Mexico: A gender violence warning mechanism

By Sara Lovera

Mexico City, November (SEMlac Special). – “The implementation mechanism for Gender Violence Warning (GVW), which has been established in 12 states of the country, needs to be reformed to make it site-specific, sanction those failing to enforce it, properly identify the authorities in charge of taking action, and set reasonable timeframes. It will otherwise make no headway whatsoever,” said Laura Pedraza, a representative of Citizen Articulation for Equity and Development (ACED AC).

She told SEMlac that they are monitoring the situation of women’s murders in six states where GVW is already in place. She added that accountability also needs to be incorporated into these mechanisms.

“We have to make GVW binding not to rely on the will of local authorities only,” she stressed.

Monitoring actions, which are currently being supported by the Institute for Social Development (INDESOL), have revealed that there is an urgent need for process, outcome and impact indicators.

The effective protection of violence-affected women depends, to a large extent, on the mobilization of civil-society organizations.


Strengths and weaknesses

The ACED project entitled Gender-violence observatories in six states of the country (Mexico, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León, and Chiapas) in the 2014-2016 period sought to systematize data collection.

The mechanism was established under the 2007 General Law for Women’s Access to Violence-Free Settings (LGAMVLV). Further details are available at https://goo.gl/4dXPMV and https://goo.gl/RNEbP5.

Its major strengths include the official recognition of the problem and the dissemination of information about its severity.

Its weaknesses have to do mainly with lack of political will.


Progress and setbacks

In Nuevo León, there are political will, resources available, and good coordination for the implementation of actions.

In Michoacán, however, there are not even effective regulations in place.

In Chiapas, there have been some recommendations for action, but the Center for the Protection of Women’s Rights (CMDCH AC) is no longer involved in monitoring because it is of the view that there is lack of coordination and information on gender, human rights, and cultural aspects.

The Center will continue to partner only with the Interinstitutional and Multidisciplinary Working Group (GIM).

In Veracruz, the situation is further compounded by the lack of resources.

In the state of Mexico, authorities agreed to support the GVW mechanism after the National Citizen Observatory on Women’s Murders (OCNF) allocated the resources required for these purposes.

There is still a long way to go, however. The perception that women are under constant threat is now stronger in this state than in Juarez itself.

In Morelos, representatives of the Independent Commission on Human Rights (CIDHM) feel that the measures adopted have not been entirely successful.

This situation contrasts sharply with a declaration that was made along these lines last April (see https://goo.gl/P3TxQ7).

How can the mechanism be improved to effectively address women’s murders in the country?

Specific actions should be implemented, including identifying those in charge and the role to be played by them.

• GVW should be binding and provide for a mechanism to sanction those failing to meet obligations.

• There is an urgent need for process, outcome and impact indicators to make progress visible.

• There is also a need to set reasonable timeframes for the implementation of recommendations.

• It is vital to fix such timeframes under a comprehensive, smooth process.

México: La Alerta de Violencia de Género es ineficiente
Por Sara Lovera
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Cd. de México, noviembre (Especial de SEMlac).- El mecanismo de aplicación para la Alerta de Violencia de Género (AVG), vigente en 12 entidades del país, necesita una reforma que lo haga más específico, sancione a las entidades que no cumplan, defina quiénes son las autoridades que deben realizar las acciones en cada entidad y fije tiempos, o nada avanza, dijo a SEMlac Laura Pedraza Álvarez, de la organización Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo (ACED AC).


La representante de ACED AC informó que esta organización está trabajando en un monitoreo de la situación de la violencia feminicida en las primeras seis entidades del país con declaratoria de AVG.


De acuerdo con la organización, dado el carácter de emergencia de la AVG, hay desconocimiento de las autoridades para aplicarla; no hay recursos ni rendición de cuentas, se multiplican reuniones sin sentido y hay graves pendientes, lo que impide efectividad en la AVG y ralentiza las acciones que demanda la ley.


Hoy es urgente que la declaratoria de AVG sea obligatoria y vinculante; que se rindan cuentas y se sancione con celeridad a culpables, o bien reciba sanciones por no cumplir los mandatos de la Alerta. Hasta ahora depende solo de la voluntad de las autoridades en turno, agrega ACED.
El monitoreo que realiza esta organización, con apoyo del Fondo de Violencia del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), arrojó, en primera instancia, gran disparidad en la aplicación de las AVG.


Otras acciones urgentes son: indicadores de proceso, de resultado y de impacto, que permitan ver los avances en cuanto a las acciones realizadas, los resultados y, finalmente, si es que el problema está siendo resuelto a través de estas acciones.


Encontraron que, pese a que las autoridades reportan acciones, se desconoce si son las adecuadas para abordar la problemática en cada entidad.
Desde su perspectiva, no existen plazos claros para llevar a cabo las medidas que den cumplimiento a las recomendaciones. La falta de especificidad en cuanto a tiempos lleva a que incluso la elaboración del Plan para establecer las medidas tome más de seis meses posteriores a la declaratoria de AVG.
Según ACED, para exigir el cumplimiento de las AVG y hacer efectiva la protección de los derechos de las mujeres, la movilización de la sociedad civil es fundamental, pues a menudo las organizaciones demandantes no tienen el reconocimiento suficiente.


Alertas de Violencia De Género: virtudes y retos


En su proyecto "Observatorio de violencia de género en seis entidades de la República con declaratoria de AVG: Estado de México, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Chiapas durante 2014 - 2016", ACED busca sistematizar información respecto a las Alertas declaradas en el país. Algunos de los hallazgos realizados a partir del monitoreo de información y del acercamiento con las organizaciones solicitantes, son esclarecedores.


Explica que la AVG es un mecanismo creado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 2007. Al igual que las órdenes de protección, buscan la defensa de los derechos de las mujeres. (Ver infografía al respecto en: https://goo.gl/4dXPMV y Panorama sobre la Alerta de Violencia de Género en México enhttps://goo.gl/RNEbP5).


Concluyen que el mecanismo de AVG ha sido empleado por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para hacer visible la violencia feminicida en México. Las principales virtudes de las AVG incluyen: primero, hacer que las autoridades reconozcan una problemática no atendida e incluso a veces negada; segundo, difundir en la sociedad la gravedad de una problemática normalizada, que no genera la indignación necesaria.


La AVG pone en la mesa los pendientes de las autoridades en materia de prevención y erradicación de la violencia feminicida, de ahí que sea necesaria la voluntad política de esas autoridades, de modo que se puedan poner en marcha acciones que contribuyan a afrontar la problemática.


Hoy es ese uno de los principales obstáculos que enfrentan las organizaciones solicitantes y el propio mecanismo.


La implementación de las medidas de la AVG puede llevarse a cabo de múltiples formas, de acuerdo a distintos aspectos: los recursos con los que cuenta cada entidad federativa, la voluntad política de los actores involucrados, así como la aceptación o no de la participación de las organizaciones solicitantes, quienes pueden aportar desde su experiencia en el trabajo directo con las problemáticas.


Avances y no avances


En Nuevo León, Arthemisas por la Equidad, la organización solicitante de la declaratoria de AVG, identifica acciones, voluntad política, recursos y coordinación entre autoridades para realizar las acciones contempladas en la Alerta. 


En el extremo opuesto, en Michoacán, Humanas sin Violencia, como solicitante, no forma parte del Grupo que da seguimiento a la AVG, debido a que el reglamento actual que regula este mecanismo excluye a la organización peticionaria.


En el caso de Chiapas, la organización solicitante Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC (CMDCH AC) es parte del grupo que da seguimiento. De igual forma, ha habido diálogo y recomendaciones para las acciones que se proponen, las cuales han sido retomadas en algunos casos por parte de las autoridades. 


Sin embargo, recientemente el CMDCH ha manifestado su salida de las mesas de trabajo debido a la "coordinación carente de metodología y conocimientos sobre género, derechos humanos, interculturalidad y multiculturalidad, aunado al desconocimiento del contexto prevaleciente en el estado", de acuerdo con un comunicado de la organización del 10 de octubre.


El CMDCH manifiesta que las reuniones han representado únicamente una pérdida de tiempo, por lo que solamente continuarán como parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM). Anteriormente ya habían denunciado la falta de poder de convocatoria con los municipios, puesto que no se había podido establecer reuniones con aquellos municipios con AVG.


En Veracruz, la situación se agrava debido al contexto de falta de recursos en la entidad. Aun cuando se ha detectado la coordinación entre instancias, este factor ha representado un importante obstáculo para la implementación de las medidas consideradas por la AVG.


En el Estado de México, las autoridades han aceptado la problemática presente en la entidad. Esto pese a que en un inicio hubo una gran resistencia para que se tramitara la AVG. Gracias a los recursos interpuestos por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se logró que la AVG fuera declarada.


Aún queda un gran camino por delante para poder erradicar la violencia feminicida que afecta a las mujeres de la entidad mexiquense. A la fecha, la situación de la entidad mexiquense es tal que ha desplazado a Ciudad Juárez del imaginario colectivo como el lugar en donde ser mujer es un constante peligro. Sin embargo, la organización reconoce la puesta en marcha de actividades encaminadas a enfrentar el problema.


En el caso de Morelos, a dos años de la declaratoria, la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado de Morelos (CIDHM), en su carácter de solicitante, considera que ninguna de las medidas ha sido cumplida en su totalidad.


Lo anterior contrasta con la declaración que se realizó en abril de este año, cuando se afirmaba que se levantaba la AVG en siete de los ocho municipios contemplados en la declaratoria (ver Alerta de Violencia de Género en Morelos ¿vigente?https://goo.gl/P3TxQ7).


¿Cómo puede mejorarse el mecanismo y buscar que sea más eficiente para enfrentar la grave situación de violencia feminicida en el país?
El mecanismo debe ser más específico en cuanto a las acciones a realizar, establecer quiénes son los responsables de llevar a cabo tales labores. De acuerdo con las organizaciones consultadas, dado el carácter de emergencia de la medida, es fundamental que cada instancia conozca de manera precisa sus funciones para que estas se desarrollen de manera ágil.


  • Es fundamental que la declaratoria de AVG sea vinculante, que no dependa de la voluntad de las autoridades en turno. Urge establecer un mecanismo que sancione a quienes no cumplan con las obligaciones derivadas de las declaratorias de AVG.

  • Se necesitan indicadores de proceso, de resultado y de impacto, que permitan hacer visibles los avances en cuanto a las acciones realizadas; los resultados que estas tienen y, finalmente, si es que el problema está siendo resuelto a través de estas acciones. Pese a que las autoridades reportan acciones, se desconoce si son las adecuadas para abordar la problemática en cada entidad.

  • Establecer plazos de tiempo para llevar a cabo las medidas que den cumplimiento a las recomendaciones. La falta de especificidad en cuanto a tiempos lleva a que incluso la elaboración del Plan para establecer las medidas a llevar a cabo lleve más de seis meses posteriores a la declaratoria de AVG.

  • Los tiempos para declarar AVG deben ser más ágiles, debido al carácter de emergencia del mecanismo. Si bien hay plazos definidos para el proceso que requiere declarar una AVG, es fundamental que todo el proceso tenga tiempos definidos.

 

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