Violencia de género

Violencia de género (439)

Por Gabriela Ramírez
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México, abril (SEMlac).- A pesar de que las universidades hacen un esfuerzo por atender y eliminar el hostigamiento sexual, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México acríticamente acepta a un hostigador sexual como probable presidente del Colegio de San Luis (COLSAN).
Enrique González Ruiz fue considerado recientemente por autoridades del CONACYT como candidato idóneo para contender por la presidencia del COLSAN, a lo que organizaciones y personal de áreas especializadas en género de centros de investigaciones y universidades de nueve entidades federativas, protestaron.
El CONACYT, pese a que su Programa Institucional 2014-2018 establece que está obligado a trabajar por la igualdad sustantiva, demeritó el hecho de que González Ruiz fuera separado de su cargo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en 2014 por hostigar sexual y laboralmente a dos profesoras, caso que sigue vigente en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya que él busca la reinstalación.
Aunque se determinó que el presidente del COLSAN fuera David Vázquez, en el proceso Sergio Hernández Vázquez, director adjunto de Centros de Investigación del CONACYT, señaló que González Ruiz no tenía ningún impedimento para ser candidato a presidir dicho centro de investigación, según consta en una nota publicada enLa Jornada de San Luis el 16 de febrero de 2017.
Ante estas declaraciones, organizaciones y académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de la UACM, del Colegio de México, del Colegio de la frontera norte, de la Universidad Veracruzana y del Colegio de San Luis Potosí dirigieron una carta al director del CONACYT, Enrique Cabrero.
En el documento se explica el procedimiento en contra de González Ruiz y señala que "si el CONACYT no toma en cuenta las investigaciones y sanciones que realizan los Centros de Investigación y Educativos como referentes y criterios para valorar a candidatos para presidir o dirigir dichos espacios, consideramos que se estaría incurriendo en una gran incoherencia".
El CONACYT respondió el 15 de marzo con una carta firmada por Salvador E. Lluch Cota, director de Coordinación Sectorial, en la cual explica que los aspirantes - todos varones-, cumplían "con la totalidad de los requisitos solicitados", entre los que destaca "ser de reconocida calidad ética".
"Los candidatos cumplieron en totalidad los requisitos solicitados, incluyendo en particular el oficio de no habilitación, emitido por autoridad competente para este punto como es la Secretaría de Función Pública", precisó el CONACYT.
Sobre esta actitud, Paz López, directora de Transversalidad del Instituto Nacional de las Mujeres, anunció que su organismo solicitará una reunión con el director del CONACYT y señaló, además, que el Consejo trabaja en el desarrollo de un protocolo contra el hostigamiento sexual.
El caso de González Ruiz, como muchos otros, ha obligado a las universidades a desarrollar protocolos para la atención de la violencia de género así como ocurrió en el gobierno federal que publicó en noviembre de 2016 el Pronunciamiento Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal.
El avance, todavía incipiente, ha estado marcado por la exigencia y la denuncia de estudiantes, profesoras en los espacios universitarios que utilizando los mecanismos vigentes -pero no especializados en el tema- o los mecanismos de denuncia social, han logrado colocar el tema en las mesas de trabajo de las autoridades universitarias.
Sin embargo, los avances y su consolidación se enfrentan a constantes obstáculos, marcados por la falta de voluntad política de las diversas autoridades universitarias y de las autoridades educativas a nivel nacional, pues instancias encargadas de la coordinación de los centros e instituciones de investigación no otorgan validez a los procesos internos que las universidades y centros de investigación realizan para investigar y sancionar la violencia de género.
Al respecto, la abogada Andrea Medina Rosas explicó en entrevista que se construyen situaciones de impunidad, pues una investigación y sanción aplicada por un acto de violencia de género en una universidad no es tomado en cuenta como un referente que restrinja los cargos que se pueden ocupar, y al contrario, sin mostrar ningún cambio de actitud, la persona sancionada es premiada con la posibilidad de representar instancias educativas.
"Hay un vacío legal ya que nada obliga a instancias como el CONACYT a reconocer lo que surge de procesos administrativos como el que se emprendió en contra de González Ruiz en la UACM, pero eso frena el avance que se tiene al interior de las universidades porque un agresor fácilmente puede obtener un cargo en otra institución".
No puede ser, señala Medina Rosas, que las autoridades del CONACYT consideren que una persona que ha sido inhabilitada por hostigamiento sexual y laboral tenga una "reconocida calidad ética".

Avances en la atención de la violencia de género
Según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en México se cometen alrededor de 600.000 delitos sexuales al año. De acuerdo con el Diagnóstico sobre la atención a la violencia sexual en este país, entre las personas que figuran con mayor frecuencia como víctimas de delitos sexuales en las averiguaciones previas, están las estudiantes (25,6 por ciento de los casos).
Ante esta situación, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Quintana Roo y más recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana cuentan con protocolos para la atención de la violencia de género.
En la UNAM, la doctora Martha Ferreyra señaló en entrevista que desde la implementación de este protocolo en agosto de 2016, las denuncias se han duplicado. Y destacó que "no sólo es el protocolo, sino que está acompañado de otras acciones para sensibilizar sobre la violencia de género".
Es el caso de la UAM, en la que a pesar de no contar con un protocolo especializado, desde 2011 cuenta con la iniciativa "Cuerpos que importan" dentro de la unidad Xochimilco, ahora programa institucional, que pone a la institución a la vanguardia, con un programa de prevención y promoción para evitar la violencia contra las mujeres, informó la doctora Guadalupe Huacuz Elías, responsable de esta iniciativa.
Además, explicó Huacuz, se ha conformado una red de Instituciones de Educación Superior, donde se discuten métodos de intervención y tratamiento de la violencia por motivos de género en las universidades públicas: protocolos de intervención, promoción de mecanismos legales, constitución de comités de ética, observatorios; en fin, todas aquellas acciones que den respuesta a esta problemática.
La propia UACM, en su gestión interina de los años 2013 y 2014, creó mecanismos efectivos de investigación de la violencia de género, apoyándose en comités de personas especializadas en la problemática, así como estableciendo partidas presupuestales específicas para la debida investigación y atención de quienes denunciaran.
El caso de González Ruiz y su rescisión laboral por hostigamiento laboral y sexual fue producto de un proceso que se construyó aplicando las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos en el que, a pesar de no contar con un protocolo per se, se avanzó gracias a ese contexto de voluntad política de las autoridades.

Por Gloria Analco
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México, abril (SEMlac).- El hijo del Santo, el director técnico del equipo de fútbol Los Pumas y un famoso actor han dicho: "#No es de hombres" el acoso y otras formas de violencia sexual contra las mujeres.
Ellos han sido muy incisivos en reafirmarlo durante el lanzamiento de la campaña de prevención para atacar esa práctica que provoca que el 87,7 por ciento de las mujeres se sientan inseguras al viajar en el transporte público y el 79,4 por ciento de caminar por las calles de la Ciudad de México, según una encuesta (ENDIREH)
ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México hicieron el lanzamiento oficial de la campaña "#No es de hombres", creada para atacar el acoso sexual que viven millones de mujeres y que en videos ya está en YouTubedesde el 20 de marzo último.
En la presentación de la campaña que hicieron Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México, y Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la CDMX, en la sede de la ONU, estuvo el hijo del famoso luchador El Santo, también con su máscara plateada, quien dijo: "Mi padre me enseñó a respetar a las mujeres".
Después de escuchar las cifras dadas a conocer por Güezmes, acerca de que el 50 por ciento de las mujeres sufren violencia sexual en la Ciudad de México a lo largo de su vida, que el 74 por ciento de las mujeres reportan recibir frases ofensivas, el 58 por ciento, tocamientos o manoseos, el 14 por ciento sentir miedo de ser atacadas y el 10 por ciento, propuestas sexuales (ENDIREH), el hijo del Santo subrayó:
"En lo que a mí respecta invito a mi medio, que es el cuadrilátero, a que sean un solo equipo y eliminen de sus vidas el acoso sexual".
El actor Alfonso Herrera, quien también se sumó con gran entusiasmo a la campaña, dijo que "no todos los hombres acosamos y todos nos merecemos una Ciudad sin violencia".
Francisco Palencia, entrenador de los Pumas, se quejó de que hubiera muchas más mujeres que hombres en la presentación de la campaña, porque "debería haber más hombres aquí para cuidar a las mujeres, protegerlas y sumar con ellas".
Tamara de Anda, famosa bloguera también presente y conocida como "Lady Plaqueta", narró que para probar la efectividad de las autoridades denunció por acoso a un taxista por llamarla "guapa", lo cual prosperó para sorpresa suya.
Los creadores de la campaña pertenecen a la agencia J. Walter Thompson, y esta consiste en dos videos que serán profusamente difundidos.
Ana Güezmes también presentó, conjuntamente con Patricia Mercado, el "Diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el transporte público de Ciudad de México", un análisis exhaustivo sobre el acoso sexual en el que también intervino el Colegio de México.
Los hombres encuestados en ese estudio expresaron que la vestimenta con que a veces se presentan las mujeres "justifica el acoso", o que piropos, miradas o cortarles el paso a ellas debería ser considerado "un cumplido a la autoestima", o bien, también que es responsabilidad de las mujeres "saber cuidarse y reaccionar frente a esa conducta".
Esa forma de pensar de algunos hombres es la que ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México intentan que desaparezca mediante la campaña "#No es de hombres".
En la presentación estuvo también la directora de Inmujeres de la CDMX, Teresa Incháustegui, quien dijo que la campaña busca también que las mujeres denuncien los delitos sexuales, a la vez que aumente la capacitación de los funcionarios de seguridad, salud y justicia para que el combate a esas prácticas sea efectiva.

De la Redacción
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México, marzo (SEMlac).- La Cámara de Diputados de México aprobó reformas a los artículos 6, 10, 11 y 14 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca establecer como tipo de violencia económica la discriminación salarial y terminar con la desigualdad entre mujeres y hombres en este aspecto.
El Pleno avaló el dictamen con 423 votos a favor y una abstención en lo general, y en lo particular con 376 votos a favor y 34 en contra, y se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, hizo un agregado a la fracción IV del artículo sexto de esa Ley, el cual se aprobó en el Pleno, para configurar como tipo de violencia toda acción y omisión que afecta el desarrollo económico de las mujeres y que se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso económico, así como la percepción de un salario menor por trabajo igual, en el mismo centro laboral.
El dictamen, indicó la legisladora priista (Partido Revolucionario Institucional), también plantea diseñar programas que promuevan la paridad salarial, para fortalecer el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo en relación con la igualdad salarial y el Artículo 123 constitucional; con lo cual se prevé dejar de manifiesto que para el desempeño de un trabajo, las mujeres tendrán las mismas condiciones respecto de los hombres, tanto en el ámbito público como el privado.
"Lo sustantivo de este decreto es configurar como una violencia económica cuando los patrones, por el mismo trabajo y el mismo desempeño, paguen menor cantidad el trabajo de las mujeres respecto de los varones", sostuvo.
Afirmó que con esta medida se contribuye a dar cumplimiento a observaciones y compromisos que tiene el Estado mexicano, en específico de la Convención para la Eliminación de todas Formas de Discriminación en contra de las Mujeres.
El antecedente del dictamen es la iniciativa con proyecto de decreto que fue presentada el 13 de marzo de 2016, por la diputa panista (Partido Acción Nacional) Arlette Ivette Muñoz Cervantes, quien la expuso ante la Cámara de Diputados, con el objetivo de tipificar la discriminación laboral como un tipo de violencia económica y laboral.
El texto del dictamen aprobado señala que en los últimos 30 años se ha triplicado en México la participación de las mujeres en el mundo laboral formal, pero los sueldos de ellas se mantienen inferiores respecto de los hombres.
Al citar datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el dictamen resalta que hasta el 2015, para un mismo puesto el salario de las mujeres era más bajo en un 15 por ciento respecto de los hombres; y que las mujeres ocupan en México sólo 20 por ciento de puestos de alta gerencia, cinco por ciento de las direcciones generales y menos de uno por ciento de los consejos de administración.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social (PES), indicó que según la Comisión Económica para América Latina, durante la década de los ochenta las mujeres aportaban el 20 por ciento de los ingresos totales de sus hogares y para el 2014 su participación se incrementó hasta llegar al 28,3 por ciento.
La diputada Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, dijo que en México "77 por ciento de las mujeres que trabajan son subordinadas y remuneradas, de ellas el 38 por ciento no cuenta con acceso a servicios de salud como prestación laboral. Un 42 por ciento trabaja sin tener un contrato escrito, 34 por ciento no cuenta con prestaciones laborales. Y sólo una de cada dos trabajadoras subordinadas goza de vacaciones pagadas; seis de cada 10 recibe aguinaldo y apenas 17 de cada 100 cuentan con reparto de utilidades".
La legisladora Verónica Delgadillo García, del Movimiento Ciudadano, advirtió que "hoy sólo cuatro de cada 10 empleos formales son ocupados por una mujer, mientras que siete de cada 10 hombres pueden accederlo. Es decir, la fuerza laboral activa excluye al género femenino y a este paso el país necesitará de 110 años para alcanzar la igualdad salarial".
La diputada perredista (Partido de la Revolución Democrática), Karen Orney Ramírez Peralta, afirmó que la autonomía de las mujeres "no se entendería sin la capacidad de generar ingresos y recursos propios, el control sobre nuestro cuerpo y la plena participación en la toma de decisiones que afecten su vida y su colectividad".
A su vez, la panista Muñoz Cervantes destacó que el Artículo 4 constitucional declara la igualdad del varón y la mujer ante la ley, que el Artículo 123 constitución prevé que para trabajo igual debe corresponder salario igual, y que el derecho a la no discriminación y la igualdad laboral entre mujeres y hombres se establecen en la Ley Federal del Trabajo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
En lo particular, se aprobó la modificación al artículo 10, propuesta por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del PVEM, para agregar la palabra salario en este precepto.
Finalmente, también se aceptó la reserva de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, para modificar la redacción de artículo 11, el cual señala que "constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, la percepción de un salario menor por trabajo igual dentro de un mismo centro laboral".

Por Sara Más
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La Habana, marzo (SEMlac).- Mantener una relación de pareja estable y duradera no supone, directamente, que se trate de un vínculo exitoso, donde primer el verdadero amor, libre de violencia.
Así lo confirma el estudio "Violencia de género y homicidio en la pareja en La Habana (2009-2010)", de Janet González Medina, que da cuenta de que las 18 muertes por homicidio en la pareja en la capital cubana, en 2009, fueron mujeres. 
"Más del 70 por ciento de las parejas mantenían una relación estable y duradera", indica González Medina en un artículo que publica la Revista Cubana de Tecnología de la Salud.
"Esto demuestra que estabilidad no significa armonía", apunta la autora y plantea que "las instituciones deben actuar de manera inmediata en los conflictos y así evitar que estos, de agravarse, terminen con la vida de uno de los miembros de la pareja, casi siempre la mujer en el papel de víctima".
Que exista un tiempo de relación medianamente largo invalida el argumento de que la violencia de género que se produce en el contexto de la relación y culmina en el homicidio no debe ser atribuida a desavenencias de carácter de una pareja que comienza a adaptarse el "uno al otro", sostiene la investigadora. 
A la vez se confirma que el homicidio es más frecuente en las parejas que mantienen un vínculo marital, aunque también puede ocurrir al poco tiempo de terminada la relación. "Es una referencia para que las instituciones estén alertas para prevenir un posible homicidio en aquellas parejas cuya causa de separación fue la violencia de género", advierte la autora.
En su indagación, la autora confirma que el homicidio en la pareja está muy vinculado a la violencia de género, pues según estudios previos en Cuba y otros países casi siempre es la mujer, previamente maltratada, la victima mayoritaria en este tipo de homicidio.
Del total de casos de homicidios en la pareja que ingresaron al Instituto de Medicina Legal de La Habana, entre enero de 2009 y enero de 2010, todas mujeres asesinadas por sus parejas, 72, 1 por ciento tenía entre 31 y 50 años de edad.
En tanto, 61,1 por ciento de esas mujeres se dedicaba a las labores domésticas y menos del 30 por ciento mantenía un vínculo laboral formal. 
A juicio de González Medina, perviven arraigadas conductas machistas transmitidas por la familia, al tratarse de hogares donde la mujer es mantenida por el hombre y no tiene poder de decisión. 
"Al estar desvinculadas laboralmente, no son independientes y deben tolerar las agresiones para no perder la estabilidad económica en el hogar", suscribe en su artículo. Además de que permanecer en la casa las hace estar más a mano para la agresión, apunta.
Los resultados indican que 55,5 por ciento de los homicidios fueron cometidos en la vivienda de ambos miembros de la pareja, lugar donde la víctima está más desprovista de defensa y fuera del alcance de auxilio proveniente del exterior. 
En 44,4 por ciento de los casos, los homicidas han actuado con ensañamiento, provocándoles múltiples heridas de gravedad a sus víctimas. Ello explica que 77 por ciento de las mujeres mueran con inmediatez a la agresión, sin recibir asistencia.
Igualmente parece haber un amplio predominio, en víctimas y homicidas, de relaciones anteriores no armónicas, lo que indica la presencia de una conflictividad histórica, agrega.
Mediante entrevistas a familiares y homicidas se pudo comprobar la presencia del ciclo de violencia en 94,4 por ciento de las parejas estudiadas, incluidas sus parejas anteriores y la de análisis.
También que, erróneamente, los familiares mantiene en la mayoría de los casos la postura de no intervenir en los problemas de la pareja, sin darse cuenta de que las víctimas necesitan apoyo para poder comprender las fases del ciclo de violencia que sufren y para denunciar a sus agresores.


De la Redacción
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México/Nueva York, marzo (SEMlac).- América Latina y el Caribe concentran el mayor número de feminicidios en el mundo, en promedio, con 12 casos al día, situación que es inaceptable, por lo que es urgente detener y erradicar la manifestación más extrema y atroz de este contexto de violencia machista en la región; señaló Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres.
Durante su participación en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a invitación del gobierno de Costa Rica, el funcionario mexicano señaló la urgente necesidad de redoblar esfuerzos y asumir responsabilidades para poner fin a este fenómeno que adquiere dimensiones epidémicas en la región.
"Combatir todas las formas de violencia contra las mujeres bajo un esquema de cero tolerancia, desnaturalizar su práctica y el arraigo social, así como revertir los altos niveles de impunidad, deben ser planteados como elementos fundamentales de una política de Estado dirigida a atender sus causas más profundas y estructurales", señaló el funcionario mexicano.
Recordó como una fortaleza para la región la Convención Belém do Pará, un instrumento específico para hacer frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, y que se hayan creado instituciones, leyes y presupuestos dirigidos especialmente para ellas, las cuales deben ponerse en práctica, con todas sus capacidades para proteger sus derechos y libertades fundamentales.
"Es una obligación de los gobiernos y de la sociedad que debe ser asumida con un sentido de extrema urgencia y como el principal desafío para el sistema democrático en esta parte del hemisferio", concluyó.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), en 2014 los países con la tasa más alta de feminicidios en la región son Honduras, Guatemala, República Dominicana y El Salvador, con 531, 217, 188 y 183 casos, respectivamente, por cada 100.000 mujeres. En números absolutos, ese mismo año, en México se registraron 2.289 casos de homicidios de mujeres con presunción de feminicidio.
El Instituto Nacional de las Mujeres de México fue invitado por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para América Latina para la Prevención de la Delincuencia y la Violencia (Ilanud), entre otras instituciones, a participar en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Seminario sobre la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres: nudos críticos, recomendaciones y cobertura mediática, en donde compartió la experiencia mexicana a 10 años de estar en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 

Por Sara Más
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La Habana, marzo (Especial de SEMlac).- ¿Qué sucede cuando una mujer maltratada se defiende de su agresor y el resultado es la muerte de este último? ¿Existe alguna ley que la ampare o proteja una vez acusada? ¿Por qué llegó al asesinato? ¿Es víctima o victimaria?
Estas son algunas de las interrogantes que preocupan a especialistas y activistas en el campo de la violencia de género en Cuba y emergen en los debates sobre el tema en los últimos tiempos.
"La ley no reconoce la doble condición de la mujer como víctima y victimaria", asegura la socióloga Iyamira Hernández Pita, quien ha estudiado estos casos.
En su opinión, varios factores se ponen en evidencia ante actos de este tipo, en que la violencia de género se conecta con delitos de lesiones, homicidio y asesinato como máxima expresión.
Por una parte, falta apoyo legal e institucional para la víctima de violencia de género, que siente inseguridad frente a la impunidad del agresor. Por otra, estos actos tienen una repercusión muy fuerte en su vida personal, social y familiar.
Aunque las mujeres son mayoría entre las víctimas de la violencia de género, incluidas las que mueren a manos de sus parejas, también las hay que cumplen sanción por dar muerte a sus esposos como único modo de sobrevivir y preservar la vida.
"Generalmente, cuando una mujer llega a la violencia, incluso al homicidio, lo hace muchas veces en situaciones límites", explica SEMlac la socióloga e investigadora Clotilde Proveyer Cervantes.
A juicio de esta especialista, la mujer responde así a "una violencia extrema que ella ha recibido, en un momento de vulnerabilidad del otro y de crecimiento en situación límite, en que se juega la vida: es él o ella".
Estudios realizado en Cuba en la pasada década del noventa ya habían identificado que las mujeres suelen desempeñarse como agresoras en menor medida, casi siempre como alternativa al maltrato que padecen.
Así lo comprobó entonces la criminalista Caridad Navarrete, una de las primeras investigadoras del tema en la isla caribeña que estudió las historias de vida de 25 mujeres que cumplían sanción preventiva de libertad, de las cuales 23 habían ultimado a sus esposos.
"La mayoría lo hicieron en defensa propia, si puede decirse, no en el momento mismo en que fueron agredidas, sino por la acumulación de maltratos, y esa fue la salida que encontraron", argumentó entonces la estudiosa.
Entre otros aspectos, su investigación concluyó que los actos violentos vividos con su pareja provocaron serios daños en la salud emocional de esas mujeres y su descendencia. Ellas, además, recibieron sobre sí todas las formas de violencia.
No son pocas las brechas relativas a la violencia en relación con asuntos jurídicos y policiales, coinciden especialistas.
Si bien varias figuras penales conectan con actos de violencia de género, no siempre son conocidos por las mujeres, falta en general cultura jurídica por parte de la población y mayor conciencia de género entre quienes administran justicia y autoridades policiales que deben intervenir. 
"Muchas de estas muertes son el resultado de la fallas en la prevención y actuación jurídico-penal, permeada de estereotipos de género", comenta a SEMlac la socióloga Hernández Pita.
La actuación de quienes intervienen en el proceso jurídico-policial frente a cada caso influye en el futuro de estas mujeres, quienes por la falta de apoyo, a veces de estos mismos funcionarios, sufren de revictimización y más tarde se convierten en victimarias", agrega.
Todavía son escasos los estudios acerca de este tipo de mujeres que se han visto obligadas a asesinar a su pareja solo para salvar sus vidas o la de sus hijos, como una salida de sobrevivencia.
Hernández Pita es autora de "Mujeres de víctimas a victimarias. Una reflexión desde la Sociología", tesis de diploma con la cual se tituló en 2004 por la Universidad de La Habana.
Al indagar en las historias de vida de mujeres que cometieron homicidio o asesinato contra su pareja o expareja, la especialista constató que en su totalidad estas habían vivido una historia lineal de violencia conyugal.
Luego, durante su estado de reclusión, comprobó que muchas perdieron el vínculo afectivo con sus hijos debido a la condición de "asesinas de su padre", lo que cambió la representación social de las personas sobre ellas como sujetos sociales.
"A partir del estudio, conocimos que existen factores de reforzamiento y reproducción de dificultad de sobrevivir a la violencia y romper con la relación. También nos percatamos de que estas mujeres no reconocen que están realmente viviendo en condición de violencia", refirió la experta.
Esta socióloga insiste en que las fallas del sistema policial y judicial en materia de prevención y actuación frente a estas problemáticas de género son casi desconocidas o poco tratadas, a pesar de la necesidad de modificarlas.
Como contrapartida "proponemos una metodología de actuación con enfoque de género para estos sistemas", apunta la investigadora, y para los establecimientos penitenciarios hicimos determinadas acciones en materia incluso de clasificación y que se tenga en cuenta la doble condición de víctima-victimaria".
"Se trata de un primer ejercicio para intentar articularlo en los servicios judiciales y policiales", señaló Hernández Pita.
Pero aún quedan grandes vacíos en el conocimiento y sensibilización sobre esta problemática en particular, cuyos actores deben adiestrarse y conocer qué hacer para no prolongar la situación de victimización de estas mujeres.

 


Por Alba Trejo
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Guatemala, marzo (SEMlac).- En la noche 40 velas se encienden en la plaza central y se escuchan rezos y cantos de lamento. En el día, la historia es otra. La furia y la indignación se refleja en los grupos de mujeres y hombres que han hecho propia la frase "Todossomoslas40", exigiendo justicia y castigo a los responsables frente casa presidencial, el Congreso y la Torre de Tribunales. 
Piden con grito fuerte al gobierno del presidente Jimmy Morales que se capture a quienes formaban parte la cadena de responsabilidad en el cuidado y abrigo de las niñas y niños que fueron remitidos por orden de juez al hogar estatal Virgen de la Asunción, con el fin librarlos del martirio de una madre golpeadora o un padre abusador, y que al final terminó en una tragedia.
Frente al altar construido con flores, velas, muñecos de peluche, muñecas, ropa de niña y cruces, frente al Palacio Nacional, se efectúan actividades con música de protesta. Incluso hubo una propuesta de bautizar la plaza como de las "niñas mártires".
En tanto, los y las activistas en la calle claman por justicia, el Ministerio Público (MP) declaró bajo reserva el caso mientras dure la investigación, debido a los diferentes rumores que se escuchan.
Pero todos son responsables, indicó a SEMlac Trinidad Gutiérrez, activista de derechos humanos que ha dado acompañamiento a las madres de las víctimas. Incluye al MP porque omitió las denuncias que un año atrás venían haciendo las menores.
Delataban tratos inhumanos tales como comida con gusanos, sanitarios sin puertas que violaban su privacidad, camas con colchones con hoyos, hasta gritos, golpes, abusos sexuales y castigos criminales, destacó Gutiérrez.
Tres capturas han sucedido desde aquel trágico 8 de marzo: la del director y subdirectora de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Carlos Rodas y Anahí Keller, respectivamente, así como la del director del Hogar Virgen de la Asunción, Santos Torres Ramírez, pero Leonel Dubón, de casa Refugio, indicó a esta agencia que no es suficiente, que se debe procesar a todos los que estaban ese día en el hogar.
Y con sobrada razón, porque policías, monitores y educadores estuvieron presentes y no auxiliaron a las niñas que gritaban, imploraban y suplicaban, mientras eran consumidas por las llamas que aquella puerta fuera abierta para liberarse de ese infierno.
Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, comentó a SEMlac que "se dicen muchas cosas, como que las niñas fueron rociadas con inflamable para que prendieran fuego, también que las quemaron para callarlas porque estaban hablando de violaciones, prostitución, castigos severos, golpes y droga" ¿verdad o mentira? Eso es algo que el MP deberá aclarar, puntualizó.
Una de las denuncias en el MP contiene la declaración de dos niñas de 14 y15 años de edad hace 10 meses atrás, que cuentan con detalle cómo después de una hora de sentadillas, la educadora quería obligarlas a que una se comiera las heces de las otras, como no lo hicieron les ordenó meterse el dedo en el ano y chupárselo.
Todos esos castigos, llevaron al límite a los y las niñas del Hogar Virgen de la Asunción que, una noche antes, habían realizado un motín para exponer los malos tratos a los que eran sometidos y darse a la fuga, ya que los jueces no les permitían su salida a pesar de las denuncias.
Todavía puede verse el rostro en las cámaras de televisión de una de las niñas ya fallecida, que aquella noche de motín habló y lloró contando como las tocaban sus partes íntimas los monitores, como les pegaban si no hacían los que les pedían.
Porque las niñas que habían logrado escapar del Hogar en medio de la trifulca, fueron las mismas que la policía encontró pérdidas en la oscuridad entre los matorrales, y que fueron encerradas en el cuarto de donde jamás volverían a salir integras, sanas, completas o con vida.
El viernes 18 fue enterrada otra menor que fue identificada por sus padres un día anterior debido a que su rostro y cuerpo quedaron calcinados completamente. Hubo una madre que logró saber que se trataba de su hija por el tatuaje que la niña tenía en el pie, al mismo tiempo que se repetía tener la culpa de haber sido una mala mama.
Llanto y dolor se ha vivido en los cementerios del país, porque algunas de las niñas eran del interior, siete más fueron llevadas a los Hospitales de Houston y Texas, Estados Unidos, pero su estado de salud permanece en reserva porque pulmones, pies, manos y ojos de unas y de otras, fueron consumidos por el fuego.
Guatemala es un país conformado por 17 millones de habitantes, de los cuales siete están integrado por niñas, niños y adolescentes. Los índices de violencia contra la niñez en este país van desde maltrato familiar hasta violaciones sexuales.
El continuo monitoreo sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia guatemalteca por la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) refiere que entre más corta es la edad de las y los menores, más violencia se ejerce en su contra, como consecuencia de su indefensión y dependencia de los adultos.
Lazos, cables eléctricos y planchas calientes son los instrumentos más utilizados por los padres para "corregir" a sus hijos, advierten los fiscales de la niñez del MP que reciben a diario de 10 a 15 denuncias por maltrato contra los menores de edad.
De ahí que sitios como casa Hogar Virgen de la Esperanza fueran creados para abrigar y proteger a las pequeñas víctimas que, al final del día, "salieron de las llamas para caer en las brasas", advierte Arturo Echeverría, quien fuera director de la desaparecida Casa Alianza, una ONG que daba techo y comida a niños y niñas en situación de calle.

Por Sara Lovera
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México, marzo (SEMlac).- Hace 90 días el Juzgado Sexto de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala condenó al Estado por violaciones cometidas contra los derechos de niñas y adolescentes, luego de más de 280 denuncias por abusos sexuales en tres años en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde la madrugada del 8 de marzo murieron quemadas 38 adolescentes, de entre 11 y 16 años, quienes protestaban contra la violencia.
"Las niñas se agruparon porque denunciaban malos tratos, falta de amor, falta de comida, enfermedades, violencia sexual, intentos de suicidio, olvido de la sociedad. Se agruparon porque querían vivir, porque todavía tenían sueños, como otras niñas en el mundo que disfrutan en libertad y alegría", dice la Red de Sanadoras de Guatemala.
El suceso provocó indignación en cadena y condena al Estado guatemalteco. Feministas anunciaron movilizaciones en todas las embajadas; Sanadoras Feministas reclaman se denuncie a Guatemala como estado feminicida, UNICEF pide cuentas tanto como la OEA exige investigación clara y suficiente.
La investigación documental en redes, entrevistas telefónicas y antecedentes en SEMlac revelaron que el 12 de diciembre del año pasado, el Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana condenó al Estado de Guatemala por las violaciones cometidas contra los derechos de menores de edad resguardados en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
La sentencia del juzgado ordenó que se ampliaran las instalaciones del refugio para distribuir de mejor manera a niños y niñas, cambiar la modalidad operativa, contratar más personal y remover a trabajadores señalados de cometer abusos contra las niñas.
El Hogar Seguro albergaba a no menos de 800 menores, pese a que su capacidad era de 500. Este hogar es uno de tres centros similares que funcionan en el país y que dependen de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBSP). 
La dependencia se negó a cumplir las disposiciones judiciales.
En lugar de mejorar las condiciones del Hogar, directivos de la SBSP apelaron el fallo judicial y se manifestaron contrarios a los informes que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), el Ministerio Público (MP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Todas esas instituciones habían denunciado ante la judicatura de menores la precaria situación en que se encontraba la población adolescente en ese lugar; ya habían solicitado su clausura y el traslado de la población atendida a sitios seguros, así como el respeto a sus derechos.
Lo sucedido la madrugada del 8 de marzo fue colofón de una cadena de impunidad, generó reacciones ante hechos de "negligencia" e impunidad; el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exige al Estado de Guatemala diligencia en la investigación, esclarecimiento sobre las causas de la tragedia, garantía de acceso a la justicia de las sobrevivientes y compensación para los familiares de las víctimas.
Desde el viernes algunas niñas y menores fueron entregados a sus familiares, o bien reubicados en distintos refugios estatales. La cifra de fallecimiento aumentó a 31 en la madrugada del jueves. Apenas 12 chicas han sido identificadas. Unas 30 permanecen internadas con heridas y quemaduras de gravedad. Según un médico del Hospital San Juan de Dios, el cuadro clínico de las internadas en ese centro asistencial no es alentador. La probabilidad de que sobrevivan es del 50 por ciento.
A menos de 24 horas de los acontecimientos, hubo manifestaciones en las embajadas y Consulados de Guatemala en: Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Canadá y Chile.
Se trata, dice un comunicado de las Sanadoras Feministas, de hacer fuerza, denunciar y demandar justicia por la vida de las niñas. Afirman que se trata de un feminicidio de Estado. Piden solidaridad para que este crimen no quede impune.
Se ha desatado una movilización a cargo de redes de feministas de todo el continente, sobre todo a través de redes sociales. Tzkat, la Red de Sanadoras Ancestrales de Guatemala, la Red Internacional de Periodistas, las feministas que preparan el Frente Nacional Feminista en México, organizaciones, movimientos, comunidades y medios de comunicación, todas quieren la verdad.

Los hechos
Como la denuncia no se escuchó, a pesar de vejaciones denunciadas desde 2013 y "los monitores" --como les denominan a cuidadores y cuidadoras--, siguieron pegándoles y abusándolas; la alimentación era pésima y escasa; el hacinamiento se incrementaba y mezclaron población desamparada con infractora. La protesta no se hizo esperar.
El miércoles, horas después del incendio y tras escuchar a las familias, empleados del Hogar Seguro y sobrevivientes de la tragedia, quienes describieron "un gallinero como lugar físico para vejar o torturar a las y los menores", el titular de la SBSP, Carlos Antonio Rodas, dijo "no podemos admitirlo como Secretaría, ni como Estado, eso no es cierto".
Sin embargo, los reportes de la OEA señalan que distintos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil describieron que el siniestro ocurrió como consecuencia de una manifestación por parte de las niñas para denunciar los constantes abusos verbales, físicos, psicológicos y sexuales por parte de las personas responsables del centro.
Fuentes de la Fiscalía guatemalteca indicaron que los resultados de una investigación sobre trata de personas iniciada a mediados de 2016 mostró la actuación de empleados del Hogar Seguro, quienes probablemente prostituían a algunas adolescentes.
Para la OEA, la situación pone de manifiesto la vulnerabilidad y las consecuencias que deben enfrentar las niñas en Guatemala, país donde suceden graves violaciones a sus derechos humanos y miles de niñas viven violencia sexual a diario. 
Dice que se agudiza la preocupación por tratarse de menores de edad (las calcinadas tenían entre 11 y 16 años). El caso será llevado esta semana por las expertas al Comité de la CEDAW, que se reunirá a partir del martes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Por su parte, la defensora de la niñez, de la PDH, Gloria Castro, dijo que después de la sentencia del juzgado únicamente se trasladó o cambió de lugar a algunos empleados.
Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Iceria) y la organización Plan Internacional señala que el Estado de Guatemala, entre 2007 y 2013, destinó apenas un promedio de 0,65 centavos de dólar diarios en la niñez y adolescencia del país, mientras que Costa Rica y Panamá, en ese mismo período, dedicaron no menos de cuatro dólares.

La tragedia
Un flash informativo señalaba en la madrugada de la tragedia: "Una tras otra salían las ambulancias del refugio estatal. El caos imperaba en las afueras del Hogar Seguro, en San José Pínula. Una muralla de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) impedía que las personas -familiares, periodistas, curiosos- se acercaran a la puerta e intentaran ingresar, atendiendo los gritos de auxilio que, a pesar del bullicio de las sirenas, se dejaba escuchar en el interior.
Unos bomberos corrían con gruesas mangueras para socavar el fuego y otros sacaban a decenas de niñas -algunas desmayadas, otras conscientes, con las miradas perdidas, cansadas de gritar y pedir auxilio, pero aún vivas- y las subían a las ambulancias: dos, tres, cuatro chicas en un mismo carro de bomberos que, con sirena abierta, corrían hacia los hospitales de la ciudad.
Cada vez que ese portón se abría y un vehículo abandonaba el lugar, familiares buscaban ver lo que pasaba dentro de las instalaciones del Hogar Seguro, pero era inútil. Nadie que no fuera bombero o policía podía entrar.
"Hay muertos", decían los bomberos, sin detenerse a explicar. En un principio informaron de nueve adolescentes fallecidas. Luego la cantidad aumentó a 17. Después del mediodía las autoridades del albergue fijaron la cifra de fallecidos en 19; se creía que todas eran mujeres, pero no se podía confirmar "hasta que se les haga la necropsia", decía un bombero.
El incendio se inició en uno de los dormitorios de las chicas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes? Aún no se sabe. Expertos de la Fiscalía tratan de determinarlo y, de momento, lo único que hay al respecto son especulaciones: que dos niñas prendieron fuego a un colchón; que lo hicieron en protesta por los malos tratos; que empezó a las 9.00 o tal vez a las 9:30.
La tragedia del miércoles 8 de marzo fue la conclusión de una revuelta organizada un día antes entre las y los adolescentes del refugio. A esto las autoridades le llamaron "motín". Algunas y algunos adolescentes efectivamente cumplían alguna sanción por estar en conflicto con la ley penal. Lo cierto es que buscaban escapar, pero solo pudieron hacerlo 19.
La verdad podrá conocerse. La Procuraduría de Derechos Humanos medió durante los incidentes del martes, su personal escuchó las inconformidades: que los cuidadores los maltrataban y que recibían una pésima alimentación, que hubo abusos sexuales y golpes. La tarde de la protesta intervino la Policía Nacional Civil para resguardar el lugar, para controlarlo y evitar fugas. Por eso se les encerró en sus habitaciones, pero mantuvieron su protesta toda la noche.
En uno de esos dormitorios fue alojado un grupo de 30 mujeres y, según la primera reconstrucción de hechos, ya difundidos ampliamente, algunas de ellas "le prendieron fuego a las colchonetas". Las llamas se descontrolaron y se extendieron hasta otras de las habitaciones.

Silencio
El presidente Jimmy Morales se negó a hablar de la tragedia con periodistas. Dijo que atendía "asuntos urgentes", a través de su portavoz Heinz Neumann. Luego anunció que se decretaron tres días de duelo nacional y la bandera de la Plaza de la Constitución permanecerá a media asta, en señal de luto. La noche del 9, el mandatario apareció en los canales de televisión leyendo un comunicado que horas antes había sido difundido. "Bendiciones", concluyó.
Las feministas dicen: "para amanecer el día de ayer 10 de marzo, son 37 feminicidios estatales registrados de las niñas que fueron calcinadas por la misoginia expresada en la inoperancia, negligencia e incapacidad por parte de las instituciones para el resguardo de su vida en el "Hogar Seguro" Virgen de la Asunción.
"Niñas provenientes de familias empobrecidas, algunas indígenas de varios departamentos de Guatemala, con historias de violencia sexual, abortos forzados, embarazos por violencia sexual, trata. Niñas huyendo del reclutamiento forzado de las maras, o que el crimen organizado había cooptado a falta de oportunidades para una vida digna.
Desde este feminismo comunitario que es territorial, "expresamos nuestra rabia e indignación ante los hechos de grave violencia que se suscitaron desde el día 8 de marzo, que conllevo? la fuga masiva de 50 niñas", quienes fueron "recapturadas" por la Policía Nacional Civil y que el mismo día estaban hacinadas en un salón sin comida, sin poder asistir al servicio sanitario, sin bañarse, como parte del castigo impuesto por las autoridades del lugar.
"Denunciamos a este Estado feminicida de Guatemala, porque mientras los funcionarios de las instituciones como la Secretaria de Bienestar Social, encargada de estos centros de "Protección a menores", ganan salarios impresionantes por compadrazgos y pagos de favores políticos al gobierno de Jimmy Morales, han contratado asesores sin la experiencia y capacidad para el abordaje de las graves problemáticas de niñez y juventud en este país. ¡Exigimos su destitución ya!
Finalmente demandan que el Estado de Guatemala se responsabilice de la tragedia que ha enlutado a familias y pueblo. Ni una Más¡¡¡¡ rematan.

Recuadro
Iximulew 10 Ajpu, Guatemala 10 de marzo de 2017 
¡35 niñas de Guatemala, nos faltan en el mundo! ¡Ni olvido ni silencio; justicia por las niñas de Guatemala!
Kimberly Odalis Castillo Rodríguez 15 años; 2. Anabela Maribel Leal Rax 17 años; 3. Yesenia Paola Barrios 14 años; 4. Jazmín Noemí? Vásquez 14 años; 5. Emily del Cid 16 años; 6. Yamileth Cu Luan 15 años; 7. Rosemary LOPEZ 16 años; 8. Brenda Carrizal 16 años; 9. Noemí Fuentes Minas 16 años; 10. Eva Rosa Antun Leal 16 años; 11. Jennifer Julissa Macarte Korea 14 años; 12. María Vanesa Torres Suchité 15 años; 13. Indira Jarisa Pelicó; 14. Daria Dalila López Meda; 15. Sonia Hernández García; 16. Mayra Aidé Chután Urías; 17. Skarleth Yajaira Pérez Jiménez; 18. Yohana Deciré Cuy Urizar; 19. Sarvia Isel Barrios Bonilla ; 20. Ana Nohemí Morales Galindo; 21. Wendy Anahí Vividor Ramírez 16 años; 22. Velveth Judith Aguirre Elías 13 años; 23. Erika Elizabeth Aguirre Elías 15 años; 24. Erick Eliseo Aguirre Elías 17 años; 25. Lorena Sánchez Pereira 14 años; 26. Yusbeli Jubitza Merari Makin Gómez 14 años; 27. Osbin Daniel Gómez Jiménez 11 años; 28. Rosa Julia Espino Tobar; 29. Ashely Gabriela Méndez Ramírez; 30. Mayra Aidé Chután Urías; 31. Rosalinda Victoria Ramírez Pérez; 32. Madelin Patricia Hernández; No se conocen los nombres de otras seis niñas.


Por Alba Trejo
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Guatemala, marzo (SEMlac).- Comida agusanada, cuartos de castigo, panes con heces, violaciones sexuales y hasta abortos a golpes… todo formaba parte del diario vivir de las niñas y niños guatemaltecos en el hogar Virgen de la Asunción. Allí el maltrato culminó en una tragedia que llevó a la muerte a 38 menores de edad.
Sus cuerpos consumidos por las llamas, tras haber sufrido el encierro en un cuarto con llave, como castigo por intentar fugarse de ese infierno en el que vivían desde que salía hasta que se ponía el sol. 
"Hogar Solidario" o también "Hogar Seguro", ninguno de los nombres que tenía, según el gobierno de turno, rima con lo que allí vivían alrededor de 500 niños y niñas de cero a 17 años, tras cerrarse el portón donde ingresaban por orden del juez para ser abrigados y protegidos con amor.
En su lugar recibieron maltratos, amenazas, humillaciones y muerte, según Leonel Dubón, del Refugio por la niñez.
También fueron provistos de indiferencia, la que se hizo más visible cuando los desgarradores gritos suplicaban que abrieran la puerta, al avivarse las llamas dentro de la habitación, y monitores, psicólogas y autoridades del hogar hicieron oídos sordos, tal como lo narraron las niñas que estaban en otra habitación.
Se asfixiaron con el monóxido de carbono hasta perder la conciencia, describe el médico forense del Instituto de Ciencias Forenses INACIF, Sergio Rodas. Incluso, vecinos aledaños al hogar dijeron ver el humo que salía por las ventanas, que fueron quebradas ante la desesperación de las niñas.
Es de 14, 15 y 16 años la edad de las pequeñas que, en diferentes ocasiones, habían denunciado ante los medios de comunicación, trabajadoras sociales de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) --el ente que tiene bajo su cargo el Hogar Virgen de la Asunción-- y el Ministerio Público (MP) que eran obligadas a tener relaciones sexuales con algunos monitores y que muchas veces les tiraban semen en la cara.
Otros niños y niñas eran forzadas a introducirse el dedo en el ano y después llevárselo a la boca; todo esto son testimonios narrados por las víctimas.
En 2013 se reportó al MP la muerte de una niña que fue estrangulada en el interior del Hogar, pero al día de hoy no se ha esclarecido el hecho.
El MP registró que, en el hogar Virgen de la Asunción, un profesor fue capturado en 2016, después que dos niños de 11 y 12 años de edad rompieran el silencio y contaran a la sicóloga haber sufrido abuso sexual, tras ponerlos a realizarle sexo oral y hacerlos desnudarse en el aula frente a sus compañeros, obligándolos a modelar.
Pero el horror de tanta maldad se hizo visible el pasado 8 de marzo, cuando 19 niñas fallecieron en el incidente y otras 19 más fueron perdiendo la vida en los días siguientes a la tragedia, porque sus cuerpos no soportaron las lesiones de las quemaduras.
Un 90 por ciento de su piel estaba carbonizada, lo que hizo imposible que los médicos pudieran salvarles la vida, destacó Rodas.
Sin ojos, sin brazos y otras más sin piel, con los rostros desfigurados, así quedaron las niñas después de la tragedia. En su mayoría llegaron al Hogar Virgen de la Asunción tras el riesgo de ser abusadas en sus casas, haber sido violentadas sexualmente o porque recibían maltrato de sus progenitores, por rebeldía con sus padres o hasta por matar un gato.
La población expresó en las redes sociales su indignación, pero hubo quienes estigmatizaron a los menores que estaban en el Hogar por ser pandilleros y pandilleras, delincuentes y drogadictos internados allí por su mal comportamiento; sin embargo, Norma Cruz, de la fundación Sobreviviente, aseveró que ni siquiera tienen idea de cuál niñez es la que llegaba allí.
El Hogar Virgen de la Asunción fue inaugurado en 2010 para proteger a las y los niños víctimas de violencia física, psicológica y sexual, discapacidad leve, abandono, niñez en situación de calle, problemática adictiva, víctimas de trata y explotación sexual comercial, laboral, económica y adopciones irregulares, tal como lo señala el documento que justifica la creación de esa institución.
A pocos meses de su apertura, el Hogar del Estado comenzó a sobrepoblarse y rebasar sus capacidades y con ello los problemas y carencias poco a poco se transparentaron, añade Cruz.
En este país, muchos niños, niñas y adolescentes son golpeados y abusados en sus casas, según consta en los expedientes de la Fiscalía de la niñez víctima del MP, que solo el año pasado informó tener 14.000 denuncias de maltrato a menores de edad.
Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), comentó a SEMlac: "La forma en cómo la sociedad guatemalteca concibe el ser niño, niña o adolescente está influenciada por una cultura autoritaria, machista, discriminatoria y excluyente, que los visualiza como seres con mínimos derechos y que posterga su pleno goce hasta la mayoría de edad".
En cada uno de sus informes anuales y por 18 años, la ODHAG advierte que nada es más sobresaliente y persistente que los golpes en la casa, los abusos sexuales que ocurren entre las cuatro paredes del hogar y los gritos proferidos a niñas y niños desde que sale hasta que se oculta el sol.
En su página de Facebook, Rodenas indicó ante la muerte de las niñas que no se trata de ver quién inició el incendio, se trata de quién nunca dio condiciones de vida dignas y no hizo nada para que niños y niñas murieran calcinados, peor que animales.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Duque, calificó las muertes de las pequeñas de una masacre, mientras el presidente de la República, Jimmy Morales, aceptó la renuncia del Secretario de la SBS, Carlos Rodas Mejilla, para que se someta a una investigación, pero no puso a disposición de las autoridades al resto del personal que en el momento de iniciarse el fuego tenía en sus manos la llave que impediría la muerte de las 38 niñas.
Las últimas tres noches los colectivos han prendido velas en la Plaza de la Constitución, una por cada niña; la bandera está a media asta y ha habido marchas para exigir castigo a los responsables con pancartas en mano que consignan "es un crimen de Estado", mientras las madres entierran a sus hijas, que habían sido enviadas de diferentes partes del país para su protección y se las han devuelto sin vida, en una caja blanca.

 

Por Mercedes Alonso Romero

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Santo Domingo, marzo (SEMlac).- Las mujeres dominicanas enarbolaron el pasado 8 de marzo la iniciativa #YoParo #NosotrasParamos, y apoyaron así, desde horas tempranas de la mañana, el “Paro Internacional de Mujeres” que reunió a más de 50 países, con movilizaciones que colmaron los espacios públicos de pueblos y ciudades.

 

Fue esta una respuesta contundente al llamado de organizaciones feministas y sociales de unirse al grito común en centros de trabajo, hogares y otras áreas institucionales, donde por más de 30 minutos acallaron sus voces y labores en respeto y garantía de los derechos que tienen las mujeres en la sociedad y expresaron sus consignas en contra de la misoginia, la xenofobia, la homofobia, el racismo y los feminicidios.

 

“Continuamos el trabajo que iniciaron nuestras abuelas en los siglos XIX y XX a fin de lograr que nosotras tuviéramos el derecho al voto, el derecho a estudiar, el derecho al divorcio, el derecho a desempeñarnos en las profesiones que deseemos o incluso conducir una bicicleta o un automóvil”, expresó en comunicado la Colectiva Mujer y Salud, a la cual se sumaron grupos encabezados por el Núcleo de Apoyo a la Mujer, Casa Abierta, Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, Mujer Iglesia, Fundación Solidaridad, Profamilia y Coordinadora de Mujeres del Cibao, entre otras.

 

Con carteles y proclamas, mujeres y hombres exigieron al Gobierno la inversión en políticas públicas de igualdad: “La vida de las mujeres no está a disposición de otros, tienen derecho a no ser discriminadas, tienen derecho a decidir, a que se implemente educación sexual en el currículo del Sistema Educativo, y que se respete el principio de equilibrio entre mujeres y hombres en la administración pública”, señalaba una de las pancartas.

 

Otros mensajes subrayaron la necesidad de visibilizar los aportes de las mujeres a la sociedad y el derecho que tienen a decidir interrumpir o continuar un embarazo, si es el resultado de una violación, incesto o que su vida corre peligro

 

República Dominicana es uno de los cinco países en el mundo que penalizan el aborto y que por cada 100.000 nacimientos vivos, mueren 106 mujeres, muy por encima del promedio regional de 77 mujeres.

 

En el caso de la tasa de desempleo, se mantiene en un 8,2 por ciento aproximadamente para los hombres y 22,4 por ciento las mujeres, con una diferencia porcentual de 14,2, aun cuando más del 35 por ciento de la población femenina cursa carreras universitarias.

 

En relación con los puestos de poder, la Cámara de Diputados cuenta con 49 legisladoras, representado menos de la mitad; mientras que en la Cámara Alta, integrada por 32 senadores, solo tres son mujeres, constituyendo el nueve por ciento de la composición legislativa. En el Parlamento Centroamericano (Parlacen), de 20 diputados nacionales, solo seis son mujeres.

 

Este 8 de marzo se conmemoró no como una celebración, sino “para rendir homenaje a las miles de mujeres que desde distintas latitudes libran batallas para que se reconozcan sus derechos y conquistas”, tal y como declaró la coordinadora del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, Raquel Rivera, participante en este Paro Internacional de Mujeres.

 

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