Derechos civiles

Derechos civiles (133)

De la Redacción
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Querétaro, México, abril (SEMlac).- En el marco de la reunión del Frente Feminista Nacional, la periodista Sara Lovera López quien recibió el reconocimiento Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, aseguró que en tanto persista la impunidad, no habrá ley ni mecanismo que pare los asesinatos a periodistas y a mujeres.
En entrevista para el portal Códice Informativo, señaló que en la actualidad y en particular en México es peligroso ser periodista ya que hay diversos poderes que buscan la cooptación de la libertad de expresión y el derecho a la información.
"Ninguna ley, ningún mecanismo de protección, ninguna comisión en la cámara de diputados puede servir frente a algo que es semejante a lo que pasa en los asesinatos de mujeres, el tema es la impunidad, no hay ministerios públicos, no hay jueces, no hay un aparato de justicia que sea funcional al tamaño de violencia que estamos viviendo en todos los sentidos".
La periodista, quien también funge como administradora de la Casa de Protección a periodistas en la Ciudad de México, expresó que ante la violencia que existe hacia las mujeres, los medios de comunicación tienen responsabilidad en la forma en que se emite la información para cambiar los paradigmas y las perspectivas de género en la redacción de notas informativas.
"Hay que hablar de feminicidio, no podemos ocultarlo, pero tenemos que hablar de las otras violencias, tenemos que hablar con un lenguaje más respetuoso para hombres y para mujeres y tenemos que ayudar a cambiar la mentalidad, si seguimos pensando que las mujeres somos objeto de placer, objeto de que nos obedezcan, si seguimos reafirmando que los hombres son nuestros dueños, lo hacemos a veces de manera inconsciente, no vamos avanzar, tenemos 30 años capacitando periodistas hablando de género y de feminismo y no han cambiado las cosas".

De la Redacción
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México, abril (SEMlac).- Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó que del año 2000 a 2017 se tienen registrados 114 homicidios a periodistas en México y solo hay tres sentencias por esos casos.
Durante una reunión con la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, el pasado día 5, la funcionaria federal reconoció también que "en los últimos años se ha presentado una situación de inseguridad grave para quienes ejercen la libertad de expresión en México, en especial para los periodistas".
Puntualizó que desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la PGR, en 2010, a la fecha, se han abierto 368 expedientes por amenazas a periodistas, 159 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robo, 55 por privación ilegal de la libertad y 48 por daño en propiedad ajena.
Por ello, la subprocuradora de la PGR indicó que es necesario que "las instituciones y autoridades de todos los ámbitos, y la sociedad mexicana, nos debemos unir para coordinar y atender esa problemática que va más allá de las áreas de procuración e impartición de justicia".
Señaló que confía en que las acciones que se despliegan en la actualidad para fortalecer a la FEADLE, permitirán "tener próximos resultados".
Por su parte, el titular de la FEADLE, Ricardo Nájera Herrera, dio a conocer que de los delitos registrados, la instancia que encabeza ha ejercido su facultad de atracción en 48 casos, por abuso de autoridad, amenazas, homicidios, robo, daño en propiedad ajena, lesiones y privación ilegal de la libertad.
Agregó que en 28 estados de la República se han realizado cursos y talleres a instancias locales encargadas de atender las denuncias por agresiones a periodistas.
A su vez, la diputada del Partido Acción Nacional Brenda Velázquez Valdez, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, recordó que durante el mes de marzo pasado ocurrieron cuatro asesinatos a periodistas, con lo cual queda en evidencia que "las políticas de prevención y procuración de justicia del gobierno de la República son ineficientes".
La legisladora añadió que es claro que "la realidad ha superado al marco normativo en la materia, por lo que exhorto a las comisiones dictaminadoras que tienen en sus manos varias iniciativas que buscan mejorar el escenario de prevención y protección al periodista", a atenderlas.
Ante ello, Velázquez Valdez hizo "un llamado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que se garantice la seguridad de los periodistas y al procurador General de la República (Raúl Cervantes Andrade) para que se castigue a los responsables" de los asesinatos y agresiones.
En la reunión también participó la titular de la Comisión para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz, Ana Laura Pérez Mendoza, quien informó que del 2010 a la fecha se han registrado en esa entidad siete homicidios contra representantes de los medios de comunicación.
La funcionaria reclamó al responsable de la FEADLE el que no haya resultados concretos por esos asesinatos y demandó una mejor coordinación con las autoridades de la PGR, para resolver esos y otros casos de agresiones a periodistas.
Finalmente, el subsecretario de Gobierno del Estado de Guerrero, David Augusto Sotelo Rosas, reconoció que la Fiscalía General de esa entidad "tiene registradas 17 agresiones a periodistas del año 2014 a la fecha", y que se contabilizan tres asesinatos de periodistas, de 2010 a 2017.

Por Lirians Gordillo Piña
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La Habana, abril (SEMlac).- Reconocer el cuidado como un derecho y un asunto de interés público resulta fundamental en el diseño de políticas y estrategias alternativas, afirman especialistas en Cuba.
Sobre estos temas debatieron representantes de instituciones y organizaciones de la isla en el Encuentro Internacional Corresponsabilidad Familiar y Laboral, celebrado en la capital los días 6 y 7 de abril.
El evento estuvo organizado por la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) en Cuba y el Grupo América Latina: filosofía social y axiología (Galfisa), del Instituto de Filosofía del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.
El programa incluyó paneles, debates y la socialización de experiencias desde la economía y el pensamiento feministas. 
Para la experta Mayda Álvarez, ampliar el concepto de corresponsabilidad en el cuidado implica la superación del mandato patriarcal que concibe a las mujeres como principales responsables de esta actividad.
"Si bien en nuestro país siempre se ha reconocido que el Estado participa en el cuidado, casi siempre en el discurso se responsabiliza a la familia y principalmente a las mujeres", dijo a SEMlac la directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
Georgina Alfonso, directora del Instituto de Filosofía, también reconoce el impacto de las políticas del gobierno socialista y los esfuerzos de la FMC.
Para la doctora en Filosofía, la crisis económica y social de los años noventa obligó a las familias a reconfigurar estrategias y reemergieron roles tradicionales que se han ido reforzando.
"¿Por qué, si la fuerza laboral en el país está compuesta por mujeres en un 66 por ciento, deben ser ellas las principales responsables del espacio doméstico?", se pregunta la investigadora feminista.
Esa visión patriarcal tiene costos en la vida de las cubanas que sufren, entre otros malestares, la "pobreza de tiempo", al decir de la economista Teresa Lara. 
Por ello la importancia de ampliar el concepto de corresponsabilidad.
"El cuidado implica un conjunto de actores, entre ellos el Estado, el sector privado o no estatal, la comunidad, la familia y el propio individuo", afirma Álvarez.
Según las participantes en el encuentro, la compleja situación demográfica que vive Cuba y la reforma económica actual imponen la búsqueda de alternativas diversas y autogestionadas.
Una de las buenas prácticas compartidas en la reunión fue la experiencia de Cooperativa de Cuidado Caminos, radicada en Uruguay. El colectivo, con 15 años de experiencia, se especializa en el cuidado de personas de la tercera edad.
"Es necesario un cambio de paradigma en relación con los cuidados; que pase de ser un tema privado a ser un tema público; que sea un derecho y no una mercancía", dijo la presidenta de Caminos, Alicia Martínez, durante su presentación.
Para la presidenta del colectivo de 130 afiliadas, la participación y la autogestión son insumos fundamentales para desarrollar la creatividad colectiva, la responsabilidad y la profesionalización del servicio.
En Cuba está aprobado el cuidado como actividad para ejercer por cuenta propia y existen colectivos interesados en fundar cooperativas dedicadas a ofrecer este servicio.
No obstante, durante los debates emergieron como limitantes para la concreción de experiencias afines en el país, la falta de una Ley de cooperativas y la existencia de dificultades burocráticas.

De la Redacción
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México, abril (SEMlac).- La diputada Brenda Velázquez Valdez, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, llamó al gobierno federal mexicano para que "garantice la vida, seguridad e integridad de los periodistas", "dentro de sus atribuciones legales y constitucionales".
Durante la reunión de la Comisión, la legisladora panista (Partido Acción Nacional) también solicitó que se contemple en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF-2018) mayores recursos necesarios para el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, y en la que participa la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Velázquez anunció que el próximo miércoles 5 de abril, sostendrán un encuentro con los fiscales de Guerrero y Michoacán y que está por confirmar el de Veracruz.
En esta reunión participaron el fiscal general de Justicia de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel; y el fiscal general de Justicia de Oaxaca, Héctor Carrillo Ruiz, así como el quinto visitador de la CNDH, Edgar Corzo Sosa.
Velázquez Valdez destacó que desde la instalación de la Comisión a su cargo, en noviembre pasado, se reportaron cuatro homicidios y más de 30 agresiones a periodistas; sin embargo, dijo, "el Gobierno continúa siendo omiso".
Se trata, de los asesinatos de los informadores Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, Cecilio Pineda Brito, Ricardo Monlui y Miroslava Breach, además de un escolta del periodista Julio Omar Gómez Sánchez, ocurrido el pasado día 29.
Resaltó que México es el quinto país en el mundo donde resulta más peligroso ejercer el periodismo y el más riesgoso en América Latina, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Por ello, la diputada Velázquez Valdez exhortó a los fiscales para que estos hechos no queden impunes, y a los diferentes grupos parlamentarios a dictaminar "cuanto antes" iniciativas en la materia a fin de contribuir a mejorar el marco constitucional y poder prevenir y castigar la violencia contra periodistas en los tres órdenes de gobierno.
Consideró lamentable que México tenga un problema tan grave de represión y limitación a derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y la difusión.
A su vez, la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Movimiento Ciudadano, conminó a los fiscales a realizar investigaciones profundas y "si son casos que tienen que ver con el crimen organizado, digan por qué están vinculados. La labor de los periodistas está en riesgo porque, incluso, el crimen organizado esta enquistado en las organizaciones del Estado".
El diputado de Morena (Movimiento Regeneración Nacional), Virgilio Caballero Pedraza, indicó que el 82 por ciento de los asesinatos a periodistas está mezclado con funcionarios de los tres órdenes de gobierno, y consideró que al no asistir el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Nájera Herrera, cuando ya se tenía confirmada su asistencia, dijo, "es ratificar la complicidad con los asesinatos a periodistas".
El parlamentario Alejandro Domínguez (Partido Revolucionario Institucional) cuestionó al fiscal de Chihuahua respecto a si valora que exista un asunto de género en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, y en el caso del asesinato del también periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, solicitó se clarifiquen las declaraciones respecto a si este crimen tiene o no vínculo con su labor profesional.
La legisladora Cristina Jiménez Márquez (Partido Acción Nacional) afirmó que en Chihuahua hay "un historial largo de agresiones a periodistas, tan sólo de 2000 al 2016 se registraron 17 asesinatos", y solicitó saber si existen carpetas de información sobre estos casos y, de ser así, cuál es su situación.
Durante su intervención, el fiscal general de Justicia de Chihuahua dijo que existe el compromiso del gobierno local en atender los hechos de agresiones a periodistas y afirmó que el asesinato de Miroslava Breach Velducea fue un caso del crimen organizado derivado de su labor periodística, pero "ella nunca mencionó ninguna situación de preocupación hacia su persona".
Expresó que de acuerdo con evidencias ya se logró corroborar que el asesinato de Breach se debió a su tarea periodística, pero aún falta establecer quiénes ordenaron su ejecución y establecer la identidad de la persona que le disparó.
Sobre el caso de Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, puntualizó que ya se cuenta con la identidad de la persona que ordenó su ejecución; "se tiene la presunción de que pudieran ser motivos de otra índole y no por su actividad periodística".
Por su parte, el fiscal general de Justicia de Oaxaca, señaló que desde el 2006 se tienen registrados nueve casos de agresiones a periodistas en la entidad, de éstos, siete ya tienen órdenes de aprensión y hay detenidos enfrentando un proceso penal.
No obstante, dijo, de estos casos, sólo uno está vinculado con el ejercicio de su profesión, los demás se relacionan con otros temas como la delincuencia organizada, entre otros.
E indicó que el único caso asociado al trabajo profesional, fue el de un periodista (Marcos Hernández Bautista) quien publicó una nota en contra del presidente municipal y del director de policía de la comunidad de Santiago Jamiltepec, tres días después, apareció asesinado.
Según el fiscal, las investigaciones sobre este asesinato dieron por resultado que había sido el director de la policía municipal quien lo asesinó y fue sentenciado a 30 años de prisión.
Al tomar la palabra, el quinto visitador general de la CNDH destacó que la situación en la que se encuentra el gremio periodístico es de alto riesgo, "la CNDH ya lo ha señalado con anterioridad y ha hecho recomendaciones al respecto, dando cuenta del número de agresiones que han tenido lugar a lo largo de varios años".
Del 2000 a la fecha se tienen registrados 123 asesinatos, aunado a que algunos estados presentan un incremento en las agresiones y pérdidas de vida de los periodistas, a pesar de ello, dijo, no hay un resultado en cuanto a sentencias de los agresores; debe darse un mensaje claro en contra de la impunidad y sancionar a los responsables.
Respecto al asesinato de Miroslava Breach, dijo que da pauta para realizar investigaciones donde se considere una línea de investigación de género junto a la labor periodística, a fin de saber si se trató de un asunto de género o por ejercer su profesión.
"Condenamos la privación de la libertad, son actos lacerantes no sólo por la vida de las personas, sino porque transgreden la libertad de expresión que tiene que ver con una sociedad democrática que se lastima cuando se agrede a periodistas y comunicadores", finalizó.

Por Gloria Analco
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México, marzo (SEMlac).- Los vínculos con la sociedad civil son una forma de mejorar la gobernabilidad y no limitan al gobierno, declaró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Al reunirse con activistas de los derechos humanos que asisten a la 61ª sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer (CSW61), en la sede de la ONU, apuntó:
"Creo que tenemos que tener una fuerte campaña para asegurarse de que los gobiernos comprendan que el trabajo con la sociedad civil es la mejor manera de gobernar un país, y que entiendan que la ONU tiene que aplicar los mismos procedimientos dentro de su trabajo".
La reunión, que se celebró tipo asamblea, fue moderada por la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, y participaron en ella defensoras de los derechos de las mujeres y representantes de la sociedad civil.
El Secretario General solicitó sugerencias y opiniones de las asistentes sobre cómo la ONU puede avanzar en sus compromisos en materia de igualdad de género.
Al iniciar la discusión, Guterrez habló de su tiempo como Primer Ministro de Portugal, haciendo referencia a que una de sus más difíciles batallas fue lograr colocar en la agenda nacional la violencia familiar.
Hizo ver a la audiencia que el objetivo claro de "nuestro tiempo" es la paridad arraigada en la potenciación de las mujeres.
La paridad de género en todos los niveles -político, cultural, económico y social- es un "objetivo central", dijo el Jefe de la ONU y agregó que debe basarse en la potenciación de las mujeres.
"La paridad es importante en todos los ámbitos de la vida política y social", continuó.
"La realidad de la paridad de género es que muchas más mujeres estén en las posiciones que hoy están ocupadas por los hombres", recalcó.
En respuesta a las preocupaciones que le fueron manifestadas por las asistentes, Guterrez reconoció que hay una reacción violenta contra los avances realizados por las mujeres en las últimas décadas.
"Tenemos que ser muy activos en ese sentido con el fin de revertir esa tendencia", apuntó, y agregó que también hay una reacción en contra de la sociedad civil en general y en muchas dimensiones de los derechos humanos.
Dijo que a medida que las sociedades se hacen más complejas, los gobiernos se sienten cada vez menos seguros debido a que tienen menos instrumentos de control.
"Uno de los intentos es tratar de mantener bajo control a la sociedad civil [...] y la limitación de espacio de la sociedad civil es una reacción a la sensación de los gobiernos de que están perdiendo el control de la sociedad", concluyó el máximo jefe de la diplomacia mundial.

De la Redacción
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México marzo (SEMlac).- Más de dos millones de empleos formales para mujeres se han generado en los últimos cuatro años en México gracias a diversas iniciativas gubernamentales para revertir la informalidad.
Así lo dio a conocer Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), durante su participación en el 61º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), que se realizó del 13 al 24 de marzo en la sede de las Naciones Unidas.
Este año, la Comisión revisó como tema prioritario "El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo"; como tópico de revisión "Desafíos y logros en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las Mujeres y las Niñas"; y como nueva esfera prioritaria "El empoderamiento de la mujer indígena", éste último a iniciativa de México.
Lorena Cruz recalcó que "en México, 43 por ciento de las mujeres participan en el mercado de trabajo; una cifra muy baja, si consideramos los logros y avances que han tenido las mexicanas en el ámbito educativo y en su participación en otras esferas como la política", pero subrayó que se ha podido revertir la informalidad y se han generado más de dos millones de empleos formales.
Asimismo, compartió los avances más importantes que en materia de empoderamiento económico se han registrado recientemente, como la adopción de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación y del Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y el Acoso Sexual.
Durante su intervención en la mesa redonda sobre "El trabajo informal y atípico", la titular del INMUJERES destacó los esfuerzos de México para que las mujeres accedan al trabajo remunerado en condiciones de igualdad y al empleo decente, tal y como lo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el diálogo interactivo sobre "Empoderamiento para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas", México puso énfasis en las políticas públicas que se instrumentan con enfoque intercultural, mismas que contemplan las prospectivas de desarrollo de las mujeres y niñas indígenas.
Durante la presentación nacional voluntaria sobre el tema de revisión, la delegación mexicana hizo un balance y compartió las lecciones aprendidas, desafíos y logros en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, subrayando la importancia de haber fortalecido sus capacidades nacionales, no solo en términos de políticas públicas, sino también en la construcción de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, "mismos que México ha compartido con otros países y que hoy nos ubican en un mejor punto de partida, frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible".
Más adelante, Cruz Sánchez participó en el evento paralelo sobre "Paridad democrática: avances y desafíos", convocado conjuntamente con el gobierno de Bolivia y ONU Mujeres, en el que compartió la experiencia exitosa de México en materia de paridad política de las mujeres, quienes representan hoy el 42,4 por ciento en la Cámara Baja e hizo alusión a los retos que estas enfrentan hoy, derivados de su mayor participación en la vida pública, como la violencia política.
Por otra parte, durante esta semana, la presidenta del INMUJERES sostuvo diversos encuentros bilaterales y reuniones informales con Ministras de Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras y Suecia, en las que se abordaron posibles líneas de cooperación en materia de igualdad de género, en especial, sobre temas de estadísticas y migración.
Durante este período de sesiones, la representación de México reiteró su compromiso con la promoción de los derechos humanos de las mujeres migrantes, reconociendo su incuestionable contribución al desarrollo económico, social y cultural.

Por Mercedes Alonso Romero
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Santo Domingo, marzo (SEMlac).- Mujeres, hombres, niñas y niños de todas las edades elevaron el 19 de marzo la "llama verde" contra la impunidad, tras extenso recorrido organizado por el movimiento Marcha Verde, que convocó a una concentración en el Parque Independencia del Distrito Nacional dominicano.
Allí, artistas populares se sumaron al acto de clausura de estas actividades, con las cuales exigen el sometimiento a la justicia de los involucrados en los sobornos que admitió la constructora brasileña Odebrecht haber pagado en el país.
"Si algo confirmamos en cada provincia recorrida por la llama verde, es que existe una señal clara de que se necesitan cambios y que lo que estamos haciendo será definitivo para que se haga justicia y logremos el procesamiento de los involucrados en el caso Odebrecht; la recuperación del dinero robado mediante sobornos y sobrevaluaciones de obras; así como la cancelación de los contratos de la multinacional brasileña", declaró a SEMlac Natalia Mármol, joven dirigente del Colectivo Marcha Verde.
Las manifestaciones contra la Impunidad se llevaron a cabo durante siete días en las principales provincias dominicanas, y tanto en la región este, como en el norte y sur contaron con la acogida y apoyo popular, hasta la concentración este domingo en el Parque Independencia, donde cientos de personas provenientes de diferentes puntos del territorio nacional asistieron al acto cultural y político en el que artistas populares interpretaron canciones y se pronunciaron contra la corrupción.
"Tenemos sed de justicia y, con una llama verde encendida en nuestros corazones, advertimos a las élites empresariales, religiosas, políticas y sociales de las terribles consecuencias sociales, institucionales y económicas que podría enfrentar nuestro país si la dirigencia nacional mantiene una actitud cómplice frente al mayor escándalo de corrupción de nuestra historia", expresó la activista y pedagoga María Teresa Cabrera.
Los convocantes responsabilizan al presidente de la República, Danilo Medina, y a la cúpula del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de cualquier ruptura de la paz y cohesión social en las actuales circunstancias que vive la nación, y tras recolectar más de 300.000 firmas, entregadas en febrero pasado en el Palacio Nacional, exigieron que sean investigados como sospechosos, además del presidente Medina, los exmandatarios Leonel Fernández e Hipólito Mejía.

De la Redacción
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Chihuahua, México, marzo (SEMlac).- La periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada el pasado jueves 23 de marzo al salir de su domicilio en Chihuahua (México), en el cruce de las calles José María Mata y Río Aros en la Colonia Las Granjas.
Según información publicada en diarios locales, la comunicadora se encontraba en su camioneta junto a su hijo, a quien llevaría a la escuela, cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon a corta distancia, por lo que perdió la vida instantáneamente.
Breach Velducea, de 54 años de edad, laboraba como corresponsal del periódico La Jornada y para la agenciaNorte de Ciudad Juárez.
Ya son 31 profesionales del sector de la prensa asesinados durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con reportes de organizaciones Artículo 19, Reporteros sin Frontera y la Casa de los Derechos de los Periodistas.
En este sentido, la Casa de los Derechos de los Periodistas, A.C., demanda a las autoridades del gobierno del estado de Chihuahua esclarezca el asesinato de Miroslava Breach Velducea y exige una exhaustiva e inmediata investigación.
Quienes integran La Casa de los Derechos de los Periodistas reclaman al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, "una averiguación a fondo, creíble y confiable, para evitar la impunidad y en la que se aplique todo el peso de la ley, identificando a quien o quienes resulten responsables".
Asimismo exhortan a las autoridades abstenerse de emitir "supuestas" versiones de la reportera Breach Velducea, que sólo confunden a la opinión pública.
"La Casa de los Derechos de Periodistas A.C., reclama que cese la impunidad ante los asesinatos de periodistas en el país y llama a las autoridades para que actúen con diligencia y de manera responsable".
Miroslava Breach es la cuarta mujer periodista asesinada desde 2016. A ésta lista se suman los casos de Bárbara McClatchie Andrews, asesinada en Mérida; Anabel Flores, en Veracruz; y Zahamira Esther Bautista Luna, en Tamaulipas. 

Por Alicia Mendoza
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México, marzo (SEMlac).- La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de México, afirmó que se retirará el dictamen que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la discusión del Pleno para "nutrirlo" y buscar el consenso de todas las bancadas partidistas para aprobarlo.
La discusión de este dictamen con proyecto de decreto estaba contemplada en la orden del día de la sesión del pasado 16 de marzo, pero finalmente no se debatió.
Durante la sesión, la diputada priista (Partido Revolucionario Institucional) dio a conocer que el objetivo de retirar el dictamen es buscar el consenso para su aprobación. Es necesario "perfeccionarlo, ahora no es conveniente sacarlo a discusión, porque la opinión está muy dividida, hay posturas a favor y posturas en contra".
Además, la legisladora aclaró que "no se congelará el tema, fue una decisión de todas las bancadas, se baja para que podamos nutrirlo y discutirlo con la Comisión de Salud (de la Cámara de Diputados), y para pensar en avanzar en una nueva ruta".
El dictamen reformaría tres artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que el Sistema Nacional de Salud asegure la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005-Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046), para que los estados garanticen la adecuada atención a las mujeres víctimas de violencia sexual, lo que incluye el derecho al aborto en caso de violación sexual.
Plascencia Pacheco destacó que la reforma busca fortalecer la aplicación de la NOM-046, con tres propósitos específicos, el primero es que los estados y municipios tengan programas de capacitación del personal de las instancias de salud, el segundo es que se evalúe la aplicación del NOM-046, y el tercero que se promueva y difunda la aplicación de esta norma oficial vigente.
Buscamos que la NOM-046 "fuese una realidad en los estados y municipios para que realmente podamos avanzar. Ése era el espíritu de la reforma. Ahora con la Comisión de Salud revisaremos la fundamentación y el contenido del dictamen, para que sea una votación en bloque, porque es algo muy positivo para el país".
Recordó que cada minuto una mujer es violentada sexualmente en el país y que tienen derecho a acceder a servicios de salud de emergencia, además de que no deben ser criminalizadas por practicarse un aborto.
"Es la lucha que hemos tenido durante muchos años, no criminalizar a las mujeres que aborten. Actualmente, hay muchas mujeres encerradas, criminalizadas por haber tenido un aborto. A nivel nacional son más de 400 mujeres encarceladas. En Jalisco son 25 las encerradas por haber tenido un aborto imprudencial o uno espontáneo, nadie puede decidir por las mujeres porque tienen derecho a decidir lo que ellas quieran", sostuvo.
Dejó claro que "aun y cuando este dictamen no se pase o no se vote en esta Cámara, las mujeres tienen que saber que el Código Penal Federal y los códigos penales locales protegen su derecho a decidir. No estamos discutiendo el aborto. Estamos buscando fortalecer la norma (NOM-046) y su aplicabilidad en todo el territorio nacional, al ser una norma oficial mexicana tiene ya una obligación y es vigente. El hecho de que hoy no votemos el dictamen no vulnera los derechos que tienen las mujeres. Estos derechos tienen que ser respetados".
"Espero que salga en este período de sesiones, vamos a hacer todo lo posible junto con la Comisión de Salud, para poder nutrir la reforma para poder avanzar y disipar todas las telarañas y desinformación que ha surgido en torno al tema", concluyó.
No obstante, la diputada Candelaria Ochoa, del Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Igualdad de Género, sostuvo que su grupo parlamentario quiere que se discuta dicho dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados.
"No nos hemos reunido en Comisión. Y no vamos a aceptar que se baje el dictamen. Eso lo quiere el PRI", afirmó.
Por su parte, la diputada Araceli Damián González, del Movimiento de Regeneración Nacional, señaló que "es altamente probable que no se discuta el dictamen en el Pleno, no nos han avisado oficialmente, pero siguen negociando el PAN (Partido Acción Nacional) y el PRI".
También señaló que "la NOM-046 es una norma vigente, el problema es que no se aplica por cuestiones ideológicas, de misoginia o por desconocimiento. Lo único que pretende la reforma que no quieren aprobar, es que se hagan programas de capacitación y evaluación. Éstas son importantes porque podríamos generar indicadores para darle seguimiento a la norma, y porque necesitamos capacitar a la gente que entra en contacto directo con las víctimas". 
Consultado durante la sesión el diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), expuso que el dictamen "no ha alcanzado una plena coincidencia, pero las bancadas de izquierda estamos en la lógica de que vayamos adelante con la propuesta inicial como se presentó en la Mesa Directiva, que no tenga cambios para que haya un ordenamiento para que el Sistema Nacional de Salud garantice que las mujeres que han sido violentadas sexualmente tengan la atención de parte de los diversos sectores de salud".
Este dictamen junto a otro, relativo a las declaratorias de la alerta de violencia de género en los ayuntamientos, fueron pospuestos desde la sesión del pasado 9 de marzo, cuando las diputadas tomaron la tribuna de la Cámara para exigir que no se excluyera del orden del día su discusión y aprobación.
En la sesión de la Cámara del pasado martes 14 de marzo, el Frente Feminista Nacional entregó a diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios un pronunciamiento, firmado por más de 30 organizaciones feministas, para llamar al legislativo a aprobar dicho dictamen y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

De la Redacción
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México, marzo (SEMlac).- El Senado de la República mexicana aprobó por unanimidad un dictamen que tipifica y sanciona la violencia política en razón de género, además de prevenir, atender y sancionarla, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres.
El Pleno de la Cámara Alta avaló el proyecto de decreto con 90 votos a favor, la cual incorpora a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación, la violencia política en razón de género.
En el dictamen aprobado y que fue derivado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, se define a la violencia política en razón de género, como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, limite, anule o menoscabe el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como su acceso al pleno ejercicio de su cargo o función del poder público.
Al argumentar a favor del dictamen, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo, señaló que es un día histórico para la democracia del país, ya que se busca sancionar, prevenir y resarcir la violencia política, "que es un delito que se comete todos los días en contra de las mujeres que buscan ejercer sus derechos".
A su vez, la senadora panista (Partido Acción Nacional) María del Pilar Ortega Martínez recordó que este dictamen retoma un conjunto de reformas sobre10 iniciativas, planteadas por senadoras de distintos grupos parlamentarios desde 2012, y dijo que será una pieza fundamental en la lucha para lograr, cada vez más, un reconocimiento puntal a los derechos político-electorales de las mujeres.
Además, el dictamen propone el aumento de las penas hasta en una mitad, en los tipos penales señalados en las fracciones III, IV, VII y XVI del artículo 7, IV y VIII del artículo 8, y I y VI del artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuando dichas conductas se cometan en perjuicio de una mujer que participe en política.
Asimismo, plantea que este tipo de agresión se manifiesta a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida.
La reforma también obliga al Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos y las agrupaciones políticas a establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar este delito.
Por lo tanto, con las reformas se prohíbe que, en la propaganda política o electoral de partidos políticos, coaliciones y candidatos, se utilicen expresiones que calumnien a las personas, las discriminen o constituyan violencia política en razón de género.
Es decir, entre otros supuestos, cuando se obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, altere los resultados electorales, ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato.
También, el documento busca asegurar la postulación efectiva de ambos géneros en la integración de los órganos de los partidos políticos, en la postulación de candidaturas y la distribución equitativa de todas las prerrogativas entre mujeres y hombres, de forma paritaria. Asimismo, garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales, locales y en la integración de ayuntamientos, en aquellas entidades federativas, en que la legislación así lo establezca.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, afirmó que es un dictamen histórico, ya que busca prevenir, sancionar, erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género; y sostuvo que "esta alcanza a todos los partidos, por ello es importante reformar las leyes".
La senadora independiente Martha Tagle Martínez indicó que la violencia política no discrimina a ninguna mujer y afecta a todas, es un fenómeno "que impide en los hechos que las mujeres podamos ejercer libre y plenamente nuestros derechos políticos-electorales".
Por su parte, la senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), advirtió que "la violencia política es una de las más grandes injusticias que vivimos las mujeres" y afecta al conjunto de la misma sociedad, pues se le restringen sus derechos político-electorales al no permitir que su representante sea quien tome las decisiones y ejerza el cargo que le ha sido conferido por la ciudanía.
La senadora Martha Elena García Gómez, el grupo parlamentario del PAN, consideró que con las normas para revertir la violencia política el Senado cumple con el respeto de los derechos de las mujeres plasmados en el marco legal contenido en la Constitución, y con los acuerdos internacionales firmados por México, como la Convención sobre la Eliminación Sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, entre otros.
De igual forma, la senadora Lucero Saldaña Pérez, senadora del grupo parlamentario del PRI, destacó que existen 159 casos de violencia política registrados oficialmente hasta enero de 2017, estas agresiones han implicado "latigazos, golpes, amenazas, estereotipos, hasta el homicidio; actos que se han documentado y puesto en evidencia, para mostrar a todos aquellos que nos cuestionan qué es la violencia política de género".
El senador Alejandro Encinas Rodríguez expresó que se trata de "uno de los problemas más lamentables de nuestra vida política", y pidió "cambios significativos" en instituciones públicas y partidos políticos para garantizar igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en el poder público.
Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, cuestionó que sólo se apliquen sanciones administrativas a aquellas personas que ejerzan la violencia política "debe haber castigos ejemplares para que esas conductas no se repitan".
La senadora priista Yolanda de la Torre Valdez expresó: "las mujeres no debemos permitir ser víctimas de violencia, debemos ser capaces de denunciar las prácticas que atentan contra nuestra integridad".
La panista Mariana Gómez del Campo dijo que estas reformas prevén la necesidad de promover y garantizar la formación de liderazgos políticos de mujeres, crear mecanismos que garanticen la protección a sus derechos políticos y electorales, establecidos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el país.

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