Género

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Nueva York, marzo (SEMlac).- Más de 35 medios de comunicación se comprometen a aumentar la representación de las mujeres en las salas de prensa y en el contenido de las noticias.
En un evento paralelo al 60 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en Naciones Unidas, ONU Mujeres presentó una alianza con medios para implementar acciones concretas con vistas a la Agenda 2030.
Según un comunicado de prensa difundido por este organismo, el Pacto de Medios Demos el Paso por la Igualdad de Género reúne a una amplia coalición de medios de comunicación de cada región pertenecientes a la prensa escrita, radiofónica y electrónica, para garantizar el mayor alcance e iniciativas sólidas en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Los medios implementarán el pacto ampliando la atención sobre las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres y la igualdad de género, a través de coberturas de alta calidad acompañadas de prácticas corporativas sensibles al género.
"Los medios tienen una influencia enorme sobre la forma en que percibimos y entendemos el mundo que nos rodea. Esta influencia tiene muchas dimensiones. Incluso cuando la presentación de informes es totalmente ajuste a los hechos, si se informa predominantemente por hombres, sobre los hombres, en realidad está distorsionando el estado real del mundo. En ONU Mujeres, queremos abordar esto a través de una asociación para cambiar el panorama de los medios de comunicación y para que los medios hagan su parte por la igualdad de género", declaró Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.
Las entidades mediáticas se han comprometido a realizar una serie de acciones como defender los derechos de las mujeres y las cuestiones relativas a la igualdad de género a través de artículos editoriales; garantizar la inclusión de las mujeres como fuentes de las historias, apuntando a alcanzar la paridad de género; adoptar un código de conducta en la elaboración de informes que demuestre sensibilidad de género; y garantizar que las periodistas mujeres reciban orientación y acompañamiento para avanzar en la profesión.
El evento de presentación, en Nueva York, estuvo moderado por Cristina Gallach, Secretaria general adjunta del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, y participaron las y los representantes de South African Broadcasting Corporation, Good Housekeeping y TV Azteca.
Entre los miembros fundadores del Pacto de Medios Demos el Paso por la Igualdad de Género se encuentran: AllAfrica, AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), Al Wasat (Bahrein), Cambodia Centre for Independent Media, Care2, Citizen News Service (India), Dawn (Pakistán), Devex, El Telégrafo, (Ecuador) y Eurovision Regional News Exchange for South East Europe - ERNO.
También France 24, Good Housekeeping, Guatevisión (Guatemala), Gulf Daily News (Bahrein), Instituto Patrícia Galvão (Brazil), Inter Press Service, Marie Claire, Monte Carlo Doualiya (MCD), Naewna Group (Thailand), Nómada.gt (Guatemala), Philanthropy Age, Pravda, Reportaje De (Guatemala), South African Broadcasting Corporation, Siempre Mujer, Teen Voices, The Daily Star (Bangladesh), The Express Tribune (Pakistán), The Jakarta Post (Indonesia), The Jordan Times, The National (Emiratos Árabes Unidos), Thomson Reuters Foundation, Radio France Internationale, TV Azteca (México), UN Dispatch, Centro de Noticias de la ONU, Voice of Democracy (Camboya), Women's eNews y Women's Feature Service (India). 
Está previsto que muchos más se sumen al Pacto de Medios en los próximos meses.

Washington, 28 de marzo (SEMlac).- La Comisión de Estupefacientes de la ONU adoptó en Viena, Austria, una resolución sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas, durante el 59 periodo de Sesiones que concluyó esta semana.
En un comunicado de prensa, la Red de la Comisión Interamericana de Mujeres señala que la resolución pone de relieve la importancia de que las políticas y programas sobre drogas tengan en cuenta las necesidades específicas de mujeres y niñas, y que se incorpore la perspectiva de género en todos los esfuerzos relacionados con el problema mundial de las drogas.
Plantea también que se consideren medidas concretas en el ámbito judicial, como las alternativas al encarcelamiento para mujeres embarazadas y para aquellas que son jefas de familia y responsables del cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad.
El documento resalta, además, la necesidad de ofrecer servicios de salud diseñados específicamente para atender las necesidades de mujeres y niñas, incluyendo servicios de tratamiento y atención de los trastornos causados por el consumo de drogas.
Esto representa un importante esfuerzo a nivel global para el avance hacia el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y la creación de políticas de drogas respetuosas de los derechos humanos y la perspectiva de género.
La CIM, en búsqueda de avanzar en la generación de políticas públicas más eficaces en esta materia, en colaboración con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) y de Justicia, lanzó a inicios de febrero: "Mujeres, Política de Drogas y Encarcelamiento: Una Guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe".
Esta Guía, que sirve como hoja de ruta para gestoras y gestores de política pública, busca contribuir al desarrollo e implementación de políticas de drogas más humanas y más eficaces hacia mujeres privadas de libertad por delitos menores relacionados con drogas y sus dependientes.
Entre otros puntos la resolución insta a los Estados miembros a que reúnan e intercambien datos cuantitativos y cualitativos, desglosados por edad y sexo, sobre el problema mundial de las drogas; toma nota del importante papel que desempeñan las mujeres y las niñas en la lucha contra los diversos aspectos del problema mundial de las drogas, y las alienta a que contribuyan a formular y ejecutar políticas y programas nacionales relacionados con las drogas.
Alienta a los Estados Miembros a que tomen en consideración las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres detenidas, procesadas o juzgadas, o a las que se hayan impuesto condenas por delitos relacionados con las drogas, cuando formulen medidas que tengan en cuenta el género como parte integrante de sus políticas de prevención del delito y justicia penal, incluidas medidas apropiadas para llevar ante la justicia a los autores de abusos contra las mujeres detenidas o encarceladas por delitos relacionados con las drogas.
Insta a los Estados Miembros a que ejecuten programas de base amplia para impedir la utilización de mujeres y niñas como correos en el tráfico de drogas, y solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que preste asistencia a los Estados para que formulen dichos programas a fin de luchar contra la utilización y participación de las mujeres en el comercio ilícito de drogas y adoptar medidas penales adecuadas contra los grupos delictivos organizados que utilicen a mujeres y niñas como correos.
Invita a los Estados Miembros a que, mediante la colaboración entre los servicios sociales y de salud, y las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y de la justicia, tengan en cuenta las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres, entre otras cosas mediante la adopción de medidas para proporcionar entornos seguros a las mujeres, y a que utilicen una amplia diversidad de medidas sustitutivas de la condena o la pena para determinados delitos menores relacionados con las drogas, de conformidad con la legislación nacional, a fin de mejorar la salud y la seguridad públicas de las personas, la familia y la sociedad.
Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que siga incorporando de manera activa y visible la perspectiva de género en todas sus prácticas, políticas y programas relacionados con el problema mundial de las drogas y contribuyan adecuadamente, con arreglo a su mandato, al logro de los objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

La Habana, 28 de marzo (Especial de SEMlac).- Desde que en Cuba comenzaron a implementarse medidas y cambios en el sistema económico, en búsqueda de mayor productividad, algunas voces desde la academia y la sociedad civil advirtieron que debía seguirse de cerca el proceso para que no afectara de manera drástica a las mujeres, con un camino avanzado en materia de empleo, autonomía económica y personal. 
A la cuenta de unos cinco años, muchas han salido del sector estatal y otras muchas se mantienen en sus puestos habituales. 
Un grupo que se incrementa ha optado por el trabajo por cuenta propia, en mayoría como contratadas; también las hay que prueban suerte y oficio en las cooperativas productivas y de servicios, sea en el ámbito agrícola o de la manufactura. Lo cambios en el país van calando hondo también en sus vidas, cuyo recorrido, sin embargo, sigue mereciendo una mirada atenta, al decir de especialistas e investigadoras. La economista Teresa Lara, experta en materia de indicadores de género, es una de las estudiosas que se mantiene atenta a esos cambios y su impacto en la vida de las mujeres de esta isla, un tema que le apasiona y no deja de analizar e investigar.

Suele afirmarse que las mujeres son más vulnerables frente a la actual reforma económica en Cuba… ¿es así? ¿Por qué? 
La reforma económica iniciada en el último quinquenio en Cuba apuesta por incrementar la eficiencia en la producción de bienes y servicios. El primer cambio -y el más importante- para alcanzar este empeño es la reducción del empleo estatal, principalmente en los sectores de más baja productividad. Las cubanas son mayoría no solo en las actividades estatales de prestación de servicios de menor productividad, sino en los puestos de trabajo de menor productividad, como auxiliares docentes, de enfermería, técnicas de laboratorio, secretarias, oficinistas, especialistas en recursos humanos, salud e higiene del trabajo, entre otros. 
Se trata de actividades y puestos de trabajo con mayores posibilidades de reducción en el modelo de actualización económica. Esta representación de mujeres en esas actividades y puestos de trabajo no es única de Cuba, así ocurre en América Latina, el Caribe y el mundo. 
Ello responde a la división sexual del trabajo, ya que cuando las mujeres se incorporan al mundo público lo hacen en aquellas actividades que están representadas en el hogar y naturalizadas para ellas: educar, cuidar, alimentar…, y son precisamente estas actividades las que la economía convencional clasifica como de baja productividad. 
Por estas condiciones, y aunque las ocupadas en el trabajo remunerado se caracterizan por tener un nivel de instrucción superior al de los hombres, son más vulnerables a procesos de transformaciones económicas que jerarquizan el incremento productivo sin un enfoque de género. Entre 2009 y 2014, en Cuba salieron del empleo estatal alrededor de 85.000 mujeres, mientras los hombres disminuyeron en algo más de 17.000. 
Las ocupadas representaban 37,2 por ciento en el empleo total en 2014, proporción que había sido superior en 2009 (38,1 %). En ese mismo período, las desocupadas se incrementaron en alrededor de 20.000, para alcanzar una tasa de desocupación de 3,1por ciento mayor que la de los hombres (2,4 %). Las cifras oficiales publicadas en el Anuario Estadístico de Cuba para 2014 indican que la reducción más significativa del empleo femenino se presenta en el sector de los servicios, con alrededor de 65.000 empleadas menos respecto a 2009.

¿Qué lugar tiene la economía y las labores de cuidado en la actual actualización del modelo económico cubano? 
En realidad, las actividades del cuidado no remunerado, desde la economía convencional, nunca se han visibilizado; por tanto, la actualización del modelo económico no las identifica como tal. Se atiende el cuidado como un problema demográfico y, desde esa perspectiva, se realizan las inversiones para mejorar la infraestructura de espacios como los hogares de ancianos y las casas de abuelos. 
En cuanto al cuidado remunerado, aparece entre las actividades aprobadas para ejercer el trabajo por cuenta propia, principalmente para las mujeres. El enfoque de género es una asignatura pendiente en todo el proceso de actualización del modelo económico cubano. No hay una adecuada articulación de las acciones realizadas entre empleo, actividades, sectores, presupuesto y familia.

¿Los cambios económicos han impactado de modo diferente a hombres y mujeres? ¿Cómo? ¿En qué esferas, fundamentalmente?
Las mujeres, al igual que los hombres, tienen igualdad de derechos en el trabajo remunerado, pero no es así en el trabajo no remunerado. Por tanto, los cambios económicos han impactado de forma diferente a las mujeres en relación con los hombres. 
Por ejemplo, la reducción de las becas y de los comedores obreros implica una mayor carga de atención para ellas, en tanto supone una nueva tarea antes no contemplada, que es la elaboración de alimentos para hijos, esposos y otros familiares. 
Las mujeres que se emplean en el sector no estatal, mayoritariamente, son contratadas, mientras que los hombres son fundamentalmente dueños. 
Las mujeres en la economía estatal están en los sectores de menor salario medio, actualmente. Aunque las personas empleadas en la salud pública recibieron un incremento salarial significativo y se trata de un sector donde el número de trabajadoras mujeres es alto, el salario medio de la industria es superior.

¿Cuáles son los mayores riesgos, desde el punto de vista laboral, que encuentran las mujeres en las nuevas formas de gestión de la economía? 
Las que se emplean en el sector no estatal y corren mayor riesgo son las contratadas, principalmente en los servicios de gastronomía, y las que no pagan seguridad social. Las que son dueñas, arrendatarias, realizan oficios o forman parte de las cooperativas no agropecuarias, por lo general pagan su seguridad social.
Los riesgos se asocian a la salud física y mental, porque no pueden disfrutar de los horarios de descanso, ni vacaciones; sufren de estrés por pensar en la pérdida del empleo y por la sobreexplotación de horarios extendidos.

¿Qué ventajas e incentivos hay para ellas en el sector no estatal? 
El empleo en el sector no estatal hay que contextualizarlo para analizar sus ventajas, tanto para hombres como para mujeres. Actualmente, la ventaja es económica, por la gran diferencia de ingreso que tiene con respecto al sector estatal y por la dualidad monetaria, con su respectiva tasa de cambio. ¿Qué sucedería si la economía del país funcionara como debe ser, con una sola moneda y se eliminara la tasa de cambio de 1 CUC por 24 CUP? El empleo en el sector no estatal es hoy una necesidad. Muchas mujeres trabajan aquí con una mirada del presente y, en la gran mayoría, no tiene que ver con su perfil profesional. O sea, que el incentivo sigue siendo económico.

¿Cuáles son los principales vacíos de la ley para la cobertura laboral de las mujeres? 
En general, el marco legal aprobado para el ejercicio del trabajo remunerado en Cuba es bastante abarcador. No obstante, se siente la ausencia del enfoque de género. El Código del Trabajo resume la atención a la mujer en un capítulo. Así, se considera que, en el Código del Trabajo y su reglamento (Decreto 326), varios aspectos inciden considerablemente en el estancamiento respecto a la temática de equidad de género. En el futuro, a partir de la implementación de estas regulaciones, pudieran manifestarse injusticias hacia las mujeres, o podrían verse limitadas sus oportunidades reales de desarrollo, entre otras causas, por:
- No son explícitas y claras las expresiones que incluyen la perspectiva de género.
- Se limita la declaración de derechos al papel reproductivo de la mujer. 
- No se implementan nuevas políticas de equidad, con vistas a la gestión de las relaciones laborales y los avances en el desarrollo de la perspectiva de género. 

En la práctica concreta, ¿qué factores atentan contra la condiciones de trabajo y garantías laborales de las mujeres en las nuevas formas de gestión económica? 
La mayoría responde a la forma en que ha ido surgiendo este sector, las actividades aprobadas, los locales disponibles, el desconocimiento del mercado, las ilegalidades y la corrupción. 
El factor más importante es que las mujeres aceptan someterse a una sobreexplotación de su fuerza de trabajo, con o sin conocimiento de causa. Por otro lado, está la ausencia de un contrato escrito donde queden reflejados horarios, salarios y, en general, deberes y derechos; las investigaciones demuestran que, en la gran mayoría, se establecen acuerdos verbales. 
Después está el no funcionamiento de mecanismos establecidos, como los sindicatos, tampoco aceptados por la gran mayoría de las personas que trabajan por cuenta propia. 
La otra forma que tendrían de reclamar sus derechos es la denuncia de estas situaciones a la Fiscalía. Por otra parte, no se inspecciona adecuadamente a los responsables en cuanto a contrato, higiene y protección del trabajo; y muchas trabajadoras no pagan la seguridad social porque tampoco tienen licencia y están en la ilegalidad.

En su opinión, ¿qué pasos pudieran darse para variar favorablemente esta situación? 
Realmente no hay que inventar nada nuevo. El empleo privado y cooperativo existe desde hace mucho tiempo en el mundo contemporáneo y, como tal, tiene disímiles formas de funcionamiento. 
Por tanto, de lo que se trata es de buscar el mecanismo que permita que funcione correctamente en el sistema social cubano. Hay que trabajar por el empleo decente, pero falta el enfoque de género. No basta con aprobar leyes: estas no funcionan solas, necesitan de humanidad, instrumentos, regulaciones y controles para que se cumplan.

México, septiembre (SEMlac).- La tasa de suicidios en México presentó una tendencia al alza entre 2000 y 2013, al pasar de 3,5 a 4,9 suicidios por cada 100 mil habitantes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la institución señaló que el suicidio es la decimocuarta causa de muerte en el país, con 5.909 casos en 2013, esto es uno por ciento del total de fallecimientos registrados, con una tasa de casi cinco por cada 100.000 habitantes.
Destaca que las diferencias por sexo son notorias y constantes con el paso del tiempo, toda vez que en 2013 la tasa de mortalidad por esta causa fue de 8,1 por cada 100.000 hombres y de 1,7 suicidios por cada 100.000 mujeres.
Refiere que Aguascalientes, con 9,2 por cada 100.000 habitantes, Quintana Roo, con 8,8 y Campeche con 8,5 figuran entre las entidades con mayor tasa de suicidios, mientras que las tasas más bajas las ostentan Guerrero con 2,7, Oaxaca con 3 y Tlaxcala con 3,1.
Refiere que en 2013, del total de suicidios ocurridos por sexo, 81,7 por ciento fue consumado por hombres y 18,2 por ciento por mujeres, lo que implica más de cuatro suicidios de varones por cada suicidio de una mujer.
El organismo indica que la sobremortalidad masculina prevalece en cada uno de los grupos de edad, aunque en los más jóvenes, la proporción de mujeres es mayor que en edades más avanzada. Precisa que 40,8 por ciento de los suicidios ocurren en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años, en el que la tasa alcanza 7,5 suicidios por cada 100.000.
El ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación es el principal método de suicidio, con 77,3 por ciento de los casos y, por sexo, el porcentaje corresponde a 78,9 por ciento de hombres y 69,9 por ciento de mujeres. Entre los hombres, indica, el disparo con arma de fuego es el segundo método más empleado (10,9 %), y entre las mujeres es el envenenamiento (21,8 %).
El INEGI detalla que el lugar donde se ejecutan los suicidios se encuentra ligado al método empleado. Así, 74 por ciento ocurre dentro de las viviendas particulares; por sexo, corresponde a 72,5 por ciento de hombres y 81,1 por ciento de mujeres. Apunta que, de acuerdo con el nivel de instrucción de los suicidas, el mayor porcentaje correspondió a los que contaban con estudios de secundaria (31.8 %).
Sobre la situación conyugal, afirma que cerca de la mitad de quienes cometen suicidio se encontraban en unión conyugal, ya sea casados o en unión libre (48 %); les siguen en importancia quienes se encontraban solteros: 39,8 por ciento de los suicidios de hombres y 43,7 del total de mujeres. En general, abunda, un importante porcentaje de la población que cometió suicidio no trabajaba (29.9%), pero la condición de actividad en el mercado laboral es una característica que varía entre hombres y mujeres.
Agrega que esta diferencia se presenta también entre la población que cometió suicidio; la mayoría de mujeres que murieron por esta causa no trabajaban (67.1 %), mientras que la mayor parte de los hombres sí lo hacía (73,3 %).

México, Aguascalientes, septiembre (SEMlac).- La migración de mujeres en los últimos años ha aumentado y también su participación en el envío de remesas, que en 2013 sólo a través de una institución bancaria alcanzó un monto de 5.700 millones de dólares; y son al mismo tiempo las mujeres quienes más remesas reciben, señaló Jesús Cervantes, del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).
Durante el XVI Encuentro internacional de Estadísticas de Género "Desafíos estadísticos hacia la implementación de la agenda post 2015", realizado del 9 al 11 de septiembre en Aguascalientes, Cervantes señaló que en la actualidad es difícil tener cifras sobre las remesas con enfoque de género, ya que la información del receptor y el remitente generalmente son confidenciales, pero destacó que son fundamentales para documentar la participación de las mujeres no sólo desde el punto de vista económico sino también migratorio.
Habló sobre los resultados de un estudio que se llevó a cabo entre el CEMLA, BANORTE, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante 2014 que, guardando la identidad de quienes envían y reciben las remesas y utilizando solo la información de su primer nombre, pudio dar cuenta de un panorama con perspectiva de género.
"La idea de que el ingreso por remesas de México se origina por procesos migratorios de hombres que se han ido en busca de mejores oportunidades para su familia representa una visión incompleta", señaló.
Explicó que el grupo principal receptor de remesas en México son las madres y padres de familia. Aunque destacó que las esposas reciben mayores montos de dinero y con mayor frecuencia.
El estudio realizado se enfoca en las remesas enviadas (desde Estados Unidos) y recibidas durante 2013 solo en el banco Banorte, que registró dos millones 848.862 envíos de remesas provenientes de Estados Unidos.
También revela que 30 por ciento de las remesas fueron enviadas por mujeres y que son ellas el grupo más grande beneficiario de estos envíos de dinero.
Las mujeres migrantes enviaron, en 2013, 5.700 millones de dólares de un total de 20.912 millones de dólares y se dio cuenta de que ellas mandan en promedio remesas de 422 dólares, poco menos que los varones, que envían 486 dólares.
De ese dinero, 14.197 millones de dólares fueron recibidos por mujeres en México.
Cervantes explicó que, según la American Community Survey, de la oficina de censos en Estados Unidos, en 2013 había 5 millones 451.233 migrantes mexicanas.
Datos de esa misma encuesta muestran también que se ha incrementado la participación femenina en los procesos migratorios. "La participación de las mujeres en el total de inmigraciones hacia Estados Unidos pasó de 49,7 por ciento en 2007 a 51,2 por ciento en 2013", indicó el investigador.
Este grupo de mujeres se emplea, principalmente, en actividades relacionadas con servicios de alimentación, hospedaje, recreación; servicios de educación y salud; y manufacturas.

Guatemala, septiembre (SEMlac)- Las guatemaltecas tendrán que esperar cuatro años más para ser tomadas en cuenta en los listados electorales. En estas elecciones de 2015 su presencia fue casi nula.
Y es que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenía contabilizados, hasta julio, 20.866 candidatos y candidatas inscritas a diferentes puestos electorales. Pero, de esta cifra, solo 3.471 son mujeres y, de ellas, 1.029 no llegaban a ocupar siquiera un puesto oficial sino a suplentes, lo que significa que apenas 29 por ciento del padrón electoral correspondió a mujeres.
El domingo 6 de septiembre este país fue a las urnas para elegir Presidente, Vicepresidente, diputados al Congreso de la República, alcaldes y concejales, y de nuevo la ley de paridad no avanzó ni un paso en la actual legislatura.
Eso contribuyó a que las guatemaltecas tuvieran menos oportunidad de llegar a ocupar un cargo de decisión.
Manfredo Marroquín, de la agrupación Acción Ciudadana, se admira de que alrededor de 17.000 candidatos fueran hombres, "eso marca una disparidad enorme en este proceso electoral", señaló.
Pero en este país ya no es extraño que ellas sean discriminadas de la vida política, tomando en cuenta que en las elecciones de 2011 solo 20 mujeres llegaron a ocupar una curul en el Congreso de la República, en contraposición a 137 hombres que se aseguraron un asiento en el hemiciclo.
Lo más común, agrega Marroquín, es que a las mujeres se les busque y se les dé importancia solo para agenciarse de su voto. Los anuncios de los candidatos lo reflejan: abrazándolas, entregándoles enseres o divulgando sus rostros.
En la actualidad, únicamente cuatro mujeres de las 20 en el Congreso de la república son indígenas y solo una de los 332 alcaldes es de origen maya.
Nineth Montenegro, una activista en derechos humanos que ha sido diputada por tres legislaturas representando al partido de izquierda Frente Nueva Nación, dijo a SEMlac que a las mujeres se les veda espacio en los partidos políticos porque ellas no tiene el dinero que se les pide y, cuando se les da un lugar, se les usa para agredir a mujeres de otros partidos.
Mujer, hombre, mujer, hombre, esa es la forma que buscaban las organizaciones de la sociedad civil para integrar los listados de aspirantes a cargos populares en estos comicios.
Convergencia Cívico Política de Mujeres (CONVERMUJERES), un tanto decepcionada, indica por medio de su activista Carmen Cáceres, que "tenemos un Congreso machista y egoísta, al que no le ha interesado la participación femenina en los cargos de dirigencia, solo ven el derecho suyo".
Norma Sactic, de Moloj, aunque molesta de la escasa participación femenina, dijo que la iniciativa de la ley de paridad es democrática, al incluir a las guatemaltecas indígenas, pero eso es lo que les molesta a los diputados, que sea inclusiva, destacó.
Durante 12 años, organizaciones de mujeres como Tierra Viva, Moloj y Convergencia Cívico Política de Mujeres han trabajado en mesas técnicas para establecer cambios en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a fin de que las guatemaltecas puedan tener un espacio digno en las listas de postulación a cargos públicos de los partidos políticos y comités cívicos, pero todo ha quedado en letra muerta.
Los ejemplos abundan. Para muestra, en estas elecciones, el partido de la Unidad de la Esperanza (UNE), que gobernó en el período 2007-2010, tenía inscritos 3.331 candidatos, de los cuales solo 521 eran mujeres; mientras que el partido Patriota, que gobierna actualmente, contaba con 3.154 postulantes y, de ellos, apenas 459 mujeres.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas calificó de dramática la presencia femenina en los puestos de poder y, aún más, en las propuestas de los partidos políticos para promoverlas a cargos de decisión.
Pero la más marginada es la mujer rural. Su nivel de alfabetización es utilizado como un impedimento para adherirla a un listado electoral, mas no para ejercer el voto.
El Instituto Nacional de Estadísticas reporta que solo 48,3 por ciento de ellas, que conforman 60 por ciento de los 15 millones de habitantes del país, están alfabetizadas, frente a 64,1 por ciento de los hombres.
El empadronamiento actual, a través del TSE, señala que hay dos millones 908.830 mujeres que saben leer y escribir, pero hay un millón 165.620 que aún no lo saben hacer. En el caso de los hombres, el tema cambia, pues dos millones 879.120 leen y escriben y únicamente 603.303 no lo pueden hacer.
Entre los compromisos asumidos tras la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, en 1996, se propuso la reforma para incrementar la participación femenina en los puestos de elección popular y, en consecuencia, que más mujeres ocuparan cargos públicos. Después de 19 años, la situación no ha cambiado.
Las guatemaltecas obtuvieron el derecho al voto femenino en 1945 y estaba limitado a quienes sabían leer y escribir, pero en 1965 este derecho se amplió a las analfabetas.
La reforma también contempla la incorporación igualitaria de mujeres en los órganos internos de todas las instituciones reguladas por la presente ley, como la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y los Ministerios del Ejecutivo.
Uno de los puntos elementales en la iniciativa es que el Registro de Ciudadanos rechace la inscripción de las planillas que no llenen las especificaciones del artículo reformado en la ley de partidos políticos.
Sin embargo, en el Organismo Judicial, de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cinco son mujeres; mientras que en la Corte de Constitucionalidad solo hay una magistrada de los cinco que integran el pleno del máximo tribunal.
En este país, durante los últimos cinco años, dos mujeres han dirigido el Ministerio Público, se tiene una ministra de gobernación y una de Educación que recientemente renunció a su cargo.
En esta ocasión, solo dos mujeres disputaron la Presidencia de la Republica, a diferencia de las elecciones de 2011, cuando fueron tres las que participaron en la política partidista para ocupar la silla presidencial y tres para la vicepresidencia.
Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadano, no lo ve con buenos ojos, ya que ahora hay menos mujeres participando.
Celos de esposos y padres, el temor a que el pueblo hable mal de ellas, haber llegado solo al tercer grado de primaria o simplemente porque no cuentan con el dinero son razones suficientes para vedar el acceso a la participación política de las mujeres en Guatemala, principalmente en el área rural.
La desigualdad se mantiene en la política de este país, señaló Catalina Soberanis, expresidenta del Congreso de la República, y sostuvo que la discriminación va más allá, pues únicamente una de ellas representa a las indígenas, pese a que la población de origen maya alcanza los seis millones de habitantes.
En los puestos ediles, la situación empeoró, indica Soberanis. De 331 corporaciones municipales que gobiernan la nación, apenas ocho mujeres están sentadas en la silla edil y solamente una de ellas pertenece a la cultura indígena.
Amalia Taracena, de Convergencia cívico política, destaca que hay que erradicar la idea de que la mujer es una ciudadana de tercera clase y colocarlas en trabajos donde puedan tomar decisiones.
Las guatemaltecas lograron el derecho a ejercer el voto en 1945, aunque en esa ocasión se excluyó a las analfabetas. Veinte años después, en 1965, se extendió el sufragio a todas las mujeres, lo cual hizo de este país el primero de Centroamérica y uno de los más avanzados de Latinoamérica en aprobar el voto femenino.
Hoy, en cambio, es junto a Paraguay, Honduras y Brasil, una de las naciones con los índices más bajos de mujeres en el parlamento.

La Habana, marzo (SEMlac).- Adultas mayores encuentran en el trabajo por cuenta propia un incentivo para sus vidas y la posibilidad de contribuir al desarrollo local en Cuba.
"Yo me siento muy entusiasmada, no solo porque he encontrado un respiro económico. Participar en talleres, conocer a personas nuevas y adquirir otros conocimientos me hacen sentir viva", afirma Nancy Valladares.
Esta pensionada de 66 años es una de las beneficiarias del proyecto "Mujeres en desarrollo", de la Facultad de Comunicación (Fcom) de la Universidad de La Habana; iniciativa que ofrece herramientas para el emprendimiento a jubiladas, "amas de casa", mujeres negras y con pocos recursos económicos.
Valladares vive en el barrio Pogolotti, del municipio Marianao, en La Habana. Luego de jubilarse, trabajó como empleada en una cafetería para "tener unos ingresos extras", pero las largas horas de pie la obligaron a buscar otras opciones.
Cuando las amigas de sus hijas le encargaron algunos trabajos de costura, vislumbró el camino. "Después de más de 30 años como funcionaria del Poder Popular, no pensé dedicarme a la costura", comenta a SEMlac la actual trabajadora por cuenta propia.
En varios talleres de manualidades conoció a otras mujeres interesadas en unirse en un proyecto común que brinde servicios de costura a la comunidad.
"Las personas no siempre tienen dinero para comprarse ropa nueva, por eso nosotras queremos ofrecer la posibilidad, de acuerdo al bolsillo, de rehacer un modelo, arreglar un pantalón o blusa, ajustar uniformes escolares, etc.", afirma Valladares.
Autonomía económica, empoderamiento, socialización y autoestima son motivaciones que encuentra esta cubana en las nuevas formas de empleo no estatal.
Espacios de realización que suelen ser compartidos con las labores domésticas y el cuidado de familiares dependientes. 
Pero el emprendimiento colectivo se hace aún más difícil para quienes apuestan por la cooperativa como forma de producción. La mayoría debe enfrentar complejos trámites burocráticos, además de reunir el capital necesario, armar el proyecto y encontrar un local.
Para Mirta Manzo, las habilidades adquiridas en los talleres de Fcom han sido útiles en el engorroso proceso de aprobación de la cooperativa "El Hilo de Ariadna", la cual da continuidad al proyecto comunitario de más de 20 años que protagonizan adultas mayores en la comunidad de Alamar, al este de la capital.
"Nosotras hemos puesto en práctica el estudio de mercado, la planeación estratégica y sobre todo la comunicación asertiva", expuso Manzo durante el taller de sistematización del proyecto "Mujeres en desarrollo", celebrado en la Facultad de Comunicación el pasado 9 de marzo.
Un grupo multidisciplinario del centro de altos estudios ha capacitado a más de un centenar de personas en seis comunidades capitalinas con dificultades económicas y en desventaja social.
El programa de talleres integra temas como emprendimiento y equidad de género, comunicación asertiva, la información como recurso, planeación estratégica y diseño de productos comunicativos, etc.
A diferencia de otras experiencias, "Mujeres en desarrollo" ofrece una mirada al emprendimiento que supera lo individual y económico. 
"Nuestro interés es trabajar con personas cuyos proyectos de emprendimiento beneficien también a las comunidades y aporten al desarrollo local y a la equidad de género", declara a SEMlac la profesora María Carla Cárdenas.
Según la socióloga, muchas de las mujeres que han participado en el proyecto se han visto obligadas a emprender negocios propios, pues no encuentran empleo en el sector privado donde "se contrata a jóvenes, casi siempre blancas".
"Mujeres en desarrollo" es auspiciado por la Embajada Británica en Cuba y cuenta con el apoyo de varias instituciones y proyectos comunitarios cubanos.

Santo Domingo, marzo (SEMlac).- La Comisión de Políticas de Género de la Junta Central Electoral (JCE), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron el proyecto Observatorio de Participación Política de las Mujeres, a fin de visualizar la situación actual de estas en el ámbito de su participación política y dentro de los partidos políticos.
El evento, realizado el pasado jueves 11 de marzo en el auditorio de la JCE, en esta capital, estuvo encabezado por Roberto Rosario, presidente de dicho órgano rector de comicios, y la representante del PNUD, Luciana Mermet, quien valoró como muy positiva la iniciativa, "en procura de la igualdad de derechos de la mujer en materia política del país, cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República Dominicana", dijo.
Rosario Graciano de los Santos, coordinadora de Política de Género de la JCE, expresó en su intervención central que este Observatorio constituye un modelo a seguir, que propiciará una sociedad con menos discriminación y más igualdad, por una mayor democracia.
"La Junta Central Electoral refuerza su compromiso con los procesos democráticos, cuyo avance necesariamente requiere de mayores niveles de igualdad política y social, propiciando la celebración de elecciones transparentes, con elevados niveles de participación e integridad y apegados a la voluntad expresada en las urnas con resultados legítimos, garantizando el efectivo cumplimiento de los derechos políticos de los hombres y las mujeres", subrayó Graciano.
"No es posible construir una democracia real sin una gran participación de las mujeres, madres, maestras, compañeras de labores, trabajadoras incansables, quienes cada día hacen grandiosos aportes en el fortalecimiento de esta institución y a la nación dominicana", puntualizó la magistrada.
"En este contexto, las políticas de Igualdad no pueden ejecutarse sin tomar en cuenta una proyección, mecanismos efectivos de medición, de indicadores y de variables que se conviertan en instrumentos estratégicos de actuación", concluyó Graciano de los Santos.
De inmediato tuvo lugar la exposición del contenido del portal (www.observatorioigualdad.jce.gob.do), a cargo de Raissa Crespo, oficial de Género del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), y Laura Hernández Fondeur, secretaria de la Comisión de Política de Igualdad de Género de la JCE.
Ambas explicaron detalles y enlaces de la innovadora plataforma tecnológica "que busca resaltar los valores, avances y retos de la participación política femenina en el país, desde donde se analizarán los niveles de cumplimiento de las metas y objetivos nacionales e internacionales, en torno a la igualdad de género, dentro del sistema político de la República Dominicana", resumieron.
Finalmente, la jurista y especialista en políticas de género, Beatriz Llanos, ofreció la conferencia magistralMujeres y Políticas: Observando su participación en tiempos de paridad, en cuyo contenido acentuó los alcances y logros que ha obtenido la mujer latinoamericana.
"No estamos ante un punto de partida, sino ante un punto de mirada", señaló, y destacó que la mujer todavía se percibe como minoría política, "aunque dejó de pertenecer a una ciudadanía inactiva", precisó.
Llanos agradeció a la Junta Central y al PNUD la invitación para participar en esta presentación y celebró la existencia del Reglamento de Políticas de Igualdad de Género, aprobado a finales del pasado 2015.
Este permite la transversalización de la perspectiva de género en su accionar por medio de una política clara, con objetivos y acciones específicas, medibles en su impacto. "Un ejemplo claro de este compromiso es la presentación del Observatorio que hoy nos reúne", indicó Llanos.
Trascendió en el encuentro el propósito de trasladar a otros países esta iniciativa, pionera en la región, que es el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, a fin de conocer lo que están haciendo o dejando de hacer los partidos políticos en la promoción y garantía de los principios democráticos de igualdad y no discriminación y, en definitiva, para viabilizar la situación de las mujeres en la actividad política.

Santo Domingo, marzo (SEMlac).- La nación dominicana conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una nutrida marcha de afiliadas en más de 30 organizaciones para exigir al presidente Danilo Medina igual trato que a los hombres en los programas sociales del Gobierno, pese a que su propósito de llegar hasta el Palacio Nacional fue impedido por una "cadena policial".
La marcha fue organizada por Colectiva Mujer y Salud; el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer; Movimiento de Mujeres Trabajadoras; Movimiento de Mujeres Dominicohaitianas (Mudha); Federación de Mujeres del Municipio de Boca Chica; Comité Internacional de la Mujer Trabajadora (Cimtra) y la Asociación de Mujeres para el Desarrollo Integral Comunitario (Amudico).
A tono con estas demandas, un comunicado publicado por ONU-Mujer, entidad de ese organismo internacional para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de estas, fue reproducido en la versión digital de Diario Libre, este 8 de marzo, en el cual se resaltaba que con motivo de la fecha movilizarían a personas de todo el mundo para conseguir un planeta 50-50 en 2030". 
La representación de ONU-Mujer en el país destacó, a su vez, los logros alcanzados, sobre todo en el nivel educativo, donde se logró la paridad en cada uno de los niveles de enseñanza; pero precisó como imprescindible para impulsar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, enfrentar los desafíos en materia de empleo, representación política, acceso a la justicia y a las tecnologías de la información, salud sexual y reproductiva, y violencia hacia las mujeres. 
El organismo urgió "hacer frente a la falta de participación política de las mujeres, quienes a pesar de representar 52 por ciento del electorado, solo ocupan 19,8 por ciento de los cargos en el Congreso Nacional". 
También la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a propósito de la efeméride, se pronunció por eliminar las brechas salariales de género, que "persisten como obstáculo para la autonomía económica de las mujeres y la superación de la pobreza y la desigualdad en la región", alertó en su sitio Web. 

Discriminación en la política
En la República Dominicana, diversos sectores reconocen las batallas que se libran para lograr la equidad de género y denuncian las políticas públicas aún ausentes, que deben evitar la discriminación, garantizar mejores servicios de salud y asegurar la participación de ellas en la política.
Entre las instituciones que impulsan acciones en este sentido se halla el Ministerio de la Mujer, cuya titular, Alejandrina Germán, informó a SEMlac que en los últimos cuatro años han ofrecido servicios legales, psicológicas y de otra índole a 38.583 mujeres y en el último año atendieron 9.624 llamadas a través de una Línea de Emergencia, en su mayoría por violencia.
Tanto Germán, como la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, primera dominicana que ocupa este escaño, reconocen que aunque se ha incrementado la participación femenina en la política, aún sigue siendo baja, y valoran este año electoral como una oportunidad para impulsar propuestas de políticas públicas a favor de las mujeres.
El multimedios DominicanosHoy publicó este 8 de marzo declaraciones de la candidata independiente a diputada por el partido Alianza País en el Distrito Nacional, Guadalupe Valdez, quien dijo que la mujer dominicana llega a este aniversario "con un elevado índice de feminicidios, con gran desigualdad en la remuneración salarial respecto a los hombres, con leyes que violentan su capacidad de decidir el cuidado de la salud y su propia vida y con inequidad en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural."
La necesidad de transformar "la mirada de un Estado patriarcal, en el cual sus instituciones tienen que ser resignificadas", está entre los desafíos enunciados por Valdez.
"Todavía hoy el Estado dominicano es esencialmente masculino, por lo que tenemos el compromiso de cambiarlo, para lograr una igualdad necesaria que reduzca la brecha entre hombres y mujeres", indicó.
También el multimedios reproduce las declaraciones de Magda Rodríguez, presidenta de la Comisión Equidad de Género de la Cámara de Diputados, quien afirmó que la competencia femenina "no está en discusión, porque la misma Constitución les otorga este derecho".
Objeta, sin embargo, que "en la política se ve mucha discriminación, algo que también se ve en la parte laboral...Entonces, el Estado promoverá acciones transitorias hasta que sea posible esa igualdad", concluye.

Sentencias por derechos
El Tribunal Constitucional (TC) estableció que "inmediatamente que una mujer es declarada divorciada, esta puede volver a casarse, al igual que lo hacen los hombres", según dispuso en su sentencia TC/0070-15, donde se declara nulo el artículo 35 de la Ley 1306-Bis, según el cual la mujer debe "esperar 10 meses para poder volver a contraer nupcias".
Lo anterior se lee en una de las sentencias emitidas este 7 de marzo, a las que SEMlac tuvo acceso, y donde el TC dispone, también, que las viudas de un núcleo familiar basado en el concubinato tienen derecho a recibir la pensión que correspondía a su pareja y "en aras de que haya equidad entre ambos sexos", estableció que "los hombres también pueden ser beneficiarios de la pensión".
Otros dictámenes fueron conocidos, en tanto que el tribunal declaró conforme a la Constitución la Ley 12-00, "que establece la cuota mínima de participación femenina en la participación política, electiva o gubernamental".
Según criterio del TC, "si bien es verdad que tanto el legislador constituyente como el ordinario han realizado ingentes esfuerzos por consignar la igualdad de género, no es menos cierto que las desigualdades fácticas que se manifiestan en perjuicio de la mujer obligan a su protección en una sociedad en la que aún prevalece la hegemonía masculina".

Quito, julio (SEMlac).-Importantes universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas constituyeron de manera formal una red para promover la equidad de género, iniciativa que responde al propósito de ir creando conciencia y sensibilizar respecto a este tema en los escenarios de la educación superior en el país.
Esta alianza tiene entre sus principales objetivos realizar acciones y campañas en común, especialmente en el campo académico, para crear una cultura profesional enfocada en desmarcarse del tradicional discurso patriarcal y discriminatorio.
Las instituciones vinculadas se comprometieron a trabajar de conjunto para eliminar la discriminación y las formas de violencia de género, así como transversalizar el principio de igualdad genérica en el ámbito de la educación superior, como un importante espacio coordinador y de trascendencia para extender esos conocimientos.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt); la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano; el Consejo Nacional para la Igualdad de Género; y la Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer - ONU Mujeres.
Entre las prioridades está también lograr la articulación entre estudiantes y docentes para fomentar una educación superior menos discriminatoria, dar mayores espacios a la igualdad entre hombres y mujeres, y generar contenidos menos discriminatorios desde las mallas curriculares, que ayuden a sensibilizar respecto a la igualdad de género.
Aunque, al cierre del año pasado, la reducción de la brecha de paridad para quienes ocupan cargos en la educación superior se redujo nueve puntos, aún es significativamente menor la presencia femenina en cargos de dirección en ese ámbito, donde solo alcanzan 18 porciento de los rectorados y 33 porciento de los decanatos.
En el país, más de la mitad de quienes cursan estudios superiores son mujeres; sin embargo, apenas cerca de un tercio de los docentes pertenecen al sexo femenino, a pesar de haberse duplicado las mujeres con títulos de Doctoras en los últimos años, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Desde el ámbito institucional formal, en el Ecuador se ha avanzado en la implementación de varias normas jurídicas para favorecer la igualdad genérica, especialmente en el ámbito académico, según señala María del Pilar Troya, subsecretaria de la Senescyt.
Troya destaca la inclusión de la paridad institucional como principio constitucional desde 2008 y, en el marco de la Ley de Educación Superior, la presencia de elementos de igualdad de género al menos en 15 de sus artículos, en temas como promover y garantizar el acceso y buscar la paridad en los cargos de dirección.
Más allá de la búsqueda de paridad y extender el debate, lo que se busca es transversalizar el enfoque de género en cuestiones de igualdad y en los programas de formación profesional, para lo que ya se tiene un diagnóstico inicial en carreras como Desarrollo Infantil, Educación, Derecho y Enfermería, aunque existen iniciativas individuales en diferentes centros universitarios del país, en otras especialidades.
Desde la Senescyt y otras entidades gubernamentales se trabaja en diversas estrategias, como esta red de género de educación superior, para incrementar el número de mujeres en las universidades, aumentar las posibilidades de que lleven a término sus carreras, evitar los indicadores de deserción y priorizar a las representantes del sexo femenino como destinatarias de becas.
La iniciativa busca enfatizar, además, en la ejecución de políticas para garantizar y hacer efectiva la igualdad genérica, desde las entidades públicas y privadas, especialmente en el ámbito universitario.

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