Violencia de género

Violencia de género (439)

Medellín, Colombia (SEMlac).- ¿Qué hacer para transformar el continuo de la desigualdad y la violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina y El Caribe? ¿Cómo incidir en imaginarios que reproducen y naturalizan la violencia? ¿Qué estrategias pueden ser más efectivas?
Al dar respuestas a estas peguntas, más de medio centenar de participantes en la Jornada Regional "Resistencias frente a las desigualdades y las violencias en los cuerpos de las mujeres de América Latina y El Caribe", realizado en Medellín, Colombia, los días 29 y 30 de marzo, identificaron desafíos comunes frente a la violencia que viven las mujeres de la región.
Continuar el trabajo con las mujeres para que hagan escuchar sus voces en defensa de sus derechos en las comunidades, los países y la región sigue siendo una apuesta necesaria, señalaron en la sesión final del encuentro, organizado por Oxfam Internacional.
Las y los asistentes abogaron por continuar articulando esfuerzos y desarrollando alianzas entre organizaciones de mujeres para avanzar en la construcción de nuevos imaginarios sociales con vistas a desmontar el patriarcado, involucrar a más activistas hombres y mujeres jóvenes en estas luchas y emplear los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones con estos propósitos.
Una estrategia permanente para erradicar las violencias que viven las mujeres, dijeron, debe enfocarse en áreas fundamentales donde se producen y recrean los pilares que sostienen el patriarcado, como la iglesia, la educación y las estructuras comunitarias.
Activistas, luchadoras de los movimientos de mujeres, académicas, mujeres indígenas y comunicadoras de la región respaldaron también, al final de la jornada, la creación de mecanismos internacionales que permitan exigir a los Estados una más pronta y efectiva justicia para las mujeres, así como garantizar protección a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, las comunidades y sus luchas.
Otras propuestas se refirieron a la necesidad de hacer seguimiento y evaluación de los presupuestos que se destinan a las mujeres y exigir a los Estados que designen recursos para ellas. 
Hablaron, igualmente, de la necesidad de abrir espacio a la economía feminista, que parte de dar valor al trabajo de las mujeres, así como de crear apoyos para descargarles el trabajo doméstico no remunerado que perpetúa la dominación patriarcal.
Junto a las acciones de empoderamiento económico, se necesita también las de empoderamiento político que contribuyan al cambio de la condición social de las mujeres, su crecimiento personal, ciudadanía política y autonomía.
Con la mirada en situaciones comunes, más allá de los contextos de cada país, ratificaron su compromiso en las luchas que las unen frente a las violencias múltiples que habitan hoy las vidas y los cuerpos de las mujeres.
La violencia, además, no es privativa de las economías capitalistas y el mercado, ocurre también en otros tipos de proyectos sociales donde se producen y reproducen desigualdades e inequidades entre mujeres y hombres, donde se mantiene viva la cultura patriarcal.
¿Qué hacer, entonces, para que el sistema patriarcal no debilite al movimiento de mujeres y sus luchas? ¿Cómo impedir que los avances del movimiento se manipulen y usen por el sistema en contra de las mujeres?
Con esas preguntas como tarea, expresadas por la colombiana Clara Inés Mazo, las participantes ratificaron su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres en la región, una misión, dijeron, que es necesario continuar.

 

Medellín, Colombia, 4 de abril (SEMlac).- Organizaciones de América Latina y el Caribe apuestan por la comunicación y la creatividad como estrategia para deconstruir la violencia machista y posicionar imaginarios sociales emancipadores. 
"Yo creo que existen feministas muy creativas y también mujeres creadoras desde cuya mirada está el feminismo siempre presente", declaró a SEMlac June Fernández, coordinadora de la revista Pikara Magazine.
Fernández participó junto a otras profesionales de los medios en la Jornada regional: "Resistencias frente a las desigualdades y las violencias en los cuerpos de las mujeres de América Latina y el Caribe", realizada en Medellín, Colombia, los días 29 y 30 de marzo.
Durante el encuentro, organizado por la agencia de cooperación Oxfam Internacional, se socializaron experiencias comunicativas que denuncian la desigualdad y la violencia de género en la región.
La mesa Transformación de los imaginarios sociales frente a la violencia presentó experiencias de República Dominicana, Honduras, Nicaragua y el País Vasco. 
Para la feminista hondureña María Teresa Blandón, los medios de comunicación masiva son fundamentales por su papel en la construcción de imaginarios sociales. Es allí donde se siguen expresando los prejuicios que sustentan la violencia contra las mujeres. 
"Institutos de salud, universidades y especialistas afirman que la violencia es fruto de trastornos psicológicos. Desde esta perspectiva, el cuerpo de las mujeres se vuelve un territorio sacrificial. Algunos llegan a afirmar que nosotras somos las culpables porque hemos subvertido el orden de género", señaló en el debate la coordinadora del Programa Feminista La Corriente.
En las presentaciones e intercambios que suscitó la jornada emergieron objetivos comunes en el trabajo de diversas organizaciones. Una de ellas es fortalecer las acciones de comunicación pública e implementar políticas de cabildeo e incidencia en periódicos, estaciones de radio y televisoras.
Campañas, medios de comunicación y estrategias comunicativas presentes en el evento tienen como tema principal la violencia sexual y psicológica, los derechos sexuales y reproductivos, la participación política de las mujeres, el derecho a la tierra y a una vida en paz de mujeres y niñas latinoamericanas. Algunas estrategias marcan una ruta en común. Son habituales las alianzas con otras organizaciones, centros de investigación, universidades y medios estatales y privados. 
También el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), la inclusión de un programa de actividades comunitarias y la implementación de investigaciones sociales se encuentran entre las prioridades de varios proyectos.
"Las redes sociales son plataformas muy ricas para visibilizar estas propuestas e incluso nos empujan, a quienes no veníamos del espacio creativo, a tratar de innovar", reconoce Fernández.
Desde la experiencia de Pikara Magazine, la periodista resalta la necesidad de vincular e interrelacionar las diferentes luchas emancipatorias en los discursos comunicativos y prácticas políticas de las agrupaciones.
Utilizar la intersectorialidad y el conocimiento como herramientas ha producido resultados significativos. El informe La violencia sexual en Colombia, publicado por Oxfam Internacional en 2009, sirvió para generar conciencia sobre el impacto del conflicto armado en la vida y la integridad de las colombianas. 
"En el curso de casi 50 años de conflicto colombiano, la violencia sexual ha sido empleada como arma de guerra por todos los grupos armados -fuerzas militares del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros-, tanto contra las mujeres civiles como contra sus propias combatientes", apunta la investigación.
Para la activista colombiana Soledad Bermúdez, la experiencia cubana resulta muy interesante.
"Me parece muy interesante la campaña cubana Eres más. La idea de incluir a estudiantes de periodismo, comunicación social, psicología y diseño pone en función de la campaña a distintas disciplinas", dijo a SEMlac la integrante de la Fundación Santa Rita para la Educación y la Promoción (Funsarep).
Funsarep desarrolla actualmente la campaña La violencia contra las mujeres no te hace campeón. La organización, cuya sede radica en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, ha logrado llevar la campaña a nivel nacional con mensajes que, desde el deporte, les hablan a los hombres.
En el intercambio, profesionales de la comunicación e integrantes de organizaciones sociales identificaron como retos aumentar las capacitaciones de periodistas y comunicadores; generar productos más cercanos a los públicos e implementar estudios de impacto de las campañas y estrategias comunicativas.

Medellín, Colombia, 4 de abril (SEMlac).- No es posible seguir hablando de violencia contra las mujeres sin establecer un vínculo con las desigualdades, señalaron en Medellín, Colombia, participantes en la jornada regional "Resistencias frente a las desigualdades y las violencias en los cuerpos de las mujeres de América Latina y El Caribe", realizada en esa ciudad los días 29 y 30 de marzo.
Activistas, investigadoras, integrantes de movimientos sociales, profesionales de la comunicación, feministas, indígenas y otras luchadoras por los derechos humanos de las mujeres de la región abogaron por impulsar nuevas alianzas frente a la violencia machista y por seguir visibilizando sus distintas formas de violencia sexista como estrategias de dominación patriarcal.
América Latina y El Caribe es la región donde más se ha logrado reducir la desigualdad y es, al mismo tiempo, la de mayor desigualdad y mayor violencia fuera de las áreas de conflicto, indicó Simon Ticehurst, director regional de Oxfam Internacional, durante la apertura del encuentro, convocado por esa organización de la cooperación internacional.
Ticehurst reiteró el compromiso de seguir trabajando por el liderazgo y empoderamiento político de las mujeres, la identificación de brechas económicas y de las violencias que ellas viven.
La violencia contra las mujeres y sus vínculos con la desigualdad en la región necesita ser explicitada, con mayor articulación, sostuvo.
En el caso específico de Colombia, uno de los países de mayor desigualdad en la región, las mujeres debemos ser vigilantes del proceso para llegar a acuerdos de paz y mantenernos atentas para que esta paz llegue de la mano de garantes de derechos que permitan achicar las brechas de desigualdad, señaló, por su parte, Aída Pesquera, directora de Oxfam-Colombia.
Pesquera reconoció el papel que han jugado las mujeres lideresas en la región, así como varias organizaciones en defensa de sus derechos, pero alertó igualmente sobre el momento que ahora se vive, en el que también se incrementa la criminalización y persecución de mujeres defensoras de derechos humanos.

Violencias diversas
"El primer territorio de las mujeres es nuestro cuerpo", fue una frase repetida durante los dos días de intensas sesiones de trabajo, pero a la vez hay "una fuerte relación entre el cuerpo de las mujeres y el territorio", complementaba otra idea.
"Por eso a veces la resistencia más fuerte a la salida de las tierras la hacen las mujeres", explicó Natalia Quiroga, investigadora, activista feminista y partidaria de indagar en la relación entre comunidades y territorio para fortalecer el poder de las mujeres.
Ante la volatilidad de la mano de obra, de las promesas neoliberales a salir para buscar mejores ganancias, hay cuerpos que quedan anclados al territorio: el de las mujeres, indicó. 
"Ellas son reconocidas por sus saberes en las comunidades y no pueden salir corriendo de allí porque la única forma de vivir está en ese espacio, en esa tierra donde están enraizadas", 
De ese modo llamó la atención acerca del territorio en la vida de las mujeres, cuyos cuerpos quedan a veces empantanados allí donde su vida gira en torno al trabajo que garantiza la satisfacción y las necesidades de otras personas y su comunidad.
En su opinión, uno de los retos desde el feminismo es abrir esos espacios a otras formas de organización de las sociedades, dijo en alusión concreta, como ejemplo, el pueblo nazca, que organiza la política de forma obligatoria y rotaria, que pasan por la necesidad de mandar obedeciendo.
"Son otras formas en que se puede construir un espacio comunitario desde lo político", señaló.
También se necesita visibilizar los distintos tipos de violencia que vivimos las mujeres, agregó Clara Inés Mazo, activista ecofeminista. 
Entre otras, se refirió a la contenida en el lenguaje y las imágenes, la del uso de los cuerpos como trofeo de guerra y la de negarles a las mujeres el espacio para el tiempo libre y la recreación por sobrecarga de trabajo, así como la dinámica de mercado que las convierte en objeto de consumo y consumidoras compulsivas de necesidades.
Damaris Ruiz, responsable regional de derechos de las mujeres de Oxfam en Latinoamérica y Caribe, se refirió a la gran concentración de poder, riqueza y desigualdad económica de la región que nos ha empobrecido como mujeres.
En 2014, el 10 por ciento más rico de Latinoamérica y Caribe acumulaba 71 por ciento de la riqueza y el patrimonio, mientras 70 por ciento de la población más pobre apenas retiene solo 10 por ciento de la riqueza, ejemplificó.
La dimensión económica es una de las formas en que se manifiesta la desigualdad y es evidente que las mujeres son mayoría entre los pobres, algo que supera el tema de los ingresos, agregó.
"Los avances y derechos económicos de las mujeres siguen siendo muy vulnerables respecto a los hombres, se han dado retrocesos en la región y ello tiene también profundas raíces en el machismo, en considerar que las mujeres tienen menor importancia", precisó.
Más allá de las que están en el mercado laboral, se impone indagar en las condiciones que existen para que puedan participar en el mercado remunerado del trabajo, con garantía para sus derechos.
La violencia en los enclaves de exportación o maquilas y el trabajo doméstico fueron ejemplos citados por la economista argentina Corina Rodríguez Enríquez como escenarios que generan formas explícitas de violencias en los cuerpos de las mujeres, sus condiciones de salud y uso del tiempo, entre otras variantes.
Se refirió además a la explotación presente en la apropiación del trabajo de cuidado, que n o solo reproduce la vida material sino también prácticas simbólicas.
"El trabajo de cuidado involucra tareas imprescindibles para la reproducción física y cultural de la vida, es un rol sistémico, sin él no podría reproducirse la fuerza de trabajo", reconoció. 
Aunque el cuidado es provisto desde el hogar, el Estado, el mercado y la comunidad, la evidencia demuestra que el reparto de responsabilidad entre estos actores es desigual y la mayor parte recae en los hogares, en particular en las mujeres.
"Es injusto porque el cuidado está desigualmente distribuido en la sociedad, pero además está desigualmente distribuido en hombres y mujeres. Entonces la variable de ajuste de esta desigualdad sigue siendo el tiempo de las mujeres", sostuvo.
Reiteró que ese uso superintensivo del tiempo es también una forma de violencia que se expresa en calidad de vida y se estratifica en la medida en que algunas pueden comprar servicios de cuidado y otras, por su bajos ingresos, no pueden derivar esos cuidados a ámbitos extra domésticos.
Identificadas como una forma extrema de desigualdad, las cadenas globales de cuidado perpetúan a las mujeres en ese rol, ya que muchas emigran como cuidadoras y son suplantadas en sus familias, en esos roles, por otras mujeres.
Actualmente, además, los programas asistenciales de transferencias condicionadas de ingreso, ampliamente feminizados y supuestamente creados para sostener los ingresos de la población y enfrentar situaciones de pobreza, han mejorado económicamente la vida de las mujeres, pero condiciona el comportamiento de las madres por medio del paternalismo de Estado.
"Ellas se ven cortadas en su autonomía, estigmatizadas por su situación, penalizadas por la falta de acceso a educación y salud de sus hijos como si fuera responsabilidad suya y no del Estado", dijo Rodríguez Enríquez.

Justicia, un tema pendiente
Aunque se reconocieron avances en la región, todavía existen numerosas barreras para que las mujeres puedan acceder a la justicia. Se han promulgado, sobre todo, leyes de igualdad y violencia, pero eso no basta, indicó la costarricense Alda Facio, experta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
"No poder acceder a la realización de esos derechos para las mujeres es una estrategia del patriarcado", precisó Facio.
Entre otros obstáculos mencionó que no se ha logrado cambiar la forma en que se interpreta y aplica la ley, tampoco en que se hacen las pruebas.
Habló también del alto costo que tiene para ellas el acceso a la justica, de la débil aplicación de leyes antidiscriminatorias, las severas limitaciones de recursos para reparaciones plenas y efectivas de los derechos humanos, el desconocimiento de las mujeres de las obligaciones del Estado y la vigencia de procedimientos legales demasiado formales caros y lenguaje poco accesible.
El encuentro rindió sentido homenaje a Berta Cáceres, luchadora hondureña asesinada el 3 de marzo y quien estaba invitada a este encuentro. También se dedicaron palabras de recordación a la destacada feminista dominicana Magaly Pineda, fallecida el 29 de marzo en su país y a la colombiana Consuelo Arnaiz, activa luchadora por los derechos humanos de las mujeres fallecida en octubre pasado. 
Mujeres apasionadas, valientes y directas a la hora de imaginar nuevas realidades para ellas y los pueblos de nuestra América, reiteraron las participantes.

La Paz, marzo (SEMlac).- Una niña de 8 años, la hija de Andrea Aramayo, ha formalizado querella ante una comisión de fiscales por el feminicidio de su madre, quien fuera atropellada por su exnovio el año pasado, informan varios medios de prensa en Bolivia.
"Recaen sobre mi persona...los mayores efectos del feminicidio de mi mami", asegura la niña en la querella, presentada el 19 de febrero por su abogada, Estefanía Suárez.
La madre de esta niña murió el 19 de agosto de 2016, luego de que, al salir de un centro nocturno, fuera atropellada por un coche conducido por su exnovio, William Kushner, con quien ella había mantenido una discusión en el local. 
Kushner fue imputado por feminicidio y se mantiene detenido, pero aún a más de siete meses de los hechos no se ha iniciado el juicio y durante el proceso de investigación y elaboración de lo ocurrido se ha culpabilizado a la fallecida, de acuerdo con denuncias y alertas de la familia de Aramayo.
Suárez, la abogada de la niña, explicó que esta "está plenamente informada del proceso, sigue las noticias y conoce los comentarios que se formulan en torno a su madre". Precisó, además, que su querella se sustenta en la normativa internacional y nacional que protege los derechos de la niñez.
"Es la primera vez en Bolivia (y no sé en otros países) que una niña de ocho años se visibiliza ante la justicia como víctima directa a través de una querella formal", comentó a SEMlac la periodista Helen Álvarez, abuela de la niña y quien no ha dejado de luchar para que se haga justicia por el asesinato de su hija.
"Obviamente esta querella es un sacudón para el Ministerio Público, para todo el sistema de justicia, porque las huérfanas y huérfanos por feminicidio son pues invisibles; ahora tienen que verla de igual a igual", sostuvo.
Álvarez argumentó que las defensoras de William Kushner pretenden matar la memoria de su hija y denigrarla con mentiras y tergiversaciones que rebasan todo límite ético y humano, todo por justificar al imputado por feminicidio. "Supongo que nunca pensaron, o no les importó, que todas sus mentiras estaban yendo directo hacia mi nieta", dijo.
El pasado 12 de febrero, la abogada Audalia Zurita, quien integra el equipo de la defensa de Kushner, declaró a la prensa que, según la autopsia psicológica elaborada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Aramayo padecía una patología llamada 'personalidad límite', que propende a conductas irracionales o anormales, imaginaciones o alucinaciones. 
"Como adultas sabemos que nada, nada justifica un crimen", reafirmó Álvarez a SEMlac. "Pero cuando mi nieta sea más grande, adolescente, puede acceder directamente o a través de compañeras y compañeros a lo que las abogadas de Kushner --Audalia Zurita y Aida Camacho-- dicen ahora de su mamá y eso puede destruir los ocho años de recuerdos que tiene de su mamá; la puede condenar a su mamá 'por haberse hecho matar', lo que significará que ella misma se condene de por vida y opte por someterse para sobrevivir".
En el juicio la niña estará representada por dos abogadas, por lo que no tendrá que declarar personalmente ni presentarse a ninguna audiencia, según dispone la ley de la niñez boliviana, lo que la protege de cualquier revictimización.
"El hecho de que la menor, a través de su abogada, se constituya en parte acusadora, hace visible su existencia, su dolor y los efectos imborrables que sobre ella recaen de todas las acciones que, para evitar el juicio por feminicidio, se están haciendo", opinó en una columna la periodista Drina Ergueta.
La colega reconoce que es una medida dura, pero a la vez valiente y ejemplar, que saca a luz a cientos de criaturas, hijas de mujeres asesinadas por el machismo, que quedan olvidadas como si ellas y su dolor no existieran.
"Que la niña sea parte del proceso sirve para ella misma como una afirmación de su verdad, de reivindicación de la dignidad de su madre como parte de su propia dignidad y autoestima, de su necesidad de justicia", asegura Ergueta.

La Habana, septiembre (SEMlac).- Dejar de considerar y tratar la intersexualidad como una enfermedad es premisa indispensable para que los seres humanos que viven en esa condición alcancen una ciudanía plena.
Así lo expresó la psicóloga cubana Adriana Agramonte, investigadora del Instituto Cubano de Endocrinología, durante las sesiones de trabajo del 7mo Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, que sesionó en La Habana del 16 al 18 de septiembre.
La especialista consideró que "en lo simbólico general, hay escasa comprensión de la variación humana y de las situaciones que viven estas personas".
La intersexualidad es una condición todavía considerada por la medicina como trastorno del desarrollo del sexo. Se define como un estado congénito en el cual el desarrollo del sexo cromosómico gonadal o anatómico es atípico.
Agramonte hizo referencia al sufrimiento que vivencian las personas intersexuales por el manejo y tratamiento de que son objeto por parte de sus familias, profesionales de la salud, pares y sociedad en general.
Explicó que estas personas están expuestas a la vulnerabilidad y el aislamiento debido a que priman en la sociedad conceptos culturales y sociales del sexo biológico y del género basados en modelos duales, binarios o dicotómicos de ser hombre o mujer.
A la par, la biomedicina ha manejado y sigue viendo la variación genital como una "emergencia psicosocial y médica", precisó.
En la actualidad está pautado para estos casos el tratamiento quirúrgico desde edades muy tempranas, con la finalidad de "normalizar el género y la orientación sexual, el funcionamiento sexual satisfactorio y el equilibrio psicológico", señaló la psicóloga.
"Sin embargo, las cirugías genitales en personas intersexuales tienen consecuencias significativas en diferentes áreas de la vida, y la sexual es una de las más vulnerables", aseguró la especialista.
Las personas intersexuales vivencian como tendencia una sexualidad discapacitada, inhibida y no exenta de temores, malestares y conflictos.
La psicóloga aludió a evidencias de que hay más probabilidad de que los individuos intersexuales desarrollen una identidad de género contraria a la asignada por intervención quirúrgica temprana.
Además, la medicalización de la intersexualidad impide a estas personas construir su propia identidad y sume a las familias en temores diversos, como la posible conversión de su hijo o hija en transexual u homosexual, convertirse en blanco de la crítica social y otras consecuencias del estigma. 
Ocurre además que, al querer proteger a estas personas del estigma desde edades tempranas, las familias asumen el secreto, lo que también suele tener un impacto negativo en las vidas de estas personas.
Como resultado, las y los intersexuales viven la asignación de sexo y género ignorando su propia condición y los motivos de sus frecuentes consultas médicas. 
"A la luz de los derechos sexuales y legales de las comunidades LGBT, las normas actuales de cuidado no se ajustan a las necesidades de las personas nacidas con variación genital", concluyó Agramonte durante su presentación en el evento científico.
Entre los aspectos que obstaculizan el bienestar de las personas intersexuales citó la prevalencia del modelo biomédico con enfoque biológico, la morosidad y a veces indolencia en la implementación de una adecuada atención de salud y la falta de capacitación de quienes brindan servicios de salud sexual y reproductiva.
También la permanencia de prejuicios en los equipos de salud; el predominio de visiones normativas sobre el cuerpo, el género y la sexualidad y la patologización de las identidades de género y orientaciones sexuales
Partidaria de transformar conceptos y procederes que posibiliten el respeto, protección y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas intersexuales, Agramonte abogó por la adopción de un paradigma de atención de salud inclusivo e integrador, que propicie la autonomía del infante para tomar decisiones y garantice su participación activa en el proceso de asignación clínica de sexo y los tratamientos subsiguientes.
A ello añadió la necesidad de implementar estrategias educativas dirigidas a decisores, así como aprobar leyes y políticas para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de infantes y adolescentes intersexuales
Propuso, también, fomentar el acceso universal a información, educación y servicios de calidad integrales e integrados e incluir la temática inter y transexual en programas curriculares de educación integral de la sexualidad.

La Habana, septiembre (Especial de SEMlac).- Desde las investigaciones sociológicas, las redes comunitarias y la comunicación, diversas acciones se abren a la prevención de la violencia contra mujeres y niñas en Cuba y otros países de la región latinoamericana y caribeña.
Sobre algunas de esas prácticas, que han contado con el apoyo de Oxfam en Cuba, Nicaragua y Colombia, se conoció en el transcurso de la mesa "Estrategias por la no violencia de género en Cuba: el reto de la prevención en momentos de cambio", que sesionó durante el 7mo Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, instalado en La Habana del 16 al 18 de septiembre.
Algunas acciones intentan llegar con mensajes publicitarios y programas televisivos a una gran cantidad de público, mientras otras buscan empoderar a las mujeres en los espacios locales, donde se tejen redes informales de apoyo a quienes han sido blanco de maltratos.
Hechos concretos hacia mujeres adultas mayores, situaciones generadas por la inconformidad ante la identidad sexual de adolescentes, manifestaciones de violencia en parejas jóvenes y sobrecarga femenina en la atención escolar y el cuidado de hijas e hijos describen, en parte, historias cotidianas en varios municipios de la provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental cubano.
Así lo confirmó el diagnóstico realizado por profesionales y estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de esa provincia, donde cerca de 40 investigaciones de maestrías, especialidades y tesis de pregrado han abordado el tema de la violencia de género.
"Hacemos un trabajo concreto, en el terreno, para sensibilizar a la población en el tema de la violencia familiar, con un enfoque de género", precisó a SEMlac Belkis Rojas Hernández, quien dirige el equipo multidisciplinario de investigaciones sociales en la universidad pinareña.
Aunque esta labor comenzó en 2008, en alianza con instituciones y organizaciones del territorio como la Federación de Mujeres Cubanas, solo en los últimos años ha logrado articular la perspectiva jurídica, indispensable, según Rojas Hernández, para lograr transformar la mirada al problema y contribuir al conocimiento, a elevar la cultura jurídica y de derechos de la población ante casos de violencia.

Ellas toman la palabra

Desde las voces de las propias mujeres, otra experiencia busca "concientizar y visibilizar la violencia sobre las mujeres en diversos ámbitos de la vida, así como su creatividad y cultura de resistencia en uno de los barrios de mayor desigualdad de La Habana", señaló la periodista Paula Companioni Reyes, del Grupo América Latina Filosofía Social y Axiología (GALFISA), del Instituto de Filosofía.
"Las Cortes de Mujeres contra la Violencia son una forma de resistencia tejida con los sueños de muchas mujeres: contarnos nosotras mismas nuestras historias en un espacio simbólico, sagrado, donde poder expresar y decidir nuevos caminos", sostuvo Companioni Reyes.
Se trata de audiencias públicas donde se escuchan las experiencias de las víctimas y sobrevivientes de la violencia del patriarcado, como sistema de dominación múltiple, agregó. 
"No tiene un formato político tradicional, sino que une las voces de las que han padecido violencia, pero también de las que nos rebelamos y resistimos, así como a creatividad y cultura que surge en ese proceso", dijo.
En su opinión, son un desafío a los patrones valorativos normados históricamente para hombres y mujeres. La denuncia brota del impacto de esas voces que se escuchan en cada corte, con su metodología y enfoques particulares.
"No se impone ni palabra ni el silencio, cada cual convoca a otras con su historia", resumió.
Reconocer las diferentes manifestaciones de violencia y sus formas más brutales, agilizar el diálogo e intercambio entre las mujeres de la región, fomentar la solidaridad, generar apoyo público nacional e internacional para las víctimas, reconocer fortalezas y maneras de supervivencia de las mujeres víctimas son propósitos de estas cortes, que tendrán un nueva edición en la capital cubana ante de finalizar este año.

Comunicar para el cambio

Tarjeta roja en mano y silbato en la boca, una joven colombiana deja un mensaje directo y claro desde un cartel, como árbitro que avisa salida del juego: "La violencia contra las mujeres no te hace campeón", dice el anuncio. Más abajo se amplía la idea: "Si para amar necesitas maltratar estás fuera de lugar.
"Es una acción de incidencia política, social y cultural con proyección nacional, que utiliza el lenguaje y simbologías de un deporte como el fútbol para llegar mucho más al público, en especial al masculino", explica Soledad Bermúdez, La Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción (Funsarep), organización de la sociedad civil colombiana.
Liderada desde 2007 por la Corporación Casa de la Mujer, la Corporación Vamos Mujer y Funsarep, bajo el acompañamiento de OXFAM Colombia, en 2014 la campaña logró articular a otras cinco organizaciones más del país: el Centro de Promoción y Cultura, la Asociación Mujeres y Madres Abriendo Caminos, la Red de Mujeres Afrocolombianas Kambirí, Comunitar y Casa Amazonia.
"Mediante este esfuerzo contribuimos a deslegitimar imaginarios y prácticas instaladas a nivel social y cultural, que sostienen la violencia contra las mujeres en ámbitos tanto privados como públicos; se denuncian los hechos de violencia contra ellas y la impunidad existente, y se exige la implementación y ampliación de normatividad, legislación y jurisprudencia vigentes para erradicar esta violencia", amplió Bermúdez.
Desde otro contexto y experiencia, la Fundación Puntos de Encuentro para la Transformación de la Vida Cotidiana, en Nicaragua, se apropia del formato de la telenovela televisiva y las series de televisión para enviar sus mensajes, elaborados a partir de las necesidades sentidas diagnosticadas en grupos de población.
"Nos enfocamos así en la comunicación para el cambio social, con el objetivo de llegar con estos temas y crear un entorno favorable para entender las situaciones asociadas a la violencia contra las mujeres, a partir de historias de la vida real que nos permitan llegar mejor a los distintos públicos", relató Fernando Carcahe.
El especialista precisó a SEMlac que en las propias comunidades donde la organización desarrolla su trabajo se seleccionan las personas que actúan de forma voluntaria en las series televisivas "Sexto sentido" y "Contracorriente", exhibidas ya en Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Guatemala.
Los materiales producidos por Puntos de Encuentro reúnen no solo información, sino también paquetes educativos y ediciones especiales de los audiovisuales creados a partir de las series para trabajar con jóvenes y poblaciones específicas.
"Los cambios no son lineales ni inmediatos, se llega a ellos por procesos complejos. Por eso nos valemos de estos medios para empezar a cuestionar algo que se entiende como natural", sostuvo Carcache.
También con apoyo de Oxfam, otras organizaciones de la cooperación internacional y la alianza de entidades cubanas, el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) impulsa en Cuba, desde 2008, una campaña que busca sensibilizar a la población acerca de las distintas formas de maltrato hacia mujeres y niñas, sus causas y la necesidad de denunciarlas.
Bajo el mensaje "Eres más·, dirigido a las mujeres, la campaña actual "utiliza como eje conductor la violencia psicológica, una de las formas de agresión más invisibilizada, naturalizada y silenciada", señaló María Teresa Díaz, especialista de esa organización.
"Visualizar la violencia, promover su reconocimiento, identificar sus diferentes manifestaciones y graves consecuencias para la mujer en el contexto de la relación de pareja y en los diferentes espacios de relación, se torna la propuesta temática de esta campaña", indicó Díaz.

Ciudad de México, 7 de marzo (SEMlac).- 2016.- La alerta de género no puede ser dictada tardíamente como ahora sucede, afirmó la diputada perredista Concepción Valdés Ramírez, al proponer quitar a la Secretaría de Gobernación esa responsabilidad, para que sea el sistema judicial quien lo haga.
Ello significa modificar el artículo 73 de la Constitución y el 25 de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una vida sin Violencia, explicó.
La propuesta, ahora en discusión en comisiones en la Cámara de Diputado, se fundamenta en el tortuoso y tardado procedimiento que a lo largo de cerca de una década no ha tenido resultados, particularmente en el Estado de México.
La diputada argumenta en su iniciativa que es necesaria una reforma a la Constitución mexicana para que se acelere la atención real al fenómeno del feminicidio.
Informó que México es uno de los 10 primeros países en el mundo en la ocurrencia de feminicidios por armas de fuego y una de las 25 naciones que concentran la mitad de todos los crímenes cometidos en contra de mujeres y niñas en todo el mundo, lo que constituye una vergüenza, dijo.
La iniciativa busca acelerar la atención real a esta problemática y obligará a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres sin tener que esperar a que la Secretaría de Gobernación "crea o no pertinente emitir dicha alerta, y deje de hacer oídos sordos ante los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil u organismos internacionales".
Propone reformar el primer párrafo del inciso A, numeral XXI, Artículo 73 de la Constitución obligando a una actuación inmediata, sin que intervengan tantas instituciones.
La legisladora sostuvo que el funcionariado de procuración de justicia carece de capacidad técnica y conocimientos sobre legislación, género y violencia, de ahí que sistemáticamente re victimicen a las mujeres, las culpabilicen y no atienden sus denuncias.

Fundamentos
La exposición de motivos de la iniciativa sostiene que en la última década los feminicidios en México se han incrementado de manera alarmante. "De la nada, un día comenzamos a mirar en los medios masivos de difusión a más y más mujeres desaparecidas primero y, luego, encontramos sus cuerpos ya sin vida. Mujeres que han sido violentadas brutalmente".
Se estima que entre 2007 y 2012, un promedio anual de 60.000 mujeres en el mundo fueron víctimas de homicidios, que representan el 16 por ciento de los homicidios intencionales.
Explica que los países que han generado leyes o articulados penales específicos en Latinoamérica no tienen un tipo único de feminicidio. Hasta 2011, siete países habían tipificado el feminicidio: Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua y Perú; y tres habían construido como agravante para el homicidio: Argentina, Colombia y Venezuela. Para 2014, cuatro países más han legislado: Bolivia, Ecuador, Honduras y Panamá.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de 2005 a 2013, unas 1.767 mujeres han sido asesinadas en el Estado de México y otras 1.500 desaparecieron, muchas de ellas adolescentes de 15 a 17 años.
La ONU informó que entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40 por ciento y 95 por ciento de ellos quedaron en la impunidad. En varias entidades el asesinato de mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial.
En seis años, más de 1.900 mujeres y niñas fueron asesinadas de manera violenta, casi la mitad de ellas con armas de fuego. Lo anterior ubica a nuestro país entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo.
De acuerdo con el documento, en promedio, 60.000 mujeres pierden la vida en circunstancias violentas. Sostiene que la opacidad es uno de los problemas. Entre 2007 y 2012 se cometieron 1.909 feminicidios en el país (ya comprobados y verificados). Nuestro país fue, entre 2011 y 2014, el quinto con el mayor crecimiento en su tasa de feminicidios.
Lo preocupante es que los feminicidios en México siguen presentándose en su forma más cruel, brutal y dolorosa. La mayoría de ellos los llevan a cabo los familiares o quienes tienen una relación.
Los ocho estados donde la situación es escandalosa son: Chihuahua, Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Estado de México. En el Estado de México se tiene el 20 por ciento de los feminicidios que se cometen en el país; de los que se concentran en tres de sus ayuntamientos: Ecatepec (12.4 por ciento), Nezahualcóyotl (7.6 por ciento) y Toluca (5.2 por ciento).

Estado de México
La diputada Valdés Ramírez sostiene que, de acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (GJEM) al Observatorio Nacional del Feminicidio, de 2011 a 2013 se registraron 840 asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales solo 145 fueron investigados como feminicidios. Entre 2011 y 2012 la procuraduría local informó que desaparecieron 1.258 mujeres, de las cuales más de 53 por ciento tenía entre 10 y 17 años de edad.
La Secretaría de Gobernación se comprometió a dictar las acciones urgentes para los 11 municipios identificados como de mayor índice de violencia feminicida: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
No podemos permitir que (emitir) la alerta de género tarde tanto, ante hechos tan graves.

Quito, 24 de agosto (SEMlac).- Nuevas unidades se suman a las encargadas de atender las infracciones relacionadas con la violencia de género en Ecuador, un programa piloto que no solo aumentará en número, sino que fortalecerá los programas de este tipo existentes en el país.
En esta nación andina suman unas 18 entidades que, junto a las 30 Unidades especializadas en violencia de género, forman parte de un programa piloto para mejorar la atención y los procedimientos de investigación en este tipo de delito.
En las 12 provincias donde son más recurrentes los casos de violencia de género se trabajará con mayor énfasis, incluidas Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Azuay y Tungurahua, de acuerdo con la información publicada por la Fiscalía General del Estado en su página web.
Según esa fuente, "los fiscales que laborarán en estas unidades serán capacitados en técnicas apropiadas para la investigación de cada uno de los delitos de violencia de género, con el propósito de que prevalezcan los derechos de inviolabilidad de la vida, integridad personal, física, psíquica, moral, sexual y de no revictimización".
Estas acciones, emprendidas por la Fiscalía, se suman a otras que se han desarrollado en el país, como la capacitación a legisladores, y proyectos escolares con enfoque de género y de seguridad ciudadana.
Durante el último año, en Ecuador se realizaron aproximadamente unas 5.000 denuncias de casos de violencia contra mujeres, con mayor énfasis de violencia sicológica, aunque aún persiste el temor entre las agredidas, por lo que a nivel nacional se unen los esfuerzos de varias entidades para capacitar entes jurídicos y sociedad civil en general.
Entre las iniciativas que se han llevado a cabo destaca la inclusión, por primera vez en el país, de la figura del feminicidio en el Código Integral Penal, al establecer entre 22 y 26 años de prisión para quienes cometan este tipo de delito, calificado como el crimen contra una mujer por el hecho de serlo o por su género.
Desde el ámbito judicial, este recurso legal establece una protección más amplia para las personas que sufren cualquier tipo de agresión, desde la física hasta la sicológica; contravención para la que se establece privación de libertad de siete a 30 días, que se extienden a 40 en el caso de embarazadas y adultos mayores, además de la respectiva indemnización para las víctimas.
Varias organizaciones se suman también al esfuerzo por minimizar el impacto de la violencia, entre las que se encuentra la Fundación María Amor, que acoge a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Las redes de apoyo social para la prevención de la violencia de género son además objetivo de las instituciones, así como proyectos para capacitar y fomentar la seguridad ciudadana en general y de las mujeres y niñas en particular.
Ese es el caso del proyecto Ciudades Seguras, liderado por ONU Mujeres en Ecuador, y que tiene la intención de convertir los espacios públicos en sitios libres de violencia.
Desde hace varios años, en Ecuador se dan pasos en función de garantizar derechos a las mujeres, especialmente en el tema de la NO violencia.
En 2007 se promulgó el Decreto Ejecutivo No. 620, que declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, la adolescencia y las mujeres. 
Para convertirlo en hechos, en ese mismo año se formuló el "Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género", al que se sumaron varias entidades gubernamentales, como los ministerios del Interior, de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de Salud Pública, de Educación, y el de Inclusión Económica y Social, entre otras.
Como parte de ese plan nacional también se lanzó en el país la campaña "Ecuador Actúa ya. Violencia de Género, ni una más", en la que participan el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Asamblea Nacional y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Con mucho por hacer todavía en función de la igualdad de género, este país andino ha comenzado a implementar estrategias desde diversos sectores sociales, con apoyo gubernamental y diversas organizaciones, para hacer frente a la violencia contra las mujeres, que afecta a seis de cada 10 en la nación.

Santo Domingo, mayo (SEMlac).- "Las muertes violentas de siete mujeres en cinco días, de ellas cuatro en menos de 48 horas, representan un hecho que debe ser visto como una tragedia nacional", afirmó a SEMlac la presidenta de la Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván, antes de dar inicio a una rueda de prensa convocada el jueves 30 de abril para denunciar la inercia de las autoridades ante la gravedad del problema.
Organizaciones sociales y feministas que integran la coalición en defensa de la mujer firmaron un documento, en el que demandan que la situación "sea declarada, de una vez por todas, una emergencia nacional y que las autoridades pongan en marcha una política urgente y contundente para su prevención y combate", destaca el llamamiento, en el cual apuntan que "en materia de prevención y combate de la violencia machista, en República Dominicana llevamos años caminando, sin lograr avances significativos".
En la conferencia de prensa, realizada en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), participó el rector de esa casa de altos estudios, Iván Grullón Fernández, quien opinó "que la violencia de género no es un asunto de las mujeres, sino de toda la sociedad".
Galván intervino con la observación de que los feminicidios no pueden seguir viéndose como actos criminales aislados, "sino como la manifestación más extrema de un problema estructural que afecta a la sociedad dominicana en su conjunto, cuyos orígenes son las ideologías culturales que sustentan la dominación y el privilegio masculinos", dijo.
Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la UASD, conversó con SEMlac acerca de lo que esa comunidad académica despliega para enfrentar el flagelo. "Estamos llamando la atención de las autoridades, la ciudadanía toda, para que se sensibilicen y decidan políticas públicas", indicó. 
"La UASD creó el Instituto de Género y Familia, mediante el cual hemos firmado convenios con otros ministerios, como el de la Mujer y Salud, y en tal sentido instruimos a maestros y maestras para que asuman el enfoque de género y la superación de la desigualdad como parte de su currículo y relación con el estudiantado", precisó.
"Tenemos que ver cómo desmontamos este nivel de violencia y alcanzamos los niveles educativos que requerimos. De hecho, este mes iniciamos dos diplomados sobre mujeres en la política, y en derecho sexual y reproductivo", abundó.
De la Rosa asume con optimismo los resultados de investigaciones que realizan sobre la violencia intrafamiliar, el trabajo doméstico y la instalación de una unidad de atención ginecológica que recién comenzó a funcionar. 
"Atendemos allí a estudiantes y maestras, a quienes se les entrega de manera gratuita métodos anticonceptivos que les ayude a prevenir embarazos no deseados, otro de los grandes índices que sobresalen en el país", resalta.
Para Lino Castro, director ejecutivo de la Red de Jóvenes de Guachupita, uno de los barrios marginales de la capital dominicana donde se reportan a menudo feminicidios y asesinatos, enfrentar tanta violencia de género y juvenil implica más que un desafío.
"Resulta muy espinoso desmontar conceptos machistas que traen desde los hogares", explica Castro a SEMlac. "Preparamos jóvenes multiplicadores de ambos sexos, que sirven de voceros en las calles. Trabajamos con quienes son proclives a cometer actos violentos; les proponemos terapia ocupacional e intentamos ofrecerles otras opciones de vida para que ocupen sus mentes y aprendan a respetar al sexo femenino", añade.
"Pretendemos lograr un cambio por medio de orientaciones comunitarias y actividades recreativas. Es muy difícil, pero en eso estamos", asevera. 

Víctimas solicitaron ayuda…
El pasado 29 abril, un reportaje del periódico Listín Diario dio a conocer que cinco de las mujeres asesinadas en estos días "solicitaron ayuda a las autoridades judiciales en sus jurisdicciones y no recibieron ninguna respuesta".
Se expone el caso de Yumilka Torres Suero, estudiante de 22 años de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, quien, pese a que acudió varias veces a la policía y la fiscalía de la provincia Santo Domingo, no recibió auxilio y fue hallada muerta en una casa del sector Pueblo Nuevo, en dicha localidad.
Narra el diario que la tragedia causó indignación y repulsa entre los vecinos, pues la mayoría sabía que el crimen era inminente: "Yo la maté, vaya a buscarla en la casa 44 de la calle 12", anunció el asesino, por teléfono, al padre de la joven.
Otros nombres se suman a las tristes cifras de quienes se habían querellado y pedido protección de las autoridades. Ni los familiares de estas mujeres ni la opinión pública se explican cómo el Ministerio Público pudo desatender casos de víctimas de abuso como estos, cuyo final suele ser la muerte.
Según estadísticas de la Procuraduría General de la República, cada semana son recibidas alrededor de 800 denuncias y querellas contra parejas violentas, tanto en la fiscalía del Distrito Nacional, como en la provincia Santo Domingo, donde afirman haber atendido a la mayoría de los casos. No obstante, los números de víctimas mortales que se han querellado sobrepasan el 65 por ciento en ambas jurisdicciones.
"Necesitamos llamar la atención de las autoridades hacia este fenómeno social que se eleva en magnitud", declaró la presidenta de la Colectiva Mujer y Salud y puntualizó que se requiere de "una consecuente reacción urgente del Estado y la aprobación por el Congreso Nacional del proyecto de ley integral contra feminicidios, cuyos legisladores permitieron que caducara en la legislatura anterior".
La presidenta de la organización feminista asegura que las muertes de mujeres pueden evitarse mediante una intervención articulada y a tiempo del sistema de persecución y de atención del Estado.
"La violencia sigue viéndose como un tema exclusivo del Ministerio Público, de los medios de comunicación y de las organizaciones feministas, cuando los ministerios de Educación, de Salud Pública, de Trabajo y de Cultura debían estar en estado de alerta, pero no responden, no reaccionan", enfatiza Galván.
El documento firmado el pasado 30 de abril por las diferentes organizaciones del país propone, entre otros puntos, "el establecimiento de nuevos programas de prevención y resocialización de agresores; la creación de nuevas Unidades Especializadas de Atención para la recepción y atención de las denuncias y de Casas de Acogida destinadas a ofrecer refugio temporal a mujeres violentadas y a sus hijos e hijas".
"Resulta inconcebible que en un país donde cada año se presentan más de 60.000 casos de violencia de género, sólo existan 17 unidades especializadas y dos casas de acogida", señala ese texto.
Exige, además, "abordar la violencia machista en todos sus ámbitos y manifestaciones, incluyendo la violación sexual de mujeres y niñas; el acoso sexual en el trabajo y los centros educativos; las uniones maritales de hombres adultos con niñas menores de 16 años; y hasta los productos culturales que promocionan y normalizan la violencia (música urbana), y la explotación sexual de la mujer (publicidad)".
"Por último, resulta inexcusable que, a pesar de la crisis de violencia que sufren las mujeres dominicanas, el Congreso de la República todavía no haya aprobado la Ley Orgánica Integral de Violencia Contra las Mujeres. Esta ley, que llenaría muchos de los vacíos normativos y de políticas públicas existentes, hace tiempo fue consensuada y está lista para su aprobación", concluye.
La coalición de organizaciones en defensa de la mujer la integran el Instituto de Investigación y Estudios de Género y familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Colectiva Mujer y Salud y la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca).
También, el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico (Intec), el Centro para la Educación y el Desarrollo (Ceduca), el Foro Feminista, el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (Cemujer) y Unidad Sindical de Mujeres Unidas (Unisimas).

 

Oaxaca, México, 22 de Febrero (SEMlac).- Un 10 por ciento de las denuncias de violencia familiar llegan a la consignación y detención de los agresores Oaxaca, informó la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Ileana Hernández Gómez.
En entrevista para SEMlac, detalló que de 2010 a la fecha han sido denunciados 8.721 delitos por violencia familiar, que lamentablemente no llegan todos a la consignación de agresor.
Apuntó que en ese mismo lapso se han reportado 3.601 delitos sexuales y se han cometido un total de 557 asesinatos contra mujeres, 18 de ellos cometidos en estos primeros 49 días del año.
Apuntó que la violencia contra las mujeres permea a todo el país, motivado por la situación económica, aspectos sociales y también culturales, y en el caso de las mujeres la violencia es producto de la desigualdad.
Hernández Gómez dijo que muchas de las mujeres que acuden a denunciar violencia familiar lo hacen porque llevan años viviendo en esa circunstancia. El problema, agrega, es la vulnerabilidad en la que se encuentran y que muchas veces las hace desistir de sus denuncias.
En una revisión reciente, explicó, encontraron que al menos 45 por ciento de las denunciantes acuden personalmente a reservar sus averiguaciones, en tanto que otro 30 por ciento se desentiende de su denuncia, ya no recibe las notificaciones ni contesta las llamadas.
Es una cifra dramática, consideró la funcionaria, quien expuso que otro tanto interpone una denuncia para obtener su divorcio, lo cual explicó es válido pues la violencia familiar es una causal de separación de los cónyuges.
En suma, cuantifica, 10 por ciento llega hasta la consignación del agresor, pero ahí mismo otro porcentaje acuerda con su violentador al tomar una salida alterna, la cual puede consistir en obligar a su pareja o ex pareja a que proporcione los alimentos, seguir la vía del divorcio y, en algunos casos, volver con ellos a condición de que acudan a la escuela de reeducación para hombres violentos dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.
Por ello, la funcionaria recalcó que una tarea es empoderar a las mujeres para que enfrenten estos procesos con mayor determinación, porque la violencia no es un destino de las mujeres. Sin embargo, nos hemos encontrado que desisten por razones económicas, dependen directamente de sus parejas, no tienen una casa donde vivir y otras, desafortunadamente, tienen profundo miedo a sus agresores, o enfrentan la presión de la familia.
Hernández Gómez, quien ha estado al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género desde 2008, sostiene que muchas de estas mujeres viven el síndrome de mujer maltratada, que les impide salir de ese círculo, pese a que muchas veces se les ofrece acompañamiento y albergue; aunque también hemos visto casos exitosos, apuntó.

El feminicidio
El miércoles 17 de febrero tres mujeres fueron asesinadas en distintas partes de la entidad, con lo que, de acuerdo con la Fiscal, sumarían en este 2016 un total de 18 casos. De estos, en dos ocasiones y en distintas fechas fueron asesinadas la madre y una hija, por lo que existen 16 averiguaciones previas.
Entre 2010 y 2016 han ocurrido en Oaxaca 557 asesinatos contra mujeres. Solo 91 de estos hechos sucedieron en 2015 y 58 fueron calificados como feminicidios. Este año, de los 18 asesinatos contra mujeres, al menos 10 son feminicidios y podrían tener esa misma clasificación dos más, reveló la fiscal Hernández Gómez.
En 40 por ciento de los feminicidios cometidos el año pasado, el agresor tenía una relación con la víctima. En 2016, esto solo se ha presentado en el 10 por ciento de los casos.

Un fondo para víctimas de la violencia
Por otra parte, la fiscal anunció que 16 artistas plásticos oaxaqueños, entre mujeres y hombres, han donado dos obras cada uno que se exhibirán y venderán en el Museo del Palacio de Gobierno del 4 al 11 de marzo próximos.
No hay dinero que alcance para reconstruir el tejido social que se rompe cuando una mujer es víctima de la violencia feminicida, dijo la funcionaria pública, quien agregó que el dinero recaudado se destinará para ayudar a las víctimas de violencia familiar que prácticamente se quedan sin nada y, por otra parte, contribuir con los muchos huérfanos que deja el feminicidio en Oaxaca.

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