Por Sylvia R Torres
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. )

Managua, agosto (SEMlac).- Los hombres son los únicos responsables de su violencia, por lo tanto, los únicos que la pueden parar, dijo Martha Meneses, una de las participantes de la marcha del silencio contra los feminicidios, el pasado 24 de agosto.
Vestidas de rojo, mujeres nicaragüenses, en tres filas y en silencio, caminaron desde las instalaciones del Ministerio Público hasta las de la policía nacional, para protestar por la falta de acción estatal frente a los feminicidios. Una bandera de Nicaragua con la leyenda en rojo "Nos están matando" causó mucha conmoción.
María Teresa Blandón, líder del Movimiento Feminista, afirmó en su cuenta de Facebook que el Estado no les sirve a las mujeres, porque no les protege el derecho a la vida, les ha quitado el derecho a decidir sobre su cuerpo y tampoco reconoce el valor de su trabajo.
Es un Estado misógino, dijo. Solo en agosto de 2017, ocho mujeres fueron asesinadas. En lo que va de año ocurrieron 38 feminicidios, un homicidio y un asesinato. Las mujeres dicen percibir la sensación de que todos los días hay un caso.
Una saña creciente caracterizó estos crímenes, las mataron a cuchilladas, las estrangularon, las golpearon con tubos, las violaron y, a una de ellas, la decapitaron e hicieron desaparecer su cabeza.
Pese a que el gobierno nicaragüense se jacta de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, las mujeres no lo sienten así, opinó Eva Blanco, una enfermera de la occidental ciudad de León.
Marchas locales con el rojo de la sangre como emblema y cruces con las fotografías de las víctimas, se han desarrollado en Matagalpa, Estelí y otras ciudades del interior del país.
En 2012, el gobierno nicaragüense emitió, sin consultar a los movimientos de mujeres, una Ley Integral Contra la violencia, o ley 779, que contenía una definición amplia del feminicidio (asesinato por razones de género), así como la creación de instancias de apoyo psicológico, acciones de educación y comunitarias para prevenir y atacar la violencia.
La iniciativa, liderada por la presidenta de la Corte de Justicia, Alba Luz Ramos, fue rápidamente desmantelada por el gobierno de Daniel Ortega. Contra todo procedimiento legal, esa administración, a través de un reglamento, cambió la Ley, definiendo como feminicidio solamente los crímenes cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas; además de introducir entre los procedimientos la mediación con el abusador.
Según las feministas, la promulgación de una ley de profundo contenido cultural en desafío a los patrones machistas no hizo más que avivar los sentimientos de inseguridad y miedo por parte de la población masculina. Muchas personas, incluidas mujeres, rechazaron la Ley 779, sin siquiera haberla leído.
La vocera del colectivo feminista 8 de marzo, uno de los más antiguos en el este de la capital y en el municipio de Esquipulas, en Matagalpa, declaró que, en una investigación realizada en 2012, ellas encontraron que las mujeres que denuncian la violencia no buscan separarse, sino que sus maridos cambien; que las mujeres están más vulnerables cuando no tienen vínculos con los familiares y o las redes de apoyo.
Instaron a las mujeres a reconocerse como grupo, de manera que comprendan que la violencia que sufren no es íntima, sino parte de un problema público, que debe tener respuestas públicas.
Berta Inés Cabrales, Dora María Téllez y otras líderes reclamaron por la indolencia de las autoridades. Desaparecidas las comisarías y los fondos de cooperación para el funcionamiento de los centros de servicio del movimiento de mujeres, las víctimas de violencia no saben dónde ir.
La pasada semana, los familiares de Sonia Aguirre han pedido la solidaridad del movimiento de mujeres para impedir que salga en libertad Pedro Jiménez, quien decapitó y escondió la cabeza de su compañera.
El defensor de este feminicida alega que él ya cumplió la mitad de su condena, ha demostrado buena conducta y, por lo tanto, es apto para reintegrarse a la sociedad.
Por esta razón, instaron a las mujeres a no quedarse calladas ante la violencia machista y demandaron la reinstauración de las Comisarías de la Mujer, borradas sin previo aviso de las estructuras de la policía, tal y como estaban establecidas antes de los cambios a la Ley 779.