Violencia de género

Violencia de género (471)

 

Por Tamara Vidaurrázaga Aránguiz

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Santiago de Chile, marzo (SEMlac).- Bajo la consigna “Todas organizadas y en la calle” la Coordinadora Ni una Menos-Chile y otras agrupaciones feministas convocaron a marchar en 22 localidades del país desde Árica, en el extremo norte, hasta Punta Arenas, en el sur.

 

La marcha en Santiago reunió a más de 50.000 personas que se movilizaron en contra de la violencia hacia las mujeres, la desigualdad salarial y el acoso callejero y en favor de la despenalización del aborto, entre otras causas históricas feministas.

Ximena Riffo, vocera de Ni una Menos, señaló en una entrevista publicada en la red de noticias Nodal que “no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

 

Forzadas a una maternidad obligatoria, no podemos optar por un aborto libre, seguro y gratuito. En Chile, recién se está discutiendo el derecho a la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo de la madre, inviabilidad del feto y violación. La violencia hacia las mujeres se sustenta por la influencia dogmática de la iglesia chilena en alianza con los partidos de derecha”, refiriéndose al aborto que en el país es ilegal en todos los casos.

 

La marcha se realizó entre Plaza Italia y Los Héroes y contó con la asistencia de organizaciones como Mujeres Sobrevivientes, Siempre Resistentes –sobrevivientes de la violencia política de la dictadura- y de agrupaciones políticas como el Frente

 

Amplio, que reúne a organizaciones y partidos de izquierda que buscan ser una nueva alternativa al duopolio que desde el fin de la dictadura ha gobernado el país.

 

Se realizaron también acciones en Árica, Iquique, La Serena, Valparaíso, Concepción y Valdivia, entre otras ciudades en las que se marchó para exigir todos los derechos para todas las mujeres, en lo que han sido movilizaciones históricas para el movimiento feminista por la alta y amplia convocatoria alcanzada.

 

Para Ximena Riffo, el feminismo “ha logrado instalar la incomodidad ante la situación de abuso, de esclavitud. Ha instalado la polémica sobre la maternidad obligatoria. Ha logrado visibilizar la violencia específica de los femicidios y la misoginia, para criticarlos y erradicarlos de una sociedad más crítica y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres”.

 

Y añadió: “Ha instalado la inquietud y la necesidad de cambiar los tratos desde el cotidiano a lo macro y para ello estamos en las calles, en los trabajos, en las redes sociales, universidades y desde el hogar realizando cambios de tratos, conductas y respondiendo a las agresiones con la determinación de erradicar la violencia extrema sustentada por esta cultura patriarcal y capitalista deshumanizada”.

De la Redacción
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, marzo (SEMlac). - La Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana negó amparo en contra de funcionario acusado de hostigamiento sexual y estableció reglas para la valoración de éste delito. 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, a propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz, el amparo directo en revisión 3186/2016, confirmando la sentencia que negó la protección constitucional al quejoso, en la cual se le declaró penalmente responsable de la comisión del delito de hostigamiento sexual, previsto y sancionado en el artículo 259 bis, primer párrafo del Código Penal Federal.
La Primera Sala sostuvo que el hostigamiento sexual constituye una conducta de tono sexual que no necesariamente debe incluir contacto físico alguno.
Además, señaló que este tipo de actos atentan de manera especial contra la libertad, dignidad e integridad física y psicológica de las mujeres y constituyen una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre las mujeres, al denigrarlas y concebirlas como objetos, por lo que se concluyó que el hostigamiento sexual es una forma de violencia contra la mujer.
En razón de lo anterior, estableció que la valoración de testimonios de las víctimas de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer debe realizarse con perspectiva de género.
Indicó que se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que en general se produce en ausencia de otras personas, por lo que se requieren medios de prueba distintos a los tradicionales (pruebas gráficas y documentales) por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho.
Igualmente, debe tomarse en cuenta que usualmente, por la naturaleza de esos delitos, la víctima no suele denunciarlos por el estigma que implica.
Asimismo, precisó que dada la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, puede ser usual que el recuento de los hechos presente algunas inconsistencias o variaciones cuando se hace, lo que no debe restar valor probatorio a la declaración de la víctima.
Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros. 
Considera que también se debe analizar la declaración de la víctima, que es la prueba fundamental, en conjunto con otros medios de convicción como dictámenes médicos, testimonios, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones.
Este modelo probatorio podrá permitir el respeto al derecho de todas las mujeres a llevar una vida libre de violencia.
En este caso, una servidora pública fue víctima del constante acoso sexual de su superior jerárquico, el cual consistió en constantes insinuaciones, comentarios sobre su apariencia e invitaciones, por lo que denunció y finalmente, se le condenó por dicho ilícito, imponiéndosele la pena mínima, ya que la sanción prevista, al ser fija, es violatoria del artículo 22 constitucional, pero sí fue posible imponerle la destitución del cargo, la suspensión de sus derechos políticos, amonestación y condena a la reparación del daño.

Por Sylvia Ruth Torres
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Managua, marzo (SEMlac).- En la víspera su día internacional, los movimientos de mujeres y feministas nicaragüenses se sumarán al paro internacional del 8 de marzo, una movilización que este año se desarrolla en el marco de 49 feminicidios en 2016 y cinco en lo que va del año.
Uno de estos últimos fue el asesinato de Vilma Trujillo, de 25 años, lanzada el 23 de febrero a una hoguera, donde la quemaron, por cuatro horas, integrantes de la iglesia "Visión Celestial", adscrita a las Asambleas de Dios.
La mujer falleció cinco días después y la noticia ha dado la vuelta al mundo. Directivos nacionales de las Asambleas de Dios aseguran que el pastor no estaba acreditado por las Asambleas. No obstante, líderes del movimiento feminista señalan que más allá de las formalidades de afiliación, el problema radica en el discurso religioso que promueve la imagen de las mujeres como pecadoras, lujuriosas.
La doctora Rebeca Centeno, docente universitaria, dijo a SEMlac que le resulta difícil responder cómo puede suceder eso en Nicaragua y se pregunta qué nivel de control de las iglesias existen en las comunidades rurales que, en vez de sugerir asistencia médica a una persona que parecía perturbada mentalmente, se creen con derecho de decidir sobre la vida y muerte de las mujeres. Vilma Trujillo fue víctima del sistema patriarcal que se instala en instituciones como las familias y las Iglesias.
Centeno señaló que, a cinco siglos de distancia, a juzgar por el aumento de los asesinatos en contra de las mujeres, el patriarcado sigue cada vez más firme.
Justamente, agregó, existe una representación de un Dios masculino que castiga, que es cruel y al que hay que obedecer y temer. Es la representación de Dios utilizada en la Europa medieval, donde miles de mujeres fueron quemadas en plazas públicas para el escarmiento.
Es la perversa herencia colonial, dijo. "Cinco siglos de distancia y el patriarcado sigue, cada vez más firme, a juzgar por los asesinatos en contra de las mujeres que van en aumento".
Magaly Quintana, de Católicas por el Derecho a Decidir, afirmó que el discurso religioso, en general, tiene como eje central el binomio: Dios castigador - Demonio tentador para controlar a la gente y someterles a la obediencia, particularmente a las mujeres. Este es el eje del discurso patriarcal, insistió.
Algunas personas alegan, como causa del crimen, la falta de información, el aislamiento y la pobreza de la zona de donde provienen los acusados; una comunidad ubicada a 110 kilómetros de la Mina Rosita, a su vez distante 383 kilómetros de Managua.
La comunidad donde ocurrieron los hechos está en la cima de un cerro, al que solo se puede acceder luego de tres horas a lomo de caballos.
Haciendo memoria del libro "Malleus Maleficarum", también llamado "El martillo de las brujas", un tratado de criminología de la Inquisición, Eduardo Galeano escribió que el texto aconsejaba someter a tormento a todas las sospechosas de brujería y recomendaba el más despiadado exorcismo "contra el demonio que lleva tetas y pelo largo". 
El pastor que dirigió los hechos, Juan Gregorio Rocha, y algunos de los otros participantes consideraron como prueba de que Vilma estaba endemoniada era que ella le "hacia cejitas" (las levantaba como coqueteando) y les decía amorcito a los hombres por indicaciones de un demonio en forma de serpiente.
Galeano recuerda que, en el libro arriba mencionado, los autores alegaban que "las brujas, harén de Satán, representaban a las mujeres en estado natural, porque toda brujería proviene de la lujuria carnal, que en las mujeres es insaciable".
El viudo relata que a él no le dejaron verla porque le dijeron que el demonio se apoderaría de él, pese a que les dijo que creía que estaba loca, no endemoniada, porque había visto a otras mujeres así, pero no le hicieron caso.
Días atrás habían visitado a un curandero. La pesadilla que terminó con la vida de la mujer empezó con unos tres días de oración, seis días de ayuno "de sanación", liderado por el pastor, un día de hoguera y seis días de agonía.
El 21 de febrero, Vilma fue rescatada por su padre y un primo de un barranco, donde la lanzaron después de la hoguera; el 23 fue trasladada a la capital, donde falleció, dejando dos hijos en la orfandad.
La fiscal auxiliar del Estado Fabiola Mendoza encontró ensañamiento, superioridad en el número de atacantes y estado de indefensión de la víctima como causales para solicitar la prisión preventiva de los acusados, quienes están siendo juzgados en la capital, porque allí falleció la víctima y se teme que por su influencia en la región puedan entorpecer las investigaciones.
Damarys Vanegas, la juez suplente del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó la prisión preventiva de los procesados, después de admitir la acusación por secuestro simple y asesinato en contra de las cinco personas señaladas como autores.
Mientras tanto, el Movimiento Feminista, el Movimiento Autónomo de Mujeres, la Red de Mujeres Contra la Violencia, el Movimiento María Elena Cuadra, lo mismo que el Grupo Venancia de Matagalpa y Mujerales en Acción de León, entre otros, han declarado su adhesión al paro internacional de mujeres.

De la Redacción
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Tehuacan, México, febrero (SEMlac).- Unas 300.000 mujeres en México cambiaron su forma de vida al pasar de la violencia, el hostigamiento y el maltrato, al empoderamiento de sus personas y lograr desprenderse del yugo que sobre ellas ejercían sus parejas.
Así lo dio a conocer el pasado día 14 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al poner en marcha el Centro de Justicia número 33 del país en este municipio del estado de Puebla, y reveló que el 62 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un hecho de violencia por la población masculina.
Acompañado por el gobernador de la entidad, José Antonio Gali Fayad, Osorio Chong recalcó que ello ha obedecido a la tarea que han ejecutado los centros de justicia en el país.
Agregó que los tiempos han cambiado totalmente, ya que a diferencia del pasado, en que no existía el marco legal adecuado para dar debido proceso a una denuncia por violencia contra las mujeres, ahora esos centros están dotados de los medios para dar una respuesta rápida y expedita.
Recalcó que la Alerta de Género, que antes se politizaba "como si no fuera ya suficiente con la violencia que sufrían las mujeres", con la presente administración pública se ha dado abierto paso a la denuncia para proceder en consecuencia.
Osorio Chong dijo que, de acuerdo con la ONU, la mayor afectación contra las mujeres es la violación de sus derechos humanos, lo cual en México se ha visto reflejado en que el 42 por ciento del 62 por ciento de mujeres que han sufrido violencia, son víctimas de su actual o última pareja.
Precisó que algunas de esas mujeres víctimas de violencia acaban en casos de feminicidio, sobre todo por no denunciar esos actos oportunamente, pero no comentó sobre el alto grado de impunidad existente frente a las denuncias que sí son ejecutadas.
Además, dijo, en la vida laboral, el 7,5 por ciento de las mujeres trabajadoras son víctimas de hostigamiento y acoso por parte de sus compañeros de trabajo o de su jefe inmediato.
Osorio Chong mencionó que la fuerza mayor de este país viene de las mujeres, por ello exhortó a la sociedad a acrecentar la denuncia contra cualquier tipo de violencia en su contra y acudir a estos Centros de Justicia para las Mujeres, donde 300.000 mujeres ya han logrado cambiar su vida.
Actualmente en el país hay 33 Centros de Justicia para las Mujeres en 23 estados de la República Mexicana y el propósito es tener por lo menos uno en cada estado.
En Puebla ya se cuenta con dos Centros; uno se ubica en la capital del estado y a partir de hoy otro más en Tehuacan, cuya inversión fue de 11 millones de pesos (550.000 dólares) , de los cuales siete millones (350.000 dólares) fueron de recursos federales y el resto aportación del gobierno del estado. 
Añadió que en Puebla se tiene identificado que la violencia contra las mujeres se da en personas de la tercera edad, por lo que prometió abrir un centro más en la regional mixteca de la entidad.
Las mujeres que acuden a estos Centros de Justicia reciben apoyo de por lo menos 15 dependencias, como la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
"Hay que avanzar más en la denuncia y castigar a quien se atreve a lastimar a las mujeres; erradicar la violencia a partir del esfuerzo de todos", aseveró
Por su parte, José Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla, comentó que no se puede tapar el sol con un dedo, que hay violencia de género y contra las personas de la tercera edad, por ello destacó que es necesario el trabajo integral entre gobierno e instituciones para erradicar la violencia con prevención.

Por Alicia Mendoza
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, febrero (SEMlac).- En busca de impulsar la armonización legislativa a nivel nacional para la inclusión, sanción y prevención de delitos por razones de género, como el feminicidio, la violencia política, la violencia sexual, la violencia obstétrica y el acoso callejero, quedó instalada la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género de la Cámara de Diputados de México.
Durante la reunión, la presidenta de la Comisión, Maricela Contreras, destacó que "la apuesta es avanzar en un Protocolo Nacional de Actuación Ministerial, Pericial y Policial para la Atención de Delitos Cometidos por Razones de Género", que se trabajará con la participación de la Procuraduría General de la República, INMUJERES, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, entre otras.
La violencia política, la violencia obstétrica, el acoso callejero, la violencia sexual y el feminicidio son modalidades de violencia de género que se han recrudecido a nivel nacional en los últimos años y en los cuales debe ponerse especial énfasis, ya que el nivel de impunidad en estos delitos llega a más del 95 por ciento, se expuso durante la instalación de la Comisión.
Tenemos que visibilizar la violencia contra las mujeres en el país, indicó la diputada Contreras, donde "se comenten seis feminicidios cada día, según la ONU. Tres mujeres por minuto sufren algún tipo de violencia sexual. Se han reportado 7.060 mujeres desaparecidas en tan solo cuatro años y se han denunciado 2.403 casos de mujeres torturadas".
Para resolver este grave problema, la nueva instancia legislativa busca formar una gran alianza con los tres niveles de gobierno, las institutos de las mujeres de los estados y todas la instituciones en la materia, para visibilizar la violencia de género, considerarla un asunto público y un problema de Estado, que debe atenderse de manera inmediata con acciones que tengan en cuenta y prevengan las causas estructurales que originan la violación de derechos humanos, señaló Contreras.
Con respecto al tema más grave, que es la procuración de justicia, dijo, la comisión trabajará en conjunto con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país "para ver que los casos sean atendidos".
También la propuesta de trabajo busca declarar instituciones de salud pública espacios ciento por ciento libres de Violencia Obstétrica, a través de suscripción de Acuerdos con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y con los Servicios de Salud Pública de las Entidades Federativas, entre otras, en los meses de marzo, abril y mayo de 2017.
Sobre la violencia política, se propone lograr su tipificación y convocar a los partidos políticos a un Pacto para su erradicación en el marco de los procesos electorales de 2017 y 2018, entre los meses de mayo u octubre de 2017 y abril de 2018.
En cuanto a la violencia sexual, el objetivo es lograr la armonización de un Protocolo Nacional; para erradicar los casos de feminicidio. En el combate al acoso callejero, se propone realizar una Campaña Nacional y establecer un marco legislativo para su prevención, erradicación y sanción, en abril de este año.
También, crear Unidades de Atención Especializada a Víctimas de Violencia de Género, implementar una en cada sistema de procuración de justicia de las entidades federativas.
Durante el evento Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), reconoció que la Comisión Especial es una instancia que México requería para que los delitos por razones de género sean fuertemente sancionados, para enfrentar la impunidad, visibilizar y desnaturalizar la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
El magistrado Edgar Elías Azar, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, afirmó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene registradas, hasta 2016, 29.000 denuncias por delitos por razones de género, como violación, estupro, asaltos y delitos sexuales.
"Tenemos que hacer que los gobiernos de los estados de la República cumplan con sus responsabilidades para resolver esta problemática", afirmó el magistrado.

Por Alba Trejo
(
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Guatemala, febrero (SEMlac).- A la niñez guatemalteca se le corrige a golpes, a patadas, a gritos. Niños y niñas ingresan quemados a las salas de los hospitales, con los huesos rotos y hematomas en el cuerpo porque la madre, el padre, el tío o el padrastro se enojaron.
Un total de 14.000 niños y niñas a su corta edad tuvieron que enterarse el año pasado de lo que era el Ministerio Público (MP), después de que la mano adulta los lastimara sin piedad con alambre eléctrico, palos, lazos, planchas calientes y hasta hierros.
En el peor de los casos, muchas y muchos pequeños contaron cómo eran abusados sexualmente y amenazados de muerte si de su boquita salía una sola palabra.
Y el maltrato se hace más palpable cuando llega al extremo de arrancarles la vida de un tajo.
Parientes cercanos a los niños y niñas tuvieron que llegar a recoger los cuerpos inertes al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se les reportó la manera en que los pequeños perdieron la vida.
Las manos de los médicos forenses tuvieron que trabajar el año pasado sobre los cadáveres de 1.163 menores. El médico forense Sergio Rodas asegura que la mayoría de ellos sufrió asfixia por estrangulamiento, sumersión o suspensión, heridas por arma blanca o por arma de fuego, o un trauma craneoencefálico.
¿Pero por qué la niñez guatemalteca es más vulnerable que la de los otros países de Centroamérica? Leonel Dubón, de Casa Refugio de la Niñez, contesta tajante: porque para el Estado tener menos de 13 años en este país equivale a no existir.
Niñas y niños no son prioridad para el Estado, que viene a preocuparse por las personas jóvenes cuando ya han entrado a formar parte de las pandillas, porque no los protegieron cuando eran pequeños y sufrían violencia intrafamiliar.
De acuerdo con datos reportados por el MP, en 2016 hubo, además de las 14.000 denuncias recibidas por maltrato físico, 7.000 por violencia sexual, algo que tiene preocupadas a las autoridades de esa institución encargada de la persecución penal.
La fiscal General Thelma Aldana, en su afán de llevar a prisión a quienes agredan a un niño o una niña, se vio en la necesidad de abrir una fiscalía que conociera solo hechos de violencia contra la niñez.
De hecho, Nery Rodenas, representante de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), tiene en sus manos un documento que demuestra que a Guatemala poco le interesan los niños, ya que invierte en ellos solo 3,1 por ciento de su Producto Interno Bruto respecto a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que les asignan a sus pequeños un seis por ciento.
"La forma en cómo la sociedad guatemalteca concibe el ser niño, niña o adolescente está influenciada por una cultura autoritaria, machista, discriminatoria y excluyente, que los visualiza como seres con mínimos derechos y que posterga su pleno goce hasta la mayoría de edad", comenta Rodenas.
Año tras año, desde 1998, la ODHAG ha monitoreado la violencia que sufre la niñez guatemalteca.
En estos 18 años, en cada uno de sus informes anuales, nada es más sobresaliente y persistente que los golpes en la casa, los abusos sexuales que ocurren entre las cuatro paredes del hogar y los gritos proferidos a niñas y niños desde que sale hasta que se oculta el sol.
De ahí que a Rodenas le disguste que el Estado nunca atienda las recomendaciones de la ODHA de proteger los derechos de la niñez a no ser maltratada ni violentada en sus derechos humanos y con ello evitar una niñez vulnerable.
La Fundación Sobrevivientes, mediante su directora Claudia Hernández, hace su sumatoria y estima que a nivel nacional en 80 por ciento de los hogares guatemaltecos ocurre algún tipo de maltrato, del cual los más afectados son, en su orden, mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad.
Si años atrás se reportaba maltrato y abuso a niñas y niños de cinco a 10 años, Claudia se horroriza de ver que se ha llegado a extremos de tener que realizarles pruebas de maltrato y abuso a bebes de seis meses.
El continuo monitoreo sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia guatemalteca por la ODHAG logró detectar, además, que entre más corta es la edad de las y los menores, más violencia se ejerce en su contra, como consecuencia de su indefensión y dependencia de los adultos
El MP cuenta con expedientes que reportan una niñez golpeada con cables de transmisión de electricidad, cuerpos lacerados con lazos, cintos o palos y manos marcadas porque han sido amarradas a la cama como castigo.
Otras cicatrices más tatúan los cuerpos de la niñez: la planta de los pies o las manos quemadas con planchas o en las hornillas de la estufa; el MP señala a las madres como las principales agresoras.
El padre, padrastro, tío o abuelo se convierte en el maltratador porque, si bien no suelen estar todo el tiempo con las y los infantes, cuando conviven con ellos los insultan, los golpean o abusan de ellos.
A Leonel Dubón le decepciona que en este país se hayan creado instituciones para atender la niñez víctima y que no cuentan con un solo centavo para funcionar.
Existe una Procuraduría de la niñez, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y la Comisión Nacional para la niñez, pero ninguna de ellas puede operar si no cuenta con fondos, destaca.
El ministro de Prevención del Delito del Ministerio de Gobernación, Axel Romero, busca sensibilizar a la niñez de las áreas marginales con actividades para que no se incorporen a grupos delictivos, pero para Claudia Hernández la causa es más estructural, es un problema de atención desde el interior de sus hogares.
Marco Antonio Garavito, de la Liga de Higiene Mental, sabe que cuando niños y niñas abusadas alcanzan la pubertad, muchos reproducen los patrones violentos y eso les hace involucrarse en las pandillas.
Actualmente, cerca de 19.000 adolescentes conforman esos grupos criminales que tienen de rodillas a pilotos de transporte, propietarios de negocios y comunidades enteras, ya que, a través del recurso del terror, se agencian de fondos para poder vivir. Extorsionan, amenazan, asesinan a sangre fría si la población no cumple con sus solicitudes.
"Pero qué esperábamos, si ser niño o niña en Guatemala es ser un ciudadano de tercera categoría, el que está al final de la lista de pendientes del Estado", sostiene Dubón.

Por Alicia Mendoza
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

 

México, febrero (SEMlac).- María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Nacional de Feminicidio, señaló que en 18 meses, 2015 a julio de 2016, fueron asesinadas 195 mujeres en la Ciudad de México, y que sólo el 43 por ciento de estos casos están siendo investigados como feminicidio.
En el caso de las niñas, advirtió Teresa Incháustegui, directora general del Inmujeres en CDMX, "la violencia que se ejerce contra las niñas y las adolescentes no es denunciada, está debajo de la alfombra, porque la familia la tapa, es un delito que no se ve".
Esto fue dicho durante el Foro "CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia", organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres (Inmujeres CDMX), en donde se analizaron los avances y retos en materia de legislación con perspectiva de género y políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres. 
Incháustegui afirmó que el derecho a vivir sin violencia es el número uno para las mujeres y las niñas, "es la puerta de entrada a todos los derechos, vivir sin violencia nos permite desarrollarnos como personas".
Recordó que la Organización Mundial de la Salud considera la violencia contra las mujeres como una pandemia, y que el 90 por ciento de esta ha sido ejercida por personas conocidas, familiares, parejas y exparejas de las mujeres.
Al reflexionar sobre las mejoras necesarias a las políticas públicas que llevan más de 20 años en el país para atacar la violencia contra las mujeres, Incháustegui indicó que hace falta armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México (LAMVLV), los reglamentos y disposiciones.
Además, la presidenta del Inmujeres CDMX expuso dos nuevos instrumentos que el Gobierno de la Ciudad de México implementó en noviembre del año pasado para fortalecer el derecho a vivir sin violencia.
El primero es el Sistema Informático de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y las Niñas en la Ciudad de México, que está establecido en la LAMVLV, donde a través de una Cédula Única de Registro se integrará una base de datos con todas las mujeres que acudan por estos casos a solicitar atención en las cinco redes de servicios que hay en la capital mexicana.
El segundo, explicó, es el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas recurrentes de violencia, el cual está integrado por la Secretaría de Salud y la de Seguridad Pública capitalinas, la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, el Inmujeres CDMX y el Tribunal Superior de Justicia, que cuentan con información dura sobre las mujeres, sus agresores, el lugar de la agresión y el número de denuncias.
Con estos datos identificarán a las víctimas que tengan varias denuncias, se presenten de manera frecuente con lesiones en los servicios de salud o tengan órdenes de protección, para valorar el riesgo de ser privadas de la vida por sus agresores y ofrecerles atención personalizada.
Al admitir que aún no se tienen "todas las soluciones para muchas mujeres", la directora del Inmujeres CDMX explicó que estas nuevas herramientas son perfectibles, que requieren recursos, de la participación de expertas y de organizaciones de atención a víctimas; "ahorita se necesita capacitación del personal, afinar y probar" dichos instrumentos, puntualizó.
Por su parte, María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional de Feminicidio, señaló que el contexto de la violencia contra las mujeres ha cambiado, por eso es importante reconocer las características de los asesinatos de mujeres, tener la radiografía clara sobre qué pone en riesgo a las mujeres, para tener claro quién es el agresor.
Además, citó datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que las delegaciones que concentran el mayor número de asesinatos de mujeres son Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan.
En su participación, María de los Ángeles López Peña, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hizo un balance de la ampliación de los servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia en la CDMX, para los cuales hace falta una capacitación mayor de los servidores públicos a fin de ofrecer una atención diferente a las víctimas de violencia feminicida.
También, dijo, falta mayor coordinación de todas las instituciones de gobierno para proteger la vida de las mujeres.
De igual forma, la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH-UNAM), Martha Patricia Castañeda Salgado, destacó que un elemento necesario para erradicar esta violencia es la ciudadanización y el auto reconocimiento de las mujeres como sujetas sociales, políticas y de derechos. 
En la última mesa, Carlos Javier Echarri Cánovas, investigador de El Colegio de México, explicó que los registros, bases de datos, cifras y datos de los casos de feminicidio en la CDMX aún no están actualizados o no son precisos y desglosados, lo que limita la posibilidad del análisis.

Por Lirians Gordillo Piña
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

La Habana, febrero (SEMlac).- Un grupo de narradoras cubanas llaman la atención sobre la violencia machista desde sus relatos en la antología Sombras nada más. 36 escritoras cubanas contra la violencia hacia la mujer, presentada el pasado 11 de febrero en la XVI Feria del Libro de La Habana.
"En nuestro país el tema de la violencia contra la mujer es aún tabú, y pensarlo como un tema de discusión pública todavía parece una utopía demasiado irreal", destacó la ensayista Zaida Capote Cruz durante la presentación del volumen.
Para la crítica literaria esta iniciativa representa una muestra de solidaridad y un "gesto colectivo contra la violencia instaurada como práctica cotidiana".
La antología es fruto de la idea original de la escritora y poeta Marilyn Bobes y contó con la selección de la narradora Laidi Fernández de Juan. 
El volumen reúne autoras de diversas generaciones y estilos, quienes presentan un mosaico de temas y puntos de vista sobre la violencia patriarcal en el país.
Una de las autoras, la escritora Carla Suárez, llamó a sacar la violencia de la "normalidad" al intervenir en la presentación.
"Para mí es muy importante participar en esta antología. Hay muchos debates en el mundo sobre este problema que se ha vuelto 'normal' por cotidiano y de esa 'normalidad' tenemos que sacarlo", declaró Suárez a SEMlac.
Entre la diversidad de temáticas y estilos, aparecen como constantes el compromiso social de las autoras y la referencia a la realidad como fuente de experiencias e historias que luego vuelcan en la ficción.
"Yo me baso mucho en la realidad, en historias que conozco y experiencias que he tenido como mujer", declaró Lourdes de Armas, otra de las autoras.
De Armas opina que los cuentos y fragmentos de novelas reunidos hacen "un llamado a la sociedad para que atienda la violencia de género" desde lo social y lo jurídico.
"Quien lea estas historias no encontrará un programa político, un estudio psicológico o un manifiesto, aunque en conjunto la obra tribute con creces a esos fines", opina la periodista Helen Hernández en la contraportada del libro.
Sombras nada más se suma al esfuerzo de intelectuales y artistas cubanas que han denunciado con anterioridad la violencia de género. 
Durante su presentación, Capote Cruz recordó la acción virtual de Tod@scontralaviolencia, una convocatoria que circuló en 2014 por internet y que abogaba por la aprobación de una ley que sancione la violencia machista en Cuba.
En aquella ocasión también se reunieron un grupo de intelectuales, escritoras, artistas y académicas, pero la respuesta de las instituciones cubanas no fue favorable a sus demandas. 
Capote Cruz apuesta por insistir, pese a las dificultades y resistencias que aún genera la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el país.
"Y no por eso debemos aceptar que la agresión de cualquier tipo es una práctica individual, basada en la subjetividad de las personas, sin entender que la violencia contra la mujer es una práctica social diseminada en todos los espacios de nuestras vidas, con profundas raíces estructurales, y perceptible en muchos espacios, además del privado", resaltó.

Por Zaira Hernández
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Oaxaca, México, enero (SEMlac).- Irma Aguilar Raymundo, presidenta municipal de San Pedro Atoyac, municipio ubicado en la región de la Costa de Oaxaca, no ha podido ejercer sus funciones en el municipio por la negativa del síndico, quien se ha empeñado en que la presidenta renuncie.
La alcaldesa de esta comunidad del distrito de Jamiltepec expresó su cansancio y molestia, porque el machismo sigue vigente y las mujeres carecen de garantías.
"Ellos ya tienen su costumbre de eso del machismo y el hombre encargado de ese puesto es el síndico municipal Gabriel Ángel Guzmán Miguel, quien quiere subir a mi puesto. Él no me deja que yo llegue a gobernar y aconseja a todos los del cabildo a que no me hablen", abundó.
Desde el primer momento, a Aguilar Raymundo le han pedido su renuncia. "Me piden que presente renuncia, licencia o que me vaya, es más, que pase al domicilio del síndico para que le pague mis mensualidades", señaló.
Entrevistada por SEMlac, previo al acto de firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el gobierno estatal, la presidenta aseguró que está en la mejor disposición de trabajar y clamó el apoyo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
"Ya no quiero problema con ellos, que pongan a Gabriel Ángel (Guzmán Miguel) en su lugar, que acepte su cargo como síndico y que ya no manipule al cabildo en contra mía", abundó.
Y es que por el cabildeo del síndico las regidoras de Educación y Hacienda ya están en contra de la alcaldesa.
E incluso, ahora que ya abrieron la cuenta bancaria del municipio y aunque le dieron acceso al despacho de la presidencia de San Pedro Atoyac, carece de las garantías para ejercer las funciones que le corresponden.
"Pido al gobernador Alejandro Murat para que el síndico reconozca su lugar porque tenemos muchos problemas y no estamos avanzando", indicó.
La alcaldesa tiene apoyo de algunas agencias y aunque la población la eligió, en este municipio que se rige por el sistema de Partidos Políticos, no la respaldan abiertamente por temor a los hombres.
Mientras tanto, este miércoles el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que una comisión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial acudirán a esa comunidad para respaldar a la presidenta.
Aseguró que se respetará la determinación del pueblo de elegir a una mujer y ella tendrá que ejercer sus funciones.

Por Sara Más
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Habana, enero (SEMlac).- Si bien concuerdan en que la prostitución es una de las formas más agravadas de la violencia de género y conlleva múltiples revictimizaciones para quienes la ejercen, especialistas reunidos en la capital cubana abogaron por no criminalizar a las mujeres que la ejercen.
"No debemos criminalizar esas conductas ni asociarlas a la justicia penal", apuntó Rosa Campoalegre, al frente del Grupo de Estudios de Familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas y quien coordinó un panel sobre el tema durante el Segundo simposio internacional sobre violencia de género, prostitución, turismo sexual y trata de personas "Berta Cáceres in memoriam", realizado del 23 al 25 de enero en La Habana.
En opinión de Campoalegre, corresponde tomar una postura frente al fenómeno desde las políticas públicas para poder proteger y acompañar a las personas que viven en situación de prostitución.
Convocado por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), el encuentro busca promover el debate científico sobre las causas, implicaciones y alternativas de soluciones y compromiso de cambio respecto a la prostitución, el turismo sexual, la violencia de género y la trata de personas.
Estos posicionamientos tienen lugar en medio de debates dentro y fuera de Cuba en torno a la prostitución y varias interrogantes que suelen manejarse al respecto: ¿se trata de compra y venta de placer o de personas?, ¿es trabajo sexual o esclavitud oficial?, ¿es un delito?, se cuestionó la experta.
Estudios citados por Campoalegre dan cuenta de que la prostitución en Cuba se distingue por su carácter eventual y el rejuvenecimiento de la iniciación, aunque cada vez más se mueve a la adultez, con lo cual aparecen nuevas formas de prostitución y de asociación con delitos conexos.
"Debemos asumirla lo más alejado posible del sistema de justicia penal", reiteró la especialista y apuntó que uno de los aportes del feminismo en este tema es el de visibilizar las múltiples victimizaciones que viven las mujeres en situación de prostitución. 
En Cuba, donde esta práctica sexual no está legalizada ni tipificada como delito, sí se sanciona penalmente la figura del proxeneta, entendido como toda persona que saca provecho de la explotación sexual y se beneficia económicamente de ello. 
Sin embargo, en la práctica, las mujeres que ejercen la prostitución son retenidas en centros de rehabilitación bajo el precepto de que practican una "conducta de peligrosidad" y así son también limitadas de libertad.
"Esta doble victimización es aún más seria cuando las propias autoridades son permisivas con la práctica de la prostitución masculina", reaccionó desde su blog personal el médico Alberto Roque, activista por los derechos humanos y la diversidad sexual.
Según explicó el también integrante de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes), a los hombres que ejercen la prostitución no los retienen, sino que los regresan a sus casas, incluidas otras provincias cuando es el caso.
Para Mariela Castro Espín, directora del Cenesex y presidenta del simposio, hay que partir de que "convertirse en mercancía sexual y someterse a la ley de la oferta y la demanda quita derecho a las personas, que pierden más sometiéndose a un dueño explotador que buscando otras alternativas de vida.
"Hay quienes creen que legalizando la prostitución disminuirá el crimen organizado alrededor de este fenómeno; sin embargo, algunas experiencias de ese tipo han llevado a que muchos proxenetas se conviertan en ricos empresarios", expuso como ejemplo.
Partidaria de trabajar para que esas personas sean sujetos de derecho y por crear mecanismos legales y de funcionamiento social que les permitan encontrar salidas y ayudas, Castro Espín se refirió a legislaciones que empiezan a abrirse paso en el mundo y desvían la atención hacia el cliente que consume los servicios sexuales y no a castigar a las personas que la ejercen.
Entre las más novedosas destacó la del Reino de Suecia, pionero en la penalización del cliente que demanda un servicio sexual remunerado e ilegal.
Suecia aprobó en 1999 una ley que penaliza al cliente de la prostitución como un paso para eliminar la demanda. "La ley prohíbe comprar sexo", explicó Per-Anders Sunesson, Embajador para la lucha contra el Tráfico de Personas en Suecia, durante una intervención especial en el simposio.
La ley se complementa con otras medidas y estrategias sociales que brindan a las mujeres apoyo, acompañamiento y formación para la búsqueda de empleo.
Como resultado, la prostitución en las calles se redujo a la mitad y cambió la forma de pensar y la actitud de los hombres acerca de comprar sexo.
"Las investigaciones científicas recomiendan no penalizar a quienes ejercen la prostitución, pues estas personas son en mayoría mujeres que quedan aún más vulnerables ante la violencia", acotó.
Con ello concordó Roque, para quien la práctica de la prostitución "cercena la libertad, la equidad y la autonomía de quien ofrece el servicio". 
Tampoco apoya el acuñado término de "trabajo sexual", por "pactar sospechosamente con las bases ideológicas del patriarcado, implementadas en un mundo crecientemente desigual y neoliberal", suscribió en su blog.
Desde ese espacio el activista se hizo eco de la polémica, tras abordarse el tema en un programa informativo de la televisión nacional, y apoyó la propuesta del Cenesex de penalizar al cliente y ampliar el debate sobre las causas e impactos de la prostitución.
Cuba mantiene una política de cero tolerancia ante fenómenos como la trata de personas asociadas a la explotación sexual, laboral y de otra índole, incluida la explotación sexual de menores, dijo por su parte Yoandrys González García, jefe Cooperación Operacional Internacional de la Dirección General de la Policía.
No obstante, se necesita dar a conocer más estos problemas para ayudar a la prevención y la denuncia, pues no siempre se reconoce, agregó. 
También se necesita de mayor experticia por parte de las personas que tiene que trabajar con estos casos, puntualizó.
De ahí que se insistiera en la necesidad de incrementar los conocimientos sobre estos tema en la población, por la baja percepción de riesgo que existe al respecto.

Página 5 de 34
Volver