Violencia de género

Violencia de género (471)

Por Gabriela Ramírez
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México, julio (SEMlac).- Los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en México constituyen la política pública más importante que se ha implementado para combatir y dar atención a mujeres víctimas de violencia; sin embargo, carecen de certeza jurídica, de fortaleza institucional, de programas operativos e, incluso, de lineamientos para elegir a sus titulares.
Estos fueron puestos en marcha desde el año 2010 por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instancia encargada de su fortalecimiento. Actualmente, existen 31 centros en 21 entidades federativas.
De acuerdo con el portal de la Conavim, estos centros buscan dar respuesta a las obligaciones en materia de atención y prevención de violencia contra las mujeres, así como atender diversas recomendaciones internacionales formuladas al Estado mexicano en la materia como las que fueron impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano en los casos de Inés y Valentina, y "Campo Algodonero". 
Recientemente, la organización Equis Justicia para las Mujeres realizó un informe sobre el estado que guardan los 31 centros. Fueron creados por decreto o por acuerdos firmados por tres autoridades distintas: 20 por el gobernador, ocho por la fiscalía o la procuraduría estatal y uno por el poder legislativo, sin que ello implique que estén previstos en las leyes locales. De hecho, los CEJUM ni siquiera están contemplados en ninguna ley federal.
"Esta ausencia genera que adolezcan de certeza jurídica, fortaleza institucional y garantías de continuidad, pues la mayoría tampoco están contemplados en las leyes orgánicas de la administración pública estatal. Esta condición lleva a que su funcionamiento quede al arbitrio de secretarías o procuradurías locales e impacta en la capacidad de los Centros para coordinarse con otras dependencias a nivel estatal y municipal", dice el informe.
Sobre su ubicación dentro del organigrama gubernamental estatal, la mayoría de los Centros dependen de Procuradurías o Fiscalías (13) o, incluso, de Subprocuradurías o Vicefiscalías (ocho); mientras que tres dependen de la Secretaría de Gobierno, cuatro de la Secretaría de la Mujer, dos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y uno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Una ubicación relevante dentro del organigrama estatal es estratégica para dotar de fortaleza institucional a los Centros. Como ejemplo, el CEJUM de Pachuca, Hidalgo, depende directamente de la Secretaría de Gobierno, posición que facilita las tareas de coordinación con otras instancias y favorece su participación en espacios intersectoriales de toma de decisiones.
El informe, que se ha generado basado en respuestas a solicitudes de información realizadas por la organización, explica que el análisis sobre los documentos de creación de los CEJUM arroja una falta de homogeneidad en sus contenidos, ya que algunos omiten elementos básicos como objetivos, composición, dependencias que lo integran, funciones y sus distintas áreas.
"Más grave aún, algunos documentos de creación contienen estereotipos de género, señalando a las mujeres como la base de la familia sólida y de la unidad familiar".
De los 31 Centros, 11 no cuentan con criterios para elegir a la directora, y entre los que cuentan con ellos, no todos incluyen formación o experiencia en perspectiva de género, derechos humanos o atención especializada de la violencia.
El informe de Equis Justicia para las Mujeres revela que la disponibilidad de recursos humanos en los CEJUM varía ampliamente en cada Estado. La mayoría de las y los funcionarios que laboran en ellos están adscritos a otras instituciones, de las que dependen administrativa, laboral y jerárquicamente; dificultando la asignación de tareas y la distribución de horarios e impactando en la calidad del servicio prestado.
Esta diferencia se aprecia en el CEJUM de la Ciudad de México, donde 97 por ciento es personal asignado desde otras dependencias, en contraste con Chiapas, donde el ciento por ciento está adscrito al Centro.
Respecto de los mecanismos de evaluación del personal, la información sobre al menos 18 CEJUM incluye exámenes de control y confianza, que no necesariamente están diseñados con perspectiva de género, ni toman en cuenta perfiles y capacidades para el abordaje integral de la violencia.
En lo que se refiere a la designación de presupuesto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) es la encargada de otorgar recursos a los CEJUM de acuerdo con lineamientos ya establecidos. Sin embargo, el estudio señala que la distribución de los recursos es "desigual y no obedece a características sociodemográficas, a la antigüedad o las necesidades específicas del Centro.
Es grave que varios Centros no han recibido recursos durante al menos tres años y llama la atención que el CEJUM de Zacatecas recibió presupuesto desde 2014 y empezó a operar hasta 2016.
Sólo 11 de estos centros cuentan con un Programa de Operación Anual; seis se encuentran en proceso de actualización o elaboración; cuatro declararon no contar con uno y siete no respondieron la pregunta realizada vía las plataformas de transparencia.
Por ello, la organización Equis Justicia para las Mujeres ha emitido una serie de recomendaciones entre las que destacan que los Centros de Justicia para las Mujeres deben estar previstos en la ley, estableciendo su objetivo, funciones y servicios.
Señala que el documento de creación deberá establecer que la dependencia de adscripción de los CEJUM sea una Secretaría que tenga capacidad de interlocución con las demás secretarías y procuradurías con el fin que colaboren y se coordinen para que el Centro pueda brindar los servicios interdisciplinarios.
Para que tengan fuerza institucional debe ser establecido como un órgano descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia presupuestaria; evitar mantener el modelo punitivo y unidimensional del acceso a la justicia y evitar estereotipos respecto a la mujer, señalándola como la base de la familia sólida y de la unidad familiar.
Además, se propone incluir en los Consejos Directivos a las Secretarías de Trabajo estatales y autoridades municipales, que todos los centros cuenten con criterios de selección para las directoras, que incluyan formación académica y experiencia profesional con perspectiva de género y derechos humanos.
También se recomienda incorporar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para la ejecución eficaz y eficiente de los recursos.
A raíz de la realización de este informe, cinco organizaciones civiles: Equis Justicia para las Mujeres, Ciencia Social Alternativa Kookay, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, Grupo de Estudios sobre la Mujer "Rosario Castellanos", también de Oaxaca, y Ni Una Más Yucatán, se han sumado para impulsar el piloteo de un modelo de auditoría ciudadana que contribuya a mejorar el acceso a la justicia y la atención que reciben las mujeres víctimas de violencia a través de un Observatorio Ciudadano de los CEJUM que fue presentado el pasado 11 de julio pasado en la capital.
"Es de suma importancia estar en este observatorio que nace con organizaciones de dos Estados: Yucatán y Oaxaca. Ya que nos permitirá incidir en el mejoramiento del funcionamiento de los CEJUM, que redundará en una mejor atención para las mujeres que viven violencia" explica Adelaida Salas, titular de la organización civil Ni Una Más Yucatán.
Salas explica que el monitoreo del funcionamiento de estos centros los realizarán a través de la sistematización de información derivada de los casos que acompañan de mujeres víctimas para visibilizar el tipo de atención que reciben.
Por su parte, Ximena Avellaneda Díaz, directora de la organización oaxaqueña GesMujer, señaló que se contabilizaron 73 homicidios violentos de mujeres, a partir de diciembre de 2016, cuando comenzó el sexenio de gobierno estatal.
Desconocemos cuántos de esos casos se están investigando como feminicidios, ni cuántas mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas habían presentado previamente una denuncia por violencia familiar, dijo la activista.
Esa falta de disposición de las autoridades de transparentar la información ha sido una constante en esta y la anterior administración, por lo que consideramos importante participar en este Observatorio Ciudadano que busca ser un mecanismo de auditoría, pero también para proponer mejoras a un modelo que puede evitar que muchos casos de violencia culminen en feminicidios, considerando el trabajo directo que las organizaciones hacemos en cada estado, añadió Avellaneda Jiménez.
En Oaxaca existe un segundo Centro de Justicia que no ha podido abrirse en el municipio de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, por un recorte al presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, lo cual es una contradicción de una política que busca impulsar la prevención de la violencia de género contra las mujeres como una prioridad.

 

De la Redacción
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México, julio (SEMlac).- Organizaciones de Oaxaca, Yucatán y la Cuidad de México formaron el Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para las Mujeres (OCCEJUM), cuya finalidad es monitorear y contribuir a la transparencia en la operación de estos centros y emitir recomendaciones para contribuir a su fortalecimiento y desarrollar estrategias de incidencia, además de exigir rendición de cuentas a nivel local y federal.
EQUIS Justicia para las Mujeres, Ciencia Social Alternativa Kookay, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, Grupo de Estudios sobre la Mujer "Rosario Castellanos" y Ni una más conforman este observatorio que busca visibilizar las condiciones institucionales, los retos y las áreas de oportunidad de los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUMs) para contribuir a su fortalecimiento.
Actualmente en México existen 31 Centros de Justicia para las Mujeres. Son instituciones que concentran servicios especializados para las mujeres, así como sus hijas e hijos, que han sido víctimas de violencia, por ello, las organizaciones del OCCEJUM consideran que pueden ser una poderosa herramienta para prevenir y detener la ola de feminicidios existente en el país.
En su primera etapa, el Observatorio Ciudadano trabajará en torno a tres elementos principales de estudio de los Centros de Justicia para las Mujeres: estructura institucional, disposición de recursos y diseño operativo. Asimismo, el OCCEJUM buscará incidir en el fortalecimiento de los CEJUMs mediante la emisión de recomendaciones generadas a partir de la recopilación y el análisis de información.
Como parte de su presentación formal, el OCCEJUM participó el pasado martes en la presentación del primer informe sobre el estado de los Centros de Justicia para las Mujeres a nivel nacional, elaborado por EQUIS Justicia para las Mujeres, a partir de herramientas de transparencia y acceso a la información pública.
Al evento acudieron representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, quienes escucharon los hallazgos principales del informe sobre el estado de la política pública, así como información de primera mano en torno a la violencia contra las mujeres y el funcionamiento de los CEJUM en los estados de Oaxaca y Yucatán.

 

Por Gloria Analco
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México, julio (SEMlac).- Decenas de esfuerzos de promoción, liderados por el movimiento de mujeres y las organizaciones de base en los Balcanes Occidentales y Turquía, han llevado a reconocer que la violencia contra las mujeres y las niñas es una manifestación sistemática de discriminación y desigualdad.
La evaluación preliminar de la ONU sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en Turquía y los seis países de los Balcanes Occidentales reveló que la falta de voluntad política de sus gobiernos sigue siendo un obstáculo importante para la plena aplicación de la legislación en la que se ha avanzado.
Mientras que esos países se encontraban en diferentes fases de la adhesión a la Unión Europea, se presentó una oportunidad para avanzar en la implementación de las normas y estándares de las leyes y políticas de la Unión Europea, conocido como "acervo comunitario".
Esa designación fue entendida sin perjuicio sobre el estatuto a favor de las mujeres y está en consonancia con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Dictamen del CIJ sobre la Declaración de Independencia de Kosovo.
El programa de tres años, derivado de ello, "Implementing Norms, Changing Minds" tenía por objeto poner fin a la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres en los seis países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, y la ex República Yugoslava con Serbia y Croacia).
A pesar de la adopción de la legislación para promover la igualdad de género en todos estos países, se siguen presentando serios obstáculos que imponen los gobiernos para la plena aplicación de esas legislaciones.
La adopción del Convenio del Consejo de Europa de 2011 para prevenir y combatir la violencia contra la mujer (también conocida como Convención de Estambul) y las conclusiones convenidas del 53 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 2013, no fueron suficientes para avanzar en los esfuerzos encaminados a lograr la igualdad de género.
Asimismo, la revisión regional de Beijing + 20 para Turquía y los seis países de los Balcanes Occidentales destacó áreas que requerían una atención concertada para atacar la discriminación multidimensional, entre ellas las fuertes estructuras patriarcales y las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres.
También la prevalencia de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y en una evaluación preliminar de la ONU, el empoderamiento de las mujeres en esos países todavía tiene una oportunidad porque están obligadas a adoptar normas y estándares de las leyes políticas de la Unión Europea en ese aspecto.
El programa de tres años, "Implementing Norms, Changing Minds", tiene por objeto poner fin a la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres en los seis países de los Balcanes Occidentales y Turquía, con especial atención a los grupos de mujeres más desfavorecidas.
El programa fortalecerá la capacidad de las organizaciones de mujeres para exigir cuentas a los gobiernos, promover la aplicación efectiva y vigilar la prevención y la respuesta a la violencia contra la mujer.

 

Por Alicia Mendoza y Gabriela Ramírez
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México, julio (SEMlac).- El asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, en el campus universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha puesto al descubierto, de nuevo, las debilidades de un sistema de justicia que culpabiliza y estigmatiza a las víctimas.
El 3 de mayo Lesvy Berlín Rivera Osorio, de 22 años, fue asesinada en los jardines aledaños al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su cuerpo fue encontrado esa mañana y, atado a una caseta de teléfono, presentaba diversas lesiones y 33 días después las autoridades judiciales concluyeron que se trató de un suicidio.
La versión de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) fue rechazada por la familia de Lesvy, así como por las organizaciones que acompañan el caso, entre ellas, un grupo de expertas de la UNAM, que denunciaron que el caso no ha sido investigado con perspectiva de género ni como feminicidio
En tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso al novio de Lesvy -J.L.G.H.- solo por el delito de homicidio simple y rechazó acusarlo por el de feminicidio, como lo exige la familia de la joven y el equipo de abogados, quienes presentaron un recurso de apelación.
Acusaron a las autoridades de no cumplir con ordenamientos jurídicos nacionales, internacionales, así como jurisprudencia obligatoria que determina que "ante la muerte violentas de mujeres, la primera línea de investigación que debe seguirse es la de feminicidio".

La audiencia
El pasado lunes, al celebrarse la audiencia de vinculación a proceso en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la familia y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, así como representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, exigieron que el asesinato de Lesvy fuera investigado y juzgado por feminicidio, ya que en la carpeta de investigación existen pruebas suficientes.
Lamentaron que en una ciudad que es considerada de avanzada, como la Ciudad de México, no se aplique y no se siga el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, emitido en octubre de 2011 por la Procuraduría capitalina.
De igual forma, de acuerdo con el grupo de expertas en género de la UNAM, es claro que "no se garantizaron ni respetaron los derechos de la víctima, conforme lo señalan los ordenamientos vigentes" y se le revictimizó en los medios de comunicación.
Por otra parte, la conclusión de un suicidio y el rechazo de que se trató de un feminicidio no fueron comunicados previamente por el Ministerio Público a la familia, para que esta pudiera hacer observaciones oportunas ejerciendo su función de coadyuvancia, como lo señala la Constitución.
Ante esos hechos, solicitaron al juez de control, Cristian Ricardo Franco Reyes, "que bajo ninguna circunstancia el proceso judicial debía basarse en la acusación de la PGJCDMX, que imputa a una persona el delito de homicidio simple doloso por omisión.
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria sostuvo que existen pruebas que acreditan el delito de feminicidio: "lesiones infamantes que sufrió Lesvy antes de su asesinato, como un golpe fuerte con una cadena directo a su rostro y en la cabeza que generaron sangrado interno, así como la posterior exposición pública de su cuerpo".
Todo ello, aunado a la relación afectiva y de confianza entre la víctima y su pareja J.L.G.H., "lo que la colocó en un estado de suma vulnerabilidad", por lo que solicitaron un plazo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria, "con el fin de fortalecerla y generar el más alto estándar probatorio que permita llevar a juicio a esta persona y sancionarla por el delito de feminicidio agravado.

Exigen renuncias
Frente a esos hechos demandaron la inmediata renuncia del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña, y de la titular de la Fiscalía Desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, quienes habrían filtrado información y por las violaciones a derechos humanos de la víctima, cometidas por la PGJCDMX desde el inicio de las investigaciones.
Durante la protesta del lunes último, Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy, responsabilizó a las autoridades capitalinas de cualquier represalia contra ella y de su familia.
En tanto, el equipo de abogadas y abogados solicitó al gobierno de la Ciudad de México rectificar su línea de investigación, "tal y como en su momento se comprometió, así como remover todo obstáculo para que todas las mujeres accedan a la justicia y puedan vivir una vida libre de violencia".
Los letrados recordaron que el Tribunal vinculó a proceso al indiciado por el delito de "homicidio", pero mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el imputado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, mientras se concluye la investigación complementaria en los próximos cuatro meses.

El video no existe
En la audiencia, la madre de Lesvy y el equipo de profesionales de la abogacía que la acompañan desmintieron que exista el video con el que la PGJCDMX sustentó su hipótesis de suicidio.
En cambio, dijeron que, el pasado 6 de julio la PGJCDMX les entregó un video que no muestra que Lesvy se haya quitado la vida, pero sí "fuertes agresiones físicas del presunto feminicida contra la víctima".

Las respuestas: muy tarde y muy malas
Mientras la casa de altos estudios dio, en este caso, una respuesta tardía, de acuerdo con distintas voces, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, vía el área de Comunicación Social, realizó publicaciones en redes sociales el 4 de mayo pasado que culpabilizaban y estigmatizaban a Lesvy de los hechos, al cuestionar su conducta y sus amistades, las cuales ante la indignación de los cibernautas fueron borradas. Y es que mujeres de todo el país reaccionaron con mensajes diversos tras el hashtag.
El 5 de mayo, luego de una marcha, la madre de Lesvy Berlín desmintió las acusaciones de la Procuraduría, al afirmar que no era alcohólica ni drogadicta. Su hija, dijo Osorio, hablaba varias lenguas extranjeras y había dejado de estudiar para trabajar. Vivía con su compañero… "Eso no la estigmatiza ni la convierte en un ser despreciable, como pareciera que quieren hacer pensar, no solo de mi hija sino de muchas mujeres…México es un país anti-jóvenes", remató.

De la Redacción
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México, julio (SEMlac).- La familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria rechazaron la hipótesis de "suicidio" de la joven que dio a conocer el pasado 6 de julio la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).
Afirmaron que la institución capitalina "sigue actuando al margen de la familia, de las víctimas, de sus acompañantes y defensoras".
En un comunicado, familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio y la organización de defensa de derechos humanos, que acompaña en la defensa jurídica, afirman que la Procuraduría realizó la detención de una persona por el asesinato de Lesvy Berlín, sin que la familia fuera notificada de manera previa y adecuada.
Hoy, la PGJCDMX sostiene que la víctima se quitó la vida en presencia de un acompañante que no impidió el hecho y por ello "se acreditó la existencia del delito de homicidio simple doloso".
La familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio y el Centro Fray Francisco de Vitoria señalaron que la Procuraduría tardó dos meses en realizar 16 entrevistas y revisar 20 horas de video.
Denunciaron que hasta el 5 de julio, la Procuraduría les entregó en su totalidad la carpeta de investigación y los videos de vigilancia proporcionados por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Criticaron que la PGJCDMX "ha sostenido una estrategia que se ha caracterizado por ocultar la información a la familia de Lesvy Berlín y a la defensa, sosteniendo desde el primer momento la culpabilidad de la joven y de su propia muerte".
Afirman que la Procuraduría evitó "a toda costa la intervención en la coadyuvancia institucional del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)", e impidió que la familia y la defensa pudieran corroborar que la investigación se desarrollaba de acuerdo con los estándares aplicables en la investigación de feminicidios.
"La Procuraduría inició la investigación estigmatizando, criminalizando y revictimizando a Lesvy Berlín Rivera Osorio. Dos meses después, difunde un comunicado formulando una hipótesis que presenta como concluyente, aun cuando la investigación continúa abierta y ha presentado inconsistencias graves.
Insistimos en que numerosos dictámenes periciales se realizaron bajo una lógica criminalizante, revictimizante y carente de perspectiva de género", sostuvieron.
"La PGJDCMX continúa sin admitir que el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio es un feminicidio y que el Gobierno de la Ciudad de México ha sido incapaz de proteger la vida de numerosas mujeres frente a la violencia feminicida".
Al final del comunicado señalan: ¡Ni una más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres!
Lesvy Berlín fue encontrada sin vida y atada a un teléfono público en los jardines aledaños al Instituto de Ingeniería de la UNAM, en mayo pasado.

 

Por Mercedes Alonso Romero
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Santo Domingo, julio (SEMlac).- Un total de 69 casos de abusos y maltratos contra adultos mayores se han conocido en República Dominicana desde enero hasta junio del actual año; la mayoría mujeres, según un reporte de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría.
Entre esos hechos violentos se hallan las violaciones sexuales cometidas contra Ana Verónica Peralta, de 60 años, y Evangelista Méndez, de 71, quien además fue asesinada; en tanto que los ancianos Enriquillo Encarnación, de 90 años, y José Blas Peralta, de 69, enfrentaron robo agravado.
El intento de violación sexual a Patricia Ramírez Pérez, de 74 años, aún la mantiene en estado crítico; María Pérez Lara, de 70 años, fue violada en su propia casa, al igual que Juana Argot del Carmen, de 59 años; María de la Rosa, de 68 años, resultó cruelmente asesinada e Isabel Mercedes Llaverías Núñez, de 90 años, además de violada fue estrangulada.
Un trabajo de la colega Wanda Méndez, publicado en Listín Diario el pasado 3 de julio, llama a la reflexión y refleja que tras estos homicidios, sofocación, estrangulamiento, violación sexual e intento de violación sexual y robo agravado, los autores fueron sometidos a la justicia, y aunque el Ministerio Público logró que un tribunal les impusiera prisión preventiva, otros aún no han sido apresados, porque las víctimas no han podido identificar a sus agresores, principalmente cuando se trata de violación sexual.
En dicho reportaje, la fiscal especializada en adultos mayores del Distrito Nacional, Danissa Cruz Taveras, quien coordina la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría, explica que los expedientes son registrados por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), a los cuales da seguimiento, y precisa que en los primeros seis meses de este año la entidad que dirige ha recibido 69 casos de abusos y maltratos contra este segmento poblacional, mujeres en su mayoría.

Abandono y ausencia de políticas públicas
Cruz Taveras señala el abandono familiar como causa fundamental de esta vulnerabilidad que sufren quienes deambulan por la tercera edad, pues en muchos de los casos los hijos y parientes les ven apenas una vez al mes, o no los ven nunca.
Dijo que aunque se desarrollan campañas de concienciación en este sentido, y que siguen cada caso a fin de lograr sanción para los que atentan contra la vida, integridad física y dignidad de estas personas, "se pueden hacer mejores políticas para la protección de esta población", precisó.
Alrededor de un millón de adultos mayores de 60 años vive en este país y, aun cuando se espera que para 2050 uno de cada cinco dominicanos estará comprendido en estas edades --según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa)--, una parte significativa sobrevive a merced del injusto y cruel descuido. 

Mujeres más vulnerables
Se sabe que el mundo entero envejece y que en los momentos actuales alrededor de 700 millones de personas son mayores de 60 años, a la vez que se espera que a mitad del siglo sean 2.000 millones; es decir, más de 20 por ciento de la población mundial.
En la nación dominicana, el 70 u 80 por ciento de las personas de 60 años y más viven en el área urbana, y constituyen un grupo marginado y desposeído desde el punto de vista social, económico y político, de acuerdo con un estudio titulado "Situación del adulto mayor de Republica Dominicana", publicado en Internet, en el portal de Gerontología, por la doctora Rosy Pereyra Ariza, directora Ejecutiva del Instituto del Abuelo, en la dirección del Centro Internacional de Longevidad-RD.
Pereyra Ariza detalla en su investigación que "en general la edad de retiro oficial es de 65 años. Sabemos que esta población está creciendo más rápidamente que la población económicamente activa".
Otros datos sociodemográficos importantes para analizar esta situación son los siguientes: La gran mayoría de los adultos mayores viven en hogares multigeneracionales. Menos del 10 por ciento vive solo (…) El sexo femenino tiene una esperanza de vida mayor que el sexo masculino (68 años el hombre, 72 la mujer).
"En la República Dominicana las mujeres de 60 años y más representan en la actualidad el 52.3 por ciento (…) Este grupo es particularmente vulnerable por la alta incidencia de analfabetismo, porque la gran mayoría no figura en los programas mínimos de seguridad social, pues muchas permanecen en el hogar desarrollando labores sin valor monetario en el mercado y porque existe un gran número de viudas con alto grado de dependencia económica", concluye el estudio de la doctora Rosy Pereyra.

Inclusividad imprescindible
Otro problema social y económico que preocupa es el de la urbanización, y la necesidad de construir ciudades sostenibles para todas las edades.
El periódico El Día publicó el 2 de octubre de 2015 la declaración oficial del director ejecutivo del Unfpa a nivel global, Babatunde Osotimehin, quien se preguntaba: "¿Qué podemos hacer para que nuestras ciudades sean más inclusivas? Podemos empezar velando porque se incluya tanto a personas más jóvenes como de las generaciones de mayor edad en el proceso de planificación urbana y que se tomen en cuenta igualmente sus problemas, sus necesidades y sus preocupaciones", expuso.
"Sostenibilidad e inclusividad de las personas de edad en el medio urbano, se ajusta perfectamente a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible recientemente aprobada: ¡No dejar a nadie rezagado!", declaró Osotimehin.
Y aunque el directivo llame a "crear una sociedad sin edad, caracterizada por un medio físico urbano que facilite la movilidad y la seguridad personal", esto sigue siendo apenas un sueño que, al menos en República Dominicana, se percibe lejano e incumplible, pese a ser el país de mayor crecimiento económico en la región.
Instar a que "líderes políticos y planificadores urbanos colaboren, presten atención en particular a importantes pilares de la vida urbana, como la vivienda, el transporte, los servicios sociales básicos y la atención de salud para hacerlos propicios a las personas de edad", es otro propósito planteado por Babatunde Osotimehin y no cabe la menor duda de que hay que invertir más aún en todo lo concerniente a estas personas, su salud, vida económica, social, política y cultural, estabilidad y sobre todo por una existencia con dignidad.

Por Sara Más
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La Habana, julio (SEMlac).- Aunque no existe en Cuba un sistema integral estatal que atienda a las personas sobrevivientes de la violencia de género, especialistas, instituciones y activistas insisten en la necesidad de implementarlo.
Con esos servicios debiera ponerse en práctica, también, un protocolo de atención que permita actuar frente a esos casos y proveer de apoyo psicológico, médico y legal a quienes padecen situaciones de ese tipo.
"Esa estrategia nacional ayudaría a que la persona maltratada tenga siempre la misma orientación, reciba atención multidisciplinaria y sin ser revictimizada", señaló a SEMlac la psicóloga Mareelén Díaz Tenorio, subdirectora del Centro de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero (OAR).
OAR es una organización de la sociedad civil cubana que, junto a la Federación de Mujeres Cubanas, coordina la Jornada Cubana por la No Violencia hacia las Mujeres y la Niñas y desarrolla acciones de prevención y atención en espacios comunitarios de diversas zonas del país.
En entrevista para el servicio informativo No a la Violencia, de SEMlac, Díaz Tenorio reconoció que actualmente "se promueven acciones puntuales desde diversas instituciones y desde la sociedad civil". 
Sin embargo, sigue faltando "un sistema de atención que establezca y dé seguimiento a qué hacer cuando se recibe una víctima de violencia, que puede llegar lo mismo a la policía, que a una unidad de atención de salud o a una Casa de Orientación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)".
Para su colega Zulema Hidalgo, quien coordina en OAR el Programa de Género y Violencia, la puesta en marcha de esa ruta "ayudaría a acompañar de manera integrada a las víctimas, a las familias y también permitiría trabajar con los hombres, con los agresores, partiendo de las mismas normas, de los mismos protocolos". 
En su opinión, hay gran potencialidad en las comunidades para la prevención de la violencia, si se aprovecha bien la experiencia de instituciones y actores, y se les provee de conocimientos y herramientas para actuar.
Pero el tema rebasa, según especialistas, el ámbito de la atención. Ileana González, psicóloga y subdirectora del Instituto Internacional de Periodismo José Martí cree que esos esfuerzos ayudarían a una mejor comunicación.
"Permitiría a los medios proporcionar información y orientación más clara acerca de a dónde acudir cuando se sufre violencia de género o de cualquier otro tipo, qué pasos seguir", dijo a SEMlac.
"A menudo las personas que son víctimas están en una situación de indefensión, entre otras razones, porque no cuentan con información", aseguró González.
Pero no basta con implementar una ruta crítica y servicios de atención, al decir de las expertas. "Además de una ruta crítica y de ganar en integralidad en la atención, necesitamos investigaciones más abarcadoras", sostuvo Díaz Tenorio.
"También urgen modificaciones a las leyes y a la política social, y aún queda mucho por esclarecer desde la investigación para enfrentar la temática desde una postura comprometida con la transformación y el cambio. Falta visibilidad, capacitación y sensibilización", agregó.
Otro de los desafíos frente a la violencia de género sigue siendo la capacitación. "Faltan más acciones de sensibilización dirigidas a toda la población, pues esta se constituye en redes de apoyo a personas violentadas y estas deben estar preparadas, capacitadas, para prestar apoyo", consideró Hidalgo.
Hacer más visible el problema, dirigir acciones puntuales a públicos jóvenes y adolescentes, y llevar el tema con más énfasis y conocimientos a los medios de comunicación son también pasos necesarios, según las expertas.

 

De la Redacción
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Santo Domingo, julio (Especial de SEMlac).- Las palabras y las imágenes que transmiten los medios de comunicación tienen el poder de perpetuar las desigualdades entre mujeres y hombres, pero con los conocimientos precisos también pueden convertirse en un importante instrumento de cambio, opinaron participantes en el "Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género", celebrado los días 6 y 7 de julio en República Dominicana.
Existe una urgente necesidad de "crear estrategias y políticas de comunicación, que sensibilicen a periodistas y comunicadores y los doten de las herramientas para generar un cambio en la forma en que se presentan al público las informaciones", explicó la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza del Tribunal Constitucional de República Dominicana y coordinadora del Taller.
Para la escritora y catedrática española Juana Gallego, los medios de comunicación son los llamados a construir una nueva mirada hacia la mujer, para que se le deje de ver como objeto y se respete su rol de sujeto.
Gallego, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y conferencista invitada al evento, llamó a leer con más atención las noticias en busca de aquellos hábitos que "perpetúan la discriminación".
En los titulares de prensa, a menudo a los hombres se les atribuyen acciones y a las mujeres se les describe. Eso también es sexismo, aseveró la experta española, quien tuvo a su cargo la conferencia inaugural.
Igualmente, llamó a desterrar el hábito de reconocer a las mujeres llamándolas reinas en las noticias.
"Además de un estereotipo muy manido, debemos reflexionar sobre qué significa ser reina: significa que todo te vino dado por herencia, no luchaste por conseguir ese reinado", aseveró Gallego.
El taller se propuso construir alianzas y referentes para superar los discursos hegemónicos y estuvo dirigido a periodistas, líderes de opinión, trabajadores de prensa, estudiantes de comunicación social y comunicadores institucionales que se ven en la necesidad de encontrar herramientas que les permitan desempeñar su rol desde la responsabilidad, sin ejercer violencia mediática.
El evento, además, se inscribió entre las actividades conmemorativas del Quinto Aniversario del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, tomando en cuenta el rol protagónico de los medios de comunicación masiva en la sociedad.
El programa general incluyó cinco intervenciones de las periodistas Millizen Uribe, dominicana; Dixie Edith Trinquete, cubana; y Silvina Molina, argentina.
En un país donde los feminicidios se han convertido en una situación que demanda medidas urgentes también desde la comunicación, la magistrada Esther Agelán Casasnovas, jueza de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, disertó sobre el tema en una interesante conferencia que pasó por aspectos legales y vinculados a la comunicación.
En los primeros seis meses del año se han producido 43 feminicidios en República Dominicana y el promedio anual es de 102 mujeres.
¿Cómo lograr desde los titulares de las noticias que no se revictimice a las mujeres asesinadas o se justifique a los homicidas?, ¿hay que hablar de los motivos de esa violencia de género?, ¿cómo hacerlo? Sobre esas y otras preguntas se promovieron intensos debates en varios momentos del taller.
El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, declaró que es tiempo de rechazar de manera contundente la ola de violencia de género que arropa a la sociedad dominicana y proclamó la necesidad de que no se produzca una muerte más de mujeres derivada de ese flagelo.
"Es tiempo de que resuene en cada rincón del país, en valles y montañas, y que se inscriba en el corazón de todos los hombres dominicanos la consigna: ¡Ni una más!"; aseveró Ray Guevara al pronunciar el discurso de apertura del taller.
Igualmente, el lenguaje inclusivo o no sexista también fue tema de fuerte polémica.
"Cada vez que no nombramos o ignoramos a las mujeres, estamos violando sus derechos humanos; negando la representación de su existencia en el lenguaje; promoviendo y manteniendo los estereotipos de género y, de este modo, legitimando las desigualdades", explicó la periodista Dixie Edith Trinquete en su intervención.
Pero vale tener en cuenta que el sexismo en el lenguaje rebasa el asunto de poner a y o, para reflejar la expresión de un pensamiento conformado a lo largo de siglos de una cultura patriarcal que ignoraba lo femenino y tenía lo masculino como la medida de todas las cosas, agregó.
Para Sugey de Jesús, integrante del Círculo de Periodistas de la Salud y productora de programas de radio, algo muy importante fue la participación de hombres en el taller, "para que ellos también sean voceros de una comunicación inclusiva", explicó a SEMlac.
"Las informaciones que se compartieron, los ejercicios que se realizaron, las expositoras que estuvieron presentes dieron las pautas para realizar un mejor trabajo, pero una sugerencia es abundar más en la comunicación con enfoque género para públicos con capacidades diversas", agregó De Jesús en conversación con este servicio.
Un resultado concreto del taller verá la luz en noviembre próximo, cuando sea puesta en circulación la "Guía de Periodismo con Perspectiva de Género", que constituirá el verdadero cierre del Taller y será elaborado por la periodista argentina Silvina Molina.
Un consenso de las sesiones de trabajo fue que comunicar con enfoque de género, o desde una perspectiva de género, implica mucho más que erradicar el sexismo en el lenguaje e incluir a las mujeres, elementos a los que primero se alude cuando se habla del tema.
"No se trata de escribir, informar y hablar sobre mujeres. El enfoque de género permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad; significa dejar de creer que los roles sociales y culturales asignados a hombres y mujeres son naturales" aseveró Trinquete.
"Pero también, partir de que el género está en el cerebro, es construido, y esos patrones y estereotipos pueden cambiar", afirmó Molina.
Lo más importante es conseguir conocimientos y sensibilidad por parte de los medios para evitar que se lesione la dignidad y los derechos de las mujeres, por la utilización de un lenguaje sexista, discriminatorio y reproductor de un esquema de exclusión o de la utilización de la mujer como objeto sexual, aseveró la magistrada Jiménez.

 

Por Gabriela Ramírez
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México, julio (SEMlac).- El crecimiento exponencial de la violencia política de género en 2016 sumó 143 denuncias en elecciones extraordinarias, ordinarias y únicas en 17 entidades del país, incluyendo la capital mexicana, que renovó la Asamblea Legislativa, lo que supone un reto para el siguiente proceso electoral.
Por ello, en 2018 el propósito es combatir la violencia política contra las mujeres, frente a un escenario alarmante de aumento de casos de agresiones a candidatas que buscarán ser electas para ocupar los cuatro 1.652 cargos de elección popular que se disputarán el próximo año, en los cuales los partidos políticos deberán proponer a la mitad de aspirantes mujeres.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, en el proceso electoral del 2018 se elegirán 629 cargos en 13 elecciones federales y 2.697 en 30 elecciones locales; es decir, 3.326 cargos de elección popular en total. Esto incluye presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y nueve gubernaturas.
Hasta ahora, solo 12 estados han tipificado la violencia política. Dos la han incluido en la Constitución estatal (Chiapas y Ciudad de México); nueve en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz); uno en la ley electoral local (Nayarit).
Oaxaca es la única entidad que además de tener el delito en la Ley de Acceso, tiene tipificada la violencia política en el Código Penal y la sanción incluye penas de privación de la libertad y multa.
Actualmente en la Cámara de Diputados federal se discuten ocho iniciativas, una de ellas enviada por el Senado de la República, para tipificar la violencia política de género antes del proceso electoral 2018.
Sin embargo, se han registrado serios retrocesos como el ocurrido en la Ciudad de México en donde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hizo una modificación al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, para sustituir el término "violencia política en razón de género" por "violencia política".
Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), señaló recientemente que 38 casos de violencia contra mujeres e instituciones electorales se registraron en el país en el pasado proceso del 2014-2015, cifra que creció exponencialmente en 2016, cuando sumaban 143 casos.
Explicó que esto fue "inédito", luego de que, en el proceso anterior inmediato del 2012, apenas habían conocido de dos casos donde denunciaron situaciones de violencia no precisamente política, pero sí en contra de dos mujeres que participan en la vida política.
En el último proceso, ocurrido este año, también se registraron casos de violencia política. A continuación, se presenta un recuento de los hechos ocurridos desde 2015, cuando se puso a prueba por primera vez la paridad en una contienda electoral.

Del estereotipo a la amenaza

La violencia política en los últimos años ha tomado diversas formas. Desde descalificaciones a las mujeres, el uso de prejuicios y estereotipos para demeritar su trabajo y sus capacidades, hasta amenazas que las han llevado a abandonar las contiendas.

Violencia política en 2015
En Hermosillo, Sonora, donde competía la ahora gobernadora Claudia Pavlovich, aparecieron mantas colgadas en los principales puentes de la ciudad donde decía: "Las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón" y otra que decía "Las panochas en las coyotas, no en palacio".
La síndica de Pungarbato, Guerrero, Rosalba Rendón, solicitó licencia al congreso local ya que su esposo fue secuestrado y ella ya había sido amenazada.
La precandidata por el Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Aguascalientes, Alma Hilda Medina Macías, recibió en su domicilio una corona de muertos con la leyenda "descanse en paz, perra".
El gobernador de Baja California, Francisco Vega, manifestó el 8 de marzo de 2015 que "las mujeres están rebuenas todas para cuidar niños, atender la casa, para cuando uno llega".
La candidata del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Ecatepec, Jessica Salazar, denunció que fue víctima de agresiones y de un intento de secuestro y dos de sus colaboradores resultaron heridos.
La aspirante a diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Guerrero, Silvia Romero resultó secuestrada mientras se encontraba en campaña. Fue liberada un día después.

Los casos de 2016
A más de 90 días de la toma de posición como presidenta municipal de Oxchuc, Chiapas, María Gloria Sánchez Gómez enfrentó la inconformidad de pobladores que tomaron la cabecera municipal. Hubo saqueos, incendio de viviendas, entre las cuales se encontraba la de ella misma, así como la quema de vehículos, secuestro de habitantes que simpatizan con la munícipe, bloqueos carreteros e incomunicación vía telefónica.
La candidata al gobierno del Estado por el Partido del Trabajo en Zacatecas, Magdalena Núñez, fue abandonada cuando la dirigencia estatal decidió declinar a favor del aspirante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
La postulante a la gubernatura de Aguascalientes, Lorena Martínez, fue objeto de "ataques machistas" por parte del candidato del PAN a la gubernatura.
Las aspirantes a la gubernatura de Puebla acusaron de actos de intimidación, como la persecución de la que fue objeto Roxana Ronquillo, del PRD, y su equipo luego de que supuestamente los habían confundido con delincuentes por parte de elementos de la policía. Ana Teresa Aranda Orozco, del PAN, acusó al gobernador de pretender sacarla de la contienda electoral y, finalmente, Blanca Alcalá Ruiz, candidata priista, anunció un movimiento de "resistencia civil pacífica" y un ayuno para exigir equidad en la elección luego de la intromisión del gobernador Rafael Moreno Valle en el proceso electoral.
En Hidalgo, Guillermina Melo Vargas, quien buscaba la presidencia municipal de Atitalaquia, decidió retirarse de la contienda luego de que su casa fue incendiada.
Rosa Pérez, presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas, enfrentó a un grupo de opositores que solicitaba su renuncia por ser mujer. Fue la cuarta alcaldesa en Chiapas obligada a solicitar licencia para separarse del cargo, de un total de 35 que fueron electas en el proceso electoral de 2015, tres de ellas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y una del PRI, Chanal, Oxchuc, Chenalho y Tila.
Con gritos e insultos un grupo de hombres negaron que Virginia Olivera Aguilar fuera considerada como candidata a la presidencia municipal de San Lucas Quiaviní, Tlacolula, Oaxaca, porque para ellos el lugar de las mujeres está en su casa.
Felicitas Muñoz, presidenta municipal de Cuilapan, Guerrero, de Movimiento Ciudadano, ganó las elecciones el 7 de junio de 2015 e inició su gestión el 31 de septiembre del mismo año. En mayo de 2016 tres regidores de su cabildo encabezados por el síndico, exigieron su renuncia, argumentando que una mujer no podía conseguir obras y acusándola de desvío de recursos sin que dichas acusaciones fueran fundamentadas. Su casa fue baleada, luego allanada, su sala, colchón y el tanque de gas fueron llevados al zócalo de la población donde fueron quemados. Hasta la fecha, Felicitas Muñoz mantiene un gobierno itinerante, pues el municipio fue tomado por sus agresores.
Samantha Caballero, presidenta municipal de San Juan Bautista del Soto, Oaxaca, del PRI, ganó la elección el 5 de junio de 2016 como presidenta municipal. Luego de la toma de protesta, el síndico y los regidores de Obras, Hacienda y Educación ocuparon el palacio municipal, sellaron las puertas, cambiaron las chapas, se llevaron todos los vehículos, la ambulancia, el carro de volteo y las patrullas. A la fecha, la presidenta municipal no ha podido ejercer sus funciones de manera cabal ni en condiciones de seguridad.
La presidenta municipal de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, denunció ante las autoridades competentes ser víctima de violencia política a partir de su registro por la candidatura en San Pedro Atoyac, pues recibió amenazas, insultos y agresiones físicas que tienen la finalidad de impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales, ya que se ha exigido que renuncie al cargo.

2017, Edomex:

Delfina Gómez denunció en febrero a través de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, que el PAN y el PRD realizaron ataques en su contra a través de redes sociales.
En 2017, la excandidata a la alcaldía de Toluca, Mónica Fragoso, denunció ante el Tribunal Electoral que el dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) Genaro Martínez la expulsó del partido, argumentando supuestas acciones de deslealtad al partido, pero ella aseguró que fue porque "es mujer".

De la amenaza, al asesinato
La violencia política alcanza también otros niveles. Luego de instaurada la paridad ha cobrado ya dos vidas.
En 2015 Aidé Nava, precandidata del PRD por la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, fue hallada decapitada.
En 2016, la perredista Gisela Mota Ocampo, presienta municipal de Temixco, Morelos, fue asesinada.
El escenario para 2018 será complejo para las mujeres que, a golpe de sentencias, seguirán haciendo valer la paridad en México, según estimaciones de las expertas.

 

 

De la Redacción
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México, julio (SEMlac).- La diputada Citlalli Hernández Mora, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), solicitó al jefe de Gobierno, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, establecer medidas urgentes de prevención de asesinatos de mujeres, que en solo tres años alcanzó aquí más de 500 casos.
Durante la sesión extraordinaria, asambleístas discutieron puntos de acuerdo para establecer medidas urgentes de prevención de asesinatos de mujeres, feminicidio, secuestros y violencia de género contra las mujeres en la capital del país.
Hernández Mora requirió garantizar una investigación con perspectiva de género en el caso de Blanca Estela, una joven de 17 años encontrada sin vida en una cisterna del deportivo Carlos Zapata Vela, el pasado 16 de junio de este año.
Cuestionó el hecho de que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal sostenga que "no ve una razón de género" en más de la mitad de las muertes violentas de mujeres, a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha informado que entre 2012 y 2015 un total de 555 mujeres fueron víctimas de homicidios violentos en la Ciudad de México.
"El caso de Blanca Estela deberá ser, en un cálculo somero, la averiguación 301 por la comisión de un presunto feminicidio, apenas 300 casos en seis años y ni siquiera 40 por ciento de los homicidios violentos contra las mujeres está considerado como feminicidio, según cifras oficiales".
Hernández Mora urgió a otorgar garantía de justicia para las víctimas indirectas y que se garantice que todos los elementos policiacos de la Ciudad de México reciban capacitaciones continuas y suficientes en materia de actuaciones policiales con perspectiva de género.
La legisladora expuso que, a pesar de que se han adoptado legislaciones específicas, se han puesto en marcha políticas públicas y programas para prevenir y erradicar la violencia de género, se han reformado los códigos penales para catalogar las muertes violentas de mujeres por razones de género como crímenes especiales, y se han creado unidades especiales de investigación, todas estas medidas no son suficientes, pues la impunidad sigue siendo la norma y no la excepción.

Se incrementó violencia de género
La diputada de MORENA reprobó el incremento de la violencia de género, lo que se demuestra con los cientos de testimonios de mujeres que son violentadas en el espacio público.
Son las noticias cada vez más recurrentes, dijo y recordó además del asesinato de Blanca Estela, el de Lesvy Berlín, el de Stephanie Magón o el caso de una joven de quien aún se desconoce su identidad, subida a bordo de un taxi para ser golpeada mientras una ciudadana les seguía desde su vehículo tratando de ayudarla.
De igual forma, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un punto de acuerdo solicitado por la diputada Aleida Alavez para que el gobierno de la Ciudad de México aplique operativos de seguridad en el transporte público de Iztapalapa, debido a la ola de violencia que acosa a las personas usuarias desde hace meses.
Mediante el punto de acuerdo, la legisladora solicitó a las secretarías de Seguridad Pública y la de Movilidad, así como a la Procuraduría General de Justicia del gobierno capitalino, para que además de los operativos policiales, se coordinen con los concesionarios del transporte público y establezcan mecanismos para combatir los asaltos de esas rutas que convergen en el paradero del Metro Constitución de 1917.
La asambleísta lamentó la inseguridad que azota a Iztapalapa y que las autoridades delegacionales hayan sido rebasadas por la delincuencia que se ha asentado en el lugar.
Afirmó que el alarmante clima de inseguridad que enfrentan quienes utilizan el transporte público en esa delegación, obliga a las autoridades capitalinas a emprender acciones para devolver la tranquilidad a las y los usuarios de las rutas 119, 37, 14, 32 y 35 que constantemente son asaltados con violencia en las unidades.

Un promedio de 564 delitos diarios en transporte público
De acuerdo con el Informe Estadístico Delictivo en el Distrito Federal, que emite la Procuraduría General de Justicia del DF, en abril 2016 se iniciaron 16.947 averiguaciones previas y carpetas de investigación, lo que significa que se reportó un promedio diario de 564; en el mismo período de 2017, la cifra se elevó a 17.135 averiguaciones.
En abril pasado, la delegación Iztapalapa registró 2.331 carpetas de investigación, lo que también representó un incremento con respecto de abril de 2016, del orden de 2.291; sin embargo, indicó, estas cifras no reflejan la realidad que se vive, porque un número indeterminado de delitos no se denuncia, en particular los cometidos en el transporte público.
Por otro lado, también se avaló un dictamen, propuesto por la Comisión para la Igualdad de Género, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, al Metrobús y a los servicios de Transporte Eléctrico del Distrito Federal, dependencias todas del Gobierno de la Ciudad de México, a capacitar al personal de sus instalaciones y vehículos, como responsables de aplicar las políticas o programas derivados de las estrategias 30/100.
Esta estrategia es en beneficio de las mujeres y niñas usuarias de los servicios públicos y para que, en caso de sufrir de acoso o violencia sexual durante su transportación en estos servicios públicos, el personal del transporte público pueda asesorar debidamente y acompañar a las víctimas para interponer las denuncias respectivas y brindarles los servicios de apoyo previstos en dicha estrategia.

Procurador capitalino debe informar
Asimismo, la ALDF aprobó un punto de acuerdo, presentado por la diputada Beatriz Rojas Martínez, de MORENA, para exhortar a Edmundo Porfirio Garrido Osorio, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a informar sobre el trabajo y avances en las investigaciones a cargo del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes, en un plazo no mayor de 20 días.
La legisladora recordó el caso de Luz Adriana Castillo Vázquez, de 19 años, quien salió de su casa el pasado 31 de marzo y ya no regresó; Wendy Vázquez, madre de Luz, asistió al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad, en donde le dijeron que primero debía llamar al Servicio de Localización Telefónica LOCATEL para reportar dicha desaparición.
Después de estudios se desprendió que Luz había sido asesinada desde el día de su desaparición y su cuerpo yacía anónimo en una plancha del servicio forense desde el 8 de abril, de lo que se desprende entonces que tardaron 18 días en notificarla y 18 días en que Wendy tuvo la angustia de no saber nada de su hija Luz. 
Ante esto, la diputada afirmó que los protocolos de localización y búsqueda de niñas y mujeres adolescentes, como la Alerta AMBER y el Protocolo Alba, son insuficientes para atacar la epidemia de desapariciones entre esta parte de la población, al citar datos de la Red de los Derechos de la Infancia de México, pues a pesar de contar con estos mecanismos, no se realiza la búsqueda de mujeres y niñas con la debida diligencia porque no existe personal capacitado para esta función.
"Los organismos institucionales están desarticulados y además en la mayoría de los casos las autoridades desestiman la denuncia de las víctimas. En el caso de los adolescentes, niñas y mujeres, existe una intencionalidad reconocida, pueden ser víctimas de feminicidio o ser sometidas a redes de trata de personas, y 72 horas da tiempo a que las puedan trasladar a otros países o estados", afirmó.

Sin conocer el paradero de 622 mujeres
Destacó que de enero el 2015 a junio del 2016, la PGJ de la Ciudad de México reportó 1.744 mujeres extraviadas y fueron localizadas 1.122, quedaron pendientes 622 que no sabemos a la fecha qué ha sido de ellas.
Por ello, mediante el punto de acuerdo se solicitó un informe sobre "la capacitación continua de las áreas encargadas en la materia, con perspectiva de derechos humanos y género a que hace referencia el protocolo para la búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes en su acuerdo tercero y en su objetivo Vigésimo. Esto con el fin de que el personal, en específico del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), no se refiera al término de las 72 horas en espera para iniciar la búsqueda".
Igualmente, que se informe "sobre el estado que guarda el sistema de registro de personas extraviadas o ausentes, desagregando por sexo y edad en lo que va de este año 2017 y acerca del funcionamiento de todos los mecanismos de coordinación y comunicación existente entre los entes públicos que integran el sistema de auxilio a víctimas dependientes de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad.
Además, "respecto a los resultados de las evaluaciones prácticas al sistema de auxilio a víctimas, así como a las acciones que se hayan o estén llevando a cabo para subsanar o corregir en su caso las inconsistencias derivadas de dichas evaluaciones, y qué acciones llevará a cabo PGJ en la capital del país para deslindar responsabilidades por la pésima atención que se está brindando ante un tema tan hiriente a la sociedad".

 

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