México: Eliminar la violencia política de género, reto para 2018

Por Gabriela Ramírez
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México, julio (SEMlac).- El crecimiento exponencial de la violencia política de género en 2016 sumó 143 denuncias en elecciones extraordinarias, ordinarias y únicas en 17 entidades del país, incluyendo la capital mexicana, que renovó la Asamblea Legislativa, lo que supone un reto para el siguiente proceso electoral.
Por ello, en 2018 el propósito es combatir la violencia política contra las mujeres, frente a un escenario alarmante de aumento de casos de agresiones a candidatas que buscarán ser electas para ocupar los cuatro 1.652 cargos de elección popular que se disputarán el próximo año, en los cuales los partidos políticos deberán proponer a la mitad de aspirantes mujeres.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, en el proceso electoral del 2018 se elegirán 629 cargos en 13 elecciones federales y 2.697 en 30 elecciones locales; es decir, 3.326 cargos de elección popular en total. Esto incluye presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y nueve gubernaturas.
Hasta ahora, solo 12 estados han tipificado la violencia política. Dos la han incluido en la Constitución estatal (Chiapas y Ciudad de México); nueve en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz); uno en la ley electoral local (Nayarit).
Oaxaca es la única entidad que además de tener el delito en la Ley de Acceso, tiene tipificada la violencia política en el Código Penal y la sanción incluye penas de privación de la libertad y multa.
Actualmente en la Cámara de Diputados federal se discuten ocho iniciativas, una de ellas enviada por el Senado de la República, para tipificar la violencia política de género antes del proceso electoral 2018.
Sin embargo, se han registrado serios retrocesos como el ocurrido en la Ciudad de México en donde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hizo una modificación al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, para sustituir el término "violencia política en razón de género" por "violencia política".
Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), señaló recientemente que 38 casos de violencia contra mujeres e instituciones electorales se registraron en el país en el pasado proceso del 2014-2015, cifra que creció exponencialmente en 2016, cuando sumaban 143 casos.
Explicó que esto fue "inédito", luego de que, en el proceso anterior inmediato del 2012, apenas habían conocido de dos casos donde denunciaron situaciones de violencia no precisamente política, pero sí en contra de dos mujeres que participan en la vida política.
En el último proceso, ocurrido este año, también se registraron casos de violencia política. A continuación, se presenta un recuento de los hechos ocurridos desde 2015, cuando se puso a prueba por primera vez la paridad en una contienda electoral.

Del estereotipo a la amenaza

La violencia política en los últimos años ha tomado diversas formas. Desde descalificaciones a las mujeres, el uso de prejuicios y estereotipos para demeritar su trabajo y sus capacidades, hasta amenazas que las han llevado a abandonar las contiendas.

Violencia política en 2015
En Hermosillo, Sonora, donde competía la ahora gobernadora Claudia Pavlovich, aparecieron mantas colgadas en los principales puentes de la ciudad donde decía: "Las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón" y otra que decía "Las panochas en las coyotas, no en palacio".
La síndica de Pungarbato, Guerrero, Rosalba Rendón, solicitó licencia al congreso local ya que su esposo fue secuestrado y ella ya había sido amenazada.
La precandidata por el Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Aguascalientes, Alma Hilda Medina Macías, recibió en su domicilio una corona de muertos con la leyenda "descanse en paz, perra".
El gobernador de Baja California, Francisco Vega, manifestó el 8 de marzo de 2015 que "las mujeres están rebuenas todas para cuidar niños, atender la casa, para cuando uno llega".
La candidata del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Ecatepec, Jessica Salazar, denunció que fue víctima de agresiones y de un intento de secuestro y dos de sus colaboradores resultaron heridos.
La aspirante a diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Guerrero, Silvia Romero resultó secuestrada mientras se encontraba en campaña. Fue liberada un día después.

Los casos de 2016
A más de 90 días de la toma de posición como presidenta municipal de Oxchuc, Chiapas, María Gloria Sánchez Gómez enfrentó la inconformidad de pobladores que tomaron la cabecera municipal. Hubo saqueos, incendio de viviendas, entre las cuales se encontraba la de ella misma, así como la quema de vehículos, secuestro de habitantes que simpatizan con la munícipe, bloqueos carreteros e incomunicación vía telefónica.
La candidata al gobierno del Estado por el Partido del Trabajo en Zacatecas, Magdalena Núñez, fue abandonada cuando la dirigencia estatal decidió declinar a favor del aspirante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
La postulante a la gubernatura de Aguascalientes, Lorena Martínez, fue objeto de "ataques machistas" por parte del candidato del PAN a la gubernatura.
Las aspirantes a la gubernatura de Puebla acusaron de actos de intimidación, como la persecución de la que fue objeto Roxana Ronquillo, del PRD, y su equipo luego de que supuestamente los habían confundido con delincuentes por parte de elementos de la policía. Ana Teresa Aranda Orozco, del PAN, acusó al gobernador de pretender sacarla de la contienda electoral y, finalmente, Blanca Alcalá Ruiz, candidata priista, anunció un movimiento de "resistencia civil pacífica" y un ayuno para exigir equidad en la elección luego de la intromisión del gobernador Rafael Moreno Valle en el proceso electoral.
En Hidalgo, Guillermina Melo Vargas, quien buscaba la presidencia municipal de Atitalaquia, decidió retirarse de la contienda luego de que su casa fue incendiada.
Rosa Pérez, presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas, enfrentó a un grupo de opositores que solicitaba su renuncia por ser mujer. Fue la cuarta alcaldesa en Chiapas obligada a solicitar licencia para separarse del cargo, de un total de 35 que fueron electas en el proceso electoral de 2015, tres de ellas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y una del PRI, Chanal, Oxchuc, Chenalho y Tila.
Con gritos e insultos un grupo de hombres negaron que Virginia Olivera Aguilar fuera considerada como candidata a la presidencia municipal de San Lucas Quiaviní, Tlacolula, Oaxaca, porque para ellos el lugar de las mujeres está en su casa.
Felicitas Muñoz, presidenta municipal de Cuilapan, Guerrero, de Movimiento Ciudadano, ganó las elecciones el 7 de junio de 2015 e inició su gestión el 31 de septiembre del mismo año. En mayo de 2016 tres regidores de su cabildo encabezados por el síndico, exigieron su renuncia, argumentando que una mujer no podía conseguir obras y acusándola de desvío de recursos sin que dichas acusaciones fueran fundamentadas. Su casa fue baleada, luego allanada, su sala, colchón y el tanque de gas fueron llevados al zócalo de la población donde fueron quemados. Hasta la fecha, Felicitas Muñoz mantiene un gobierno itinerante, pues el municipio fue tomado por sus agresores.
Samantha Caballero, presidenta municipal de San Juan Bautista del Soto, Oaxaca, del PRI, ganó la elección el 5 de junio de 2016 como presidenta municipal. Luego de la toma de protesta, el síndico y los regidores de Obras, Hacienda y Educación ocuparon el palacio municipal, sellaron las puertas, cambiaron las chapas, se llevaron todos los vehículos, la ambulancia, el carro de volteo y las patrullas. A la fecha, la presidenta municipal no ha podido ejercer sus funciones de manera cabal ni en condiciones de seguridad.
La presidenta municipal de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, denunció ante las autoridades competentes ser víctima de violencia política a partir de su registro por la candidatura en San Pedro Atoyac, pues recibió amenazas, insultos y agresiones físicas que tienen la finalidad de impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales, ya que se ha exigido que renuncie al cargo.

2017, Edomex:

Delfina Gómez denunció en febrero a través de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, que el PAN y el PRD realizaron ataques en su contra a través de redes sociales.
En 2017, la excandidata a la alcaldía de Toluca, Mónica Fragoso, denunció ante el Tribunal Electoral que el dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) Genaro Martínez la expulsó del partido, argumentando supuestas acciones de deslealtad al partido, pero ella aseguró que fue porque "es mujer".

De la amenaza, al asesinato
La violencia política alcanza también otros niveles. Luego de instaurada la paridad ha cobrado ya dos vidas.
En 2015 Aidé Nava, precandidata del PRD por la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, fue hallada decapitada.
En 2016, la perredista Gisela Mota Ocampo, presienta municipal de Temixco, Morelos, fue asesinada.
El escenario para 2018 será complejo para las mujeres que, a golpe de sentencias, seguirán haciendo valer la paridad en México, según estimaciones de las expertas.

 

 

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