Género

Género (334)

De la Redacción
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Santo Domingo, octubre (SEMlac).- En ningún caso mujeres acusadas por delitos de drogas no violentos deberán ir a prisión, ya que no representan una amenaza para la sociedad.
Esta fue la promesa de la ministra de la Mujer de este país, Janet Camilo, al intervenir en la VI Conferencia Latinoamericana y I Caribeña sobre Políticas de Drogas, que se celebra aquí.
Camilo señaló que en Dominicana, al igual que muchos países en la región, el abordaje del tráfico de drogas se ha hecho solo desde la penalización. "Es como que el Estado dominicano no tiene conciencia de que tenemos que trabajar desde la prevención", dijo.
La titular señaló que tienen como objetivo que, en ningún caso, mujeres acusadas por delitos de drogas no violentos vayan a prisión, ya que la mayoría no significan una amenaza para la sociedad y agregó que "reducir la población femenina carcelaria es prioridad del Presidente de la República".
Durante el primer día de la Conferencia Latinoamericana, se llevó a cabo el Panel Políticas de drogas y el derecho de acceso a la justicia
"Muchas mujeres son privadas de sus familias y de sus derechos al ser encarceladas".
Así expertas de diversos países señalaron que las respuestas punitivas a los delitos de drogas siguen siendo un factor decisivo en el aumento de la población carcelaria, trayendo aparejado condiciones infrahumanas de detención.
Priscilla Chávez Méndez, vocera de mujeres encarceladas por delitos menores vinculados a las drogas de Costa Rica, relató los pesares atravesados cuando fue detenida por un delito de drogas, actividad que tuvo que realizar por la desesperación de mantener a sus cuatro hijos.
"Muchas mujeres son privadas de sus familias y de sus derechos al ser encarceladas", dijo Chávez Méndez y se quejó de "las situaciones vulnerables que te llevan a cometer estos actos", "no abrimos los ojos a tiempo", reflexionó.
María Cristina Meneses Sotomayor, defensora pública penal de Ecuador, señaló que "las reformas de drogas en su país han admitido criterios para que la normativa penal mantenga al margen a personas con poca cantidad de sustancias prohibidas y se dejen en libertad".
También destacó que "el porcentaje de mujeres encarceladas en Ecuador disminuyó un 43 por ciento".
Por su parte, Zhuyem Molina Murillo, defensora pública de Costa Rica a cargo de la Unidad de Género Penal e Incidencia legislativa, indicó que la reforma a ley 9161 entendió que los derechos eran lo primordial.
"Esta fue la principal herramienta para la liberación de cientos de mujeres como Priscila Chávez y permitió reunirlas con sus familias, ya que muchas de estas mujeres no tuvieron oportunidades antes de cometer el delito".
Para la funcionaria, "el gran desafío es la proporcionalidad de las penas, los derechos humanos, seguir estudiando e investigando y contar con estas historias como la de Priscila que tocan corazones".

Por Gabriela Ramírez
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México, octubre (SEMlac).- Las empresas dirigidas por mujeres en México generan más de 78 millones de dólares al año, con ingresos promedio de 964.000 dólares, y emplean a un promedio de 23 personas por empresa.
Esto de acuerdo al "Análisis comparativo de empresas certificadas pertenecientes a mujeres" presentado el pasado día 5 por Elizabeth Vázquez, fundadora y CEO de WE Connect International durante el 5° Foro Anual "Incorporando a Mujeres Empresarias en las Cadenas Globales de Valor".
Según este análisis comparativo realizado entre las 202 empresas de mujeres en América Latina certificadas ante este organismo, en la región, instituciones financieras han extendido prestamos por más de 22 millones 329.685 dólares a empresas pertenecientes a mujeres de 2011 a 2016.
Colombia, Chile, Brasil y México son los países donde más créditos se han dado a mujeres empresarias.
En México, instituciones financieras han otorgado préstamos a empresas pertenecientes a mujeres por más de seis millones de dólares en los últimos cinco años. De las empresas mexicanas certificadas en WE Connect International, 81 de 85, cuentan con acceso a crédito y la mayoría de los préstamos se han realizado a través de Bancomer y Banamex.
La CEO de WE Connect International explicó que en México existe una robusta red de empresas pertenecientes a mujeres y es el país que cuenta con la red más grande de empresas certificadas en WE Connect en América Latina.
En América Latina, las 202 empresas certificadas de mujeres generan más de 86 millones de dólares anuales y emplean a más de 3.000 personas.
WE Connect International es una red global que conecta a empresas propiedad de mujeres a compradores en todo el mundo.

Por Karina Escalona
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Quito, octubre (SEMlac).- Más allá de los más comunes indicadores que con frecuencia muestran la situación del país, el machismo que permanece en Ecuador marca sin dudas los más disímiles escenarios sociales, económicos, culturales y políticos.
Una reciente afirmación del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, evidencia un tema que subyace en la realidad nacional y que con frecuencia suscita debates.
El pasado martes 4 de octubre, durante un conversatorio con medios de comunicación, respecto a las propuestas de la candidata presidencial, comentó: "Yo de asesor de Cynthia Viteri le recomendaría que no hable de economía, que hable de cualquier cosa… de maquillaje, no de economía".
Las palabras del mandatario provocaron inmediatamente reacciones en las redes sociales y otros espacios. Sin embargo, más allá de un primer análisis de la frase, que devela estereotipos y sesgos discriminatorios, queda la evidencia de la cultura patriarcal y machista de la que es reflejo.
Si desde la máxima figura de gobierno se usa esta estrategia para descalificar, es posible imaginarse un grupo numeroso de indicadores que reflejan la situación de las mujeres.
En el país donde Correa Delgado recomienda que Viteri mejor hable de maquillaje que de economía, llama la atención la situación del sexo femenino. Para ilustrar, algunos datos.
Uno de esos indicadores que refleja la desigualdad que persiste en Ecuador es el acceso al empleo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la tasa de desempleo para los hombres es 3,1 por ciento menor que para las mujeres, y más significativa aún la brecha en el acceso al empleo adecuado o pleno, donde la diferencia entre el sexo femenino y masculino es de 16,4 puntos porcentuales en detrimento de las mujeres.
Según la propia página web del INEC, esas cifras sí son "estadísticamente significativas", lo que reafirma la notable desventaja; que también se encuentra en el ingreso laboral promedio, donde la diferencia es de 93,34 USD, a tenor de información actualizada hasta junio de este año.
Temas como este son solo una muestra de lo que sucede en otros sectores, como el acceso a puestos de dirección o cargos de representación política en los que, a pesar de existir una política de cuotas, no se alcanzan las deseadas cifras de representatividad.
Pero aún más dolorosas son las estadísticas en cuestiones de mayor sensibilidad, como la educación sexual, las violencias y el aborto.
De manera general, aunque existen políticas aisladas desde algunas instituciones, y la presión de organizaciones sociales y activistas, predomina una mentalidad conservadora y moralista, en la que se penaliza el aborto, con excepción de las situaciones en las que la vida o salud de la mujer corran peligro y cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer que padezca discapacidad mental.
Ante la prohibición de decidir libremente sobre sus cuerpos, se producen abortos de manera ilegal que, en ocasiones, conllevan la muerte, considerada ya la quinta causa de muerte en el país, de acuerdo con datos del diario El País.
Solo hasta el año pasado, 74 casos fueron juzgados por aborto consentido, según el Consejo de la Judicatura; sin embargo, organizaciones sociales por los derechos de las mujeres indican el doble de esa cifra.
La penalización del aborto, a la par de una estigmatización de las mujeres que recurren a esta práctica, trae asociados una serie de problemas económicos y sociales que siguen sobre los hombros femeninos, en los que descansan los mayores índices de pobreza, menor acceso a la educación y trabajo, además de convertirse en la mayoría de los casos en el principal sostén de sus familias.
En Ecuador, seis de cada 10 representantes del sexo femenino han sido víctimas de alguna forma de violencia, siendo la sicológica la que mayor impacto tiene, y de las muertes violentas de mujeres, alrededor de 50 por ciento son feminicidios.
Según la propia Fiscalía del Estado, del total de sentencias por violación durante 2014, el 98 por ciento ocurrió en el entorno familiar, y en ese mismo año, se registraron casi 300 violaciones a niñas en centros escolares.
Ante este panorama, resalta además el dato de que en ese mismo período se registraran 2.966 partos de menores de edad y el Ministerio de Salud Pública destaca que se ha incrementado la fecundidad en niñas y adolescentes entre los 15 y 19 años.
Una investigación presentada por la Fundación Desafío, con cerca de 16 años dedicada al activismo y la orientación en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, muestra el panorama de los embarazos antes de los 14 años, fruto de violaciones, y que condena a miles de niñas en el país a la maternidad forzada.
Solo este breve acercamiento puede ser la muestra de un escenario que entre más se ahonda, mejor refleja la situación real de las mujeres en el Ecuador, donde a pesar de normativas como el reconocimiento del feminicidio como delito, la existencia de instrumentos jurídicos contra la violencia y otros, se mantiene un marcado sesgo discriminatorio y machista que limita sus derechos.

De la Redacción
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México, octubre (SEMlac).- Miles de niñas cada año contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años, solapadas por la Iglesia, los usos y las costumbres, la familia y las legislaciones civiles.
Se trata de más de 120.000 niñas que, sin haber alcanzado la mayoría de edad, adquieren la responsabilidad de formar una familia, lo que trae como consecuencia que la mayoría abandone sus estudios y se enfrente, con toda seguridad, a una maternidad temprana.
De acuerdo con el Derecho Canónigo, la edad para casarse es de 16 años para los varones y 14 para las niñas, aunque las Conferencias Episcopales pueden establecer una edad superior; pero sólo impide el matrimonio antes de esas edades y entre los 16 y 18 años se requiere un Acta de Emancipación que otorga la diócesis del lugar.
La Conferencia del Episcopado Mexicano determinó subir la edad de 18 años para el hombre y 16 para la mujer, en 1984.
En la zona de Los Altos de Chiapas, el padre Joel Padrón señala que los matrimonios infantiles y los arreglados van a la baja.
"En algunas comunidades es tradición el contrato matrimonial hecho por los papás y frecuentemente es a iniciativa del padre del joven, con el fin de fortalecer los lazos entre las familias y la unidad comunitaria", señala.
Explica que, en los matrimonios arreglados en las zonas indígenas, rara vez la opinión de las niñas es tomada en cuenta y, por lo general, son los padres quienes hacen los acuerdos.
Si acaso se le llega a preguntar a la muchacha, refiere el sacerdote, ella por lo general acepta "por compromiso familiar o por su cultura, pues no tiene opción para decir que no".
Relata que a veces el papá del niño o de la niña propone que éstos vivan juntos desde pequeños para que se vayan entendiendo mientras crecen y después se formalice el matrimonio.
"Ahora, afortunadamente, eso es cada vez menos, ya hay mucha comunicación entre los jóvenes, salen de su comunidad, salen de su medio".
El vicario judicial de la Diócesis de Saltillo, Mario Alberto Cruz Méndez, señala que la Iglesia se tiene que ajustar a los ordenamientos internacionales de derechos humanos y a los esfuerzos del Estado Mexicano por tutelar los derechos de la niñez a través de las normas civiles.
Señala que en el Código de Derecho Canónico de 1917 y de 1983, existe la dispensa para la celebración del matrimonio de las niñas no menores de 14 y los niños no menores de 16, (Canon 1083), en 1984 la Conferencia Episcopal Mexicana acordó subir la edad a 16-18.
En caso de que se celebren matrimonios a menores de 16 años, explica, estos deben ser con la licencia del obispo, (Canon 1071), lo cual no va a suceder ahora con la reforma de las leyes civiles en el caso de Coahuila, pues no podemos realizar enlaces que no son reconocidos por la ley.
"El Derecho Canónico respeta los criterios del Estado para disciplinar. Puede ser permitido, con permiso del ordinario el enlace de una viuda o divorciada, pero de un niño no, porque la iglesia en este caso, es muy diferente el ámbito de los adultos y niños. Si el ordinario da dispensa a un menor de edad, entonces es cómplice de delito.
"No solamente en el ámbito administrativo, sino la ley civil es muy clara que el criterio fundamental que ha motivado al cambio a la edad, no es por capricho, sino porque es un derecho que se está tutelando, que exige la protección de la vida, salud, todos los derechos que el niño tiene", expresa.
Se trata, dice, de sumar.
"El estado tiene la obligación de capitalizar todos sus recursos en la niñez. La Iglesia tiene que sumarse, porque no va en contra de la moral, al contrario, favorece la protección de los más débiles.
"Es un delito y un pecado, porque es la simulación de un sacramento, entonces hay una sanción canónica a criterio del obispo, pero también es un pecado grave, porque estás utilizando el sacramento haciendo pasar una realidad que no existe", manifiesta Cruz Méndez.
Apenas el 16 de junio de este año, la Diócesis de Saltillo, encabezada por el obispo Raúl Vera, determinó, a través del decreto titulado "Instrucción sobre la edad mínima para el matrimonio", no otorgar licencias, ni dispensas que establecen sus propios cánones, ni los acuerdos de la Conferencia Episcopal Mexicana, respecto de la edad mínima para casarse, por lo que se exhorta a los párrocos a corroborar que la pareja de contrayentes tenga cumplidos 18 años y, en lo posible, tener la certeza de que se hayan casado por las leyes civiles.
Esto fue producto del acuerdo del Consejo Presbiteral, explica Cruz Méndez, que se apega a los cambios en los Códigos Civiles del Estado, con vistas a erradicar los criterios que pongan en riesgo la vida y el desarrollo de las personas menores de edad.
Pero no en todos lados sucede lo mismo.
En Guerrero, las Iglesias siguen el ordenamiento del CEM, la edad mínima del hombre para contraer nupcias es de 18 años, y para la mujer 16.
El sacerdote de la Iglesia de San Mateo, en Chilpancingo, Jorge Amando Vázquez, reconoce que, igual que un niño de seis meses no está preparado para caminar, el cuerpo de una niña de 12 a 14 años, no está preparado para las responsabilidades del matrimonio a temprana edad, lo que les causa finalmente frustración, enojo y sentimientos de fracaso.
No obstante, señala, en Guerrero los usos y las costumbres, en zonas como la Sierra y la Montaña, los matrimonios de jovencitas e incluso niñas, sigue siendo una realidad.
"Los usos y costumbres siguen permeando en la formación y la educación en las comunidades rurales, mientras que, en la ciudad, el trabajo cotidiano que absorbe a ambos padres les impide estar al pendiente de sus hijos, por ello debían estar más presentes y preocuparse más por su desarrollo", explicó el sacerdote.
Por su parte, Alejandro Solalinde, sacerdote católico, señala que si se efectuara una boda religiosa entre menores de 18 años es motivo de nulidad de este sacramento.
Solalinde sostiene que antes de los 18 años, las niñas y los niños no tienen la madurez suficiente para tomar una decisión de esa naturaleza, significaría un desastre o un fracaso para ellas y para ellos.
"Si se casa a las y los niños se les interrumpe su proceso de maduración, de individualización, cada uno tiene que ensayar en la adolescencia su propio espacio, su definición sexual, su sociabilización con el medio, el hacerse responsables y autónomos, de lo contrario seguirán siendo niños y niñas casadas", señaló.
Solalinde, reconocido como defensor de los Derechos Humanos de las y los migrantes, opina que si algunos sacerdotes validan este tipo de matrimonios están incumpliendo las leyes canónicas.
El sacerdote expone que en 1982, cuando llegó a Oaxaca, fue enviado a servir en la parroquia de San Pedro Amuzgos.
"Era común que las madres y padres presentaran a parejas de jovencitos y jovencitas para casarse. Pero el caso que más recuerda es el de Betito, un niño de 12 años a quien su familia quería casar con otra niña de su edad.
"Yo me negué y les expliqué que estaban tan chiquitos que ni siquiera podrían tener relaciones sexuales. La mujer me contestó que no era así, que empezarían a dormir juntos como hermano y hermana, y que cuando llegara el momento tendrían relaciones, a pesar de eso, me negué y la familia se molestó mucho", refiere Solalinde.
En México el matrimonio infantil es una práctica común.
Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, en 23 de las 32 entidades al menos una de cada cinco mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir 18 años de edad.
Este fenómeno no es exclusivo de zonas rurales o poblaciones indígenas, pero está asociado a condiciones económicas y educativas.
De acuerdo con el informe publicado en 2012 del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPFA) "Marrying too Young. End Child Marriage", México está entre los cinco países con la tasa más alta de matrimonio infantil (22,9) de América Latina, solo superada, por Honduras, Guatemala, Brasil y Colombia.
Pero hay entidades, donde la tasa de matrimonio infantil es mucho mayor.
En Chiapas es del 30 por ciento, y 11 entidades federativas presentan las tasas de matrimonio infantil más altas en mujeres urbanas (entre 20 y 25 por ciento), destacan Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán y Nuevo León.
Para ONU Mujeres México, el matrimonio infantil es un fenómeno predominantemente femenino, resultado de una clara diferenciación de género.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, 3,9 por ciento de los varones de 20 a 24 años de edad se unió en matrimonio antes de cumplir la mayoría de edad, mientras en las mujeres la cifra es de 17,3 por ciento, por tanto, se unieron con hombres mayores de edad.
En el ámbito nacional, el 30 de abril de 2015 la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Civil Federal, que instituyen la edad de 18 años como mínima para contraer matrimonio en México, tanto en varones como en mujeres.
En 22 entidades los Códigos Civiles no establecen una edad mínima de 18 años para contraer matrimonio o bien, permiten dispensas para que las y los menores de edad puedan unirse con el consentimiento de padres o tutores.
Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán Colina y ahora la Ciudad de México, no permiten el matrimonio infantil.

 

Por Ángela Castellanos Aranguren 
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Bogotá, octubre (Especial de SEMlac).- Paradójicamente, el logro de darle un enfoque de género al Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP se malentendió y utilizó por parte de algunas iglesias evangelistas y por el exprocurador Alejandro Ordoñez como motivo para votar negativamente en el plebiscito para refrendar dicho Acuerdo, el pasado 2 de octubre.
Este es uno de los motivos que llevó al 50,2 por ciento de los apenas 13 millones de colombianos que votaron, de casi 35 millones habilitados. Otros fueron el desacuerdo con dar curules a los excombatientes en el Congreso y dinero para sostenerse mientras consiguen generar ingresos propios.
Otras motivaciones fueron inspiradas por la campaña del expresidente Alvaro Uribe, basada, como lo dijo su gerente, en generar rabia diciendo mentiras como que la reforma tributaria que prepara el gobierno es para financiar a los excombatientes, que a los pobres les iban a reducir los subsidios y que Colombia se iba a convertir en otra Venezuela.
"Es lamentable que hayan convertido en motivo para votar por el No lo que era positivo y modelo en el mundo, como lo es el enfoque de género, que considera la vulnerabilidad de grupos como los LGBT y las mujeres, afectados en el marco del conflicto, específicamente por su identidad sexual", afirmó para SEMlac Marcela Sánchez, directora ejecutiva de la Colombia Diversa, una ONG dedicada a la defensa de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y personas trans.
De hecho, las mujeres además de ser víctimas por hechos violentos generales, también fueron violadas como medio para generar humillación, intimidación y terror. Así mismo, varios actores armados del conflicto violentaron de diversas maneras a personas homosexuales por su orientación sexual.
Algunas iglesias evangelistas, como la Confederación Evangélica de Colombia, llamaron a votar No, argumentando que el Acuerdo tiene "ideología de género" y que personas LGTB fueron a la Mesa de Conversaciones de La Habana. 
Después de realizado el plebiscito, dicha Confederación convocó a sus pastores y seguidores a nivel nacional, que estiman en varios millones, para que presenten propuestas sobre el tema para ser llevadas al Presidente de Colombia, a fin de que se consideren ajustes al Acuerdo de Paz.
Colombia Diversa, que llamó a votar Sí por el Acuerdo, aseguró que seguirá trabajando por la paz y pide que "no se mermen lo esfuerzos para conseguir la paz y se siga manteniendo enfoque de género y diversidad", y pidió también reunirse con el presidente Juan Manuel Santos.
En tanto, Alejandro Ordoñez, el ex procurador general, dijo a un medio de comunicación colombiano que tenía "razones morales" para votar No en el plebiscito, pues "desde la Habana se están diseñando políticas públicas basadas en esa concepción (género) para rediseñar en nuestro ordenamiento jurídico, la familia, el matrimonio, el derecho a la vida y la libertad religiosa. Están utilizando la misma metodología que tenían con la cartilla de educación sexual del Ministerio de Educación que pensaron que podría pasar de contrabando".
El exprocurador, que fue destituido por haber sido reelegido irregularmente, se refiere a un debate que él generó a mediados del presente año al denunciar unas cartillas de educación sexual que aseguró fueron publicadas por el Ministerio de Educación, y que dicho despacho negó, pero que le costó un debate en el Congreso a Gina Parody, la ministra de esa cartera, quien aseveró que todo fue un montaje contra ella por ser lesbiana.
Lo cierto es que ese ministerio sí había dado la directriz a todos los colegios para que ajustaran sus manuales de convivencia a fin de evitar el matoneo -o bullying escolar- y discriminación contra estudiantes por causa de su identidad sexual, dando cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional.
Luego, el Presidente de la República pidió a la Ministra retirar la directriz. Semanas después, Parody solicitó una licencia para ausentarse del cargo y, tras el resultado del plebiscito, renunció a la posición de Ministra de Educación.

¿Qué se busca al acusar al Acuerdo de hablar de lo que no habla?
El exprocurador, quien aspira a ser candidato presidencial en las elecciones de 2018 y es miembro de la Hermandad San Pío X (o Sociedad Lefebvrista), se ha opuesto al matrimonio igualitario, al aborto por cualquier causal y a la adopción por parejas gay.
Posiciones similares están siendo impulsadas en varios países latinoamericanos, como Perú, Panamá, Guatemala, El Salvador y México. En este último se ha llamado a crear un "frente latinoamericano por el derecho a la vida y la familia".
El Acuerdo de Paz no habla de familia, religión, matrimonio, ni derecho a la vida antes del nacimiento. Tampoco dice nada sobre los derechos de las mujeres o de las personas LGTB que no esté en la normatividad vigente de Colombia. 
La Mesa de negociación en La Habana recogió la solicitud del movimiento de mujeres de crear una subcomisión de género, la cual recibió propuestas de 18 organizaciones de mujeres y de grupos LGTBI, al tiempo que escuchó recomendaciones de expertas en violencia sexual de Colombia e internacionales.
"De hecho no hay ninguna ´conquista´, ni necesitamos el Acuerdo para generar una agenda de derechos de los LGBT", aseguró Sánchez.
Para la Red Nacional de Mujeres, que participó directamente en la inserción de género en el Acuerdo de Paz, lo que sucede es que hay una puja entre las personas que defienden los derechos y la ciudadanía con inclusión, versus otra gente que son "anti-derechos", pero que la balanza está inclinada por los "pro-derechos".
La secretaria técnica de la Red Nacional de Mujeres, Beatriz Quintero, afirmó a SEMlac que "el mayor peligro es que las personas ´anti-derechos´ están buscando que estos sean los temas del debate electoral de 2018, a fin de cuestionar los logros normativos, provocar retrocesos y llevar al país al siglo XVIII". 
Un debate que podría darle la razón a Quintero es el hecho de que la senadora Vivian Morales, elegida por votos de la comunidad cristiana y algunos liberales, está promoviendo un referendo para prohibir que las parejas homosexuales y las personas solteras no puedan adoptar menores de edad. Desde hace más de tres décadas, en Colombia las solteras pueden adoptar legalmente.

Qué sí dice el Acuerdo de Paz sobre género
Sergio Jaramillo, el Alto Comisionado para la Paz, aclaró antes del plebiscito que "es falso que los Acuerdos promuevan ideología alguna", y el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, también hizo lo propio. 
El Acuerdo no menciona el concepto de "igualdad de género", ni "ideología de género". Sí indica que la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz tenga en cuenta determinados enfoques, entre ellos el enfoque de género.
Dicho enfoque, explicó Quintero, reconoce que no todas las personas fueron impactadas de manera similar por el conflicto, es decir, que unos grupos resultaron más vulnerables y, por tanto, acuerda unas acciones afirmativas para esas poblaciones, como por ejemplo unos aportes para que las mujeres campesinas tengan acceso al fondo de tierras, a los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y a mejores condiciones para conocer la verdad y acceder al Tribunal para la Paz.
Sin embargo, Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para los Derechos de la Infancia, mano derecha del ex procurador Ordóñez, afirma que "la ideología de género" está encriptada en el Acuerdo y que es una ideología foránea que Naciones Unidas quiere imponer en Colombia.
En 2000, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325, por medio de la cual se llama a la participación de las mujeres en la resolución de conflictos armados.

De la Redacción
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Nueva York. Estados Unidos, septiembre (SEMlac).- La Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoce el liderazgo de México en la producción de estadísticas de género en la región de América Latina y el Caribe y México.
Esto fue dado a conocer durante los trabajos del 71º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York que culminaron el pasado día 22.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Lorena Cruz Sánchez, participó en los debates sobre diversas estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Entre los principales temas, se incluyó el empoderamiento económico, la lucha contra la violencia de género, el rol de la ciencia y la tecnología para la inclusión de mujeres y niñas en la economía del conocimiento.
En el panel de alto nivel "Haciendo que cada mujer y cada niña cuente", la ONU reconoció el liderazgo que ese país ha tenido en la producción de estadísticas de género en la región de América Latina y el Caribe.
En su participación, la canciller Claudia Ruiz-Massieu anunció la creación de un Centro Global de Excelencia en esta materia.
Los países manifestaron la importancia de unir sinergias entre los diversos actores como los gobiernos, las Organizaciones de la Sociedad Civil y el sector privado para trabajar hacia una misma dirección que permita el progreso de las mujeres y niñas, a partir de dichas alianzas.
Para ello, se mencionó que es requisito fundamental asegurar un enfoque integral que enfatice la importancia de los derechos y servicios básicos como la educación, la salud, la higiene, el agua potable y la seguridad alimentaria.
Entre otros, la presidenta del INMUJERES participó en un evento convocado por los Gobiernos de Finlandia y Tanzania y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el fin de conocer sobre casos exitosos realizados en diversos países para impulsar la inclusión de mujeres en áreas del conocimiento no tradicionales, como ciencia y tecnología.
Particular acento se puso en prácticas que deben desarrollarse en la educación formal y no formal desde la niñez para superar las brechas tecnológicas y digitales que aún siguen enfrentando las mujeres en el mundo.
Cruz Sánchez asistió también al evento sobre "El costo de la violencia contra las mujeres", convocado por la presidenta de Chile, Michelle Bachellet, y de Lituania, Dalia Grybauskaite.
En él, se habló sobre las alarmantes cifras de violencia física y psicológica contra las mujeres que se registran aún en todas las regiones del mundo, reconociendo, sin embargo, la urgente necesidad de continuar invirtiendo en estudios que den cuenta del impacto económico de la violencia en las cuentas nacionales de cada país. Se discutió sobre el papel fundamental de las estadísticas desagregadas, la recolección de datos para la medición de la violencia y el diseño de estrategias y políticas adecuadas para luchar contra este flagelo.
La titular del INMUJERES refrendó el compromiso de México con la iniciativa lanzada por el Reino Unido en relación con los estigmas derivados de la violencia sexual en los conflictos y participó en un panel de Alto Nivel del Secretario General sobre Empoderamiento de la Mujer, donde compartió junto al presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, y la embajadora de Estados Unidos para Asuntos Internacionales de la Mujer, Catherine Russell, algunas de las buenas prácticas que México ha puesto en marcha para el desarrollo sostenible.
Asimismo, Lorena Cruz asistió al evento convocado por el secretario de Estado de Estados Unidos de América, John Kerry y la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, para refrendar el compromiso de México en la "Alianza para un futuro igualitario: expandiendo la participación política y las oportunidades económicas de las mujeres".

Por Karina Escalona

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Quito, septiembre (SEMlac).- La violencia obstétrica es un tema bastante “reciente” en el panorama de la lucha por los derechos de las mujeres en Ecuador, donde el pasado 20 de septiembre se realizó el primer debate de la Ley de Parto Humanizado, que busca garantizar los derechos durante todo el proceso biológico: desde la planificación de la maternidad hasta el postparto.

 

Precisamente en 2014 se incluyó por primera vez este indicador en el informe a la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés), elaborado por las integrantes de la Coalición de Mujeres, impulsora de un proyecto de ley  por el derecho a una vida libre de violencias.

 

La propuesta, que se debatió en el país andino, busca establecer una ley de parto humanizado que incluye no solo los derechos de las mujeres, sino de los recién nacidos, iniciativa que promueve fuertemente la asociación El Parto es Nuestro (EPEN).

 

“Es más que un tema solo de mujeres, abarca al ciento por ciento de la población”, destacó en entrevista a SEMlac María Moreno de los Ríos, socia fundadora de EPEN, quien señaló que ese es un tema que en esta segunda versión aún no se recoge.

 

Moreno de los Ríos, activista por los derechos femeninos, precisó además que están pendientes de incorporación al proyecto de ley otras cuestiones importantes como estandarizar una línea de denuncia en caso de malas prácticas, el papel de las parteras y doulas (asistentes sin titulación oficial que proporciona apoyo físico y emocional a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto), la posibilidad de que accedan a los centros de salud y la continua actualización de los profesionales de la salud.

 

Aún siguen pendientes en el proyecto los derechos de madres y padres durante períodos de hospitalización de sus hijos y un capítulo que establezca la correcta divulgación de este instrumento jurídico.

 

“Es importante que se genere el debate y la población sepa de esta forma de violencia y cómo evitarla”, recalcó Moreno de los Ríos, quien insistió en la necesidad de contar con esta Ley de Parto Humanizado, y que además, forme parte del Código Orgánico de Salud, como complemento de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 

Un avance que se incluye en esta propuesta es la posibilidad de que sea aplicable a todo el sistema de salud en el país y no solo en instituciones públicas.

 

Previo a este debate del proyecto, en el mes de abril de este año se realizó un foro en la Asamblea Nacional para analizar y aportar en la construcción de la ley. Al encuentro asistieron unas 500 personas, entre académicos e investigadores del tema, activistas, representantes de organizaciones que luchan por los derechos femeninos, personal de salud, de la OMS y la Red de Parteras, entre otros.

 

Esta iniciativa, presentada a la Asamblea por su presidenta Gabriela Rivadeneira, fue motivada inicialmente por el elevado número de cesáreas que se practican en el país --41 % en el sector público y más del 70 % en el privado, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre un 10 y 15 %--, por lo que en su contenido se incluye también cómo lidiar con la cesárea respetada.

 

La propuesta de Ley de Parto Humanizado que actualmente se debate en Ecuador recoge elementos de propuestas previas con miradas sesgadas, pues hay que ver el tema desde la misma planificación de la maternidad, enfatizó María Moreno de los Ríos. Por un lado, la propuesta de la propia Rivadeneira, enfocada esencialmente en la reducción de cesáreas, y otra de la asambleísta Lourdes Tibán, centrada en la práctica intercultural del parto acompañado.

 

Un enfoque integral permitirá garantizar los derechos de madres e hijos y eliminar una de las formas de violencia hacia las mujeres más invisibilizadas, pues “nada justifica las tasas que tiene el país”.

Por Josefina Aguilar Pastor
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Chilpancingo, México, septiembre (SEMlac).- Deserción escolar, embarazos prematuros, mortalidad materna, transmisión intergeneracional de la pobreza, limitación de las oportunidades de vida para las niñas y adolescentes son las secuelas del matrimonio infantil.
Daniela Allende Nava tiene 20 años, es originaria de la comunidad de Tlamamacán, municipio de Mártir de Cuilapan, ubicado en la región centro del Estado mexicano de Guerrero. Se juntó con su pareja a los 17 años, tienen un hijo de tres y asegura que estaría mejor sola que con su compañero.
Relata que todo comenzó cuando, a los 20 días se tener novio, se les hizo de noche y cuando se dio cuenta era la una de la madrugada, después de estar platicando más de cinco horas con el "muchacho", como le llama a su esposo. Cuenta que su padre era un hombre chapado a la antigua y violento; por eso, cuando vio la hora, decidió irse con el novio.
"Yo nomás me juí por miedo de que me pegara mi papá", dice y desde esa noche continúa en la relación.
Daniela estudió hasta sexto de primaria, es la segunda de ocho hermanos, cuatro mujeres y cuatro hombres. Habla náhuatl y es una de las muchas indígenas que venden artesanías en las playas del puerto de Acapulco, su único sustento. Su esposo tampoco tiene trabajo fijo, solo empleos temporales.
Tiene tres años de casada y está arrepentida, lo dice incluso con lágrimas en los ojos. "Me siento mal en muchas cosas, con mi pareja la verdad nada más ando sufriendo, lo que no iba a sufrir con mis padres, estaba mejor con mi papá y mi mamá", se lamenta.
A sus hermanas más pequeñas, que estudian la primaria y la secundaria, les aconseja que no se casen, que sigan estudiando, que lo piensen. "Ya que tengan 20 o 25, ya que hayan disfrutado, que tengan algo en la vida, no nada más de irse y juntarse, así no.
Ella misma dice que le falta todo: amor, cariño y todo lo que se necesita en una familia e, incluso, prepararse, estudiar; pero, aunque "no pagaron" por ella, está pagando lo mismo.
A diferencia de ella, su hermana Natividad se casó "bien", a los 15 años, y sus papás pagaron por ella de 15.000 a 20.000 pesos (de 750 a 1000 dólares) y la comida. Los padres piden distintas cantidades de dinero para evitar que sus maridos "las dejen".
"Pero digo, de qué sirve que estén pagando, para que me anden maltratando, me anden insultando; ¿de qué sirve? Pues no sirve de nada. Como dicen en mi pueblo, el dinero que pidan lo voy a pagar yo, porque voy a trabajar yo, la hacen trabajar a una, se cansa una, todo lo paga una como mujer, maltratos, todo eso", refiere Daniela. Incluso señala que estaría bien que su marido, quien la golpea sin motivo alguno, la deje, porque estaría mejor sola.
Casada o no, ella se fue de su casa por miedo a su papá, lo mismo hizo su hermana Natividad también se casó por miedo a su papá, quien la golpeaba constantemente y por cualquier motivo. Asegura que de haber sido su padre diferente, ni ella ni su hermana se hubieran casado tan chicas.

No volvería a casarse
Elizabeth Romero Francisco es originaria del puerto de Acapulco, menudita, morena clara, estudiaba el segundo grado de preparatoria, comenzó a tener relaciones sexuales desde los 17 años, quedó embarazada y tuvo que casarse con quien en ese momento era su novio. Ahora tiene 19 años, una niña y está embarazada de nuevo.
Con una risa nerviosa, comenta que le gustaba y estaba muy enamorada de quien es su marido. Admite que el matrimonio y la maternidad es mucha responsabilidad, le demanda mucho cuidado y atención, muchas de las veces no le da tiempo hacer los quehaceres de la casa donde permanece todo el día, pues no trabaja.
Además, desconoce cómo manejar una casa, no sabe cocinar ni lavar bien la ropa, pues en su casa lo hacía su mamá, lo cual le ha generado problemas con su marido. Comenta que es más o menos feliz, principalmente con y por su bebé, "pero a veces he tenido muchos problemas".
A poco más de un año de casada, sonriendo, dice que lo único que cambiaría de su vida, sería a su marido.

Parejas de hasta 13 años
Amalia Guevara, abogada, labora en la dirección de Atención a Grupos Étnicos en el ayuntamiento de Acapulco, donde se otorga asesoría y orientación a la población indígena, reconoce que la situación del matrimonio infantil es algo cotidiano.
"Hay parejas de hasta 13 años, que han llegado a solicitar ayuda jurídica, principalmente por problemas de violencia familiar o económica, infidelidad, entre otros problemas", señala.
Guevara reconoce que los matrimonios jóvenes truncan proyectos de vida, se frustran ambiciones personales y se generan fracasos, pero no existe un registro de esta situación.
El pasado 14 de abril, la diputada local, Rosaura Rodríguez Carrillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una propuesta para reformar el Código Civil y establecer como edad mínima para contraer matrimonio, tanto el hombre como la mujer, los 18 años.
La reforma busca homologar la Ley número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 44 menciona los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, con el Código Civil vigente. La actual reglamentación aún contiene las dispensas de ley que permiten el matrimonio entre menores de edad, con la anuencia del Presidente Municipal y el consentimiento de los padres o tutores o establecen edades mínimas de 14 o 16 años para mujeres y 16 o 18 para hombres.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del congreso local, Beatriz Alarcón Adame, también del PRI, asegura estar en contra de la propuesta por considerar que no permitir el matrimonio entre menores, contribuiría a la desintegración familiar de esas personas que se están queriendo en ese momento y a quienes les estarían quitando ese derecho de estar juntos por no cumplir los 18 años. 
Para la Iglesia Católica, la edad mínima del hombre para contraer nupcias es de 18 años, y para la mujer 16.
El sacerdote de la Iglesia de San Mateo, en Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero, Jorge Amando Vázquez, reconoce que, igual que un niño de seis meses no está preparado para caminar, el cuerpo de una niña de 12 a 14 años, no está preparado para las responsabilidades del matrimonio a temprana edad, lo que les causa finalmente frustración, enojo y sentimientos de fracaso.
No obstante, señala, en Guerrero los usos y las costumbres, en zonas como la Sierra y la Montaña, los matrimonios de jovencitas e, incluso, niñas, es una realidad.
"Los usos y costumbres siguen permeando en la formación y la educación en las comunidades rurales, mientras que, en la ciudad, el trabajo cotidiano que absorbe a ambos padres les impide estar pendientes de sus hijos e hijas, por ello debían estar más presentes y preocuparse más por su desarrollo", acusó el sacerdote.
Señala que una mayor presencia de las personas adultas en la vida de los niños y las niñas, les permite vivir su etapa de formación, que se tomen muy en serio sus estudios, el deporte y amistades.

Por Sara Lovera 
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México, septiembre (SEMlac).- Un grupo de mujeres activistas que se organizaron para buscar familiares desaparecidos, denominado Colectivo Solecito, encontró el miércoles 7 de septiembre 75 fosas clandestinas en diversas localidades del Estado mexicano de Veracruz, informó Lucía de los Ángeles Díaz, presidenta del grupo..
Veracruz es considerada la segunda entidad de este país con mayor cantidad de personas desaparecidas, según los reportes de la Procuraduría General de la República, y una de las más violentas en la persecución de la libertad de expresión y de mayor ingobernabilidad.
El presidente municipal de Xalapa, la capital de Veracruz, Américo Zúñiga, dijo que cuando llegó a su puesto en 2014, el problema de las desapariciones y de las fosas clandestinas ya existía, "lo heredamos", afirmó al incluir a las autoridades de la Fiscalía estatal.
El Colectivo Solecito que ha hecho el trabajo que debían realizar las autoridades, al hallar 75 fosas clandestinas -hasta 2014 se habían localizado solo seis- es una expresión de la toma de postura de familiares, principalmente mujeres, en busca de desaparecidos y desaparecidas, como los casos de los estados de Morelos y Sinaloa, documentados extensamente en diversos medios de comunicación y televisiones digitales.
Entre abril y agosto de este año, en apenas cinco meses, grupos de mujeres organizadas han encontrado 90 fosas clandestinas con cientos de restos humanos.
Lucía de los Ángeles Díaz, dirigente del colectivo, destacó que estos hallazgos fueron realizados por familiares de desaparecidos, quienes realizan actividades de búsqueda desde el pasado 8 de agosto.
Esta brigada o colectivo Solecito está compuesto por 50 madres de familia que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas, en vista de que las autoridades no lo hacen.
Díaz agregó que es necesario que las autoridades estatales expliquen sobre esas fosas clandestinas.
Así el colectivo encontró 28 "cuerpos enteros", algunos con signos de tortura. Ocho fosas ya fueron procesadas y corroboradas por la División Científica de la Policía Federal que fueron localizadas en Colinas de Santa Fe, y falta revisar qué hay en el resto de fosas.
Los hallazgos registrados hasta la fecha son un avance parcial en un predio que tiene una extensión de unas 10 hectáreas, el cual ya había sido intervenido hace dos años por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con un saldo final de cinco personas inhumadas. Dichas fosas se descubrieron en San Rafael Calería, una comunidad rural del municipio de Córdoba, y en Amatlán de los Reyes, localidad conurbada a Córdoba.
La Policía aseguró que estaba trabajando para acceder a las 67 fosas aún no exploradas. De esas fosas, la Policía Científica junto con la Fiscalía General del Estado han extraído los restos de 28 personas, en ocho de ellas.
El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga, admitió que existen irregularidades en el uso del cementerio, pero aclaró que tanto él como las actuales autoridades de la Fiscalía asumieron sus cargos en 2014 y heredaron esa situación. En los últimos cuatro años, la Policía Federal sólo ha podido confirmar el hallazgo de seis fosas clandestinas con restos humanos en el estado de Veracruz.

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