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Colombia: Fin a la desigualdad de derechos de parejas por razón de sexo

Por Ángela Castellanos Aranguren

 

Bogotá, febrero.- El 28 de enero de 2009 se convirtió en una fecha histórica en los anales de la igualdad en Colombia: ese día la Corte Constitucional aprobó un paquete de reformas, mediante las cuales las uniones del mismo sexo gozan de los mismos derechos y obligaciones que aquellas conformadas por hombre y mujer, salvo para efectos de adopción.

 

En sus deliberaciones, esa instancia tuvo en cuenta los principios de "igualdad" y "libre desarrollo de la personalidad", ambos consagrados en la Constitución Nacional, así como el de "dignidad humana", que implica vivir sin humillación.

 

Por medio de la sentencia 029 de 2009, la Corte modificó 42 normas de los Códigos Penal, Civil y Disciplinario —que es para funcionarios del Estado—, con lo cual puso a Colombia entre los países más avanzados en el reconocimiento e igualdad de los derechos de las parejas del mismo sexo.

 

El fallo fue resultado de una demanda presentada en abril de 2008 por la organización no gubernamental Colombia Diversa; el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); y el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes.

 

La acción jurídica contó con el apoyo de unas 30 organizaciones que se adhirieron a la demanda, entre ellas grupos de activistas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (LGTB), así como también agrupaciones de derechos humanos, mujeres y de cristianos.

 

El objetivo de la demanda era "atacar los remanentes del ordenamiento jurídico que discriminaban a las parejas del mismo sexo", aclaró a SEMlac Daniel Bonilla, abogado y miembro del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes.

 

Las uniones de hecho en Colombia son reconocidas después de dos años de convivencia, tanto cuando son constituidas por personas heterosexuales, como por lesbianas o gays, y tienen iguales derechos que las parejas unidas en matrimonio.

 

Entre los derechos de tipo civil reconocidos para las parejas del mismo sexo se destaca la inembargabilidad del patrimonio de familia y su vivienda. Ya en 2007, la misma Corte había sentenciado que el capital y bienes de las uniones de hecho entre lesbianas o gays constituyen un patrimonio común, sobre el cual tienen derechos los dos integrantes de la pareja en caso de separación o de fallecimiento de uno de ellos.

 

En materia migratoria, las parejas de otra nacionalidad podrán pedir la ciudadanía colombiana, al igual que lo hacen los y las compañeras de las uniones del mismo sexo.

 

Las aproximadamente 300.000 parejas del mismo sexo de Colombia también gozarán de la garantía de no incriminación en materia penal, penal militar y disciplinaria. Es decir, que los compañeros y compañeras permanentes no están obligados a declarar en contra de su pareja, ni en procesos penales, ni en investigaciones contra funcionarios del Estado.

 

La igualdad también se aplica para la legislación relativa al conflicto armado. La modificación del alto tribunal permite que la pareja del mismo sexo de una persona asesinada, torturada o desaparecida pueda ser reconocida como víctima y, por tanto, con derecho a la verdad, justicia y reparación.

 

También consagra que las parejas homosexuales tienen derecho a la reunificación familiar de su compañero o compañera desplazados como resultado de la violencia política.

 

Igualdad en casos de violencia intrafamiliar y otros

Sin embargo, la igualdad también es de responsabilidades, por ello la decisión de la Corte generó deberes en las uniones permanentes de LGTB, como la obligación civil de prestar alimentos a favor de los compañeros y compañeras permanentes tras la separación, cuando un miembro de la pareja no cuenta con los recursos mínimos de subsistencia.

 

Igualmente, se hizo extensiva a parejas del mismo sexo la agravación punitiva en los casos que la ley prevé para parejas heterosexuales; así como las normas penales y preventivas sobre los delitos de violencia intrafamiliar, amenaza a testigos, y delitos de malversación y dilapidación de bienes familiares.

 

Así mismo, ahora los miembros de parejas LGTB están cobijados por el régimen de inhabilidades de los compañeros y compañeras permanentes de los diputados y concejales; las prohibiciones legales a las parejas de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados; y las incompatibilidades para contratar con el Estado previstas para los integrantes de uniones heterosexuales.

 

En 1980, la homosexualidad fue despenalizada en este país y la Constitución Política de 1991 consagró derechos fundamentales a todos los colombianos sin distinción de sexo. Pero fue en 2007 y 2008 cuando se empezaron a reconocer jurídicamente a través de tres fallos de la Corte Constitucional, que otorgaron algunos derechos patrimoniales y de seguridad social a las parejas homosexuales en igualdad de condiciones que las heterosexuales.

 

La sentencia de 2009 completa este proceso de equiparamiento, incluso para homosexuales uniformados. En efecto, las fuerzas militares deberán incluir a las parejas del mismo sexo en los beneficios de salud y de pensiones de sobrevivencia, dictaminó la Corte.

 

"De los derechos reconocidos, los más sensibles para la comunidad LGTB son los referentes al patrimonio, seguidos por relativos a seguridad social y luego los de violencia intrafamiliar", afirmó a SEMlac Marcela Sánchez, directora de la ONG Colombia Diversa.

 

"El reconocimiento de los derechos patrimoniales es muy importante, pues en mi caso tengo una relación marital de hecho, y cuando falte alguna, ahora sabemos que la otra va quedar protegida", expresó a SEMlac Mariana Gómez, quien convive con su pareja mujer hace 10 años.

 

Las modificaciones del alto tribunal también cobijan igualdad para subsidios familiares de servicios y de vivienda; y para pólizas de vida en caso de fallecimientos en accidentes de tránsito.

 

"Ahora hay que pasar de la igualdad formal a la igualdad material", expresó Bonilla, quien señaló que hay mucho trabajo por hacer, tanto en materia de difusión como de aplicación. Por ejemplo, "hay notarios que se siguen negando a inscribir parejas del mismo sexo aun cuando están obligados a hacerlo", dijo.

 

Sánchez afirmó que van a difundir los derechos entre la comunidad LGTB, pero que corresponde a los organismos judiciales del Estado divulgar y formar a sus funcionarios, de manera que conozcan y apliquen la sentencia de la Corte.

 

Bonilla añadió, que "hay que trabajar para que la orientación sexual no tenga importancia en la órbita pública".

 

En el ámbito familiar, la igualdad sigue teniendo más limitantes, debido al peso religioso, opinó Bonilla. Por ello, no se logró autorizar la adopción entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, hay algunas que tienen hijos, ya sea de parejas heterosexuales anteriores, o porque los han adoptado a título individual.

 

Actualmente, la adopción en parejas del mismo sexo está autorizada solamente en siete países: Bélgica, Canadá, España, Noruega, Países Bajos, Sudáfrica y Suecia.