Violencia de género

Violencia de género (471)

Por Tamara Vidaurrázaga Aránguiz
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Santiago de Chile, mayo (SEMlac).- Coyhaique, Santiago, Valparaíso, Temuco, Valdivia e Iquique han sido escenarios de manifestaciones de feministas, indignadas por un nuevo caso de feminicidio frustrado que ha conmovido a la prensa y la ciudadanía. Se trata de Nabila Rifo, quien fue encontrada en Coyhaique, en el extremo sur de Chile, con múltiples fracturas en su cráneo, pérdida de piezas dentales y masa encefálica, y sin sus globos oculares.
La directora del Instituto de la Mujer, Gloria Leal Suazo, indicó a SEMlac que "el horror vivido por Nabila es una de las distintas formas de violencia que vivimos las mujeres, la mutilación y tortura de nuestros cuerpos, con el fin de castigarnos. Hoy es Nabila ayer fue Beatriz y cuantas otras mujeres que son y han sido violentadas en forma extrema".
La misma mañana del sábado en que fue encontrada Nabila, la comunidad de Coyhaique se manifestó contra la brutal agresión en las afueras del hospital donde se encontraba la víctima, con el eslogan "Ni una más" y acompañados de carteles y globos.
Mariza Romero, del colectivo feminista Desnudando de la misma ciudad, indicó a SEMlac que esta acción "nace de la necesidad de visibilizar la violencia de género, repudio total a la agresión, sensibilizar a la ciudadanía e interpelar a los representantes del gobierno regional". 
Agregó que esta "agresión de tortura nos lleva a la reflexión de qué responsabilidad tenemos como ciudadanía, qué responsabilidad cabe en las autoridades de turno".
Tras conocerse el caso en la prensa se han realizado en Santiago manifestaciones diarias en contra de la violencia machista, que -tras el traslado de Nabila a la Posta Central de esta ciudad-- se apostaron fuera del recinto de salud con las consignas "Todas somos Nabila" y "¡Cuidado! El machismo mata", campaña que desde hacer 10 años realiza la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
En el puerto de Valparaíso, las feministas se convocaron en la plaza Victoria para visibilizar la violencia contra las mujeres. Nadia Poblete, de la Colectiva La Huacha Feminista, indicó que "la reacción de las mujeres y de las feministas en la calle es fundamental para manifestar un rechazo y un repudio categórico a toda manifestación de violencia contra las mujeres.
Precisó que "esta sensibilización y reacción de las mujeres, y de las feministas en particular, es fruto de la lucha permanente que hemos hecho las agrupaciones feministas como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y todas las organizaciones que la componemos".
Las acciones se han realizado también en Valdivia e Iquique, y en Santiago continuarán mientras Nabila continúe internada. Los médicos señalan que la víctima de esta brutal violencia se encuentra fuera de riesgo vital y que próximamente saldría de coma inducido en que la mantienen, momento para el que existe un equipo de sicólogos y psiquiatras destinados a apoyar su recuperación.
La presidenta Michelle Bachelet y la titular del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, visitaron a Nabila Rifo en la Posta Central. A juicio de la gobernante, este "es un caso que nos tiene shockeados a todos, el nivel de violencia, brutalidades algo tremendo, vamos a trabajar sin descanso como gobierno para que podamos seguir trabajando para evitar que este tipo de casos vuelvan a suceder".
Para Gloria Leal, el problema es que las instituciones no llegan a tiempo dado que al interior de ellas se naturaliza la violencia, cuestión que es más grave aún en regiones.
El fondo de casos como el de Nabila es que "las mujeres vivimos violencia durante todo nuestro ciclo de vida, a las niñas y adolescentes se les viola y abusa sexualmente dentro de sus propios hogares, luego en las calles se les toquetea porque se piensa que el cuerpo es de otros, o sea nuestro cuerpo es posesión de otros que sienten derecho a golpearnos, violarnos, manosearnos, torturarnos y hasta mutilarnos".
Nabila tiene 28 años y cuatro hijos. El sospechoso de la agresión, su expareja, fue detenido y formalizado.

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 17 mayo 2016.- La trata afecta a 21 millones de personas con diferentes fines: principalmente la explotación sexual, pero también el trabajo forzoso y la explotación laboral o el tráfico de órganos. Un tercio de sus víctimas son menores, lo que supone que siete millones de niños y niñas se enfrentan actualmente a la trata en el mundo.

Dos de cada tres son niñas. La vulnerabilidad aumenta además en situaciones de conflicto y de emergencia. Nepal, tras el terremoto sufrido hace un año, es un ejemplo de ello. Ayuda en acción, ha lanzado la campaña #sacalosdelmercado que busca apoyos para evitar que miles de menores caigan en la redes de la trata o para rescatar y dar una oportunidad a los que ya han sido víctimas. 
El terremoto de Nepal, registrado el 25 de abril de 2015, no sólo provocó siete mil víctimas mortales e innumerables daños materiales. Un año después de la tragedia, el caos y la pobreza han constituido un caldo de cultivo para las mafias de la trata, que se ceban en las víctimas más vulnerables: las mujeres y los niños. En un país en el que uno de cada cuatro habitantes vive bajo el umbral de la pobreza, la dependencia de potencias extranjeras como India y China es total, y el Gobierno no parece capaz de dar respuesta a familias enteras que lo han perdido todo, aquellos 7,8 grados de magnitud han supuesto un retroceso de seis años en su desarrollo.

En este contexto, la campaña #sacalosdelmercado, de Ayuda en Acción, quiere evitar que miles de menores caigan en la redes de la trata, así como rescatar y dar una oportunidad a los que ya han sido victimas. No en vano, Ayuda en Acción lleva trabajando en Nepal desde 1984, donde combate el tráfico de mujeres, niñas y niños junto a la organización Maiti Nepal. Su labor incluye el reparto de alimentos a 92 mil personas, dotar de viviendas seguras a cinco mil familias y asegurar la recuperación de medios de vida de otras ocho mil750 y la creación de 26 espacios seguros para mujeres y niños y de 50 centros temporales de enseñanza.

En el marco de esta campaña, que combate un problema global que afecta a 21 millones de personas en todo el mundo, la ONG presenta asimismo el vídeo documental “Vendidas por el terremoto”, que analiza el problema en terreno a través de la historia de Kanchi, víctima de trata tras perder a su madre y su hogar en el desastre.

“Me vendieron con 11 años”

El documental da a conocer también de primera mano las historias de Purnima, víctima de trata a los 27 años, Radikha, víctima a los 14, o Phulsani, explotada a partir de los 11 años. “No hay cifras oficiales sobre el aumento de la trata después del terremoto; pero a través de nuestro trabajo diario en los 10 puntos de vigilancia que tenemos en la frontera abierta con India, nos dimos cuenta de que los intentos de traficar con niñas y mujeres se habían duplicado, por lo que también duplicamos nuestros esfuerzos no solo en la frontera con India, sino en nuestras labores de rescate de victimas y nuestro trabajo de prevención en las aldeas”, asegura Bishwo Khadka, director de Maiti Nepal, organización socia de Ayuda en Acción en la lucha contra la trata en este país.

Por Gabriela Ramírez
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México, mayo (SEMlac).- Por primera vez, víctimas directas e indirectas de violencia obstétrica comparten testimonios ante seis expertas internacionales en un Tribunal Simbólico de Muerte Materna y Violencia Obstétrica, donde quedó de manifiesto que este tipo de violencia se ha normalizado, que es resultado de la crisis de derechos humanos del país y que ha llegado hasta los hospitales. 
En este tribunal, convocado por 27 organizaciones, se compartieron historias de mujeres que sufrieron violencia obstétrica; testimonios de familiares que han perdido a una mujer en el proceso antes, durante o posterior al parto, y relatos de madres que perdieron sus hijos por omisión o negligencia en la atención médica; de quienes han estado al borde de la muerte; de quienes fueron discriminadas por tener VIH o sida, o aquellas que sufrieron esterilización forzada.
El común denominador: falta de médicos especialistas, ausencia de equipamiento, mala atención, malos tratos, discriminación étnica, escasa información por parte del personal médico, secuelas físicas y psicológicas, y una nula esperanza de acceso a la justicia.
"Carolina", originaria de Guanajuato, narró que perdió a sus gemelas, dos niñas que nacieron muertas porque en el hospital nunca estuvo en manos de especialistas, siempre de residentes.
"Luego de horas me sacaron a las bebés y me llevaron a una sala donde estaban las mamás con sus hijos. Yo no vi a mis bebés, solo vi dos bultos. Además, el personal médico y de enfermería llegaba a preguntarme por mis hijas, no puede ser que no leyeran el expediente".
El esposo de Susana Hernández, de Chiapas, narró que ella murió porque no había personal en el hospital ni equipo médico.
"Me dijeron que mi esposa había muerto de un paro cardíaco, pero sé que la operaron tres veces, le quitaron hasta la vesícula y no vivió. Nuestra hija se salvó y yo no quiero que le vaya a pasar lo mismo". 
Las personas que compartieron testimonios provenían de la Ciudad de México, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
Se expusieron 17 casos de violencia obstétrica y 10 de muerte materna, experiencias que pusieron de manifiesto que el parto es el momento en que más se violaron los derechos humanos de las mujeres, seguido del posparto y el embarazo.
De estos 27 casos presentados, hubo 10 muertes fetales y cinco neonatales; y 24 niños y niñas quedaron huérfanos por las omisiones cometidas mayoritariamente en unidades de salud y hospitales de la Secretaría de Salud federal y las estatales, seguidas por las del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Gladys Acosta, experta independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, expresó que la cadena de violaciones a los derechos humanos de las mujeres es producto de una larga historia y tiene responsables, son los políticos, los que están en el gobierno federal, estatal y municipal.
"Decirlo en voz alta es la única forma de luchar y tenemos que entender que detrás de cada caso hay violencia institucional, porque tenemos políticas de salud equivocadas, orientadas con un enfoque financiero y esto se agrava en el caso, por ejemplo, de las mujeres indígenas", dijo Acosta.
Explicó en este tribunal que hay que reconectar con la vida, humanizar la atención, "porque este es un sistema que nos está matando". 
Es necesario, añadió, hacer recomendaciones concretas a los Estados y promover protocolos a fin de establecer sanciones para tratos crueles e inhumanos y determinar mecanismos de quejas porque no es posible esperar a que lleguen los grandes cambios, hay que empezar por cada hospital, cada comunidad.
Por otra parte, Julissa Mantilla, abogada y profesora de la Maestría de Derechos Humanos y de Género de la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo que el patrón general expuesto en los testimonios habla de una responsabilidad del Estado.
"No es un problema solo de mujeres, es una violación de derechos fundamentales que afecta a familias, comunidades, países y regiones".
Alda Facio, una de las relatoras especiales sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica de la ONU, señaló que no se puede permitir que la muerte materna se considere como algo natural, porque es clara muestra del poco valor que se atribuye a las mujeres y al respeto de su dignidad. 
Al respecto, Alicia Yamin, directora de Políticas Públicas del Centro François - Xavier Bagnoud para la Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, explicó que la mortalidad materna es una radiografía de nuestras sociedades, de los patrones de exclusión que viven las mujeres y de cómo funciona el sistema. "Este es un país convulsionado por la violencia en su sociedad", expresó.
Hay un gran desafío hacia adelante, dijo Sandra Oyarzo, matrona y profesora de la Universidad de Chile. "Es urgente que no haya más muertes de mujer y bebés, es urgente que el nacimiento sea un momento para celebrar la vida y que las mujeres accedan a sus derechos a la vida, la salud y a tener una atención calificada". 
Finalmente, Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, señaló que el Estado mexicano está obligado a respetar los derechos de las mujeres, a evitar este tipo de violaciones y a impedir su repetición.

Por Gabriela Ramírez
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México, mayo (SEMlac).- En México es mayor la sanción por una infracción de tránsito que por el delito de hostigamiento sexual, pese a que este último genera daños psicológicos, físicos, emocionales, laborales y económicos a las víctimas.
La sanción establecida por el Código Penal Federal para el delito de hostigamiento sexual es de hasta 40 días de multa; es decir, lo máximo que puede pagar una persona que haya hostigado a otra, sin importar el tiempo o el daño, son 2.923 pesos (unos 162,37 dólares). En contraste, las infracciones de tránsito o del programa "Hoy no circula", que limita el tránsito vehicular por la ciudad, oscilan entre los dos mil y 4 mil pesos (entre 111 y 222 dólares aproximadamente). 
Informes del Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Función Pública revelan que en solo en un año se presentaron 26.000 casos de hostigamiento sexual en 258 dependencias gubernamentales, pero únicamente se denunciaron 8.000; es decir, tres de cada 10.
El informe destaca que de los 26.000 casos de hostigamiento registrados en la Administración Pública Federal, 60 por ciento de las afectadas decidieron renunciar y 25 por ciento fueron despedidas por no cumplir con las peticiones del acosador.
En 2012, el Colegio Jurista señaló, luego de un estudio, que en México 1,4 millones de mujeres padecen acoso sexual en el trabajo, esto es, el 10 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). Además, la institución dijo que este delito no se denuncia en el 99,7 por ciento de los casos.
"Las mujeres no denuncian: primero, porque es muy difícil probar, este delito que ocurre en secrecía, en la intimidad de una oficina", por ejemplo. 
"Además, pensar en el tiempo que lleva y los gastos que implica una denuncia, desalienta a las víctimas, quienes muchas veces prefieren quedarse tranquilas y buscar otro trabajo. Muchas de ellas temen que haya represalias porque se enfrentan a hombres que tienen importantes puestos en los gobiernos federal, los estatales, locales o en universidades y centros de estudios", explica Emiliano Robles Gómez Mont, abogado penalista. 
Agregó que, además, muchas veces el personal que funge en los Ministerios Públicos no cuenta con la capacitación necesaria para estar sensibilizados respecto a estos delitos. 

El marco legal, cada quien por su lado
De acuerdo con una iniciativa de proyecto de decreto presentada en la Cámara de Diputados, en 2014 por María Guadalupe Talamante Lemas, el Código Penal Federal ha quedado rezagado en cuanto al tipo penal de hostigamiento y abuso sexual, ya que las legislaciones de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Guerrero, Durango, Nayarit, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, prevén sanciones de prisión para estos agresores.
En Baja California, por ejemplo, fija hasta 200 días multa y rebasa la ley penal federal. En tanto, los Estados que no contemplan el tipo penal son: Campeche, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala.
En mayo de 2014, la diputada Talamante Lemas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 259 Bis, adicionar un párrafo al 260 y un párrafo segundo a la fracción III del artículo 266 Bis del Código Penal Federal, para establecer una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 200 a 500 días de salario.
La iniciativa no ha sido votada todavía, se encuentra en comisiones.
Por otro lado, las leyes no están homologadas, en algunos casos se tipifica como delito el hostigamiento sexual, pero no así el acoso sexual y se cree que son sinónimos.
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece una diferencia importante entre hostigamiento y acoso sexual.
"El hostigamiento sexual se define como el ejercicio de poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y connotación lasciva".
"El acoso sexual se define como una forma de violencia, en la que si bien no hay subordinación, hay ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos".
Sin embargo, en el Código Penal Federal solamente está establecida la figura del hostigamiento sexual en el artículo 259 BIS.
En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, no tienen clara esta diferencia. Según el registro de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), para 2014 reportan 39 denuncias por hostigamiento sexual; en 2015 no se reporta hostigamiento sino acoso sexual y hubo 33 denuncias. En 2016 solo hay una denuncia por acoso sexual.
En diciembre de 2015, el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH) anunció que en breve se daría a conocer un protocolo guía para la atención y hostigamiento sexual en la administración pública federal con la finalidad de atender estos casos y evitar la revictimización, a la fecha no se ha aprobado.
Actualmente, la Secretaría de Salud, una de las dependencias federales que cuentan con un Comité para Prevenir y Atender Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, ha atendido desde 2011 a la fecha cinco casos. Dicho Comité está integrado por seis personas, de las cuales una es mujer.
De esos cinco casos, solo uno contó con los elementos para iniciar un procedimiento de atención por presuntos actos de hostigamiento y acoso sexual, según información obtenida a través de Infomex, pero no ha establecido ninguna sanción porque es una instancia de prevención y atención que no cuenta con facultades para sancionar.

Por Alba Trejo
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Guatemala, mayo (Especial de SEMlac).- Eran jóvenes y muchas ni siquiera habían iniciado una vida conyugal; otras estudiaban y vivían con sus padres. 
Eran mujeres a las que se les vedó la oportunidad de formar una familia y, en otros casos, de ver crecer a sus hijos. Son las que, de un momento a otro, se convirtieron en el número grueso de las estadísticas de los femicidios en Guatemala. 
Razones hay muchas por las que las adolescentes, casi niñas, reciben descargas de arma de fuego sobre sus cuerpos. Se opusieron a formar parte de una estructura criminal de extorsionistas, se involucraron con un hombre agresivo o formaban parte de una pandilla.
A la Fundación Sobreviviente y la Red de la No Violencia contra la Mujer les preocupan no solo los asesinatos de las 705 guatemaltecas en 2015, también que 68 por ciento de ellas no sobrepasaban los 35 años de edad. 
"Cada vez son más jóvenes las mujeres asesinadas y eso me tiene con mucho pendiente", dice la activista Norma Cruz de la Fundación sobrevivientes. "Pero más me aflige que el 17 por ciento de ese 68 por ciento corresponda a niñas y adolescentes que no lograron llegar a tener en sus manos ni su documento de identificación personal y ya están en una tumba", puntualiza Cruz. 
Vidas truncadas no solo por una bala, sino también de asfixia por estrangulamiento o por cuchilladas, y que agregado a eso fueron envueltas en sabanas lanzadas a barrancos, a cunetas o metidas dentro de baúles de carros abandonados con mensajes claros hacia las mujeres para sembrar el terror. 
"Muerte por infiel" o "por no pagar la extorsión" son textos que aparecen en papeles que son introducidos en las ropas de las víctimas.
La Fundación Sobrevivientes hizo un estudio que perfiló las muertes violentas de mujeres de acuerdo a la forma. 
Arma de fuego con sicarios es una de ellas. Claudia Hernández, directora de la ONG, dijo a SEMlac: "nosotras les llamamos asesinatos limpios porque son rápidos, se dan en un término de 15 a 20 minutos, en la mayoría de los casos sus agresores son sicarios contratados por un marido o novio".
Arma de fuego más maras es el otro perfil. Hernández comentó que en este operan las pandillas y suelen utilizar más munición, ya que en algunos casos no hay experiencia en el manejo del arma, se dispara al azar y los asesinatos se dan en el área geográfica de control del grupo.
Son personas jóvenes entre los 14 y 25 años que preguntan por ella y, de forma rápida, desenfundan el arma. En la mayoría de casos los impactos son en la cabeza o el abdomen, no suelen hacer más de tres impactos. 
Arma de fuego y crimen organizado o narcotráfico es una tercera clasificación. Estos crímenes presentan un patrón y modus operandi fácilmente identificable: las víctimas son personas relacionadas, ya sea por lazos familiares o por ser parte del grupo; se realizan con premeditación y su ejecución se lleva a cabo en operativos estilo comando, en vehículos de cuatro puertas, vidrios polarizados; se utilizan armas de grueso de determinado calibre y el número de impactos de bala es grande.
Otras mujeres también aparecen partidas en pedazos: un tórax, una cabeza o un brazo y el resto del cuerpo no suele aparecer.
Nery Cabrera, director del Instituto de Ciencias Forenses (INACIF), dijo a SEMlac que es escalofriante ver pequeños cuerpos de niñas de ocho, 10 o 12 años de edad con una bala en la cabeza, en el abdomen o la espalda. 
Los datos reportados por el Ministerio Público (MP) son el insumo con el que se cuenta para que organismos internacionales de derechos humanos consideren a este país de Centroamérica como el tercero después de México y Honduras donde se mata a más mujeres.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en su informe de 2012 "Ocultos a plena luz", coloca a esta nación como la tercera de 10 en el mundo, después de Lesoto y Nigeria, donde se asesina a más mujeres, niñas y adolescentes entre los 0 y 19 años de edad.
De acuerdo a estadísticas entregadas a SEMlac por INACIF, al menos en 10 años unas 7.000 guatemaltecas perdieron la vida a manos de un agresor cercano a ellas. 
En Guatemala a diario son asesinadas una o dos mujeres. Tanto así que los medios de comunicación ya las incluyen en las notas de sucesos como noticias breves y han dejado de ser una noticia alarmante.
"Que las víctimas sean jóvenes muestra el hecho que son mujeres que están incursionando en el ámbito público, que se han apartado del rol tradicional que se ha asignado a las mujeres" dijo a SEMlac Hilda Morales, defensora de la mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en alusión a que ese cambio provoca la molestia del machismo y patriarcado de este país.
Morales señala que nadie se da a la tarea de saber de la vida de cada una de las adolescentes asesinadas, por eso la población no se entera de quiénes son.
Carmen Cáceres, de Convergencia de Mujeres (CONVERMUJERES), indicó a SEMlac que existe una "mezcla de violencia delincuencial con violencia de género, especialmente en contra de la mujer" 
"Los femicidios han dejado de ser un problema de impacto en la sociedad. Si comparamos el asombro y el rechazo que causaban en 2008 con la forma que ahora se perciben, hay una gran diferencia", destacó.
Probablemente la reiteración de las muertes violentas de las mujeres, los señalamientos de su posible pertenencia a grupos delincuenciales, sin mayor análisis, y la impunidad que aún prevalece han insensibilizado a la población y tiende a "naturalizarse" el problema en un ambiente androcéntrico y misógino", puntualizó la activista.
Verlas tiradas en las calles, tras haber sido asesinadas de las formas más crueles, ya no causa ningún sentimiento de rechazo en la población señala Morales.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, califica las muertes violentas de mujeres como crímenes de venganza, problemas amorosos, robos, extorsiones y violencia intrafamiliar.
Si de pandillas se trata, estos grupos socaban la vida de las niñas más que ninguna otra persona. La actual forma de ingresar a la mara ha cambiado, antes era la violación de parte de unos ocho miembros a la mujer y una golpiza; hoy son obligadas a delinquir y, cuando no cumplen con los requisitos que les piden, las matan.
Para ellas es difícil vivir en los sectores marginales de la ciudad, principalmente porque cuando las pandillas las observan y las quieren reclutar, les ordenan a matar a un piloto del transporte urbano y extorsionar a un empresario.
Cuando vencen la prueba, pasan a ser propiedad de alguien y, si deciden abandonarlo por otro hombre, la muerte es inminente.
Pero Morales, de la PDH, sostiene que no se trata solo de eso, pues niñas que se oponen a ingresar a la pandilla son asesinadas sin miramientos en la calle, a balazos y a plena luz del día.
El Ministerio público cuenta con cinco fiscalías contra el femicidio y en todas ellas las investigaciones dan cuentan de que las mujeres jóvenes mueren en manos de su novio, amigo o grupo pandillero.
Lo que también desmitifica la creencia de que todas las adolescentes asesinadas son pandilleras: de acuerdo al perfil que tienen en la fiscalía, muchas estudiaban, otras vendían productos o trabajaban, cuando alguien acabó con sus vidas.
El monitoreo efectuado por Convermujeres refleja que hay más mujeres que mueren descuartizadas que hombres por las maras, esto a razón de 10 contra cinco. 
Otros casos están ligados a la violencia ejercida sistemáticamente por sus parejas, esposos, novios o convivientes. 
Pero hay casos emblemáticos, en que los esposos les han dado muerte y de manera burda o cínica han escondido los cadáveres, presentando ellos mismos denuncias por desaparición de sus esposas o publicando la ausencia de ellas en el Facebook, destacó Hilda Morales.

Por Sara Lovera
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México. Cd. de México, mayo (SEMlac).- En 2014 ocurrieron 2.289 feminicidios en México, el promedio es de 6,3 asesinadas al día, 3,7 por cada 100.000 mexicanas.
No obstante, a partir de 2012 los asesinatos de mujeres con presunción de feminicidio han disminuido entre siete y 13 por cada 100.000 mujeres.
La cuenta de asesinatos en 30 años, según Naciones Unidas, habla de 47.178 asesinadas, más de 1.500 al año, 4,3 al día.
Los Estados del país con más altas cifras de mujeres asesinadas son: Chihuahua y Chiapas con una tasa de 9 y 9,6 por cada 100.000 mujeres, seguidos por Tamaulipas con 7,2; Oaxaca con 6,4 y Sinaloa con 5,9. Morelos se ubica en el sexto lugar y Estado de México en el noveno. Las tasas más bajas de asesinatos suceden en Aguascalientes y Yucatán.
En 2014, el municipio con mayor número de mujeres asesinadas fue el puerto de Acapulco, en Guerrero; seguido por Culiacán, en Sinaloa, y Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy, en 10 municipios del país ocurre uno de cada seis asesinatos.
Pese a la tendencia a la baja en el promedio nacional, hay ocho entidades de la República donde sucede lo contrario; ahí han ido creciendo. Esas entidades son: Tlaxcala, Hidalgo, Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora, con tasas superiores a la nacional, de 3,7.
También revelan las estadísticas que mientras ha habido una disminución de los asesinatos en la vía pública, con una tendencia descendente consolidada, en el hogar se han mantenido las mismas cifras en los últimos 16 o 18 años. Esto significa que hoy la casa familiar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres.
Respecto de la impunidad, el último dato registrado indica que para 2012 solamente hubo sentencias condenatorias para el 15,4 por ciento; mientras que entre 1997 y 2004 había hasta 80 por ciento de sujetos en proceso. En 2014 solo hubo 12.638 denuncias, con una alta tasa de cifras negras.
Esta información se halla en el resumen ejecutivo de un estudio denominado "La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias 1985-2014", elaborado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres y que fue presentado durante una reunión en la que se echó a andar la Alianza Contra la Violencia Hacia las Mujeres: Acciones y Compromisos, que incluye los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
El estudio es una publicación actualizada que muestra una tendencia al descenso de los asesinatos de mujeres con presunción de feminicidio durante tres años consecutivos y, según las bases de datos de INEGI, estudios realizados por el Colegio de México, la Cámara de Diputados y la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios en colaboración con el INMUJERES.
El estudio tuvo como investigador principal a Carlos Javier Echarri Cánovas, de ONU Mujeres, y fue coordinado por María de la Paz López Barajas, Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género de INMUJERES. El informe, en su presentación ejecutiva, tiene 19 páginas y nueve apartados.
Se fundó en información de los certificados de defunción y analiza información de los últimos 30 años. Habla de tres momentos en la tendencia de los asesinatos de mujeres.
El primero, entre 1985 y 2007, esta última fecha la de aprobación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia. Esta etapa muestra una tendencia francamente descendente, de 1.486 casos en 1985 a 1.087 casos en 2007; luego la curva sube, cada año, hasta 2011, con más de 2.594 casos.
El segundo momento significado por el documento es entre 2008 y 2012, según refiere el análisis directamente relacionado con un incremento sistemático de la violencia en México. Las cifras y hechos más altos llegaron a la cúspide en 2012, con una tasa de 4,6 asesinatos de mujeres por cada 100.000.
En 2010 y 2011 se contabilizaron 2.716 y 2.761 casos. En 2012 empezó a descender, con 2.594 casos.
En un tercer momento se observa una reducción de siete por ciento en 2013, con una tasa de 4,3 por ciento y en 2014 se redujo en 13 por ciento, 2.289 casos, alcanzando una tasa de 3,7 por cada 100.000 mujeres.

Los lugares donde ocurren

El documento señala que la información de los certificados de defunción identifica los feminicidios ocurridos en la vía pública, en el hogar y refiere los medios usados en cada agresión.
En el hogar, por arma de fuego, hubo un máximo de asesinatos en 2010 y se ha mantenido hasta 2014, frente a los asesinatos en la vía pública, que han disminuido más rápidamente. Es decir, hoy día los niveles más altos están en los hogares.
Se explica que ello había cambiado, por la época más aguda de la persecución al narcotráfico y el crimen organizado. Por ejemplo, entre 2007 y 2012 se cuadruplicaron el ahorcamiento y similares, pero en los últimos dos años se redujeron en 37 y 39 por ciento, respectivamente.
No obstante, hay un aumento reciente de casos en que las mujeres son estranguladas o acuchilladas en sus viviendas. Con arma de fuego, en el hogar, los casos se duplicaron entre 2007 y 2011.
El estudio señala la reducción de feminicidios ocurridos en la vía pública, mientras no decrecen los que tienen lugar en los hogares. Las cifras globales indican una disminución lenta en 2014, pero en los hogares es de la misma magnitud, 16 años después. Tiene una línea inamovible. 
Los asesinatos en vía pública descendieron entre 2011 y 2014, tanto con arma de fuego como otros. El ahorcamiento en casa tiene una tendencia al aumento en 2012, pero baja lentamente hasta 2014.
Advierte la investigación que no se pueden hacer definiciones concretas para señalar un Estado del país en particular, porque los datos evidencian variaciones constantes.
Sin embargo, entre 2013 y 2014 unas ocho entidades han incrementado las tasas de homicidio: Tlaxcala, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, Sonora y San Luis Potosí.
Y también en Zacatecas, que en tiempos de altas tasas nacionales tenía 1,1 por cada 100.000 mujeres y en 2013 llegó a seis por la misma proporción. Y en Colima aumentó 3,33 veces entre 2008 y 2010. Hoy Colima está en el sétimo lugar.
El documento contiene diversas comparaciones y ejemplos. Señala que Guerrero ocupa el primer lugar en 2006 y 2007; el tercero en 2008 y 2009; pero tuvo el segundo entre 2011 y 2012, y volvió al primero entre 2013 y 2014. Es decir, las variaciones en un lugar no necesariamente hablan de mejoras consolidadas.
El Estado de México ocupó el primer lugar entre 1988 y 1997 de manera continua. Ese puesto fue ocupado, durante los últimos 20 años, por Guerrero y Chihuahua.
Sin embargo, a partir de 2001, la norteña entidad de Chihuahua se ha mantenido en los primeros lugares.
Los municipios de más alta peligrosidad, por el número de feminicidios que en ellos ocurrieron en 2014, de más a menos son: Acapulco, Guerrero; Culiacán, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua; Chihuahua, Chihuahua; Ecatepec de Morelos, Estado de México; Tijuana, Baja California; Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en la Ciudad de México; León, Guanajuato, y Guadalajara, Jalisco.

 

Por Lirians Gordillo Piña
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La Habana, abril (Especial de SEMlac).-Una llamada telefónica es, muchas veces, el nexo que durante meses o años une a emigradas cubanas con su familia en la isla. Pero un día esa llamada telefónica puede conectar a madres y familiares con otra realidad mucho más dolorosa y hasta el momento invisible: la violencia machista.
"Nunca olvidaré la hora y lo que estaba haciendo cuando sonó el teléfono. Me puse como loca. Del otro lado alguien me decía que mi hija Jenny había fallecido", recuerda Noemí de Cárdenas.
Gracias al apoyo de amigos, colegas y familiares, Cárdenas pudo tomar un avión a Lima, Perú. Esta profesora de semiótica del Instituto Superior de Arte (ISA) afirma que su preparación profesional fue la que le permitió ver los signos de que algo pasaba. 
Pese reunir pruebas que demuestran el abuso físico y emocional que sufrió Jenny Montero de Cárdenas a manos de su esposo, este fue absuelto en la investigación como autor de su muerte. 
Jenny tenía solo 30 años cuando murió el 30 de octubre de 2011, dejaba una niña de casi dos años. Su historia devela las vulnerabilidades de las emigradas, cubanas o no, frente a la violencia por motivos de género.
"Con mucho dolor fui encontrando fotografías de cuando la golpeaba, fui atando cabos y me di cuenta de que la versión de muerte por infarto era falsa", dijo Cárdenas a SEMlac.
Según datos oficiales, cerca de dos millones de cubanos (casi 11 % de la población) vive fuera de la isla y las mujeres representan casi la mitad de esa cifra. 
La búsqueda de mejores condiciones económicas, becas para la superación profesional y contratos de trabajo en el exterior estimulan a las más jóvenes a salir del país; algunas lo hacen solas y otras acompañas de sus parejas. 
Pero aquellas cubanas que logran sortear las dificultades del traslado y escapan de las bandas de tráfico de personas y trata de mujeres todavía tienen otros retos que resolver en el lugar de destino. Historias recientes reflejan que la violencia de género puede ser una de ellas. 

Mujer y emigrante: en el límite de la violencia

Estudios sobre violencia de género y emigración señalan las complejas vulnerabilidades a las que se enfrentan las emigradas.
"La combinación inmigración y violencia de género provoca unas situaciones de vulnerabilidad mayores para las mujeres inmigrantes y unos recortes de derechos, más aún que si estuviéramos hablando de mujeres nacionales víctimas de violencia de género", apunta la jurista española Raquel López Merchán en su artículo "Mujer inmigrante víctima de violencia de género".
Según la autora, incide en este fenómeno el duelo migratorio, entendido como una situación psicológica especial que condiciona las percepciones y el comportamiento de quienes emigran.
Además, el choque cultural y las dificultades que implica un idioma diferente a la lengua natal se unen a la carencia de redes sociales naturales como la familia y las amistades. 
López Merchán subraya en su artículo de 2013 la fuerte dependencia de la mujer inmigrante respecto de su pareja. 
"En muchos casos han venido gracias a la reagrupación familiar o no tienen documentación propia o en regla, no tienen ingresos propios, etc. Todo esto contribuye a dificultar la independencia de las mujeres, que sufren violencia de género para disponer como quieran de su vida", refiere la especialista.
Estas variables también influyeron en el caso de Jenny Montero de Cárdenas. Santiago Ariel Llerena Díaz mantenía con ella una relación de años en Cuba, pero la historia de violencia se produjo en la distancia, alejada de conocidos y familiares. 
Según la madre de la víctima, el maltrato sistemático al que estuvo sometida su hija en un país ajeno, sin trabajo, con una hija de meses y sin redes de apoyo "desmanteló su psiquis". Montero de Cárdenas tuvo pocas oportunidades de salir del círculo de la violencia.
La esperanza de que es posible mantener el vínculo afectivo y que no se repetirán los maltratos pone a las víctimas en desventaja.
"El maltratador siempre cuenta con el silencio, el miedo y la vergüenza de la víctima. Por eso es importante hablar", reconoce de Cárdenas.

El complejo acceso a la justicia
Para Manuel Vázquez Seijido, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), el estatus migratorio es fundamental en el acceso a la justicia.
"Una cubana que tiene un estatus legal según las regulaciones del país receptor, tiene mayores posibilidades de acciones el sistema de justicia", dijo el abogado a SEMlac.
Del estatus migratorio depende en parte la posibilidad de acceder al empleo y, por tanto, contar con recursos económicos que les permitan contratar representación legal.
Noemí de Cárdenas sufrió esas limitantes en carne propia. A 3.959 kilómetros de La Habana, esta académica altamente calificada tuvo que buscar empleos temporales, contar con la colaboración de amistades y pedir la solidaridad de organizaciones de mujeres para poder sobrevivir y enfrentar los complejos procesos judiciales, uno de los cuales le permitió ganar la guarda y cuidado de su nieta Sasha Naomi Llerena Montero, quien actualmente reside con ella en La Habana.
Durante los dos años que vivió en Perú, Cárdenas luchó porque se realizara el proceso penal y reclamó a la fiscalía provincial en lo penal de Lima. Con la representación de un abogado criminalista y académico de una Facultad de derecho en Lima, pudo presentar pruebas relevantes sobre el atentado a la vida de Jenny.
De manera solidaria lograron un peritaje del reconocido médico legista y anátomo patólogo peruano Dr. José Ernesto Ráez González, quien concluyó que "me impresiona como un síndrome asfíctico. No se puede descartar lesiones en el cuello como secuelas de oclusión".
Sin embargo, el tribunal falló a favor del demandado. El 10 de diciembre de 2014 recibió la notificación de la fiscalía archivando el caso. La madre cubana continúa denunciando en las redes sociales el feminicidio de su hija. 
"Tengo todas las pruebas que demuestran que él es culpable, pero la justicia peruana se cerró a hacer justicia en este clarísimo caso. Yo sospecho que todas las irregularidades que se cometieron en la pésima investigación llevada a cabo en este caso tienen como mal de fondo la corrupción", afirma de Cárdenas.
Los prejuicios y estereotipos que relegan a las y los migrantes a ciudadanos de segunda pueden recaer en las víctimas de violencia machista. La falta de orientación y apoyo, tanto de las víctimas como de sus familiares, también pone la mirada en las autoridades del país natal.
Vázquez Seijido subraya que el carácter territorial de las leyes pauta los límites de la actuación 
del Estado cubano, sus instituciones y embajadas. 
"Nuestras embajadas no tienen la capacidad jurídica ni económica para dar un acompañamiento a estas víctimas. Pero sí debieran incluir ese acompañamiento y orientación a la ciudadana cubana en el país de destino", opina el abogado cubano.
El especialista destaca que el principal mecanismo de protección para las víctimas son las leyes nacionales, pues aún no existen instrumentos jurídicos internacionales que hagan mención a la violencia hacia las mujeres por motivos de género en el contexto migratorio. 
"Desde el punto de vista jurídico internacional, pudiera acompañarla la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) según se aplique en ese país", apunta el abogado.
También puede ser estratégico buscar apoyo en organismos internacionales que se encargan de velar por el respeto a los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales que apoyan a víctimas de violencia de género. 
Aunque Cuba no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cubanas residentes en la región latinoamericana podrían denunciar en esa instancia al agresor en particular o al Estado de ese país, si este no accionase para protegerla frente a un delito que califica como una violación de los derechos humanos.

Por Sara Lovera
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México, abril (SEMlac).- El poder del maestro se manifiesta sobre las alumnas e incluso sobre las profesoras. La escuela, como ya se ha dicho de la casa, también es un lugar peligroso para las mujeres y, por si fuera poco, los procesos universitarios o penales resultan tortuosos para las víctimas.
En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en 2013 se presentaron, de manera independiente, dos denuncias en contra de dos profesores: una por parte de estudiantes y la otra de profesoras. Ambas por la vía administrativa y no por la penal.
En estos casos se solicitó que el hostigamiento sexual parara y que la Universidad se hiciera cargo de prevenir y crear, internamente, los mecanismos adecuados para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de discriminación.
Las autoridades universitarias resolvieron las denuncias mediante procedimientos ajustados a sus obligaciones legales y su competencia, establecida por su normatividad interna y de la Constitución mexicana vigente. El caso fue tomado por expertas de la Oficina del Abogado General de la casa de altos estudios.
Se identificaron elementos claros de que las denuncias eran fundadas y motivadas y se sugirió alternativas para resolver la situación dentro de la competencia de la Universidad, pese a que existían alternativas diferentes, como las establecidas por la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Frente a la negativa de los profesores de enfrentar un proceso penal, la universidad abrió el proceso de Junta Aclaratoria interna, de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo de la UACM, para determinar si se tenían los elementos que la ley considera para hacer una rescisión de la relación laboral de manera justificada.

Causal de rescisión laboral

La abogada Andrea Medina explica que en la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo se incluye, como obligación de las instancias patronales y de toda persona trabajadora, mantener relaciones de trabajo digno, especialmente sin discriminación. En ese sentido se definió el hostigamiento y el acoso sexual, cuando es probado, como una causal de rescisión laboral o de responsabilidad de la instancia patronal de manera justificada.
En ambos casos, la Junta Aclaratoria desprendió que había pruebas suficientes para acreditar el hostigamiento sexual y resolvió rescindir la relación laboral con los profesores.
Pero Enrique González Ruiz, uno de los profesores señalados, presentó demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del DF porque consideró que esa resolución (abril de 2014) no era justificada, por lo que solicitó su reinstalación y demás prestaciones. Tras la audiencia, celebrada el pasado jueves, existe el temor de que sea reinstalado, pese a que tendría la oposición de una buena parte de la institución, como se dio a conocer.
Por procedimiento, la Junta de Conciliación y Arbitraje da la posibilidad de la conciliación, la Universidad ha sido firme en plantear que se puede hacer una conciliación siempre que no se contemple la reinstalación, pues atendiendo a la propia Ley, al hacerlo, se pondrían en grave riesgo las relaciones laborales en la comunidad universitaria.
Relató que el proceso ha estado marcado por una campaña de difamación en contra de las profesoras denunciantes, hasta hace tres semanas todavía. El argumento es que de la sola denuncia se trata de un ataque personal y una acción de difamación contra el agresor. La situación polarizó a la comunidad universitaria y a organizaciones civiles de derechos humanos, lo que ha impedido lograr espacios de escucha y claridad.
La jurista Medina opinó que la medida de claridad institucional y de acceso a la justicia son centrales para que la comunidad universitaria y civil tengan referentes de acuerdo con la normatividad vigente, que parece ser, en el fondo, el tema a debate, "pues pareciera que todavía muchas personas, aún desde los derechos humanos, no saben reconocer y/o no ven como graves los actos de hostigamiento sexual".
Y a pesar de la UACM fue pionera en crear una instancia universitaria con expertas externas en la materia, hoy a cargo del Consejo Universitario, máxima autoridad universitaria, la complejidad del proceso jurídico (por las impugnaciones de la parte denunciada) se tiene la confirmación de un Juez de Distrito respecto de la legalidad de las medidas precautorias implementadas por la Universidad para garantizar la dignidad y la no revictimización: el agresor no ha cumplido con el pacto de confidencialidad y mantiene su caso como "bandera".
Los logros dentro del proceso pueden verse gravemente revertidos en la conciliación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, "pues la incomprensión y tensión sobre cómo abordar esta violación a derechos humanos ha marcado no solo a la comunidad universitaria, sino también a sus autoridades"
La Rectoría de la UACM no ha implementado la reparación del daño y, al contrario, ha permitido el ingreso y participación en las actividades universitarias del profesor denunciado, favoreciendo la campaña de difamación en contra de las profesoras denunciantes.
Lo más grave ha sido el cambio de titular en la Oficina del Abogado General, apenas el 7 de abril, lo que incrementa los rumores de que la Universidad solicitará y promoverá la reinstalación de un profesor que ya cuenta con una resolución universitaria de ser responsable de hostigamiento sexual contra dos profesoras. La posible reinstalación será un grave retroceso en la buena política que había estado implementando la UACM.

En todas partes, un hostigador
"Martha" denunció que un compañero del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la violó y se desató un clima de hostilidad en su contra. La denuncia fue en octubre de 2014, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la UNAM.
Uno de los responsables se llama Víctor Hugo Flores Soto, estudiante de postgrado. Después de más de 15 meses de litigios y un largo proceso que aún no termina, Martha y su abogada lograron que el pasado 21 de marzo se le dictara auto de formal prisión al denunciado. Durante este tiempo, las autoridades universitarias nunca emitieron una sanción definitiva en su contra.
El Tribunal Universitario, según su reglamento, tiene ocho días para emitir un fallo, pero en este caso, cuando el Tribunal finalmente decidió expulsar a Flores Soto por el delito cometido contra su compañera, este se amparó ante la justicia federal y pudo seguir estudiando mientras aguardaba la resolución definitiva de la Comisión de Honor y Justicia de la UNAM, instancia en la que apeló su expulsión.
El pasado 10 de enero, Martha supo que la Comisión de Honor y Justicia decidió no sancionar a Víctor Hugo Flores Soto, pues los hechos ocurrieron fuera de la escuela. Aun estando preso en el Reclusorio Oriente para enfrentar el juicio por violación, Flores podrá obtener un posgrado de esta importante universidad.

Caso Minería
El pasado 10 de abril, en un escueto comunicado la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunicad informó que un exempleado de la UNAM fue condenado a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una auxiliar de intendencia en el Palacio de Minería.
Sin mayor información, señala que después de la investigación se pudo probar que este individuo, del que se reservó el nombre, "ejecutó diversos actos sexuales en el interior del Palacio de Minería". El caso lo resolvió el juez octavo del distrito de procesos penales federales de la ciudad de México. Fue condenado, además, a indemnizar a su víctima.

Datos explosivos
Informes comprobados por SEMlac señalan que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en un primer diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, señala que cada año se cometen alrededor de 600.000 delitos sexuales.
Entre 2010 y 2015, la cantidad de estos crímenes fue calculada en más de dos millones 996.000; la CEAV reconoció que se ha podido precisar que de 600.000 delitos sexuales cometidos al año, solo se integran 20.000 averiguaciones previas y de ellas únicamente en 6.000, uno por ciento de los casos se consigna al agresor ante un juez. Ocho de cada 10 víctimas son mujeres.
Otro dato que revela la CEAV es que las víctimas de delitos sexuales, según las averiguaciones previas, son por lo general estudiantes; con 25, 6 por ciento de los 20.000 casos denunciados.
Tan solo en la UNAM, 49,3 por ciento de las alumnas (34.000) dijeron haber sufrido algún tipo de hostigamiento en la universidad, de acuerdo con una encuesta realizada en 2009 por el Programa Universitario de Equidad de Género (PUEG).
También se halló que 27,1 por ciento de las alumnas experimentó "miradas morbosas o gestos molestos". El 22,1 por ciento, "frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia". El 2,1 por ciento tuvo que cambiarse de grupo o dar de baja una materia por acoso sexual y 71 alumnas (0,2 %) sufrió amenazas y castigos para realizar actos sexuales no deseados.

Protocolos
De acuerdo con la investigación de Arturo Ilizaliturri, la UNAM y la Universidad de Guanajuato tienen un anteproyecto de protocolo en proceso de aprobación. Y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) cuenta con un procedimiento no institucionalizado que ha resuelto algunos casos, y en otros se resiste, según lo refirió Andrea Medina.
Entre las universidades privadas, dice Ilizaliturri, ninguna de las más importantes cuenta con un protocolo ni procedimientos claros, aunque algunas de ellas especifican en su reglamento general que el acoso sexual es una falta disciplinaria.
En 2014, el Tecnológico de Monterrey tenía, dentro del campus Estado de México, un Procedimiento para Atención de Quejas contra Acoso y Hostigamiento Sexual, pero las autoridades escolares dijeron a Ilizaliturri que ya no está vigente y que el Comité de Equidad de Género, encargado de su funcionamiento, ya no existe. SEMlac no pudo comprobar esta declaración.
La Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana sancionan el acoso sexual en sus respectivos reglamentos, pero la Universidad Anáhuac no menciona el tema.
Destaca el periodista que "en el extremo opuesto, la Universidad Autónoma de Guadalajara, privada y de orientación cristiana, prohíbe expresamente que las mujeres utilicen ropa transparente o que las blusas y faldas sean "extremadamente cortas", así como la ausencia de ropa interior o el uso de esta de manera visible, "ya que con ello se puede provocar la falta de respeto de sus compañeros".
Según la vigente Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, "los centros educativos deben "formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres, para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas". Pero hace nueve años que esta ley es letra muerta en los centros de educación superior.

Cd. de México, abril (SEMlac).- Al grito de #NosqueremosVivas, miles y miles de mujeres mexicanas de norte a sur y de este a oeste recorrieron plazas, parques y avenidas en unas 40 ciudades de esta nación para exigir que pare la violencia contra mujeres y niñas, demandaron cese a la impunidad en un país donde son asesinadas al menos seis mujeres todos los días y miles reciben acoso, hostigamiento y violaciones sexuales en la casa, la escuela, el trabajo y la calle.
En una movilización simultánea y sin precedentes en todo el país, convocada a través de las redes sociales de "un grupo de amigas" que propusieron salir a las calles a través del muro Imágenes en Voz Alta, en solo unos días se logró la suma de miles de cibernautas que lograron que millones de mujeres salieran este domingo 24 de abril.
En las marchas participaron también mujeres que la jefa de logística, Jimena Soria, llamó "mujeres del poder": diputadas, senadoras, funcionarias públicas de diversas dependencias, entre ellas Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Angélica Luna Parra, de Indesol, y Claudia Alonso, de la Secretaría de Gobernación. 
También la presidenta del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Teresa Inchaústegui, así como representantes de ONU Mujeres y de Amnistía Internacional y otras funcionarias y legisladoras en las marchas de los estados.
La jornada también incluyó diversos actos culturales y deportivos, batucadas, performances y contingentes de mujeres en bicicleta, en algunos casos recorriendo más de 100 kilómetros, como la demostración que salió de San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, al centro de la ciudad de México; llenaron calles en Oaxaca, plazas en Yucatán y Tlaxcala; en Cuernavaca, Monterrey, Puebla y en San Luis Potosí.
Por la tarde, casi noche en Chiapas, Zacatecas, Chilpancingo y Acapulco, se manifestaron frente a los edificios de gobierno, de los Congresos estatales, en las procuradurías. Le llamaron la ola violeta, la mayoría vestía de lila o morado claro, que combinaron con el negro; algunas usaron pasamontañas en señal de cómo se las violenta silenciándolas, otras se cubrieron los rostros con máscaras blancas; repartieron miles de volantes a quienes en las aceras las observaron.
Se sumaron en la ciudad de México las mujeres de la Mexicanidad, las danzantes concheras que aparecen semana a semana en la plaza de la Constitución, junto a otros colectivos, y se formó un contingente de personas que simplemente llegaron a sumarse. 
La más larga fue entre Ecatepec y la Victoria Alada (monumento conocido como El Ángel de la Independencia); el recorrido duró casi siete horas, durante las cuales miles de personas volvieron sus ojos ante la violencia machista. 
También acudieron hombres de diversas edades, algunos cargando a sus bebés o de la mano de sus compañeras, muy serios.
Salieron a los parques con carteles, aunque no hubiera marcha, como en Huatulco; se mostraron en algunos pequeños municipios mujeres protestando; detuvieron el tránsito en avenida Insurgentes; varios cientos salieron a la plaza frente a la Catedral de Xalapa, en Veracruz; asombraron al turismo en la plaza en Cuernavaca, donde decenas de transeúntes se pararon a escuchar.
La demostración en Puebla fue calificada como genial. Y las feministas de allá, pero también de la ciudad de México, afirmaron que la vitalidad de la marcha era como las primeras manifestaciones en los años setenta. Los actos culturales y de información menudearon. 
A las 14 horas, las notas de la movilización estaban en el diario El País en España, que le dio seguimiento en vivo. En ese país europeo, un grupo de estudiosas del género y académicas se plantaron en la embajada de México para demandar atención a la violencia de género; lo mismo WRadio y otras radiodifusoras con escucha nacional; y aunque hubo algunos incidentes, en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, no hubo más reportes de altercados. Y la ola violeta siguió y siguió por todo el día. Hubo muchos varones en la marcha en Tepic, Nayarit. 
Las manifestantes se presentaron en grupos en pequeñas ciudades y aún en otras localidades consideradas muy peligrosas, como el puerto de Acapulco, Guerrero, o Morelia, la capital de Michoacán.
Lo que más llamó la atención de fotógrafos varones y periodistas hombres fue esta ola de unión de miles de mujeres para pedir que desaparezca el acoso en el transporte público; las universitarias demandaron el cese a los casos de hostigamiento que son perdonados en las casas de estudio; las políticas advirtieron de la violencia en los procesos electorales.
Lo señaladamente extraordinario, declaró la escritora y feminista Francesca Gargallo, es que en estas movilizaciones no había quien representara, quien organizara, ni quien mandara. Fue una movilización espontánea, contra el trato a los varones en las ventanillas judiciales, lo burocrático judicial ante eternas denuncias y llamaron a que los hombres participen más en las tareas del hogar y que no haya más muertas por crímenes violentos. 
En la marcha de Ecatepec a la ciudad de México, las marchistas fueron custodiadas por mujeres policías, tantas que al llegar al centro de la ciudad había policías varones, se informó que más de tres mil.
Pidieron capacitación sobre violencia contra las mujeres y que se evalúen sus resultados, instituciones públicas realmente responsables; también surgieron otras en demanda de oportunidades de empleo y trabajo digno y seguro para las mujeres.
Pero una sola voz gritaba cómo devolver la humanidad para las mujeres y combatir en todos y por todos los medios el machismo en México. Evitar en la escuela y en los medios los mensajes de odio contra las mujeres y todos aquellos de las cosifican y disminuyen, el cese de los estereotipos sexista y todos los mensajes que promueven la violencia contra las mujeres, la misoginia y el maltrato consentido.

De norte a sur
Como estaba previsto en más de 40 ciudades del país, mujeres y hombres alzaron la voz contra la violencia…el objetivo se cumplió, la violencia se visibilizó.
En Ecatepec, considerado uno de los municipios del país con mayor violencia machista, se concentró la protesta en el Estado de México. En la explanada de la presidencia municipal se denunció la inacción de las autoridades frente a las violencias machistas y la inefectividad de la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios de esa entidad, que pese a su declaratoria no ha dado resultados: 120 mujeres más han sido asesinadas de manera posterior.
Las manifestantes consideraron que esas muertes violentas de mujeres son una prueba del carácter misógino del Estado mexicano, que distorsiona información, y de los medios de comunicación que fomentan la violencia a través de sus contenidos.
En Oaxaca no fue una, sino que fueron dos las marchas. La primera partió de fuente de las Ocho Regiones, en la mañana del domingo; la otra, del parque El Llano, en el centro de la capital oaxaqueña. En la primera estuvieron presentes familiares de mujeres que han sido asesinadas y se recordó a los 37 casos ocurridos este año.
El conteo hemerográfico de Consorcio Oaxaca revela que en la actual administración gubernamental de Gabino Cué suman un total de 462 mujeres asesinadas, más de mil en 15 años, dijo a SEMlac la coordinadora de ese colectivo.
La segunda marcha, tan numerosa como la primera, puso énfasis en la violencia política y demandó la aplicación del protocolo para atender estos casos en el actual proceso electoral. También hicieron referencia a las otras modalidades y tipos de violencia machista y en ambas se dejó en claro que el gobierno de Gabino Cué deja mucho que desear para la libertad, seguridad y vida a las mujeres que viven en Oaxaca.
La marcha en Puebla, como en otras entidades, no tiene precedente alguno. En esa entidad, mujeres diversas hicieron tres paradas distintas: el Instituto Poblano de la Mujer, el Ministerio Público Especializado en violencia Familiar y Delitos Sexuales y en las Oficinas de Gobierno Estatal y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
En los tres lugares denunciaron las omisiones de las autoridades para sancionar la violencia.
En Veracruz, donde se ha cuestionado el actuar de las autoridades, recientemente, tras la develación del caso emblemático de violencia sexual por parte de una banda denominada Los Porkys, la protesta fue multitudinaria, como en la capital mexicana, la ola morada tocó muchas conciencias.
En esa entidad, además del feminicidio, la demanda de las mujeres se centró en las 107 desaparecidas y el acoso sexual callejero.
En Morelos, donde al menos ocho municipios cuentan con la declaratoria de Alerta de Género contra la violencia, también se denunció que nueve de cada 10 mujeres desde los nueve años han sido víctimas de las violencias machistas en calles, escuelas y en sus casas, ello a pesar de que en al menos ocho municipios se ha decretado la alerta de género por el número de feminicidios registrados.
Como en otras entidades, se denunció que en el actual gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu han ocurrido 185 feminicidios, por lo que en esta entidad la violencia hacia las mujeres es grave, como señalaron representantes de las asociaciones civiles de esta entidad.
En Monterrey, la capital de Nuevo León, también se hizo el recuento del feminicidio durante los últimos 15 años, por lo que el reclamo fue de justicia y de aplicación de políticas públicas efectivas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.
Entre sus demandas ante el Congreso y el Palacio de Gobierno, las mujeres exigieron políticas públicas con enfoque de derechos humanos y de género.
En Mérida, Yucatán, marcharon en el centro histórico, llegó la gente a la plaza grande, mujeres y varones de todas las edades. Pidieron que cese la desaparición de mujeres.
En Tepic, Nayarit, muchos hombres estuvieron en la marcha. Pidieron que se acabe con la violencia y afirmaron que Nayarit tiene uno de los índices más altos de violencia contra las mujeres.
Del 2000 a lo que va del año, en Nuevo León han sido asesinadas 955 mujeres.

 

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México, 18 de abril (Especial de SEMlac).- Las universidades y escuelas de educación superior de México se han convertido en uno de los lugares más peligrosos para las mujeres: profesoras y alumnas viven violencia de género, y esta alcanza hasta el 49 por ciento de las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) señala que de 600.000 casos de delitos sexuales que se estiman, solo 20.000 llegan a la ventanilla judicial, de ellos más del 25 por ciento son denuncias de las estudiantes, es decir, más de 5.000 al año suceden en instalaciones y campus de universidades, principalmente.
Las autoridades de educación superior son omisas, las leyes no se cumplen y los centros del saber, tras décadas de análisis y estudios de género, siguen encubriendo a los agresores, no tienen protocolos de atención y se resisten a atender el problema.
De acuerdo con la investigación periodística de SEMlac, al concierto de la indiferencia se suma ahora la Secretaría del Trabajo que busca reinstalar a los agresores, como el caso de Enrique González Ruiz, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
En la UNAM, tras largo proceso, se acaba de aprobar una sentencia con nueve años de cárcel a un violador, caso único.
Las universidades privadas no prevén y eliminan espacios de análisis de género. No existen protocolos de atención adecuados a pesar del mandato Constitucional, la política del Gobierno Federal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin violencia.
Apenas hace tres semanas González Ruiz organizó un mitin para hostigar nuevamente a María del Carmen Rodríguez Sánchez y a Clementina Correa, las que hace más de dos años se atrevieron a denunciar al "profesor" especialista en derechos humanos, quien sigue dentro del campus dando un seminario, no obstante haber sido claramente imputado de abuso por estas dos mujeres, también profesoras, caso al que se sumó uno más documentado.
En esa universidad están abiertos otros 11 expedientes diversos. Esta acción reiterada de revictimización se hace a la luz pública sin que las autoridades universitarias lo paren.
Según una serie de cuatro publicaciones del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM (2007-2011), con análisis y encuestas, en ese centro de altos estudios, 49,3 por ciento de las alumnas, 34.642 dijeron haber sufrido algún tipo de violencia y hostigamiento.
En la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) la profesora Mary Goldsmith, pionera de los estudios de género, dijo que la violencia sexual "es cosa de todos los días en los campus universitarios", sin atención ni interés, más bien "con resistencia".
En opinión de Jenny Cooper, catedrática jubilada de la Facultad de Economía, no existen procedimientos universitarios para atender, prevenir y castigar la violencia sexual contra profesoras y alumnas, pese a que hace más de cinco años el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) hizo formalmente recomendaciones para armar protocolos desde la perspectiva de género y derechos humanos.
Una investigación de Arturo Ilizaliturri, integrante de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes, precisa que sólo cuatro de las 32 universidades autónomas locales tienen un procedimiento o protocolo para la atención del hostigamiento y abuso sexual.
La abogada Andrea Medina precisó a SEMlac que los protocolos debían ser claros y específicos para evitar vacíos legales y que las víctimas sean obligadas en la práctica a convivir con sus agresores en la escuela.
La consultora internacional dijo que estos procedimientos tendrían que considerar no solo sanciones para los agresores, sino para los funcionarios que revictimicen a las denunciantes. El rector de la UACM, Hugo Aboites, ha desestimado el problema y no recibe a las víctimas que siguen sufriendo agresiones.
El caso de González Ruiz está ahora en la Junta de Conciliación y Arbitraje, obligada por las reformas de 2012 a tener en claro que está prohibido el hostigamiento desde los patrones y compañeros de trabajo y que, probado el hecho, procede el despido sin reinstalación. Existe el temor de que la UACM "podría estar dispuesta a conciliar" y aceptar, en su caso, la reinstalación, lo que sería un mensaje gravísimo.

Una lucecita en el desierto
En el desierto de protocolos, acciones e interés, voluntad política y decisión sobre esta problemática, en 2011 nació la iniciativa "Cuerpos que importan" dentro de la UAM, unidad Xochimilco, ahora programa institucional, que pone a la entidad a la vanguardia, con un plan de prevención y promoción para evitar la violencia contra las mujeres, informó la doctora Guadalupe Huacuz Elías, responsable del programa.
Dijo que se ha conformado una red de Instituciones de Educación Superior, donde se discuten métodos de intervención y tratamiento de la violencia por motivos de género en las universidades públicas: protocolos de intervención, promoción de mecanismos legales, constitución de comités de ética, observatorios; en fin, todas aquellas acciones que den respuesta a esta problemática.
Esto tras décadas de trabajo, puntualizó al respecto la jurista Andrea Medina.
Las universidades con algún protocolo son la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Quintana Roo. De esas, la Michoacana solo atiende los casos ocurridos dentro de sus instalaciones, y la Autónoma de Quintana Roo no prevé atender al alumnado, sino únicamente a trabajadoras.
Entre todas, solo una de cada ocho incluye de manera particular la sanción de delitos sexuales. El resto, enuncia de forma general en sus reglamentos o estatutos "actos contrarios a la moral", "faltas de respeto" y "hostilidad". Conductas como llegar en estado de ebriedad a clase o falsificar documentos escolares sí son tipificadas con precisión por la mayoría de las casas de estudio. 

 

Por Sara Lovera
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