Violencia de género

Violencia de género (423)

Por Elva Narcía Cancino
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Xalapa, México, septiembre (Especial de SEMlac).- Su marido le quemó el cuerpo con agua caliente e incendió la ropa que la joven de 17 años tenía sobre la cama.
Llevaba ya algún tiempo sufriendo violencia física y sexual por parte del hombre con quien se casó a los 15, pero ese episodio fue el que la decidió a pedir ayuda al Instituto Municipal de la Mujer de la ciudad mexicana de Xalapa. Al llegar allí, lo único que quería era que la psicóloga le asegurara que él iba a cambiar.
La psicóloga Nancy Villegas García, coordinadora de Desarrollo Humano y Oportunidades de ese Instituto, recuerda que el día en que la joven llegó a sus oficinas se encontraba en un estado total de negación. "Tenía coraje contra su madre, más que contra su pareja", relata.
"Muchas jóvenes optan por la vida en pareja a temprana edad y esperan encontrar en su nuevo hogar protección, cariño, seguridad y, en muchos casos, no es así; el impacto psicológico que confronta la realidad contra las expectativas puede ser brutal", asegura Villegas.
En el estado de Veracruz, desde 2014, la legislación ya no permite a menores de edad contraer matrimonio; sin embargo, ello no ha impedido que niñas, niños y adolescentes continúen optando por la vida en pareja.
Arturo Narváez Aguilera, coordinador de la Red por los Derechos de la Infancia en Veracruz (REDIM), ve como "un marco ideal" que en todos los códigos civiles del país quede prohibido el matrimonio de menores de edad, pero admite que el panorama es mucho más complejo.
"Ante la ausencia de otras alternativas de vida, para muchas niñas y adolescentes el cohabitar con hombres mayores de edad -con un contrato matrimonial o no de por medio-, parece ser la mejor o única opción para intentar lograr seguridad económica, protección o para llenar vacíos emocionales", señala.
Narváez Aguilera comparte una serie de cifras de REDIM, las cuales ilustran la situación en México: 323.936 adolescentes están casadas en unión libre o son divorciadas o viudas, y agrega que 198.426 tienen al menos un hijo.
Según los especialistas, el matrimonio y la vida en pareja a una corta edad están muy relacionados con el embarazo infantil, y en ese sentido las cifras hablan por sí mismas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en Veracruz una de cada cuatro mujeres embarazadas es menor de 20 años.
Ocho entidades del país concentran 51 por ciento total de nacidos vivos en adolescentes, una lista encabezada por el Estado de México, con 53.329; seguido por Veracruz, con 25.729. Después están Jalisco, Puebla, Chiapas, Guanajuato, Ciudad de México y Michoacán.
Para el coordinador de REDIM, la reforma al Código Civil que establece los 18 años como edad mínima para el matrimonio es un avance en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero asegura que los marcos normativos no son suficientes cuando se habla de patrones culturales y formas de vida.
"La lógica legalista no es suficiente, se necesita pensar en políticas públicas más amplias, que mejoren las condiciones de vida de las familias."
"En la ciudad de Xalapa, por ejemplo, muchas familias vienen de zonas rurales buscando alternativas de sobrevivencia, se asientan en las periferias, viven en hacinamiento, hay un despertar sexual muy temprano porque no hay espacios de intimidad para los papás, se reproducen patrones de violencia física y verbal, la escuela no es una alternativa porque se trata de familias de seis hijos o más", señala.
Los datos estadísticos del Registro Civil de Xalapa muestran la dimensión de la problemática. Xalapa es uno de los 13 municipios de la entidad con un mayor índice de nacidos vivos registrados de madres menores de 20 años de edad.
De 2000 a 2016 fueron asentados en ese municipio 5.808 niños y niñas de parejas en concubinato; la edad de sus madres fluctúa de los 13 a los 17 años, mientras que la de los padres va de los 14 hasta los 60.
Marga Leticia Morgado, oficial del Registro Civil de ese municipio, asegura que la falta de opciones orilla a las niñas a iniciar una vida en pareja y cree que la información, el conocimiento pleno de los derechos y el trabajo coordinado entre las instituciones podría ser la clave para aliviar la situación.

"La vida en pareja no es lo que yo esperaba"
Leslie Janeth Aldana García de León, atleta de 16 años, no se arrepiente de haber quedado embarazada y dice que nunca consideró el aborto como una opción cuando su suegro se lo sugirió.
Cuenta que durante seis meses intentó ocultar el embarazo porque tenía miedo de la reacción que podría causar en su madre, pero ya la mujer se había dado cuenta y en lugar de enojarse o regañarla, como Leslie esperaba, le ofreció su apoyo y le dijo que ella y el bebé podían quedarse a vivir ahí.
Ella estaba en la secundaria y por las tardes iba al pentatlón cuando conoció a Jairo Manuel Pérez Hernández, un estudiante de preparatoria. Fueron novios un par de años, pero cuando él se enteró de que Leslie estaba embarazada, se alejó e inició una nueva relación con otra muchacha.
Cuando la madre de Jairo supo del embarazo, le pidió a Leslie que se mudara a vivir con ellos y así lo hizo, pero dice que tiene muchos problemas con su pareja.
"Peleamos demasiado porque no sabemos mucho de la vida, pero con el tiempo vamos a ir madurando", señala.
Leslie recuerda que al principio Jairo le tenía rencor y no le dirigía la palabra, pero ahora ya se llevan mejor.
El bebé tiene ya seis meses y, a insistencia de familiares y amigos, Leslie volvió a estudiar, pero afirma que era muy pesado porque tenía que levantarse en la madrugada para amamantar a su hijo y llegaba a la escuela muy cansada.
Quiere seguir estudiando y dice que le gustaría ser ingeniera civil, tal vez lo haga cuando el bebé sea un poco más grande. En lugar de irse a vivir con su suegra, habría preferido quedarse con su mamá y trabajar cuidando niños o limpiando casas para mantener a su hijo.
No se arrepiente de ser una mamá tan joven, después de todo ya no puede hacer nada para cambiar eso, lo que sí les recomendaría a los padres y madres de familia es que cuiden más a sus hijos e hijas y que se tomen el tiempo para platicar con ellos, porque "hay mamás o papás que llegan, hacen la comida y creen que con estar en la casa ya es suficiente".
También les sugiere a las y los maestros que hablen más con el alumnado.
"Les recomendaría que se cuiden, que platiquen con sus papás, que se acerquen a alguien a quien le tengan confianza", explica.
En la misma localidad rural donde está Leslie, en la periferia de la ciudad de Xalapa, en un lugar llamado Las Trancas, vive también María del Carmen García Villalba, una adolescente que una tarde, mientras jugaba fútbol, conoció a quien es hoy el padre de su hija.
Cuando María tenía 14 años, su mamá se dio cuenta de que ya tenía relaciones sexuales e intentó evitarle un embarazo aplicándole una inyección mensual anticonceptiva, pero se la aplicó solamente un mes y al poco tiempo quedó embarazada.
La suegra de María decidió hacerse cargo de la bebé y es quien los mantiene a todos. Para apoyar con los gastos, María decidió entrar a trabajar a un restaurante tres días a la semana y, mientras ella trabaja, su pareja se ocupa de cuidar a la niña.
Al igual que Leslie, María tampoco se arrepiente de ser una mamá tan joven, pero dice que no es feliz, que la vida no es lo que ella esperaba, pues su pareja no se responsabiliza, no estudia ni quiere trabajar. Comenta que desearía que su pareja cambie algún día.
Ella quiere darle a su hija una buena educación y buenos principios y si pudiera volver a estudiar, le gustaría ser chef.

La búsqueda de soluciones
La reforma al Código Civil, la cual entró en vigor en febrero de 2014, es vista con aprobación tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil como por las distintas instituciones de gobierno; sin embargo, se reconoce ampliamente que la prohibición de los matrimonios de menores es solamente un paso en el largo camino hacia la protección de la infancia y de la adolescencia.
Instituciones como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud apuestan a la educación sexual y ven, también, la enorme necesidad de trabajar en la sensibilización de las familias y en propiciar un cambio cultural a través de un trabajo coordinado entre organismos gubernamentales y sociedad civil.
A través de los años, distintos programas y proyectos han sido implementados, pero el impacto real de esas políticas públicas aún se desconoce, no existen diagnósticos profundos sobre la situación de los y las menores que cohabitan en unión libre y la danza de cifras varía de institución a institución.
Entre los programas implementados hay uno en particular que elogian las distintas instituciones. Se trata del llamado "Plan de Vida", un proyecto conjunto del Gobierno del Estado, el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) estatal y la Secretaría de Educación, el cual tiene como objetivo "dotar a las y los adolescentes de herramientas para la vida".
Lo hacen a través de la impartición de conferencias y talleres, "para que mediante la construcción de un plan de vida a corto plazo, las y los adolescentes puedan identificar sus sueños, plantearse acciones y establecerse metas…se busca que las y los jóvenes reconozcan el poder y la responsabilidad de dirigir su vida".
El impacto real de un proyecto como el "Plan de vida" parece estrellarse contra la pared frente a una realidad de marginación y pobreza y ante lo que algunos consideran como "limitadas alternativas" que ofrecen las distintas instituciones.
"Hay comunidades que solamente tienen secundaria o bachillerato", comenta Paz Cervantes Lima, titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Educación, quien describe una serie de acciones que emprenden desde su institución para aliviar el problema, entre ellos, la ampliación de la oferta educativa.
Ella responsabiliza a los medios de comunicación, a las telenovelas, a las campañas de mercadotecnia que reproducen el modelo de la mujer objeto y cree firmemente en la formación de nuevas masculinidades, en la sensibilización de las familias, en la amplia formación de padres de familia y personal docente, particularmente enfrentándolos a sus prejuicios relacionados con la educación sexual y la salud reproductiva.
Entre de los programas de la Secretaría de Educación se encuentran las becas para madres menores de edad, a través de un sistema llamado "Promajoven" y la incorporación de la perspectiva de género en los libros de texto.
Cervantes Lima se refiere con particular entusiasmo a una herramienta didáctica titulada "los colores de la no violencia", la cual está compuesta por 200 fichas, con propuestas de actividades con ejes temáticos en los que se incluye género, discriminación, igualdad, equidad y violencia.
Por su parte, la Secretaría de Salud ha llegado a una conclusión novedosa y así lo explica Rosa Aguilar y Mesa, responsable del Departamento de Salud Reproductiva de esa institución.
"El solo hecho de ir a informar y hacer talleres de capacitación no estaba funcionando, porque estábamos tratando de cubrir nuestra necesidad de servicios".
La idea, dice, es cubrir la necesidad de servicios de la población y a partir de ahí construir una relación de confianza.
"Culturalmente no tenemos esa educación de prevenir y la planificación familiar es un programa realmente preventivo". Como el embarazo no es una enfermedad, su prevención no es vista en las comunidades como una necesidad", puntualiza.
Con el apoyo de los datos estadísticos del Consejo Estatal de Población, la Secretaría de Salud ha identificado 13 municipios con mayor porcentaje de nacimientos de madres niñas y adolescentes y también de muerte materna de menores. Esos municipios son Xalapa, Ayahualulco, Coatepec, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Coscomatepec, Córdoba, Martínez de la Torre, Minatitlán, Poza Rica de Hidalgo, San Andrés Tuxtla, Tuxpan y Veracruz.
Tanto la Secretaría de Salud como otras instituciones enfocarán sus esfuerzos en esos 13 municipios, sin descuidar las 11 jurisdicciones de salud en la entidad. El objetivo es reducir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en 50 por ciento la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años, para lograr las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

De la Redacción
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México, septiembre (SEMlac).- La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y el INMUJERES publicaron el pasado 31 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación mexicana, el Protocolo Único de Prevención, Atención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual de la Administración Pública Federal, en cumplimiento con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Así se informó en un comunicado de prensa en el que se dan a conocer los avances del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
De igual forma se detallan otras acciones por la igualdad, de acuerdo con "las instrucciones" del presidente Enrique Peña Nieto, quien presidió el pasado 8 de agosto la primera sesión pública del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Por ello, dice INMUJERES, también se han realizado reuniones de trabajo y talleres con enlaces de las Secretarías de Estado, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de la Procuraduría General de la República y otros organismos, a fin de que lo antes posible tengan la Certificación de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación.
Un tercer punto se refiere a que las dependencias federales revisan sus programas y reglas de operación e incluyan la perspectiva de género, conforme a los lineamientos de igualdad publicados en junio por el INMUJERES, y se ha iniciado su proceso de revisión y será esta misma dependencia la que valorará los cambios y la implementación de acciones afirmativas.

Mercedes Alonso

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Santo Domingo, septiembre (SEMlac).- Los primeros ocho meses del actual año concluyen en Dominicana con el alarmante saldo de 59 mujeres víctimas de feminicidios, asesinadas por sus parejas actuales o sus exparejas.
De ese grupo de asesinadas, 45 tenían menos de 35 años; 28 fueron asesinadas con armas de fuego, 21 con armas blancas, tres a golpes, cuatro estranguladas, una en incendio y un cuerpo fue encontrado en estado de descomposición.
La presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur de Hernández, manifestó que el país requiere de un registro nacional de estadísticas, que se mantenga actualizado y refleje el número real de estos crímenes, los cuales no se muestran en su total magnitud por parte de las instituciones encargadas de reconocer los feminicidios que tienen lugar.
También hay que considerar la cantidad de hijas e hijos que quedan huérfanos, las edades de agresores, tipo de relación, lugar del hecho y si las víctimas habían puesto denuncias o no.
"Lo que no se mide correctamente no puede visualizarse en su justa dimensión, ni con la confiabilidad que amerita", expresó al diario Hoy el pasado 31 de agosto.
Agregó que "en el banco de datos que llevamos con las informaciones de los medios hay 22 agresores y dos víctimas sin edades registradas, a la vez que se cuentan 56 niñas y niños huérfanos como consecuencia de la violencia; aun cuando pensamos que pueden ser muchas más", señaló.
Fondeur de Hernández observó, además, que las informaciones con las cuales cuentan han revelado que 40 de las víctimas fueron asesinadas en sus hogares, 11 en la vía pública, tres en cabañas, dos en discotecas, dos fueron encontradas en fosas, una en un edificio de construcción y otra en una finca.

"La mataría otra vez"
SEMlac monitoreó los datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, la Policía Nacional y las publicaciones diarias sobre violencia de género, cuyos titulares destacaron los principales medios de comunicación, entre los cuales existen marcadas diferencias.
No obstante, estadísticas de la Policía Nacional exponen que cada 68 horas una mujer ha muerto a manos de su pareja o expareja en lo que va de 2016, y las noticias de los últimos días marcan un incremento de tales crímenes, acentuados por inconcebibles declaraciones de feminicidas, como las expuestas por el asesino de Ana Mercedes Moscoso Rodríguez, Félix Alberto Tifá (Pimpin). "Si volviera a nacer, la mato otra vez", dijo con alevosía frente a los cinco hijos procreados por ambos, que ahora quedan en la orfandad.
Vecinos de la hoy occisa denunciaron que la mujer se mantuvo luchando con su agresor durante varios minutos; pero este le propinó cinco heridas penetrantes en el pecho y el vientre, que le provocaron una hemorragia interna y finalmente la muerte.
Todavía no se recuperaba la población de tan espeluznante acto, cuando se conoció que Anderson Rafael Sanabia mató a martillazos a su cuñada Griselda de Jesús Marrrero, supuestamente "porque le contaba sus andanzas a su esposa, quien reside fuera del país".
Otro feminicidio más legó el luto a los hogares dominicanos al concluir agosto, cuando Joanna Nolasco, de apenas 23 años, recibió por parte de su pareja sentimental, un tal Bocu, una herida de bala en el maxilar interior sin salida del lado izquierdo, que le produjo la muerte instantánea. El crimen ocurrió mientras servía la cena a sus tres niñas.
Aún oficiales de la Policía Nacional adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrin) buscan al culpable.
Podría continuar estas líneas con relatos espeluznantes, reflejados en los comunicados de prensa emitidos por la Policía y recogidos por SEMlac.
Tal es el que protagonizó Rodolfo Cesarín Castillo Peña (El Blanco), quien ultimó a cuchilladas a Yesenia Galvá Familia (Yesy), durante una discusión en la vivienda que ambos compartían, sin que nadie pudiera prestarle ayuda.
Otro fue el de la herida que recibió el hijo mayor de Dania Tavárez, tras ver a su madre recibir dos balazos propinados por Deibis Rubén Hernández (Gambao), quien luego se suicidó. Tres pequeños más quedaron en desamparo.

"Epidemia social"
Desde todos los puntos cardinales del territorio nacional llegan las tragedias. Disparos, cuchilladas, estrangulamientos, golpes contundentes con herramientas y múltiples formas más confluyen en estas acciones criminales. El aumento de feminicidios en la nación dominicana da al traste con campañas educativas y de concientización aplicadas por las autoridades para intentar reducir la violencia de género. 
El flagelo se eleva cada vez más, dejando tras sí cifras que significan vidas de mujeres cuyas ausencias suman ya 1.819 en los últimos 10 años. 
Como "epidemia social" se califica la realidad y se cuestionan con razón las políticas del Estado en la prevención de la violencia. Cada vida que se pierde es un gran fracaso ante la tendencia machista que, desde lo cultural y educativo, no se enfrenta como programa íntegro y multidisciplinario.
Desde la materia penal, más allá de contar con la Ley 24-97 sobre prevención de la violencia intrafamiliar, se impone definir responsabilidades de los actores en materia de prevención y atención a las víctimas y considerar inviolable la magnitud de las penas. 
El reto continúa, mientras los feminicidios aumentan.

Por Sylvia R Torrez
(
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Managua, septiembre (SEMlac).- Este fin de semana, 29 mujeres nicaragüenses fueron encontradas por la policía en diferentes bares de Costa Rica, sometidas a trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. Las mujeres, la mayoría de la región noroccidental del país, fueron atrapadas en una red dirigida por connacionales, que también explotaba mujeres de otras nacionalidades.
Con estas últimas, suman 49 las víctimas rescatadas en los últimos tres meses. 
En agosto, otras 20 mujeres víctimas de trata regresaron al país, luego de ser rescatadas de sus captores en España y Canadá. Las acciones fueron hechas públicas por las autoridades españolas y panameñas días después de que la Organización de Naciones Unidades conmemorara el 31 de julio, día internacional contra la trata de personas. 
En Nicaragua, el anuario de la Policía Nacional reporta unos 45 casos de trata de personas entre 2013 y 2014. No obstante, la población y las autoridades sospechan de la existencia de muchos más. En el mundo, según estadísticas divulgadas por la oficina contra la droga y el delito de la ONU, hay 2,5 millones de personas víctimas de la trata. No obstante, por cada víctima identificada, existen 20 más sin reconocer.
Según la fuente, las dos terceras partes de las victimas detectadas por las autoridades son mujeres, 79 por ciento de ellas sometidas a explotación sexual, seguidas por un 18 por ciento de casos con fines de explotación laboral, trabajos o servicios forzados.
En Nicaragua, la migración hacia España con el propósito de cuidar personas de la tercera edad, o desarrollar trabajos domésticos es atractiva para muchas mujeres empobrecidas, entre otras cosas, porque se habla el mismo idioma y no se requiere visa para entrar al país.
Esta situación fue aprovechada por la red de tratantes que funcionaba desde el 2009, a partir de un esquema común en estos casos, como es hacer falsas promesas, pagar los gastos del viaje, retener los documentos legales y amenazar a las víctimas con entregarlas a las autoridades.
El 8 de agosto, gracias a una llamada telefónica anónima, la policía española desarticuló la banda que explotaba laboralmente al grupo de nicaragüenses. La banda reclutaba mujeres para realizar trabajos domésticos y, como ocurre en la mayoría de los casos, una vez en el país de destino, las despojaba de sus documentos legales y las amenazaba con entregarlas a las autoridades migratorias de ese país.
La esclavitud del Siglo XXI, como se le conoce a la trata, tiene modalidades engañosas, en las que media, en algunos casos, tanto la seducción y como el chantaje.
Según la policía española, para entregar el monto del pasaje a España, calculado en unos 4.500 euros, los tratantes obligaban a las mujeres a entregarles en garantía las escrituras de sus casas en Nicaragua, Pero, además, debían pagar altísimos intereses por la deuda y 70 euros por los costos del alojamiento, lo que terminaba haciendo impagable la deuda.
La red operaba en las ciudades de Murcia, en el sureste de España, y Madrid. Al menos 19 mujeres fueron abusadas sexualmente por el cabecilla de la red, a cambio de "rebajas" en la deuda. Las pesquisas policiales calculan que al menos 185 mujeres son o han sido víctimas de la red. De estas, 44 fueron explotadas laboralmente y 75 fueron víctimas de préstamos usureros
La identificación de casos de trata de personas se dificulta por las visiones patriarcales que esconden el maltrato o el abuso dentro del hogar, y también porque se culpa a las víctimas de caer en las redes, debido al uso de medios sociales de comunicación, como Facebook, o de huir con novios.
No obstante, la señal del funcionamiento de las redes de trata es visible en anuncios de trabajos bien pagados que requieren poca o ninguna calificación, y los frecuentes anuncios sobre personas desaparecidas, a quienes sus familiares buscan en los periódicos o redes sociales.
También contribuye a hacer lucir este negocio como normal la cosificación de las mujeres. Este mecanismo opera, como lo señalara la ya fallecida intelectual francesa Simone de Beauvoir, desde hace más de un siglo, cuando los varones se construyen en sujetos yo y, en oposición, determinan que las mujeres son el "otro", o sea, alguien inferior, natural y exótico que debe ser sometido.
Desde 2006 el Estado nicaragüense ratificó el Protocolo de Palermo, una resolución de la ONU destinada a "prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños", un complemento a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, promulgado por este organismo internacional en 2001.
Como continuidad de este proceso, en 2015 Nicaragua aprobó la Ley 886 contra la trata de personas, que tiene dos propósitos: prevenir, investigar, perseguir y sancionar el delito de trata de personas y, a la vez, proteger y dar atención integral a las personas víctimas, a los testigos, técnicos y todas las personas que intervienen en la investigación y el proceso penal.
Adicionalmente, esa norma establece la creación de una Coalición Nacional contra la Trata de Personas, con la participación de instituciones del Estado, organizaciones internacionales y ONGs que trabajan contra la trata de personas. Y promueve la confiscación de bienes de los tratantes, a fin de que el Estado proporcione atención integral a las sobrevivientes.
Global Community, una ONG internacional, en conjunto con Casa Alianza y fondos de la AID, ha lanzado una campaña de prevención en las regiones autónomas. El objetivo es que la población tome conciencia sobre cómo funcionan las redes criminales de trata de personas, cómo denunciar y estar alertas.

Por Sara Lovera
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México, agosto (SEMlac).- Ana Güezmes, representante en México de ONU Mujeres, llamó aquí a crear un pacto gobierno-sociedad para realmente prevenir la violencia contra las mujeres y asegurar la igualdad, durante una ceremonia en el patio del Museo Interactivo.
Anunció que la Ciudad de México será sede, en 2017, de una reunión internacional sobre ciudades seguras y que los avances podrán ser discutidos y probados, porque hasta ahora la estrategia muestra que es posible revertir el proceso social, cultural y delincuencial de la violencia contra las mujeres.
Frente a las autoridades de la ciudad, la médica española habló de que en Naciones Unidas se ha dado fecha de caducidad a la desigualdad entre hombres y mujeres y que en 15 años la meta es cero violencia de género, reconocimiento al ciento por ciento de los aportes de las mujeres, paridad en todos los ámbitos y ciudades seguras, libres de violencia contra las mujeres.
La agencia de Naciones Unidas para impulsar la igualdad de género y el empoderamiento que ella representa, promovió estas acciones que más tarde anunciaría oficialmente el gobierno capitalino y serán permanentes, tanto en operativos policiacos, cámaras de vigilancia, botones de alerta y otras acciones, que fueron probadas en otras partes del mundo.
Se trata de parar la impunidad y contribuir a la prevención de la violencia de género, dijo la funcionaria internacional, al señalar la importante reunión que próximamente se realizará en Quito, Ecuador, sobre el Hábitat, donde habrá ocasión, igualmente, de contrastar lo que hacen los gobiernos y la sociedad para desarrollar ciudades inteligentes, seguras, amables y con espacios públicos donde la gente, pero sobre todo niñas y mujeres, puedan deambular y estar seguras.
En el patio del Museo Interactivo de Economía, funcionariado de la ciudad, invitadas e invitados, representantes de organizaciones civiles, fueron informados de estas acciones que comenzaron hace poco más de 100 días.

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México, agosto (SEMlac).- En 100 días en la Ciudad de México se realizaron unas 7.000 acciones para prevenir, atender y parar la violencia contra las mujeres, entre operativos, video vigilancia, identificación y cuidado de polígonos peligrosos, apertura de casos de investigación, atención a víctimas, detención de agresores, instalación de botones de auxilio y entrega de silbatos de alarma.
El informe de la estrategia 30-100 fue espacio para presentar la creación de la aplicación APP Vive Segura, que echó a andar el gobierno de la Ciudad de México, ante la ominosa violencia sexual contra las mujeres que transitan por la capital del país.
Con la estrategia, se descubrió que los tocamientos al cuerpo femenino es la forma de agresión sexual más generalizada en el transporte de esta ciudad. Llega a 74,3 por ciento de los casos.
Los hombres tocan a las mujeres en su región pélvica, en los glúteos y en las piernas; las niñas agredidas son 10,5 por ciento de los casos y las víctimas en 56,1 por ciento tienen entre 18 y 30 años. Un 30 por ciento son de todas las edades y condiciones.
Estos datos, suma de acciones y otros descubrimientos, se midieron en poco más de 100 días que duró una estrategia para parar la violencia contra las mujeres que hoy se convirtió en programa permanente, según afirmó la directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Teresa Incháustegui, y que firmó el jefe de gobierno, Miguel Mancera Espinosa.
Se dio a conocer así el balance de la nueva estrategia, a poco más de 100 días en que se pusieron en marcha seis acciones concretas para combatir y parar la violencia, acciones asesoradas por ONU Mujeres.
Para ello, se movilizó a 2.196 policías que realizaron 524 operativos en lugares estratégicos como las 198 estaciones del Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebuses, Paraderos de combis y otros.
Se crearon operativos especiales en polígonos identificados como peligrosos, los que se mantendrán, y se ubicaron 2.484 cámaras de video vigilancia que estos meses estuvieron regadas por toda la ciudad. En una ceremonia de información, diversas voces aseguraron que se ha probado, con esta experiencia, que se puede revertir el acoso y la violencia sexual callejera que hoy afecta a miles de capitalinas.

La estrategia
La Estrategia 30-100, es decir, de poco más de tres meses, creada para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, surgió luego del 24 de abril, cuando en más de 20 ciudades del país las jóvenes, las mayores, las militantes y las estudiantes, muchas otras y algunos hombres tomaron las calles para decir basta de violencia de género.
El informe visual, que se veía en el patio del Museo Interactivo de Economía, el cual cuenta con toda la tecnología, dejó ver a cada paso de la estrategia en la que estuvieron involucradas 15 dependencias del gobierno capitalino y dejó escuchar las voces de mujeres que usaron algunos de los 1.182 botones de auxilio colocados en los autobuses del sistema Movilidad M1, explicó Laura Itzel Castillo, jefa de ese programa y directora del Sistema.
La estrategia permitió además de identificar los rasgos principales de la violencia callejera, dijo Teresa Incháustegui. Se registraron 164 hechos de violencia en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a lo largo de esos 100 días y se identificaron 171 víctimas, se abrieron carpetas de investigación en el 70 por ciento de las denuncias. Hubo 168 agresores detenidos, agresores solitarios, ellos de entre 18 y 40 años en 60 por ciento; lo grave es que el 33 por ciento fueron hombres de 41 a 60 años, lo que habla de la idea que todos los hombres tienen de las mujeres.
Ahora se sabe, por la estrategia emergente, que el 48 por ciento de los abusos suceden en las líneas 1, 2 y 3 del metro, y las estaciones más peligrosas son Pantitlán, Hidalgo y Centro Médico.
También se informó que el 57 por ciento de las agresiones sucede al interior de los vagones, lo que justifica los tres vagones exclusivos para mujeres e infantes menores de 12 años; la estrategia dejó claro que otro 18,3 por ciento de las agresiones suceden en escaleras, pasillo y andenes; que la mayoría de los sucesos se da entre siete y 10 de la mañana; entre 14 y 17 horas y de 18 a 20 horas. Ahí se anclará el programa permanente.

Algunas acciones
La estrategia partió del programa histórico: Ciudad Segura y Amigable para las Mujeres y las Niñas, reforzando líneas de acción: viaja segura, camina segura, participa en tu seguridad, con respuesta gubernamental y campañas de difusión.
Las acciones descritas por Teresa Incháustegui fueron claras: operativos de vigilancia, con policías; reforzamiento de la separación de mujeres y hombres en el Metro, nuevos autobuses Atenea, separación también en el metrobús; botones de auxilio, miles de cámaras en transporte público y mejor sistema de video vigilancia.
Ahora habrá un comité que dará seguimiento al programa, anunció Mancera Espinosa, con la participación de mujeres organizadas y autoridades.
Los operativos policiacos, fueron: 1.439 policías dedicados a ello; en 198 puntos de transporte; 524 operativos en zonas de mayor afluencia y los especiales con 420 policías. O sea, a los probables y reales agresores, los vigilan más de 2.000 policías todos los días.
En las líneas de mayor afluencia como Indios Verdes, Pantitlán, Tacubaya y Buena Vista, se refuerza la policía con otros 337 elementos; en los autobuses nuevos M1 tienen 271 cámaras, 1.182 botones de auxilio, más 35 sólo en Metrobús. Eso sirve para que el C4 actúe.
Además se pusieron en operación para la estrategia 599 cámara del C4, que ahora recibirá la aplicación APP vive segura; hay 345 pantallas dentro del metrobús y 1.220 en las unidades. O sea para que no escapen.
Y se han repartido 25.851 silbatos. En Jalisco y Coahuila ya se imitó. Entre la concurrencia se apreció el esfuerzo. Y se aplaudió la nueva aplicación. Pero todavía no se sabe, dijo el Jefe de Gobierno y varias entrevistadas, cómo cambiar la idea cultural que justifica la violencia contra las mujeres.
Las campañas de difusión son algo, pero se necesita cambiar el contenido de los medios de comunicación masiva y los dichos en las aulas, afirmó Gloria Careaga, dirigente feminista.

 

Por Julia Vicuña
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Lima, agosto (SEMlac).- Miles de mujeres y hombres de distintas edades tomaron las calles de las principales ciudades de Perú el sábado 13 de agosto para expresar su rechazo a todas las formas de violencia en contra de la mujer y protestar por los últimos fallos del Poder Judicial que han absuelto a flagrantes agresores. 
Con el lema "Ni una menos; tocan a una, tocan a todas", en la capital peruana alrededor de 150.000 personas participaron en la marcha. Por primera vez, diferentes sectores de la población se reunieron sin distingo para expresar su voluntad de desterrar todo tipo de violencia hacia las mujeres.
A las tres de la tarde empezó la movilización. En el primer escalón sosteniendo una gran banderola iban las víctimas, familiares y sobrevivientes de la violencia de género. A la marcha se sumaron el propio presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, miembros del Ejecutivo, congresistas y líderes políticos que participaron de la movilización. 
La marcha se organizó desde las redes sociales, con el apoyo de artistas, políticos y otras personalidades, para que su voz sea escuchada ante la injusticia que pasan día tras día, sobre todo, por los casos más polémicos que pasaron las jóvenes Lady Guillén y Arlette Contreras.
En el mes de julio, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho (CSJA) sentenció a Adriano Pozo a un año prisión suspendida, librándose de la cárcel efectiva, indicando que solo cometió delito de lesiones leves contra Arlette Contreras.
Lady Guillén, a casi cuatro años de haber sido brutalmente golpeada, tampoco encontró justicia. En una sentencia polémica, la Primera sala para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima absolvió a Rony García del delito de secuestro y lo condenó a cuatro años de prisión suspendida.
"Ese día me golpearon desnuda en un baño con un cable de televisor. Me escapé por la ventana del departamento para que no me pegaran más, pero para la Fiscalía estuve por voluntad propia", dijo a un medio local Guillén. 
Natalia Iguiñiz, integrante del colectivo Ni una menos y una de las organizadoras de la marcha, dijo a SEMlac que los casos de Lady Guillen y el de Arlette Contreras evidenciaron el nivel de violencia que hay contra las mujeres y la impunidad en el Poder Judicial, "eso destapó la indignación general", indicó.
Señaló que la impunidad hace que ese tipo de violencia continúe y se naturalice en la sociedad. Social y culturalmente los seguimos avalando y hay un sentido común de perdonar una serie de faltas o delitos que cometen los hombres contra las mujeres. Algunos hombres sienten que deben ser agresivos o deben hacer esto porque lo asocian con la masculinidad. 
"Hay un gran reto de todas las instancias de nuestra vida social, incluso en el Estado, que tiene que ver con la forma en que socializamos a niños y niñas, y cómo resolvemos conflictos y canalizamos nuestra agresividad; porque no hay ni una mujer que no haya sufrido una agresión en nuestro país, sea esta física, psicológica o económica", explicó.
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre enero y junio del presente año se han registrado 54 feminicidios y 117 tentativas. De acuerdo a estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Perú es el segundo país en Latinoamérica y el tercero en el mundo con más violaciones sexuales. 
En un pronunciamiento de las organizadoras de la marcha se indica: "interpelamos a un Estado que le ha fallado por demasiado tiempo a las mujeres y que refuerza la violencia que padecemos todos los días".
Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, dijo a SEMlac que la movilización Ni una menos ha sido la marcha más grande en contra de la violencia hacia las mujeres. 
"Luego de años de intensa lucha feminista por colocar el problema de la violencia de género en la agenda pública y política, podemos decir que estamos avanzando en aspectos difíciles, como reducir la tolerancia e indiferencia frente a este flagelo social". 

Por Soledad Jarquín Edgar
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Oaxaca, México, agosto (Especial de SEMlac).- Sueña que un día será doctora, hace poco más de un año terminó su quinto grado de primaria con 9,5 de promedio y el porvenir, en medio de precariedades, le habían hecho prometer a su mamá que la "sacaría adelante…".
El llanto de Lenin interrumpe sus pensamientos; el bebé de apenas tres meses reclama por hambre. Esa es ahora su realidad: un hombre conocido por su familia, el padrino de su mamá, la violó y ella, que entonces tenía 11 años, terminó embarazada.
El miedo de que Federico Cruz Juárez, a quien la pequeña Lilia señaló como su agresor sexual, cumpliera su palabra de matarla y matar a su mamá, paralizó por meses a la niña que ignoraba las consecuencias de la agresión sexual aquella tarde de agosto de 2015.
Santa Catarina Tayata, distrito de Tlaxiaco, es en apariencia un pueblo apacible de casas aisladas, entre montes que reverdecen las milpas por la lluvia de la temporada, de viento fresco, que hace danzar los bosques de encinos, ocotes, enebro y madroño que rodean la población, mientras el sol de la tarde cae en el horizonte. En la pequeña pieza de madera y lámina, de piso de cemento y un corredor, María, su madre, nos recibe tímida.
Mientras Lilia aparece, María trae cubetas de plástico que alguna vez fueron de pintura, las voltea y nos ofrece sentarnos en ellas.
De pronto aparece una niña de 12 años que va de un lado a otro; tiene la mirada tierna, pero hay en su rostro un dejo de tristeza. Sus palabras son certeras, pero no deberían ser las palabras de una niña de 12 años.
"Quiero justicia, que lo metan a la cárcel. Que esté en el reclusorio para que no le haga daño a otras niñas como yo", dice mientras juega con su pelo largo. A diferencia de María, su madre, Lilia habla más rápido, ahora no tiene temor y dice las cosas sin tapujos, como si estuviera leyendo la vida de una extraña y no la suya.
Recuerda que faltaban dos semanas para terminar las vacaciones de verano, que como era costumbre pasaba con la familia de la madrina de su mamá en Tlaxiaco, a unos 25 minutos de su casa.
Lilia entró a la recámara para jugar con la tablet. De pronto escuchó que cerraron la puerta, "era el señor Federico". Se llenó de temor porque la nieta de Federico le había advertido "que se cuidara de su abuelo, nunca le pregunté por qué", dice la pequeña, que no tenía idea alguna de lo que podía pasar.
Le preguntó por qué cerraba la puerta. No hubo ninguna respuesta, de un vilo fue arrinconada contra la pared, se golpeó la cabeza y se desmayó. Cuando despertó, el hombre estaba encima de ella y la volvió a golpear, lo que de nuevo la dejó inconsciente por breves minutos.
Cuando despertó, se sintió adolorida del cuerpo, pero no tuvo tiempo de más, porque vino la amenaza de Federico. Cuando llegó la hija de Federico, le pidió que la llevara de regreso a Santa Catarina Tayata; ella le dijo que no, que todavía faltaban dos semana para terminar las vacaciones. Entonces le pidió que la llevara a su casa, lo que la libró de estar bajo el mismo techo que su agresor por los siguientes 15 días.
Lilia había acompañado a la hija de Federico durante su embarazo y cuando nació la niña se encargaba de jugar con ella. Era normal que se encontrara entre esa familia, donde nunca le pagaron por la tarea de cuidados de la bebé y a cambio le daban fruta y, en una ocasión, sus útiles escolares.
María dice que Lilia regresó muy callada, muy triste, empezó a bajar sus calificaciones y se volvió retraída. Lo que confirma Lilia, quien asegura que sus tíos más chicos se dieron cuenta de que algo le había pasado, pero tampoco tuvo valor de contarles.
En enero pasado, a 20 días de cumplir sus 12 años, la niña sintió un fuerte dolor en el estómago. Lilia y María acudieron al doctor en la clínica, pero el médico no estaba. Las atendió una enfermera, quien sin más le dice a la madre que sospecha que la niña está embarazada. La enfermera no pregunta más y solo le da paracetamol para el dolor.
Un primo de María sugiere que mejor la lleven a un hospital particular. En Tlaxiaco primero acuden a Farmapronto, donde le hacen una prueba de embarazo y confirman la sospecha de la enfermera de Santa Catarina Tayata.
De inmediato se trasladan al hospital Hidalgo. María no puede creerlo: la historia de su vida se volvía a repetir en su pequeña Lilia.
En el hospital, la doctora María Cristina Cortés Tlalolini realiza un ultrasonido. La médica pregunta a María si estaba enterada y si sabe qué ha pasado. Ahí, las preguntas de la doctora le dan las respuestas a María, escucha de su hija la narración y se entera que para entonces la niña tiene cinco meses de embarazo.
Cortés Tlalolini sugiere terapia psicológica y les indica que deben denunciar. Les indica además que vayan con el doctor de la clínica de Tayata para que les extienda un certificado médico diciendo que Lilia tiene un tumor en el estómago, para que no la molesten en el pueblo. Pero en pueblo chico el infierno es grande.
También le sugieren a María que vea si ven posible dar en adopción al niño. María le preguntó a Lilia, ella asegura que no podría dejar que eso pasara.
Unos días después, el Comité de Padres de Familia y el director de la Escuela "Apolonio Hernández", de apenas seis decenas de alumnos y alumnas, mandan un citatorio a María para que explique qué ha sucedido "porque los niños andan diciendo que Lilia está embarazada".
¿Son rumores? La cuestionan los padres y madres de familia. Ella lleva el documento que señalaba que era un tumor, pero decide guardarlo y decir la verdad. No, explica, mi hija está embarazada, la violaron. Suelta de tajo y asegura a SEMlac que, aunque iba dispuesta a decir una mentira, reflexionó que no era justo, "que más valía decir la verdad, para que su niña no se quedará ahí…sin denunciar".
Un grupo de familias y el director la acompañan a ver al síndico para exponer el caso, de ahí se trasladaron a Tlaxiaco ante la Fiscalía. "Declaramos las dos", dice Lilia, con esa serenidad que denota una carga profunda de tristeza. De la Fiscalía salieron varias horas después, sin copia de su denuncia, y desde entonces nada saben sobre los avances de la investigación, excepto que cuando "el pueblo se enteró", Federico Cruz Juárez puso pies en pólvora.

El parto de una niña
Entrada la madrugada del 7 de mayo, la niña Lilia se convirtió en madre. Su mamá la llevó al hospital de Tlaxiaco, todo estaba listo para que se hiciera la cesárea, pero no tenían material adecuado para recibir al niño que, por su peso y tamaño, temían podría necesitar.
Al filo de las 13 horas una ambulancia trasladó a la niña, que en horas se convertiría en madre, hasta la ciudad de Oaxaca. Los 165 kilómetros son recorridos en un promedio de tres horas, en una carretera que atraviesa la difícil orografía de la región mixteca y se enfrenta al pésimo estado de extensos tramos de carretera.
Es el tiempo y es la distancia, es la edad de Lilia, es su cuerpo no preparado para un alumbramiento lo que la traicionan y llega al hospital general Dr. Aurelio Valdivieso en un estado de eclampsia.
La intervención quirúrgica finalmente ocurre antes de la media noche.

La historia se repite
María, a diferencia de Lilia, evade las preguntas. Se escapa entre los recuerdos. Se muerde las lágrimas.
Como Lilia, ella también era estudiante de primaria cuando un pariente cercano, cuyo nombre no quiso revelar, abusó de ella.
Su familia no le dio la espalda, pero tuvo que abandonar la escuela. Unos 12 años después logró terminar la secundaria en el sistema abierto. Le hubiera gustado estudiar, pero con una niña en su vida, desde muy joven, el mundo se complicó.
Su hermana y en ocasiones un tío le ayudaban con los gastos, pero luego con el tiempo la ayuda desapareció.
A pesar de que al principio no sabían qué hacer, el hombre que abusó de ella sí estuvo en la cárcel, había sido sentenciado a 12 años de prisión, "pero salió luego por buena conducta".
Lilia pasó muchos días envuelta en la espalda de su madre, mientras ella trabajaba en el campo o lavaba ajeno.
La niña salió buena estudiante, incluso hasta hoy lo único que les queda es su beca de Oportunidades.
Una vez más.
Lilia sabe que la historia de su madre, que es la suya, se ha vuelto a repetir, por eso quiere no vuelva a pasar y asegura que, aunque le cueste trabajo, va a cumplir su promesa: un día será doctora y va a sacar adelante a su mamá…y ahora a Lenin.
Por lo pronto ninguna autoridad ha atendido el caso de Lilia.

Por Gabriela Ramírez
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Naucalpan, México, agosto (SEMlac).- A un año de la implementación de la Alerta de Género en el Estado de México, el balance no es positivo para algunas organizaciones de la sociedad civil, que reclaman falta de datos, transparencia y seguimiento, aunque las autoridades mexiquenses, aún sin datos, están contentas de "celebrar" este primer aniversario.
Una mesa de análisis sobre la implementación de mecanismo se realizó en este municipio el pasado día 29 de julio, durante la cual Dilcya Samantha Espinoza, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la entidad, dijo sentirse "muy contenta de celebrar" el primer año de la implementación de esta bondadosa figura única en el mundo.
Sin datos certeros sobre las acciones, la Subprocuradora habló escuetamente sobre la implementación en este año de un acompañamiento en los 11 municipios donde opera dicha alerta, la creación de una policía de género, y de células de reacción inmediata que, dijo, "atienden asuntos de carácter emergente o ayudan a aflojar alguna situación que se atore con las autoridades".
Sin la información básica que amerita un análisis como el propuesto por las organizaciones, Espinoza indicó que también se ha creado una célula para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas que solo funciona en cuatro de los 11 municipios y señaló: "encontramos a una niña de 12 años en 14 horas".
Explicó también que han revisado carpetas de averiguaciones previas que se encuentran en los archivos desde 2005. Se analiza, añadió, la razón por las que han sido archivadas y se hacen recomendaciones a los ministerios públicos para que puedan resolver dichos casos.
La funcionaria fue cuestionada severamente por diversas organizaciones ante la falta de datos, de información, de resultados y muchas de ellas explicaron el problema que han representado los Ministerios Públicos, que obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres.
La funcionaria de la Procuraduría estatal refirió, por último, que de 2011 a la fecha, hay 180 carpetas judicializadas de casos de feminicidio y de esas hay 70 sentencias. Sin embargo no dio datos de lo que ocurre en este sentido a partir de la declaratoria de la alerta en julio de 2015.
Al ser cuestionada expresamente sobre el número de víctimas de feminicidios y el total de desaparecidas en las 11 entidades desde la puesta en marcha de este mecanismo, la funcionaria no recordó la cifra.
En la ceremonia de inauguración también se encontraba David Ricardo Uribe, director general adjunto de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), quien tampoco pudo hablar con certeza de las acciones ni del presupuesto ni de los resultados de la alerta.
Por su parte, las organizaciones civiles reforzaron su compromiso de seguir dando seguimiento a las acciones gubernamentales y de hacer llegar las conclusiones de esta mesa a diversas instancias para generar un trabajo colaborativo en favor de las mujeres.
La Alerta de Violencia de Género en esta entidad fue declarada luego de una investigación que dio a conocer que de 2005 a 2014 se cometieron 933 feminicidios, se registraron 4.281 reportes de desaparición de mujeres y se presentaron 26.079 denuncias por violación en territorio mexiquense.
Los municipios donde opera la alerta son: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

Por Isabel Inclán
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Toronto, Canadá, agosto (SEMlac).- El gobierno de Canadá anunció quiénes integran la Comisión Nacional Investigadora de la Muerte y Desaparición de Mujeres Indígenas, que está liderada por la jueza Marion Buller, primera jueza de las Primeras Naciones en Columbia Británica.
La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) reconoce que 1.186 mujeres aborígenes canadienses han sido asesinadas o desaparecidas en los últimos 30 años. 
Un total de 1.017 aborígenes canadienses fueron asesinadas entre 1980 y 2012, mientras que 169 se encuentran desaparecidas desde 1952, reconoció la RCMP en mayo de 2014.
Diversas organizaciones de mujeres exigieron al anterior primer ministro conservador Stephen Harper la creación de una comisión especial que investigue a fondo estos casos de indígenas desaparecidas, lo cual se negó a hacer.
La demanda fue atendida por el actual Primer Ministro Justin Trudeau, quien desde que llegó al poder en noviembre de 2015 prometió la creación de dicha comisión.
La comisión investigadora (MMIW, por sus siglas en inglés) estará integrada por cuatro mujeres y un hombre y operará del primero de septiembre de este año al 31 de diciembre de 2018, con un costo de 553.8 millones de dólares. 
"La pérdida de los sobrevivientes, el dolor, la fortaleza y el coraje inspirarán el trabajo del panel en los próximos meses", dijo la jueza Buller tras el anuncio de este miércoles.
El gobierno federal manifestó su objetivo de "terminar con esta tragedia nacional".
En las diferentes investigaciones que se han realizado anteriormente las organizaciones, como la Asociación de Mujeres en Canadá, las Primeras Naciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han coincidido en que existe un padrón de comportamiento en donde las niñas y mujeres indígenas del norte del país son violentadas.
Las organizaciones demandan que se investigue a fondo esta violencia contra las aborígenes en un contexto sociológico y económico.
Según un estudio del organismo oficial Estadísticas Canadá, las mujeres aborígenes dan cuenta del 21 por ciento de todos los homicidios de mujeres en 2014, lo cual fue 14 por ciento más que en 1991.
Las demás integrantes de esta comisión son: Michèle Audette, ex presidente a la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá; Qajaq Robinson, abogada especializada en asuntos indígenas, nacida en el territorio indígena de Nunavut; Marilyn Poitras, experta en derecho constitucional y de aborígenes; y Brian Eyolfson, abogado de derechos humanos.
El gobierno federal anunció que destinará 16.17 millones de dólares en los próximos cuatro años para crear unidades de información de apoyo a los familiares de las víctimas.
"No tenemos duda de la necesidad urgente de examinar los desafíos subyacentes y sistémicos de esta violencia, incluyendo el racismo, el sexismo y el impacto sostenido del colonialismo", declaró Carolyn Bennett, ministra de Asuntos Indígenas, al considerar "histórico" al anuncio de la comisión especial.
Por su parte, la ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, también de origen indígena, estableció que esta comisión debe identificar las causas de "desproporcionada incidencia de esta violencia" (contra las indígenas).
"Estamos comprometidos a tomar acciones conjuntas para alcanzar la meta de eliminar, tanto como podamos, la violencia contra las niñas y mujeres indígenas", remarcó.

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