Reportajes y noticias de SEMlac

del 16 al 22 de abril de 2007

 

 

Explotación infantil: Reforzar las barreras de contención

Por Zoraida Portillo

 

Lima, abril.- Los programas y leyes creados en Colombia, Paraguay y Perú para eliminar el trabajo infantil en situaciones de riesgo y para limitar el trabajo doméstico de niñas y niños no constituyen una barrera de contención para la explotación laboral infantil en esos países.

 

A esa conclusión llegó un estudio de la especialista Jeanine Anderson, para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), dado a conocer a fines de marzo.

 

En él se advierte que diversos factores de vulnerabilidad como el desempleo, fracaso de la cosecha, deudas, demandas extraordinarias de dinero en efectivo, actúan como detonantes que obligan a las familias a hacer ajustes drásticos en sus estrategias de obtención de ingreso, como poner a trabajar a los menores de edad.

 

El estudio incluye innumerables testimonios que refuerzan los hallazgos de la investigación. Por ejemplo, una niña que trabaja como doméstica en Colombia, declaró: “Pues mi mamá… me dijo que ya estaba cansada y que iba a salir de trabajar, y que no tenía para mi matrícula, ni nada de eso, entonces que tenía que salir a trabajar y ver cómo sacaba yo lo de la matrícula”.

 

Este informe se titula Invertir en la familia. Estudios sobre factores preventivos y de vulnerabilidad al trabajo infantil doméstico en familias rurales y urbanas de Colombia, Paraguay y Perú y, entre otras cosas, señala que el espectro del abuso y de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una constante de las situaciones analizadas.

 

“Existe una grave indefensión inherente en la situación de una niña que trabaja bajo un techo ajeno y que debe, muchas veces, poner los límites a lo que debe y no debe considerarse como parte de su rol en la casa que le da cobijo. La vulnerabilidad psicológica y social se confunde con la vulnerabilidad económica”, dice al analizar el trabajo doméstico infantil.

 

Una de las limitaciones que el documento reconoce es que ni los padres de familia ni los niños y adolescentes, están en capacidad de distinguir una oferta legítima de trabajo doméstico de otra dudosa.

 

El estudio identificó la presencia de redes de trata de niños, niñas y adolescentes para el trabajo infantil, en general, y para la explotación sexual comercial, en particular, en Paraguay y Perú.

 

Estas redes se aprovechan de aquellas que tienen más bien una lógica familiar y de “paisanazgo”, y que se encargan de colocar a menores de edad en situaciones de trabajo infantil doméstico con ciertas protecciones dadas, se advierte en el texto.

 

Al respecto, cita el testimonio de una ex-trabajadora infantil doméstica sobre la forma de captación de menores para el servicio doméstico: “En Juliaca [Perú], generalmente los avisos son para la Mina de la Rinconada. En la mina inmediatamente las meten a atender las cantinas de mala muerte, karaokes, night clubs, chicherías. Y si no quieren, son maltratadas”.

 

El pueblo de la Rinconada –ubicado en el sureste del país, en la altiplanicie de Puno– tiene innumerables denuncias, incluso de carácter internacional, por ser un centro de explotación doméstica y sexual de niños, niñas y adolescentes, quienes muchas veces son inducidos por sus padres, pobladores semi analfabetos y en situación de pobreza extrema.

 

No obstante, la investigación señala que en muchos casos los familiares no tienen intenciones de explotar a sus hijas e hijos en el corto plazo, “sino que alientan su migración desde zonas rurales empobrecidas hacia las ciudades, para que estén en contacto con "madrinas" y "padrinos" que podrían servirles como un "capital social" para el resto de sus vidas”.

 

La institución de los “padrinos” y “madrinas” está muy extendida en el Perú y, aunque se sabe que es una de las principales vías para la explotación infantil, su erradicación e incluso su detección es muy difícil porque está asentada en antiguos patrones culturales, según los cuales los menores de edad son enviados por los padres a casas de familiares lejanos o amigos que residen en la capital o en zonas urbanas.

 

El padrino o la madrina, a cambio de darles vivienda y comida, los someten a trabajos domésticos de 10, 12 o más horas, les niegan el derecho a ir a la escuela, los maltratan física, psicológica y hasta sexualmente y no atienden sus necesidades básicas. La víctima no tiene a quién quejarse porque no conoce a nadie en su nueva ubicación.

 

Otro testimonio incluido en la publicación, del director de un colegio de Yauyos, pueblo situado en las estribaciones andinas, a 132 kilómetros al sur de Lima, ilustra muy bien sobre la colocación de niñas en trabajos domésticos a instancias de sus propios padres.

 

“Las mujeres están saliendo de 11, 12 años, de 6º grado de primaria, a las casas a trabajar. Mayormente ubican a los familiares, de acá. Luego se relacionan con familiares en Lima diciendo ‘A ver si le puedes buscar un trabajito para mi hija’… Los familiares buscan un trabajito en Lima: el vecino, el compadre, la comadre por 100, 90, 80 soles mensuales. El trabajo consiste en cuidar los niños, cocinar, limpiar la casa, esas cositas…”

 

“Yo aguanté cinco años, los peores de mi vida. Mi madrina me pegaba duro con el zapato, mi padrino cuando venía borracho quería tocarme y yo me tenía que esconder, yo rezaba todo el día para crecer rápido y poder escaparme y en la primera oportunidad que pude lo hice”, recuerda por su parte Elena, una joven puneña de 22 años, entrevistada por SEMlac.

 

Ella solo tiene tercer grado de primaria y no sabe hacer otra cosa que labores domésticas pero, a diferencia de muchas de sus congéneres, encontró una patrona que respeta sus derechos y la animó a superarse. Ahora Elena está estudiando corte y confección y ahorrando para comprarse una máquina de coser. Sueña con tener su propio taller de costura.

 

Sin embargo, el suyo es un caso excepcional. Como el informe bien lo reconoce, para miles de niñas y niños explotados, “la educación y la vida mejor casi nunca llegan y su futuro puede estar definitivamente hipotecado a la servidumbre”.

 

Y allí entra otro tema analizado exhaustivamente por la investigación: la educación que, según Anderson, “sigue siendo uno de los ámbitos de mayor exclusión para las y los trabajadores infantiles domésticos” en los tres países.

 

La imagen más positiva de la educación es la de Colombia y la más negativa es la del Perú, donde los colegios y turnos especiales para estos estudiantes se convierten en ferias laborales para el trabajo infantil doméstico, subraya el documento.

 

En efecto, en la capital peruana, es un secreto a voces que uno de los mejores lugares para encontrar mano de obra barata y sin mayores aspiraciones salariales es a la puerta de los colegios estatales durante el turno vespertino o nocturno.

 

Allí acuden las patronas que quieren conseguir una “chica” para las labores domésticas, pero también los “enganchadores” de las agencias de empleo que palabrean a las estudiantes, por lo general jovencitas provincianas o hijas de migrantes ansiosas de trabajar. La escuela se convierte así en un punto de referencia para conseguir empleo de baja calidad, mal remunerado y sin protección.

 

Entre las recomendaciones del estudio para superar la vulnerabilidad a la que se enfrentan niños, niñas y adolescentes se menciona la atención económica a las familias y comunidades rurales mediante el fomento de proyectos productivos, el fortalecimiento de redes de solidaridad comunitarias y familiares, proporcionar información sobre los riesgos del trabajo infantil doméstico y garantizar una educación pública obligatoria y efectivamente gratuita.

 

 

Guatemala: Niños de la guerra se reencuentran con el pasado

Por Alba Trejo

 

Guatemala, abril.- Reencontrarse después de 20 años es como nacer de nuevo. Estrechar los brazos, tocar sus caras y oír sus voces, algo impensable para quienes quedaron solos en medio del fuego cruzado. Tenían dos, tres, cuatro, cinco años y, a esa edad, lo único que se siente es miedo a quedar solo.

 

Esos niños y niñas, hoy adultos de 27 y 30 años, han logrado ver el rostro de sus padres, a quienes creían muertos. Nunca imaginaron que pasarían dos décadas buscándolos desesperadamente.

 

De esta forma, Marco Antonio Garavito, director de la no gubernamental Liga de Higiene Mental de Guatemala, describe el sentimiento captado por él y su equipo de investigación en los últimos nueve años transcurrido desde que decidieron iniciar la búsqueda de los menores desaparecidos durante el conflicto armado interno que sumió a esta nación en una guerra por 32 años.

 

Hoy, Garavito está feliz. Tiene la oportunidad de celebrar el reencuentro número 100 y dice estar satisfecho con el trabajo, porque con su proyecto “Todos por el reencuentro” logró que madres, padres, tíos, abuelos y hermanos volvieran a abrazarse después de 20 años de separación forzada.

 

“El reencuentro ha sido como resarcir, en una pequeña parte, a las víctimas de la guerra que poco o nada tenían que ver con el enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla”, afirma Garavito.

 

La mayoría de las víctimas a las que este activista se refiere pertenecen a la etnia maya, pues fueron en las regiones del noroccidente y occidente del país que ellos habitan donde se agudizó el conflicto armado interno. Entre esos sitios destacan Cobán, Huehuetenango, Quiché, el triangulo Ixil, Totonicapán y Sololá.

 

El documento Recuperación de la Memoria Histórica, elaborado por la Iglesia Católica, afirma que el período más cruento del enfrentamiento armado iniciado en 1960 ocurrió en 1980 cuando fueron arrasadas 440 aldeas.

 

Por esa etapa, según el informe, 200.000 mujeres quedaron viudas, 5.000 niños y niñas desaparecieron y 669 masacres fueron documentadas por las pastorales de lugares donde los choques resultaron más atroces, como Quiché, Sololá, Huehuetenango y la sierra del Ixcan, todos al occidente de la capital guatemalteca y en donde la población es cien por ciento de origen maya.

 

“Todos por el reencuentro” intenta con la búsqueda reestablecer los vínculos que se rompieron entre las generaciones familiares. De ahí que también haya establecido relaciones con organizaciones similares de otros países como El Salvador y logrado dar con el paradero de pequeños que fueron llevados a otras naciones.

 

Rosalina Tuyuc, indígena fundadora de la Comité Nacional de Viudas de Guatemala -entidad que agrupa a las mujeres mayas cuyos esposos fueron asesinados en el conflicto armado interno-, señaló que si “bien los reencuentros no recuperarán el daño ocasionado, sí son una manera de contribuir a la verdadera reconciliación nacional”.

 

El primer reencuentro de este programa ocurrió en el 2001, con Julia Choc, de la etnia quiché. En 1980 cuando ella vivía junto a sus padres en la aldea las Guacamayas, en la sierra del Ixcán, el Ejército llegó y disparó contra todo lo que se moviera. Julia tenía en ese entonces dos años y sus padres debieron huir a la montaña para salvar sus vidas.

 

La niña hubiera muerto de no ser por un miembro de las Patrullas de Autodefensa Civil –grupos de campesinos unidos al Ejército contra la guerrilla- que pidió a un soldado quedarse con la niña. “Todos por el reencuentro” logró llevarla hasta el hogar de su padre, Pedro Choc, para que se conocieran y supiera que tenía familia.

 

Historias como esta se repiten una y otra vez. Garavito asegura haber encontrado “100 agujas en un pajar después de una búsqueda difícil”.

 

Encontrar a las víctimas ha sido un esfuerzo apoyado por la red de comunicación comunitaria, integrada por indígenas y creada durante la guerra para mantener el contacto entre las aldeas por medio del lenguaje hablado. A pesar de las masacres, no pudo ser desarticulada y aún subsiste.

 

Pero también existe un proceso de búsqueda que comienza con la documentación y los testimonios del momento de la desaparición. La liga de la Higiene Mental ha logrado establecer regiones que permiten hacer la indagación más efectiva, a tal extremo que ya suman 540 los casos que son investigados.

 

Estos son, sin duda, los más afortunados ya que, de acuerdo con el informe “Guatemala, Memoria del Silencio”, elaborado por la Comisión del Esclarecimiento Histórico, formada por diversas entidades defensoras de los derechos humanos del país, en la guerra por cada 100 personas ultimadas, torturadas, desaparecidas y violadas sexualmente, 17 eran niños, niñas o adolescentes. Los datos oficiales apuntan a que hubo 250.000 personas asesinadas.

 

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado señala, por su parte, que los niños y niñas eran considerados “mala semilla” y, por ello, el propósito fue eliminarlos a todos e incluso se dieron casos en que muchos bebés resultaron masacrados al sacarlos del vientre de su madre.

 

 

República Dominicana: Arrecia problema en torno a Sonia Pierre

Por Mirta Rodríguez Calderón

 

Santo Domingo, abril.- La virulencia política y el debate social que tienen como figura protagónica a la intelectual dominico-haitiana Sonia (Solange) Pierre, cuya nacionalidad dominicana está siendo cuestionada, transitó la pasada semana de lo factual al enfrentamiento abierto de criterios encontrados, expresados con creciente encono.

 

De manera concreta, lo ocurrido tiene que ver con el accionar de un partido político minoritario y de tendencia fuertemente conservadora que, desde siempre, ha dirigido sus diatribas y su rechazo contra la población dominico-haitiana residente en República Dominicana, o contra los inmigrantes provenientes de la otra mitad de la isla que ambas naciones comparten.

 

El episodio más reciente promovido por ese grupo fue el de instrumentar lo que han calificado como una “investigación” a los padres de la defensora de los derechos humanos, según la cual habría quedado probado que sus progenitores la inscribieron al nacer con documentación no verídica.

 

La cuestión no habría tenido mayores dimensiones que la de un mini incidente fácilmente desvirtuable, si no hubiere sido porque este partido, Fuerza Nacional Progresista, presentó un reclamo ante la Junta Central Electoral para que le fuere retirada la nacionalidad dominicana a Sonia Pierre, galardonada en el pasado diciembre con el Premio de la Fundación Robert. F. Kennedy in Memorian, con sede en Washington, y también por Amnesty Internacional, justamente para reconocer sus méritos en la denuncia a las violaciones de los derechos humanos de la población de esa ascendencia que se producen a diario aquí.

 

En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde Costa Rica, sancionó al gobierno dominicano a indemnizar a dos niñas a quienes les había sido negada la partida de nacimiento y violado sus derechos. Y, en efecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores dominicana entregó este marzo dos cheques y un certificado financiero como indemnización a favor de las niñas Tiramen Bosico y Leonidas Oliven Yean, con lo cual dio cumplimiento al dictamen de la CIDH, que dispuso que se pagara una indemnización de 22.000 dólares a las menores.

 

Pero, apenas dos días después de que el presidente Leonel Fernández declarase que acataba tal sanción y que ésta se había cumplido, el mencionado Partido apareció ante la opinión pública con el reclamo que implicó a la Junta Central Electoral (JCE).

 

Vandalismo contra la imagen de Sonia Pierre

Esa misma agrupación, cuya cabeza más prominente es el diputado Pelegrín Castillo, habría intervenido, presumiblemente, en el vandalismo de destruir en dos oportunidades la foto mural de la defensora de los derechos humanos que, durante todo marzo, formó parte de una exposición de 100 mujeres prominentes colocada en el sitio más céntrico de Santo Domingo, el Parque Independencia.

 

Luego de algunos días de discusiones y criterios discordantes en lo interno, la JCE reconoció que no es competencia de esa entidad otorgar ni retirar identidades y que el asunto no procedía.

 

Pero, ya para entonces, los ánimos y el debate se habían encrespado. En la provincia de Mao-Valverde, unos 150 kilómetros al norte de la capital, un grupo de personas, mayoritariamente haitianos, fue arrestado y acusado de intentar quemar una bandera patria. Aunque el asunto ganó espacio en la prensa, todo parece indicar que no se reunieron pruebas. El grupo fue puesto en libertad unas horas más tarde.

 

Esos incidentes, sin embargo, han matizado el acoso contra Sonia Pierre y, de hecho, de la defensa de los derechos humanos en que ella se empeña desde su posición de presidenta del Movimiento Unido de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA).

 

Si ella no, tampoco yo

En ese contexto, una coalición de organizaciones mayoritariamente femeninas lanzó una campaña solidaria con la intelectual atacada, bajo la consigna de: si ella no es dominicana, yo tampoco.

 

La conferencia de prensa del grupo, el miércoles pasado, traspasó los límites de lo habitual y provocó, además de muchas interrogantes periodísticas, el resultado de más de una primera plana, a gran titular, en defensa de la intelectual, como el del semanario de distribución gratuita Clave.

 

También hubo expresiones en contra y noticias con toda la gama de intencionalidades imaginables, o editoriales como el del también gratuito Diario Libre, que aseguró que no hay ataques contra Sonia Pierre, quien se desplaza a otros países según sus deseos para formalizar las denuncias que hace. Este tratamiento al asunto ignora el intento más reciente de hacer de la líder una apátrida.

 

Fue el colega de este último medio, Edgar Montilla quien aseguró a SEMLac que él no considera dominicana a Sonia Pierre, pero que “si lo fuera, sería una traidora que viola la Constitución porque va a otros países a detractar del suyo”.

 

Ciertamente, en la Constitución de la República Dominicana hay un artículo, el 14, que establece que “los derechos de ciudadanía se pierden por condenación irrevocable por traición, espionaje o conspiración contra la república, o por tomar las armas, prestar ayuda o participar en cualquiera atentado contra ella”.

 

En opinión de la abogada Janet Camilo, este criterio se remite a una interpretación equivocada de ese artículo, puesto que la propia Constitución dominicana consagra los derechos humanos y el respeto del Estado a ellos. En entrevista con SEMLac, Camilo recordó que el artículo 8 de la Carta Magna lo estipula muy claramente y aportó el contexto de esos principios:

 

“Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.”

 

El documento fue entregado a los medios de difusión por las fuerzas organizadoras de la campaña de solidaridad con Sonia Pierre, que han concitado también a una treintena de organizaciones internacionales progresistas y a más de 20 nacionales.

 

En el texto se afirma que: “Si bien la destrucción de la fotografía en dos oportunidades no puede ser atribuida a alguien en concreto, en el caso de la nacionalidad cuestionada, el organismo de la Junta Central Electoral ha actuado a instancia de la Fuerza Nacional Progresista, partido político de perfil conservador que en muchas de sus actuaciones públicas no hace sino exigir arbitrarios recortes de derechos a las personas”.

 

Ante los hechos, las organizaciones firmantes manifiestan su rechazo al uso "de medidas de intimidación incompatibles desde todo punto de vista con las buenas prácticas de un Estado Democrático y de Derecho” y aseguran que las agresiones contra Sonia Pierre “tienen un contenido claramente racista, xenófobo y discriminatorio, dirigido a su persona como mujer, como afro descendiente y como dominico haitiana”.

 

Al calor del incidente, se dividen los criterios de la opinión ciudadana. Hay, ciertamente, un antihaitianismo en algunos segmentos de la población. Pero eso lo niegan dos prominentes líderes de organizaciones de mujeres: Elsa Mata, directora ejecutiva del Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (Ce Mujer) y Maria Díaz, muy reconocida por su historia de luchas:

 

“¿Cómo se puede hablar de antihaitianismo en una nación donde los grupos de migrantes conviven y trabajan con la población local en armonía?”, se preguntó la socióloga Mata, mientras Díaz se incomodó y dijo que ni siquiera quería oír hablar del asunto. “Esto lo estimulan esos grupos retardatarios y desde los círculos de poder, pero no es lo que siente la población dominicana”.

 

Es probable que ellas tengan razón. El último jueves, una mujer del pueblo, interesada por el botón prendido a la blusa de otra con el lema si ella no es dominicana tampoco yo, expresó en ese lenguaje tan sano de la gente sencilla: “¡Pero que injusticia, señora, lo que le están haciendo a esa mujer es algo terrible: esos son los que tienen a este país así…!”.

 

La última de sus alusiones tiene que ver con un descontento bastante generalizado por el encarecimiento de la vida, los apagones, las evidencias de que se pensaría más que duplicar el precio del transporte público y otras inquietantes situaciones sociales.

 

No es Sonia, sino la represión a la inmigración haitiana

Denise Paiewonski, presidenta de la Colectiva Mujer y Salud, una de las organizaciones más vitales en defensa de Sonia Pierre, declaró a SEMLac que quienes “hoy son considerados héroes y heroínas nacionales han favorecido el avance de sus luchas en el extranjero”.

 

“Sonia Pierre es también una heroína y no puede ser sujeta a una interpretación tergiversada: la condena internacional que se hace a República Dominicana no es por las luchas de Sonia Pierre, sino a la inversa: sus actividades son el producto de un estado de cosas que hay en el país, de la violación de los derechos humanos de los inmigrantes. A ella se le toma como chiva expiatoria”, agregó.

 

El viernes se produjeron, desde los estamentos oficiales, algunas señales de voluntad de “aflojar” el tema. Una fue la declaración de la subsecretaria de Asuntos Migratorios de la cancillería; Rosario Graciano de los Santos, quien anunció la renovación de visas de medio millar de estudiantes haitianos aquí; y la reseña del colega Adonis Santiago acerca de que mujeres haitianas vienen a parir y son atendidas en los hospitales cercanos a la frontera, lo que equivale a gastos del 30 por ciento del presupuesto disponible.

 

Hace unos meses, fuerzas populares dominicanas protagonizaron una jornada cultural: “Otra primavera para Haití”. Ciertamente, esa nación y su pueblo la necesitan.

 

 

Chile: Indígenas y campesinas toman la palabra

Por Johanna Ortiz

 

Santiago, abril.- Mil mujeres llegaron a la Estación Mapocho, antigua terminal de trenes convertida hoy en centro de eventos, para participar en la reunión final del Congreso de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, entre el 21 y 23 de marzo.

 

Santiago recibió, como pocas veces, un caudal de mujeres dispuestas a denunciar las injusticias y luchar por sus derechos, fruto del trabajo que la ANAMURI realizó durante un año para que ellas se tomaran la palabra en cada rincón de Chile.

 

Y así lo han hecho. Exigen “un programa amplio de Reforma Agraria, que entregue tierras a campesinos y pueblos indígenas, con un cuidado especial por garantizar la entrega de tierras a mujeres y jóvenes”.

 

Además, están determinadas a “luchar por el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y autodeterminación, que incluya la devolución de los territorios ancestrales a los pueblos indígenas”.

 

Así se lee en la declaración del Congreso, que contiene 12 puntos y aborda distintos temas, que van desde el cuestionamiento del sistema neoliberal en Chile hasta la denuncia de las condiciones laborales de quienes trabajan en el agro, sin olvidar advertir que el medio ambiente está amenazado por distintas actividades industriales.

 

Mafalda Galdames, integrante de la dirección de ANAMURI, explica a SEMlac que las condiciones laborales de las trabajadoras temporeras continúan siendo precarias y que les preocupa mucho no tener derecho a una jubilación digna, debido al régimen de trabajo al que están sujetas.

 

“Las temporeras trabajan sólo cinco meses por la naturaleza estacional de su labor, no porque ellas quieran estar cesantes el resto del año”, subraya Mafalda y continúa explicando que “Chile cada día está más viejo, las mujeres se jubilan y no tienen de qué vivir, luego de trabajar más de 20 años en el sector agrícola”.

 

Pero no sólo sus propias condiciones les preocupan a las trabajadoras de la tierra, ellas están concientes de que el acceso al agua es cada vez más difícil y por eso pelearán “por un Código de Aguas que responda a las prioridades de las comunidades y de las personas, reconociendo el agua como un patrimonio común, derogando e impidiendo su privatización”.

 

Galdames valora positivamente la postura del Congreso de ANAMURI, tanto por la convocatoria, como por los temas que se trataron. Sin embargo, cree que a la hora de evaluar su impacto público, el balance es negativo.

 

“Sólo asistieron pequeños medios, como radios comunitarias o portales de Internet, pero no estuvieron los grandes medios. Se pretende invisibilizar a un sector importante de la ciudadanía y de la clase trabajadora en Chile”, explica la directora de ANAMURI.

 

 

Argentina: Movilización por el asesinato de un docente

Por Norma Loto

 

Buenos Aires, abril.- La conmoción y la congoja colmaron los ánimos de la sociedad argentina luego del asesinato de Carlos Alberto Fuentealba, un docente que el miércoles 4 de abril salió a reclamar mejoras salariales, junto a sus colegas, en la sureña provincia de Neuquén, a 1170 kilómetros de la capital federal.

 

La demanda de mejoras salariales por parte de los profesores es de larga data, ya que en Argentina los educadores representan uno de los sectores peor pagados del país. Sus salarios a veces no cubren el costo de vida de una familia tipo, considerada así la de un matrimonio y dos hijos.

 

Por este motivo, los docentes de nivel primario y segundario de Neuquén y de otras provincias vienen reclamando un salario digno desde los años noventa, cuando la represión cobró la vida de la maestra Teresa Rodríguez, quien realizó esta exigencia en la localidad neuquina CultraCo, el 2 de abril de 1997.

 

Diez años después, también en Neuquén, la represión policial atentó contra la vida de Fuentealba, fallecido a consecuencia de una granada de gas lacrimógeno que le impactó en la cabeza y le produjo muerte cerebral. Tenía 40 años.

 

Este hecho unió a todos los sectores argentinos, que salieron a las calles a reclamar justicia. Por eso, el lunes 9 de abril las calles se cortaron, los transportes públicos se detuvieron y la sociedad se manifestó con el grito: “Ni una tiza más manchada con sangre”.

 

En el Obelisco porteño, representantes de gremios docentes, organismos de derechos humanos, movimientos sociales y la ciudadanía coparon la Avenida 9 de julio para marchar hacia la Casa Rosada (sede presidencial) y expresar su repudio.

 

“La muerte de Fuentealba es un duro golpe a la educación, es un duro golpe a los derechos humanos. Hoy Carlos somos todos”, expresó a SEMlac Ana G., una profesora de arte que, en estos días, lleva un lazo negro en su pecho.

 

En tanto, Alicia Aranguren, ama de casa que se unió a la marcha, dijo a esta agencia que “los responsables son todos: el policía que disparó, el gobernador de la provincia de Neuquén porque dio la orden de reprimir y también las políticas de Estado que nunca han dado trato digno a los docentes ni a los trabajadores”.

 

Desde Neuquén, Sandra Rodríguez, esposa de Fuentealba, manifestaba ante una multitud que se debe seguir insistiendo para que algo cambie en este mundo. “Luchemos por el mundo con el que Carlos soñaba: más digno y más equitativo”, expresó.

 

“El culpable que jaló el gatillo, que sea condenado con la cárcel. El señor gobernador, que dio la orden, debe renunciar. Es su deber moral hacerlo”, exigió acongojada.

 

El lamentable suceso mantiene en estado de angustia a toda la sociedad argentina que pide explicaciones, no sólo al gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, sino también a las autoridades nacionales.

 

En Argentina, las mujeres representan cerca del 80 por ciento de los docentes, según el censo de ese sector en 2004. Durante la pasada década del noventa, el reclamo por salarios dignos para este gremio se visibilizó en la denominada Carpa Blanca, instalada frente al Congreso de la Nación, el 2 de abril de 1997, durante la presidencia de Carlos Menem.

 

La Carpa Blanca fue la manifestación de contrapoder más extensa en la década pasada –se prolongó por 1.003 días- y estuvo liderada por la docente y actual diputaba nacional por el partido Afirmación para una República Igualitaria, Marta Maffei.

 

 

Cuba: Nosotras, las viejas

Por Ilse Bulit

 

La Habana, abril.- Numerosos humoristas han ganado el pan con los chistes gráficos u orales en los que las mujeres inventan estratagemas para ocultar la edad.

 

Y es cierto el descalabro matemático de algunas al contabilizar sus años y meses de nacidas, en especial, en aquellos escalones sociales donde la juventud y la belleza son las cartas de triunfo y en las que, consciente o inconscientemente, concentran la altura de su autoestima en la piel hacia el exterior.

 

Esos mismos burlones hombres, cuando en la calle un chico le dice: “Abuelo, ¿qué hora es?”, sienten cómo se erizan sus pelos visibles e invisibles y, al llegar al hogar, escondidos de las miradas femeninas, frente al espejo se acarician el prominente vientre y cuantifican las arrugas de su rostro y las ya incontables canas de su antes abundante cabellera.

 

Nosotras también continuamos la cercanía diaria a cualquier superficie que refleja nuestro físico y estamos al tanto de ese tiempo que pasa y que, como dijo el cantautor cubano Pablo Milanés cuando apenas transitaba los 20, “nos vamos poniendo viejos”, pero también las mudanzas hormonales nos recuerdan los cambios de almanaques.

 

No hay dudas. La mujer acepta mejor la incorporación a las filas estadísticas de la tercera edad que su compañero en la procreación, aunque todas, en un momento, anhelemos esa cuchilla mágica que realza los senos.

 

Al recorrer los distintos buscadores, encontramos que en los países nórdicos o en los caribeños, estamos mejor preparadas para incorporarnos a proyectos dedicados al simple y puro goce de continuar marcando nuestro hálito indispensable en el respirar de los pueblos.

 

En el ejemplo cubano salta a la vista. Temprano en la mañana, en parques y plazas, las abuelas realizan ejercicios físicos. Pocos abuelos las acompañan. La imagen se repite en las aulas de las filiales de la Universidad del Adulto Mayor, en los grupos asistentes a las numerosas variables culturales, de entretenimiento y de aprendizaje y desarrollo de oficios deficitarios, donde son protagonistas u observadoras.

 

Y, por supuesto, al representar una mayoría absoluta, son las líderes y organizadoras. Si bien a estas propuestas se integran rápidamente las jubiladas, el sector de las amas de casa va acercándose a más velocidad que los retrasados hombres.

 

Si recordamos que ya el 16 por ciento de la población cubana arribó a los 60 años y la inobjetable realidad indica que el pronóstico del 26 por ciento para el año 2025 se cumplirá, apreciemos el peligro presentado por este hombre que no se acerca a las vías sociales que pueden ayudarlo a la aceptación de los cambios físicos y psíquicos de obligatorio cumplimiento.

 

Se les encuentra en el barrio, formando corros donde idealizan sus antiguas batallas sexuales y tratan de arreglar el mundo a su antojo. Ante la pregunta indagadora de su ausencia a estos proyectos, ellos contestan de acuerdo a su grado de machismo: “Ahí las mujeres se reúnen para chismear”, “las que mandan ahí son las mujeres”, “no me alcanza la jubilación y tengo que hacer trabajitos”.

 

Detrás de estas respuestas, se esconde un cóctel de machismo ligado con la no asimilación oportuna de la vejez, y este último componente es el mayor en ese amargo trago.

 

La jubilada cubana, tanto por el vacío a mediados de mes del bolsillo como por su sembrado apego a sentirse plena y útil, busca contratos en su especialidad o se asoma a otros aprendizajes y tareas. Y qué decir de esa ama de casa que cuida niños ajenos, prepara confituras de frutas que ofrece en venta a sus vecinos o confecciona de materiales reciclados, útiles y adornos para la cocina.

 

Sobre la hipótesis de los chismes, es otro de los antiguos “sambenitos” colgados a la mujer y nacidos por aquel encierro en los hogares, desprovistas de educación y, por tanto, de temas para la conversación.

 

En la actualidad, si usted desea enterarse de las últimas noticias de sus vecinos, acuda a esa reunión de viejos aburridos que, después de hablar de béisbol, analizarán la vida de los no presentes, sobre todo de las mujeres.

 

Sin duda alguna, lo que más les duele es la presencia de las mujeres en su papel de líderes de estas propuestas. Si en el área laboral, la fuerza del tiempo y la destreza demostrada los hizo aceptar su mando en algunas ocasiones, ya en el barrio lo rehúsan ante sus otros congéneres.

 

La creciente vejez de la población cubana obliga, en lo material, a cambios profundos en la concepción de una sociedad y exigirá modificaciones en la seguridad social, los planes de la salud pública, la renovación de la fuerza laboral e, inclusive, en el desarrollo del futuro potencial científico técnico.

 

El otro aspecto, y en donde la mujer ofrece ejemplos satisfactorios desde su integración a círculos y casas de abuelos creados en los años ochenta del pasado siglo, es el aprendizaje, asimilación y adaptación a la etapa final de la vida que, según los datos estadísticos, se prolonga, como promedio, 17 años después de los 60 en este archipiélago cubano.

 

El demostrado protagonismo de las féminas indica que habrá que llamar a sus puertas en la confección de estrategias para sumar a los varones en este intento. Ellas acumulan experiencias y resultados concretos, ya que han sabido aprovechar todas las brechas abiertas en la búsqueda de una vida estable y feliz.

 

A pesar de las esquiveces del varón para sonreír ante su dirección, los ardides femeninos, esa dulzura maternal que nunca abandonamos, contribuirá a convencer a estos “viejitos” ilusos en sus ganas de escapar del redil de la tercera edad. Además, la fuerza punzante de la realidad obligará a los graduados de retrógrados, a desmantelar sus posiciones ante la mayoría femenina.

 

En los tiempos remotos, ella permanecía cuidando el fuego, símbolo y sostén de aquella incipiente humanidad. Hoy, por lo menos en Cuba, se ha ganado el puesto y tendrán que aceptarla como líder de las huestes de ancianos que ya han empezado a pulular por nuestras calles.