron 3.655 hechos de violencia contra las mujeres, de los cuales se emitieron 995 medidas de protección, es decir sólo 27,2 por ciento de las mujeres que denunciaron, recibieron algún tipo de protección.
Por ello, la correcta aplicación de las órdenes de protección son una medida para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar o poner en peligro la vida de la mujer y de su familia, puntualizó.
"Hoy tenemos un andamiaje jurídico-normativo más completo; contamos con protocolos de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio y para la violencia sexual, pero hay que aplicarlos, usarlos y mejorarlos".
Durante este acto, Cruz Sánchez difundió por primera vez que el Instituto Nacional de las Mujeres tuvo presencia dentro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
"Este espacio nos permitió transmitir un mensaje muy claro: es en la procuración de justicia donde más tenemos que trabajar, donde tenemos que restablecer la confianza ciudadana; donde es urgente atender a mujeres y niñas con conocimientos, eficiencia y sensibilidad".

Por Gloria Analco
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México, julio (SEMlac).- El Senado de la República inscribió un punto de acuerdo que condena enérgicamente las declaraciones del vocero de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, Hugo Valdemar, quien afirmó que las mujeres usan la "excusa simple de la violación" para poder abortar.
En el punto de acuerdo, inscrito por la senadora Martha Tagle Martínez, se afirma que ese acto del prelado constituye una violación al artículo 40 Constitucional, ya que en México, con la reforma al artículo 40 constitucional en 2012, la laicidad ha sido uno de los principios rectores del Estado.
La legisladora hizo hincapié en que la violencia sexual contra las mujeres en México es una situación de graves dimensiones, ya que entre 2010 y 2015 se cometieron dos millones 996.180 delitos sexuales en el país, lo que representa 600.000 delitos sexuales anualmente.
De estos, sólo 83.000 fueron denunciados y en únicamente 830 casos quedaron consignados los responsables.
Tagle hace ver que la Carta Magna consagra valores liberales, lo que supone que la estructura estatal debe ser autónoma de toda influencia religiosa para poder llevar al cabo sus funciones.
Las iglesias, apuntó Tagle en su punto de acuerdo, tienen su propio campo de acción en el que actúan sin intervenciones de ningún tipo.
Existe además -dijo- una Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que rige la vida de las diferentes iglesias y en su artículo 3, fracción IV, establece que estas deben "propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas".
Sostuvo que "calificar a la violación de excusa simple, es negar la tragedia que viven las mujeres y niñas que pasan por esa situación".
Agregó que con esa postura clerical se quiere seguir considerando a las mujeres simples recipientes del embarazo, producto de un acto que violentó la su integridad y su dignidad.
"La iglesia es una institución que debe sujetarse a los límites que le impone el Estado, las relaciones entre el Estado y la iglesia tienen ya una larga historia, y esta debe manifestarse en el respeto entre ambas esferas", indicó Tagle en el punto de acuerdo.
Afirmó que ya en diversas ocasiones el Vocero de la Arquidiócesis ha manifestado la postura de la iglesia respecto a matrimonios igualitarios y otros asuntos.
Por tanto, demanda que se realicen las acciones conducentes para sancionarlo por las declaraciones realizadas, para así garantizar el pleno ejercicio de la libertad de creencias y de culto, concluye.

Por Gabriela Ramírez
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México, julio (SEMlac).- "No hay crimen perfecto" es lo que dice Irinea Buendía luego que el pasado de junio, fuera aprehendido Julio César Hernández Ballinas, con lo cual se confirma que su hija, Mariana Lima, fue víctima de feminicidio.
"Se demuestra que cuando se hacen investigaciones con perspectiva de género y debida diligencia se puede avanzar en el acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad", señala.
En conferencia de prensa con integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Buendía dijo que ahora el asesino de su hija "está donde debió estar desde junio de 2010", gracias a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pero, señala la madre de Mariana, el proceso no termina ahí. Ahora buscarán que se dicte una sentencia para Hernández Ballinas, con una pena ejemplar, la más alta, 70 años de prisión, dijo.
Buscarán también que se pueda resarcir las afectaciones para la familia de la víctima a través de la atención de los daños psicológicos que ha sufrido por este hecho y por la violencia institucional de la que ha sido objeto.
El abogado del ONCF, Rodolfo Domínguez, explicó que, además, solicitarán que se sancione a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) que incurrieron en 56 irregularidades en la investigación original y que se evalúen los delitos y las faltas administrativas que se desprendan de su actuación.
"Es muy importante también que se establezcan por parte del Estado, medidas de no repetición, que se otorgue un perdón público a la familia de Mariana y que se establezca un monumento para recodar su memoria y la de tantas víctimas más, como por ejemplo a través de las cruces rosas que se encuentran en Chimalhuacán.
Ana Nayelli Pérez, abogada también del OCNF, explicó que la aprehensión del Hernández Ballinas fue posible gracias a que la PGJEM realizó la investigación con perspectiva de género y debida diligencia, siguiendo los lineamientos dictados por la sentencia de la Primera Sala de la SCJN y lo establecido en el protocolo de investigación del delito de feminicidio.
Asimismo, dijo, la participación de las víctimas en la investigación fue un elemento fundamental para el conocimiento de la verdad.
La investigación, que estuvo a cargo del Grupo Especializado para la Atención del Caso, adscrito a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, recabó las siguientes pruebas para determinar la probable responsabilidad de Julio César Hernández Ballinas por el feminicidio de Mariana Lima:
Tres dictámenes en materia de Medicina Forense, realizados por la PGJEM, la Procuraduría General de la República y un perito independiente aportado por las víctimas, que coinciden en señalar que la muerte de Mariana fue debido a asfixia por estrangulamiento y no por suicidio.
Pruebas aportadas por el probable responsable, en particular fotografías que él mismo tomó, fueron fundamentales para acreditar la manipulación del cuerpo y de la escena del crimen.
Peritajes en materias psicosocial y socioculturales que permitieron acreditar el contexto de violencia feminicida en que se encontraba Mariana Lima, denunciado por diversos testigos.
A partir de ahora, inicia el proceso penal en el que la defensa, el Ministerio Público y las víctimas ofrecerán pruebas para acreditar los hechos ante el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, quien deberá aplicar el Protocolo de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género de la SCJN.
"La sentencia que dicte el Poder Judicial deberá visibilizar el contexto de violencia y las razones de género características del feminicidio, establecer la reparación integral del daño a las víctimas", dijo María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del OCNF.
Recalcó que así deben investigarse los más de 12.200 casos de muerte accidental y violencia que hay en México y los más de 2.000 casos de mujeres que han perdido la vida por agresiones intencionales como el suicidio. "¿Cuántos de estos casos no son feminicidios?, pregunta Estrada.
Mariana Lima Buendía fue encontrada muerta en su domicilio el 28 de junio de 2010. El esposo, el policía judicial Hernández Ballinas, fue el principal sospechoso de su muerte, ya que Mariana había relatado a su madre maltratos y agresiones de su parte. Las autoridades del Estado de México determinaron que había sido un suicidio por declaraciones del cónyuge y cerraron el caso.
Desde entonces, Irinea Buendía, de 62 años, se dedicó a pedir apoyo y a buscar justicia para resolver el caso de la muerte de su hija. En marzo de 2015, la SCJN obligó a las autoridades mexiquenses a investigar con perspectiva género la muerte de Mariana Lima.

De la Redacción
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México, julio (SEMlac).- Una investigación realizada por Amnistía Internacional, sobre 100 mujeres detenidas en México, arrojó que 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores y 33 fueron violadas.
"Las mujeres sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad, que buscan obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada", señala el informe de esa organización.
En este estudio, un centenar de mujeres recluidas en prisiones federales contaron que habían sufrido tortura u otros malos tratos, algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o miembros del ejército y la marina.
Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero solo en 22 casos se habían abierto investigaciones.
"Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso, que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
"Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada 'guerra contra el narcotráfico' de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles".
La mayoría de las mexicanas encarceladas que hablaron con AI dijeron que habían sufrido tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales, así como palizas y descargas eléctricas durante el arresto y el interrogatorio.
Prácticamente todas han sido acusadas de delincuencia organizada o de delitos relacionados con drogas. Muchas fueron presentadas ante los medios de comunicación como "criminales" inmediatamente después de haber sido obligadas a "confesar" los delitos. La mayoría procede de entornos de ingresos bajos y, por tanto, hay menos probabilidades de que puedan costearse una defensa efectiva.
Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, solo en 2013 se presentaron más de 12.000 denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8.943 de las posibles víctimas eran hombres y 3.618 eran mujeres.
Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.
"Las denuncias de tortura y otros malos tratos a menudo no se investigan, y es incluso más excepcional que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia.
De las miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales", señala el documento.
A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a AI de que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015.
Según informó la Marina, sólo cuatro de sus miembros fueron suspendidos en el mismo período. Un marino condenado a prisión por abusos sexuales fue apartado temporalmente del servicio, lo que le permitiría reincorporarse a su puesto una vez cumplida la pena de cárcel.
Las autoridades negaron a la organización internacional el acceso a información crucial en el curso de su investigación.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) impidió a la delegación de AI el acceso a un gran número de mujeres bajo custodia y, en algunas ocasiones, la entrada en un centro penitenciario.
Además, representantes del Ejército y la Marina rechazaron las solicitudes de AI para tener reuniones.

Por Mercedes Alonso Romero
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Santo Domingo, julio (SEMlac).- El número de mujeres que sostiene su denuncia por maltratos y busca alguna ayuda o protección es todavía bajo, por lo que necesita la atención de diversos actores sociales, opinan especialistas.
"Apenas un dos por ciento de los casos de violencia de género se judicializa; hablamos de la parte que llega al sector justicia, que es la menor, y tenemos que enfocarnos en esa mayoría que no llega", expresó la procuradora fiscal de Santo Domingo Olga Diná, durante la mesa de discusión sobre violencia de género e intrafamiliar llevada a cabo el domingo 26 de junio en el programa radial Los sabios en la Z 101.
"De más de 60.000 mujeres violentadas, solo 15.000 han buscado protección", expuso la coordinadora general del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Lourdes Contreras, otra de las participantes en el espacio radial.
Contreras elogió que se dedicara un programa a este tema, que "la sociedad lo ha asumido manera dramática como parte del efecto; pero tenemos que ir a sus raíces culturales y lograr que los procesos que se llevan a cabo en el país se desarrollen en la búsqueda de una sociedad de iguales.
"Hay que desmontar ideas de superioridad no solo entre hombres y mujeres; sino, además, en otras manifestaciones de desigualdades. Ese propósito tiene que ir estructurado en todas las políticas de Estado", subrayó Contreras.
Al analizar las causas que provocan el aletargamiento y poca disposición de las mujeres sobrevivientes de violencia para efectuar las denuncias, la procuradora Diná razonó la manera en que deben disponer del dinero para trasladarse desde sus comunidades hasta la Fiscalía, "gastos que pueden tornarse en miles de pesos, y eso realmente afecta y fortalece la ruta crítica para alguien que decida poner una denuncia", dijo.
Destacó, además, que para la solución a estos casos habría que conocer las dificultades que implican la familia, el factor económico y el trabajo, ya que hasta llegan a ser despedidas de sus puestos laborales por las ausencias de esos días. "Entonces, es más fácil dejar todo y seguir siendo violentadas".
La fiscal de Santo Domingo rememoró la situación que confrontaban con las órdenes de protección para las víctimas, quienes debían enfrentarse al victimario en la audiencia y consideró que aunque se ha evolucionado en la justicia; también la violencia ha evolucionado:
"Si los ministerios de Educación, Salud, Deportes y otros organismos no se involucran en la formación en valores, desde el inicio, y los fortalecemos en las escuelas, lamentablemente, aunque tengamos leyes, no vamos a lograr la disuasión necesaria", precisó.

Necesitamos integrarnos

Todas las opiniones de Los sabios en la Z 101 coincidieron en la necesidad de trabajar de manera integrada, "incluyendo a esa comunidad que conoce los casos; tenemos que partir desde abajo y ver qué está produciendo la violencia", declaró la procuradora fiscal y añadió que la reacción no puede ser cuando maten a una, sino que deben involucrarse desde mucho antes".
De igual manera hubo consenso en el establecimiento de estrategias a nivel sectorial: "La palabra clave es integración, coordinación, políticas de Estado, y dejar de hacer acciones aisladas, que hasta ahora no han dado resultados. No creo que debemos reaccionar ante fechas, como el 25 de noviembre u otras, sino siempre. La violencia contra una mujer repercute en su familia, en toda la comunidad y en la sociedad misma", sentenció la procuradora. 
Lourdes Contreras opinó que debían involucrarse los actores ya previstos, junto a los ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, y las redes locales de atención a estos problemas: "Por eso hay que incluir al conjunto de la sociedad pero desde una política de Estado".

Voces masculinas
Para Carlos Pimentel, director de Transparencia y Gobierno de Participación Ciudadana, otra de las voces escuchadas en este espacio, "el enfoque tiene que hacerse desde una perspectiva de derechos, los derechos de las mujeres en República Dominicana, y que se reivindique la dignidad de estas personas dentro de los marcos normativos, que las leyes en su arquitectura permitan dar pasos de avance y me sumo a esa integración entre las instituciones; porque deben implicarse todos los factores y actores", propuso y agregó de inmediato:
"Hay que poner el oído en los planteamientos de las organizaciones que defienden los derechos de la mujer aquí. Que la sociedad presione para que el Estado ceda y ofrezca soluciones".
Por su parte, el siquiatra y sociólogo Nelson Moreno Ceballos reflexionó que "todo queda disperso si no existe una política integral del Estado. Para que funcione una política de equidad de género, hay que conjugar otros factores, como la educación de los hombres en el respeto a la mujer. Esta se empodera, pero lo otro queda en el aire y son razones que incluyen un comportamiento cultural machista.
"Cuando esos victimarios reciben el castigo de 20 o 30 años de prisión, sin el componente educativo, lo asumen como parte de una actitud cultural y no precisamente se provocan cambios", indicó el doctor Moreno.

Una Ley longeva
La Ley 24-97, referida a la Violencia Intrafamiliar, cumplirá 20 años y la activista feminista Sergia Galván intervino para argumentar la necesidad de un nuevo marco legal. Si bien reconoce que antes de contar con dicha legislación "la violencia era un asunto privado, ya con esta ley aparece como una situación visible y del Estado.
"Pero, quiero en este programa hablar de las niñas que se unen a hombres 20 años mayores antes de los 15 años y que es tolerado por la familia y por las leyes. Esta es una parte de la violencia que necesita ser abordada y castigada por la ley, porque estas menores son explotadas sexualmente por los adultos. El país está comprometido con acuerdos internacionales y la Constitución de 2010 dice que el Estado y la sociedad harán primar el interés superior de niñas, niños y adolescentes", reclamó.

Definiciones
Si algo se formuló con fuerzas en esta conjunción de criterios fue la importancia de fortalecer la educación en las escuelas y el necesario papel de la familia, porque las leyes, definitivamente, no funcionan solas y la interrogante de ¿qué está provocando tanta violencia? y ¿por qué se cometen tantos feminicidios en el país?, continúan sin respuestas.
Lustros de enfrentamiento al problema, denominado con certeza "epidemia nacional" no han dejado resultados. Aún se adolece de un Código Penal que incluya el feminicidio como figura jurídica. Tampoco existen estadísticas confiables y veraces, pues cada institución enarbola las suyas.
"La violencia es estructural en las relaciones sociales y notamos la inexistencia de coordinación entre las instancias, carencias de recursos y, en definitiva, ausencia de políticas de Estado", acotó Carlos Pimentel.
Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dedujo que "la violencia es también simbólica, a través del lenguaje, porque este es patriarcal y símbolo del dominio sobre la mujer. Todos estos mecanismos se transfieren", argumentó.
En tanto, la experta en Derechos Humanos y Género Desiree del Rosario habló de construir un hombre nuevo y una mujer nueva: "Si queremos una transformación de la familia y la sociedad, esto tiene que ser un paso decisivo".
La representante de Profamilia, Mirna Flores, convocó a hacer un llamado al presidente Danilo Medina para que se pronuncie sobre el tema, "nunca ha dicho nada y se precisa su atención sobre esto", concluyó.
A lo anterior se sumaron propuestas de acciones que respondan a la imprescindible inclusión del tema y su tratamiento, en el cual el Estado debe asumir su papel y reconocer que se trata de un problema de derechos humanos de la mujer.
Abogaron en conjunto por un soporte judicial que agilice la atención a mujeres que piden ayuda y de reformas integrales y desmontes de aprendizajes que logren acabar con la naturaleza patriarcal que, como raíz cultural, ha creado desigualdades entre hombres y mujeres en la sociedad dominicana.
La iniciativa de la emisora Zeta 101, de reunir en su escenario a quienes debaten y proponen soluciones en esa búsqueda por construir una sociedad donde se respete la igualdad y donde no mueran más mujeres a manos de sus actuales o exparejas, es vista con buenos ojos por sectores feministas y de defensa de los derechos de las mujeres.
Y es que, mientras alguien recordaba la dolorosa cifra de 58 mujeres muertas en lo que va de año, la Policía Nacional informaba que un hombre ultimaba de un disparo en la cabeza a su mujer y luego se suicidaba. La joven de 30 años murió de inmediato y, tras el crimen, quedaba huérfano el hijo procreado por ambos.

Recuadro 
Por cada feminicidio cometido en la República Dominicana quedan huérfanos un promedio de 2,5 niños y adolescentes, lo que significa unos 300 por año, según datos de la Procuraduría General.

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