Violencia de género

Violencia de género (482)

Por Soledad Jarquín Edgar
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, agosto (SEMlac).- La violencia contra las mujeres de 15 años y más creció más de 20 puntos porcentuales en los últimos 10 años, lo afecta a seis de cada 10 mexicanas en la mayoría de los estados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La comparación de los resultados de la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006, 2011 y 2016, indican que cada vez que se aplica esta investigación, la cifra de mujeres que reportó sufrir al menos un episodio de violencia en su vida aumentó 22,9 por ciento.
La ENDIREH 2016 revela que 66,1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha sufrido al menos un episodio de violencia en su vida; la misma medición que realizó el INEGI en 2006 y 2011 arrojó porcentajes menores: 43,2 y 46,1 por ciento, respectivamente.
La Ciudad de México es donde se reportan los mayores porcentajes: el 79,8 por ciento de las mujeres mayores de 15 años denuncian haber sufrido al menos un episodio de violencia, 36,3 puntos porcentuales más de lo reportado en 2006 y 27,9 por ciento más que en 2011.
Le sigue el Estado de México con 75,3 por ciento; Jalisco con 74,1 por ciento; Aguascalientes con 73,3 por ciento y Querétaro con 71,2 por ciento.
Las entidades con los porcentajes más bajos, pero que aun así afectan a más de la mitad de las mujeres son: San Luis Potosí, con 56,7 por ciento; Tabasco, 55,8; Baja California Sur, 55,4; Campeche, 53,6 y Chiapas con 52,4 por ciento.

Coincide con Alerta
La encuesta del INEGI revela que la violencia contra las mujeres no es exclusiva de una región, sino que se extiende a las 32 entidades del país, con cifras que van de 79,8 por ciento en la Ciudad de México a 52,4 por ciento en Chiapas.
Incluso al hacer un comparativo de la encuesta con las Alertas de Género que el Gobierno Federal ha emitido en 12 entidades federativas, se revela que en dichas entidades más de la mitad de las mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia al menos una vez en su vida.
El Estado de México, una de las 12 entidades con Alerta de Violencia de Género ocupa el segundo lugar en el país.
Le siguen los estados -con Alerta de Género y altos porcentajes de violencia contra las mujeres- de Michoacán con 65,5 por ciento; Morelos con 64,9 por ciento; Quintana Roo con 64,7 por ciento; Colima con 62 por ciento; Veracruz con 61 por ciento; Nuevo León con 59,3 por ciento; Sinaloa con 59,1 por ciento; Nayarit, 58,1 por ciento; Guerrero 57,5 por ciento; San Luis Potosí, 56,7 por ciento y Chiapas con 52,4 por ciento.
Lo anterior contrasta con los resultados de la Encuesta en 2011, pues solo en cinco entidades el porcentaje de mujeres que había sufrido violencia era superior a 50 por ciento, mientras que en 2006, sólo eran tres. Hoy en 17 estados la violencia contra las mujeres oscila entre 60 y 69 por ciento.

A Golpes
De los tipos de violencia que cuantifica el INEGI, la violencia física es la que más creció, al pasar de 23,6 por ciento en 2006 a 34 por ciento.
Le sigue la violencia emocional, al pasar de 46,1 al 49,9 por ciento entre 2006 y 2016.
En cambio, disminuyó la violencia sexual, al bajar de 43,6 por ciento a 41,3 por ciento en una década; mientras que la violencia patrimonial, económica y la discriminación decreció de 30,4 por ciento a 29 por ciento.
La Encuesta de 2011 se aplicó en 142.363 viviendas, del 3 de octubre al 18 de noviembre de 2016 y de acuerdo con el INEGI, tuvo una tasa de respuesta 85,7 por ciento, con cobertura geográfica nacional, urbana nacional y rural estatal.

Por Sylvia R Torres
(
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Managua, agosto (SEMlac).- Los hombres son los únicos responsables de su violencia, por lo tanto, los únicos que la pueden parar, dijo Martha Meneses, una de las participantes de la marcha del silencio contra los feminicidios, el pasado 24 de agosto.
Vestidas de rojo, mujeres nicaragüenses, en tres filas y en silencio, caminaron desde las instalaciones del Ministerio Público hasta las de la policía nacional, para protestar por la falta de acción estatal frente a los feminicidios. Una bandera de Nicaragua con la leyenda en rojo "Nos están matando" causó mucha conmoción.
María Teresa Blandón, líder del Movimiento Feminista, afirmó en su cuenta de Facebook que el Estado no les sirve a las mujeres, porque no les protege el derecho a la vida, les ha quitado el derecho a decidir sobre su cuerpo y tampoco reconoce el valor de su trabajo.
Es un Estado misógino, dijo. Solo en agosto de 2017, ocho mujeres fueron asesinadas. En lo que va de año ocurrieron 38 feminicidios, un homicidio y un asesinato. Las mujeres dicen percibir la sensación de que todos los días hay un caso.
Una saña creciente caracterizó estos crímenes, las mataron a cuchilladas, las estrangularon, las golpearon con tubos, las violaron y, a una de ellas, la decapitaron e hicieron desaparecer su cabeza.
Pese a que el gobierno nicaragüense se jacta de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, las mujeres no lo sienten así, opinó Eva Blanco, una enfermera de la occidental ciudad de León.
Marchas locales con el rojo de la sangre como emblema y cruces con las fotografías de las víctimas, se han desarrollado en Matagalpa, Estelí y otras ciudades del interior del país.
En 2012, el gobierno nicaragüense emitió, sin consultar a los movimientos de mujeres, una Ley Integral Contra la violencia, o ley 779, que contenía una definición amplia del feminicidio (asesinato por razones de género), así como la creación de instancias de apoyo psicológico, acciones de educación y comunitarias para prevenir y atacar la violencia.
La iniciativa, liderada por la presidenta de la Corte de Justicia, Alba Luz Ramos, fue rápidamente desmantelada por el gobierno de Daniel Ortega. Contra todo procedimiento legal, esa administración, a través de un reglamento, cambió la Ley, definiendo como feminicidio solamente los crímenes cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas; además de introducir entre los procedimientos la mediación con el abusador.
Según las feministas, la promulgación de una ley de profundo contenido cultural en desafío a los patrones machistas no hizo más que avivar los sentimientos de inseguridad y miedo por parte de la población masculina. Muchas personas, incluidas mujeres, rechazaron la Ley 779, sin siquiera haberla leído.
La vocera del colectivo feminista 8 de marzo, uno de los más antiguos en el este de la capital y en el municipio de Esquipulas, en Matagalpa, declaró que, en una investigación realizada en 2012, ellas encontraron que las mujeres que denuncian la violencia no buscan separarse, sino que sus maridos cambien; que las mujeres están más vulnerables cuando no tienen vínculos con los familiares y o las redes de apoyo.
Instaron a las mujeres a reconocerse como grupo, de manera que comprendan que la violencia que sufren no es íntima, sino parte de un problema público, que debe tener respuestas públicas.
Berta Inés Cabrales, Dora María Téllez y otras líderes reclamaron por la indolencia de las autoridades. Desaparecidas las comisarías y los fondos de cooperación para el funcionamiento de los centros de servicio del movimiento de mujeres, las víctimas de violencia no saben dónde ir.
La pasada semana, los familiares de Sonia Aguirre han pedido la solidaridad del movimiento de mujeres para impedir que salga en libertad Pedro Jiménez, quien decapitó y escondió la cabeza de su compañera.
El defensor de este feminicida alega que él ya cumplió la mitad de su condena, ha demostrado buena conducta y, por lo tanto, es apto para reintegrarse a la sociedad.
Por esta razón, instaron a las mujeres a no quedarse calladas ante la violencia machista y demandaron la reinstauración de las Comisarías de la Mujer, borradas sin previo aviso de las estructuras de la policía, tal y como estaban establecidas antes de los cambios a la Ley 779.

Por Mercedes Alonso 
((Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Santo Domingo, agosto (SEMlac).- La realidad para las parturientas haitianas no puede ser más abrumadora; sobre todo si se añade a su estado de gravidez el propósito de atravesar la frontera dominico-haitiana, guiadas por grupos de individuos que trafican y les cobran para traerlas a dar a luz en hospitales dominicanos.
Esto ha sido motivo de denuncias y comentarios en medios de prensa y redes sociales, y este 25 de agosto el periódico El Nacional informó que mandos militares acordaron establecer un plan para regular la entrada por la frontera de las embarazadas de procedencia haitiana que vienen a parir aquí.
Aunque no se ofrecieron detalles a la prensa acerca de cómo se evaluarán esos casos que arriban a los centros asistenciales, ni si el Ministerio de Defensa lleva a cabo una investigación para determinar cuánto pagan para ser transportadas hasta suelo dominicano, sí se confeccionó un documento cuyo contenido prevé afrontar dicha situación.
El pasado 17 de mayo, El Nacional publicó las declaraciones del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien dijo que el gobierno dominicano invierte anualmente más de 5.000 millones de pesos (106 millones 382.979 dólares) en atenciones a gestantes haitianas, "muchas traídas por mafias para que alumbren en hospitales del país".
La República Dominicana presenta una de las más altas tasas de mortalidad materna: 119 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, por lo que ocupa el cuarto escaño en la región con muertes por esta causa, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), antecedida por Bolivia, el propio Haití y San Cristóbal y Nieves.
La ministra de Salud dominicana, Altagracia Guzmán Marcelino, afirmó que 30 por ciento de las mujeres que mueren en el país por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto son haitianas indocumentadas que cruzan la frontera ilegalmente para recibir asistencia sanitaria, publicó el digital Acento el pasado 9 de agosto.
Detalló que las principales causas de las muertes son el trastorno hipertensivo del embarazo, parto y puerperio, las hemorragias y las sepsis. Y consideró que "la falta de un verdadero sistema de salud en la vecina nación de Haití es un caldo de cultivo para que las embarazadas crucen ilegalmente para buscar asistencia en República Dominicana, donde nunca se les ha negado, originando un aumento del gasto en salud", señaló.
Las investigaciones estadísticas de dicho ministerio revelan que ese 30 por ciento correspondiente a haitianas no posee datos de domicilio y nunca ha visitado un médico durante su estado de gestación.
"Cuando los inspectores de salud salen a buscar la dirección de esas mujeres, nunca las encuentran, lo que impide saber sus antecedentes de chequeo prenatal", aseveró la ministra, quien dio a conocer, además, que el Ministerio ha creado una comisión que se reúne todos los jueves para analizar las causas de cada muerte materna, "y en cada caso se aplica el método de la auditoría médica y social, desde la aplicación de los protocolos establecidos hasta la calidad de los servicios que reciben".
"Las autoridades no pueden negarle atención a ningún ser humano, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, aunque esto aumente el gasto del Sistema Nacional de Salud y Estado dominicanos", concluyó Guzmán Marcelino.

La salud es un derecho universal
Si bien el director del SNS, Rodríguez Monegro, reconoce que la salud es un derecho universal, y que quien demanda ese servicio debe ser asistido, objeta: "preocupa cómo embarazadas vienen desde Haití directamente a parir a los centros de salud dominicanos… Estas mujeres en gestación son ingresadas por la frontera por cárteles que integran haitianos y dominicanos".
Narra que "en meses pasados, a un hospital periférico de la provincia de Santiago se presentaron de manera simultánea, el mismo día y a la misma hora, 10 embarazadas haitianas que dijeron procedían desde su país".
Debido a la no capacidad del centro, debieron ser remitidas a otros centros de salud. "El hecho de que llegara esa cantidad de mujeres haitianas en embarazo a término, no es algo fortuito, y evidentemente tiene que haber una estructura que le está dando soporte a esa situación que está afectando a República Dominicana".
El director del SNS asegura que entre 80 y 90 por ciento de los partos en los hospitales de la región fronteriza corresponden a haitianas: "Pedimos a las Fuerzas Armadas y a la Dirección General de Migración, quienes están encargados de vigilar nuestra frontera y la entrada de extranjeros al país, a extremar los controles y regulaciones, pues cuando un extranjero llega a nuestros hospitales no tenemos otra alternativa que dar los servicios por razones humanas".

Un tema polémico y nada novedoso
El 25 de febrero del pasado año, el ex comandante general del Ejército de la República Dominicana (ERD), dio a conocer a El Nacional que "bandas de haitianos y dominicanos traficaban con grupos de mujeres embarazadas y niños desde Haití…".
Este 9 de junio, diputados y senadores discutieron sobre el tema y consideraron que el gobierno dominicano gasta al año 5.280 millones de pesos (112 millones 340 426 dólares), "en atenciones médicas tanto para las parturientas haitianas que viven en el país de manera irregular como las que cruzan para ser atendidas en hospitales…".
El senador por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Manuel de Jesús Güíchardo Vargas, aseguró este jueves 24 de agosto que "en la frontera dominico-haitiana hay serias debilidades en los chequeos", lo cual diagnosticó como irresponsabilidad de los altos mandos militares.
El legislador citó entre las debilidades la existencia de redes "que tienen como negocio trasladar ciudadanas haitianas a los hospitales dominicanos a dar a luz, (…) Tenemos que esperar que las políticas del Estado en materia de inmigración se cumplan, por ejemplo: que la Dirección de Migración coordine acciones con el Ministerio de Salud Pública para que este fenómeno se reduzca", y resumió finalmente: "Somos dos países diferentes, nos separan muchas cosas, por ejemplo la cultura, el idioma, todo nos separa, inclusive hasta la forma de hacer negocios, porque a veces no nos entendemos".

Redes sociales denuncian
Las redes sociales como Facebook y Twitter han divulgado el paso de autobuses repletos de parturientas haitianas, que pasan casi diariamente para dar a luz en los hospitales públicos, con falsa creencia de que sus criaturas, por el hecho de nacer aquí, adquieren la nacionalidad dominicana, estatuto jurídico que dejó claramente establecido el Tribunal Constitucional, mediante sentencia No.168/13, decisión que ha sido cuestionada por los países que desean la fusión de la isla.
"También las mujeres haitianas alumbran en los centros de salud de la capital, aprovechando la generosidad de los médicos que prestan sus servicios, sin tener en cuenta que son ilegales, y consumen gran parte del presupuesto del Ministerio de Salud, destinado a los dominicanos. El 20 por ciento de la asignación económica de ese organismo es consumido por los indocumentados", exponen dichas redes.

Por Norma Loto
(
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Buenos Aires, agosto (SEMlac).- La historia de la niñez ha sido una tragedia, nunca han importado porque no se trata de sujetos públicos, reflexiona Sonia Almada cuando se le pregunta cuál fue el disparador para organizar el Primer Congreso Mundial "Violencias" hacia la Infancia y la Adolescencia, que se realizará esta semana en Buenos Aires.
"En los últimos años la crueldad sobre la niñez y la adolescencia ha aumentado severamente. Observamos un gran desinterés por la infancia y por eso queremos hacer un llamado de atención para crear políticas públicas para la contención, protección, apoyo de niños, niñas y adolescentes", refiere a Almada a SEMlac.
El Congreso se realizará durante los días 24 y 25 de agosto, reunirá a líderes humanitarios, sociales, académicos, religiosos y representantes de organismos internacionales y su propósito es debatir y colocar en la agenda pública los diferentes padecimientos que sufren la infancia y la adolescencia y sus consecuencias.
Almada es la presidenta de la Asociación Aralma, Centro de Asistencia, Investigación y Formación en Infancia y Adolescencia y Familias, y junto a la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, organiza el mencionado encuentro.
La presidenta de Aralma se refiere a las asimetrías naturalizadas históricamente y que solo son violencias contra la niñez. Es por eso, que Almada considera urgente "resignificar el concepto de infancia, que no sea un lugar destinado para que las personas adultas hagan los que deseen. Es necesario que los menores no sean propiedades de adultos, sino que sean de sí mismos. Por eso desde Aralma, hemos lanzado la campaña: "La voz de l@s Chic@s" porque sus deseos y sus derechos deben ser escuchados."
Desde los inicios de la humanidad la niñez ha sido receptáculo de múltiples malos tratos, pero "últimamente se le está utilizando de manera muy cruel, por ejemplo en conflictos armados. También hay miles de ellos en situación de tránsito y sin compañía en el mundo y la situación de vulnerabilidad lleva a que se les explote de diferentes maneras. Además, en Latinoamérica las carencias y la marginalidad son cada vez más atroces y desde los estados no hay ningún tipo de respuesta", explica a SEMlac la presidenta de Aralma.
Las violencias contra la infancia están en todas partes, pero están naturalizadas. En este sentido, la utilización de menores tanto para la venta de un producto como para mensajes políticos son un claro ejemplo de la modernidad, pero esa exposición es "una atrocidad", como lo califica Almada.
"El menor no puede decir que no, porque no tiene con qué decirlo", refiere Almada para luego enfocar en todos los derechos que cada adulto defiende como inalienables a su humanidad y lo grafica en una frase "se sabe que a los adultos no se les puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, a la infancia se los puede mostrar en propaganda políticas y en las publicidades, incluso mostrando sus cuerpos desnudos".
"El cambio cultural se abre desde el debate. Pensar cómo se trata a la infancia: por qué se la utiliza, por qué tiene en la sociedad un lugar de "resto" (que se puede abandonar, pegar, humillar). Es un cambio que empieza por uno mismo y ponernos en el lugar de ellos. Es necesario abrir el debate y preguntarnos, por ejemplo: ¿qué pasaría si a nosotros como adultos, por cada error en nuestros trabajos nuestros jefes nos golpean"? Es impensable porque somos adultos, pero no es inconcebible una situación similar para menores porque son pensados como propiedad de adultos", concluye Almada.

Por Sara Lovera
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, agosto (SEMlac).- Cada dos meses, desde julio de 2015, se ha declarado una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) a lo largo de 11 estados de la República (según datos oficiales), lo que representa el 30 por ciento del territorio nacional.
En esas áreas se realizaron acciones comprometidas y medibles para detener la violencia contra las mujeres en situación de emergencia. A nivel municipal, ello abarca apenas el 3,4 por ciento de los gobiernos locales, en zonas que se definieron especialmente por la frecuencia de asesinatos femeninos.
En tanto, cada dos horas se viola a una mujer en México; se multiplica el acoso, la trata y la desaparición de mujeres; por si no bastara, cunde la discriminación simbólica en los medios de comunicación. Una mujer es asesinada cada cuatro horas, es decir siete mueren cada día; no hay prevención suficiente, ni justicia.
Las acciones de emergencia por la demanda y la presión política, solo se realizan en el 3,24 por ciento de los municipios del país, o sea en 81 de cerca de 2.500, ahí donde fue declarada la AVGM.
Mientras la demanda de emergencia se vive como la meta a lograr, solo en tres entidades, Baja California, Querétaro y Guanajuato, los gobiernos han reactivado sus sistemas integrales sobre la violencia contra las mujeres; nadie conoce el resultado del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia.
En los municipios donde se activó todo el sistema integral de la emergencia, la sociedad civil vigila, presiona, evalúa y, en algunos casos, contribuye a las medidas para disminuir la violencia de género.
De acuerdo con el mapa elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en cuatro entidades está en proceso la probable declaratoria de la AVGM: Sonora, Yucatán, Tabasco, y Tlaxcala. Yucatán, desde hace 30 años, según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tiene el nivel más bajo de violencia en general y de violencia contra las mujeres en particular.
Organizaciones de mujeres presionan por un cambio rápido, luego de declaradas las Alertas. Ya evalúan y descalifican a escasas semanas de adoptada la emergencia.
Es el caso de Colima, donde hace 40 días se inició el proceso de implementación de medidas urgentes, la pasada semana se desarrolló una movilización pública convocada por el Centro de Atención Mujeres (CAM). O en San Luis Potosí, donde aún no se cumplen dos meses desde la declaratoria y ya hay afirmaciones de que no se hace nada.
Este año, entre marzo y julio, se declaró AVGM en cuatro entidades; de las solicitadas, desde 2016, quedan pendientes siete y se sumó hace 14 días la petición formal del estado de Oaxaca.
La primera declarada fue para el Estado de México, el 31 de julio de 2015, hace dos años. De acuerdo con el Observatorio del Feminicidio, no han bajado los índices criminales, ni están mejor protegidas las mujeres. En Morelos se declaró en agosto de 2016, y a la fecha, según la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, tampoco hay avances. En ninguno de los dos casos se sabe qué hacen los gobiernos, pues no informan.
La alerta de género solamente atiende casos graves, su declaratoria requiere de profundas investigaciones que, en el caso del Estado de México, demoraron varios años, ya que instalar la Alerta se hizo hasta después que en 2015 se cambió su reglamento. En Morelos hubo tres años de acciones, de presión a las autoridades.
La AVGM está definida como un mecanismo único en el mundo; atiende al artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, o bien, la existencia de un agravio comparado, que significa que un acto de política pública, una ley o una acción viola los derechos humanos de las mujeres, como la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo, interpretada como agravio comparado, lo que motivó la petición de AVGM, hoy en proceso, aún no admitida.

Por Mercedes Alonso 
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Santo Domingo, agosto (SEMlac).- El Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP) encabeza, junto a otras organizaciones feministas e instituciones académicas; así como personalidades de diversos sectores de la sociedad, el listado de firmas en protesta contra las humillaciones y ultrajante trato de que fueron objeto por las autoridades de migración, en el aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México, las profesoras Fidelina de la Rosa (Virtudes) y su hija Mirna Jiménez de la Rosa.
Así se lee el documento que circula entre los medios de prensa, redes sociales y otras vías de comunicación:
"Ante las vejaciones sufridas por las compañeras Virtudes de la Rosa y su hija Mirna Jiménez a su llegada a la ciudad de México, difundimos esta carta expresando solidaridad para publicar en medios. Pueden subir sus adhesiones institucionales y personales a la siguiente dirección http://bit.ly/2tPz4qy 
"Indignación ante el maltrato perpetrado contra Fidelina De la Rosa y su hija Mirna Jiménez De la Rosa
"Las instituciones y organizaciones abajo firmantes expresan su indignación por los vejámenes a que fueron sometidas Fidelina de la Rosa Hidalgo (Virtudes), docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de amplia trayectoria de lucha social y feminista, y su hija la doctora Mirna Jiménez De la Rosa, también docente universitaria, a quienes se les impidió entrada en el Estado de México, a pesar de contar con las requeridas documentaciones.
"Ambas estuvieron detenidas por más de cuatro horas sin suministro de alimentos, cediendo después ante las quejas de De la Rosa por la necesidad de ingerir medicamentos, despojándoseles de sus pertenencias, y exigiéndole a Fidelina firmar en reiteradas ocasiones un documento sin lectura previa, a lo que ella se negó rotundamente.
"El Estado mexicano no proporcionó en ningún momento razones justificativas para impedirles la entrada, enviándolas de regreso al país después de arreglos con la línea aérea.
"El encierro junto a otras personas, en su mayoría mujeres, una de ellas con una infante, a quien tampoco se le suministró alimentos durante más de cinco horas, denota prácticas discriminatorias, vejatorias y arbitrarias de este Estado.
"Exigimos al Estado de México el cese inmediato de estas prácticas, investigar y someter a las sanciones correspondientes a los oficiales responsables de los hechos narrados, presentar excusa pública por esta detención arbitraria y compensar a ambas por los daños cometidos.

Por Mercedes Alonso Romero
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Santo Domingo, agosto (SEMlac).- La sociedad dominicana conoció que el Consejo Disciplinario del Ministerio Público declaró responsable al extitular de la Procuraduría Fiscal de Samaná, Robert Justo Bobadilla, acusado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de varias empleadas y usuarias de esa dependencia, de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones, y ordenó su inhabilitación para prestar servicios dentro de dicha institución y por un período de cinco años en cualquier entidad pública del Estado.
En una audiencia calificada de maratónica, siete mujeres acusan a Justo Bobadilla de acoso sexual, entre ellas empleadas, exempleadas, usuarias, una policía y hasta una imputada.
El proceso tuvo lugar en la Corte de San Francisco de Macorís, capital de la provincia Duarte, ubicada al nordeste del país, a unos 135 kilómetros de la capital, desde media mañana del pasado lunes primero de agosto, hasta concluir en horas de la noche del martes.
Tras su destitución, el exmiembro del Ministerio Público perdió la jurisdicción privilegiada, por lo que se determinó que fuera juzgado en otra jurisdicción que no fuera Samaná, en este caso San Francisco de Macorís, por los graves hechos denunciados.
La abogada Evelin Peña había denunciado que el proceso de inspectoría que la Procuraduría General de la República llevaba a cabo contra el suspendido fiscal de Samaná fue aplazado en 13 ocasiones consecutivas, desde 2016 hasta la fecha, y que pese a dicha suspensión de su cargo, adoptada luego de que el consejo disciplinario aceptara la solicitud hecha por dicha inspectoría, Justo Bobadilla disfrutaba de salario, hecho que consideraba improcedente.

Procuraduría responde
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, informó mediante un comunicado de prensa que se sentía "complacido con la decisión" y que "no tolerará que ningún integrante del Ministerio Público incurra en conductas al margen de la ética y la ley, con actitudes que atenten contra la dignidad de ese organismo y de las mujeres".
En el propio documento se recuerda que luego de 14 reenvíos, "hechos a solicitud del exfiscal para dilatar el proceso y luego reclamar la prescripción hoy, a más de un año de haberse iniciado, el Ministerio Público pudo presentar conclusión en esta fase de primera instancia que conoció el Consejo Disciplinario.
"Nos satisface que ahora, después de más un año de haber iniciado este juicio disciplinario, durante el cual el exfiscal utilizó múltiples mecanismos para tratar de dilatarlo, podamos tener una decisión, que espero sirva de ejemplo a los demás miembros de la institución", declara finalmente el procurador en uno de los párrafos del comunicado.

¡Conmigo no!
SEMlac monitoreó los programas radiales y televisivos de la televisión nacional, a fin de constatar el rechazo de hombres y mujeres ante la actitud del exfiscal, calificado de "predador" no solo por sus víctimas, sino por quienes alzan su voz y por medio de las redes sociales y otras vías en las que expresan su repudio por tales actos.
Evelyn Peña, una de las víctimas, refirió en entrevista concedida al programa televisivo Enfoque Matinal, las múltiples zozobras que debieron sufrir ella y sus compañeras acosadas.
"Fingíamos que estábamos bien; pero el ambiente era hostil y nos sentíamos muy mal. Fueron días muy difíciles y por eso estoy aquí, para hablar no solo en mi nombre y de las otras mujeres que sufrieron conmigo estas violaciones, sino por todas las que padecen de acoso y no saben cómo defenderse. La violencia contra la mujer nos hace más fuerte. ¡Conmigo no!, es lo que tenemos que decir".

Miedo a perder empleo

Una entrevista a la titular de la Secretaría Nacional de la Mujer del Partido Demócrata Institucional (PDI), María Esther de Rodríguez, publicada por el digital El Nuevo Diario, el pasado 3 de julio, hace alusión a la investigación que dicha organización partidista logró sobre el alcance y la profundidad del acoso sexual por parte de integrantes del partido oficialista (Partido de la Liberación Dominicana, PLD) contra las mujeres que trabajan en las instituciones públicas.
Bajo el título Acoso sexual a la mujer en instituciones públicas, epidemia en RD, De Rodríguez reconoce que "las mujeres, por miedo a perder su empleo, única forma que tienen de sustentar a sus familias, sufren impotentes y en silencio el acoso sexual a que son sometidas, porque se sienten indefensas producto de la falta de mecanismos efectivos para hacer las denuncias y lograr la condena de los superiores que muchas veces actúan como pichones de dictadores que se aprovechan de su posición de poder para tratar de convertirlas en víctimas de sus ansias sexuales enfermizas".
El Ministerio Público indicó que, a partir de la fecha, el exfiscal Robert Justo tiene 10 días para apelar y que dicha sentencia será leída el próximo 21 de agosto. La sociedad espera que la balanza de Temis ocupe su justo sitio y se frene este otro flagelo que abate a la mujer dominicana: "Cero acoso sexual" es la máxima que debe exigirse a todos los niveles.

Por Sara Lovera, con información de Lorena Castellanos, Soledad Jarquín, Ana Alicia Osorio y Gabriela Ramírez
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

México, agosto (SEMlac).- El tipo penal de feminicidio se reformará en Veracruz, mientras se estudia en Yucatán, por inoperante y difícil de probar. Porque hay resistencia a entender las razones de género.
En la polémica, nadie atina a señalar cómo surgió la idea de tipificarlo y poner penas hasta de 60 años por esta clase de crimen, iguales a las de homicidio calificado. Todo comenzó en Guerrero.
La abogada Nadia Sierra Campos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comparte su experiencia de cómo fue que se hizo el tipo penal del feminicidio.
"En Guerrero en el 2009, Patricia Olamendi y yo nos fuimos con Rosa María Gómez, la entonces secretaria de la Mujer, a levantar cadáveres de mujeres y a recabar evidencia con los peritos. Eso no solo nos ayudó a crear el tipo penal, sino a construir el protocolo, ese sí fue técnico. Les decíamos qué levantar, cómo levantar y qué hacer.
Fue el primer tipo penal en México, en el año 2010. "Después vino el del Estado de México, ahí cometimos un error porque fue una copia del de Guerrero y del Distrito Federal, de entonces; se copió y decidió acapararlo, pero desde un escritorio.
"Y mi experiencia para tipificarlo en el Código Penal Federal fue a base de jaloneos entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero sin sustancia. Si lees el tipo penal de Jalisco, es una vil copia del Código Penal Federal.
"Qué quiero decir con esto: que siempre hemos repetido que las mujeres del norte son distintas a las del sur y a las del centro, pero en este caso no se consideró el contexto diferenciado…además de los prejuicios y la resistencia a introducir el género".
Hay un dilema. Si se sostiene que hay diferencias, "será algo de nunca acabar," dice la maestra Claudia Espinoza Almaguer; "¿cabría hacer entonces un tipo de homicidio para cada tipo de discriminación y por cada grupo vulnerable? sería un proceso de criminalización que diversificaría la sanción de una misma conducta hasta niveles desproporcionados e incongruentes al principio de mínima intervención del Estado Democrático".
Para ello no parece haber respuesta. Y en Veracruz, la situación no es distinta. Esmeralda Lecxiur Ferreira, abogada feminista experta en litigio estratégico en derechos humanos y perspectiva de género, dijo que un grupo de especialistas y legisladoras están revisando el tipo penal de feminicidio para proponer una reforma al artículo 367 BIS del Código Penal que regula el feminicidio, ya que actualmente contempla que se trata de un homicidio por "razones de género", lo que resulta difícil de comprobar por parte de los abogados y la Fiscalía General del Estado".
Y argumentó: entre las hipótesis que se contemplan para tipificarlo en el Código, se encuentra parentesco o amistad entre el victimario y la víctima, sin detallar a qué grado, o bien, hallar el cuerpo en "espacios públicos." A los jueces no les queda claro a qué se refiere, "te dicen: a mí dime exactamente qué quieres decir con razones de género."
Por su parte, Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), dijo que la tipificación del feminicidio como delito grave envía un mensaje importante a la sociedad yucateca y modifica el marco normativo de la siguiente manera: esas conductas son inaceptables; no es solo un delito cualquiera, sino un delito grave por el impacto que tiene en la vida de las víctimas y de la sociedad.
"Sin embargo, se aplica lentamente. Está en la legislación de Yucatán desde hace tres años, pero hay que modificarlo, ahora como grave, porque no es suficiente tener un marco normativo, se requieren los lineamientos para aplicarlo, la capacitación al personal que lo va a hacer y contar con los recursos para ello, o sea ¿qué necesito para llevar a cabo la investigación?"
Desde Veracruz, Liliana Figueroa Luna, presidenta de la Asociación Civil Abogadas con Perspectiva de Género, sostiene que el feminicidio es un delito complejo porque existe resistencia por parte de funcionarios públicos para clasificarlo como tal, mientras que cuestiones como "razón de género" incluidas en el tipo penal en Veracruz, permiten interpretaciones subjetivas.
Agregó que existen seis hipótesis en el Código Penal y en ocasiones hay debate entre impartidores de justicia si se requiere contar con todas o con una es suficiente. En teoría era solo con alguna, pero esto no se entiende.
Por su parte, la diputada veracruzana Tanya Carola Viveros Cházaro, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y vocal de la Comisión para la Igualdad de Género, afirmó en entrevista que la tipificación del feminicidio es un logro de la sociedad civil, pero requiere modificarse para facilitar el trabajo a la Fiscalía y jueces, porque actualmente consideran estos delitos como homicidio calificado.
Anunció que están trabajando con expertas para generar una iniciativa de reforma que sería presentada en el Congreso antes de que termine el año, después de haber consultado a los organismos involucrados en impartir justicia para que den sus opiniones.

La expectativa
Las expertas consultadas no están seguras si hay aval internacional sobre este tipo de delito. Patricia Olamendi, en su libro el Feminicidio en México, sostiene que el tipo penal se ha introducido en las legislaciones penales de nueve países de América Latina: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela, además de México. El hecho de que sea solo un agravante en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Perú, contribuye a la polémica.
Olamendi ofrece en su libro un manual práctico de las actuaciones, casi con detalle de qué hacer, pero reconoce que debe implementarse un método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género.
Y para poder considerar que se está investigando una denuncia de muerte violenta de mujer por razón de género en forma efectiva, se deben crear conceptos criminalísticos aplicados con visión de género. Sin embargo, no se cuenta con cifras sobre el número de procesos judiciales por violencia contra las mujeres y mucho menos con estadísticas sobre sentencias del total de las denuncias realizadas.
Ella plantea, como otras consultadas, que la dificultad radica en entender cómo aplicar la perspectiva de género en la técnica criminal.

Casos insuficientes
Ojeda Sosa, desde Yucatán, compartió que los últimos casos sí se están juzgando como delito pero "aún estamos iniciando". A lo mejor se requerirá una evaluación para saber si así nos está funcionando o es necesario hacer algunas adecuaciones, sobre todo a la forma que se lleva a la práctica, cómo estamos haciendo la investigación, cómo estamos analizando los casos, el contexto en general, la situación de las personas, para saber si estos lineamientos de investigación nos funcionan o es necesario hacer ajustes.
La presidenta de la Asociación Civil Abogadas con Perspectiva de Género en Veracruz, Liliana Figueroa, aseguró que el feminicidio no es contemplado como un delito de prisión preventiva oficiosa pero sí es grave en el Código Penal, por lo que los abogados y Fiscalía requieren argumentar en base al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución para obtener prisión preventiva; hace falta capacitación.
Reconoció que en su práctica de litigante ha funcionado su visión, ya que en todos los casos que ha participado como abogada coadyuvante ha logrado prisión del inculpado. No debería haber dudas sobre si son acreedores a prisión preventiva, pero en el caso de Veracruz no se aplica.
El tema parece enredado. Apenas un tres por ciento de los casos se resuelven, la impunidad es la regla; como delito autónomo o agravante, lo cierto es que "ni vivas ni muertas les importamos," dice Nadia Sierra.
Por su parte, ONUMujeres reconoció los esfuerzos realizados para hacer frente a esta forma de violencia en distintas regiones del mundo, en particular en países en que el concepto de feminicidio se ha incorporado en la legislación nacional. "Eso es un instrumento, nada más".
Nadia Sierra concluye: "como feminista, es importante hablar de las razones de género, pero parece que hasta ese lenguaje es incómodo, y que tendríamos que hacerlo más sutil. Burdo, como se escribe en los códigos penales, no sirve."

 

Por Sara Lovera, con información de Lorena Castellanos, Soledad Jarquín, Ana Alicia Osorio y Gabriela Ramírez
((Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) y (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

México, agosto (SEMlac).- Lo urgente para el nuevo sistema penal acusatorio es revisar el tipo penal del feminicidio, especializar a los Ministerios Públicos, asumir que, tal como está, permitirá que salga libre el 97 por ciento de los victimarios y que no se protege la vida de las mujeres. Hoy solo en Sonora hay 33 feminicidios resueltos. Y no más de seis en la Ciudad de México en los últimos dos años.
La polémica se enfrenta a quienes insisten: debe hablarse de misoginia, de opresión de las mujeres, conceptos filosóficos, sociológicos y feministas que no concuerdan con el lenguaje judicial o de derecho penal.
La exlegisladora y exdirectora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Malú Micher, dice que si tuviera la oportunidad de legislar sobre el delito de feminicidio, lo haría en apego al Código Penal Federal, sin más.
Ese Código lo define como un homicidio doloso calificado bajo circunstancias de violencia de género y otras características. Es un agravante del homicidio doloso y no un delito autónomo.
En ese sentido, la también exlegisladora Marina Arvizu, quien hizo la primera propuesta formal para tipificar el asesinato de una mujer en 2010, sin lograrlo, dijo que hubiera sido lo mejor. Ella enfrentó el rechazo absoluto de la dirección de la Cámara que presidía, entonces, el mexiquense César Camacho.
El problema fue, o es, según las abogadas consultadas, la inclusión de temas subjetivos, pues hace muy compleja su identificación. Mientras tanto, mujeres de organizaciones civiles y algunas abogadas feministas insisten en poner esas subjetividades que no reconoce el derecho.
Bárbara García Chávez, abogada y regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos de Oaxaca de Juárez, afirmó que en materia penal, las tipificaciones de un delito tienen que ser claras, concisas, concretas y específicas, sin cargas subjetivas que estén a interpretación o valoración de quien o quienes investigan un hecho, como es el caso del término misoginia, por ejemplo.
Además, el feminicidio en principio, a su juicio, tendría que ser una tipificación homologada a partir de una propuesta federal que implique que un feminicida pueda ser juzgado en cualquier entidad de la República.
Claudia Espinoza Almaguer, insiste: el feminicidio es una forma más de sancionar la privación de la vida en casos en los que bien podrían emplearse otras figuras, inclusive de modo más eficaz, como puede pasar con el homicidio calificado por odio, o saña, por ejemplo, precisamente porque son más neutrales y abordan mejor las circunstancias de los probables hechos que las razones de género.
Autora del Análisis Político Criminal del Delito de Feminicidio en San Luis Potosí. De la Teoría Feminista al Derecho Penal, Espinoza agrega que en la mayoría de los códigos del país, causas subjetivas están descritas en términos redundantes, porque se ve al delito desde las ciencias sociales; también convendría que cada supuesto en materia penal se respalde mediante datos y medios probatorios.
La regidora de Oaxaca, Bárbara García, abunda en la polémica de la conceptualización del feminicidio: en materia penal, debe determinar las conductas que puedan ser adecuadas a un supuesto jurídico en razón de un bien tutelado, como lo es la vida de las mujeres, y lo que implica la actitud de un Estado omiso frente al resguardo y garantía del acceso a una vida libre de violencia.
De igual forma, es indispensable contar con protocolos de investigación del feminicidio, a partir de los cuales toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio, como sucede hoy en Oaxaca, y después descartar los supuestos que no estén inscritos en el tipo penal.
Además, hay que especializar a los agentes del Ministerio Público encargados de las investigaciones.
Porque lo que hoy tenemos es un protocolo claro, pero hay duda sobre el tipo penal derivado de la interpretación subjetiva y la falta de especialización de las y los agentes del MP.

El tema es cómo probamos

En la búsqueda de elementos probatorios, la maestra en Política Criminal Espinoza Almaguer dice que los caminos hacia lo que hay que probar divergen de las estructuras típicas que tornan muy complicada su utilización, porque la regla cotidiana de aplicar la hipótesis general y abstracta al caso concreto, se encuentra invertida: estamos ante casos concretos inscritos al interior de los códigos, y eso es en parte lo que limita a la figura penal del feminicidio para pretender una punición, y lo que afecta la debida protección al bien jurídico que la vida de las mujeres constituye.
Para Rosario Villalobos Rueda, fiscal especial en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género en Oaxaca, el sistema acusatorio penal en marcha requiere que se revise el tipo penal del feminicidio; sin embargo, lo más importante es que los operadores de la investigación de un feminicidio, desde los Ministerios Públicos hasta los fiscales, deben estar en capacitación permanente para entender el fenómeno. Solo así la víctima tendrá acceso rápido y simple a la justicia y reparación del daño.
No obstante, esta revisión, que ya se hace en Oaxaca, es a partir de las experiencias de los fiscales, a fin de hacer las modificaciones que se requieren, en específico que el tipo penal sea más ligero, más eficiente, para reducir toda posibilidad de impunidad.
Incluso, es necesario incorporar los feminicidios que se presumen en el marco de la delincuencia organizada, y si fuera necesario, que sea la autoridad federal quien lleve esos casos.

Sí hubo política
Mientras Marina Arvizu sostiene que a lo largo del tiempo hubo militancia y deseo de juzgar a los criminales, no fue presión política, sino mucha resistencia a reconocer que se asesina a la mujeres solo por ser mujeres; García dice que sí, que hubo política.
Bárbara García afirma que la tipificación del feminicidio sí respondió en su momento a cuestiones políticas, donde algunas organizaciones no gubernamentales intervinieron sin conocimiento ni especialización, como lo hicieron después en la elaboración de los protocolos; de ahí que tengamos hoy un tipo penal del feminicidio diverso, sin ser eficiente en la gran mayoría de las entidades federativas.

 

Por Sara Lovera, con información de Lorena Castellanos, Soledad Jarquín, Ana Alicia Osorio y Gabriela Ramírez
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), 
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) y (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

México, agosto (Especial de SEMlac).- El delito de feminicidio, desde 2014 en el Código Penal Federal, solo ha sido utilizado como válido en nueve entidades de México, país donde, por añadidura, existen 32 maneras distintas de sancionarlo e investigarlo, lo que aumenta la impunidad y confunde a los jueces.
De haberse incluido como un elemento que agrava el delito de homicidio, su investigación habría sido más sencilla. Hoy solamente 36 por ciento de los asesinatos dolosos contra las mujeres son investigados como "feminicidio," a pesar de la indignación de los grupos de mujeres.
Desde 2012, la CEDAW advirtió que "al no existir uniformidad en la definición del delito de feminicidio, se creó un problema: lo que se considera feminicidio en un Estado puede no serlo en otro, según la recomendación al Estado Mexicano del 32 período de sesiones, en que llamó a estandarizar los protocolos y el contenido del tipo penal".

Debate abierto

El 25 de julio en la ciudad de Oaxaca, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), afirmó que la tipificación del delito de feminicidio "respondió en muchas ocasiones a un tema de legitimidad política, más que de utilidad jurídica," y agregó: "Se hicieron malas tipificaciones" que incluyen "muchos elementos subjetivos y con eso las fiscalías no pueden hacer milagros".
Con ese motivo, SEMlac realizó un investigación/sondeo con 19 personas, analizó estudios, libros y antecedentes que compartirá con sus lectores.
Las opiniones están polarizadas; al contrario de Navarrete Gutiérrez, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó el pasado 22 de junio a tipificar el feminicidio como un delito autónomo con un protocolo de actuación ministerial, policial y pericial específico, cuya penalidad sea la misma que a nivel federal, es decir de 40 a 60 años: 50 por ciento más que el homicidio doloso.
Eso lo afirmó el jefe del gobierno interno al inaugurar el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa de las Comisiones para la Igualdad de Género, de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres y de los Tribunales Superiores de Justicia en las Entidades Federativas, realizado en el congreso.
El secretario dijo que, en algunos casos, cuando el agresor es un familiar, se considera como homicidio por razón de parentesco, lo que elimina el componente de género.
La abogada Nadia Sierra, de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, afirma que tipificar el delito de feminicidio ayudó a hacer visible y a contar con un discurso en el que parecía que la violencia contra las mujeres importaba y parecía una real preocupación.
Sin embargo, "se nos olvidó enseñarles a quienes investigan cómo ir a levantar el cuerpo de una mujer que ha sido asesinada; nos enfocamos en sacar protocolos que parecen un catálogo de conceptos, pero que en la práctica no dicen mucho".
Quienes hablan de feminicidio conocen el lenguaje técnico de la violencia de género, pero desconocen el entramado de las instituciones forenses y el desprecio que sigue existiendo ante estos temas. Ese, más que el tipo penal, es el problema.

Existen 32 formas distintas de penalizar
Claudia Espinoza Almaguer, quien hizo un estudio pormenorizado del tipo penal en las 32 entidades del país, afirma: ninguna de las figuras de feminicidio que se encuentran en los códigos penales del país es coherente con los principios del derecho penal, como son el de estricta legalidad, tipicidad, intervención mínima, de acto, culpabilidad, etcétera.
Y explica: No pueden serlo porque su raíz no se adaptó a las reglas formales y sustanciales con las que debe construirse el derecho penal del Estado democrático; por el contrario, fue solo traspasado desde el análisis social, por lo que en lugar de hacer una figura eficaz en su aplicación, lo que se produjo fue apenas la integración de la discriminación positiva, que en este caso lleva a penas mucho más severas pero de validez cuestionable.
La criminalista de la Subprocuraduría de Delitos Sexuales de San Luis Potosí prosigue: desde la primera creación del tipo penal en 2010, en el estado de Guerrero, el delito se ha dado de manera muy diversa, ya que cada órgano legislativo estatal que lo produjo ha podido influir o lo ha modificado desde entonces, de allí también la dificultad de exigir una homologación a esta figura. Si se homologa, no asegura que ningún tipo penal mejore, considerando que la unicidad de la ley penal no garantiza per se la eficacia en relación con sus planteamientos.
La especialista Patricia Olamendi, asesora de Naciones Unidas, sostiene en su libro El Feminicidio en México que: "aunque hemos avanzado en la legislación mexicana, todavía estamos muy lejos de que la ley se convierta en práctica cotidiana en agencias del Ministerio Público y juzgados; a ello hay que sumar la resistencia en legislaturas estatales para que todas las expresiones de violencia sean sancionadas."

Página 2 de 35
Volver