Violencia de género

Violencia de género (439)

Por Alicia Mendoza
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México, febrero (SEMlac).- En busca de impulsar la armonización legislativa a nivel nacional para la inclusión, sanción y prevención de delitos por razones de género, como el feminicidio, la violencia política, la violencia sexual, la violencia obstétrica y el acoso callejero, quedó instalada la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género de la Cámara de Diputados de México.
Durante la reunión, la presidenta de la Comisión, Maricela Contreras, destacó que "la apuesta es avanzar en un Protocolo Nacional de Actuación Ministerial, Pericial y Policial para la Atención de Delitos Cometidos por Razones de Género", que se trabajará con la participación de la Procuraduría General de la República, INMUJERES, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, entre otras.
La violencia política, la violencia obstétrica, el acoso callejero, la violencia sexual y el feminicidio son modalidades de violencia de género que se han recrudecido a nivel nacional en los últimos años y en los cuales debe ponerse especial énfasis, ya que el nivel de impunidad en estos delitos llega a más del 95 por ciento, se expuso durante la instalación de la Comisión.
Tenemos que visibilizar la violencia contra las mujeres en el país, indicó la diputada Contreras, donde "se comenten seis feminicidios cada día, según la ONU. Tres mujeres por minuto sufren algún tipo de violencia sexual. Se han reportado 7.060 mujeres desaparecidas en tan solo cuatro años y se han denunciado 2.403 casos de mujeres torturadas".
Para resolver este grave problema, la nueva instancia legislativa busca formar una gran alianza con los tres niveles de gobierno, las institutos de las mujeres de los estados y todas la instituciones en la materia, para visibilizar la violencia de género, considerarla un asunto público y un problema de Estado, que debe atenderse de manera inmediata con acciones que tengan en cuenta y prevengan las causas estructurales que originan la violación de derechos humanos, señaló Contreras.
Con respecto al tema más grave, que es la procuración de justicia, dijo, la comisión trabajará en conjunto con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país "para ver que los casos sean atendidos".
También la propuesta de trabajo busca declarar instituciones de salud pública espacios ciento por ciento libres de Violencia Obstétrica, a través de suscripción de Acuerdos con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y con los Servicios de Salud Pública de las Entidades Federativas, entre otras, en los meses de marzo, abril y mayo de 2017.
Sobre la violencia política, se propone lograr su tipificación y convocar a los partidos políticos a un Pacto para su erradicación en el marco de los procesos electorales de 2017 y 2018, entre los meses de mayo u octubre de 2017 y abril de 2018.
En cuanto a la violencia sexual, el objetivo es lograr la armonización de un Protocolo Nacional; para erradicar los casos de feminicidio. En el combate al acoso callejero, se propone realizar una Campaña Nacional y establecer un marco legislativo para su prevención, erradicación y sanción, en abril de este año.
También, crear Unidades de Atención Especializada a Víctimas de Violencia de Género, implementar una en cada sistema de procuración de justicia de las entidades federativas.
Durante el evento Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), reconoció que la Comisión Especial es una instancia que México requería para que los delitos por razones de género sean fuertemente sancionados, para enfrentar la impunidad, visibilizar y desnaturalizar la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
El magistrado Edgar Elías Azar, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, afirmó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene registradas, hasta 2016, 29.000 denuncias por delitos por razones de género, como violación, estupro, asaltos y delitos sexuales.
"Tenemos que hacer que los gobiernos de los estados de la República cumplan con sus responsabilidades para resolver esta problemática", afirmó el magistrado.

Por Alba Trejo
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Guatemala, febrero (SEMlac).- A la niñez guatemalteca se le corrige a golpes, a patadas, a gritos. Niños y niñas ingresan quemados a las salas de los hospitales, con los huesos rotos y hematomas en el cuerpo porque la madre, el padre, el tío o el padrastro se enojaron.
Un total de 14.000 niños y niñas a su corta edad tuvieron que enterarse el año pasado de lo que era el Ministerio Público (MP), después de que la mano adulta los lastimara sin piedad con alambre eléctrico, palos, lazos, planchas calientes y hasta hierros.
En el peor de los casos, muchas y muchos pequeños contaron cómo eran abusados sexualmente y amenazados de muerte si de su boquita salía una sola palabra.
Y el maltrato se hace más palpable cuando llega al extremo de arrancarles la vida de un tajo.
Parientes cercanos a los niños y niñas tuvieron que llegar a recoger los cuerpos inertes al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se les reportó la manera en que los pequeños perdieron la vida.
Las manos de los médicos forenses tuvieron que trabajar el año pasado sobre los cadáveres de 1.163 menores. El médico forense Sergio Rodas asegura que la mayoría de ellos sufrió asfixia por estrangulamiento, sumersión o suspensión, heridas por arma blanca o por arma de fuego, o un trauma craneoencefálico.
¿Pero por qué la niñez guatemalteca es más vulnerable que la de los otros países de Centroamérica? Leonel Dubón, de Casa Refugio de la Niñez, contesta tajante: porque para el Estado tener menos de 13 años en este país equivale a no existir.
Niñas y niños no son prioridad para el Estado, que viene a preocuparse por las personas jóvenes cuando ya han entrado a formar parte de las pandillas, porque no los protegieron cuando eran pequeños y sufrían violencia intrafamiliar.
De acuerdo con datos reportados por el MP, en 2016 hubo, además de las 14.000 denuncias recibidas por maltrato físico, 7.000 por violencia sexual, algo que tiene preocupadas a las autoridades de esa institución encargada de la persecución penal.
La fiscal General Thelma Aldana, en su afán de llevar a prisión a quienes agredan a un niño o una niña, se vio en la necesidad de abrir una fiscalía que conociera solo hechos de violencia contra la niñez.
De hecho, Nery Rodenas, representante de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), tiene en sus manos un documento que demuestra que a Guatemala poco le interesan los niños, ya que invierte en ellos solo 3,1 por ciento de su Producto Interno Bruto respecto a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que les asignan a sus pequeños un seis por ciento.
"La forma en cómo la sociedad guatemalteca concibe el ser niño, niña o adolescente está influenciada por una cultura autoritaria, machista, discriminatoria y excluyente, que los visualiza como seres con mínimos derechos y que posterga su pleno goce hasta la mayoría de edad", comenta Rodenas.
Año tras año, desde 1998, la ODHAG ha monitoreado la violencia que sufre la niñez guatemalteca.
En estos 18 años, en cada uno de sus informes anuales, nada es más sobresaliente y persistente que los golpes en la casa, los abusos sexuales que ocurren entre las cuatro paredes del hogar y los gritos proferidos a niñas y niños desde que sale hasta que se oculta el sol.
De ahí que a Rodenas le disguste que el Estado nunca atienda las recomendaciones de la ODHA de proteger los derechos de la niñez a no ser maltratada ni violentada en sus derechos humanos y con ello evitar una niñez vulnerable.
La Fundación Sobrevivientes, mediante su directora Claudia Hernández, hace su sumatoria y estima que a nivel nacional en 80 por ciento de los hogares guatemaltecos ocurre algún tipo de maltrato, del cual los más afectados son, en su orden, mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad.
Si años atrás se reportaba maltrato y abuso a niñas y niños de cinco a 10 años, Claudia se horroriza de ver que se ha llegado a extremos de tener que realizarles pruebas de maltrato y abuso a bebes de seis meses.
El continuo monitoreo sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia guatemalteca por la ODHAG logró detectar, además, que entre más corta es la edad de las y los menores, más violencia se ejerce en su contra, como consecuencia de su indefensión y dependencia de los adultos
El MP cuenta con expedientes que reportan una niñez golpeada con cables de transmisión de electricidad, cuerpos lacerados con lazos, cintos o palos y manos marcadas porque han sido amarradas a la cama como castigo.
Otras cicatrices más tatúan los cuerpos de la niñez: la planta de los pies o las manos quemadas con planchas o en las hornillas de la estufa; el MP señala a las madres como las principales agresoras.
El padre, padrastro, tío o abuelo se convierte en el maltratador porque, si bien no suelen estar todo el tiempo con las y los infantes, cuando conviven con ellos los insultan, los golpean o abusan de ellos.
A Leonel Dubón le decepciona que en este país se hayan creado instituciones para atender la niñez víctima y que no cuentan con un solo centavo para funcionar.
Existe una Procuraduría de la niñez, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y la Comisión Nacional para la niñez, pero ninguna de ellas puede operar si no cuenta con fondos, destaca.
El ministro de Prevención del Delito del Ministerio de Gobernación, Axel Romero, busca sensibilizar a la niñez de las áreas marginales con actividades para que no se incorporen a grupos delictivos, pero para Claudia Hernández la causa es más estructural, es un problema de atención desde el interior de sus hogares.
Marco Antonio Garavito, de la Liga de Higiene Mental, sabe que cuando niños y niñas abusadas alcanzan la pubertad, muchos reproducen los patrones violentos y eso les hace involucrarse en las pandillas.
Actualmente, cerca de 19.000 adolescentes conforman esos grupos criminales que tienen de rodillas a pilotos de transporte, propietarios de negocios y comunidades enteras, ya que, a través del recurso del terror, se agencian de fondos para poder vivir. Extorsionan, amenazan, asesinan a sangre fría si la población no cumple con sus solicitudes.
"Pero qué esperábamos, si ser niño o niña en Guatemala es ser un ciudadano de tercera categoría, el que está al final de la lista de pendientes del Estado", sostiene Dubón.

Por Alicia Mendoza
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México, febrero (SEMlac).- María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Nacional de Feminicidio, señaló que en 18 meses, 2015 a julio de 2016, fueron asesinadas 195 mujeres en la Ciudad de México, y que sólo el 43 por ciento de estos casos están siendo investigados como feminicidio.
En el caso de las niñas, advirtió Teresa Incháustegui, directora general del Inmujeres en CDMX, "la violencia que se ejerce contra las niñas y las adolescentes no es denunciada, está debajo de la alfombra, porque la familia la tapa, es un delito que no se ve".
Esto fue dicho durante el Foro "CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia", organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres (Inmujeres CDMX), en donde se analizaron los avances y retos en materia de legislación con perspectiva de género y políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres. 
Incháustegui afirmó que el derecho a vivir sin violencia es el número uno para las mujeres y las niñas, "es la puerta de entrada a todos los derechos, vivir sin violencia nos permite desarrollarnos como personas".
Recordó que la Organización Mundial de la Salud considera la violencia contra las mujeres como una pandemia, y que el 90 por ciento de esta ha sido ejercida por personas conocidas, familiares, parejas y exparejas de las mujeres.
Al reflexionar sobre las mejoras necesarias a las políticas públicas que llevan más de 20 años en el país para atacar la violencia contra las mujeres, Incháustegui indicó que hace falta armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México (LAMVLV), los reglamentos y disposiciones.
Además, la presidenta del Inmujeres CDMX expuso dos nuevos instrumentos que el Gobierno de la Ciudad de México implementó en noviembre del año pasado para fortalecer el derecho a vivir sin violencia.
El primero es el Sistema Informático de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y las Niñas en la Ciudad de México, que está establecido en la LAMVLV, donde a través de una Cédula Única de Registro se integrará una base de datos con todas las mujeres que acudan por estos casos a solicitar atención en las cinco redes de servicios que hay en la capital mexicana.
El segundo, explicó, es el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas recurrentes de violencia, el cual está integrado por la Secretaría de Salud y la de Seguridad Pública capitalinas, la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, el Inmujeres CDMX y el Tribunal Superior de Justicia, que cuentan con información dura sobre las mujeres, sus agresores, el lugar de la agresión y el número de denuncias.
Con estos datos identificarán a las víctimas que tengan varias denuncias, se presenten de manera frecuente con lesiones en los servicios de salud o tengan órdenes de protección, para valorar el riesgo de ser privadas de la vida por sus agresores y ofrecerles atención personalizada.
Al admitir que aún no se tienen "todas las soluciones para muchas mujeres", la directora del Inmujeres CDMX explicó que estas nuevas herramientas son perfectibles, que requieren recursos, de la participación de expertas y de organizaciones de atención a víctimas; "ahorita se necesita capacitación del personal, afinar y probar" dichos instrumentos, puntualizó.
Por su parte, María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional de Feminicidio, señaló que el contexto de la violencia contra las mujeres ha cambiado, por eso es importante reconocer las características de los asesinatos de mujeres, tener la radiografía clara sobre qué pone en riesgo a las mujeres, para tener claro quién es el agresor.
Además, citó datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que las delegaciones que concentran el mayor número de asesinatos de mujeres son Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan.
En su participación, María de los Ángeles López Peña, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hizo un balance de la ampliación de los servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia en la CDMX, para los cuales hace falta una capacitación mayor de los servidores públicos a fin de ofrecer una atención diferente a las víctimas de violencia feminicida.
También, dijo, falta mayor coordinación de todas las instituciones de gobierno para proteger la vida de las mujeres.
De igual forma, la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH-UNAM), Martha Patricia Castañeda Salgado, destacó que un elemento necesario para erradicar esta violencia es la ciudadanización y el auto reconocimiento de las mujeres como sujetas sociales, políticas y de derechos. 
En la última mesa, Carlos Javier Echarri Cánovas, investigador de El Colegio de México, explicó que los registros, bases de datos, cifras y datos de los casos de feminicidio en la CDMX aún no están actualizados o no son precisos y desglosados, lo que limita la posibilidad del análisis.

Por Lirians Gordillo Piña
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La Habana, febrero (SEMlac).- Un grupo de narradoras cubanas llaman la atención sobre la violencia machista desde sus relatos en la antología Sombras nada más. 36 escritoras cubanas contra la violencia hacia la mujer, presentada el pasado 11 de febrero en la XVI Feria del Libro de La Habana.
"En nuestro país el tema de la violencia contra la mujer es aún tabú, y pensarlo como un tema de discusión pública todavía parece una utopía demasiado irreal", destacó la ensayista Zaida Capote Cruz durante la presentación del volumen.
Para la crítica literaria esta iniciativa representa una muestra de solidaridad y un "gesto colectivo contra la violencia instaurada como práctica cotidiana".
La antología es fruto de la idea original de la escritora y poeta Marilyn Bobes y contó con la selección de la narradora Laidi Fernández de Juan. 
El volumen reúne autoras de diversas generaciones y estilos, quienes presentan un mosaico de temas y puntos de vista sobre la violencia patriarcal en el país.
Una de las autoras, la escritora Carla Suárez, llamó a sacar la violencia de la "normalidad" al intervenir en la presentación.
"Para mí es muy importante participar en esta antología. Hay muchos debates en el mundo sobre este problema que se ha vuelto 'normal' por cotidiano y de esa 'normalidad' tenemos que sacarlo", declaró Suárez a SEMlac.
Entre la diversidad de temáticas y estilos, aparecen como constantes el compromiso social de las autoras y la referencia a la realidad como fuente de experiencias e historias que luego vuelcan en la ficción.
"Yo me baso mucho en la realidad, en historias que conozco y experiencias que he tenido como mujer", declaró Lourdes de Armas, otra de las autoras.
De Armas opina que los cuentos y fragmentos de novelas reunidos hacen "un llamado a la sociedad para que atienda la violencia de género" desde lo social y lo jurídico.
"Quien lea estas historias no encontrará un programa político, un estudio psicológico o un manifiesto, aunque en conjunto la obra tribute con creces a esos fines", opina la periodista Helen Hernández en la contraportada del libro.
Sombras nada más se suma al esfuerzo de intelectuales y artistas cubanas que han denunciado con anterioridad la violencia de género. 
Durante su presentación, Capote Cruz recordó la acción virtual de Tod@scontralaviolencia, una convocatoria que circuló en 2014 por internet y que abogaba por la aprobación de una ley que sancione la violencia machista en Cuba.
En aquella ocasión también se reunieron un grupo de intelectuales, escritoras, artistas y académicas, pero la respuesta de las instituciones cubanas no fue favorable a sus demandas. 
Capote Cruz apuesta por insistir, pese a las dificultades y resistencias que aún genera la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el país.
"Y no por eso debemos aceptar que la agresión de cualquier tipo es una práctica individual, basada en la subjetividad de las personas, sin entender que la violencia contra la mujer es una práctica social diseminada en todos los espacios de nuestras vidas, con profundas raíces estructurales, y perceptible en muchos espacios, además del privado", resaltó.

Por Zaira Hernández
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Oaxaca, México, enero (SEMlac).- Irma Aguilar Raymundo, presidenta municipal de San Pedro Atoyac, municipio ubicado en la región de la Costa de Oaxaca, no ha podido ejercer sus funciones en el municipio por la negativa del síndico, quien se ha empeñado en que la presidenta renuncie.
La alcaldesa de esta comunidad del distrito de Jamiltepec expresó su cansancio y molestia, porque el machismo sigue vigente y las mujeres carecen de garantías.
"Ellos ya tienen su costumbre de eso del machismo y el hombre encargado de ese puesto es el síndico municipal Gabriel Ángel Guzmán Miguel, quien quiere subir a mi puesto. Él no me deja que yo llegue a gobernar y aconseja a todos los del cabildo a que no me hablen", abundó.
Desde el primer momento, a Aguilar Raymundo le han pedido su renuncia. "Me piden que presente renuncia, licencia o que me vaya, es más, que pase al domicilio del síndico para que le pague mis mensualidades", señaló.
Entrevistada por SEMlac, previo al acto de firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el gobierno estatal, la presidenta aseguró que está en la mejor disposición de trabajar y clamó el apoyo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
"Ya no quiero problema con ellos, que pongan a Gabriel Ángel (Guzmán Miguel) en su lugar, que acepte su cargo como síndico y que ya no manipule al cabildo en contra mía", abundó.
Y es que por el cabildeo del síndico las regidoras de Educación y Hacienda ya están en contra de la alcaldesa.
E incluso, ahora que ya abrieron la cuenta bancaria del municipio y aunque le dieron acceso al despacho de la presidencia de San Pedro Atoyac, carece de las garantías para ejercer las funciones que le corresponden.
"Pido al gobernador Alejandro Murat para que el síndico reconozca su lugar porque tenemos muchos problemas y no estamos avanzando", indicó.
La alcaldesa tiene apoyo de algunas agencias y aunque la población la eligió, en este municipio que se rige por el sistema de Partidos Políticos, no la respaldan abiertamente por temor a los hombres.
Mientras tanto, este miércoles el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que una comisión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial acudirán a esa comunidad para respaldar a la presidenta.
Aseguró que se respetará la determinación del pueblo de elegir a una mujer y ella tendrá que ejercer sus funciones.

Por Sara Más
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La Habana, enero (SEMlac).- Si bien concuerdan en que la prostitución es una de las formas más agravadas de la violencia de género y conlleva múltiples revictimizaciones para quienes la ejercen, especialistas reunidos en la capital cubana abogaron por no criminalizar a las mujeres que la ejercen.
"No debemos criminalizar esas conductas ni asociarlas a la justicia penal", apuntó Rosa Campoalegre, al frente del Grupo de Estudios de Familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas y quien coordinó un panel sobre el tema durante el Segundo simposio internacional sobre violencia de género, prostitución, turismo sexual y trata de personas "Berta Cáceres in memoriam", realizado del 23 al 25 de enero en La Habana.
En opinión de Campoalegre, corresponde tomar una postura frente al fenómeno desde las políticas públicas para poder proteger y acompañar a las personas que viven en situación de prostitución.
Convocado por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), el encuentro busca promover el debate científico sobre las causas, implicaciones y alternativas de soluciones y compromiso de cambio respecto a la prostitución, el turismo sexual, la violencia de género y la trata de personas.
Estos posicionamientos tienen lugar en medio de debates dentro y fuera de Cuba en torno a la prostitución y varias interrogantes que suelen manejarse al respecto: ¿se trata de compra y venta de placer o de personas?, ¿es trabajo sexual o esclavitud oficial?, ¿es un delito?, se cuestionó la experta.
Estudios citados por Campoalegre dan cuenta de que la prostitución en Cuba se distingue por su carácter eventual y el rejuvenecimiento de la iniciación, aunque cada vez más se mueve a la adultez, con lo cual aparecen nuevas formas de prostitución y de asociación con delitos conexos.
"Debemos asumirla lo más alejado posible del sistema de justicia penal", reiteró la especialista y apuntó que uno de los aportes del feminismo en este tema es el de visibilizar las múltiples victimizaciones que viven las mujeres en situación de prostitución. 
En Cuba, donde esta práctica sexual no está legalizada ni tipificada como delito, sí se sanciona penalmente la figura del proxeneta, entendido como toda persona que saca provecho de la explotación sexual y se beneficia económicamente de ello. 
Sin embargo, en la práctica, las mujeres que ejercen la prostitución son retenidas en centros de rehabilitación bajo el precepto de que practican una "conducta de peligrosidad" y así son también limitadas de libertad.
"Esta doble victimización es aún más seria cuando las propias autoridades son permisivas con la práctica de la prostitución masculina", reaccionó desde su blog personal el médico Alberto Roque, activista por los derechos humanos y la diversidad sexual.
Según explicó el también integrante de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes), a los hombres que ejercen la prostitución no los retienen, sino que los regresan a sus casas, incluidas otras provincias cuando es el caso.
Para Mariela Castro Espín, directora del Cenesex y presidenta del simposio, hay que partir de que "convertirse en mercancía sexual y someterse a la ley de la oferta y la demanda quita derecho a las personas, que pierden más sometiéndose a un dueño explotador que buscando otras alternativas de vida.
"Hay quienes creen que legalizando la prostitución disminuirá el crimen organizado alrededor de este fenómeno; sin embargo, algunas experiencias de ese tipo han llevado a que muchos proxenetas se conviertan en ricos empresarios", expuso como ejemplo.
Partidaria de trabajar para que esas personas sean sujetos de derecho y por crear mecanismos legales y de funcionamiento social que les permitan encontrar salidas y ayudas, Castro Espín se refirió a legislaciones que empiezan a abrirse paso en el mundo y desvían la atención hacia el cliente que consume los servicios sexuales y no a castigar a las personas que la ejercen.
Entre las más novedosas destacó la del Reino de Suecia, pionero en la penalización del cliente que demanda un servicio sexual remunerado e ilegal.
Suecia aprobó en 1999 una ley que penaliza al cliente de la prostitución como un paso para eliminar la demanda. "La ley prohíbe comprar sexo", explicó Per-Anders Sunesson, Embajador para la lucha contra el Tráfico de Personas en Suecia, durante una intervención especial en el simposio.
La ley se complementa con otras medidas y estrategias sociales que brindan a las mujeres apoyo, acompañamiento y formación para la búsqueda de empleo.
Como resultado, la prostitución en las calles se redujo a la mitad y cambió la forma de pensar y la actitud de los hombres acerca de comprar sexo.
"Las investigaciones científicas recomiendan no penalizar a quienes ejercen la prostitución, pues estas personas son en mayoría mujeres que quedan aún más vulnerables ante la violencia", acotó.
Con ello concordó Roque, para quien la práctica de la prostitución "cercena la libertad, la equidad y la autonomía de quien ofrece el servicio". 
Tampoco apoya el acuñado término de "trabajo sexual", por "pactar sospechosamente con las bases ideológicas del patriarcado, implementadas en un mundo crecientemente desigual y neoliberal", suscribió en su blog.
Desde ese espacio el activista se hizo eco de la polémica, tras abordarse el tema en un programa informativo de la televisión nacional, y apoyó la propuesta del Cenesex de penalizar al cliente y ampliar el debate sobre las causas e impactos de la prostitución.
Cuba mantiene una política de cero tolerancia ante fenómenos como la trata de personas asociadas a la explotación sexual, laboral y de otra índole, incluida la explotación sexual de menores, dijo por su parte Yoandrys González García, jefe Cooperación Operacional Internacional de la Dirección General de la Policía.
No obstante, se necesita dar a conocer más estos problemas para ayudar a la prevención y la denuncia, pues no siempre se reconoce, agregó. 
También se necesita de mayor experticia por parte de las personas que tiene que trabajar con estos casos, puntualizó.
De ahí que se insistiera en la necesidad de incrementar los conocimientos sobre estos tema en la población, por la baja percepción de riesgo que existe al respecto.


De la Redacción
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México, enero (SEMlac/Revista Enlace).- La defensora guatemalteca Laura Leonor Vásquez Pineda fue asesinada el pasado 16 de enero, cuando sujetos no identificados entraron a su casa en el suroriental departamento de Jalapa del vecino país.
Laura Leonor Vázquez tenía 47 años y actualmente estaba a cargo de dos nietos menores de edad y de un pequeño comercio de su propiedad.
En 2013, a consecuencia de su militancia en el Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores y de su participación en la resistencia pacífica frente a la imposición del proyecto minero San Rafael, fue víctima de un proceso de criminalización que la mantuvo siete meses en prisión, sin que se demostrara ninguno de los delitos que el Ministerio Público le imputaba.
Tras su liberación empezaron una serie de rumores tendientes a estigmatizar y difamar su accionar como comerciante.
En un comunicado de prensa, la organización IM-Defensoras hace público su repudio ante este hecho y condena este crimen contra una defensora en Guatemala, el cual se suma a los 13 que tienen documentados desde 2012.
"Nos preocupa especialmente que al igual que en otros casos de defensoras de la tierra y el territorio en la región, como el paradigmático de Berta Cáceres en Honduras, el asesinato de la defensora se produce tras haber pasado por un proceso de criminalización acompañado de campañas de estigmatización y difamación".
Exigen al Estado guatemalteco que investigue debidamente los hechos para dar con los responsables materiales e intelectuales de este crimen, así como que garantice la seguridad y protección de la familia de la defensora.
Finalmente, llaman a las organizaciones e instancias internacionales para que expresen su condena al crimen y se unan a la exigencia de que no quede en la impunidad.


Por Sara Más
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La Habana, diciembre (Especial de SEMlac).- La sociedad cubana necesita de políticas públicas que se enfoquen a la prevención y atención integral de la violencia contra las mujeres y las niñas, señalaron profesionales, activistas y especialistas de diversos espacios y disciplinas durante el coloquio "Eres más que obedecer", el pasado 9 de diciembre, en La Habana.
"Las políticas son necesarias para que la justicia social y la atención a la violencia dejen de estar solo en el plano de lo formal y pasen al real", consideró la socióloga Iyamira Hernández Rodríguez, al intervenir en la sesión de trabajo convocada por el Centro Oscar Arnulfo Romero y la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes). 
Hernández reconoció que hay un camino recorrido, fundamentalmente, desde varias organizaciones no gubernamentales, pero insistió en que este problema social necesita de programas y políticas del Estado y sus instituciones para poderlo atender eficazmente.
Esa no fue la única propuesta derivada del encuentro, que dedicó uno de sus paneles al tema de las identidades no heteronormativas y la violencia hacia mujeres y niñas.
"Casi siempre, cuando se habla de esta violencia, en el imaginario, la representación y las políticas se piensa en mujeres homosexuales, casi nunca en las lesbianas y trans", dijo la psiquiatra Ada Alfonso, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y coordinadora del panel.
A juicio de la psicóloga Carolina Díaz Bravo, parte de las respuestas hay que buscarlas en las representaciones de mujeres y hombres del imaginario social compartido y la construcción de identidad nacional.
Estudios recientes entre jóvenes universitarios citados por Díaz evidencian que, más allá de algunos cambios y rupturas, la imagen masculina prevaleciente sigue siendo la del hombre macho a todo, que justifica la violencia hacia las mujeres y la agresividad frente a otros hombres.
¿Las relaciones que se están generando, entonces, son enriquecedoras? ¿Propician o no la violencia?, se preguntó la experta.
Para el médico Alberto Roque, integrante de la Socumes, la conformación de la identidad y los sujetos está determinada por esa relación y asimilación del poder.
"Está marcada por una matriz heterosexual, a partir de la cual se construyen todas las demás identidades; por una madeja de relaciones culturales, institucionales y estructurales donde se impone el poder de la heterosexualidad", sostuvo el activista por los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales).
Roque considera que, en el contexto cubano, las identidades trans y lésbicas están sujetas a la construcción de una masculinidad hegemónica. 
"Son las identidades que más precariedad sufren en sus vidas", recalcó. "Las trans son las más sufridas, las que más tienen que establecer mecanismos de supervivencia y lo hacen mediante la asimilación, tratando de ser aceptadas por un mundo heterosexual que no se pretende cambiar".
Se pide, por ejemplo, que se reconozca una cirugía de reasignación sexual como único modo de ser sujeto de derecho y ser una persona aceptada en la familia y la sociedad, detalló. Pero no se construyen los mecanismos de poder y el derecho al goce de una identidad
En el caso de las mujeres lesbianas, dijo, mientras sean más masculinas y radicalmente desafiantes del poder heteronormativo, serán más excluidas. Mientras más bellas y hegemónicas luzcan, mejor aceptadas serán.
Roque contrapuso a ello la teoría queer, la cual reconoce la fluidez del deseo sexual y de los géneros, aboga por el derecho a autonombrarse y por la despatologización y despenalización de los cuerpos, dijo. 
Lo queer lucha por la utopía de hacer del mundo un lugar habitable sin distingos en relación con las sexualidades y los géneros, concluyó.
Las discriminaciones y violencias adoptan otras aristas cuando se cruzan otras condiciones a la construcción de género, como el color de la piel, las creencias religiosas o las capacidades especiales, alertaron participantes en la sesión de trabajo.
"Las personas cristianas sufrimos doble violencia porque sufrimos la violencia por los conceptos culturales de la sociedad, pero también por los conceptos teológicos, que veces son mucho más fuertes", señaló Elaine Saralegui, teóloga y pastora de la Iglesia Metropolitana en Cuba. 
Con solo un año de creada, su iglesia da la bienvenida a todas las personas, independiente de su orientación sexual y su identidad de género.
"Profesamos un ministerio radicalmente inclusivo no solo con estas cuestiones sino con otras, como las diferentes espiritualidades", aclaró. Ello incluye a personas de espiritualidades afro.
"Hemos bendecido a parejas con personas trans y hemos bautizado a una trans, ya que a estas personas les cierran las puertas de las iglesias".
La literatura es otro espacio que, durante siglos, ha validado la violencia hacia las mujeres y las niñas con un enfoque misógino por excelencia. 
"Hay una construcción de la mujer en la literatura como ser negativo, peligroso, que crea destrucción y caos; un ser que el hombre no conoce y del cual debe dudar", explicó la filóloga Tersa de Jesús, al intervenir en el segundo panel de debate: Violencias hacia las mujeres. Perspectivas desde las artes.
"Resultado de una construcción del patriarcado, hay toda una literatura que justifica y privilegia como mejores las relaciones y el parecer de los hombres, que naturaliza la violencia y hace que no la notemos en nuestras casas, calles, centros laborales y escuelas", reconoció la especialista del Cenesex.
Silencios, tabúes y estereotipos se reproducen en los medios de comunicación y las industrias culturales a la hora de representar conflictos y escenas de violencia hacia las mujeres y las niñas, incluidas lesbianas y trans.
Para la periodista Mildred Obourke, se impone transgredir las barreras que hay en los medios, aprovechar aún más las redes sociales, humanizar las historias y profundizar en el conocimiento de estos temas, para poder abrirle paso a un nuevo discurso al respecto.
"Todavía hay mucha reticencia hacia los temas de género en las academias", sostuvo Karina Paz, profesora de género y audiovisual en las facultades universitarias de Letras y Medios Audiovisuales.
Los conocimientos y herramientas relativos a la teoría de género se mantienen como asignaturas optativas en la mayoría de las carreras de la enseñanza superior. Solo en Sociología se contempla como parte del currículo de formación regular de pregrado.
De ahí que se insistiera en la necesidad de superación y aprendizaje por parte de profesionales de la comunicación y equipos de realización de audiovisuales, para poder representar eficazmente la violencia de género en sus obras y mensajes.
Haber participado en espacios de debate sobre este problema le permitió a Lenna Pérez Cruzata, realizadora de televisión, acercarse a este tema con una apreciación concreta. 
Pérez Cruzata es una de las realizadoras de la serie "Rompiendo el silencio", que se estrena este fin de año en la televisión cubana de alcance nacional para tratar en nueve capítulos diferentes expresiones de violencia hacia las mujeres y las niñas.
"La visión de la serie fue cambiando según fuimos transitando por estos espacios de aprendizaje, desde el trabajo de guion, durante el rodaje y el intercambio con los actores", reconoció en entrevista con SEMlac.
La asesoría especializada cobra mayor valor porque la presencia de estos problemas en los medios no responde a una estrategia ni a una política específica. 
"Las personas que decidimos abordar el tema lo hacemos por compromiso puramente personal y en el camino logramos sensibilizar a personas que se percatan de la importancia del tema", comentó Marisel Pestana, asesora de la serie.
Propuestas de este tipo, que aúnan a creadores, creadoras y especialistas, es lo que nos va a permitir avanzar, expuso a SEMlac, como ejemplo, Mareelén Díaz Tenorio, subdirectora de OAR. "Ninguno de nosotros, trabajando solos, podemos lograrlo".
"Tenemos una misma meta frente al problema de la violencia hacia las mujeres y las niñas: una política pública mediante la cual el Estado centralice la atención, prevención y rehabilitación, en términos de salud, justicia, educación, protección y atención social", concluyó.

 


2 de diciembre de 2016
 
 
 
               
           
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"Violencia en espacios rurales: Miradas más atentas", No a la Violencia, junio de 2015.

"Contra el mobbing… mejor precaver", por Irina Gutiérrez Pérez, No a la Violencia, mayo de 2015.

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El silencio hacia las mujeres lesbianas y trans es violencia 
Por Lirians Gordillo Piña / Foto: SEMlac

Abordar de manera amplia e inclusiva la violencia por motivos de género es un reclamo de grupos de mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Cuba. Para la activista Mercedes García Hernández, la lesbofobia y la transfobia también son expresiones de violencia machista y la vida cotidiana da muestra de ello. 
La integrante de la red Humanidad por la Diversidad (HxD), que acoge el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), cree importante romper el silencio que invisibiliza a quienes no cumplen con la norma heteropatriarcal.

¿Por qué podemos afirmar que las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero también sufren violencia de género?
El género es una construcción cultural que pauta rígidamente lo que “es” un hombre y una mujer; se nace mujer o varón y la sociedad te construye como uno u otro género. Desde este concepto, las personas con identidades no heteronormativas están excluidas. 
La violencia que sufren mujeres homosexuales, bisexuales y trans está totalmente invisibilizada en las campañas dirigidas a eliminar la violencia contra la mujer, pensadas desde la heteronormatividad hacia la mujer de pareja heterosexual, que siempre es violentada por un hombre: su padre, el marido, un amigo, etc. 
No solo el golpe es violencia. El silencio, el no ser reconocidas, son actos de una violencia real. Las mujeres trans existen muchísimo menos que las lesbianas. Lamentablemente, muchas veces son expulsadas de las escuelas desde temprana edad, no terminan una carrera universitaria como tal vez la terminamos otras mujeres. 
Los casos de violencia de mujeres en parejas o uniones homoeróticas no están visibilizados ni estudiados, y mucho menos protegidos por la ley. La mujer heterosexual que denuncia la violencia puede ser protegida por la institución policial, atendida en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, puede tener protección en el hospital; existe una red que, si bien es insuficiente, brinda cierta ayuda.
En nuestro caso, cuando sucede un hecho de violencia doméstica y alguna se llena de valor y hace una denuncia, no es considerado por la policía como algo que realmente merece estudio y ayuda. 
Muchas veces la misma homofobia puede ser utilizada para violentar a la pareja diciéndole: ¡te voy a denunciar, voy a ir a tu trabajo, voy a decir que tienes sexo conmigo! y así obligan a las personas a permanecer en el closet o a salir violentamente de él de una forma que puede causar un trastorno físico o emocional. 
Yo pienso que la violencia de género es excluyente, es cárcel en sí misma, y estaríamos cometiendo un error político imparable con la propuesta de iniciativas, legislativas o no, que dejen fuera a otros seres humanos, como por ejemplo las mujeres trans y lesbianas.

¿Cuáles son los impactos más fuertes de la violencia machista para estas personas?
Pagamos un precio altísimo por nuestra orientación sexual e identidad de género. Primero está la invisibilidad, incluso haría un llamado a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) a que nos apoye. Las mujeres lesbianas y trans tenemos derecho a que nuestras especificidades sean tratadas, pues nos perdemos en ese mar de heterosexuales con necesidades propias a su orientación sexual y que sí son reconocidas.
No todas podemos ser madres, se nos arrebata ese derecho; no tenemos la posibilidad de la reproducción asistida o a una asistencia primaria de salud a favor de nuestras necesidades. Una va al médico y recibe violencia ginecológica, pues no se tiene en cuenta, por ejemplo, que algunas mujeres nunca han tenido relaciones sexuales con penetración y existen dispositivos ginecológicos invasivos para ellas. Muchas mujeres lesbianas no asisten a la consulta de ginecología por desconocimiento y porque lo sienten como una agresión violenta. Situación que las pone en riesgo de padecer cáncer cérvico-uterino y enfermedades relacionadas.

¿Cómo pudiera hacerse visible la violencia que sufren las mujeres lesbianas, homosexuales y trans?
Primero, reconocer que existe, aunque no se recoge estadísticamente por el enfoque actual. La violencia machista es un problema de salud, un problema social que afecta a muchas personas, no solo a mujeres heterosexuales. 
Hace falta reconocer que necesitamos una ley contra la violencia por motivos de género que no olvide estas realidades latentes, ni aquellas mujeres que quedan en el silencio.

¿Qué acciones pueden fortalecer a estas mujeres para luchar contra la violencia de género y la desigualdad?
Lo primero es empoderarse con información. Tenemos el derecho humano a la información basada en el conocimiento científico. Hay que comenzar desde edades tempranas a educarse en estos temas, pues hay mucho que desaprender y desde esas nuevas posturas de emancipación podremos construir otras relaciones, imaginarios y espacios.
Lo otro es que las estructuras del Estado, más allá de que exista una ley o no, atiendan las particularidades de las personas con identidades no heteronormativas. Así la mujeres lesbianas, trans, bisexuales se sentirán protegidas, apreciarán que la denuncia es importante y no estarán aisladas, solas, sin saber qué hacer ni a dónde ir. No existen redes de ayuda en estos casos y muchas no hacen la denuncia por miedo a no ser protegidas y a ser víctimas de mucha más violencia por su pareja o el medio social.

 

  1 de diciembre de 2016  
 
 
               
           
  7 DÍA
DE ACCIÓN
     
 
De la paz en el hogar a la paz en el mundo: 
aseguremos la educación de todos y todas
     
 
16 ideas 
para 16 días

La campaña de 2016 invita a todas las organizaciones a organizar alguna actividad durante cada uno de los 16 días. Para ello, sugieren una serie de ideas:
Día 7:¡Hágase política!

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El Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMlac) tiene su origen en 1978 como una iniciativa de la UNESCO para darles voz a las mujeres periodistas. SEMlac sigue siendo hoy un proyecto de comunicación con perspectiva de género. Somos una red de periodistas promoviendo "una mirada diferente a la información".
 
     
 
 
     
 
Biblioteca Digital
 
     
 
"Mitos acerca de la violencia intrafamiliar", por Yuliesky Amador Echevarria, No a la Violencia, Agosto de 2015.

"Violencia intrafamiliar: una mirada desde jóvenes universitarios", por Matilde Molina Cintra No a la Violencia, febrero de 2015.

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Se necesita una mirada integral desde los medios
Por Lirians Gordillo Piña / Foto: SEMlac

El tratamiento mediático de la violencia por motivos de género es tema de debate entre especialistas y profesionales de la comunicación en Cuba. Investigaciones y espacios de superación académica destacan la pervivencia de estereotipos y la falta de información y de una estrategia integral para la inclusión de la violencia machista en la agenda de los medios nacionales. Mayra García Cardentey, joven periodista y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, abunda sobre estos temas.

¿Qué opinas del tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación masiva cubanos?
Es insuficiente. El gran dilema parte de que, en muchas ocasiones, se aborda la violencia de género como un aspecto puntual dentro de una campaña, o como el gran tema en una jornada mediática de varios días. Luego de esto, el fenómeno se silencia, se vuelve invisible hasta la próxima fecha. Cuando el personal de la prensa y la comunicación en la isla, desde quienes dirigen hasta las y los encargados de efectuar la política informativa, comprendan que la violencia de género es un aspecto transversal dentro del discurso social cotidiano que ofrecemos en los medios de comunicación, entonces será apenas batalla comenzada. No final. 
Por otro lado, no existe una preparación gnoseológica ni sicológica, mediática o metodológica para el abordaje de estos temas. En muchas ocasiones, se muestran productos que lejos de alertar sobre el fenómeno se convierten en reproductores de estereotipos y prejuicios.
A ello se le añade la creatividad a la hora de acercarnos a tan sensible fenómeno. Si el producto comunicativo se realiza desde la arenga política o el escarmiento educativo superficial, pues la audiencia y las y los lectores no aprehenden el mensaje. Falta originalidad y un discurso creativo pertinente que permita no un trabajo periodístico más, no la sobresaturación del tópico, sino una alerta comunicativa efectiva.

¿Crees que se comprende el alcance de la violencia simbólica que reproducen los medios en nuestro país? ¿Por qué?
No. Y no por falta de investigaciones o reclamos de especialistas. Pero todo, en un modesto entender, parte de que no existe en Cuba un protocolo integral para abordar, desde los medios de comunicación, los temas de género. Mucho menos, los aspectos relacionados con la violencia. Al no existir, cada entorno— digital, impreso, audiovisual— interpreta y realiza un discurso periodístico propio y, en muchas ocasiones, sesgado por prejuicios y estereotipos de diversa índole.

¿Qué acciones pudieran contribuir a posicionar (más y mejor) el tema en la agenda mediática?
Ya lo decía anteriormente: lo que se norma, se debe cumplir. Pero si tú no tienes pautado cómo debe ser un discurso periodístico o comunicativo inclusivo, no tienes cómo regular las malas prácticas. Todo queda entonces en manos de la experticia personal de cada comunicador, periodista, asesor de programa, corrector o directivo. 
En ese sentido, aplicar una comunicación inclusiva, diversa, plural, corresponde no solo a los profesionales de la palabra, sino a diseñadores, fotógrafos, correctores, editores… Y como se puede comprobar, muchos de los que van a los cursos de capacitación sobre temas de género son apenas los primeros. 
Al abordar la violencia de género debe pensarse como una rutina integral, donde todas y todos estemos implicados. 

 
   
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