Perú: Victoria de las mujeres, el Estado debe entregar píldora del día siguiente

Por Julia Vicuña
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Lima, agosto (SEMlac). El Ministerio de Salud (Minsa) tiene un plazo de 30 días para redistribuir de manera gratuita el anticonceptivo oral de emergencia (AOE), más conocida como píldora del día siguiente, en los centros de salud públicos del Perú.
El Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la medida cautelar presentada por Cristina Gómez y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), en el juicio que abrieron en 2014 contra el Minsa.
En julio de ese año Gómez presentó una acción de amparo para que el Minsa redistribuyera la píldora en los centros de salud públicos. 
El Tribunal Constitucional (TC) del Perú, en 2009, restringió esta política de salud porque existía una "duda razonable" sobre la naturaleza abortiva del levonorgestrel (principio activo de la píldora).
"Fue un acto discriminatorio la sentencia del TC porque prohibió la distribución gratuita del AOE, pero no su comercialización", explicó a SEMlac Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).
Chavez señaló que es una obligación del Minsa distribuir ese anticonceptivo y que "de no cumplir la orden del juez sería una vulneración al Estado de Derecho y creo que a estas alturas, después de lo que el país ha vivido con la marcha 'Ni una menos', la sociedad civil está mejor informada. El gobierno central tiene que asignar los recursos, los gobiernos regionales hacer compras y adecuar los servicios en el más breve plazo", advirtió.
"Este nuevo fallo tiene un enorme valor, ya que permitirá que miles de mujeres sin recursos tengan acceso a este anticonceptivo", afirmó.
Por su parte, la ministra de Salud, Patricia García, declaró a un medio local que la píldora del día siguiente "era una necesidad", mientras que Mercedes Aráoz, segunda vicepresidencia de la República, saludó la decisión del Primer Juzgado Constitucional de Lima y resaltó "que era muy injusto que la gente sin recursos no pudiera utilizarlo". 

Demanda cruza fronteras
María tenía 19 años cuando la violaron. El 23 de marzo de 2014, un grupo de hombres, entre ellos un excompañero de la escuela, abusaron de ella en una zona rural de Huánuco, a 410 kilómetros de Lima.
Cuando sus padres la llevaron al hospital, condicionaron su atención inmediata a tener una denuncia. El 25 de marzo, dos días después de la violación, la obstetra le dejó una receta con el nombre de un medicamento a los pies de su cama. Cuando preguntaron en la farmacia del hospital sobre la pastilla, les dijeron que no se la podían dar.
Luego de buscar en diferentes farmacias, sus padres le administraron la pastilla de manera inadecuada, a falta de indicaciones. María no quedó embarazada, pero esta es la historia de miles de peruanas. Cientos de ellas sí quedan embarazadas. 
Frente a esta realidad, María, con el apoyo de PROMSEX, Demus, Paz y Esperanza y el Centro de Derechos Reproductivos, denunciaron al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición del AOE en centros de salud públicos, violando los derechos de las mujeres víctimas de violación sexual a utilizarlo.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Perú es el único país de América del Sur que no tiene distribución gratuita de la píldora del día siguiente.
En este país los casos de embarazo han aumentado de 12,5 a 14,6 por cada 100 adolescentes entre 2011 y 2014, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Endes 2014, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El 60 por ciento de embarazos adolescentes de 12 a 16 años es consecuencia de la violación sexual que ocurre dentro del ambiente intrafamiliar, advierte Save the Children.
En esta nación latinoamericana muchos de los embarazos adolescentes terminan en muerte, debido al poco acceso que tienen las jóvenes a los servicios de salud y porque recurren al aborto clandestino ante un embarazo no deseado.

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