Violencia de género

Violencia de género (456)

Por Zaira Hernandez
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Oaxaca, México, abril (SEMlac).- La muerte de Leticia y Jenny son dos feminicidios que se suman a la gruesa lista de mexicanas asesinadas en Oaxaca en lo que va del gobierno de Alejandro Murat.
La fiscal especializada en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género, Rosario Villalobos Rueda, reportó que son 36 las oaxaqueñas asesinadas por distintas causas en este lapso.
La estadística desglosa para enero 14 casos entre homicidios, feminicidios, homicidios calificados, homicidio doloso, homicidio doloso con arma de fuego y suicidio; en enero fueron cinco casos, igual número para febrero y 11 en marzo.
En total, durante este cuatrimestre se han presentado 11 feminicidios, delito que se explica en el Artículo 411: "Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo".
Además, la ley en materia penal hace referencia que este delito será sancionado por una pena de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil salarios mínimos (25 a 50 dólares).
La funcionaria de la Fiscalía General explicó casos recientes como el de Leticia en la Ciudad de Juchitán de Zaragoza en la región del Istmo, cuyo expediente 1403/JU/2017 se inició por el supuesto delito de feminicidio.
Asimismo, la muerte de Jenny de Matías Romero, quien el 27 de febrero fue agredida por su pareja y dejó de existir poco más de un mes después, pese a que estuvo internada recibiendo atención especializada.
La funcionaria precisó que existen investigaciones avanzadas y otras en proceso para que los culpables sean castigados por el delito que cometieron. También se llevan adelante campañas para evitar la violencia familiar, que es la antesala del feminicidio.
No obstante, precisó que no todos los casos son catalogados por feminicidio, y es que dentro de esos, siete están en el rubro de homicidio doloso por arma de fuego.
Diversas organizaciones no gubernamentales en Oaxaca urgen al Gobierno Estatal diseñe las estrategias para disminuir las estadísticas en muerte de mujeres.

Por Gabriela Ramírez y Alicia Mendoza 
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México, abril (SEMlac).- La violencia política contra las mujeres se incrementó en más del 300 por ciento en los últimos tres años, derivado del aumento de la participación de estas en política, en contraste apenas comienzan a dilucidarse mecanismos para prevenir y sancionar esa violencia.
Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales, señaló recientemente en el estado mexicano de Guerrero, durante la Segunda Reunión de Autoridades en Apoyo a las Víctimas de Violencia Política de Género, que 38 casos de violencia contra mujeres y contra instituciones electorales se registraron en el país en el pasado proceso del 2014-2015, cifra que creció exponencialmente en 2016, cuando sumaban 143 casos.
Esto fue "inédito", luego de que, en el proceso anterior inmediato del 2012, apenas habían conocido de dos casos donde se denunciaron situaciones de violencia no precisamente política, pero sí en contra de dos mujeres que participan en la vida política.
Ante este panorama, las contiendas electorales de 2017 en cuatro entidades, ya han arrancado formalmente. Solo en seis de los 32 estados han tipificado la violencia política: Baja California, Campeche, Coahuila, Jalisco, Veracruz y Oaxaca, esta última entidad es la única que incluye penas de privación de la libertad y multa.
En la actualidad en la Cámara de Diputados federal se discuten ocho iniciativas, una de ellas enviada por el Senado de la República, para tipificar la violencia política de género antes del proceso electoral 2018.
No es solo durante las campañas que las mujeres viven la violencia política, muchas, que ya han sido electas, se ven obligadas a luchar por hacer efectivos sus derechos en contra de presidentes municipales, diputados e incluso en contra de sus propias comunidades.

Arrancan las contiendas

Estado de México
En el Estado de México está en juego la gubernatura. Tres mujeres se han postulado para acceder a este cargo: Delfina Gómez por Morena (Movimiento Regeneración Nacional), Josefina Vázquez Mora por el Partido Acción Nacional (PAN) y Teresa Castell, candidata independiente quien ha logrado reunir más de 328.000 firmas.
La violencia política en la entidad se hizo presente desde el principio del proceso. Delfina Gómez denunció en febrero a través de su partido, Morena, que el PAN y el PRD (Partido de la Revolución Democrática) realizaron ataques en su contra a través de redes sociales.
Incluso el pasado fin de semana, al arranque de su campaña política, aparecieron sendas mandas "al estilo de la delincuencia organizada".
"Primero se me ha atacado diciendo que tengo irregularidades en este proceso de precampaña, que estoy ligada con algunas situaciones en las que no he tenido nada que ver, son calumnias, las digo así enfáticamente, son difamaciones".
Delfina Gómez aseveró que la persona que aparece en la fotografía no es ella y descartó tener una relación con el exalcalde acusado de ser el autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que pidió a los precandidatos del PRI y del PAN, Alfredo del Mazo Maza y Josefina Vázquez Mota, respectivamente, para que se conduzcan de forma responsable y no hagan una guerra sucia en su contra, pues se dijo vulnerable "por ser mujer".
Pero no es el único caso que se ha registrado en esta entidad que ocupa el primer lugar en feminicidios y que no ha tipificado la violencia política.
En 2016, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) informó que se habían registrado dos casos de violencia política de género en el municipio de Ixtapaluca, hacia una funcionaria del INE y hacia una mujer en una casilla.
En 2017, la excandidata a la alcaldía de Toluca Mónica Fragoso denunció ante el Tribunal Electoral que el dirigente municipal del PAN Genaro Martínez la expulsó del partido, argumentando supuestas acciones de deslealtad a esa organización, pero ella aseguró que fue porque "es mujer". 
El pasado mes de octubre, la diputada del PRD Yomali Mondragón Arredondo presentó ante el pleno de la "LIX" Legislatura mexiquense su iniciativa que proyecta la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, con el fin de tipificar la violencia política contra las mujeres. Sin embargo, no se ha registrado ningún avance al respecto. 

Coahuila
La contienda es por la gubernatura, 25 diputaciones y 38 ayuntamientos. Mary Thelam Guajardo, del PRD, es la única mujer que contiende por la gubernatura.
Recientemente, Gabriela de León Farías, expresidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila, señaló que "todavía suceden hechos muy lamentables que obstaculizan la participación en política de las mujeres, nos encontramos con excusas como las que no pueden postular mujeres porque no hay mujeres que postular, aunque somos el 52 por ciento del padrón electoral".
En 2016, el Instituto Electoral de Coahuila desechó una queja interpuesta por el PRI en contra del alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo, por impedir que Heidi Elizabeth Hernández tomara protesta como regidora en sustitución de Hortensia García, quien falleció.
La FEPADE inició en 2017 una carpeta de investigación por la difamación y discriminación hacia una de las consejeras integrantes del organismo público electoral de Coahuila, quien aparentemente fue hostigada por representantes de partidos políticos.
En esta entidad, el pasado mes de marzo, el Congreso de Coahuila aprobó la reforma a la ley Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia a fin de castigar la violencia política.

Nayarit
Se elegirá gubernatura, 30 diputaciones y 20 ayuntamientos. Ninguna mujer contiende para ser gobernadora.
En septiembre de 2015, la coordinadora parlamentaria del PRD, Sonia Ibarra Fránquez, presentó una iniciativa para tipificarla como delito, situación que aún no es una realidad.
En 2016, la FEPADE comenzó una carpeta de investigación derivada de una denuncia iniciada de oficio por notas periodísticas por la obstaculización de las funciones electorales de consejeros, al no recibir el sueldo correspondiente a sus funciones y la falta de presupuesto para el Instituto Electoral del Estado de Nayarit.

Veracruz
En esta entidad hay elecciones en 212 ayuntamientos. Al menos la mitad de las candidaturas de los partidos están ocupadas por mujeres.
En junio de 2016, el Congreso del Estado aprobó en la Sesión Ordinaria del jueves el dictamen con proyecto de Decreto, por el cual se incorporó la modalidad de Violencia Política por razones de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
No hay una sola denuncia por violencia política en esta entidad.

¿Y qué pasa a nivel federal?
El pasado 9 de marzo el pleno del Senado aprobó el dictamen con proyecto de decreto para sancionar la violencia política en razón de género.
Es un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a cinco leyes federales: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Se establece que "la violencia política en razón de género es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.
La violencia política, señala el dictamen, se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.
Actualmente, estas disposiciones consideran penas desde 50 y hasta 200 días multa, y prisión de seis meses y hasta seis años, a funcionarios partidistas o candidatos que cometan diversas penas electorales señaladas en esos tres artículos.

Casos emblemáticos

Chiapas

Rosa Pérez, presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, llegó por el Partido Verde Ecologista de México, ganó las elecciones el 19 de julio de 2015, y el 25 de mayo de 2016 el Congreso del estado de Chiapas decretó aprobar su renuncia al cargo, pese a que Rosa fue obligada a firmar dicha renuncia. 
El 17 de agosto de 2016 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial resolvió la sentencia con la que revocó el decreto del Congreso Local y pidió reincorporar a Rosa Pérez a su cargo. Sin embargo, a la fecha no existen las condiciones para que ella pueda ejercer el cargo para el cual fue electa.

Guerrero
Felicitas Muñoz, presidenta municipal de Cuilapan, Guerrero, de Movimiento Ciudadano. Ganó las elecciones el 7 de junio de 2015 e inició su gestión el 31 de septiembre del mismo año. En mayo de 2016 tres regidores de su cabildo encabezados por el síndico, exigieron su renuncia, argumentando que una mujer no va a poder conseguir obras y acusándola de desvío de recursos sin que dichas acusaciones sean fundamentadas.
Su casa fue baleada, luego allanada, su sala, colchón y el tanque de gas fueron llevados al zócalo de la población donde fueron quemados. Hasta la fecha, Felicitas Muñoz mantiene un gobierno itinerante, pues el municipio fue tomado por sus agresores.
"Estas solamente son unas manifestaciones de violencia política, en la vida cotidiana de quienes nos dedicamos a esta actividad tenemos múltiples acciones de violencia en nuestra contra, solo con la intención de impedir que ejerzamos plenamente nuestros derechos políticos electorales", dijo en entrevista la exsenadora independiente Martha Tagle.

Oaxaca
En Oaxaca se han documentado una veintena de casos de violencia política como resultado de las elecciones que se realizaron durante 2016 en los 570 municipios del estado, 417 de ellos electos por los sistemas normativos indígenas. 
Las mujeres denunciaron haber sufrido violencia durante las campañas políticas, después de las elecciones cuando les pedían que solicitaran permiso y después del 1 de enero cuando tomaron o debían tomar posesión de sus cargos.
Entre esos casos destacan: San Pedro Atoyac, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Lachiguiri, Santo Domingo Zanatepec, Santa Cruz Xoxocotlán, Cuicatlán, San Juan Bautista Lo de Soto, de San Dionisio del Mar, de San Pablo Huixtepec, San José Independencia, Santiago Xanica, San Martín Peras, Valle Nacional, San Andrés Cabecera Nueva, San Juan Cotzocón y la más reciente denuncia presentada San Esteban Atatlahuca, entre otros.
Samantha Caballero, presidenta municipal de San Juan Bautista del Soto, Oaxaca, del PRI, ganó la elección el 5 de junio de 2016. Desde días antes de que tomara posesión del cargo recibió presiones a las cuales no se doblegó. Luego de la toma de protesta, el síndico y los regidores de Obras, Hacienda y Educación, tomaron el palacio municipal, sellaron las puertas, cambiaron las chapas, se llevaron todos los vehículos, la ambulancia, el carro de volteo y las patrullas. A la fecha la presidenta municipal no ha podido ejercer sus funciones de manera cabal, ni en condiciones de seguridad.
Yareli Cariño López, abogada originaria de Pinotepa Nacional. En el proceso electoral de 2016, recibió la invitación para que se incorporara a la planilla del PRD en la posición número 2. Durante la campaña, empezó a vivir hostigamiento sexual por parte de un diputado local, quien le pedía insistentemente tener relaciones sexuales con él, a lo que ella se negó. Su planilla resultó ganadora, el hostigamiento siguió.
La presidenta municipal de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, denunció ante las autoridades competentes ser víctima de violencia política a partir de su registro por la candidatura en San Pedro Atoyac, recibiendo amenazas, insultos y agresiones físicas que tienen la finalidad de impedir el ejercicio de sus derechos políticos electorales, ya que se ha exigido que renuncie al cargo.

 


Por Sara Más
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La Habana, abril (SEMlac).- La falta de servicios integrales e integrados fue identificada por especialistas como uno de los desafíos actuales en la atención a las mujeres y las niñas que viven violencia de género en Cuba.
Así lo expusieron durante el encuentro "Promover equidad de género eliminando las violencias hacia mujeres y niñas", realizado del 3 al 5 de abril en Matanzas, a poco más de 100 kilómetros de la capital
Organizado por el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), al taller asistió medio centenar de personas de las diferentes regiones de país que se dedican a la investigación, la docencia, el trabajo comunitario y el activismo social a favor de la equidad de género
En las sesiones de trabajo se habló de la necesidad de establecer un mecanismo de prevención y atención que articule a quienes deben actuar, desde diferentes ámbitos, frente a las distintas formas y manifestaciones del maltrato sexista.
El grupo elaboró, además, una suerte de mapa o caracterización de la violencia hacia mujeres y niñas en el contexto cubano, donde los estudios evidencian la existencia de todos los tipos de maltrato, aunque aún se reconoce más la violencia física y la psicológica y tienen menos visibilidad otras manifestaciones como el abuso sexual en la pareja, el acoso laboral y la violencia económica y patrimonial.
Para Ivon Ernand, quien coordina en OAR una consejería para mujeres maltratadas, es necesario "visibilizar las microviolencias de la vida cotidiana que afectan la salud de las mujeres y que son difícilmente percibidas por ellas, por su permanencia o cotidianidad".
Los medios de comunicación, en tanto, siguen siendo multiplicadores de expresiones de violencia y continúan realzando la idea del cuerpo femenino como objeto sexual, acotaron.
Por otra parte, se reconoció la violencia económica emergente, vinculada a patrones que refuerzan la discriminación por edad, raza o belleza física en algunos espacios del sector privado de la economía.
En opinión de Caridad Rosa Jiménez Morales, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, "hay que seguir trabajo en la protección de los derechos de la mujer, su valor y su dignidad", comentó a SEMlac.
Si bien hay talleres y cursos posgraduados que se impulsan desde el programa de Género y Derecho de la Unión Nacional de Juristas (UNJC) y se trabajan estos temas también con estudiantes de la carrera, aún los esfuerzos son insuficientes.
"Estos temas deben conocerse más, pues hay una alta incidencia de hechos violentos en que están presentes las mujeres", precisó a SEMlac la también vicepresidenta del UNJC en la ciudad de Santiago de Cuba, a 860 kilómetros de La Habana.
No solo se trata de hechos delictivos que transitan por las amenazas, las lesiones, el asesinato o el homicidio de mujeres, sino también aquellos en que ellas terminan como victimarias, agregó Jiménez Morales.
"Son hechos que muchas veces ocurren como culminación de una violencia previa que esas mujeres han recibido; son desenlaces fatales como consecuencia de haber sido maltratadas y violentadas durante mucho tiempo"; argumentó.
Más allá del trabajo que resta hacer con operadoras y operadores del Derecho, Jiménez Morales aboga también por la participación de todos los actores involucrados, de manera consciente, para lograr una respuesta más efectiva a este problema social.
"Un tema del que poco se habla tiene que ver con las violaciones y vejaciones que sufren las mujeres trans", señaló, por su parte, la psiquiatra Ada Alfonso, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
De conjunto, durante el encuentro evaluaron también la propuesta de ruta crítica de atención integral e integrada a la violencia de género del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual (Proness), que coordina el Cenesex. 
Aunque más avanzada en los aspectos que tienen que ver con los espacios de salud, se dijo que esa propuesta debe articular a varios actores, incluidos quienes se encargan del trabajo social, la policía, organizaciones sociales y barriales, juristas de bufetes colectivos y líderes comunitarios, ente otros, con el fin supremo de que las víctimas no queden indefensas.
La necesidad de focalizar y atender la violencia desde un mandato estatal; de incluir estos temas en la formación del personal de salud, educación, justicia, la policía y otros actores de la comunidad; de cambiar imaginarios que sostienen el maltrato y la cultura machista fueron algunos de los desafíos identificados en las sesiones de trabajo del encuentro.
Entre las fortalezas para el trabajo, señalaron la existencia de investigaciones y trabajos en todo el país, de algunos recursos humanos sensibilizados y capacitados y el trabajo previo desde las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de la Federación de Mujeres de Cubanos.
También, la existencia de algunos proyectos comunitarios que han logrado concretar experiencias y buenas prácticas al respecto. Sin embargo, reconocieron, se trata de investigaciones, prácticas y empeños aún dispersos y atomizados, que necesitan articularse en función de la prevención y la atención.
El encuentro sirvió, además, para fortalecer alianzas entre personas e instituciones de diversas zonas del país que trabajan con sistematicidad estos temas, como las Cátedra de la Mujer, los centros universitarios, de salud y Medicina Legal, entre otros.
Igualmente, el espacio de intercambio propició mayor articulación de acciones y actividades en torno a la Campaña Cubana contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas que coordinan OAR y la FMC, una iniciativa que tiene un programa intenso en los meses de diciembre y noviembre, pero cada vez más se amplía al resto del año. 

Por Gabriela Ramírez
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México, abril (SEMlac).- A pesar de que las universidades hacen un esfuerzo por atender y eliminar el hostigamiento sexual, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México acríticamente acepta a un hostigador sexual como probable presidente del Colegio de San Luis (COLSAN).
Enrique González Ruiz fue considerado recientemente por autoridades del CONACYT como candidato idóneo para contender por la presidencia del COLSAN, a lo que organizaciones y personal de áreas especializadas en género de centros de investigaciones y universidades de nueve entidades federativas, protestaron.
El CONACYT, pese a que su Programa Institucional 2014-2018 establece que está obligado a trabajar por la igualdad sustantiva, demeritó el hecho de que González Ruiz fuera separado de su cargo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en 2014 por hostigar sexual y laboralmente a dos profesoras, caso que sigue vigente en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya que él busca la reinstalación.
Aunque se determinó que el presidente del COLSAN fuera David Vázquez, en el proceso Sergio Hernández Vázquez, director adjunto de Centros de Investigación del CONACYT, señaló que González Ruiz no tenía ningún impedimento para ser candidato a presidir dicho centro de investigación, según consta en una nota publicada enLa Jornada de San Luis el 16 de febrero de 2017.
Ante estas declaraciones, organizaciones y académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de la UACM, del Colegio de México, del Colegio de la frontera norte, de la Universidad Veracruzana y del Colegio de San Luis Potosí dirigieron una carta al director del CONACYT, Enrique Cabrero.
En el documento se explica el procedimiento en contra de González Ruiz y señala que "si el CONACYT no toma en cuenta las investigaciones y sanciones que realizan los Centros de Investigación y Educativos como referentes y criterios para valorar a candidatos para presidir o dirigir dichos espacios, consideramos que se estaría incurriendo en una gran incoherencia".
El CONACYT respondió el 15 de marzo con una carta firmada por Salvador E. Lluch Cota, director de Coordinación Sectorial, en la cual explica que los aspirantes - todos varones-, cumplían "con la totalidad de los requisitos solicitados", entre los que destaca "ser de reconocida calidad ética".
"Los candidatos cumplieron en totalidad los requisitos solicitados, incluyendo en particular el oficio de no habilitación, emitido por autoridad competente para este punto como es la Secretaría de Función Pública", precisó el CONACYT.
Sobre esta actitud, Paz López, directora de Transversalidad del Instituto Nacional de las Mujeres, anunció que su organismo solicitará una reunión con el director del CONACYT y señaló, además, que el Consejo trabaja en el desarrollo de un protocolo contra el hostigamiento sexual.
El caso de González Ruiz, como muchos otros, ha obligado a las universidades a desarrollar protocolos para la atención de la violencia de género así como ocurrió en el gobierno federal que publicó en noviembre de 2016 el Pronunciamiento Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal.
El avance, todavía incipiente, ha estado marcado por la exigencia y la denuncia de estudiantes, profesoras en los espacios universitarios que utilizando los mecanismos vigentes -pero no especializados en el tema- o los mecanismos de denuncia social, han logrado colocar el tema en las mesas de trabajo de las autoridades universitarias.
Sin embargo, los avances y su consolidación se enfrentan a constantes obstáculos, marcados por la falta de voluntad política de las diversas autoridades universitarias y de las autoridades educativas a nivel nacional, pues instancias encargadas de la coordinación de los centros e instituciones de investigación no otorgan validez a los procesos internos que las universidades y centros de investigación realizan para investigar y sancionar la violencia de género.
Al respecto, la abogada Andrea Medina Rosas explicó en entrevista que se construyen situaciones de impunidad, pues una investigación y sanción aplicada por un acto de violencia de género en una universidad no es tomado en cuenta como un referente que restrinja los cargos que se pueden ocupar, y al contrario, sin mostrar ningún cambio de actitud, la persona sancionada es premiada con la posibilidad de representar instancias educativas.
"Hay un vacío legal ya que nada obliga a instancias como el CONACYT a reconocer lo que surge de procesos administrativos como el que se emprendió en contra de González Ruiz en la UACM, pero eso frena el avance que se tiene al interior de las universidades porque un agresor fácilmente puede obtener un cargo en otra institución".
No puede ser, señala Medina Rosas, que las autoridades del CONACYT consideren que una persona que ha sido inhabilitada por hostigamiento sexual y laboral tenga una "reconocida calidad ética".

Avances en la atención de la violencia de género
Según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en México se cometen alrededor de 600.000 delitos sexuales al año. De acuerdo con el Diagnóstico sobre la atención a la violencia sexual en este país, entre las personas que figuran con mayor frecuencia como víctimas de delitos sexuales en las averiguaciones previas, están las estudiantes (25,6 por ciento de los casos).
Ante esta situación, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Quintana Roo y más recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana cuentan con protocolos para la atención de la violencia de género.
En la UNAM, la doctora Martha Ferreyra señaló en entrevista que desde la implementación de este protocolo en agosto de 2016, las denuncias se han duplicado. Y destacó que "no sólo es el protocolo, sino que está acompañado de otras acciones para sensibilizar sobre la violencia de género".
Es el caso de la UAM, en la que a pesar de no contar con un protocolo especializado, desde 2011 cuenta con la iniciativa "Cuerpos que importan" dentro de la unidad Xochimilco, ahora programa institucional, que pone a la institución a la vanguardia, con un programa de prevención y promoción para evitar la violencia contra las mujeres, informó la doctora Guadalupe Huacuz Elías, responsable de esta iniciativa.
Además, explicó Huacuz, se ha conformado una red de Instituciones de Educación Superior, donde se discuten métodos de intervención y tratamiento de la violencia por motivos de género en las universidades públicas: protocolos de intervención, promoción de mecanismos legales, constitución de comités de ética, observatorios; en fin, todas aquellas acciones que den respuesta a esta problemática.
La propia UACM, en su gestión interina de los años 2013 y 2014, creó mecanismos efectivos de investigación de la violencia de género, apoyándose en comités de personas especializadas en la problemática, así como estableciendo partidas presupuestales específicas para la debida investigación y atención de quienes denunciaran.
El caso de González Ruiz y su rescisión laboral por hostigamiento laboral y sexual fue producto de un proceso que se construyó aplicando las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos en el que, a pesar de no contar con un protocolo per se, se avanzó gracias a ese contexto de voluntad política de las autoridades.

Por Gloria Analco
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México, abril (SEMlac).- El hijo del Santo, el director técnico del equipo de fútbol Los Pumas y un famoso actor han dicho: "#No es de hombres" el acoso y otras formas de violencia sexual contra las mujeres.
Ellos han sido muy incisivos en reafirmarlo durante el lanzamiento de la campaña de prevención para atacar esa práctica que provoca que el 87,7 por ciento de las mujeres se sientan inseguras al viajar en el transporte público y el 79,4 por ciento de caminar por las calles de la Ciudad de México, según una encuesta (ENDIREH)
ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México hicieron el lanzamiento oficial de la campaña "#No es de hombres", creada para atacar el acoso sexual que viven millones de mujeres y que en videos ya está en YouTubedesde el 20 de marzo último.
En la presentación de la campaña que hicieron Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México, y Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la CDMX, en la sede de la ONU, estuvo el hijo del famoso luchador El Santo, también con su máscara plateada, quien dijo: "Mi padre me enseñó a respetar a las mujeres".
Después de escuchar las cifras dadas a conocer por Güezmes, acerca de que el 50 por ciento de las mujeres sufren violencia sexual en la Ciudad de México a lo largo de su vida, que el 74 por ciento de las mujeres reportan recibir frases ofensivas, el 58 por ciento, tocamientos o manoseos, el 14 por ciento sentir miedo de ser atacadas y el 10 por ciento, propuestas sexuales (ENDIREH), el hijo del Santo subrayó:
"En lo que a mí respecta invito a mi medio, que es el cuadrilátero, a que sean un solo equipo y eliminen de sus vidas el acoso sexual".
El actor Alfonso Herrera, quien también se sumó con gran entusiasmo a la campaña, dijo que "no todos los hombres acosamos y todos nos merecemos una Ciudad sin violencia".
Francisco Palencia, entrenador de los Pumas, se quejó de que hubiera muchas más mujeres que hombres en la presentación de la campaña, porque "debería haber más hombres aquí para cuidar a las mujeres, protegerlas y sumar con ellas".
Tamara de Anda, famosa bloguera también presente y conocida como "Lady Plaqueta", narró que para probar la efectividad de las autoridades denunció por acoso a un taxista por llamarla "guapa", lo cual prosperó para sorpresa suya.
Los creadores de la campaña pertenecen a la agencia J. Walter Thompson, y esta consiste en dos videos que serán profusamente difundidos.
Ana Güezmes también presentó, conjuntamente con Patricia Mercado, el "Diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el transporte público de Ciudad de México", un análisis exhaustivo sobre el acoso sexual en el que también intervino el Colegio de México.
Los hombres encuestados en ese estudio expresaron que la vestimenta con que a veces se presentan las mujeres "justifica el acoso", o que piropos, miradas o cortarles el paso a ellas debería ser considerado "un cumplido a la autoestima", o bien, también que es responsabilidad de las mujeres "saber cuidarse y reaccionar frente a esa conducta".
Esa forma de pensar de algunos hombres es la que ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México intentan que desaparezca mediante la campaña "#No es de hombres".
En la presentación estuvo también la directora de Inmujeres de la CDMX, Teresa Incháustegui, quien dijo que la campaña busca también que las mujeres denuncien los delitos sexuales, a la vez que aumente la capacitación de los funcionarios de seguridad, salud y justicia para que el combate a esas prácticas sea efectiva.

De la Redacción
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México, marzo (SEMlac).- La Cámara de Diputados de México aprobó reformas a los artículos 6, 10, 11 y 14 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca establecer como tipo de violencia económica la discriminación salarial y terminar con la desigualdad entre mujeres y hombres en este aspecto.
El Pleno avaló el dictamen con 423 votos a favor y una abstención en lo general, y en lo particular con 376 votos a favor y 34 en contra, y se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, hizo un agregado a la fracción IV del artículo sexto de esa Ley, el cual se aprobó en el Pleno, para configurar como tipo de violencia toda acción y omisión que afecta el desarrollo económico de las mujeres y que se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso económico, así como la percepción de un salario menor por trabajo igual, en el mismo centro laboral.
El dictamen, indicó la legisladora priista (Partido Revolucionario Institucional), también plantea diseñar programas que promuevan la paridad salarial, para fortalecer el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo en relación con la igualdad salarial y el Artículo 123 constitucional; con lo cual se prevé dejar de manifiesto que para el desempeño de un trabajo, las mujeres tendrán las mismas condiciones respecto de los hombres, tanto en el ámbito público como el privado.
"Lo sustantivo de este decreto es configurar como una violencia económica cuando los patrones, por el mismo trabajo y el mismo desempeño, paguen menor cantidad el trabajo de las mujeres respecto de los varones", sostuvo.
Afirmó que con esta medida se contribuye a dar cumplimiento a observaciones y compromisos que tiene el Estado mexicano, en específico de la Convención para la Eliminación de todas Formas de Discriminación en contra de las Mujeres.
El antecedente del dictamen es la iniciativa con proyecto de decreto que fue presentada el 13 de marzo de 2016, por la diputa panista (Partido Acción Nacional) Arlette Ivette Muñoz Cervantes, quien la expuso ante la Cámara de Diputados, con el objetivo de tipificar la discriminación laboral como un tipo de violencia económica y laboral.
El texto del dictamen aprobado señala que en los últimos 30 años se ha triplicado en México la participación de las mujeres en el mundo laboral formal, pero los sueldos de ellas se mantienen inferiores respecto de los hombres.
Al citar datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el dictamen resalta que hasta el 2015, para un mismo puesto el salario de las mujeres era más bajo en un 15 por ciento respecto de los hombres; y que las mujeres ocupan en México sólo 20 por ciento de puestos de alta gerencia, cinco por ciento de las direcciones generales y menos de uno por ciento de los consejos de administración.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social (PES), indicó que según la Comisión Económica para América Latina, durante la década de los ochenta las mujeres aportaban el 20 por ciento de los ingresos totales de sus hogares y para el 2014 su participación se incrementó hasta llegar al 28,3 por ciento.
La diputada Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, dijo que en México "77 por ciento de las mujeres que trabajan son subordinadas y remuneradas, de ellas el 38 por ciento no cuenta con acceso a servicios de salud como prestación laboral. Un 42 por ciento trabaja sin tener un contrato escrito, 34 por ciento no cuenta con prestaciones laborales. Y sólo una de cada dos trabajadoras subordinadas goza de vacaciones pagadas; seis de cada 10 recibe aguinaldo y apenas 17 de cada 100 cuentan con reparto de utilidades".
La legisladora Verónica Delgadillo García, del Movimiento Ciudadano, advirtió que "hoy sólo cuatro de cada 10 empleos formales son ocupados por una mujer, mientras que siete de cada 10 hombres pueden accederlo. Es decir, la fuerza laboral activa excluye al género femenino y a este paso el país necesitará de 110 años para alcanzar la igualdad salarial".
La diputada perredista (Partido de la Revolución Democrática), Karen Orney Ramírez Peralta, afirmó que la autonomía de las mujeres "no se entendería sin la capacidad de generar ingresos y recursos propios, el control sobre nuestro cuerpo y la plena participación en la toma de decisiones que afecten su vida y su colectividad".
A su vez, la panista Muñoz Cervantes destacó que el Artículo 4 constitucional declara la igualdad del varón y la mujer ante la ley, que el Artículo 123 constitución prevé que para trabajo igual debe corresponder salario igual, y que el derecho a la no discriminación y la igualdad laboral entre mujeres y hombres se establecen en la Ley Federal del Trabajo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
En lo particular, se aprobó la modificación al artículo 10, propuesta por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del PVEM, para agregar la palabra salario en este precepto.
Finalmente, también se aceptó la reserva de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, para modificar la redacción de artículo 11, el cual señala que "constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, la percepción de un salario menor por trabajo igual dentro de un mismo centro laboral".

Por Sara Más
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La Habana, marzo (SEMlac).- Mantener una relación de pareja estable y duradera no supone, directamente, que se trate de un vínculo exitoso, donde primer el verdadero amor, libre de violencia.
Así lo confirma el estudio "Violencia de género y homicidio en la pareja en La Habana (2009-2010)", de Janet González Medina, que da cuenta de que las 18 muertes por homicidio en la pareja en la capital cubana, en 2009, fueron mujeres. 
"Más del 70 por ciento de las parejas mantenían una relación estable y duradera", indica González Medina en un artículo que publica la Revista Cubana de Tecnología de la Salud.
"Esto demuestra que estabilidad no significa armonía", apunta la autora y plantea que "las instituciones deben actuar de manera inmediata en los conflictos y así evitar que estos, de agravarse, terminen con la vida de uno de los miembros de la pareja, casi siempre la mujer en el papel de víctima".
Que exista un tiempo de relación medianamente largo invalida el argumento de que la violencia de género que se produce en el contexto de la relación y culmina en el homicidio no debe ser atribuida a desavenencias de carácter de una pareja que comienza a adaptarse el "uno al otro", sostiene la investigadora. 
A la vez se confirma que el homicidio es más frecuente en las parejas que mantienen un vínculo marital, aunque también puede ocurrir al poco tiempo de terminada la relación. "Es una referencia para que las instituciones estén alertas para prevenir un posible homicidio en aquellas parejas cuya causa de separación fue la violencia de género", advierte la autora.
En su indagación, la autora confirma que el homicidio en la pareja está muy vinculado a la violencia de género, pues según estudios previos en Cuba y otros países casi siempre es la mujer, previamente maltratada, la victima mayoritaria en este tipo de homicidio.
Del total de casos de homicidios en la pareja que ingresaron al Instituto de Medicina Legal de La Habana, entre enero de 2009 y enero de 2010, todas mujeres asesinadas por sus parejas, 72, 1 por ciento tenía entre 31 y 50 años de edad.
En tanto, 61,1 por ciento de esas mujeres se dedicaba a las labores domésticas y menos del 30 por ciento mantenía un vínculo laboral formal. 
A juicio de González Medina, perviven arraigadas conductas machistas transmitidas por la familia, al tratarse de hogares donde la mujer es mantenida por el hombre y no tiene poder de decisión. 
"Al estar desvinculadas laboralmente, no son independientes y deben tolerar las agresiones para no perder la estabilidad económica en el hogar", suscribe en su artículo. Además de que permanecer en la casa las hace estar más a mano para la agresión, apunta.
Los resultados indican que 55,5 por ciento de los homicidios fueron cometidos en la vivienda de ambos miembros de la pareja, lugar donde la víctima está más desprovista de defensa y fuera del alcance de auxilio proveniente del exterior. 
En 44,4 por ciento de los casos, los homicidas han actuado con ensañamiento, provocándoles múltiples heridas de gravedad a sus víctimas. Ello explica que 77 por ciento de las mujeres mueran con inmediatez a la agresión, sin recibir asistencia.
Igualmente parece haber un amplio predominio, en víctimas y homicidas, de relaciones anteriores no armónicas, lo que indica la presencia de una conflictividad histórica, agrega.
Mediante entrevistas a familiares y homicidas se pudo comprobar la presencia del ciclo de violencia en 94,4 por ciento de las parejas estudiadas, incluidas sus parejas anteriores y la de análisis.
También que, erróneamente, los familiares mantiene en la mayoría de los casos la postura de no intervenir en los problemas de la pareja, sin darse cuenta de que las víctimas necesitan apoyo para poder comprender las fases del ciclo de violencia que sufren y para denunciar a sus agresores.


De la Redacción
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México/Nueva York, marzo (SEMlac).- América Latina y el Caribe concentran el mayor número de feminicidios en el mundo, en promedio, con 12 casos al día, situación que es inaceptable, por lo que es urgente detener y erradicar la manifestación más extrema y atroz de este contexto de violencia machista en la región; señaló Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres.
Durante su participación en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a invitación del gobierno de Costa Rica, el funcionario mexicano señaló la urgente necesidad de redoblar esfuerzos y asumir responsabilidades para poner fin a este fenómeno que adquiere dimensiones epidémicas en la región.
"Combatir todas las formas de violencia contra las mujeres bajo un esquema de cero tolerancia, desnaturalizar su práctica y el arraigo social, así como revertir los altos niveles de impunidad, deben ser planteados como elementos fundamentales de una política de Estado dirigida a atender sus causas más profundas y estructurales", señaló el funcionario mexicano.
Recordó como una fortaleza para la región la Convención Belém do Pará, un instrumento específico para hacer frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, y que se hayan creado instituciones, leyes y presupuestos dirigidos especialmente para ellas, las cuales deben ponerse en práctica, con todas sus capacidades para proteger sus derechos y libertades fundamentales.
"Es una obligación de los gobiernos y de la sociedad que debe ser asumida con un sentido de extrema urgencia y como el principal desafío para el sistema democrático en esta parte del hemisferio", concluyó.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), en 2014 los países con la tasa más alta de feminicidios en la región son Honduras, Guatemala, República Dominicana y El Salvador, con 531, 217, 188 y 183 casos, respectivamente, por cada 100.000 mujeres. En números absolutos, ese mismo año, en México se registraron 2.289 casos de homicidios de mujeres con presunción de feminicidio.
El Instituto Nacional de las Mujeres de México fue invitado por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para América Latina para la Prevención de la Delincuencia y la Violencia (Ilanud), entre otras instituciones, a participar en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Seminario sobre la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres: nudos críticos, recomendaciones y cobertura mediática, en donde compartió la experiencia mexicana a 10 años de estar en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 

Por Sara Más
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La Habana, marzo (Especial de SEMlac).- ¿Qué sucede cuando una mujer maltratada se defiende de su agresor y el resultado es la muerte de este último? ¿Existe alguna ley que la ampare o proteja una vez acusada? ¿Por qué llegó al asesinato? ¿Es víctima o victimaria?
Estas son algunas de las interrogantes que preocupan a especialistas y activistas en el campo de la violencia de género en Cuba y emergen en los debates sobre el tema en los últimos tiempos.
"La ley no reconoce la doble condición de la mujer como víctima y victimaria", asegura la socióloga Iyamira Hernández Pita, quien ha estudiado estos casos.
En su opinión, varios factores se ponen en evidencia ante actos de este tipo, en que la violencia de género se conecta con delitos de lesiones, homicidio y asesinato como máxima expresión.
Por una parte, falta apoyo legal e institucional para la víctima de violencia de género, que siente inseguridad frente a la impunidad del agresor. Por otra, estos actos tienen una repercusión muy fuerte en su vida personal, social y familiar.
Aunque las mujeres son mayoría entre las víctimas de la violencia de género, incluidas las que mueren a manos de sus parejas, también las hay que cumplen sanción por dar muerte a sus esposos como único modo de sobrevivir y preservar la vida.
"Generalmente, cuando una mujer llega a la violencia, incluso al homicidio, lo hace muchas veces en situaciones límites", explica SEMlac la socióloga e investigadora Clotilde Proveyer Cervantes.
A juicio de esta especialista, la mujer responde así a "una violencia extrema que ella ha recibido, en un momento de vulnerabilidad del otro y de crecimiento en situación límite, en que se juega la vida: es él o ella".
Estudios realizado en Cuba en la pasada década del noventa ya habían identificado que las mujeres suelen desempeñarse como agresoras en menor medida, casi siempre como alternativa al maltrato que padecen.
Así lo comprobó entonces la criminalista Caridad Navarrete, una de las primeras investigadoras del tema en la isla caribeña que estudió las historias de vida de 25 mujeres que cumplían sanción preventiva de libertad, de las cuales 23 habían ultimado a sus esposos.
"La mayoría lo hicieron en defensa propia, si puede decirse, no en el momento mismo en que fueron agredidas, sino por la acumulación de maltratos, y esa fue la salida que encontraron", argumentó entonces la estudiosa.
Entre otros aspectos, su investigación concluyó que los actos violentos vividos con su pareja provocaron serios daños en la salud emocional de esas mujeres y su descendencia. Ellas, además, recibieron sobre sí todas las formas de violencia.
No son pocas las brechas relativas a la violencia en relación con asuntos jurídicos y policiales, coinciden especialistas.
Si bien varias figuras penales conectan con actos de violencia de género, no siempre son conocidos por las mujeres, falta en general cultura jurídica por parte de la población y mayor conciencia de género entre quienes administran justicia y autoridades policiales que deben intervenir. 
"Muchas de estas muertes son el resultado de la fallas en la prevención y actuación jurídico-penal, permeada de estereotipos de género", comenta a SEMlac la socióloga Hernández Pita.
La actuación de quienes intervienen en el proceso jurídico-policial frente a cada caso influye en el futuro de estas mujeres, quienes por la falta de apoyo, a veces de estos mismos funcionarios, sufren de revictimización y más tarde se convierten en victimarias", agrega.
Todavía son escasos los estudios acerca de este tipo de mujeres que se han visto obligadas a asesinar a su pareja solo para salvar sus vidas o la de sus hijos, como una salida de sobrevivencia.
Hernández Pita es autora de "Mujeres de víctimas a victimarias. Una reflexión desde la Sociología", tesis de diploma con la cual se tituló en 2004 por la Universidad de La Habana.
Al indagar en las historias de vida de mujeres que cometieron homicidio o asesinato contra su pareja o expareja, la especialista constató que en su totalidad estas habían vivido una historia lineal de violencia conyugal.
Luego, durante su estado de reclusión, comprobó que muchas perdieron el vínculo afectivo con sus hijos debido a la condición de "asesinas de su padre", lo que cambió la representación social de las personas sobre ellas como sujetos sociales.
"A partir del estudio, conocimos que existen factores de reforzamiento y reproducción de dificultad de sobrevivir a la violencia y romper con la relación. También nos percatamos de que estas mujeres no reconocen que están realmente viviendo en condición de violencia", refirió la experta.
Esta socióloga insiste en que las fallas del sistema policial y judicial en materia de prevención y actuación frente a estas problemáticas de género son casi desconocidas o poco tratadas, a pesar de la necesidad de modificarlas.
Como contrapartida "proponemos una metodología de actuación con enfoque de género para estos sistemas", apunta la investigadora, y para los establecimientos penitenciarios hicimos determinadas acciones en materia incluso de clasificación y que se tenga en cuenta la doble condición de víctima-victimaria".
"Se trata de un primer ejercicio para intentar articularlo en los servicios judiciales y policiales", señaló Hernández Pita.
Pero aún quedan grandes vacíos en el conocimiento y sensibilización sobre esta problemática en particular, cuyos actores deben adiestrarse y conocer qué hacer para no prolongar la situación de victimización de estas mujeres.

 


Por Alba Trejo
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Guatemala, marzo (SEMlac).- En la noche 40 velas se encienden en la plaza central y se escuchan rezos y cantos de lamento. En el día, la historia es otra. La furia y la indignación se refleja en los grupos de mujeres y hombres que han hecho propia la frase "Todossomoslas40", exigiendo justicia y castigo a los responsables frente casa presidencial, el Congreso y la Torre de Tribunales. 
Piden con grito fuerte al gobierno del presidente Jimmy Morales que se capture a quienes formaban parte la cadena de responsabilidad en el cuidado y abrigo de las niñas y niños que fueron remitidos por orden de juez al hogar estatal Virgen de la Asunción, con el fin librarlos del martirio de una madre golpeadora o un padre abusador, y que al final terminó en una tragedia.
Frente al altar construido con flores, velas, muñecos de peluche, muñecas, ropa de niña y cruces, frente al Palacio Nacional, se efectúan actividades con música de protesta. Incluso hubo una propuesta de bautizar la plaza como de las "niñas mártires".
En tanto, los y las activistas en la calle claman por justicia, el Ministerio Público (MP) declaró bajo reserva el caso mientras dure la investigación, debido a los diferentes rumores que se escuchan.
Pero todos son responsables, indicó a SEMlac Trinidad Gutiérrez, activista de derechos humanos que ha dado acompañamiento a las madres de las víctimas. Incluye al MP porque omitió las denuncias que un año atrás venían haciendo las menores.
Delataban tratos inhumanos tales como comida con gusanos, sanitarios sin puertas que violaban su privacidad, camas con colchones con hoyos, hasta gritos, golpes, abusos sexuales y castigos criminales, destacó Gutiérrez.
Tres capturas han sucedido desde aquel trágico 8 de marzo: la del director y subdirectora de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Carlos Rodas y Anahí Keller, respectivamente, así como la del director del Hogar Virgen de la Asunción, Santos Torres Ramírez, pero Leonel Dubón, de casa Refugio, indicó a esta agencia que no es suficiente, que se debe procesar a todos los que estaban ese día en el hogar.
Y con sobrada razón, porque policías, monitores y educadores estuvieron presentes y no auxiliaron a las niñas que gritaban, imploraban y suplicaban, mientras eran consumidas por las llamas que aquella puerta fuera abierta para liberarse de ese infierno.
Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, comentó a SEMlac que "se dicen muchas cosas, como que las niñas fueron rociadas con inflamable para que prendieran fuego, también que las quemaron para callarlas porque estaban hablando de violaciones, prostitución, castigos severos, golpes y droga" ¿verdad o mentira? Eso es algo que el MP deberá aclarar, puntualizó.
Una de las denuncias en el MP contiene la declaración de dos niñas de 14 y15 años de edad hace 10 meses atrás, que cuentan con detalle cómo después de una hora de sentadillas, la educadora quería obligarlas a que una se comiera las heces de las otras, como no lo hicieron les ordenó meterse el dedo en el ano y chupárselo.
Todos esos castigos, llevaron al límite a los y las niñas del Hogar Virgen de la Asunción que, una noche antes, habían realizado un motín para exponer los malos tratos a los que eran sometidos y darse a la fuga, ya que los jueces no les permitían su salida a pesar de las denuncias.
Todavía puede verse el rostro en las cámaras de televisión de una de las niñas ya fallecida, que aquella noche de motín habló y lloró contando como las tocaban sus partes íntimas los monitores, como les pegaban si no hacían los que les pedían.
Porque las niñas que habían logrado escapar del Hogar en medio de la trifulca, fueron las mismas que la policía encontró pérdidas en la oscuridad entre los matorrales, y que fueron encerradas en el cuarto de donde jamás volverían a salir integras, sanas, completas o con vida.
El viernes 18 fue enterrada otra menor que fue identificada por sus padres un día anterior debido a que su rostro y cuerpo quedaron calcinados completamente. Hubo una madre que logró saber que se trataba de su hija por el tatuaje que la niña tenía en el pie, al mismo tiempo que se repetía tener la culpa de haber sido una mala mama.
Llanto y dolor se ha vivido en los cementerios del país, porque algunas de las niñas eran del interior, siete más fueron llevadas a los Hospitales de Houston y Texas, Estados Unidos, pero su estado de salud permanece en reserva porque pulmones, pies, manos y ojos de unas y de otras, fueron consumidos por el fuego.
Guatemala es un país conformado por 17 millones de habitantes, de los cuales siete están integrado por niñas, niños y adolescentes. Los índices de violencia contra la niñez en este país van desde maltrato familiar hasta violaciones sexuales.
El continuo monitoreo sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia guatemalteca por la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) refiere que entre más corta es la edad de las y los menores, más violencia se ejerce en su contra, como consecuencia de su indefensión y dependencia de los adultos.
Lazos, cables eléctricos y planchas calientes son los instrumentos más utilizados por los padres para "corregir" a sus hijos, advierten los fiscales de la niñez del MP que reciben a diario de 10 a 15 denuncias por maltrato contra los menores de edad.
De ahí que sitios como casa Hogar Virgen de la Esperanza fueran creados para abrigar y proteger a las pequeñas víctimas que, al final del día, "salieron de las llamas para caer en las brasas", advierte Arturo Echeverría, quien fuera director de la desaparecida Casa Alianza, una ONG que daba techo y comida a niños y niñas en situación de calle.

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