Violencia de género

Violencia de género (456)

Por Gabriela Ramírez
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México, junio (SEMlac).- De 2000 a 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido 35 medidas cautelares para garantizar la protección de 94 mujeres.
Los estados con más mujeres beneficiadas por estas medidas cautelares con Chihuahua con 41, Chiapas con 14 y Oaxaca con 10.
Pero, ¿quiénes son las defensoras?, ¿quiénes son las mujeres detrás de esa lucha por el respeto de los derechos humanos? 
De acuerdo con una encuesta realizada a 52 defensoras de 19 estados, publicada en el Informe Defensoras Somos Todas 2 Protocolos de Atención y Protección en Casos de Violencia Contra Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana, realizado por la Comisión Independiente de Morelos; la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y la abogada Andrea Medina, la edad promedio de las defensoras de derechos humanos en México es de 47 años, la mínima es 18 y la máxima es 79 años.
El 18 por ciento de las defensoras es profesionista independiente, seguida por el 12 por ciento, que trabaja por su cuenta y el nueve por ciento, que son amas de casa.
La mayoría cuenta con estudios universitarios, el 40 por ciento tiene licenciatura; el 12 por ciento, maestría y el seis por ciento, doctorado.
Respecto a los temas que estas defensoras trabajan, documentan, difunden y capacitan, son: derechos humanos de mujeres (28), derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (25), derechos humanos de manera integral (16), desaparición (14), pueblos indígenas (11), y tortura (9). 
El 61,5 por ciento de estas mujeres desarrolla actividades de defensoría tanto en oficina como en campo. El 73 por ciento trabaja con población urbana, el 42 por ciento con población semi urbana, el 44 por ciento con población rural, el 32 con indígenas y el 3,8 con población afromestiza.
Estas mujeres defensoras "viven en un mundo patriarcal en donde a diario luchan por cuestionar y cambiar los roles y estereotipos de género", señala el informe. 

 

Por Alicia Mendoza
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México, junio (SEMlac).- La mayor parte de la violencia que sufren las defensoras de Derechos Humanos en México proviene de agentes gubernamentales, así lo documentó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C. (CIDHM) en su más reciente informe Defensoras Somos Todas 2 Protocolos de Atención y Protección en Casos de Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana.
Mediante encuestas y entrevistas, la investigación registra el testimonio de 52 defensoras de 21 entidades del país, quienes vivieron violencia durante el período del año 2000 al 2015.
El estudio señala que 21 por ciento de ellas sufrió intimidaciones gubernamentales, 11,5 por ciento fue intimidado por grupos de poder económico y otro 11,5 por ciento por poderes fácticos. Otros agresores registrados fueron los grupos caciquiles con 9,6 por ciento, paramilitares con 7,7 por ciento y grupos del narcotráfico con 7,7 por ciento.
Además, 61 por ciento de las defensoras encuestadas denunciaron haber sufrido violencia por pertenecer a una organización de defensa de Derechos Humanos.
Los tipos de violencia que vivieron estas defensoras, definidas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fueron: la violencia psicológica con 44 por ciento, violencia física en 21 por ciento de los casos, otro 21 por ciento sufrió violencia económica, el 15,4 por ciento violencia patrimonial, y 5,8 por ciento violencia sexual.
La CIDHM analizó también las modalidades de la violencia que vivieron estas mujeres que participaron en el estudio: 23 por ciento refirió haber sufrido violencia institucional, 5,8 por ciento sufrió violencia en la comunidad; 3,8 por ciento, violencia laboral, otro 3,8 por ciento sufrió violencia en el ámbito familiar. Mientras que 11,5 por ciento dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.
El informe incluye testimonios de la violencia que han sufrido las defensoras, como es el caso de María de la Luz Fajardo Andrade:
"En una ocasión uno de los maridos (de mujeres violentadas que yo atendía) me encaró y me pregunta así directo - ¿Usted es la abogada, verdad? Sí, ni lo niegue, usted es así como me la describieron - Y acto seguido me agarró del cuello y me tumbó hasta quererme ahogar, en eso aparecen varias señoras y a puro escobazo me lo quitaron de encima. Otra vez aquí afuera de la casa llegó un hombre que me vino siguiendo con pistola en mano, y también otro me persiguió con un cuchillo a las puertas de mi casa, pero como todo está muy céntrico rápido pedí auxilio de la policía que vino y se los llevaron".
Así, la organización social de Morelos alerta que existe "un crecimiento de los riesgos que ellas sufren en el desempeño de sus actividades de Defensa de los Derechos Humanos", ya que, de acuerdo con el Informe 2012-2014 de Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica, en el año 2013 se registraron 189 agresiones y para el año 2014 se reportaron 308; en este mismo periodo ocurrió el asesinato de 14 defensoras.
El informe citado por la CIDHM, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), señala que de 2012 a 2014 "las defensoras más agredidas en México son las que promueven el derecho a una vida libre de violencia, con 20 por ciento".
Adicionalmente, la Comisión Independiente retoma el informe del año 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de derechos humanos en México, que destaca que se "ha recibido información sobre desapariciones y ataques contra la vida e integridad personal tanto de agentes estatales como no estatales, prácticas de hostigamiento y amenazas, vigilancia, interceptación de las comunicaciones, así como desafíos en la aplicación del mecanismo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas".
Por ello, ante este contexto de violencia, en los últimos años, la Comisión Interamericana ha otorgado una serie de medidas cautelares para proteger a un número importante de defensores y defensoras de derechos humanos que han experimentado una serie de continuas amenazas, hostigamientos y actos de violencia, debido al desarrollo de su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
De 2000 a 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido 35 medidas cautelares para garantizar la protección de 94 mujeres defensoras.
Algunas de las defensoras y defensores de derechos humanos protegidos por dichas medidas cautelares en México incluyen a defensoras del medio ambiente, de personas migrantes, pueblos indígenas, personas desplazadas internamente, de la comunidad LGBTTTQI, y de organizaciones que se impulsan el esclarecimiento de personas desaparecidas forzadamente, la investigación de actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de esta índole ocurridas en México.
La violencia prevalece a pesar del marco normativo establecido para garantizar la seguridad de personas defensoras y por tanto la Comisión Interamericana ha señalado que "el crimen organizado, la corrupción y la colusión de las Autoridades son algunos de los múltiples factores que obstaculizan la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas defensoras de derechos humanos", se cita en el informe Defensoras Somos Todas 2.
Además, la CIDHM recuerda que durante la visita a México, en el 2015, la Comisión Interamericana recibió información respecto a la falta de aplicación del enfoque de género en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a pesar de que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas lo establece.
Otro factor que se suma a la falta de protección de la vida e integridad de las defensoras está en la falta de aplicación del enfoque de género en dicho mecanismo. "En esta visita, la CIDH conoció de beneficiarias a quienes las medidas que se les han otorgado han sido sin cuidado de las necesidades propias de las mujeres, por ejemplo los chalecos antibalas están ajustados a la anatomía masculina y por ello no los pueden usar".
"También tuvo conocimiento de casos en los que los mismos funcionarios del Mecanismo han estigmatizado por motivos de género a las beneficiarias de las Medidas. Igualmente, la CIDH recibió información sobre autoridades de la Fiscalía que al momento de recibir las denuncias de las periodistas mujeres, las revictimizan o tratan de hacer ver sus denuncias como temas de poca importancia o incluso haciendo que las víctimas se sientan juzgadas por dichos funcionarios", se indica en el informe de la CIDHM.
Por tanto, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos destaca en su estudio la necesidad de que las autoridades mexicanas retomen las medidas sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre "la importancia de tomar en cuenta la cuestión de género en el estudio de la violencia contra periodistas y la definición de estrategias tendientes a erradicarla, se refuerza a partir de la obligación de los Estados de combatir con la debida diligencia las formas de discriminación y la violencia contra las mujeres".

 

Por Alicia Mendoza
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México, junio (SEMlac).- La mayor parte de la violencia que sufren las defensoras de Derechos Humanos en México proviene de agentes gubernamentales, así lo documentó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C. (CIDHM) en su más reciente informe Defensoras Somos Todas 2 Protocolos de Atención y Protección en Casos de Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana.
Mediante encuestas y entrevistas, la investigación registra el testimonio de 52 defensoras de 21 entidades del país, quienes vivieron violencia durante el período del año 2000 al 2015.
El estudio señala que 21 por ciento de ellas sufrió intimidaciones gubernamentales, 11,5 por ciento fue intimidado por grupos de poder económico y otro 11,5 por ciento por poderes fácticos. Otros agresores registrados fueron los grupos caciquiles con 9,6 por ciento, paramilitares con 7,7 por ciento y grupos del narcotráfico con 7,7 por ciento.
Además, 61 por ciento de las defensoras encuestadas denunciaron haber sufrido violencia por pertenecer a una organización de defensa de Derechos Humanos.
Los tipos de violencia que vivieron estas defensoras, definidas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fueron: la violencia psicológica con 44 por ciento, violencia física en 21 por ciento de los casos, otro 21 por ciento sufrió violencia económica, el 15,4 por ciento violencia patrimonial, y 5,8 por ciento violencia sexual.
La CIDHM analizó también las modalidades de la violencia que vivieron estas mujeres que participaron en el estudio: 23 por ciento refirió haber sufrido violencia institucional, 5,8 por ciento sufrió violencia en la comunidad; 3,8 por ciento, violencia laboral, otro 3,8 por ciento sufrió violencia en el ámbito familiar. Mientras que 11,5 por ciento dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.
El informe incluye testimonios de la violencia que han sufrido las defensoras, como es el caso de María de la Luz Fajardo Andrade:
"En una ocasión uno de los maridos (de mujeres violentadas que yo atendía) me encaró y me pregunta así directo - ¿Usted es la abogada, verdad? Sí, ni lo niegue, usted es así como me la describieron - Y acto seguido me agarró del cuello y me tumbó hasta quererme ahogar, en eso aparecen varias señoras y a puro escobazo me lo quitaron de encima. Otra vez aquí afuera de la casa llegó un hombre que me vino siguiendo con pistola en mano, y también otro me persiguió con un cuchillo a las puertas de mi casa, pero como todo está muy céntrico rápido pedí auxilio de la policía que vino y se los llevaron".
Así, la organización social de Morelos alerta que existe "un crecimiento de los riesgos que ellas sufren en el desempeño de sus actividades de Defensa de los Derechos Humanos", ya que, de acuerdo con el Informe 2012-2014 de Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica, en el año 2013 se registraron 189 agresiones y para el año 2014 se reportaron 308; en este mismo periodo ocurrió el asesinato de 14 defensoras.
El informe citado por la CIDHM, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), señala que de 2012 a 2014 "las defensoras más agredidas en México son las que promueven el derecho a una vida libre de violencia, con 20 por ciento".
Adicionalmente, la Comisión Independiente retoma el informe del año 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de derechos humanos en México, que destaca que se "ha recibido información sobre desapariciones y ataques contra la vida e integridad personal tanto de agentes estatales como no estatales, prácticas de hostigamiento y amenazas, vigilancia, interceptación de las comunicaciones, así como desafíos en la aplicación del mecanismo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas".
Por ello, ante este contexto de violencia, en los últimos años, la Comisión Interamericana ha otorgado una serie de medidas cautelares para proteger a un número importante de defensores y defensoras de derechos humanos que han experimentado una serie de continuas amenazas, hostigamientos y actos de violencia, debido al desarrollo de su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
De 2000 a 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido 35 medidas cautelares para garantizar la protección de 94 mujeres defensoras.
Algunas de las defensoras y defensores de derechos humanos protegidos por dichas medidas cautelares en México incluyen a defensoras del medio ambiente, de personas migrantes, pueblos indígenas, personas desplazadas internamente, de la comunidad LGBTTTQI, y de organizaciones que se impulsan el esclarecimiento de personas desaparecidas forzadamente, la investigación de actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de esta índole ocurridas en México.
La violencia prevalece a pesar del marco normativo establecido para garantizar la seguridad de personas defensoras y por tanto la Comisión Interamericana ha señalado que "el crimen organizado, la corrupción y la colusión de las Autoridades son algunos de los múltiples factores que obstaculizan la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas defensoras de derechos humanos", se cita en el informe Defensoras Somos Todas 2.
Además, la CIDHM recuerda que durante la visita a México, en el 2015, la Comisión Interamericana recibió información respecto a la falta de aplicación del enfoque de género en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a pesar de que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas lo establece.
Otro factor que se suma a la falta de protección de la vida e integridad de las defensoras está en la falta de aplicación del enfoque de género en dicho mecanismo. "En esta visita, la CIDH conoció de beneficiarias a quienes las medidas que se les han otorgado han sido sin cuidado de las necesidades propias de las mujeres, por ejemplo los chalecos antibalas están ajustados a la anatomía masculina y por ello no los pueden usar".
"También tuvo conocimiento de casos en los que los mismos funcionarios del Mecanismo han estigmatizado por motivos de género a las beneficiarias de las Medidas. Igualmente, la CIDH recibió información sobre autoridades de la Fiscalía que al momento de recibir las denuncias de las periodistas mujeres, las revictimizan o tratan de hacer ver sus denuncias como temas de poca importancia o incluso haciendo que las víctimas se sientan juzgadas por dichos funcionarios", se indica en el informe de la CIDHM.
Por tanto, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos destaca en su estudio la necesidad de que las autoridades mexicanas retomen las medidas sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre "la importancia de tomar en cuenta la cuestión de género en el estudio de la violencia contra periodistas y la definición de estrategias tendientes a erradicarla, se refuerza a partir de la obligación de los Estados de combatir con la debida diligencia las formas de discriminación y la violencia contra las mujeres".

 

De la Redacción
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México, mayo (SEMlac).- Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) renunciaron ante la obstaculización de sus labores, falta de voluntad política de las autoridades estatales y del IVM para generar un cambio y ante el proceso poco transparente de la renovación de los Consejos e Instituto.
Así lo dio a conocer en conferencia de prensa la expresidenta del Consejo Consultivo, Estela Casados González, quien señaló que no existe ningún tiempo de acciones concretas para cambiar las cosas y frenar la violencia contra las mujeres ya que tan solo en 2017, se han registrado 100 feminicidios sin respuesta.
Explicó que además, el Consejo no ha podido implementar ningún tipo de acción desde la entrada de la encargada de despacho del Instituto, Sara Gabriela Palacios Hernández, hace seis meses. Además, no se les ha dado acceso a cuestiones informativas como proyectos, programas y acciones.
A pesar de que las integrantes del Consejo han solicitado reuniones con Palacio, estas no se han concretado. 
"Esto obstaculiza las tareas, aportaciones y recomendaciones de este Consejo Consultivo", señala la renuncia presentada.
Además explican que el 10 de enero de 2017, el cuerpo directivo del IVM filtró información falsa, dolosa y difamatoria sobre supuestos beneficios económicos otorgados en las pasadas administraciones a las integrantes de este Consejo Ciudadano.
"Esta acción pone en entredicho los procesos de auditoría y supervisión efectuados por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), ya que los montos aludidos habían sido otorgados por programas federales coordinados por el INMUJERES. Es grave que se violente a veracruzanas que desde la sociedad civil participamos en el IVM de manera honorífica, máxime que nos encontramos en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Veracruz, declarada por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación".
Señalan que el Instituto Veracruzano de las Mujeres ha negado sistemáticamente los viáticos que permitirían a las Consejeras que no viven en la capital del estado, acudir a sesionar mensualmente, tal como marca la ley.
"Uno de los aspectos que consideramos grave en esta nueva administración es que se ha cambiado el sistema de conformación de los consejos, que anteriormente garantizaba la ciudadanización de estos, mediante un primer filtro de postulantes que se realizaba por consejeras ciudadanas, para posteriormente pasar por la selección y aprobación de la Junta de gobierno"
"Actualmente, a diferencia de las pasadas convocatorias y procesos de selección, será la Junta de Gobierno del IVM la que elegirá quienes de las 73 postulantes ocuparán los 10 lugares vacantes en el Consejo Social. Dicha Junta se encuentra conformada en su mayoría por personas que no cuentan con conocimiento sobre el tema y/o que se doblegan ante las disposiciones del Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, Lic. Lauro Hugo López Zumaya".
"Quienes integramos el Consejo Consultivo observamos con preocupación e indignación a un IVM sin iniciativa, sin conocimiento sobre la política pública en beneficio de las mujeres, ni disposición para cumplir, por lo menos, con la atención básica primordial que ese Instituto prestó en los últimos nueve años", señala el documento de renuncia presentado ante los medios.
Las integrantes que han presentado la renuncia son: Olivia Aguilar Dorantes, Ximena Elizabeth Batista Ordaz, Estela Casados González, María Esperanza del Rosío Córdova Plaza, María del Monserrat Díaz, Brisa Renata Gómez Portillo, Perla Melgarejo Bibiano, Laura Beatriz Mora Pale, Susan Liliana Morales Segura, Mayabel Ranero Castro y Karina Soto Zarasas.

Por Soledad Jarquín
(
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Oaxaca, México, mayo (SEMlac).- En el Día Naranja, dos mujeres fueron asesinadas en esta entidad mexicana, con lo que suman 60 los feminicidios desde que inició la actual administración gubernamental en diciembre pasado, con un promedio de 2,4 asesinatos contra mujeres por semana, 10 cada mes.
Tanto Ana María Hernández Cárdenas como Rosario Villalobos Rueda concuerdan en que en Oaxaca las mujeres están en permanente riesgo, frente a las fallas de las políticas públicas gubernamentales.
Entrevistadas por separado por SEMlac, Hernández Cárdenas, directiva de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, como Villalobos Rueda, fiscal especial en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género, sostienen que es urgente la prevención en esta materia, un aspecto no atendido desde 2012 cuando se tipificó el feminicidio en esta entidad.
Hernández Cárdenas dijo que en la reciente reunión la Sesión extraordinaria del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, que presidió el gobernador Alejandro Murat, se hizo la presentación de un "paquete de acciones rezagado, largamente sobado por los políticos".
Se refirió concretamente al anuncio de la creación de fiscalías especializadas y refugios en las regiones, "cuando estamos mirando que el único refugio que hay, desde la oficialidad, se pagó como moneda de cambio de favores políticos", dijo en referencia al comodato que el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, hizo con una organización vinculada a un dirigente político, sin que se observara el procedimiento legal y sin transparencia.
Para la activista pro derechos de la mujer, el Ejecutivo local no tiene una posición clara del gobierno, que debería considerar el feminicidio como un tema de alta prioridad, en especial por un déficit inmenso en la procuración e impartición de la justicia.
Mientras las mujeres nos levantamos cada día con una preocupación inmensa, una preocupación acumulada por el asesinato de mujeres, hay una indiferencia política, que provoca que se incremente cada día el número de feminicidios en Oaxaca, y mecanismos como la Alerta de Violencia de Género fue desechada hace varios años, argumentando que no se cumplían los requisitos para ello. Hoy la realidad demuestra lo contrario, añadió Hernández Cárdenas.
A su vez, la Fiscal Especial en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género dijo que todos los asesinatos violentos de mujeres que ocurren en la entidad se investigan partiendo del feminicidio y que esa instancia conoce cuando los hechos ya sucedieron, lo que no nos exime de ninguna responsabilidad.
Villalobos Rueda reconoció que las políticas públicas de prevención hacia la violencia contra las mujeres no han sido contundentes para detener el riesgo cotidiano en que vivimos las mujeres.
Esa responsabilidad recae en quienes están al frente de la Secretaría General de Gobierno, las instancias de Procuración de Justicia, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y también en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que junto con otras instancias, como el Instituto Estatal de Educación Pública y la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, iniciaron hace poco más de un mes, el diseño de esas políticas públicas de prevención.
De igual forma, anunció que el próximo 6 de junio se instalarán los Comités técnico e interinstitucional que darán seguimiento a la aplicación y evaluación de los protocolos de atención a los feminicidios, que estarán integrados por instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil, por lo que el Tribunal "tendrá que poner sus barbas a remojar".

Por Gabriela Ramírez
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México, mayo (SEMlac).- Desde 2010, 44 mujeres entre defensoras, activistas y periodistas han sido asesinadas en México. El caso más reciente fue el de Miriam Rodríguez, quien fue acribillada en su domicilio en el estado de Tamaulipas el pasado 10 de mayo.
Esta situación ha generado diversas reacciones por parte de la sociedad civil e instancias internacionales, ante el panorama de inseguridad e impunidad que se vive en este país y la ineficiencia del Estado para garantizar la seguridad de quienes protestan por la violación de los derechos humanos, que se trata principalmente de mujeres, familiares o activistas, y algunas periodistas. 
Pero además, ellas, las madres, esposas, hijas, amigas que buscan justicia y a sus familiares desaparecidos o asesinados tienen miedo de correr la misma suerte de Miriam, Marisela y de tantas otras. 
Al menos 44 mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas han sido asesinadas desde 2010, según el monitoreo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
Esta organización señala que Chihuahua es el estado con mayor número de agresiones registradas en contra de mujeres defensoras y periodistas, pues solo en 2010 asesinaron a Josefina Reyes, Marisela Escobedo, María Isabel Cordero Martínez, María Magdalena Reyes y Luisa Ornelas.
En 2011 fue asesinada Susana Chávez, quien participó del movimiento por la presentación con vida de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y en contra del feminicidio que azota aún la frontera. En marzo de 2017, corrió igual suerte en ese mismo estado la periodista Miroslava Breach, mientras Patricia Mayorga tuvo que asilarse en los Estados Unidos.
El estado de Guerrero es otro en el que las activistas, periodistas y comunicadoras son asesinadas de forma sistemática, señala el reporte. En esa entidad murieron María Elvira Hernández Galeana, en 2010, Isabel Ayala Nava y Reyna Ayala Nava en 2011, Juventina Villa Mojica y Fabiola Osorio Bernáldez en 2012, Rocío Mesino y Ana Lilia Gatica en 2013 y Norma Angélica Bruno Román en 2015.
"Los demás estados donde las cifras de asesinadas son altas e incrementan son Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, el estado de México y la Ciudad de México", señala el informe de la mencionada Red.

Las madres asesinadas

Marisela Escobedo fue ultimada en la ciudad de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010, a las puertas del Palacio de Gobierno, luego de hacer un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí, ocurrido en 2008.
Un hombre intentó dispararle y Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno, pero los guardias no le abrieron la puerta y fue asesinada. Marisela buscó justicia para su hija Rubí, asesinada por su pareja Sergio Rafael Barraza Bocanegra. En un principio el agresor fue absuelto, pero luego se revocó esta sentencia absolutoria y Barraza fue condenado a 50 años de prisión. Sin embargo, él sigue en libertad.
Antes del asesinato de Marisela, y derivado de una serie de amenazas en su contra y de la opacidad en la investigación de la muerte de su hija, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 44/2013 contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte.
Sandra Luz Hernández fue asesinada en Sinaloa el 12 de mayo de 2014. Un hombre, Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, le disparó 15 veces y un año más tarde fue absuelto por el Poder Judicial del Estado. Ella buscó por dos años a su hijo, Edgar García, quien fue raptado y desaparecido por una célula del Cártel de Sinaloa. Él trabajaba en la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa como mensajero del procurador Marco Antonio Higuera Gómez. Ni en el caso de su muerte ni en el de la desaparición de Edgar se ha hecho justicia.
Cornelia San Juan Guevara Guerrero murió en el Estado de México el 15 de enero de 2016. Buscaba a su hijo Oswaldo Espejel Guevara desde 2012, cuando fue secuestrado de su domicilio en Santa María Ajoloapan, estado de México. Las autoridades lograron capturar al asesino de Cornelia, de su hijo Oswaldo no se supo nada.
Emma Gabriela Molina Canto fue asesinada el 27 de marzo de 2017. Ella luchó por recuperar a sus tres hijos, secuestrados en 2012 por su padre Alberto Medina Sonda, un priista (Partido Revolucionario Institucional) acusado de corrupción en Tabasco. Dos hombres la abordaron en la puerta de su casa y la degollaron. Ahora su madre, la abuela Ligia Canto Lugo, ha comenzado un largo camino para exigir justicia.
Miriam Rodríguez Martínez resultó muerta a balazos en su casa el pasado 10 de mayo. Ella luchó por encontrar a su hija Karen Alejandra, desaparecida en 2012; y logró hallar sus restos en una fosa común y que encarcelaran a sus asesinos. Fue fundadora del Colectivo Desaparecidos de Tamaulipas.
La CNDH reportó en el informe especial de Personas desaparecidas y fosas clandestinas en México que de 2007 a octubre de 2016 hay 29.903 personas desaparecidas.
En este mismo período se han localizado oficialmente en México 855 fosas clandestinas. De estas se han inhumado 1.548 cadáveres. El 82 por ciento de los casos de desapariciones se concentran en 11 estados, de los cuales destacan: Tamaulipas como el de mayor número, con 5.563 casos; le sigue el Estado de México con 2.984.
Recientemente, el diario The New York Times publicó una entrevista con integrantes del Colectivo Solecito, un grupo de mujeres que han encontrado y ayudado a exhumar 263 cuerpos en una fosa ubicada en Veracruz. Ellas aseguran que cada noche, antes de dormir, en un grupo de WhatsApp escriben el nombre de cada uno de sus familiares desaparecidos y al final "él vive y todos viven". Ellas seguirán adelante hasta encontrarlos.

El mundo alza la voz
Luego del reciente asesinato de Mirian Rodríguez, la Unión Europea (UE) condenó al más alto nivel este crimen.
En un pronunciamiento, la portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, declaró que este hecho se suma a una preocupante tendencia de asesinatos recientes y consideró "necesario garantizar investigaciones expeditas, exhaustivas e independientes sobre estos homicidios para llevar a los autores ante la justicia".
"Las autoridades también deben garantizar que se hayan adoptado todas las medidas preventivas necesarias para asegurar una protección eficaz para los defensores de los derechos humanos y los periodistas", añadió.
Amnistía Internacional (AI) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) también exigieron su pronto esclarecimiento.
ONU-DH recordó al gobierno mexicano que tiene la responsabilidad de garantizar que "todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber", y señaló que Tamaulipas es el estado con mayor número de desaparecidos en el país.

De la Redacción
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Tamaulipas, México, mayo (SEMlac).- Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, líder del Colectivo de Desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, fue asesinada por un grupo de personas armadas la noche del 10 de mayo, alrededor de las 22:30 horas.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, la mujer fue ultimada por un comando criminal que "llegó a la casa de la compañera y disparó en múltiples ocasiones hasta herirla. Miriam, como todas y todos la conocíamos, murió en el traslado al hospital en San Fernando".
Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez se convirtió en activista luego de la desaparición de su hija Karen Alejandra en años pasados, y decidió dedicar su vida a la búsqueda de personas en Tamaulipas.
El gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, por medio de su cuenta de Twitter, envió sus condolencias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó a través de un comunicado de prensa y solicita a las autoridades de esa entidad federativa la investigación profesional, pronta y exhaustiva del caso, para dar con los responsables y que respondan ante la justicia a fin de evitar la impunidad.
"Este Organismo Nacional subraya, una vez más, el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a los derechos fundamentales de quienes se desempeñan como defensoras y defensores y que están en situación de riesgo".
La CNDH esta? solicitando medidas cautelares en favor de la familia y de integrantes del colectivo que representaba.

Por Lorena Castellanos
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Mérida, México, mayo (SEMlac).- En lugar de festejar el Día de las Madres, que se celebra aquí el 10 de mayo, Ligia Canto Lugo estuvo llorando por la muerte de su hija Ema Gabriela Molina Canto el pasado 27 de marzo. Por ello acudió, junto a otras activistas, al Parque de la Madre, en el Centro Histórico de la ciudad, a manifestar una vez más justicia para ella, su hija y sus nietos.
Entre llantos y sollozos declaró ante los medios de comunicación que este día no sólo es doloroso para ella por no tener a su hija, sino también para sus nietos, quienes después de haber festejado sólo dos veces el 10 de mayo desde que fueron secuestrados por su padre, Martín Medina Sonda, no pudieron ver el rostro de su madre en el festival que hacen cada año en su escuela primaria.
Canto Lugo habló sobre la lucha de Ema Gabriela por recuperar y proteger a sus hijas e hijo, a pesar de las injusticias, de los delitos falsos en su contra, de haber sido encarcelada y de que las autoridades le impidieran salir del estado de Yucatán junto con los menores "para estar más segura".
Señaló una vez más a la familia y trabajadores de Medina Sonda como implicados en la autoría intelectual del feminicidio de Ema Molina, así como a Sandra Bermejo Burgos, jueza que en su momento entregó a los menores a la familia del exmarido de la occisa.
"Esto se venía manifestando, esto se venía señalando con toda la historia de violencia de que habíamos sido víctimas, ella en la cárcel, yo también en la cárcel, por un fabricación constante de delitos que nos sigue dejando en estado de indefensión".
Declaró haber recibido un llamado de la Fiscalía General del Estado (FGE) para preguntar sobre la posible participación de la familia de Medina Sonda a la que ella apunta como cómplices del delito, señalamiento que ha realizado desde el fallecimiento de su hija con antecedentes y pruebas que no se han incluido al expediente de investigación.
"¿Quién le devuelve la vida a mi hija? ¿Quién le devuelve su madre a mis nietos? ¿Quién va a hacer que mis nietos olviden que tuvieron que brincar el cadáver de su madre, pisar su sangre para pedir auxilio? ¿Quién les va a quitar el terror que ellos tienen también? Mi nieto abrazándome ¡abuelita no te acerques, te van a hacer lo mismo! Y lo peor es que dijo: mi papá".
Los hermanos de Ema Gabriela acompañaban a su madre, a quien se le unieron en llanto y con palabras de aliento, mientras sostenían sus manos.
"¿Cuántas mujeres hay viviendo todo eso? Hay muchas mujeres a las que les han despojado a sus hijos e hijas de manera injusta y que además les cortan su libertad, no les permiten sanar, las siguen persiguiendo, las siguen teniendo cautivas. Mi hija Ema Gabriela fue y es una mujer ejemplar y esto me hizo a mí como madre voltear a ver que lo que le hacían a mi hija no era el único caso, sino que ya es costumbre en nuestro estado", finalizó.

De la Redacción
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México, mayo (SEMlac).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció un plan de 10 medidas de seguridad tras la muerte de la joven Lesvy Berlín Osorio Martínez en sus instalaciones.
"Ante el reciente hecho inadmisible y condenable de la muerte de Lesvy Osorio Martínez, es una prioridad tomar medidas para salvaguardar la integridad y bienestar de todos los miembros de la comunidad universitaria", señaló la UNAM en un pronunciamiento público.
Indicó que la Universidad Nacional está inmersa en la realidad de un país en donde campean la inseguridad y la impunidad, que ocasionalmente afectan el ambiente de tranquilidad que los universitarios requieren para realizar sus labores.
El cuerpo directivo académico de la Universidad Nacional demandó a la autoridad competente la continuación de las investigaciones que permitan el debido esclarecimiento de la muerte de Lesvy.
Los directores reconocieron el esfuerzo del rector Enrique Graue y anunciaron las siguientes acciones: Mantener la vigilancia permanente en las inmediaciones y en los accesos a las instalaciones universitarias por parte de elementos de seguridad pública.
Además, señalaron, se va a extender y reforzar la iluminación en distintas zonas de los campus; ampliar el número de cámaras de seguridad en los espacios identificados como vulnerables; instalar nuevas y modernas bases de vigilancia; y ubicar botones de emergencia en todos los puntos que sean determinados por las Comisiones Locales de Seguridad.
Igualmente se reforzarán los controles de seguridad en accesos y salidas en las sedes de las distintas entidades académicas; se va a controlar el ingreso a taxis sin pasaje; mejorar la seguridad en el transporte dentro de los campus; incrementar la vigilancia y el patrullaje por las noches en las instalaciones universitarias y continuará el combate permanente a la venta de droga dentro de nuestras instalaciones.
"Estas medidas podrán ser enriquecidas por las Comisiones Locales de Seguridad de la UNAM; algunas entrarán en operación de manera inmediata, mientras que otras se pondrán en marcha de forma paulatina", finaliza el pronunciamiento.

 

De la Redacción
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México, mayo (SEMlac).- Las universidades y escuelas de educación superior de México se han convertido en uno de los lugares más peligrosos para las mujeres: profesoras y alumnas viven violencia de género.
El pasado miércoles una mujer fue encontrada sin vida en Ciudad Universitaria. Los reportes policiacos informaron que el hallazgo se realizó a las siete de la mañana. Fue hasta las cinco de la tarde que la casa de altos estudios emitió un pronunciamiento al respecto.
No es la primera vez que la UNAM reacciona tarde. En 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo que emitir una recomendación (45/2013) por un presunto caso de acoso sexual y lesiones perpetradas por un profesor contra una estudiante de bachillerato y se solicitó al rector la reparación del daño a la menor, mediante atención psicológica y su colaboración en el trámite de queja ante la Contraloría de la UNAM, y la formulación de una denuncia ante la Procuraduría General de la República.
Posteriormente numerosas quejas han salido a la luz en donde las víctimas señalan que son acosadas, que hay hombres que las han grabado en los baños, que reciben amenazas o son objeto de bromas y chistes misóginos. Según un estudio de la propia universidad, cuatro de cada 10 estudiantes, personal administrativo o profesoras han sido víctimas de algún tipo de violencia.
Recientemente Marcelino Perelló fue acusado por declaraciones misóginas emitidas en un programa de radio universitario, el cual fue suspendido, pero sin embargo, este hombre que ahora enfrenta una acusación por apología de delito, sigue siendo profesor de esta institución pese a todos los pronunciamientos de mujeres y organizaciones para que sea destituido.
Según datos publicados en el portal Vice en abril de este año, obtenidos vía trasparencia, la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias dentro de la UNAM señala que del 2014 a 2016 se realizaron 75 denuncias por acoso sexual, es decir un promedio de 25 por año; pero ninguna persona fue sancionada por tales actos.
Pero no se trata sólo de la UNAM. El problema adquiere otras dimensiones cuando se miran los datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que señalan que de 600.000 casos de delitos sexuales que se estiman al año, más del 25 por ciento son denuncias de las estudiantes, es decir, más de 5.000 casos ocurren anualmente en instalaciones y campus de universidades.
Ante este panorama, cada vez más las instituciones diseñan y ponen en práctica protocolos para la atención de la violencia contra las mujeres. La Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Quintana Roo y más recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana cuentan con protocolos.
En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se llevó a cabo un proceso ejemplar en donde fue destituido de su cargo Enrique González Ruiz por hostigamiento sexual, pero ahora busca revertir esta resolución universitaria a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y no sólo eso, sino que recientemente fue considerado dentro del proceso de selección para liderar el Colegio de San Luis.
De acuerdo con la abogada Andrea Medina Rosas, estos avances y su consolidación se enfrentan a constantes obstáculos, marcados por la falta de voluntad política de las diversas autoridades universitarias y de las autoridades educativas a nivel nacional, pues instancias encargadas de la coordinación de los centros e instituciones de investigación no otorgan validez a los procesos internos que las universidades y centros de investigación realizan para investigar y sancionar la violencia de género.
Medina Rosas señala que se construyen situaciones de impunidad, pues una investigación y sanción aplicada por un acto de violencia de género en una universidad no es tomado en cuenta como un referente que restrinja los cargos que se pueden ocupar, y al contrario, sin mostrar ningún cambio de actitud, la persona sancionada es premiada después con la posibilidad de trabajar o de representar a otras instancias educativas.
Tal parece que las universidades no están listas aún para dar respuesta a las demandas de seguridad de las mujeres que ahí estudian o laboran. Colectivos como Pan y Rosas o la Red No Están Solas han dejado en claro en diversas ocasiones que es muy difícil que las autoridades universitarias respondan de manera efectiva por lo que a las víctimas, al parecer, sólo les queda la opción de enfrentar largos procesos penales, o juicios laborales para acceder a la justicia.

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