Derechos civiles

Derechos civiles (144)

De la Redacción
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México, agosto (SEMlac)-. La senadora mexicana Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para aumentar a 20 días el período vacacional anual de trabajadoras y trabajadores que tengan más de un año de servicios.
Actualmente, la Ley Federal de Trabajo considera seis días laborales como período vacacional, por ello la legisladora propuso hoy ante el Pleno una iniciativa para modificar el artículo 76 de dicha Ley a fin de que la población trabajadora con más de un año de servicios disfrute de un período anual de vacaciones pagadas, que no podrá ser inferior a 20 días.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República para su análisis y futuro dictamen.
La propuesta también establece que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a 30, por cada año subsecuente de servicios. Actualmente la Ley estipula un máximo de 12 días.
Al argumentar su propuesta, la senadora destacó que mientras las y los mexicanos cuentan con seis días de vacaciones en un año laboral, Brasil, Francia, Finlandia, Alemania y Suecia tienen 30 días al año; en tanto, Chile, Colombia, Venezuela y Guatemala disponen de 15 días vacacionales.
México es el país número uno en estrés laboral a escala mundial y una de las naciones con menos días de vacaciones al año, de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacó la senadora Yolanda de la Torre.
Con la iniciativa, se propone homologar los períodos vacacionales de trabajadores que están integrados a los dos regímenes en materia laboral, señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisó la legisladora.
Explicó que las y los trabajadores de los Poderes de la Unión tienen un período vacacional garantizado de 20 días al año, mientras que trabajadores que se rigen por el apartado A solo cuentan con seis días garantizados de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
"Contrario a lo que algunos piensan que a más días de trabajo más productividad, se ha demostrado en el mundo que los períodos vacacionales son muy importantes para coadyuvar a la productividad: si las y los trabajadores tienen tiempo de estar con su familia, de descansar, de recargar energías, van a ser más productivos", comentó.
Consideró que este asunto "además tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con la equidad, con la justicia, con que no haya trabajadores de primera, de segunda, no importa si son del A o el B, todos los trabajadores de este país deben de contar con su derecho a los mismos días de período vacacional, me parece que esta es una iniciativa de justicia", dijo.
Finalmente, destacó que a partir de la Reforma de Derechos Humanos de 2011, México "tiene la obligación de aplicarla de manera exacta y tendríamos necesariamente que armonizar el apartado A y el apartado B para que los derechos humanos y, además, en este caso, los períodos vacacionales de las y los trabajadores sean los mismos".

De la Redacción
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México, agosto (SEMlac).- México incrementó de 2012 a 2015 la lactancia materna en más del doble, al pasar de 14,4 a 30,8 por ciento, afirmó el titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, en la clausura del Congreso Importancia de la lactancia y nutrición temprana en salud y vida futura.
Este evento, realizado en ocasión de la Semana Mundial de Lactancia Materna que se conmemora del 1 al 7 de agosto, Narro dijo que está comprobado científicamente que la alimentación exclusiva al seno materno trae beneficios a corto y largo plazos, al prevenir la desnutrición, mejorar la capacidad inmunológica y disminuir el riesgo de padecer en la edad adulta sobrepeso, obesidad y diabetes.
Señaló que durante esta administración se puso en marcha la Estrategia de Lactancia Materna, con la que se impulsaron diferentes acciones como la creación de salas de lactancia y bancos de leche humana.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país, la duración media de la lactancia materna es de 8,8 meses. Oaxaca es la entidad con la mayor duración media, con 12,6 meses.
Al final de la ceremonia de clausura, el Secretario de Salud escribió en el retablo Mi compromiso con la nutrición infantil es… "Trabajar con intensidad y coordinación para conseguir niñas, niños y jóvenes mejor alimentados, más sanos y mucho más preparados para ayudar a México".
Asimismo, recorrió la exposición fotográfica La Mujer Mexicana y la Lactancia, compuesta por 40 imágenes en técnica digital, a color y blanco y negro, captadas en distintas regiones del país, la cual tiene como objetivo sensibilizar e impulsar esta práctica.

 

Por Soledad Jarquín, Dora Villalobos, Kara Castillo y Candelaria Rodríguez
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México, agosto (SEMlac).- Un total de 342 mujeres que hoy son presidentas municipales en México tienen la oportunidad de reelegirse en el año 2018.
Las mujeres en el ámbito local, el más cercano a la gente, representan apenas el 14 por ciento de los 2.446 municipios que hay en el país; frente a la posibilidad de reelegirse, SEMlac conversó con algunas de ellas.
Apasionada de la política, optimista, segura de que está haciendo buen trabajo y por lo tanto cuenta con el respaldo de la ciudadanía, Elida Aimeé Sánchez Díaz, alcaldesa de Rosales, Chihuahua, no duda en afirmar que buscará la reelección en el proceso electoral del próximo año.
Con 35 años de edad es la presidenta municipal más joven de la entidad ubicada en el norte del país y donde las mujeres gobiernan en 25 de los 67 municipios que la conforman. Incluso la capital de Chihuahua, del mismo nombre, es gobernada por una mujer: Maru Campos Galván, quien fue candidata de Acción Nacional.
Sánchez Díaz es orgullosamente priista (Partido Revolucionario Institucional) y reconoce que su organización no pasa por su mejor momento en términos de credibilidad, pero no le preocupa porque en su municipio toda la gente la conoce y confía en que tendría nuevamente el respaldo de la mayoría.
"Hay épocas buenas y épocas malas. A quienes gobernamos nos va según nos portemos. Yo no vine a robar, yo vine a trabajar. Por eso sé que me va a ir bien", expresa segura de que cuenta con el apoyo de su partido para buscar la reelección.
Consciente de que las mujeres batallan más para sobresalir en política, tiene como lema trabajar mucho más que el resto, cumplir todas las promesas y servir con honestidad, transparencia y sentido social.
Como Elida Aimeé Sánchez Díaz, en Santiago Laollaga, municipio ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Aska Toledo Prado también quiere reelegirse en 2018.
Egresada de la Universidad de las Américas Puebla como abogada, la presidenta de Santiago Laollaga tiene 30 años y reconoce que gobernar no es tarea fácil y que llegar a ocupar el cargo fue un camino difícil. "A pesar de ello, sí claro que me voy a reelegir", dice.
"No me apena ni me angustia decirlo y mucho menos me siento culpable de tener la aspiración de ser reelecta ahora por un período de tres años", y asegura que no le importaría pasar nuevamente por la difícil tarea de una campaña política donde tuvo que enfrentar "algunos actos de misoginia" pues hubo quienes aseguraron que llegó al cargo porque "dio las nalgas".
Aska Toledo Prado es la tercera de su familia que gobierna Santiago Laollaga. Antes lo hicieron su abuelo y su padre; está segura que irá a la reelección y que ganará porque la respalda su trabajo.
"Damos respuesta a los planteamientos que le hicimos a la gente durante la campaña y estamos solucionando los problemas", expresa.
Menciona que siendo este municipio un balneario natural resultado de la conjunción de cuatro arroyos importantes, en la localidad hay colonias que no tenían agua potable, pero en solo siete meses ha solucionado el problema.
"Eso es lo que cuenta, es lo que ve la gente; y me voy a reelegir porque dos años no son suficientes para concretar los planes que tengo para el municipio, se necesita reactivar la economía, hacer crecer el turismo y desarrollar el campo del cual depende la mayoría de las personas que viven aquí", señala.
Toledo Prado fue electa por un período de dos años. En Oaxaca, 153 municipios eligen a sus autoridades por elecciones donde participan partidos políticos; el resto, 417, son elegidos por sistemas normativos internos. En esta única ocasión el mandato tendrá una duración de dos años, como lo determinó el Congreso local, a fin de homologar los plazos electorales, municipales y legislativos, con la jornada comicial federal.
Como resultado de las elecciones de 2016, en Oaxaca fueron electas 58 presidentas municipales de un total de 570 municipios: de ellas, 38 fueron electas por el sistema de partidos políticos y 20 por sistemas normativos internos.
Por su parte, María del Carmen Guzmán Esteban, presidenta municipal de Mezcalapa, quien fuera candidata del Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, asegura que sí le gustaría reelegirse porque las mujeres merecen tener la oportunidad de gobernar.
Guzmán Esteban, sin embargo, comparte la responsabilidad de gobernar con su esposo, José Luis Jiménez Pérez, quien tuvo que retirarse de la contienda para que la alianza que lo postuló cumpliera con el mandato constitucional de la paridad.
"Hasta ahora no lo he pensado bien, pero si hay oportunidad buscaré la reelección", dice, porque es necesario trabajar por la igualdad.
Pero no todas las presidentas municipales están dispuestas a reelegirse.
Una de ellas preside la municipalidad de Tehuacán, Puebla, Ernestina Fernández Méndez, quien dice que no volvería a participar en el proceso que la llevó a la presidencia.
Fernández Méndez es una de las cinco presidentas municipales en Puebla de 217 municipios que hay en la entidad; opositora al gobierno del exgobernador Rafael Moreno Valle, y a quien el Comité para la Liberación de Presos Políticos y por el Cese a la Persecución en Puebla apoyó al ser una de las víctimas de esa persecución.
Su disidencia ha generado incluso que su administración esté en constante escrutinio. A principios del año, el Segundo Tribunal en materia administrativa del Sexto Circuito detuvo, mediante un amparo, su destitución, tras un agónico proceso por supuestas irregularidades detectadas en su cuenta pública 2014.
Aunque responde que no volvería a participar en el proceso que la llevó a la presidencia, afirma que su compromiso es concluir el actual período.
"Debo pensar primero en cumplir con el compromiso que he contraído con Tehuacán, concluir mi mandato con lealtad, transparencia y dedicación, todo por el bien de los tehuacaneros, quienes han confiado en mí, porque servir es una vocación", señala.
En Chiapas los tambores preelectorales empiezan a sonar y no habrá coaliciones ni alianzas electorales en los municipios, irán todos contra todos.
En la última elección, la ciudadanía votó prioritariamente por 32 presidentas municipales, el 26 por ciento de un total de 122 municipios, a pesar de que la paridad en las candidaturas, como lo establece la ley, fue un proceso complejo.
Incluso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó con la destitución de parte de las y los integrantes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por su omisión al no respetar la ley.
El escándalo fue mayúsculo cuando cinco candidatos varones, que debieron ser sustituidos por mujeres, propusieron para tal efecto a sus parejas. A ello se sumó una larga cadena de hechos calificados de violencia política en razón de género, 10 de los cuales llegaron a los tribunales electorales, siendo los más agudos los de candidatas de Chenalhó y Oxchuc, Rosa Pérez Pérez y María Gloria Sánchez Gómez, respectivamente.
Ana Laura Romero Basurto, presidenta municipal de Jiquipilas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), asegura estar ocupada en los asuntos del municipio y no está pensando en la relección.
"¡No! Yo estoy en estos momentos entregada en mi municipio. Es la instrucción del gobernador (Manuel Velasco Coello)", explica, por tanto, la decisión su reelección dependerá del propio gobernador.
Ganadora con más de 10.000 votos en la contienda electoral del 19 de junio del 2015, Romero Basurto gobierna con éxito uno de los municipios de la región centro, ubicado a 100 kilómetros de la capital chiapaneca.
Un caso distinto es el de Elsa Ramírez Jarquín, presidenta municipal de San Pedro Totolapan, Oaxaca, y quien fuera electa por el sistema de usos y costumbres.
Contrario a lo que ella misma esperaba, fue electa para el período enero de 2017-diciembre 2019; el cargo es honorario, y no busca reelegirse.
Ramírez Jarquín es la única mujer en el cabildo compuesto de 10 personas y hasta hoy han tenido buenos resultados en el trabajo, sobre todo saldando viejos problemas como la falta de agua potable en varias colonias. Ella anuncia que pronto con el fondo minero edificarán una nueva clínica para la comunidad, así como acciones para favorecer a las mujeres.
En julio de 2018, se elegirán ocho gubernaturas: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán; el Gobernador de la Ciudad de México, 591 diputados y diputadas locales de mayoría relativa; 391 más de representación proporcional; 300 diputaciones federales de mayoría relativa y 200 de representación proporcional; 64 en el Senado de mayoría relativa, 32 de representación proporcional y 32 de primera mayoría.
También se elegirán 16 concejales para la Ciudad de México y 1.596 integrantes de los ayuntamientos.

Por Alicia Mendoza
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México, agosto (SEMlac).- Después de tres años de cabildeo persistente contra la figura de Alienación Parental en la Ciudad de México, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó derogar este término del Código Civil capitalino vigente, por carecer de bases científicas que lo sustenten como un síndrome y porque transgrede principios jurídicos y convencionales que protegen el derecho a una vida libre de violencia.
En la sesión extraordinaria del martes pasado, la ALDF avaló por unanimidad, con 36 votos a favor, aprobar el dictamen que presentó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, por el que se deroga el artículo 323 Septimus del Código Civil del Distrito Federal, y se remitió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
La figura de Alienación Parental fue incorporada al artículo 323 Septimus del Código Civil para el Distrito Federal desde 2004, posteriormente fue derogada en 2007 y volvió a legislarse el 9 mayo de 2014.
Al argumentar a favor del dictamen, asambleístas recordaron que el tema tomó relevancia mediática a partir de los hechos del pasado 7 de junio, en los que Mireya Agraz Contreras optó por quitarse la vida, junto a sus dos hijas y un hijo, después de un proceso judicial de siete años en el que perdiera la guarda custodia frente al progenitor, quien violentaba sexualmente a sus niñas y niño.
A pesar de que Mireya y organizaciones de defensa que la acompañaban comprobaron que el padre de las y el menor, Leonel Olvera, abusaba sexualmente de las niñas y del niño, el Juzgado 11 de lo Familiar determinó que no había elementos para comprobar tales actos y concluyó que las y el menor sufrieron el síndrome de Alienación Parental, con lo cual el progenitor ganó la guarda.
Organizaciones civiles y de defensa de los derechos de la infancia y de las mujeres, que trabajaron por la derogación de la Alienación Parental, encabezadas por la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A. C. (Adivac), y quienes estuvieron presentes durante el debate en la ALDF, se congratularon por la decisión tomada por la legislatura en pro de los derechos de la infancia y de las mujeres.
La Alienación Parental, afirmaron, es una medida regresiva, violenta y discriminatoria contra las mujeres, además de "ser confusa en su sintomatología, desestima el abuso y la violencia sexual infantil, disculpa la pederastia y genera mayor violencia en el ámbito familiar".
Dieron a conocer un pronunciamiento firmado por 120 organizaciones y 30 defensoras de derechos humanos, como el Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niñas y Niños y Adolescentes, AC, el Colectivo de Investigación y Desarrollo entre Mujeres, AC y Justicia Pro Personas, AC, Patricia Olamendi Torres, Laura Martínez Rodríguez, Beatriz Cosío y Martha Lucía Mícher Camarena, entre otras.
Con este texto, llamaron a los 16 congresos locales donde todavía se aplica la Alienación Parental a que repitan la decisión de la ALDF y deroguen esta figura de sus códigos, para evitar que se sigan violando el principio del interés superior de la infancia y los derechos de las mujeres que defienden a sus hijas e hijos de la violencia y violencia sexual de los progenitores.
Las organizaciones puntualizaron que seguirán trabajando para que se castigue la "violencia institucional" que vivió la familia de Mireya, para garantizar la no repetición de los hechos de discriminación, violencia y revictimización que vivieron.
"La violencia institucional de la Procuraduría y del Tribunal (capitalinos) fueron las causantes de la muerte de Mireya y de sus hijas e hijo", sostuvo Patricia Olamendi, integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica.
El diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien promovió el dictamen, recordó que el texto retomó la iniciativa con proyecto de decreto que el pasado 7 de julio, Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, remitió a la Comisión de Gobierno.
Destacó que la derogación plantea un avance hacia la protección de niños, niñas y adolescentes, y que el análisis de sus implicaciones lleva a la reflexión de la situación en la que la infancia víctima de violencia queda en un absoluto estado de indefensión y, en su mayoría, las madres que buscan protegerlas y protegerlos, resultan criminalizadas.
Puntualizó que el término de alienación parental se retomó de las teorías psiquiátricas del estadounidense Richard Gardner, que no ha sido considerada como científicamente válidas dentro de la clasificación internacional de enfermedades, y que la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Mexicana de Psicología o la Asociación Americana Médica tampoco reconocieron el término por su falta de fundamentación médica y clínica.
"La iniciativa es en el sentido de resguardar el interés superior del menor y de salvaguardar las relaciones familiares, más allá y al margen de la ruptura de los padres como pareja, lo anterior en consonancia con la legislación nacional e internacional, a la que varias organizaciones de la sociedad civil se han sumado para pedir su derogación", sostuvo.
Además, adelantó que presentará un punto de acuerdo para que el Senado de la República reconsidere su solicitud, hecha en febrero pasado, para que las entidades de la República legislen en materia de la figura de alienación parental y realizan las reformas a los códigos civiles o familiares.
También, dijo, pedirá al jefe de Gobierno de la CDMX, en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), solicite aborde el tema en el pleno de los gobernadores, y de considerarse necesario, se convoque a un debate nacional a fin de que la legislación local y federal sea armónica en cuanto a los criterios jurídicos sobre la existencia en legislaciones en ese término.
De igual forma, informó que solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva "con celeridad y apego a derecho la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que se presentó hace dos años y no se ha resuelto; es una falta de respeto a la sociedad y a las mujeres de este país".
Desde su publicación en Gaceta, en junio de 2014, la CDHDF presentó una acción de inconstitucionalidad que hasta ahora no ha sido resuelta por la SCJN.
El asambleísta coincidió con las organizaciones de la sociedad civil con la petición a los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y recientemente Baja California, que han registrado la Alienación Parental en sus legislaciones, analicen la viabilidad de derogarla.

De la Redacción
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La Habana, agosto (SEMlac).- En unas dos décadas, Cuba será el país más envejecido de América Latina y su población comenzará a decrecer en términos absolutos, confirman investigaciones emprendidas en los últimos años por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (Cepde), de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).
Para entonces, habrá más población dependiente -infantil y anciana- que personas en edad de trabajar, con el consiguiente impacto en la economía nacional, lo cual sobresale como uno de los desafíos más relevantes para el país vinculados a su dinámica demográfica.
Para el doctor Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos (Cedem) de la Universidad de La Habana, es justamente en el plano económico donde se ubican muchos de los obstáculos a sortear vinculados con el envejecimiento, argumentó en la pasada edición del posgrado de Periodismo y Dinámica de Población, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, a fines de 2016.
"Si partimos de que aumentan los grupos de edades en 60 años y más, y disminuyen los segmentos poblacionales más jóvenes, habrá, por tanto, una afectación sustantiva a las fuerzas de trabajo y a la capacidad productiva", detalló Aja.
Si al cierre de 2016 el 19,4 por ciento de la población superaba los 60 años, para 2035 las personas por encima de esa edad serán unos 3,6 millones, el equivalente a un tercio de los habitantes del país, según la Encuesta Nacional de Envejecimiento, realizada en 2010 por el Cepde.
El estudio, efectuado con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de especialistas del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), ubica a la isla, para entonces, con indicadores muy superiores a naciones como Argentina o Barbados, que hoy muestran niveles de envejecimiento similares.
Esa población, además, será mayoritariamente femenina. Ya en 2015 las cubanas mayores de 60 años superaban en 130.000 a los hombres de igual edad. Para 2050, esa diferencia se habrá duplicado.
Las más recientes proyecciones de la población económicamente activa (PEA), entre 15 y 65 años, elaboradas en 2015, precisaron que las personas en edad de trabajar crecerán, hasta 2021, en casi 68.000, pero a partir de ese momento comenzarán a decrecer y para 2030 se habrán reducido en casi 133.000.
De manera más clara, quiere decir que hasta aproximadamente 2019 entrarán más personas a la edad laboral que las que salgan, hacia 2020 esas proporciones se igualarán y para 2021 ya serán más las cubanas y cubanos dependientes que quienes engrosen las filas de la población activa.
Según el texto introductorio de la "Proyección de la Población Económicamente Activa. Cuba y provincias, 2015-2030. Escenarios tendenciales", del Cepde, la PEA la integran aquellas "personas con 15 años y más, dispuestas a aportar su trabajo para la producción de bienes y servicios a la economía".
Ya a inicios de la actual década, Alberto Frómeta-Sánchez, demógrafo e investigador del Cepde, alertaba sobre la necesidad de prestar especial atención a las políticas socioeconómicas, principalmente en el caso de la distribución de los recursos laborales.
Según este especialista, se debe "lograr una mayor incorporación de la población a la actividad económica, y un incremento sostenido de la productividad del trabajo, que impacten positivamente en el crecimiento de la riqueza social fundamentalmente por la vía intensiva", aseguró en su artículo "Reflexiones acerca del envejecimiento poblacional y la fuerza laboral en Cuba".
En ese camino, a fines de 2008 se aprobó en el país una nueva Ley de Seguridad Social que, entre otras modificaciones, elevó la edad de jubilación en cinco años, tanto para mujeres como para hombres.
En tanto, a inicios julio de 2009 se publicó un decreto ley modificativo del régimen laboral en la isla que autorizó el pluriempleo, como una forma de racionalizar los recursos humanos de cara al envejecimiento de la población.
Las preocupaciones de estos y otros especialistas apuntan, además, a la necesidad de investigar de manera particular el contexto económico y laboral cubano, sobre todo en los recientes años de ajustes al modelo económico y social de la nación.
A juicio de Daylin Ortega, investigadora del Cedem, es en la juventud donde "se manifiestan con mayor fuerza las contradicciones propias del empleo", con lo cual este segmento de población demanda estudios más profundos, sobre todo si se trata de potenciar su aporte al desarrollo en una sociedad envejecida.
Como evidencia, solo algunos datos: la población joven cubana, de entre 15 y 29 años, representa 24 por ciento de la población económicamente activa, según datos de la Onei, citados por Ortega en su artículo "Los recursos laborales jóvenes en América Latina y el caso de Cuba".
Sin embargo, buena parte de esas muchachas y muchachos todavía no se han incorporado a la actividad laboral de forma definitiva, pues aún estudian, o estudian y trabajan a tiempo parcial, lo cual demanda miradas particulares en su análisis como población activa.
En lo que a ocupación se refiere, 50,2 por ciento de los jóvenes cubanos trabajan, 7,7 por ciento estudia y trabaja, mientras 32,5 por ciento solo estudia, detalla Ortega en su texto, publicado en la revista Novedades en Población, en su última edición de 2016.
Mientras que entre los trabajadores predominan los hombres; las muchachas son mayoría de quienes simultanean estudio y trabajo.
Y si se analiza por grupos de edad, "77,4 por ciento de adolescentes entre 15 y 19 años solo estudia, cerca del 70 por ciento de quienes tienen entre 20 y 24 años se encuentran trabajando (50 por ciento) o estudiando (19 por ciento) y la mayoría de los jóvenes de 25 a 29 años solo trabaja (67,1 por ciento)", analiza Ortega.
Finalmente, 17,3 por ciento restante del total de jóvenes del país en edad laboral ni estudia ni trabaja y más de la tercera parte de ellos tampoco busca empleo, según los análisis de esta demógrafa.
En el momento del último Censo Nacional de Población y Viviendas, en 2012, 79 por ciento de los jóvenes trabajadores de ambos sexos estaban contratados en el sector estatal de la economía, mientras que 21 por ciento se desempeñaba en el no estatal.
Sin embargo, Ortega alerta sobre la necesidad de nuevos estudios, pues "las cifras del trabajo por cuenta propia pueden ser superiores en la actualidad como resultado de la restructuración del modelo económico cubano.
"Las nuevas formas de empleo en el sector no estatal que hoy existen pueden haber propiciado una redistribución de la fuerza de trabajo joven a otros sectores económicos", precisa.
El análisis urge, pues puede implicar, además de brechas salariales o de oportunidades, también brechas de género.
Si en el momento del análisis de Ortega, en las categorías profesionales y técnicos de nivel medio se registraba una elevada concentración de mujeres y una categoría importante en el caso de los hombres era la de oficios y operarios, donde había "alrededor de cinco hombres por cada mujer"; en el caso de la distribución por sexo del trabajo por cuenta propia, esas cuentas no están tan claras.
En línea con Ortega, las sociólogas cubanas Magela Romero y Dayma Echevarría también han alertado, sistemáticamente, sobre la necesidad de investigaciones más específicas.

Por Norma Loto
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Buenos Aires, julio (SEMlac).- "No puede ser que los trabajadores nos quedemos en la calle y nos caguen a palos", con esas palabras lanza a las cámaras su indignación Katy Balaguer, una trabajadora despedida de PepsiCo (empresa de bebidas y snacks), ante la represión perpetrada al personal cesanteado por esa multinacional.
La crónica de lo sucedido el pasado jueves se inició el 20 de junio, cuando PepsiCo comunicó el cierre de la planta ubicada en Florida (zona norte de la Provincia de Buenos Aires). 
La empresa emitió una carta argumentando que la localización de esa planta en un barrio residencial conllevaba "la imposibilidad de ampliación ni modernización; la inviabilidad económica derivada de su alta estructura de costos y las dificultades logísticas de acceso y traslados". 
Lo cierto es que el cierre de esa planta deja a 600 familias en la calle, de las cuales un gran porcentaje son mujeres (se calcula que el 50 %).
Desde el gobierno dicen que muchos de ellos arreglaron indemnización. Pero, a quienes fueron despedidos, no es la indemnización lo que les preocupa, sino el hecho de quedarse sin una fuente laboral y la posibilidad de no volver a reinsertarse como fuerza de trabajo.
En Argentina, según el último informe de INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), la tasa de desempleo subió a 9,2 por ciento en el primer trimestre de este año, con un alza de 1,6 punto porcentual respecto del cuarto trimestre de 2016, cuando había sido de 7,6 por ciento.
Las trabajadoras de PepsiCo habían enviado una carta a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Eugenia Vidal, en la cual le pedían que no "use la fuerza contra las mujeres trabajadoras".
En la misiva le contaban a Vidal que "muchas de nosotras somos sostén de hogar, madres solteras, esposas que llevamos parte de lo necesario para sostener a nuestras familias. Muchas trabajamos hace años en PepsiCo y muchas estamos enfermas. Los ritmos de producción y las tareas repetitivas nos causaron enfermedades laborales, como la tendinitis, que nos impide conseguir trabajo en otros lugares. La empresa nos ofrece una indemnización. Pero ¿qué vamos a hacer cuando esto se acabe?, ¿de qué manera vamos a darle de comer a nuestros hijos?".
La carta que antecedió a la brutal represión del jueves, en la que hubo gases, balas de gomas, golpes y palos, advertía a la gobernadora que la jueza Andrea Rodríguez Mentasty y el fiscal Gastón Larrramendi, "en vez de procesar a los gerentes que cometieron el delito de lock out cerrando la fábrica ilegalmente, nos quiere mandar a la Policía Bonaerense para sacarnos de la fábrica donde estamos cuidando nuestros puestos de trabajo. Nosotras nos preguntamos, ¿realmente van a mandar a la Policía Bonaerense, la policía de la Provincia que usted conduce, a pegarnos a nosotras y a nuestros compañeros?".
Nada fue suficiente. Ifantería y Gendarmedía reprimieron en PepsiCo, mientras que el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, justificó el accionar policial diciendo que la "Policía actuó como tiene que actuar". 
En tanto, las y los despedidos de PepsiCo iniciaron una campaña de boicot para que no se consuman los productos de esa compañía (Lay´s, Quaker, Twitos, Doritos, 3D, Pehuamar, 7Up, Tropicana, entre otros).
En solidaridad con empleados y empleadas de PepsiCo, se cortaron las vías del recorrido del Ferrocarril Sarmiento, que comprende un recorrido por la zona oeste de Buenos Aires y desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron a una concentración en Plaza de Mayo de Argentina.

 

De la Redacción
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México, junio (SEMlac).- Una ley de cuidados y políticas que garanticen una buena vida, desde el nacimiento hasta la vejez, planteó Amalia García Medina, secretaria del Trabajo y el Fomento al Empleo del gobierno capitalino.
García Medina destacó la conveniencia de trabajar conjuntamente sociedad civil, representantes en las cámaras y el gobierno local para integrar acciones que hoy se llevan a cabo en la Ciudad de México en materia de cuidados y explorar la conformación de un Sistema de Cuidados.
La economía del cuidado en las sociedades modernas se ha identificado como una contribución económica a los países, que hacen personas, generalmente mujeres en trabajos no remunerados de cuidado a niños y niñas, personas enfermas o personas viejas. Estos trabajos exigen grandes esfuerzos individuales, que no son reconocidos por la sociedad y dado que producen riqueza, son los gobiernos los que deben planearlos.
Si ello pudiera resolverse, esta iniciativa sería revolucionaria en nuestro país. Expresó García Medina, quien anunció que la propuesta será elaborada por personas expertas y por la asociación civil Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, fundado por la feminista Marta Lamas, grupo que trabaja con el gobierno de la ciudad.
Los anuncios surgieron en una reunión el pasado 6 de junio, donde participaron, además de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, Amalia García Medina, legisladoras y legisladores de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, personal del Sistema de Cuidados de Uruguay, y de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La explicación de esta iniciativa es que parte de lo que establece la Constitución de la CDMX, "todas las personas tenemos derechos a los cuidados".
"Requerimos garantizar los mecanismos para que los cuidados sean otorgados", dijo la funcionaria y agregó que "se elaborará una ley de cuidados para la CDMX, en concordancia con el desarrollo que se está dando en otras partes del mundo y en Latinoamérica", refirió.
Subrayó que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, "mediante el Programa Cooperativas CDMX 2016 apoyó a 14 cooperativas de Economía del Cuidado, integradas por 73 personas, de las cuales el 78 por ciento son mujeres".
Las cooperativas beneficiarias se enfocan en las áreas de cuidado infantil a través de instancias infantiles y espacios de cuidado extraescolar mediante clases de regularización académica y actividades artísticas y recreativas, cuidado de personas mayores y personas con discapacidad, así como la atención psicológica y emocional para las trabajadoras del cuidado.
En su oportunidad, el ministro de los Cuidados de Uruguay, Julio Bango, destacó que "las políticas de cuidado inciden el futuro, y contribuyen al combate contra la pobreza".
Asimismo, mencionó que la primera infancia y aquellas personas que no pueden valerse por sí mismos, es a quienes está dirigida la política de cuidado en Uruguay.

Por Alicia Mendoza
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México, mayo (SEMlac).- Frente a una bandera negra que cubrió la puerta de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), cientos de periodistas de todo el país se manifestaron la noche del pasado 16 de mayo para exigir un alto al asesinato, solicitar al Gobierno Federal respuestas urgentes para terminar con la impunidad y exigir justicia para las y los 126 profesionales del sector asesinados en México.
¡Nos están matando!, ¡justicia para México, para Regina, para las mujeres periodistas, para las y los defensores de derechos humanos!, ¡justicia para Javier!, ¡justicia para todos los periodistas!, gritaron las y los periodistas para frenar el asesinato de comunicadores, después del crimen del informador Javier Valdez Cárdenas, el lunes 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa.
"Javier defendió el derecho de las víctimas a costa de su vida", sostuvo María Herrera, defensora de derechos humanos, y de igual forma la periodista Carmen Aristegui afirmó que "Javier logró darle rostro, nombre, apellido a las víctimas del narcotráfico y del crimen organizado".
Han pasado más de 100 asesinatos de periodistas que "han quedado en la impunidad, hoy los periodistas decidimos estar aquí para decirle al gobierno mexicano que ¡basta ya! El asesinato de un hombre como Javier Valdez nos ha cimbrado a todos", reclamó Aristegui.
"Es el Estado el responsable de que ocurran estas cosas y que queden en la impunidad, es al Estado al que hay que reclamar", apuntó.
En voz de Témoris Grecko, periodistas organizados apuntaron que los recientes asesinatos "demuestran que en México no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio periodístico y que el Estado mexicano se ha ausentado de su obligación de darlas".
Ante este contexto de violencia contra la libertad de expresión que sigue cobrando vidas, dieron a conocer una serie de demandas para al presidente Enrique Peña Nieto, entre ellas, "que se conforme, con apoyo del gobierno mexicano, una comisión internacional que venga al país a estudiar el estado del sistema de justicia, detecte sus fallas y brinde la asesoría técnica necesaria para terminar con la impunidad".
Además, "que la Fiscalía General de próxima creación tenga un carácter verdaderamente autónomo, fuera del control del Poder Ejecutivo, y que dentro de esta, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión alcance un carácter independiente, con un titular nombrado en un proceso transparente de consulta pública y por consenso de las organizaciones de defensa de la libertad de expresión. Deberá recibir los recursos e infraestructura de la actual Fiscalía y contar con presupuesto suficiente para el desempeño de sus tareas".
"Que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se someta a un programa de revisión de su desempeño por parte de un comité de organizaciones de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión, para encontrar las causas de sus múltiples fallas e ineficacias, y proponer su reforma".
Reclamaron "que se establezca una política integral de protección a periodistas para superar la descoordinación que existe entre las diversas instancias gubernamentales responsables del tema".
También, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos "le dé seguimiento puntual a sus propias recomendaciones generales sobre agresiones a periodistas".
Demandaron "que se hagan públicos los avances de las investigaciones por los asesinatos y agresiones contra nuestros compañeros y compañeras, donde la principal línea indagatoria sea un ejercicio periodístico".
"Ante la situación de urgencia, las respuestas no pueden demorarse", concluyó Témoris Grecko.
Durante casi tres horas, las y los periodistas se manifestaron y colocaron frente a la SEGOB una ofrenda para sus colegas asesinados en las últimas décadas en el país.
En todo el país hubo una ola de protestas para frenar el asesinato de periodistas. 

Por Norma Loto
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Buenos Aires, mayo (SEMlac).- "Te busco. Te estamos buscando" es el nombre de la campaña ciudadana lanzada el pasado jueves 18 de mayo en Barcelona, que tiene como objetivo encontrar a los bebés robados durante y después del franquismo.
La acción fue impulsada por La Asociación SOS Bebés Robados de Cataluña, junto a la CoordinadoraX24 de Andalucía, Madrid, Navarra y País Vasco.
En España, entre las décadas de los cuarenta y noventa, se robaron sistemáticamente recién nacidos. Hoy se sabe que en ese accionar estuvieron involucrados médicos, monjas, enfermeras y curas, entre otros. La Asociación SOS Bebés Robados de Cataluña estima que hubo 30.000 bebés robados, aunque otras organizaciones sostienen que son 300.000.
La Asociación es una entidad sin ánimo de lucro y está constituida por familiares afectados por el robo de bebés durante y después del franquismo. Su presidenta, Adelina Ruiz, tiene 58 años y busca a sus hijas gemelas nacidas el 11 de diciembre de 1980 en la maternidad de Barcelona.
Adelina es una de las voces testimoniales de la Campaña "Te busco. Te estamos buscando". Ella describe su vivencia como una más de los miles que hay en España y que ningún gobierno de su país hizo algo para reparar el daño que esas familias han vivido.
"No están haciendo lo que debieran para esclarecer tanto dolor que tenemos los familiares que buscamos a nuestros niños, y a esos niños, ya convertidos en adultos, por saber la verdad de su identidad. En este país se intenta tapar toda esta historia oscura. No quieren remover la memoria y se intenta acallar nuestras voces. Exigimos justicia, reparación, para que esto no vuelva a suceder nunca".
Cristobalina Moral Burgos es presidenta de SOS Bebés Robados Navarra, de 42 años, y busca a su hermano mellizo nacido el 8 de diciembre de 1974 en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona. "Empezamos la búsqueda en 2011. Nos sentimos defraudados con el Estado Español porque no se nos reconoce como víctimas y atenta contra los derechos de las personas", dice.
Un pilar importantísimo en esta Campaña fue el trabajo de la doctora Carolina Escudero -argentina residente en Barcelona-, quien ha creado y llevado a cabo los talleres basados en la comunicación resiliente, el empoderamiento y la filosofía Ubuntu, que significa "Soy porque nosotros somos".
"Iniciamos una búsqueda que se construye a nivel individual, para luego fundirse en una resiliencia comunitaria. Están comunicando sus historias desde un espacio resiliente porque después de todo quieren encontrar a sus hijos, hermanos, sobrinos, nietos. Estas personas han pasado por hechos muy traumáticos. Algunas de estas mujeres cuentan en los talleres que había palabras que no han repetido desde el día en que le robaron a su bebé.", comenta Escudero.
"El fantasma del paso del tiempo preocupa y ocupa a muchos de ellos -continúa Escudero-, hemos trabajado a través de los talleres esto de contar nuestra historia, pero desde un lugar de empoderamiento. Este es el comienzo de una búsqueda resiliente, comunitaria, de la que esperamos surjan más historias. Apelamos a que nuestro mensaje llegue a aquellos que se están cuestionando su identidad. Por otra parte, sigue otra labor de estos colectivos en sus demandas por la Justicia, Memoria y Reparación", subraya.
Materiales de difusión de la Campaña Te Busco. Te estamos buscando: https://vimeo.com/user66710705

Por Alicia Mendoza
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México, mayo (SEMlac).- Por sexto año consecutivo y al grito de ¡hijo/a escucha, tu madre está en la lucha!, madres y familiares de miles de desaparecidas y desaparecidos en México y Centroamérica realizaron el pasado miércoles 10 la Marcha de la Dignidad Nacional, para exigir justicia, verdad y la presentación con vida de sus hijas, hijos y familiares. 
La movilización convocada por el Movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México, que reúne a colectivos de familias de personas desaparecidas de todo el país, exigió al Congreso de la Unión la pronta aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y además que dicha ley "esté a la altura de las necesidades de las familias", "ya que la gravedad de la situación no permite que se pueda prolongar más".
La marcha en la Ciudad de México se inició por la mañana de ese día desde el Monumento a la Madre y, después de hacer una parada en la sede de la Procuraduría General de la República, llegó al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.
El Movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México ha trabajado junto al Poder Legislativo y por más de dos años en la elaboración de la ley. A finales de abril, la ley fue aprobada por el pleno del Senado de la República y la turnó a la Cámara de Diputados, donde se pospuso su análisis y eventual aprobación para el próximo período ordinario de sesiones, el cual comienza en septiembre del presente año.
En el mitin al final de la marcha, el movimiento destacó que durante este período ha trabajado con legisladoras y legisladores para "aportar y recalcar las necesidades legislativas para poder aspirar a dar solución a esta emergencia nacional. Hemos trabajado con legisladores para hacerles entender que no era un capricho de las familias, sino una necesidad real basada en la dolorosa experiencia de miles de personas mexicanas y centroamericanas".
"Hemos recorrido por años las instancias procuradoras de justicia y hemos visto con dolor y frustración que no sólo el sistema de justicia no estaba preparado para las desapariciones, sino que además sigue estando en contra de darle la verdadera dimensión a esta tragedia", señalaron los colectivos en el posicionamiento que fue leído por Aracely Salgado, luchadora social, quien busca a su hija Rubí Fernanda.
El 10 de mayo, fecha en que se celebra a las madres en México, "debería ser especial y lleno de amor, debería ser un día de fiesta y regocijo, en celebración del día que nos convertimos en madres, el día que dimos vida. Sin embargo, el crimen organizado y el Estado fallido nos han arrebatado no sólo a nuestros hijos e hijas, sino también la paz, la salud y hasta la vida".
El movimiento destacó que "desde hace muchos años las madres, padres, hijos, hermanos, tíos y esposas de los desaparecidos hemos superado, en la búsqueda, al Estado, que sigue sin tomar completamente su responsabilidad en la búsqueda y localización de nuestros seres queridos".
"Las familias hemos tenido que convertirnos en investigadores, peritos, rastreadores de fosas, expertos forenses e incluso en abogados, ello para subsanar las diferencias del Estado y su insuficiente voluntad de atender esta grave problemática".
Por ello, "venimos a recordarles a los actores políticos que manejan nuestro país, a los que hacen las leyes y, sobre todo, a los responsables que las hacen cumplir: que tienen una deuda permanente con todas las personas desaparecidas y sus familias, la cual únicamente puede ser saldada con la búsqueda en vida, real y efectiva, con la localización e identificación de los restos que se encuentran en fosas comunes y clandestinas, con la digna atención integral a la necesidades de las familias y con garantizar la verdad y la justicia".
A esta marcha también se sumaron madres, padres y familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente hay 30.973 personas desaparecidas en México.
Además de la movilización en la CDMX, en varias regiones del país organizaciones, colectivos de familiares y madres protestaron para exigir a las autoridades que localicen con vida a sus hijas, hijos y familiares.

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