Derechos civiles

Derechos civiles (125)

Por Alicia Mendoza
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México, marzo (SEMlac).- La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de México, afirmó que se retirará el dictamen que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la discusión del Pleno para "nutrirlo" y buscar el consenso de todas las bancadas partidistas para aprobarlo.
La discusión de este dictamen con proyecto de decreto estaba contemplada en la orden del día de la sesión del pasado 16 de marzo, pero finalmente no se debatió.
Durante la sesión, la diputada priista (Partido Revolucionario Institucional) dio a conocer que el objetivo de retirar el dictamen es buscar el consenso para su aprobación. Es necesario "perfeccionarlo, ahora no es conveniente sacarlo a discusión, porque la opinión está muy dividida, hay posturas a favor y posturas en contra".
Además, la legisladora aclaró que "no se congelará el tema, fue una decisión de todas las bancadas, se baja para que podamos nutrirlo y discutirlo con la Comisión de Salud (de la Cámara de Diputados), y para pensar en avanzar en una nueva ruta".
El dictamen reformaría tres artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que el Sistema Nacional de Salud asegure la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005-Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046), para que los estados garanticen la adecuada atención a las mujeres víctimas de violencia sexual, lo que incluye el derecho al aborto en caso de violación sexual.
Plascencia Pacheco destacó que la reforma busca fortalecer la aplicación de la NOM-046, con tres propósitos específicos, el primero es que los estados y municipios tengan programas de capacitación del personal de las instancias de salud, el segundo es que se evalúe la aplicación del NOM-046, y el tercero que se promueva y difunda la aplicación de esta norma oficial vigente.
Buscamos que la NOM-046 "fuese una realidad en los estados y municipios para que realmente podamos avanzar. Ése era el espíritu de la reforma. Ahora con la Comisión de Salud revisaremos la fundamentación y el contenido del dictamen, para que sea una votación en bloque, porque es algo muy positivo para el país".
Recordó que cada minuto una mujer es violentada sexualmente en el país y que tienen derecho a acceder a servicios de salud de emergencia, además de que no deben ser criminalizadas por practicarse un aborto.
"Es la lucha que hemos tenido durante muchos años, no criminalizar a las mujeres que aborten. Actualmente, hay muchas mujeres encerradas, criminalizadas por haber tenido un aborto. A nivel nacional son más de 400 mujeres encarceladas. En Jalisco son 25 las encerradas por haber tenido un aborto imprudencial o uno espontáneo, nadie puede decidir por las mujeres porque tienen derecho a decidir lo que ellas quieran", sostuvo.
Dejó claro que "aun y cuando este dictamen no se pase o no se vote en esta Cámara, las mujeres tienen que saber que el Código Penal Federal y los códigos penales locales protegen su derecho a decidir. No estamos discutiendo el aborto. Estamos buscando fortalecer la norma (NOM-046) y su aplicabilidad en todo el territorio nacional, al ser una norma oficial mexicana tiene ya una obligación y es vigente. El hecho de que hoy no votemos el dictamen no vulnera los derechos que tienen las mujeres. Estos derechos tienen que ser respetados".
"Espero que salga en este período de sesiones, vamos a hacer todo lo posible junto con la Comisión de Salud, para poder nutrir la reforma para poder avanzar y disipar todas las telarañas y desinformación que ha surgido en torno al tema", concluyó.
No obstante, la diputada Candelaria Ochoa, del Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Igualdad de Género, sostuvo que su grupo parlamentario quiere que se discuta dicho dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados.
"No nos hemos reunido en Comisión. Y no vamos a aceptar que se baje el dictamen. Eso lo quiere el PRI", afirmó.
Por su parte, la diputada Araceli Damián González, del Movimiento de Regeneración Nacional, señaló que "es altamente probable que no se discuta el dictamen en el Pleno, no nos han avisado oficialmente, pero siguen negociando el PAN (Partido Acción Nacional) y el PRI".
También señaló que "la NOM-046 es una norma vigente, el problema es que no se aplica por cuestiones ideológicas, de misoginia o por desconocimiento. Lo único que pretende la reforma que no quieren aprobar, es que se hagan programas de capacitación y evaluación. Éstas son importantes porque podríamos generar indicadores para darle seguimiento a la norma, y porque necesitamos capacitar a la gente que entra en contacto directo con las víctimas". 
Consultado durante la sesión el diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), expuso que el dictamen "no ha alcanzado una plena coincidencia, pero las bancadas de izquierda estamos en la lógica de que vayamos adelante con la propuesta inicial como se presentó en la Mesa Directiva, que no tenga cambios para que haya un ordenamiento para que el Sistema Nacional de Salud garantice que las mujeres que han sido violentadas sexualmente tengan la atención de parte de los diversos sectores de salud".
Este dictamen junto a otro, relativo a las declaratorias de la alerta de violencia de género en los ayuntamientos, fueron pospuestos desde la sesión del pasado 9 de marzo, cuando las diputadas tomaron la tribuna de la Cámara para exigir que no se excluyera del orden del día su discusión y aprobación.
En la sesión de la Cámara del pasado martes 14 de marzo, el Frente Feminista Nacional entregó a diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios un pronunciamiento, firmado por más de 30 organizaciones feministas, para llamar al legislativo a aprobar dicho dictamen y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

De la Redacción
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México, marzo (SEMlac).- El Senado de la República mexicana aprobó por unanimidad un dictamen que tipifica y sanciona la violencia política en razón de género, además de prevenir, atender y sancionarla, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres.
El Pleno de la Cámara Alta avaló el proyecto de decreto con 90 votos a favor, la cual incorpora a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación, la violencia política en razón de género.
En el dictamen aprobado y que fue derivado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, se define a la violencia política en razón de género, como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, limite, anule o menoscabe el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como su acceso al pleno ejercicio de su cargo o función del poder público.
Al argumentar a favor del dictamen, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo, señaló que es un día histórico para la democracia del país, ya que se busca sancionar, prevenir y resarcir la violencia política, "que es un delito que se comete todos los días en contra de las mujeres que buscan ejercer sus derechos".
A su vez, la senadora panista (Partido Acción Nacional) María del Pilar Ortega Martínez recordó que este dictamen retoma un conjunto de reformas sobre10 iniciativas, planteadas por senadoras de distintos grupos parlamentarios desde 2012, y dijo que será una pieza fundamental en la lucha para lograr, cada vez más, un reconocimiento puntal a los derechos político-electorales de las mujeres.
Además, el dictamen propone el aumento de las penas hasta en una mitad, en los tipos penales señalados en las fracciones III, IV, VII y XVI del artículo 7, IV y VIII del artículo 8, y I y VI del artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuando dichas conductas se cometan en perjuicio de una mujer que participe en política.
Asimismo, plantea que este tipo de agresión se manifiesta a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida.
La reforma también obliga al Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos y las agrupaciones políticas a establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar este delito.
Por lo tanto, con las reformas se prohíbe que, en la propaganda política o electoral de partidos políticos, coaliciones y candidatos, se utilicen expresiones que calumnien a las personas, las discriminen o constituyan violencia política en razón de género.
Es decir, entre otros supuestos, cuando se obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, altere los resultados electorales, ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato.
También, el documento busca asegurar la postulación efectiva de ambos géneros en la integración de los órganos de los partidos políticos, en la postulación de candidaturas y la distribución equitativa de todas las prerrogativas entre mujeres y hombres, de forma paritaria. Asimismo, garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales, locales y en la integración de ayuntamientos, en aquellas entidades federativas, en que la legislación así lo establezca.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, afirmó que es un dictamen histórico, ya que busca prevenir, sancionar, erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género; y sostuvo que "esta alcanza a todos los partidos, por ello es importante reformar las leyes".
La senadora independiente Martha Tagle Martínez indicó que la violencia política no discrimina a ninguna mujer y afecta a todas, es un fenómeno "que impide en los hechos que las mujeres podamos ejercer libre y plenamente nuestros derechos políticos-electorales".
Por su parte, la senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), advirtió que "la violencia política es una de las más grandes injusticias que vivimos las mujeres" y afecta al conjunto de la misma sociedad, pues se le restringen sus derechos político-electorales al no permitir que su representante sea quien tome las decisiones y ejerza el cargo que le ha sido conferido por la ciudanía.
La senadora Martha Elena García Gómez, el grupo parlamentario del PAN, consideró que con las normas para revertir la violencia política el Senado cumple con el respeto de los derechos de las mujeres plasmados en el marco legal contenido en la Constitución, y con los acuerdos internacionales firmados por México, como la Convención sobre la Eliminación Sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, entre otros.
De igual forma, la senadora Lucero Saldaña Pérez, senadora del grupo parlamentario del PRI, destacó que existen 159 casos de violencia política registrados oficialmente hasta enero de 2017, estas agresiones han implicado "latigazos, golpes, amenazas, estereotipos, hasta el homicidio; actos que se han documentado y puesto en evidencia, para mostrar a todos aquellos que nos cuestionan qué es la violencia política de género".
El senador Alejandro Encinas Rodríguez expresó que se trata de "uno de los problemas más lamentables de nuestra vida política", y pidió "cambios significativos" en instituciones públicas y partidos políticos para garantizar igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en el poder público.
Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, cuestionó que sólo se apliquen sanciones administrativas a aquellas personas que ejerzan la violencia política "debe haber castigos ejemplares para que esas conductas no se repitan".
La senadora priista Yolanda de la Torre Valdez expresó: "las mujeres no debemos permitir ser víctimas de violencia, debemos ser capaces de denunciar las prácticas que atentan contra nuestra integridad".
La panista Mariana Gómez del Campo dijo que estas reformas prevén la necesidad de promover y garantizar la formación de liderazgos políticos de mujeres, crear mecanismos que garanticen la protección a sus derechos políticos y electorales, establecidos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el país.


Por Dixie Edith
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La Habana, febrero (Especial de SEMlac).- Una restringida oferta estatal para el cuidado infantil y agudas polémicas en torno a las posibilidades que se generan desde el sector del trabajo por cuenta propia complican las opciones de muchas familias cubanas a la hora de decidir quién cuidará de sus bebés.
Para la joven periodista Dainerys Mesa, la elección definitiva puso fin a lo que casi se convirtió en un proceso de investigación profesional. Recién nacido su niño y ante el temor de no poder acceder a un círculo infantil (guardería) estatal, Mesa visitó a varias cuidadoras por cuenta propia.
"Algunas parecían excelentes, pero tenían costos muy altos. En una casa que visité, con precios más asequibles, la cuidadora se mantuvo todo el tiempo con el niño cargado, brincando para que no llorara, mientras una bebé permanecía en un cochecito frente al televisor", explicó a SEMlac.
"En otra, la sala estaba llena de ceniceros con colillas de cigarros, lo que me causó muy mala impresión", agregó.
Finalmente, Mesa pudo matricular a su hijo en el círculo Frank País, del municipio habanero de Plaza de la Revolución.
"Al niño le va muy bien, aprende bastante y está bien cuidado, pero hay que reconocer que falta personal en el círculo porque las educadoras se están marchando a trabajar a casas particulares donde ganan más", explicó a este servicio.
La también colega Eiry Rodríguez y la psicóloga Giselle Gómez, en cambio, optaron por la opción del cuidado en el sector privado.
Rodríguez lleva a su pequeña Mariana a una casa particular en el municipio capitalino de Diez de Octubre y está muy contenta con los resultados. "Allí hay una limpieza extrema y la casa está asociada con las educadoras de las vías no formales, que van a darle atención a los niños todas las semanas", explicó a SEMlac.
Las vías no formales es el programa no institucional Educa a tu Hijo, establecido en las comunidades para niños y niñas que no asisten a un círculo infantil o un aula de educación preescolar. Generalmente está asesorado por personal docente y busca orientar a las familias en el camino de estimular el desarrollo integral de sus infantes.
Gómez, por su parte, acudió a la opción de una cuidadora por cuenta propia, pues el círculo infantil más cercano a su casa estaba a poco más de un kilómetro y no tenía opciones directas de transporte.
"El niño estuvo apenas dos meses en el círculo. Tenía buena atención, pero yo caminaba todas las mañanas más de 10 cuadras y llegaba tarde al trabajo", explicó.
El pequeño Carlitos ya cursa segundo grado en la escuela primaria, pero a menudo pide ir a ver a Tata Cary, su antigua cuidadora.
"Caridad, la señora que lo cuidó durante cuatro años, tenía varios niños, era muy limpia, educada, les enseñó aspectos básicos de educación formal, pero la parte docente tuvimos que ponerla en la casa", detalló Gómez.
Aun así, Carlitos llegó al preescolar de la escuela ligeramente atrasado en relación con los niños que venían del círculo, que ya conocían algunas letras y trazos de escrituras. Pero, según Gómez, lo que más trabajo le costó asimilar fue la disciplina cotidiana, las relaciones con el grupo de amiguitos y la necesidad de compartir juguetes y tareas.

Opciones contrapuestas
Al cierre de 2015 existían en el país 624.845 personas menores de cinco años, según el Anuario Estadístico de Cuba 2015, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) a mediados de 2016.
Datos del Ministerio de Educación reportan, por su parte, la existencia de alrededor de 1.080 círculos infantiles, con una matrícula total que supera los 137.500 niños y niñas, lo que representa, aproximadamente, el 18 por ciento de la población infantil de uno a seis años en la isla.
Un artículo publicado por el diario Granma a mediados del propio 2015 refería que, como resultado de la aprobación en Cuba en 2014 de una política de atención a la dinámica demográfica, se habían identificado cinco municipios de la zona oriental del país que no contaban con círculos infantiles.
Según el mismo trabajo periodístico, sumaban 48.333 las solicitudes de círculos infantiles pendientes de respuesta, debido al "déficit de maestros y problemas con la infraestructura constructiva, entre otros factores".
Como opción complementaria para el cuidado infantil, también en 2015 había más de 1.700 personas dedicadas a la modalidad de asistentes para el cuidado de niños, de las cuales 34 por ciento se encontraba en La Habana, según cifras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) publicadas en la prensa local.
Una particularidad de este servicio, tanto en el ámbito estatal como en el privado, es la casi absoluta mayoría de mujeres dedicadas a estas labores. Apenas 15 de estas personas registradas como asistentes para el cuidado infantil en 2015 eran hombres.
Justamente, un estudio realizado en 2013 en la Facultad de Sociología de la Universidad de La Habana identificó inequidades de género en el desempeño de esa actividad.
Desarrollada en Cojímar, en la periferia este de La Habana, la investigación de pregrado del sociólogo Daniel Iglesias, acerca del cuidado infantil en esa localidad, encontró que "hombres y mujeres no se incorporan en la misma magnitud, producto de arraigados modelos patriarcales y de división social y sexual del trabajo aún presente".
Similar análisis puede aplicarse al sector estatal, agravado por decisiones institucionales que durante años no permitieron hombres en estas funciones. La polémica se agudiza, pues el hecho de ser mujer también es una condición preferida por las familias que buscan quién cuidará a sus bebés.
"Nunca hubiera dejado a mi hijo al cuidado de un hombre, aunque sé que es un prejuicio y todo eso. Pero si a su padre, después de dos años, aún le costaba cambiarle los pañales correctamente, ¿cómo confiar en un desconocido que seguro no tiene el entrenamiento que da el hábito?", confesó Gómez.
Iglesias encontró criterios similares al de Gómez durante su investigación.
"Quienes contratan el servicio y las propias asistentes infantiles prefieren que este trabajo lo realicen las mujeres, pues desde pequeñas están familiarizadas con este tipo de trabajo, demostrándose de esta forma lo arraigados que están estos conceptos patriarcales y de división sexual y social del trabajo", resume una de las conclusiones de su estudio.

Otras claves de la polémica
Sin embargo, el debate entre acudir a la opción estatal o a la privada cuando se trata de cuidar a niños y niñas trasciende con creces el sexo del cuidador o cuidadora.
Maritza Planas, cuidadora de infantes por cuenta propia, reconoce la existencia de diferentes condiciones entre quienes se dedican a esta actividad de manera privada.
"Hay quienes ponen a todos los niños en una sala delante de un televisor y, aunque los cuidan bien, no los educan. En otros casos se han confirmado incluso maltratos por parte de las cuidadoras", reconoció en entrevista con este servicio.
Algunos de los problemas hallados por la colega Dainerys Mesa entre cuidadoras particulares, también mencionados por Planas, fueron constatados en 2015 por una investigación emprendida desde la comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de los derechos de la mujer del Parlamento cubano.
Se visitó alrededor de 83 guarderías infantiles privadas en municipios de las provincias de La Habana, Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Holguín y Granma. También se conversó con madres, padres y con los propios infantes.
El estudio constató la presencia de cuidadoras sin documentación legal para ejercer su trabajo y falta de preparación para enfrentar el proceso de educación en estas edades.
Además, se detectaron dificultades de higiene, violación de los horarios de vida de pequeños y pequeñas, o su exposición a peligros potenciales, además de que no todas las guarderías estaban vinculadas al programa Educa a tu hijo.
La comisión parlamentaria también había estudiado, en diciembre de 2014, el funcionamiento interno de los círculos infantiles estatales.
Entre las dificultades identificadas sobresalieron algunas inconformidades de los padres respecto a los recursos materiales exigidos por la institución en el momento de la matrícula del niño o niña; las dificultades constructivas y, sobre todo, el déficit de docentes y personal en general.
Para Planas, quien inició su vida laboral como educadora de círculos infantiles, "el valor del círculo estatal es que está sometido a muchos controles, a mucha vigilancia", reconoció.
"Siempre puede ocurrir que una educadora maltrate a un niño, pero existen muchas vías para detectarlo e impedirlo, mientras que en una casa es más difícil saber qué ocurre", aseveró.
Mesa coincide. "En el círculo de mi hijo hay un candado en la puerta. Se chequea mucho quién entra y quién sale. ¿Cómo se puede controlar eso en una casa particular; cómo saber quién tiene acceso a nuestros hijos?", se pregunta.
En ese sentido, Planas defiende, como condiciones inapelables para este trabajo por cuenta propia, "que exista una formación previa de la persona y que se establezcan controles, visitas sistemáticas a las casas donde se cuidan niños", detalló.
En los debates parlamentarios de 2015, la diputada Mileidys Abad, de la provincia de Ciego de Ávila, sugería como posible solución la apertura de cursos optativos para las cuentapropistas acerca de los elementos básicos del cuidado infantil, en los cuales el programa Educa a tu Hijo fuera imprescindible, publicó la prensa local.
La doctora en Ciencias Sociológicas Magela Romero, de la Universidad de La Habana, considera que "aunque todavía resta mucho camino por recorrer en la búsqueda del mecanismo ideal para el cuidado infantil dentro del sector cuentapropista, hay que evaluar también esta opción desde la perspectiva de las mujeres que lo ejercen", explicó a SEMlac.
En su artículo "El cuidado infantil en Cuba: especificidades de su desarrollo tras la nueva apertura del sector cuentapropista", publicado en 2015 en la revista del CESLA, de la Universidad de Varsovia, Romero evalúa con detalle las potencialidades de esta forma de empleo para el emprendimiento y el empoderamiento femenino.
"Se trata de una alternativa de beneficio indiscutible para un grupo importante de mujeres, unas porque ofrecen su fuerza de trabajo y otras porque encuentran en este mecanismo una vía para la conciliación trabajo remunerado - cuidado de la descendencia", detalla el texto.
Pero "se debe trabajar más en la preparación de quienes realizan estas funciones y crear vías para garantizar que cuenten con los recursos materiales necesarios para desarrollar esta actividad con la calidad esperada", explicó la socióloga.
Al mismo tiempo, insistió, "se debe velar porque esta sea una alternativa económicamente viable para aquellas madres que no tienen la posibilidad de optar por el círculo infantil por no ser trabajadoras, o simplemente porque no lo prefieren. El bienestar y la educación de las nuevas generaciones está en juego", aseveró.

Recuadro: Desde las leyes

La Resolución No. 240 del Ministerio de Salud Pública, emitida en 2011, determina que la actividad de Asistente infantil para el cuidado de niños -junto a otras seis- requiere de licencia sanitaria para su ejercicio. El documento señala entre los requisitos higiénico-sanitarios para esta modalidad que la cantidad de niños debe ser de seis como máximo, y en caso de existir dos asistentes, puede ascender hasta diez, siempre que la capacidad del local lo permita.
Se debe demostrar, mediante certificación médica, el estado de salud física y mental de convivientes y personas que pretendan contratar para brindar este servicio. Además, la vivienda debe tener las condiciones higiénicas sanitarias elementales, tales como abasto de agua potable suficiente, instalaciones hidrosanitarias funcionales, ventilación adecuada, entre otras.
La legislación explica también que se debe garantizar el régimen de vida de niñas y niños, que comprende la organización en el cumplimiento del aseo, alimentación, sueño y vigilia activa

De la Redacción
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México, febrero (SEMlac).- El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) ha documentado los casos de niños, niñas y jóvenes a quienes en las escuelas mexicanas se les impide seguir estudiando por no contar con un documento de identidad.
Uno de ellos es el caso de Paty, quien vive en Coyolillo, Veracruz, quien junto a su marido emigró a Illinois, Estados Unidos, en 1996. Su hija Naomi, nació allá en el 2004 y la tortura comenzó al regresar, cuando quiso inscribirla en una escuela pública de la localidad.
"Mi tortura comenzó cuando regresamos a México, porque no me la aceptaron en la escuela por no tener CURP, ni acta de nacimiento". Se trata de la Clave Única de Registro de Población, un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país.
Relata que nunca recibieron apoyo del gobierno para obtener los documentos. La opción que ofrecían los funcionarios del Gobierno de Veracruz era renunciar a la nacionalidad de Estados Unidos, para poder darle los papeles de identidad a su hija.
Paty logró obtener, a través de una carta poder, los documentos de su hija, para inscribirla, varios meses después. "Lo que quisiéramos es que nos asesoren, no que nos metan miedo", expresó.
The Pew Research Center asegura que en Estados Unidos hay 7.2 millones de niños y niñas que califican para tener la doble nacionalidad.
El proceso para apostillar los documentos de identidad en Estados Unidos cambia de un estado a otro, y tiene costos que oscilan entre los cinco y los 20 dólares por documento, de acuerdo con el IMUMI.
El Instituto refiere que la embajada y los consulados de Estados Unidos en México no realizan el trámite, por lo cual las personas deben enviar el documento original a la oficina que lo emitió, pagar el costo del trámite y el envío.
Una vez que está apostillado, se requiere ir a la oficina del Registro Civil en México, previa traducción del documento por un perito legal, a fin de obtener la inscripción de nacionalidad mexicana para los hijos de padre o madre extranjero.
La falta de información genera que muchas personas busquen inscribir a sus hijos como mexicanos y renunciar a la nacionalidad estadounidense.
En 2015, la Secretaría de Educación Pública (SEP) modificó las normas de control escolar para eliminar estos requisitos a la hora de inscribir a las niñas, niños y jóvenes a la escuela.
Sin embargo, Berenice Valdez, coordinadora de políticas públicas de IMUMI, aseguró que pese a las modificaciones del Acuerdo Secretarial 286 y las normas de control escolar en el 2015, en muchas escuelas de educación básica siguen pidiendo como requisito de ingreso los documentos de identidad apostillados o los documentos académicos.
"Sucede todavía en muchas escuelas de la Ciudad de México, Chiapas, Tlaxcala, en todos los estados, tenemos casos en donde los chavos de secundaria dicen que no los dejan estudiar, lo mismo en preescolar, y esto sigue sucediendo por lo que necesitamos mover esas inercias burocráticas y la ley nos dará un marco con mayor sustento", expresó.
Valdez se refiere a la iniciativa preferente que mandó el Ejecutivo federal al Senado para modificar la Ley General de Educación el pasado 1 de febrero, la cual tiene que ser discutida, modificada, aprobada o rechazada a más tardar en 60 días.
"Derivado del contexto internacional actual, es una prioridad del Gobierno Federal otorgar facilidades a las personas migrantes que regresan al país para incorporarlas al sistema educativo nacional, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten".
"Con el propósito de facilitar la movilidad académica se requiere facultar a la Secretaría de Educación Pública para determinar, mediante normas y criterios generales, los casos en que los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional, pueden adquirir validez oficial", señala la iniciativa del Ejecutivo.
Para Valdez, es necesario trabajar primero en la modificación de la ley, y después en el Acuerdo Secretarial 286.
El tema de identidad, dijo, constituye una de las grandes barreras que hay para la población que viene de Estados Unidos, pero también de Centroamérica a México y es que aquí supeditan todo a la CURP o a un documento de identidad.
"Te solicitan un documento de identidad cuando en México no existe un documento de identidad, no existe en ninguna ley, y cada autoridad determina de manera discrecional cuál solicita, cuando no existe. Está en la Ley General de Población la cédula única de identidad que nunca existió, y entonces la CURP que es un registro de población se convierte en una barrera para que acceda a la educación la población migrante, mexicana, retornada o deportada o inmigrante".
"La iniciativa preferente marca una muy buena pauta porque indica que el acceso a la educación no debe estar supeditado a un documento de identidad; ahora trabajarlo en el cuerpo de la ley es básico, para que no quede como principio enunciativo y no se traslade a las prácticas burocráticas", expresó.
Una de las cosas que debe cambiar, después de aprobarse la ley, dijo Berenice Valdez, es de carácter técnico, porque cuando buscan inscribirse, en la mayoría de los casos el trámite se realiza por computadora, y ahí te solicitan tener la CURP, y si un niño o niña no lo tiene, pues no se puede inscribir.
El otro asunto son las revalidaciones de estudio para educación superior.
Actualmente hay cerca de 700.000 jóvenes que cursan educación media superior y superior en Estados Unidos, pero son indocumentados, pues son hijos de migrantes nacidos allá o llegados al país de niños.
Son los llamados dreamers, quienes ante las políticas migratorias que ha puesto en marcha el Gobierno de Donald Trump podrían verse obligados a retornar a México.
La iniciativa preferente del Ejecutivo incluye facilitar el ingreso a la educación superior a quienes regresen al país, aprovechar la experiencia y conocimientos de los cuerpos académicos de las instituciones particulares de educación superior, autorizándolas para que otorguen revalidaciones parciales de estudios de licenciatura.

 

De la Redacción
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México, enero (SEMlac).- Niveles elevados de inseguridad y de violencia que enfrentan las personas defensoras en el país, en un contexto marcado por el crimen organizado, la corrupción y la represión estatal, fueron observados por el Relator de la ONU, Michel Forst.
Al concluir una visita oficial a México, realizada del 16 al 24 de enero, el Relator de la ONU recorrió el país, desde la Ciudad de México hasta los estados de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.
"La situación de las defensoras y los defensores está condicionada por la criminalización de sus actividades a través del mal uso deliberado del derecho penal y la manipulación del poder punitivo, tanto por actores estatales como no estatales, para impedir y hasta evitar las legítimas actividades de las personas defensoras para promover y proteger los derechos humanos", indicó Forst, de acuerdo con un comunicado.
"También se han usado los arrestos y detenciones arbitrarias como un instrumento para silenciar voces disidentes y frenar movimientos sociales. En muchos casos, se criminaliza a quienes defienden derechos humanos por denunciar violaciones cometidas por las autoridades y enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas", añadió el Relator.
Tras reunirse con más de 800 personas defensoras provenientes de 24 estados, de las cuales 60 por ciento eran mujeres, el Relator externó su preocupación que el 98 por ciento de los crímenes en México no son resueltos.
Forst enfatizó que "la tasa ínfima de investigaciones exitosas y de resolución de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos ha generado una sensación de impunidad generalizada. La falta de investigación y sanción de los agresores envía un peligroso mensaje de que no hay consecuencias por cometer tales crímenes. Esto crea un entorno propicio para la repetición de violaciones".
"La impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores y las defensoras de derechos humanos en México. La impunidad alimenta la criminalización de los defensores vinculados a sus actividades legítimas de derechos humanos, lo que a su vez alimenta el miedo entre la sociedad civil en general, debilitando las aspiraciones generales de los derechos humanos y el Estado de Derecho", indicó el experto independiente.
"La mejor forma de protección que pueden tener las personas defensoras es cuando se hace justicia y los perpetradores son llamados a rendir cuentas" afirmó.
"El informe preliminar que estoy presentando contiene una serie de recomendaciones dirigidas a diversos actores. Sólo uniendo esfuerzos, México será capaz de superar los obstáculos y riesgos que actualmente enfrentan quienes defienden los derechos humanos, para así protegerlos efectivamente y con ello, la fundamental labor que realizan para una sociedad democrática".
Michel Forst reafirmó su disposición para proveer de asistencia a todos los actores interesados en combatir la impunidad y asegurar la protección de las personas defensoras en México.

Por Gabriela Ramírez
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México, enero (SEMlac).- Organizaciones centroamericanas de migrantes exigen que el gobierno mexicano prepare su propia agenda migratoria y que se posicione como garante de los derechos humanos de la población migrante.
Mientras tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) asegura que las medidas anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump respecto a la construcción del muro son inhumanas, innecesarias, poco efectivas y costosas.
México debería responder demostrando independencia y dignidad.
En el tema migratorio hay temores fundados que el gobierno de México pudiera utilizar a los migrantes centroamericanos como moneda de cambio para tratar temas de la renegociación de los tratados comerciales, señala Marta Sánchez Soler, presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano.
En un comunicado, Sánchez Soler explica que ahora más que nunca, el tema de la migración debe examinarse desde una óptica regional y promover la unidad del continente americano en el tema de la defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes y en el desarrollo de políticas regionales en el tema desde una óptica de desarrollo y seguridad humana.
Incluso, propone que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, promulgue un decreto que elimine la visa de ingreso a los cuatro países centroamericanos: Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, y que predicando con el ejemplo se construyan políticas migratorias de estado, regionales, congruentes, solidarias y humanitarias.
En este sentido, y luego de las medidas anunciadas por el gobernante de Estados Unidos para la construcción del muro, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos pronunció su total rechazo.
"La amenaza de que millones de personas serán separadas por deportaciones, que los solicitantes de asilo no recibirán refugio, y que los derechos de los migrantes no serán respetados son contrarios a los valores de Estados Unidos".
"En una nación que está hecha de migrantes e hijos de migrantes, la retórica que estigmatiza comunidades enteras es ofensiva y dañina", señala Matt Clausen, director ejecutivo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en un pronunciamiento publicado en su sitio web. 
WOLA explica que los flujos migratorios en el país son los más bajos en 40 años, que ya existe un muro en la frontera México-Estados Unidos y que la gran mayoría de los migrantes no son delincuentes, ni violentos.
"Cerca del 80 por ciento de las y los migrantes deportados por tener antecedentes criminales, cometieron delitos relacionados con su estatus migratorio (es decir, su delito fue el ingreso o el reingreso ilegal a los Estados Unidos) o delitos no violentos, por ejemplo, relacionados con accidentes de tránsito.
Respecto al pago del muro, Matt Clausen señala que "estas declaraciones son altamente irrespetuosas para nuestro país vecino y para la comunidad latina. Los Estados Unidos se está aislando de la región con estas acciones que han sido aprobadas".

Algunos datos sobre migración 
Según el portal de WOLA: 

  • Ya hay una barrera a lo largo de 653 millas de la frontera de México y los Estados Unidos. En 2015 había solo 120 millas de barrera.
  • Construir sólo 413 millas más de barrera costaría 11.370 millones de dólares, según una reciente estimación de la US Customs and Border Protection. Esto se sumaría a los más de $ 25 millones que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya gasta anualmente para reparar las vallas existentes y los caminos fronterizos.
  • El número de inmigrantes indocumentados aprehendidos en la frontera entre Estados Unidos y México está cerca de su nivel más bajo desde principios de los años setenta.
  • El número total de llegadas aumentó ligeramente en el año 2016, tendencia que continuó en los dos primeros meses del año 2017. Sin embargo, este crecimiento se debe al aumento de las llegadas de niños y familias no acompañados, principalmente de Centroamérica, quienes huyen de amenazas y violencia. En su mayor parte, estos niños y familias no están tratando de evadir la captura, por el contrario, piden protección.
  • Los países de El Salvador, Guatemala y Honduras -de donde proviene la mayoría de estos migrantes- enfrentan niveles sin precedentes de delitos violentos. Los tres se encuentran entre las 10 primeras naciones con tasas de homicidios más altas, y los que viven allí enfrentan algunas de las condiciones más peligrosas del mundo fuera de las zonas de guerra activa.


De la Redacción
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México, enero (SEMlac).- La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX (STyFE), Amalia García Medina, recibió el jueves último en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a 135 personas connacionales repatriadas, de las cuales siete son residentes de la Ciudad de México
En un comunicado de prensa, se informó que la STyFE de la CDMX ofrece atención inmediata a través del Módulo ubicado en la sala 3 de la Terminal 2 del AICM a todos los repatriados connacionales que llegarán tres veces a la semana.
Se trata de una alternativa para su inserción laboral, mediante programas como: Vinculación Laboral, Repatriados Trabajando, Seguro de Desempleo, Capacitación y Fomento al Autoempleo.
En su mensaje, García Medina informó a las repatriadas los apoyos y servicios de vinculación laboral que ofrece la dependencia a través de sus oficinas generacionales del Servicio de Empleo.
Asimismo, les pidió aprovechar los apoyos y programas con los que cuenta la CDMX, porque cada persona trabajadora es "fuerza de trabajo que contribuye con la economía de Estados Unidos y de nuestro país", expresó.
Destacó que el año pasado la dependencia capitalina benefició a 314 migrantes con el Seguro de Desempleo, de las cuales 54 fueron mujeres y 260 hombres, quienes recibieron un incentivo económico de 2.150 pesos (102 dólares) durante seis meses.
Dijo que además del apoyo mensual que reciben, los ponen en contacto para que se capaciten, obtengan una certificación de competencias y tengan acceso a la bolsa de empleo y ferias de empleo que realiza la dependencia capitalina.
Subrayó que, a través de las Unidades de Servicio de Empleo de la Ciudad de México, se atendieron a 82 personas repatriadas, 76 hombres y seis mujeres.
Acentuó la decisión del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, al declarar que "la CDMX sea concebida como sea una Ciudad Santuario para la población migrante".
Agregó que "para el Gobierno de la Ciudad de México los migrantes son trabajadores que tienen derechos, y van a tener acceso a los programas que tiene la Ciudad de México, si son migrantes que vienen de Centroamérica se les considera huéspedes".
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, en 2016 hubo 204.855 eventos de repatriación por los módulos de la frontera, de los cuales el 92,5 por ciento, es decir, 202.279 mexicanos repatriados aceptaron uno o varios apoyos que se ofrecen.
Asimismo, señala que 4.446 personas repatriadas se dirigieron a la Ciudad de México como lugar de residencia o destino, lo cual representa el 2,1 por ciento del total de repatriados el año pasado.

 

 

 


Por Gabriela Ramirez
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México, enero (SEMlac).- Mujeres, niñas y niños, integrantes de la comunidad LGBTI y hombres en México se dieron cita a las afueras de la embajada de Estados Unidos para mostrar su descontento y preocupación ante la llegada de Donald Trump como presidente de ese país.
A pesar del sol intenso, más de 500 personas portaban carteles y gritaban consignas con un solo tema: todos los derechos para todas las personas.
"Queremos hacerle saber a Trump que no estamos de acuerdo con su llegada, que el mundo es mucho más que su pequeña cabeza y que sin las mujeres no puede haber democracia ni paz", dijo a SEMlac Orfe Castillo, feminista que se encontraba en el mitin.
En México, Estados Unidos y diversos países las mujeres salieron a la calle el pasado sábado para manifestar su preocupación y enojo ante la llegada de un Presidente que en diversas ocasiones ha hecho declaraciones misóginas.
Cerca de 670 marchas fueron programas para ese día, en Washington capital, se registró la más grande, la Marcha de las Mujeres, con una asistencia de 275.000 personas.
En México, una de las asistentes a este mitin, Laura Santos, dijo: "estamos preocupadas, no sabemos cómo nos va a ir con este Presidente".
Mientras para unas personas el panorama es obscuro, para otras representa una posibilidad de mejora. "Yo creo que puede ser una oportunidad para México, para comprar nuestras cosas, para dejar de consumir lo que viene de allá", señaló Irma Suárez, otra de las asistentes.
Niñas y niños dibujaban, sentados en el piso, carteles mostrando escenas de paz, unión y amor, una muestra de su visión del mundo que hoy se ve amenazada.
También se dieron cita en Paseo de la Reforma ciudadanas y ciudadanos norteamericanos. "No sabemos cómo pasó, cómo llegó. Esto representa un peligro para los derechos alcanzados. No queremos muros, no los necesitamos", afirmó Margareth Brown.
Cientos de carteles fueron pegados en las vallas frente a la embajada exigiendo el fin del racismo, el machismo, la discriminación y condenando la construcción de un muro entre los dos países.
Luego de bloquear un sentido de Paseo de la Reforma, las y los manifestantes a caminaron al Ángel de la Independencia.


Por Sara Más
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La Habana, enero (SEMlac).- Más allá de las justas demandas del empleo remunerado, la agenda feminista debe enfocarse en la transformación social para el logro de una vida digna para las mujeres, señalaron asistentes al II Encuentro Internacional de Economía Feminista "Una agenda económica para discutir entre mujeres", realizado en La Habana los días 17 y 18 de enero.
"El trabajo debe redefinirse hacia toda acción que emprenda una persona para beneficio colectivo o individual", señaló la chilena Nelly Cubillos Álvarez al intervenir en la primera sesión del encuentro.
Para Cubillos Álvarez, supone incorporar a la economía todas las relaciones sociales que garantizan la satisfacción de las necesidades hacia una vida digna. "Lo que implica superar las relaciones de poder, de subordinación", sostuvo. 
Entre otros aspectos, habló también de la necesidad de trabajar hacia el logro de la igualdad de responsabilidades ante el trabajo de cuidado a nivel personal, familiar, comunitario e institucional.
"No basta con el empleo para poder alcanzar una verdadera independencia económica, porque este está sometido hoy a condiciones de explotación, inseguridad y mercantilización", reflexionó la investigadora Tania García.
Partidaria de que el empoderamiento sea una búsqueda más avanzada, que no quede solo en las justas demandas del empleo remunerado, la profesora esclarece un concepto que es mucho más abarcador.
"El empoderamiento consiste en la capacidad de la mujer de asumir la conducción de la vida y lo que puede consagrarlo es su capacidad como ente social para transformar la sociedad", señaló a SEMlac.
"El debate que debemos promover, desde la economía feminista, es cuál sociedad tenemos, la economía que queremos para esa sociedad, y la mujer como sujeto activo, con capacidad y liderazgo en ella", resumió García.
¿Cómo no pensarnos como sujetos económicos, activos, participantes, si hemos sido capaces de liderar la familia, que es el núcleo de la sociedad y la humanidad?", se pregunta la investigadora en su reflexión.
A ello añade que las políticas públicas son decisivas para promover un modelo que propenda a esas capacidades. "Nos tenemos que meter en el contenido de la agenda estatal y de gobierno para intervenir de manera propositiva y participativa", comentó García a SEMlac.
También propone cambiar la mirada hacia los indicadores de avance con los cuales se mide la economía en la actualidad, a partir de indicadores de contrapartida que lleven a una visión más realista.
En ese camino sugiere, por ejemplo, contraponer al PIB el índice de bienestar humano; al incremento de la inversión extranjera contrastarlo con el deterioro de los recursos naturales.
"La idea es poner siempre una contrapartida; plantearnos desde el movimiento femenino y la academia cuáles son los elementos que hay que introducir o fortalecer en la base de nuestros sistemas analíticos", explicó a SEMlac.
Durante el taller se reflexionó también en torno a las experiencias concretas de las cubanas, desde nuevas oportunidades de empleo con la creación del trabajo por cuenta propia, la entrega de tierras en usufructo, las transformaciones del sector estatal y las cooperativas no agropecuarias.
En opinión de la profesora Blanca Munster Infante, del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), el impacto de esas medidas en la vida de las cubanas tiene que ver, en parte, con su situación de partida, además de las inequidades al interior de los hogares, donde ellas siguen cargando con los roles asignados como cuidadoras.
Entre otras brechas de género en detrimento de las mujeres, Munster mencionó la existencia de sesgos de género en la contratación, que ellas disponen de menos activos económicos o de menor calidad, que perviven estereotipos de género y cuentan con pocos servicios de apoyo al cuidado.
En el ámbito específico de las actividades por cuenta propia, predominan actividades típicamente masculinas y "urbanas", de bajo valor agregado y relacionadas con los oficios, cuando las cubanas son mayoría entre el personal altamente calificado.
Entre las propuestas formuladas por Munster estuvo diseñar e implementar nuevas iniciativas de intervención para posicionar a la mujer de manera más equitativa en la economía y desarrollar, dentro de la política de microcréditos para cooperativas y pequeños emprendimientos, incentivos y condiciones favorables para beneficiar a mujeres y personas de grupos y territorios en desventaja.
Convocado por la Oficina de Coordinación Regional para América y el Caribe de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), el grupo "América Latina: Filosofía social y axiología" (Galfisa) del Instituto de Filosofía, la Asociación Internacional de Solidaridad y Cooperación (SUDS) Y MUNDUBAT, en el taller participaron organizaciones cubanas vinculadas al sector productivo y cuentapropistas, así como invitadas de diferentes organizaciones nacionales y de la región.
Este es el segundo encuentro de su tipo que se realiza en La Habana con el propósito de favorecer la articulación entre experiencias productivas diversas lideradas por mujeres, profundizar en los debates en torno a la economía feminista y promover acciones conjuntas que tributen a una agenda feminista.


Por Mercedes Alonso Romero
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Santo Domingo, enero (SEMlac).- La capital dominicana amaneció el sábado último vestida de consignas tales como: "¡No a la impunidad; a la cárcel los corruptos!", y desde tempranas horas de la mañana importantes arterias viales de la avenida 27 de Febrero y Máximo Gómez, se llenaron de personas de todas las edades y sexos, llegadas de diversos puntos del territorio nacional, unidas en una marcha cívica, calificada de "histórica", contra la corrupción y la impunidad.
Manifestantes vestidos de verde o con algún accesorio de ese color, avanzaron en medio de un fuerte patrullaje policial, que les impidió tomar la ruta hacia el Palacio Nacional; no obstante, la multitudinaria demostración prosiguió su avance por la parte trasera de la casa de Gobierno, hasta llegar al Parque Independencia, donde concluyeron con un acto cultural frente al Altar de la Patria.
Esta trascendental marcha busca llamar la atención de las autoridades ante los actos de corrupción que han tenido lugar en el país, el último de los cuales es el caso de la firma constructora brasileña Odebrecht, cuyo representante en República Dominicana reveló que entregó 92 millones de dólares para pagar sobornos con el objetivo de que le adjudicaran obras.
El Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP) se unió a la convocatoria e instó a todas las mujeres dominicanas a marchar "por el desarrollo justo, por el respeto y reconocimiento de nuestros derechos fundamentales, en contra de la corrupción y de la impunidad".

El pueblo decidió
La excandidata vicepresidencial del partido Alianza País Mary Cantisano expresó en uno de los momentos en los cuales fue interpelada por periodistas de diferentes medios:
"El pueblo decidió el fin de la impunidad, una justicia transparente y cárcel a los corruptos y a quienes nos han engañado. Estamos dando la respuesta ciudadana de que hay que respetar la institucionalidad, de que hay que respetar la justicia, de que hay que respetar los derechos de los hombres, mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad", afirmó la activista.
Gran expectativa ha creado este evento, reflejo del descontento de amplios sectores sociales, políticos y religiosos dominicanos, que exigen al Gobierno y al sistema de justicia la identificación y sometimiento de los funcionarios sobornados en el caso Odebrecht, la recuperación del dinero, y plantean que la Cámara de Cuentas presente en un plazo de 30 días un informe de auditoría de verificación de las declaraciones juradas de patrimonio de los presidentes y ministros que entraron en contacto con las negociaciones de Odebrecht desde el 2001 hasta el 2014.
La politóloga Rosario Espinal vaticinó en un artículo publicado en el periódico Hoy: "Si la marcha se convierte en un espacio de lucha partidaria, será más difícil concitar un amplio apoyo posteriormente. Pero si la situación económica del país se deteriora, la corrupción asumirá cada vez más importancia en la movilización social", opinó.
La caminata recibió el respaldo de los partidos Revolucionario Moderno (PRM); Reformista Social Cristiano (PRSC); Alianza País; Movimiento Patria para Todos; Fuerza de la Revolución; Caminata RD; Movimiento Rebelde, el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), asociaciones campesinas, educativas y culturales, grupos civiles y líderes comunitarios en la ciudad de Miami y Nueva York, entre otros.
Otras demandas integraron las voces de los organizadores de la actividad, entre los que se nombran el Foro Ciudadano, Centro Juan XXIII, Poder Ciudadano, Somos Pueblo, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Centro Bonó, Federación Nacional de Trabajadores Independientes de la Construcción (Fenticon), Bloque Popular, y Participación Ciudadana.
Además, el Movimiento de Trabajadores Independientes, Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Los Cañeros, Comité Codiano, Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, Peregrinos de Moca, La Multitud, Frente Universitario Renovador, Grupo Milenio Verde y otros.

Inadecuado uso fondos públicos afecta mujeres
Del comunicado enviado previamente por el Foro Feminista Magaly Pineda, SEMlac reproduce algunas de las reclamaciones expuestas en su contenido: "Los recursos sustraídos producto de la corrupción administrativa son recursos que podrían estar siendo aplicados en los presupuestos en prevención y atención de las violencias contra la mujeres, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad ya que el 99 por ciento de las causas de mortalidad materna son evitables y se producen por la falta de calidad en los servicios", apuntan y agregan: 
"La inversión en servicios de prevención y salud pública también es ínfima, para el año 2012 sólo un 3,76 por ciento (…) del gasto en salud, se dedicó a estos rubros, los cuales incluyen además la salud materno infantil, y el componente de atención a la adolescencia; por su parte los servicios de atención y consulta en conjunto alcanzaron el 1,74 por ciento del total general.
"El Ministerio de la Mujer es el segundo organismo del Poder Ejecutivo con la menor asignación presupuestaria, para el año 2017 se aprobó un 0,09 por ciento del Presupuesto Nacional, según datos del Ministerio de Hacienda (2017), limitando así el desarrollo de políticas, planes y programas a nivel sectorial, interministerial y con la sociedad civil, dirigidos a lograr la equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres", subrayan.
Concluye el Foro: "Informes del Gabinete de Políticas Sociales revelan que el 65 por ciento de los hogares en situación de pobreza están encabezados por mujeres, lo que se refuerza con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2015, que señalan que el desarrollo humano en la República Dominicana se reduce en un 44 por ciento por las desigualdades de género".
"Según los datos del Índice de Desarrollo Humano del PNUD (2015), desde el FFMP creemos firmemente que el manejo inadecuado de los fondos públicos afecta la vida de las mujeres ya que debilita su acceso a los derechos y servicios básicos, profundizando las inequidades y discriminaciones; además de los efectos emocionales ocasionados por la anomia e incertidumbre social ante el nacional".

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