Género

Género (381)

Por Sylvia R. Torres
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Managua, octubre (SEMlac).- Cuando una amiga tiene que tomar un taxi, especialmente por la noche, una la acompaña, anota la placa y le grita "cuando llegues, me llamas". La paranoia tiene bases: muchas tenemos amigas o conocidas asaltadas en taxis, mientras que los medios reportan mujeres encontradas muertas camino a algún lugar.
En Managua, hace unas semanas empezó a laborar Pink Comfort, una empresa de taxis o de traslados, como prefieren identificarse, para mujeres y conducidos por mujeres.
Con carros nuevos pintados en rosa y blanco, aire acondicionado, conductoras uniformadas, wifi gratis, a pocos días de su lanzamiento, la página de Facebook de esa compañía tiene 6.000 seguidores y muy buenas recomendaciones de las usuarias.
La aparición del servicio también ha encontrado críticas de mujeres en las redes sociales. Algunas encuentran cursi y trillado el color de los carros y el uniforme, o lo interpretan como un llamado a la segregación entre los sexos.
Otras mujeres dicen que el servicio es exclusivista porque los precios son altos, pero en general la aceptación es buena. El costo de una carrera desde Bello Horizonte hacia el centro de la ciudad podría costar 150 córdobas, equivalentes a cinco dólares, la mitad de lo que cobraría un taxi en las calles.
A quienes tienen la posibilidad de pagarlos, no les importa. La seguridad ciudadana es una preocupación, especialmente entre las mujeres. Siempre que se aborda un transporte colectivo hay un riesgo real de no llegar a su destino, sana y salva, y con los bienes intactos.
Recuperado del Facebook de la empresa, este mensaje de la cantautora Keyla Rodríguez, "Hola amigas, la empresa Pink ha dedicado una variedad de vehículos, conducidos por mujeres, para mujeres. Te llevan solo a vos, precios accesibles, aire acondicionado, wifi, celular de emergencia y seguridad que es de lo que necesitamos las mujeres, el teléfono para contrato es 2220 3636".
Muchas personas tienen uno o dos taxistas de confianza y el número de celular de estas personas se pasa entre colegas familiares y amigos. La idea de brindar un servicio nace de varias experiencias. 
La gerente de marca fue asaltada en una ocasión y subirse en un bus urbano, además de los asaltos, implica sufrir de acoso sexual con tocamientos u otras formas. En Estados Unidos, doña Brenda fue conductora de Uber, la empresa global de taxis, por lo que no le importó emplear mujeres en esta actividad, contrario a la cultura predominante que asigna esta tarea a los hombres. En la ciudad capital se reporta solamente una mujer ejerciendo esta actividad.
La compañía cuenta con seis carros que, generalmente, brindan un centenar de servicios diarios; no se consideran una empresa de taxis, sino una de traslado de personas. Además de este servicio, dos de las seis conductoras son graduadas universitarias, una era ama de casa y otra empresaria de transporte. Todas cuentan con contrato, salario, seguridad social y bono de alimentos.
Esta alta calidad de servicio es favorecida por la falta de empleo formal. Según una encuesta realizada el año pasado por de la empresa M y R, 84 por ciento de las personas entrevistadas señalaron el empleo como el principal problema de los nicaragüenses. El 60 por ciento de la ciudadanía realiza subempleos y 76 por ciento labora en empresas sin registros contables, por lo que no están protegidas por la Seguridad Social.
Para asignar el color rosa y blanco a taxis y uniformes, la empresa tomó ejemplo del Metro de México, que tiene vagones rosa para el uso de mujeres, niñas y niños. Asimismo, se inspiraron de otros servicios similares en Londres. Para contratar el servicio, la empresa se puede buscar en Twitter o Facebook

 

or Alicia Mendoza
(
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, octubre (SEMlac).- Mujeres, activistas de organizaciones feministas e integrantes de la comunidad transexual se manifestaron el pasado día 19 en el Ángel de la Independencia, de la Ciudad de México, en una segunda marcha la tarde noche del #MiércolesNegro.
Al mismo tiempo, en el Monumento de la Revolución, diversas agrupaciones feministas, mujeres y hombres se reunían al llamado de otra de las convocatorias que se difundieron en las redes sociales, en la Ciudad de México, en respaldo al paro de labores convocado por las feministas argentinas, tras el feminicidio de la joven Lucía Pérez.
Después de un mitin de una hora, el contingente reunido en el Monumento a la Revolución decidió marchar hacia "La Victoria Alada", donde se encontraron ambos grupos de manifestantes.
En el trayecto, la marcha proveniente del Monumento a la Revolución se detuvo en el plantón instalado frente a la Procuraduría General de la República por las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y exigió su presentación: "porque vivos se los llevaron, vivos los queremos."
En las escalinatas de la Columna de la Independencia, integrantes de la comunidad transexual reclamaron justicia para sus compañeras Paola y Alessa, asesinadas en días pasados, con el grito "alto a la transfobia" 
Además, diversas voces de mujeres en micrófono abierto exigieron la alerta de género en la Ciudad de México, asimismo el respeto al Estado laico, el esclarecimiento de los asesinatos transfóbicos, e hicieron un llamado a la unidad para la coordinación rumbo a la marcha del 25 de noviembre.
Por su parte, integrantes de Las Constituyentes CDMX Feministas señalaron que continuarán incidiendo para que la próxima Constitución de la Ciudad de México proteja todos los derechos humanos y, sobre todo, de la población más vulnerable. 
Finalmente, todas juntas exigieron justicia para todas las mujeres en México y América Latina, nombraron a cada uno de los 32 estados de la República Mexicana, de igual forma cada uno de los países de Latinoamérica, "por nuestras hermanas, justicia".

Por Juana María Nava Castillo
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, octubre 2016 (SEMlac).- En un 1.761 por ciento aumentó el número de ejidatarias en México durante las últimas cuatro décadas. De 1970 a 2014 suman poco más de medio millón de mujeres como titulares de la tierra, lo que las ha involucrado también de manera natural en los cargos de comisariados ejidales en una mayor proporción.
De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, en 1970 existían 31.459 ejidatarias, quienes debían justificar tener familia a cargo para tener derecho a ser dueña de la tierra.
Con la reforma al artículo 27 constitucional, en 1992, se incrementó la participación de las mujeres, gracias a lo cual en 1998 el número de ejidatarias subió a 213.375, según arrojó el registro del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede).
En ese año (1998), el Procede identificó que en el país había 16.000 núcleos agrarios, con esa cantidad de ejidatarias, más 38.856 posesionarias y 148.771 avecindadas.
Dieciséis años después, en el 2014, el total de mujeres con derechos agrarios en el país asciende a un millón 306.951, lo que representa el 26,36 por ciento con respecto al total de sujetos agrarios, que en suma es de cuatro millones 958.319.
En los 30.242 núcleos agrarios registrados hasta el 31 de diciembre de 2014, la presencia de las mujeres es evidente: 554.215 son ejidatarias, 160.615, comuneras; 555.665, posesionarias, y 36.456 son avecindadas.

Aumenta participación
El incremento de las mujeres como poseedoras de la tierra, les permitió participar en los órganos de representación y de vigilancia. Un diagnóstico de la Procuraduría Agraria señala que en 1998 alrededor de 8.000 mujeres ocupaban un cargo en los comisariados ejidales; 285 como presidentas, 1.958 tesoreras, 1.186 secretarias.
A finales de 2014, la representación se incrementó en un 599 por ciento, con un total de 47.951 cargos, en los cuales 21.292 casos son presidentas, secretarias o tesoreras.
El 44,4 por ciento de las mujeres son integrantes de un comisariado ejidal, 10.413, y el 55,6 por ciento lo hacen dentro de los consejos de vigilancia, 10.879.
Sin embargo, sólo el 3,85 por ciento de las mujeres son presidentas de los Comisariados Ejidales, 1.233 mujeres, de los más de 30.000 núcleos agrarios.
Si bien el acceso de las mujeres a la tenencia de la tierra, así como a cargos de decisión en los ejidos y comunidades se ha incrementado, la Memoria del Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, celebrado en octubre de 2015 en la Ciudad de México, revela que no por ello se haya mejorado su calidad de vida.
Testimonios de las comisariadas ejidales, levantados por la Procuraduría Agraria, señalan que acceder a la tierra y a cargos de representación les ha generado situaciones de violencia en muchos de los casos ante la resistencia de que "una mujer" sea la autoridad ejidal, esto aunado a la falta de apoyo de las autoridades.
Más de 50 mujeres de diversos ejidos revelaron que ellas llegan a ocupar cargos en los comisariados para remediar situaciones de corrupción y malos manejos de los recursos económicos y patrimoniales.
También son propuestas a ocupar el cargo porque el anterior presidente, consideró que podría manipularla, controlarla para la toma de decisiones.
Indican que el comisariado saliente se autonombra "asesor" y el primer acuerdo es que no realizará la mujer nada que no esté acordado previamente.
Asimismo, las mujeres tienen poca o nula experiencia política, lo que las hace presas de "celadas" administrativas en la ejecución y supervisión de proyectos sociales y productivos, por parte de sus contrincantes dentro y fuera del ejido.
Los testimonios revelan que muchas veces las mujeres son objeto de agresiones y acusaciones legales, ante la presencia de caciques regionales, y no pueden tener acceso a las autoridades para resolver las problemáticas.
Sin embargo, ellas son las que lideran una gran parte de las gestiones para el desarrollo de sus ejidos o comunidades para programas de apoyos concretos a la producción, para la realización de obra pública, para la regularización y expedición de certificados parcelarios.
Los datos muestran que las mujeres tienen acceso a la tenencia de la tierra a través de la cesión de derechos agrarios, la sucesión o herencia y la enajenación, y realizan actividades agrícolas, ganaderas y forestales principalmente.

Y siguen en la pobreza
Por otro lado, si bien aumentó el número de mujeres que posee tierras, la realidad también es que la mayoría vive en la pobreza.
El Diagnóstico para el diseño de políticas públicas que fomenten la autonomía económica de las mujeres rurales e indígenas, de Inmujeres, en 2013, señala que 16.7 millones de habitantes de zonas rurales están en situación de pobreza y 5.8 millones en pobreza extrema.
En las áreas rurales, la tasa de participación económica de los hombres es de 81,2 por ciento y de las mujeres es de 31,4 por ciento, siendo las mujeres propietarias del 15,7 por de las unidades de producción agrícola privadas.
Entre la población indígena, la tasa de participación económica de los hombres es de 77,3 por ciento y de las mujeres es de 21,4 por ciento.

Las unidades agrícolas
El acceso de las mujeres a la tierra también es resultado de la modificación a la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 que creó la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer (UAIM), un programa permanente dirigido hacia las mujeres rurales para asignarles tierra.
Incluso la Ley Agraria de 1992 en el artículo 71 estableció la posibilidad de que la Asamblea ejidal reserve una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, para establecer granjas agropecuarias o industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de 16 años.
De acuerdo con información de la Procuraduría Agraria, en el Análisis de la Situación Cuantitativa de las Parcelas de la Mujer a nivel Nacional, realizado en diciembre de 2014, la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, ocupa el 0,070 por ciento de la superficie social del campo mexicano.
En 1.216 municipios del país se localizan parcelas de las mujeres, es decir en un 49,6 por ciento del total de municipios.
En el estado de Tamaulipas se encuentra el mayor número de núcleos con Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, con 945, lo que representa un 11,12 por ciento del total; le siguen los estados de Veracruz, con 695; Coahuila, con 656; Hidalgo, con 593, y San Luis Potosí, con 383.
Según datos del Registro Agrario Nacional, de 1992 a 2013 se expidieron 8.500 certificados parcelarios para las UAIM, lo que representa el 26 por ciento con respecto al universo de núcleos agrarios.

Las recomendaciones
ONUMujeres afirma que las mujeres rurales son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos a nivel mundial y desempeñan un papel importante en la preservación de la biodiversidad a través de la conservación de las semillas, en la recuperación de prácticas agroecológicas y tienen un importante aporte en la soberanía y seguridad alimentaria a través de la producción de alimentos saludables y la participación en mercados locales.
Señala que para promover cambios que se traduzcan en incrementos a la producción y el bienestar de la población es necesario reorientar con enfoque de género las políticas públicas dirigidas a impulsar el desarrollo rural.
Asimismo, recomienda que los programas de subsidios incorporen la perspectiva de género como uno de sus rasgos distintivos, para favorecer condiciones de equidad entre hombres y mujeres en relación con el acceso a los recursos públicos y en la toma de decisiones, para generar procesos de desarrollo.

 

Por la Redacción
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, 14 octubre 2016.- El 54 por ciento de la población mundial habita actualmente en las zonas urbanas y se prevé que para 2050 llegará a 66 por ciento, lo cual plantea una importante cantidad de retos.
Para afrontarlos, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a la Conferencia Hábitat III en Quito, Ecuador, del 17 al 20 del presente mes, que tiene como objetivo asegurar el compromiso político mundial por el desarrollo urbano sostenible.
A esa reunión, donde se acordará la Agenda Urbana Sostenible para los próximos años a nivel global, acudirá una delegación mexicana que encabezará la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga.
La comitiva estará compuesta por funcionarios de los tres órdenes del gobierno, representantes de la sociedad civil, académicos, expertos en urbanismo, jóvenes, mujeres, niñas y niños, según informó la Sedatu.
Agregó que luego de 20 años de haberse celebrado la segunda de dos ediciones previas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el tema, la comunidad internacional está a punto de dar el paso más importante en lo que se refiere a la planeación y desarrollo de las ciudades del futuro con la tercera reunión en Quito.
El problema tiende a agravarse más en las 28 megaciudades existentes en el mundo, entre las cuales se encuentra la Ciudad de México con 21 millones de personas, al igual que Mumbai y Sao Paulo, y le anteceden Tokio, Delhi con 25 millones y Shangai con 23 millones.
Las megaciudades acogen en conjunto a 453 millones de personas, lo cual significa el 12 por ciento de la población urbana mundial, de las cuales 16 se encuentran en Asia, cuatro en América Latina, tres en África y un número similar en Europa, y dos en América del Norte.
Para 2030, se calcula que habrá 41 ciudades con más de 10 millones de habitantes, por lo cual Naciones Unidas ha decidido tomar cartas en el asunto.
México, por medio de la Sedatu, propondrá en la Conferencia Hábitat III de Quito tres pilares fundamentales para aportar a la Nueva Agenda Urbana que emanará de esa reunión: Derecho a la Ciudad, Igualdad de Género en su instrumentación y Accesibilidad Universal.
También propondrá siete ejes transversales: viviendas para construir ciudades, desarrollo regional para combatir la desigualdad, un nuevo marco legal para la gobernanza de las metrópolis, construcción de ciudades compactas y productivas, gestión eficiente del suelo con nuevas tecnologías y transparencia para brindar seguridad jurídica.
Asimismo, promoción de una nueva cultura del espacio público y la movilidad, y ciudades sostenibles para cuidar el entorno y resilientes ante los desastres naturales.
La Sedatu explicó que el objetivo del gobierno mexicano es que, con la aprobación de esa agenda, las ciudades mexicanas del futuro sean compactas, incluyentes, igualitarias, sustentables, accesibles y resilientes, y que con ello se logrará alcanzar el Objetivo 11 de la ONU sobre Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Precisó que, como preparación para Hábitat III, que comenzará sus trabajos esta semana, México desarrolló actividades como el Foro Nacional por el Derecho a la Ciudad, la Reunión Regional de América Latina y el Caribe, que aprobó la Declaración de Toluca y el Foro Internacional Niñas y Niños por el Derecho a la Ciudad.
Para abordar la tarea de mejores ciudades, el Gobierno de la República impulsó la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que ya fue aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores y que próximamente será promulgada.
En el transcurso de Hábitat III, la titular de Sedatu convocará a una reunión de ministras de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Urbano y sostendrá una reunión bilateral México-Canadá con el tema "Ciudades seguras para las mujeres".

Por Gabriela Ramírez
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, octubre (SEMlac).- Es crucial fortalecer y acelerar de forma uniforme y a pasos firmes la ruta hacia la democracia paritaria y la igualdad sustantiva en México. 
Así lo establece el Llamado a la Acción para la Democracia Paritaria en México, dado a conocer en la ceremonia de clausura del Foro del mismo nombre que se llevó a cabo en el Instituto Nacional Electoral (Ine), los días 11 y 12 de octubre.
La reunión fue organizada por el Ine, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF), ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Fiscalía Especializadas para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Mediante este pronunciamiento, organizaciones e instituciones se comprometieron e hicieron un llamado a la acción para implementar varias acciones.
Las primeras, adoptar reformas legislativas para que la igualdad sustantiva se traduzca en la práctica y fortalecer el proceso de armonización constitucional y legislativa a fin de incluir paridad horizontal y vertical.
También, implementar acciones afirmativas de ingreso permanencia y desarrollo en cargos en espacios de toma de decisiones para mujeres, especialmente indígenas, jóvenes, afrodescendientes y mujeres con discapacidad.
La cuarta, tipificar la violencia política estableciendo facultades claras de las autoridades, y la quinta, reformar los documentos de partidos políticos para garantizar la paridad e igualdad sustantiva.
El llamado señala que la participación de las mujeres es un acelerador para lograr la igualdad sustantiva.
Hace hincapié en que los derechos políticos de las mujeres no deben limitarse a votar y ser votadas, sino a intervenir libres de violencia en todo espacio donde se deliberan asuntos públicos.
"Con este México 50/50 debemos dar el paso a la democracia paritaria", señala el llamamiento.
Finalmente, dice que un liderazgo compartido con más igualdad es el reto más decisivo y urgente de esta década. "Nos compromete como generación a protagonizar este cambio cultural".
Estos compromisos fueron firmados por Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE; María del Carmen Alanís, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Javier Bolaños, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados; Santiago Nieto, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), y Ana Güezmes, de ONU Mujeres en México.

Cero tolerancia a violencia política contra mujeres
Con un llamado a la cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez clausuró el Foro Llamado a la acción para la Democracia Paritaria en México.
Debemos actuar de inmediato, pues muchas viven discriminación sutil o abierta en sus partidos, organizaciones o comunidades, afirmó.
Cruz Sánchez dijo que no cabe la violencia política, como tampoco las prácticas que discriminan o limitan el acceso de las mujeres a la participación política, como una desigual distribución de recursos o los usos y costumbres.
Reiteró que es urgente que haya más participación de mujeres en los municipios ya que son ellas quienes mejor conocen las necesidades de las comunidad, actualmente solo el 13 por ciento de los municipios del país están presididos por una mujer.
"Las mujeres queremos paridad en los tres órdenes de gobierno, en los gabinetes, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en los organismos descentralizados y en los hogares", dijo.
Puntualizó que esto requiere del trabajo de los tres órdenes de gobierno, partidos políticos y autoridades electorales.
Al respecto, Javier Bolaños Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señaló que la paridad debe trabajarse de la mano con las organizaciones civiles, para hacer "un gran equipo", con la finalidad de que sea un distintivo para nuestro país y un mejor camino para sacar la agenda política y social de México.
María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideró necesario hacer de la paridad una realidad de vida para las mexicanas.
"Pese a lo mucho que avanzamos, aún persisten las resistencia al ver a una mujer ejerciendo cargos públicos. No exigimos ni más ni menos, exigimos igualdad", insistió.
Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres en México, dijo que si bien el logro de la igualdad está más cerca que nunca, aún hay un camino por recorrer. El cambio está ocurriendo pero requerimos que sea más rápido. El reto de esta década es lograr la igualdad y aseguró que la paridad es el camino.
"Necesitamos más mujeres tomando decisiones, necesitamos que las instituciones entiendan que la igualdad es el pasaporte para el futuro".

Con la paridad no se juega
La paridad es la forma más efectiva para fomentar la participación de las mujeres en la vida política, ya que mejora la democracia, es un tema con el que no se juega y en el que no se dará un paso atrás.
Estos fueron algunos de los argumentos en la ceremonia de inauguración del foro, donde Carmen Moreno Toscano, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de la Organización (Cim) de los Estados Americanos, habló de que la participación política de las mujeres es un derecho fundamental que además enriquece las democracias.
Señaló que la democracia paritaria no sólo se refiere a las elecciones, sino a una participación 50/50 en toda la estructura de poder.
Dijo que México fue el quinto país en América Latina en incluir la paridad en la legislación y que próximamente la Cim dará a conocer un estudio sobre los casos de México y Nicaragua.
"En la región de América Latina se ha llegado a un consenso regional en el que la igualdad política se rige por estándares paritarios, ya son siete los países que han incorporado esta medida en sus legislaciones", señaló Moreno.
En tanto, Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México, indicó que invertir en la igualdad sustantiva es probablemente una de las inversiones más inteligentes que pueden hacer los estados y las sociedades y la paridad, dijo, es un gran acelerador.
En el marco del 63 aniversario de la conmemoración del voto de las mujeres, consideró necesario reconocer los avances de México para garantizar la igualdad ante la ley, ya que está en el lugar número ocho de los países en el mundo que han legislado la paridad.
"La paridad, que no es más que una ampliación de derechos, ha permitido que hoy en día en la Cámara de Diputados, haya 42 por ciento de mujeres".
Por su parte, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Ine, lanzó una clara advertencia al señalar que con el tema de la paridad no se juega y que no habrá un paso atrás.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, habló de la necesidad de que todas las autoridades vean la paridad como un principio.
"Debemos de trabajar porque aún para las mujeres la competencia sigue siendo desigual, hay guerra sucia contra las candidatas, tienen problemas para denunciar, tenemos datos de mujeres candidatas que han sufrido violencia física, destrucción del material electoral, todo eso debe acabar si queremos tener una democracia de mayor calidad".
Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, habló de cómo este ha sido un proceso de lucha para lograr la conquista de derechos de las mujeres.
Dijo que actualmente el reto que enfrentan las mujeres es el acceso a las candidaturas independientes.
"El destino de candidatas independientes es muy desalentador. No debemos permitir que siga el desequilibrio ni la limitación perspectiva paritaria que parece innata a nuestra idiosincrasia".
Al respecto, Marcela Eternod, secretaria ejecutiva del Inmujeres, dijo que "no podemos seguir a paso de caracol" en el avance de los derechos políticos y la participación de las mujeres en el ámbito público. Sobre todo, afirmó, cuando están dadas las condiciones estructurales para estos cambios.
"No podemos desperdiciar los talentos de las mujeres, así sólo estaremos jugando a que todos pierdan, en lugar de que todos ganen", sentenció.

Por Mercedes Alonso
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Santo Domingo, octubre (SEMlac).- La República Dominicana lidera la lista de países latinoamericanos con la más alta cifra de embarazos y uniones tempranas de niñas por debajo de los 15 años, según estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Esta lamentable posición solo se compara con África subsahariana y Unicef señala, además, que todos los días 13 niñas de menos de 15 años están dando a luz en los hospitales, en su mayoría fruto de violaciones o abusos sexuales.
Desde su llegada al país con la misión de representar a Unicef, Rosa Elcarte pidió a la ciudadanía denunciar los casos de explotación sexual infantil.
SEMlac tuvo la oportunidad de intercambiar criterios y conocer su preocupación por lo que constituye una situación alarmante, ya que 60 por ciento de las niñas pobres menores de 18 años están casadas o unidas y ya tienen uno o más hijos, "cuestión que constituye uno de los principales replicadores de la pobreza en el país", afirmó la especialista.
"Es alarmante la tolerancia con que la sociedad dominicana convive con esta realidad, que expone a niñas y niños a la explotación sexual con fines comerciales en los polos turísticos y provincias más pobres del territorio nacional", observó la representante del organismo internacional. 

No hay excusas
Unicef presentó a finales de septiembre pasado la campaña: "No hay excusas", que en coordinación con la Procuraduría General de la República apela a la conciencia ciudadana para que asuma un rol activo y denuncie los casos en que niñas y niños estén siendo explotados sexualmente, tal y como declaró Rosa Elcarte al periódicoHoy, invitada al almuerzo semanal que realiza ese medio de prensa.
"Ya sea porque hayan sido violadas sexualmente, o porque estén siendo usadas por sus familiares como un medio para conseguir recursos o porque vean en la unión temprana la opción para liberarse de un hogar marcado por la violencia y la extrema pobreza, el matrimonio infantil afecta el cumplimiento de los derechos de las niñas, condicionan su desarrollo, las exponen a la violencia y el embarazo adolescente", expuso Elcarte.
"La campaña va dirigida a evitar la naturalización de este delito. De que seamos conscientes de que la explotación sexual no es algo normal, no es un medio de vida de niñas pobres, es un crimen, un delito y merece la cárcel", dijo.
El problema de las estadísticas confiables sigue sin resolverse en la nación, por lo que no se manejan cifras concretas que muestren la explotación sexual comercial de menores; pero estudios de Unicef ratifican que "existe una gran tolerancia al fenómeno, que responde, básicamente, a pautas de culturas machistas arraigadas en la sociedad y hacen que se siga replicando". 
Entrevistas llevadas a cabo por Unicef a 146 menores de 18 años en zonas turísticas reflejaron que muchas niñas y niños son explotados sexualmente por sujetos que usan su poder económico, social y otro tipo de influencias para abusar de ellos, a cambio de "ayuda económica" a su familia pobre.
Otra encuesta efectuada a estudiantes de escuelas y colegios privados dio a conocer que el 30 por ciento alegó haber recibido alguna insinuación por parte de un adulto para tener relaciones sexuales.

RD, ¿destino sexual?
La defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes planteó que, en diferentes puntos de playas dominicanas, son vistas menores abrazadas a extranjeros que les doblan o triplican la edad. "Esta realidad puede terminar catapultando al país como un destino sexual, que es lo peor que le puede pasar", sentenció.
"Para algunos entornos sociales, se considera que el cuerpo de la niña es una herramienta para llevar fondos a casa, sea porque la unen a los 15 años, o porque la explotan sexualmente, pero aparte de ser un replicador de pobreza, es una violación brutal, una vejación brutal de los derechos humanos de estos niños", manifestó Elcarte a directivos y ejecutivos del periódico Hoy.
Recordó, además, que la ley dominicana es clara cuando tipifica como abuso sexual el hecho de que un adulto cinco años mayor tenga sexo con una adolescente o se una a ella. "Porque una niña menor de 18 años no tiene ni la madurez física, neuronal, psicológica para poder decir que quiere unirse, es ilegal en la inmensa mayoría del mundo, está castigado por las leyes internacionales". 

Sin registros
A todo lo anterior se suma que 70 por ciento de los hijos e hijas de madres adolescentes no son registrados al nacer, tal y como manifiesta otro de los estudios de Unicef en República Dominicana, pese a que el país cuenta con oficinas del registro civil en todo su territorio, debido a que muchas llegan sin cédulas o documento alguno.
Elcarte considera que se avanza en educación, "pero no vamos vislumbrando una solución para el embarazo adolescente, las uniones tempranas y las violaciones". Tenemos que empezar a educar a nuestras hijas, fundamentalmente, para ser personas decentes, buenas, productivas, independientes, y además, que tengan una familia. Pero no al revés". 
Finalmente, la especialista recordó lo que sigue siendo un aspecto básico sin cumplir, tanto en los Objetivos del Milenio, y ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se trata de la muerte de 13 bebés cada día, sin importar la clase social de la madre, antes de cumplir los 28 días de nacidos, 10 de ellos por causas evitables. En ese sentido, Unicef trabaja junto al Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Ministerio de Salud, en la iniciativa Hospital Amigo del Bebé, que busca mejorar la calidad de la atención intrahospitalaria, fomentando el parto vaginal, la lactancia materna, entre otras buenas prácticas. "Esperamos que en cinco años podamos reducir esta cifra que es de las más altas de Latinoamérica, y que se ha mantenido igual desde hace 20 años"

De la Redacción
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Santo Domingo, octubre (SEMlac).- En ningún caso mujeres acusadas por delitos de drogas no violentos deberán ir a prisión, ya que no representan una amenaza para la sociedad.
Esta fue la promesa de la ministra de la Mujer de este país, Janet Camilo, al intervenir en la VI Conferencia Latinoamericana y I Caribeña sobre Políticas de Drogas, que se celebra aquí.
Camilo señaló que en Dominicana, al igual que muchos países en la región, el abordaje del tráfico de drogas se ha hecho solo desde la penalización. "Es como que el Estado dominicano no tiene conciencia de que tenemos que trabajar desde la prevención", dijo.
La titular señaló que tienen como objetivo que, en ningún caso, mujeres acusadas por delitos de drogas no violentos vayan a prisión, ya que la mayoría no significan una amenaza para la sociedad y agregó que "reducir la población femenina carcelaria es prioridad del Presidente de la República".
Durante el primer día de la Conferencia Latinoamericana, se llevó a cabo el Panel Políticas de drogas y el derecho de acceso a la justicia
"Muchas mujeres son privadas de sus familias y de sus derechos al ser encarceladas".
Así expertas de diversos países señalaron que las respuestas punitivas a los delitos de drogas siguen siendo un factor decisivo en el aumento de la población carcelaria, trayendo aparejado condiciones infrahumanas de detención.
Priscilla Chávez Méndez, vocera de mujeres encarceladas por delitos menores vinculados a las drogas de Costa Rica, relató los pesares atravesados cuando fue detenida por un delito de drogas, actividad que tuvo que realizar por la desesperación de mantener a sus cuatro hijos.
"Muchas mujeres son privadas de sus familias y de sus derechos al ser encarceladas", dijo Chávez Méndez y se quejó de "las situaciones vulnerables que te llevan a cometer estos actos", "no abrimos los ojos a tiempo", reflexionó.
María Cristina Meneses Sotomayor, defensora pública penal de Ecuador, señaló que "las reformas de drogas en su país han admitido criterios para que la normativa penal mantenga al margen a personas con poca cantidad de sustancias prohibidas y se dejen en libertad".
También destacó que "el porcentaje de mujeres encarceladas en Ecuador disminuyó un 43 por ciento".
Por su parte, Zhuyem Molina Murillo, defensora pública de Costa Rica a cargo de la Unidad de Género Penal e Incidencia legislativa, indicó que la reforma a ley 9161 entendió que los derechos eran lo primordial.
"Esta fue la principal herramienta para la liberación de cientos de mujeres como Priscila Chávez y permitió reunirlas con sus familias, ya que muchas de estas mujeres no tuvieron oportunidades antes de cometer el delito".
Para la funcionaria, "el gran desafío es la proporcionalidad de las penas, los derechos humanos, seguir estudiando e investigando y contar con estas historias como la de Priscila que tocan corazones".

Por Gabriela Ramírez
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, octubre (SEMlac).- Las empresas dirigidas por mujeres en México generan más de 78 millones de dólares al año, con ingresos promedio de 964.000 dólares, y emplean a un promedio de 23 personas por empresa.
Esto de acuerdo al "Análisis comparativo de empresas certificadas pertenecientes a mujeres" presentado el pasado día 5 por Elizabeth Vázquez, fundadora y CEO de WE Connect International durante el 5° Foro Anual "Incorporando a Mujeres Empresarias en las Cadenas Globales de Valor".
Según este análisis comparativo realizado entre las 202 empresas de mujeres en América Latina certificadas ante este organismo, en la región, instituciones financieras han extendido prestamos por más de 22 millones 329.685 dólares a empresas pertenecientes a mujeres de 2011 a 2016.
Colombia, Chile, Brasil y México son los países donde más créditos se han dado a mujeres empresarias.
En México, instituciones financieras han otorgado préstamos a empresas pertenecientes a mujeres por más de seis millones de dólares en los últimos cinco años. De las empresas mexicanas certificadas en WE Connect International, 81 de 85, cuentan con acceso a crédito y la mayoría de los préstamos se han realizado a través de Bancomer y Banamex.
La CEO de WE Connect International explicó que en México existe una robusta red de empresas pertenecientes a mujeres y es el país que cuenta con la red más grande de empresas certificadas en WE Connect en América Latina.
En América Latina, las 202 empresas certificadas de mujeres generan más de 86 millones de dólares anuales y emplean a más de 3.000 personas.
WE Connect International es una red global que conecta a empresas propiedad de mujeres a compradores en todo el mundo.

Por Karina Escalona
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Quito, octubre (SEMlac).- Más allá de los más comunes indicadores que con frecuencia muestran la situación del país, el machismo que permanece en Ecuador marca sin dudas los más disímiles escenarios sociales, económicos, culturales y políticos.
Una reciente afirmación del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, evidencia un tema que subyace en la realidad nacional y que con frecuencia suscita debates.
El pasado martes 4 de octubre, durante un conversatorio con medios de comunicación, respecto a las propuestas de la candidata presidencial, comentó: "Yo de asesor de Cynthia Viteri le recomendaría que no hable de economía, que hable de cualquier cosa… de maquillaje, no de economía".
Las palabras del mandatario provocaron inmediatamente reacciones en las redes sociales y otros espacios. Sin embargo, más allá de un primer análisis de la frase, que devela estereotipos y sesgos discriminatorios, queda la evidencia de la cultura patriarcal y machista de la que es reflejo.
Si desde la máxima figura de gobierno se usa esta estrategia para descalificar, es posible imaginarse un grupo numeroso de indicadores que reflejan la situación de las mujeres.
En el país donde Correa Delgado recomienda que Viteri mejor hable de maquillaje que de economía, llama la atención la situación del sexo femenino. Para ilustrar, algunos datos.
Uno de esos indicadores que refleja la desigualdad que persiste en Ecuador es el acceso al empleo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la tasa de desempleo para los hombres es 3,1 por ciento menor que para las mujeres, y más significativa aún la brecha en el acceso al empleo adecuado o pleno, donde la diferencia entre el sexo femenino y masculino es de 16,4 puntos porcentuales en detrimento de las mujeres.
Según la propia página web del INEC, esas cifras sí son "estadísticamente significativas", lo que reafirma la notable desventaja; que también se encuentra en el ingreso laboral promedio, donde la diferencia es de 93,34 USD, a tenor de información actualizada hasta junio de este año.
Temas como este son solo una muestra de lo que sucede en otros sectores, como el acceso a puestos de dirección o cargos de representación política en los que, a pesar de existir una política de cuotas, no se alcanzan las deseadas cifras de representatividad.
Pero aún más dolorosas son las estadísticas en cuestiones de mayor sensibilidad, como la educación sexual, las violencias y el aborto.
De manera general, aunque existen políticas aisladas desde algunas instituciones, y la presión de organizaciones sociales y activistas, predomina una mentalidad conservadora y moralista, en la que se penaliza el aborto, con excepción de las situaciones en las que la vida o salud de la mujer corran peligro y cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer que padezca discapacidad mental.
Ante la prohibición de decidir libremente sobre sus cuerpos, se producen abortos de manera ilegal que, en ocasiones, conllevan la muerte, considerada ya la quinta causa de muerte en el país, de acuerdo con datos del diario El País.
Solo hasta el año pasado, 74 casos fueron juzgados por aborto consentido, según el Consejo de la Judicatura; sin embargo, organizaciones sociales por los derechos de las mujeres indican el doble de esa cifra.
La penalización del aborto, a la par de una estigmatización de las mujeres que recurren a esta práctica, trae asociados una serie de problemas económicos y sociales que siguen sobre los hombros femeninos, en los que descansan los mayores índices de pobreza, menor acceso a la educación y trabajo, además de convertirse en la mayoría de los casos en el principal sostén de sus familias.
En Ecuador, seis de cada 10 representantes del sexo femenino han sido víctimas de alguna forma de violencia, siendo la sicológica la que mayor impacto tiene, y de las muertes violentas de mujeres, alrededor de 50 por ciento son feminicidios.
Según la propia Fiscalía del Estado, del total de sentencias por violación durante 2014, el 98 por ciento ocurrió en el entorno familiar, y en ese mismo año, se registraron casi 300 violaciones a niñas en centros escolares.
Ante este panorama, resalta además el dato de que en ese mismo período se registraran 2.966 partos de menores de edad y el Ministerio de Salud Pública destaca que se ha incrementado la fecundidad en niñas y adolescentes entre los 15 y 19 años.
Una investigación presentada por la Fundación Desafío, con cerca de 16 años dedicada al activismo y la orientación en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, muestra el panorama de los embarazos antes de los 14 años, fruto de violaciones, y que condena a miles de niñas en el país a la maternidad forzada.
Solo este breve acercamiento puede ser la muestra de un escenario que entre más se ahonda, mejor refleja la situación real de las mujeres en el Ecuador, donde a pesar de normativas como el reconocimiento del feminicidio como delito, la existencia de instrumentos jurídicos contra la violencia y otros, se mantiene un marcado sesgo discriminatorio y machista que limita sus derechos.

Página 6 de 28
Volver