Violencia de género

Violencia de género (456)

Por Mercedes Alonso Romero
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Santo Domingo, julio (SEMlac).- El número de mujeres que sostiene su denuncia por maltratos y busca alguna ayuda o protección es todavía bajo, por lo que necesita la atención de diversos actores sociales, opinan especialistas.
"Apenas un dos por ciento de los casos de violencia de género se judicializa; hablamos de la parte que llega al sector justicia, que es la menor, y tenemos que enfocarnos en esa mayoría que no llega", expresó la procuradora fiscal de Santo Domingo Olga Diná, durante la mesa de discusión sobre violencia de género e intrafamiliar llevada a cabo el domingo 26 de junio en el programa radial Los sabios en la Z 101.
"De más de 60.000 mujeres violentadas, solo 15.000 han buscado protección", expuso la coordinadora general del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Lourdes Contreras, otra de las participantes en el espacio radial.
Contreras elogió que se dedicara un programa a este tema, que "la sociedad lo ha asumido manera dramática como parte del efecto; pero tenemos que ir a sus raíces culturales y lograr que los procesos que se llevan a cabo en el país se desarrollen en la búsqueda de una sociedad de iguales.
"Hay que desmontar ideas de superioridad no solo entre hombres y mujeres; sino, además, en otras manifestaciones de desigualdades. Ese propósito tiene que ir estructurado en todas las políticas de Estado", subrayó Contreras.
Al analizar las causas que provocan el aletargamiento y poca disposición de las mujeres sobrevivientes de violencia para efectuar las denuncias, la procuradora Diná razonó la manera en que deben disponer del dinero para trasladarse desde sus comunidades hasta la Fiscalía, "gastos que pueden tornarse en miles de pesos, y eso realmente afecta y fortalece la ruta crítica para alguien que decida poner una denuncia", dijo.
Destacó, además, que para la solución a estos casos habría que conocer las dificultades que implican la familia, el factor económico y el trabajo, ya que hasta llegan a ser despedidas de sus puestos laborales por las ausencias de esos días. "Entonces, es más fácil dejar todo y seguir siendo violentadas".
La fiscal de Santo Domingo rememoró la situación que confrontaban con las órdenes de protección para las víctimas, quienes debían enfrentarse al victimario en la audiencia y consideró que aunque se ha evolucionado en la justicia; también la violencia ha evolucionado:
"Si los ministerios de Educación, Salud, Deportes y otros organismos no se involucran en la formación en valores, desde el inicio, y los fortalecemos en las escuelas, lamentablemente, aunque tengamos leyes, no vamos a lograr la disuasión necesaria", precisó.

Necesitamos integrarnos

Todas las opiniones de Los sabios en la Z 101 coincidieron en la necesidad de trabajar de manera integrada, "incluyendo a esa comunidad que conoce los casos; tenemos que partir desde abajo y ver qué está produciendo la violencia", declaró la procuradora fiscal y añadió que la reacción no puede ser cuando maten a una, sino que deben involucrarse desde mucho antes".
De igual manera hubo consenso en el establecimiento de estrategias a nivel sectorial: "La palabra clave es integración, coordinación, políticas de Estado, y dejar de hacer acciones aisladas, que hasta ahora no han dado resultados. No creo que debemos reaccionar ante fechas, como el 25 de noviembre u otras, sino siempre. La violencia contra una mujer repercute en su familia, en toda la comunidad y en la sociedad misma", sentenció la procuradora. 
Lourdes Contreras opinó que debían involucrarse los actores ya previstos, junto a los ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, y las redes locales de atención a estos problemas: "Por eso hay que incluir al conjunto de la sociedad pero desde una política de Estado".

Voces masculinas
Para Carlos Pimentel, director de Transparencia y Gobierno de Participación Ciudadana, otra de las voces escuchadas en este espacio, "el enfoque tiene que hacerse desde una perspectiva de derechos, los derechos de las mujeres en República Dominicana, y que se reivindique la dignidad de estas personas dentro de los marcos normativos, que las leyes en su arquitectura permitan dar pasos de avance y me sumo a esa integración entre las instituciones; porque deben implicarse todos los factores y actores", propuso y agregó de inmediato:
"Hay que poner el oído en los planteamientos de las organizaciones que defienden los derechos de la mujer aquí. Que la sociedad presione para que el Estado ceda y ofrezca soluciones".
Por su parte, el siquiatra y sociólogo Nelson Moreno Ceballos reflexionó que "todo queda disperso si no existe una política integral del Estado. Para que funcione una política de equidad de género, hay que conjugar otros factores, como la educación de los hombres en el respeto a la mujer. Esta se empodera, pero lo otro queda en el aire y son razones que incluyen un comportamiento cultural machista.
"Cuando esos victimarios reciben el castigo de 20 o 30 años de prisión, sin el componente educativo, lo asumen como parte de una actitud cultural y no precisamente se provocan cambios", indicó el doctor Moreno.

Una Ley longeva
La Ley 24-97, referida a la Violencia Intrafamiliar, cumplirá 20 años y la activista feminista Sergia Galván intervino para argumentar la necesidad de un nuevo marco legal. Si bien reconoce que antes de contar con dicha legislación "la violencia era un asunto privado, ya con esta ley aparece como una situación visible y del Estado.
"Pero, quiero en este programa hablar de las niñas que se unen a hombres 20 años mayores antes de los 15 años y que es tolerado por la familia y por las leyes. Esta es una parte de la violencia que necesita ser abordada y castigada por la ley, porque estas menores son explotadas sexualmente por los adultos. El país está comprometido con acuerdos internacionales y la Constitución de 2010 dice que el Estado y la sociedad harán primar el interés superior de niñas, niños y adolescentes", reclamó.

Definiciones
Si algo se formuló con fuerzas en esta conjunción de criterios fue la importancia de fortalecer la educación en las escuelas y el necesario papel de la familia, porque las leyes, definitivamente, no funcionan solas y la interrogante de ¿qué está provocando tanta violencia? y ¿por qué se cometen tantos feminicidios en el país?, continúan sin respuestas.
Lustros de enfrentamiento al problema, denominado con certeza "epidemia nacional" no han dejado resultados. Aún se adolece de un Código Penal que incluya el feminicidio como figura jurídica. Tampoco existen estadísticas confiables y veraces, pues cada institución enarbola las suyas.
"La violencia es estructural en las relaciones sociales y notamos la inexistencia de coordinación entre las instancias, carencias de recursos y, en definitiva, ausencia de políticas de Estado", acotó Carlos Pimentel.
Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dedujo que "la violencia es también simbólica, a través del lenguaje, porque este es patriarcal y símbolo del dominio sobre la mujer. Todos estos mecanismos se transfieren", argumentó.
En tanto, la experta en Derechos Humanos y Género Desiree del Rosario habló de construir un hombre nuevo y una mujer nueva: "Si queremos una transformación de la familia y la sociedad, esto tiene que ser un paso decisivo".
La representante de Profamilia, Mirna Flores, convocó a hacer un llamado al presidente Danilo Medina para que se pronuncie sobre el tema, "nunca ha dicho nada y se precisa su atención sobre esto", concluyó.
A lo anterior se sumaron propuestas de acciones que respondan a la imprescindible inclusión del tema y su tratamiento, en el cual el Estado debe asumir su papel y reconocer que se trata de un problema de derechos humanos de la mujer.
Abogaron en conjunto por un soporte judicial que agilice la atención a mujeres que piden ayuda y de reformas integrales y desmontes de aprendizajes que logren acabar con la naturaleza patriarcal que, como raíz cultural, ha creado desigualdades entre hombres y mujeres en la sociedad dominicana.
La iniciativa de la emisora Zeta 101, de reunir en su escenario a quienes debaten y proponen soluciones en esa búsqueda por construir una sociedad donde se respete la igualdad y donde no mueran más mujeres a manos de sus actuales o exparejas, es vista con buenos ojos por sectores feministas y de defensa de los derechos de las mujeres.
Y es que, mientras alguien recordaba la dolorosa cifra de 58 mujeres muertas en lo que va de año, la Policía Nacional informaba que un hombre ultimaba de un disparo en la cabeza a su mujer y luego se suicidaba. La joven de 30 años murió de inmediato y, tras el crimen, quedaba huérfano el hijo procreado por ambos.

Recuadro 
Por cada feminicidio cometido en la República Dominicana quedan huérfanos un promedio de 2,5 niños y adolescentes, lo que significa unos 300 por año, según datos de la Procuraduría General.

Por Alba Trejo
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Guatemala, junio (Especial de SEMlac).- República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala se han convertido en los países latinoamericanos donde se percibe un alto crecimiento de muerte violenta de mujeres en los últimos 10 años que, según las autoridades y sociedad civil, se deriva del silencio por temor de las víctimas.
SEMlac realizó una búsqueda de los datos oficiales más recientes de feminicidio en la región, con los cuales se determinó que la mujer es víctima de violencia por parte de sus parejas, exparejas y pandillas que las someten a la expresión más extrema de la violencia.
Fuentes oficiales Policía Nacional y Ministerio Público de los siete países disgregan datos que destacan, además, que la mayoría son asesinadas con arma de fuego y arma blanca, pero que la violencia se ha intensificado al desmembrar sus cuerpos, no sin antes violentarlos sexualmente.
La especialista en violencia intrafamiliar Ivonne Ortiz, representante de la Alianza Latina para Erradicar la Violencia Doméstica en República Dominicana, en declaraciones a la agencia noticiosa Prensa Latina dijo que la situación económica, unida al temor de la mujer a denunciar el maltrato de sus parejas u otro familiar, son los principales detonantes de los feminicidios en ese país.
Indicó, además, que la pobreza afecta a cuatro de cada 10 dominicanos. Mientras, la Policía Nacional dominicana destaca que la violencia machista ha socavado la vida de 2.168 mujeres en 11 años transcurridos.
En tanto, en naciones como Guatemala, Honduras y El Salvador, países denominados el triángulo norte, la presencia de las pandillas es una de las causas que la vida de las mujeres termine en feminicidio. 
El triángulo norte es también la región donde mayor incidencia criminal existe contra ellas.
Las autoridades de las instituciones de Ciencias Forenses de los tres países coinciden en que los crímenes son muy parecidos, cuerpos desmembrados con el componente de violencia sexual, o con armas descargadas sobre sus cuerpos y cara. Y la mayoría de las mujeres, jóvenes entre los 18 y 35 años de edad.
También los adolescentes sufren el embate de la violencia de género en el triángulo Norte, las fiscalías de esos países destacan que aquellas que viven en áreas marginales y se resisten a pertenecer a las pandillas en esos lugares, o no acceden a sus peticiones de tener relaciones sexuales con ellos, son brutalmente asesinadas.
En El Salvador, datos no oficiales señalan que existen 60.000 pandilleros y domina la mara Salvatrucha, mientras que en Guatemala el número alcanza los 14.000, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación, y en Honduras, las estadísticas oficiales dan cuenta de la existencia de 10.000 mareros.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) destacó que más de la mitad de los 25 países con tasas altas y muy altas de violencia contra la mujer se encuentran en América Latina y el Caribe.
La investigación de SEMlac remarca que, en los países con estadísticas altas de incidencia criminal, los feminicidios ocurren en todo ámbito; público, donde hay pandillas, crimen organizado, pero también en el ámbito privado ya que ellas son asesinadas dentro de sus propias casas.
Las diferentes fuentes de la Policía reportan las cifras de mujeres que han muerto de forma violenta en los últimos, seis, nueve y 10 años.
A la población femenina de Honduras no le favorece los datos. Las muertes de las hondureñas colocan a ese país como el más peligroso de la región para ellas.
Informes de la Organización de las Naciones Unidas destacan que 2005 a 2013 los feminicidios aumentaron 263 por ciento y que dos mujeres son asesinadas a diario. El dato oficial de femicidios alcanza las 4.400 mujeres muertas en manos de feminicidas en ese período de años.
Para el observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), esa nación ha desplazado a México y Guatemala como el país más peligroso para las mujeres en Centroamérica y el mundo.
Aunque hubo de transcurrir 12 años para que el Congreso de Honduras aprobara la reforma al Código Penal, mediante la cual se tipifica como delito el feminicidio con una pena de 30 a 40 años de prisión, las hondureñas siguen muriendo de forma violenta en manos de sus parejas y pandillas.
El Salvador cuenta con una ley que penaliza el feminicidio con 35 años pena máxima, pero tampoco deja de ser un país inseguro para las mujeres.
La cifra que el Observatorio de la Mujer en el Salvador (ORMUSA) apunta a que en los últimos seis años fueron 2.521 las asesinadas, principalmente con arma de fuego.
El capítulo tres del informe "La Carga Global de la Violencia armada cada muerte cuenta en 2015", elaborado por la Secretaría de la Declaración de Ginebra, destaca que entre 2007 y 2012 El Salvador tuvo la tasa más alta de feminicidios a nivel mundial, con un promedio anual de 14,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres, pero fue desplazado por Honduras.
Las mujeres asesinadas, asegura ORMUSA, fueron antecedidas de agresiones sexuales, consumadas con arma de fuego, muchas cometidas con extrema crueldad ya que algunos cuerpos fueron cercenados y abandonados en la vía pública.
Guatemala es otro de los países donde se irrespeta la vida de las mujeres, en 10 años alrededor de 6.000 guatemaltecas han sido asesinadas por alguna persona conocida. 
En ese país, a diario dos mujeres pierden la vida de forma violenta y tan es así que el Instituto de Ciencias Forenses ha tenido que congelar partes del cuerpo de guatemaltecas que han sido desmembradas y cuyas cabezas o tronco jamás aparecieron. 
Sergio Rodas, jefe de forenses, dijo a SEMlac que han tenido que sacar hasta 14 balas del cuerpo de una mujer al momento de practicarle la necropsia, lo que denota la saña y odio hacia ellas, afirma el médico.
Entre los países con menos incidencia criminal contra las mujeres figura Panamá, en los últimos cinco años transcurridos las estadísticas alcanzan 337 muertes, según el Observatorio Contra la Violencia de Género de ese país.
Los feminicidios en ese país están marcados por patrones machistas y de subordinación como una herencia cultural.
El Observatorio destaca que el feminicidio en Panamá se divide en íntimo y no íntimo y que ocurren entre los 11 a 30 años de edad.
Costa Rica es el país donde menos muerte violenta de mujeres ocurre. En los últimos 10 años, incluyendo 2016, han sido asesinadas 256 mujeres, destaca el Observatorio Centroamericano para la Erradicación del Feminicidio y la Violencia contra las Mujeres.
La sumatoria de 24 años transcurridos en Costa Rica demuestra que es el país menos vulnerable para las mujeres, ya que en ese período de años han sido asesinadas 531, lo que equivale a una cifra menor que el de las muertes violentas para ese grupo poblacional que registran en un año cada país del Triángulo Norte.
En Nicaragua, el Observatorio Nacional de Feminicidios de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) advirtió que Managua "no es amigable" con las mujeres.
Las afirmaciones radican en que sí de muerte de mujeres se trata, en ese país la saña y misoginia se refleja en sus muertes con cuchillos, machetes y armas de fuego.
Nicaragua cuenta con una ley que tipifica el feminicidio con 30 años de prisión.
En esa nación se ha enterrado a 696 mujeres que fueron brutalmente asesinadas en los últimos 10 años, incluyendo 26 de ellas contra quienes se cometió feminicidio en el primer semestre de 2016, según datos estadísticos del RMCV.
Las víctimas en ese país centroamericano oscilan entre los 11 y 30 años de edad. El organismo Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, incluso, declararon ante los medios nicaragüenses que para las mujeres de esa nación la vivienda seguía siendo el lugar menos seguro.
CLADEM puntualizó en su informe de 2014 que la región latinoamericana y caribeña presenta avances importantes en materia de marcos legales, mecanismos y políticas públicas para el abordaje de la Violencia Contra la Mujer (VCM), sin embargo, las cifras estadísticas y las diferentes manifestaciones en que se expresa, en muchos casos de manera extrema como los feminicidios, dan a entender que el impacto de prevención y eliminación de la violencia contra la mujer dista mucho aún de lograrse.

De la Redacción
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México, junio (SEMlac).- La marca de cerveza Tecate® presentó la campaña "Por un México sin violencia contra la mujer", un proyecto integral que incluye alianzas con el Gobierno Federal y con la Red Nacional de Refugios, el financiamiento de un centro de empoderamiento y una campaña publicitaria que llama a los hombres a no violentar a las mujeres.
"Con este proyecto, Tecate® hace historia y se convierte en la primera marca en decirle a los hombres: si no sabes tratar a una mujer, no te mereces una Tecate®" afirmó Leandro Berrone, vicepresidente de Mercadotecnia de CM/HEINEKEN México, quien destacó la importancia del mensaje, si se considera que los varones han sido sus principales consumidores.
Informó que este proyecto constituye un parteaguas en la historia publicitaria de la marca, que busca hacer uso de su posicionamiento e influencia entre el público masculino para llamarlos a dejar de lado aquellas actitudes que atentan contra la integridad física y emocional de las mujeres.
Esto se dio a conocer en una conferencia de prensa en la que participaron Marco Antonio Mascarúa Galindo, vicepresidente de Asuntos Corporativos de CM/HEINEKEN México, Alejandra Negrete, titular de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de la Secretaría de Gobernación; Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios y la escritora mexicana Guadalupe Loaeza.
Mascarúa Galindo informó que también financiarán un centro de empoderamiento para atender a 2.000 personas. "Un problema que enfrentan las mujeres víctimas de la violencia es la dependencia a su agresor, y en el centro de empoderamiento se les brindará orientación psicológica, jurídica y social, además de acciones de autogestión económica y capacitación laboral que les ayude a conseguir su independencia".
"De forma simultánea, sus hijas e hijos podrán tomar clases como computación y artes para promover su desarrollo", añadió y detalló que esta iniciativa busca sumarse a esfuerzos realizados en los diversos niveles de gobierno: local, estatal y federal.
Al respecto, agradeció a la Secretaría de Gobernación, la oportunidad de utilizar el 01800háblalo que es el número del call center que la dependencia administra para atender esta problemática.
Alejandra Negrete, por su parte, destacó la importancia de que una marca como Tecate® alce la voz para poner fin a la violencia contra las mujeres.
Con la articulación de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa presentó un panorama de las violencias que enfrentan las mujeres y, aseguró que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 35 por ciento de la violencia contra la mujer es ejercida por su pareja.
De ahí la importancia de apoyar el proyecto de Tecate® "Por un México sin violencia contra las mujeres", que rompe paradigmas y abre la oportunidad de incidir en espacios que hasta hoy día no habían tenido una transformación.
"Estamos conscientes de que la violencia contra las mujeres es un problema muy complejo de derechos humanos, acceso a la justicia y de salud, que requiere no solo atención, sino también prevención desde diversos espacios, siendo necesario articular acciones a nivel gubernamental, empresarial, académico y de sociedad civil", destacó.
El proyecto de Tecate® también cuenta con el apoyo de la escritora y periodista Guadalupe Loaeza, quien consideró que los esfuerzos que se realicen para erradicar la violencia de género en México, siempre contarán con su respaldo.
No podemos omitir, dijo, que se trata de un asunto que ha cobrado gran relevancia en los últimos meses gracias a las denuncias y movimientos de ciudadanos y ciudadanas que buscamos erradicar esta lamentable situación en nuestro país.
No obstante, lamentó que los esfuerzos no se vean reflejados en las estadísticas que revelan con preocupación la situación actual, y para ejemplificar, citó datos del Instituto Nacional de las Mujeres que muestran que dos de cada tres mujeres ha vivido algún tipo de violencia, mientras que 67 por ciento de la población percibe como algo normal la violencia contra las mujeres.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en tanto, revela que 60 por ciento de las mujeres en México han padecido algún tipo de violencia y que 58 de cada 100 mujeres han tenido secuelas derivadas de algún acto de violencia emocional. 

Por Mercedes Alonso
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Santo Domingo, junio (SEMlac).- La noticia de que un hombre mató de un disparo en la cabeza a su pareja, delante de la hija de un año, rebasó el límite de la indignación en República Dominicana, al agregarse una víctima más al medio centenar de feminicidios ocurridos en el país en lo que va de año.
El hecho trascendió mientras tenía lugar el periodo final del Cuadragésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización Estados Americanos (OEA), el miércoles 15, iniciada desde el día 13 en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).
En el Senado, la presidenta Cristina Lizardo manifestó de inmediato su preocupación por la creciente cifra de crímenes cometidos contra las mujeres por sus parejas actuales o exparejas, y llamó a multiplicar las medidas.
"Todas las instituciones del Estado deben abocarse a realizar los esfuerzos posibles para evitar que mujeres sigan muriendo asesinadas. Esas estadísticas no pueden continuar", afirmó Lizardo.
En tanto, representantes de la sociedad civil y grupos feministas ocupaban espacios en los plenarios de la cita de la OEA, tras haberse manifestado en contra de la prohibición a su participación "por falta de espacios", según les informaron. 
"El agravio es que nos dijeron que no podíamos participar y aquí hay cientos de compañeros y compañeras de organizaciones internacionales, que gastaron mucho dinero para viajar al país y resulta que se quedaban fuera del debate. Protestamos y finalmente abrieron las puertas, pidieron disculpas, y aceptaron una representante por cada organización", expresó a SEMlac Laura Bretón, del Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf).
"Logramos al fin tener una asistencia en este evento; pero, debo decir que la OEA violó sus reglamentos internos al intentar reprimir que la sociedad civil estuviera presente en esos espacios", comentó a SEMlac Roslyn Cruz, coordinadora de programas Colectiva Mujer y Salud, quien añadió que esto significa "falta de democracia, transparencia y atropello al proceso". 
Pero, no solo Cruz reflexiona de esta forma, el resto de las organizaciones civiles en el país decidieron dar a conocer sus puntos de vista mediante declaración:
"Esta exclusión de la sociedad civil muestra una falta de respeto sin precedentes. En la práctica, dejará frente a la pantalla de un televisor a más de un centenar de personas, que se han trasladado hasta Santo Domingo para presenciar y participar de las reuniones plenarias (…) Esta decisión de limitar el acceso a las reuniones plenarias, es sumamente preocupante y contrario a los principios de transparencia y democracia que rigen a la organización", resumía el texto.

Otros agravios
Entre quienes mostraron también "profunda preocupación" por los agravios cometidos por la OEA, estuvo el Presidente de la República, Danilo Medina, quien demandó al organismo pedir perdón al pueblo dominicano por haber legitimado la invasión de 1965.
El jefe de Estado afirmó que esa invasión "abortó el proceso democrático que se había iniciado con la elección como presidente del profesor Juan Bosch, impidiendo así el retorno al orden constitucional, legítimamente establecido en el 1963. En nombre del pueblo dominicano y en el mío propio, les propongo a todos ustedes que durante este período ordinario de sesiones, se apruebe una resolución de desagravio", opinó el gobernante.

Coalición LGBT defiende derechos humanos

Por su parte, la Coalición de Organizaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT) dominicana, en el marco de la polémica 46 asamblea de la OEA, declaró en estado de emergencia los derechos humanos en el país, así como el derecho a la vida, de las personas LGBTI, tras el aumento de asesinatos y actos terroristas y de promoción de odio en contra de la población.
"Desde la Coalición LGBT damos nuestro apoyo a la implementación de la iniciativa estratégica contra la mortalidad materna ?Más vida, más salud? para las mujeres, y demandamos que se adopte dentro de la OEA una declaración en derechos sexuales y reproductivos", enfatiza el escrito y añade finalmente:
"La discriminación y la violencia a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales e Intersexuales (LGBTI), marca un trazo de muerte que se extiende desde Groenlandia hasta Tierra del fuego. El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que se han registrado 594 asesinatos en un período de 15 meses", precisa el texto.
"Frente a estos hechos exigimos a los estados miembros de la OEA tomar medidas urgentes y crear los dispositivos necesarios para prevenir, investigar y sancionar los actos de terrorismo, asesinatos sistemáticos, y que eliminen todas las formas de discriminación y promoción del odio en contra de las personas LGBTI", concluye.

Las luchas continúan…
La iniciativa Más vida y salud para las mujeres, niñas y niños de la región fue defendida en la sesión inaugural de esta Asamblea General de la OEA; simultáneamente, personas católicas e integrantes de otras iglesias exigieron que se respetara el derecho a la vida y que no se colocara en la agenda los temas del aborto y del matrimonio gay.
Leonel Briozzo, secretario general del foro interamericano, expuso en ese momento que "las muertes de mujeres por razones maternas son injustas e inaceptables y requieren la acción concertada de los países y sociedades de las Américas". 
Brioso razonó, a la vez, que se podrían evitar las 9.300 muertes de mujeres por año en América Latina, debido, principalmente a los abortos inseguros, suicidio ante embarazos forzados, carencia de calidad en los servicios hospitalarios, discriminación, entre otras causas, cuyas muertes son evitables en un 99 por ciento, dijo.
Carolyn Lizardo, de Ciudadanía y Género y de la Colectiva Mujer y Salud, conversó con SEMlac al finalizar los debates en uno de los plenarios, acerca de las marchas que prevén desarrollar cuando concluya la cita: 
"Continuaremos llamando la atención sobre la necesidad de legalizar el aborto en algunos casos; demandaremos la seguridad de las mujeres, que se respete el derecho a la vida y el pleno ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR)", expresó a este servicio. 

Por Mercedes Alonso Romero
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Santo Domingo, junio (SEMlac).- Cinco años después de que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) constatara que de cada 10 hogares dominicanos, en siete se cometían abuso infantil o maltratos, las estadísticas se mantienen igual de preocupantes y se plantea el tema como un reto inaplazable para el Estado dominicano.
A principios de año, el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani) dio a conocer que el 67,4 por ciento de los hogares utiliza el castigo físico o psicológico para disciplinar a sus hijos e hijas, tal y como publicóListín Diario, el pasado 13 de enero. 
Este 30 de mayo, el propio medio de prensa retomó dicho contenido con interrogantes tales como "¿qué está haciendo el Estado dominicano?", pues las cifras alarman al informar que desde enero hasta abril de 2016 han sido reportados 2.315 casos de abuso sexual y violencia infantil y 455 víctimas fueron referidas al Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y sus Familiares.
Amplía el texto que desde 2015 se cuenta con la Hoja de Ruta Nacional para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra los NNA en República Dominicana, 2015-2018, ejecutada por Conani y auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Proteger los derechos de este sector poblacional y ampliar el apoyo y orientación a los progenitores y familiares, a fin de poder desarrollar una paternidad y maternidad responsables que reduzcan dicha violencia, se hallan entre los objetivos de esa Hoja de Ruta.
Una opinión que aborda con profundidad el problema es la de Peter De Wannemaeker, expresada en el periódicoHoy, este 30 de mayo, donde el experto en violencia infantil plantea la necesidad de implementar en cada municipio las redes de apoyo locales, "con las cuales niños, niñas y adolescentes estarían protegidos de la violencia, expresada en todas sus formas, e impediría que los abusadores escapen de la justicia y sigan cometiendo tales atropellos", dijo.
Explica Wannemaeker que "esa estructura estaría integrada por el Ayuntamiento, la Unidad de Atención Primaria, el Distrito Educativo y la Oficina Municipal del Ministerio de la Mujer; también por la Fiscalía, el Tribunal de NNA, Conani, la Junta Local de Protección y Restitución de los Derechos y las organizaciones locales de la sociedad civil".
Lamentablemente, muchas de las situaciones de violencia de este tipo son ocultadas por los propios familiares, quienes por miedo, desconocimiento, amenazas u otras razones nunca justificadas no denuncian al victimario, y se convierten en cómplices de los perpetradores de los derechos infantiles. 
Peter De Wannemaeker entiende que "solo la combinación de un tratamiento multidisciplinario especializado, una intervención bien coordinada entre todos los actores y una red de apoyo local alrededor de la víctima y sus familiares protectores, pueden garantizar una protección real".

Llegan a los hospitales y mueren…
Otros datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Patología Forense, a los cuales tuvo acceso SEMlac, exponen que en el hospital Robert Reid Cabral, de la capital dominicana, desde el 2015 y en los primeros cuatro meses de este año, se registraron más de 390 casos de maltrato, violaciones y agresiones a menores y adolescentes.
Solamente en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, en los últimos 16 meses han muerto 98 menores de manera violenta o accidental, en edades de un día de nacido hasta los 11 años.
Se habla de la creación de equipos multidisciplinarios dentro de los servicios de salud y las ONG para la Infancia, integrados de manera esencial por un médico, preferiblemente pediatra; un sicólogo, un trabajador social y una enfermera, destinados a enfrentar el flagelo; pero, en realidad, el país cuenta con muy pocos.
Otras alternativas, como posibles herramientas, las desarrolla el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con Visión Mundial y el Ministerio de Educación; este último está en proceso de crear un protocolo de atención a víctimas de violencia intrafamiliar desde el ámbito escolar. De todos modos, se impone el requerimiento básico de una mayor voluntad política y la asignación de dinero que pongan en marcha todas las posibles iniciativas.
"La violencia infantil ha sido invisible", afirma De Wannemaeker y agrega: "Todavía prevalecen creencias culturales que niegan, minimizan y en algunas situaciones justifican estas prácticas. Resulta imprescindible instaurar a nivel nacional campañas que sensibilicen a los padres sobre las consecuencias de los malos tratos a la infancia y la promoción de prácticas de crianza sin uso de violencia", concluye.

ABC del maltrato infantil
Un artículo de José Miguel Gómez, que aparece en las páginas de Opinión de Hoy, este 30 de mayo, titulado "El ABC del maltrato infantil", hace referencia a las principales consecuencias que padecen menores maltratados:
"Arrastran vivencias traumáticas que les afecta en su desarrollo físico, psicológico, emocional, sexual y espiritual. Estos son los niños con baja autoestima, inseguros, tímidos, retraídos, o van desarrollando actitudes emocionales negativas: rabia, enojo, ira, frustración, temor, odio, resentimientos, culpa, miedo, vergüenza.
"Literalmente son niños dañados, que para subsistir aprenden a ser violentos, agresivos, pasivo-agresivos; a los que sus traumas no les permite cultivar afectos, apego sano, vínculos seguros, amistad sana, confianza ni autocuidado. Vive desconfiando, inseguro, apático, indiferente con los demás", puntualiza el autor.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe este maltrato como causa de estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario.

Recuadro I
La ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 396 señala que la sanción por abuso físico, psicológico y sexual, será de dos a cinco años de prisión y multa de tres a diez salarios mínimos establecido oficialmente, vigente al momento de cometer la infracción, si el autor o autora del hecho mantiene una relación de autoridad, guarda o vigilancia (maestro, guardianes, funcionarios, policías, etc.) sobre el niño, niña o adolescente y se producen lesiones severas, comprobadas por especialistas en el área.

Recuadro II
El artículo 397 sanciona el abuso por sus responsables. Si el abuso es cometido por el padre, la madre u otros familiares, tutores o guardianes, responsables del niño, niña o adolescente, en contra de sus hijos, hijas o puestos bajo su guarda o autoridad, serán sancionados con privación de libertad de dos a cinco años y multa de uno a cinco salarios mínimo establecido oficialmente. En todo caso, la pena debe ir acompañada de tratamiento psicoterapéutico.

Por Alba Trejo
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Guatemala, junio (SEMlac).- Adriana Portillo es una de las mujeres guatemaltecas a las que la guerra la marcó para siempre. Sus dos hijas, de 10 y 9 años, desaparecieron en 1981, cuando el ejército allanó la casa donde las niñas estaban con su abuelo. Desde ese día no volvió a saber nada de ellas. Han pasado 31 años. 
Hoy circulan por las redes sociales las fotos con los rostros de cómo serían las pequeñas con 40 años de edad, por si alguien las ha visto.
Adriana dijo a SEMlac que su esperanza es que hayan sido dadas en adopción o en servidumbre. Aunque entre llantos asegura que lo que desea, antes de morir, es abrazar, aunque sea sus cadáveres. Este es uno de los casos más paradigmáticos de Guatemala, donde según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, desparecieron 50.000 personas durante el conflicto armado interno, de ellos el 11 por ciento fueron niños a quienes esclavizaron, los usaron como servidumbre, los dieron en adopción o los mataron.

¿Por qué denunció el caso de la desaparición de sus hijas fuera del país?
El terror era muy grande porque se habían llevado a seis miembros de mi familia y dos años antes habían matado a mi hermano; tenía mucho miedo. Tuve que irme a otro país a denunciar la desaparición de mi familia, pero principalmente de mis dos hijas.

¿Qué ocurrió aquel día que se llevaron a su familia, incluyendo a sus dos hijas?
Mis niñas habían salido con mi papá, su familia y un hermano. Íbamos a tener una fiesta el domingo; me dijo: dame a Chaguita y Glenda. Le dije que sí, me despedí rápido con un besito ligero. El día que llegamos a la capital, a las dos de la tarde, la cuadra entera donde vivía mi papá estaba rodeada por radio patrullas, carros jeeps y camiones del ejército. Se los habían llevado o los mataron allí, eso no lo sé. 

¿Qué era lo que buscaban?
Le habían caído a la casa, que era una sede de la organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), de la cual mi papá era el encargado. Allí se atendían a miembros de la agrupación que eran heridos o se recibía a personas que estaban huyendo de la represión, y en ella estaban también mi cuñada, mi madrastra y mis dos hijas.

¿Ese día, en ese operativo, desaparecieron las niñas y el resto de su familia?
Tenemos dos versiones diferentes de testigos; una asegura que al lugar ingresó de retroceso un picop (camioneta) y después salió cubierto con una lona, debajo de la cual posiblemente iban los cadáveres. La otra versión es que de la casa sacaron a dos mujeres y dos niñas que gritaban y pedían ayuda. 

¿Y según usted, qué ocurrió?
Es posible que mis hijas hayan dicho algo, porque ellas eran conscientes de la situación del país, de lo que el ejército hacía, quizás dijeron algo y pudieron haberlas eliminado, eliminar la semilla, pero a mi hermanita de año y medio es posible que la hayan dado en adopción. A mi papá lo habían golpeado, quizás lo mataron.

Cada vez que viene a Guatemala, ¿qué espera encontrar?
Llevo 31 años buscando a mis hijas. Y aún no tengo la certeza de si las mataron, las regalaron, las dieron en adopción, quiero saber que ocurrió, eso es lo que busco; que aparezcan, aunque sea sus cadáveres, para abrazarlos. 

¿Cómo recuerda a las niñas, en el corto tiempo que las tuvo a su lado? 
Es difícil para mí hablar de esto. Rosaura Margarita y Glenda Corina Carrillo Portillo, de 10 y 9 años. Rosaura tenía sentido del humor, reía mucho, era tímida, le gustaba bailar. Glenda era más abierta, extrovertida, muy inquisitiva, recuerdo que un día me preguntó: "mamá, ¿por qué hay pobres y por qué hay ricos, por qué hay gente que tiene tanto, que tiene juguetes y por qué nosotros no tenemos nada?". A su corta edad, mis hijas sabían que no se podía hablar del ejército, que era secreto.

Ha circulado unas fotos en la red social, fotos de sus hijas y de cómo serían actualmente, ¿eso significa que alberga la esperanza de que estén vivas?
Pasé tres años buscándolas en las calles, yo tomaba un bus para irme a la ciudad, al orfanatorio y me paraba horas viendo a los niños cuando salían a recreo para ver si veía a mis hijas; pero no. Albergo la esperanza de encontrarlas como sea, quiero que me digan si las dieron en adopción o dónde están sus cadáveres. ¿Qué hicieron con ellas?

¿Qué ha hecho todos estos años para buscar a sus hijas?

¿Qué no he hecho? Yo salí a finales de 1984 y en ese momento empezó mi trabajo de denuncia y me convertí en una activista de derechos humanos. Me reuní con el grupo de tortura de Naciones Unidas, pedí información al gobierno de los Estados Unidos y me decían que esa información era secreto de Estado.
Busqué en los documentos desclasificados de la Policía Nacional, me he entrevistado con todas las autoridades y tengo el proceso en el Ministerio Público; pero nada.

¿Cómo ha enfrentado usted como madre esa ausencia de sus hijas?
Físicamente, mi cuerpo se ha resentido, porque yo vivo con medicamentos psiquiátricos y me han afectado. Yo duermo medicada; si no tomo medicamento, tengo pesadillas; y mis depresiones duran de dos a tres años. Incluso me he intentado suicidar varias veces.
Pero también pienso que soy privilegiada en cierto sentido, porque hay familiares de desaparecidos en general que no tienen la libertad de hablar donde yo lo hago. Soy la voz de los que no pueden hablar.

Por Sara Más
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La Habana, junio (SEMlac).- La violencia contra las mujeres, en especial la que ocurre en las relaciones de pareja, es un problema social que afecta a localidades rurales y urbanas en todo el país, alertan especialistas.
Así lo hacen constar las profesoras Clotilde Proveyer Cervantes y Magela Romero Almodóvar, reconocidas investigadoras del tema y autoras del folleto "Sistematización sobre la incidencia y manifestaciones de la violencia contra las mujeres en contextos rurales, con énfasis en los municipios de Jesús Menéndez (Las Tunas) y Pinar del Río", presentado el pasado mes de mayo en la capital cubana.
Ambas experiencias en Las Tunas y Pinar del Río, a 660 y 160 kilómetros de la capital, respectivamente, cuentan con el apoyo de sus sedes universitarias, el acompañamiento de Oxfam y evidencian que el maltrato machista "se manifiesta en todas sus variantes, con mayor frecuencia y visibilidad de la violencia psicológica y económica", apuntan las estudiosas.
Aunque alejados geográficamente, ambos equipos de trabajo tienen en común el compromiso colectivo de un grupo considerable de instituciones, organizaciones y actores sociales que apuestan por la transformación de las milenarias relaciones de poder patriarcal que allí perduran, destacan las profesoras.
Ente otras fortalezas, las autoras identifican la labor de gestión del conocimiento que llevan a cabo en torno a las problemáticas relacionadas con la equidad de género y en contra de la violencia hacia las mujeres. 
También la creación de nuevas capacidades en las instituciones universitarias donde radican los dos colectivos, así como el fortalecimiento de las ya instaladas para investigar, formar, capacitar y sensibilizar a profesionales, actores sociales, decisores de los territorios, líderes comunitarios y de distintas organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil.
"Un aspecto favorable ha sido la articulación de actores para el despliegue de las actividades que se realizan; así como el aprovechamiento de las alianzas con proyectos que se despliegan encaminados al desarrollo socio - productivo local", suscriben las autoras.
Sin embargo, agregan que la continuidad del trabajo necesita de un sistema articulado e integral de atención a la violencia de género, de modo que los actores locales no solo sean capaces de identificar las manifestaciones de violencia, sino que puedan encauzar a las víctimas hacia instituciones, organizaciones o grupos de trabajo que garanticen una atención acertada y el acompañamiento que precisan para salir del ciclo de la violencia. 
A juicio de las autoras, en las dos localidades se cuenta con los recursos necesarios para potenciar la creación de dicho sistema; sin embargo, precisan de entrenamientos más especializados para tener una actuación consciente, acertada y comprometida desde la necesaria perspectiva de género y para lograr la coordinación interinstitucional necesaria a favor de un sistema integral de atención a los casos que se presentan. 
Proveyer y Romero instan, además, a darle una mayor prioridad a la violencia contra las mujeres, ya que los estudios realizados son escasos y se caracterizan por ser diagnósticos microsociales, desarrollados a partir del análisis de muestras pequeñas y muy fragmentadas. 
Destacan, igualmente, que en las zonas rurales de las dos provincias estudiadas la violencia adquiere características particulares en comparación con el ámbito urbano.
En esas áreas rurales perviven un fuerte arraigo a la cultura machista patriarcal de forma naturalizada, una marcada división sexual del trabajo y una fuerte incidencia del alcoholismo como factor catalizador explicativo del aumento de los casos en algunas comunidades.
Aunque en ambas localidades son más visibles la violencia psicológica y la económica, también adquiere relevancia la física. 
"Las y los especialistas interpelados perciben un incremento en el número de hechos que dejan huellas en el cuerpo de la mujer o terminan acabando con sus vidas", suscribe la sistematización.
Como en la mayoría de las regiones del país, en ninguno de los dos contextos analizados existe un sistema de detección y atención temprana de los casos, las redes formales de apoyo son insuficientes y limitadas para ofrecer a las víctimas una atención de calidad, que les garantice información, orientación, protección y seguridad para la vida, agregan las expertas. 
Entre los factores que condicionan esta realidad, identifican la falta de una institución que coordine los esfuerzos que se despliegan en cada territorio con este fin, la poca articulación entre actores locales que garanticen un adecuado seguimiento a los casos, la insuficiente preparación de profesionales que tienen a su cargo ofrecer este servicio y la permanencia de mitos y prejuicios machistas.

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México, junio (SEMlac).- La Red Mesoamericana de las Mujeres Migrantes y organizaciones no gubernamentales señalaron que se ha incrementado la violencia hacia las mujeres migrantes en la Frontera Sur, como la violencia sexual, al igual que no se respetan sus derechos laborales.
Carolina Gutiérrez, coordinadora de la Red Mesoamericana, Mujer, Salud y Migración, señaló que Guatemala, Honduras y el Salvador son los países de procedencia donde las mujeres representan casi la mitad de la población en tránsito.
Al concluir el X Encuentro de la Red Mesoamericana de las mujeres migrantes y el Encuentro internacional para el ejercicio de los derechos laborales de las mujeres migrantes, efectuados el 28 y 26 de mayo, respectivamente, las participantes denunciaron la situación de riesgo para las transmigrantes en su paso por México, donde son violentados sus derechos humanos.
Se ha visto que el proceso migratorio para las mujeres es muy vulnerado, en cuanto a sus derechos, algunas han comentado el tema de la violencia sexual que sufren las migrantes, pero también estamos trabajando algunas estrategias para la prevención en el viaje de la migración".
La activista remarcó que se ha incrementado la violencia hacia las mujeres migrantes y la Red Mesoamericana cuenta con un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el corredor Frontera-Huehuetenango-Guatemala-Chiapas.
Mencionó que del lado de Huehuetenango-Guatemala, de donde es originaria, "queremos apostarle a la incidencia en las instituciones públicas para que tengan mayor presencia en el área fronteriza para la atención de las mujeres".
Carolina Gutiérrez dijo que están trabajando en un proceso de formación de defensoras en derechos humanos de las mujeres migrantes.
"Estamos apostándoles a la formación de recursos humanos para que puedan apoyar a las mujeres en su tránsito", dijo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), el trabajo del hogar es la principal ocupación de las trabajadoras migrantes y a él se dedican el 65 por ciento de las salvadoreñas, 49 por ciento de las guatemaltecas y 37 por ciento de las hondureñas.
El comercio, el trabajo agropecuario e industrial, el comercio informal y los servicios son otras de las ocupaciones de las centroamericanas en Chiapas.
Se trata de trabajadoras migrantes jóvenes, en edad productiva y reproductiva, con escasas oportunidades educativas, provenientes de Centroamérica, que llegan a trabajar a Chiapas.

Por la Redacción
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México, junio (SEMlac).- El Senado de la República informó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) construir los mecanismos que permitan erradicar el acoso y hostigamiento sexual en las escuelas de educación superior.
De acuerdo con un comunicado de prensa, la solicitud se realiza a un mes de la movilización más grande que contra la violencia machista haya sucedido y tras la revelación de que existen algunos casos no resueltos, como el de un profesor de la Universidad de la Ciudad de México que pretende ser reinstalado en su puesto o los funcionarios universitarios que no actúan en forma inmediata.
"El acuerdo, discutido ampliamente, pone el dedo en la llaga", comentó la senadora Diva Gastélum, y afirmó que más que legislar, hay que actuar y parar la violencia en las aulas.
El boletín oficial señala que ese punto se aprobó por unanimidad, que fue elaborado por senadores y diputados, para enviar la propuesta a estos secretarios de Estado.
En la argumentación sostienen que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refiere, en su informe de 2016, que organismos de derechos humanos atendieron un total de 758 víctimas de violencia sexual y 38,1 por ciento de los casos ocurrieron en centros escolares.

El 84 por ciento de las víctimas son mujeres
Información de la SEP y de las secretarías estatales de Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas revela, por otra parte, que de un total de 736 asuntos de violencia sexual, 84 por ciento fueron contra mujeres.
Según el estudio, realizado en 2009 por el Programa Universitario de Equidad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 49,3 por ciento de las alumnas (aproximadamente 34.642 personas) admitió haber sufrido algún tipo de hostigamiento.
De las jóvenes víctimas de acoso, 27,1 por ciento refirió haber experimentado "miradas morbosas" o "gestos molestos"; 22,1 por ciento señaló "frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia".
El 2,1 por ciento se vio obligada a cambiar de grupo o dar de baja una materia por acoso sexual, en tanto que 0,2 por ciento sufrió amenazas y castigos para realizar actos sexuales no deseados.
El documento enfatiza que en México existen al menos 32 universidades autónomas locales, una por cada entidad federativa, y solo cuatro de ellas tienen un protocolo diseñado para la atención del hostigamiento y abuso sexual.
Ante ello, senadores y diputados plantearon que se debe requerir a universidades, institutos y escuelas de educación superior, públicas y privadas, la elaboración y aplicación de protocolos de atención para dichos casos.
Adicionalmente, en coordinación con las autoridades educativas, se deben realizar de manera interna, en cada plantel, diversas campañas de prevención e información respecto a esta problemática.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo enfatizó que el acoso sexual en las universidades provoca un severo daño a la educación del país, pues se aprueba o no un examen a partir de que el alumno "se porte bien" con quien lo aplica, no sobre la base de los conocimientos adquiridos.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI expuso que tanto mujeres como hombres son víctimas de hostigamiento sexual, pues hay estadísticas que revelan que maestras incurren en acosos de diversas formas, como la "supervisión" de tareas.
El problema escala, apuntó, porque no hay mecanismos efectivos de denuncia; por el contrario, en caso de que un estudiante o alumna se queje, es más fácil que los reprueben.
El estudio de la UNAM destaca que la falta de denuncia radica en el temor, entre el alumnado, de que la autoridad académica sea omisa en su atención o a ser blanco de juicios y críticas de la propia comunidad universitaria, pues se tiende a proteger a la institución o al agresor por encima de las víctimas.
"Esto es muy grave porque marca a los estudiantes. Imagínense a un joven que, con mucho esfuerzo, llega a la educación superior. Es la parte final de la preparación de un hombre y una mujer", enfatizó la senadora Gastélum Bajo, y propuso que en el Congreso se trabaje en un marco jurídico para establecer protocolos a fin de erradicar eficazmente el acoso y hostigamiento sexual en instituciones de educación superior.
En lo anterior coincidió la diputada Genoveva Huerta Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), al destacar que el acoso y el hostigamiento sexual atentan contra la integridad física y psicológica de los jóvenes, por lo que es urgente erradicarlos.
Lamentó que, en el ámbito académico, el acoso sexual se aplique verticalmente, pues los profesores y maestras se aprovechan de su posición para abusar del estudiantado.

Por Sylvia R. Torres
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Managua, junio (SEMlac).- Se mata a una mujer para aterrorizar a todas las demás, dice la feminista mexicana Marcela Lagarde. Pero el crimen no culmina con la muerte: al femicidio sigue el asesinato de la reputación de las víctimas. Esto es lo ocurrido con la cobertura periodística del asesinato de la joven Xiomara Cruz Torres y con muchas otras víctimas, aseguró a SEMlac la directora de Católicas por el Derecho a Decidir en Nicaragua, Magaly Quintana. 
Guadalupe Acosta, una amiga de la joven asesinada, escribió una misiva pública en su nombre: "Ayer me mataron, pero peor que la muerte fue la humillación que vino después...., cuestionaron a mis padres por no controlarme, me acusaron de usar drogas, de andar en malas compañías y de no darme a respetar, porque claro, yo me lo busqué (el asesinato)"
Este crimen es el número 30, de 33 en lo que va de año. El femicida, Rodolfo García Valenzuela, alias "El Popo", vecino de Estelí, departamento ubicado a unos 140 kilómetros de la capital, Managua, de donde también era oriunda la joven, había sido reportado como la última persona que la vio con vida. Pero no fue sino hasta 45 días después que la policía lo re capturó y confesó.
En el mes y medio que transcurrió entre la denuncia de desaparición y el descubrimiento del cadáver enterrado en la casa de "El Popo", los familiares y las amistades de la joven empezaron a clamar en Facebook y Twiter por la aparición de Xiomara, de 23 años. 
La denuncia, que saltó de las redes sociales a los medios nacionales, dio inicio al descuartizamiento simbólico de Xiomara. Cuando aún estaba desaparecida, un ex novio Farrington Blandón Talavera, declaró al diario La Prensa que la joven "siempre se relacionaba con empresarios y hombres adinerados que hasta caminaban armados". 
La Policía Nacional investigó el caso como "persona circulada por desaparición"; sin embargo, el exnovio declaró que el Facebook de Xioomaria Cruz estaba a veces activo. 
Los medios de comunicación empezaron a publicar las fotos de la agraciada joven y las especulaciones aumentaron. Un diario nacional publicó que la habían visto en México, mientras tanto su cuerpo yacía en el jardín de la casa del asesino.
El "asesinato de reputación o de personalidad" (character assassination en inglés), según especialistas, consiste en un proceso deliberado para destruir la credibilidad y reputación de una persona, institución o grupo social, dijo Berta Massiel Sánchez, trabajadora dirigente del Fondo Centroamericano de Mujeres, FEMCAM. 
Esta práctica, realizada abierta o encubiertamente, se basa en la diseminación de acusaciones falsas (verbales o judiciales), fomento de rumores y la manipulación de información para justificar los crímenes y abusos, culpando de estos a la víctima, dijo a SEMlac.
La noche del 28 de mayo la policía finalmente confirmó el hallazgo del cadáver y, aunque generalmente se les desea a las personas que mueren que descansen en paz, la campaña contra su reputación arreció.
Un presentador del Telenoticiero de Canal 8, Erick Ruiz, publicó en su cuenta Twitter, "supe que la joven Xiomara andaba del 'timbo al tambo' (por todos lados) con extranjeros----con hombres mucho mayores y exhibiendo lujos… ¿Era tan inocente como la pintan?", preguntó.
La protesta no se hizo esperar. El Movimiento feminista emitió un pronunciamiento dirigido al propietario del medio de comunicación, Laureano Ortega Saavedra, hijo del presidente Daniel Ortega. En él texto las feministas exigían una disculpa pública.
Otros personas, como el catedrático Guillermo Cortéz Domínguez, hizo un llamado a la conciencia de las personas que usan las redes sociales: "He leído en Facebook deplorables opiniones de hombres que son reveladoras del estado de enajenación en el que viven, pues no se dan cuenta del alcance de lo que escriben, víctimas de prejuicios y valores inventados por la antilógica de la dominación machista sobre las mujeres, y hasta caen en la apología del crimen, lo aplauden, lo celebran. Y siendo esto algo inhumano, uno debe pensar que a lo mejor no están conscientes de ello, del significado brutal de lo que dicen. ¿Y sus madres, y hermanas, o hijas?", publicó para sus seguidores en Facebook. 
Varias marchas exigiendo justicia por el asesinato de Cruz Torres han tenido lugar en Estelí y la última, el 3 de junio, fue en la capital, Managua, Ese día, una comisión se personó en las instalaciones del canal de televisión TN8 para repudiar el mensaje del periodista, Erick José Ruiz, a quien los familiares de Xiomara Cruz señalan por re victimizarla en las redes sociales. La comisión fue recibida por Norma Castellón, del Área de Política de la televisora.

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