Género

Género (385)

Por Norma Loto 
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Buenos Aires, diciembre (Especial de SEMlac).- Un total de 341.998 adolescentes argentinos de entre 14 y 19 años que conviven en situación de pareja, ya sea en unión consensual o legal por matrimonio, de acuerdo con el último Censo efectuado en 2010 y retomado en el reciente estudio "Situación del matrimonio o convivencia infantil en Argentina", realizado por la Fundación para Estudio e Investigación de la mujer (FEIM), con el apoyo de UNFPA.
La cifra que parece haberse registrado como una estadística más y no como un problema que necesita ser pensado desde las políticas públicas, lleva a la siguiente reflexión: el matrimonio y la convivencia infantil son situaciones invisibilizadas, no solo en la Argentina sino también en la región. Según los datos suministrado por UNICEF, el 18 por ciento de las adolescentes, entre 15 y 19 años, -casi uno de cada cinco- está casada o en una unión informal.
Se considera matrimonio o convivencia infantil "cuando uno de los integrantes de la pareja tiene menos de 18 años, y especialmente cuando las mujeres son menores de 15 años, o sea niñas", define la investigación citada.
Detenerse a pensar en la precocidad para contraer matrimonio o para convivir es reflexionar en cómo esa situación puede reforzar las asimetrías de género donde las más afectadas son las niñas porque "se ven coartadas en sus derechos a la salud, la educación, la igualdad social y cultural, la no discriminación y la vida libre de violencia. El matrimonio infantil impide a las niñas y adolescentes ejercer el derecho a elegir con quién y cuándo quieren casarse (…). La elección de la pareja es un derecho que debe ejercerse en forma libre, sin miedo o coacción".
El mencionado estudio pone la lupa sobe la pobreza como uno de los principales factores del matrimonio o convivencia infantil, a la vez que explica que el matrimonio o convivencia infantil actúa como un "determinante de la persistencia de estas niñas y sus hijos en la pobreza. Las niñas que se casan tempranamente son menos propensas a continuar su educación, con bajos niveles de educación formal tienen acceso a trabajos precarios con menos ingresos, que las mantienen a ellas y sus familias en la pobreza".
Según los datos suministrados por UNICEF, las tasas de matrimonio infantil en América Latina y el Caribe son apenas algo más bajas de la media mundial y subraya que "la prevalencia del matrimonio o convivencia infantil en las zonas rurales es casi el doble que en las zonas urbanas; las niñas de familias pobres y las que viven en zonas rurales son particularmente las más vulnerables".
De los 341.998 adolescentes que conviven en situación de pareja en Argentina, ya sea unión consensual o legal por matrimonio, 111.810 varones de entre 14 y 19 años se encuentran en unión o casados. Mientras que en el caso de las mujeres, 230.188 están unidas o casadas, "lo que representa el 68 por ciento del total y duplica al número de los varones", refiere el estudio.
Las provincias donde se concentra mayor porcentaje de adolescentes de 14 a 19 años, de ambos sexos, conviviendo en pareja son: Buenos Aires (38,5 %), Santa Fe (8,7 %) y Córdoba (6,1 %) con los más altos porcentajes. Luego, le siguen Misiones (4,9 %), Chaco (4,5 %), Salta (3,8 %), Mendoza (3,7 %), Entre Ríos (3,6 %), Tucumán (3,5 %) y Corrientes (3,3 %).
Mabel Bianco, presidenta de FEIM, comentó a SEMlac que estos datos fueron impactantes y que también hay casos de matrimonios o convivencias precoces en menores de 13 años aunque son "muy pocos".
"En FEIM -continuó Bianco- estudiamos e investigamos el embarazo adolescente desde hace muchos años, pero nunca habíamos investigado el matrimonio o convivencia infantil. Estamos frente a un problema, porque las niñas no deciden su casamiento. En realidad se les impone por la circunstancia que muchas veces pueden estar vinculada a la pobreza, a la violencia, a la búsqueda de mejores posibilidades; por ejemplo muchas niñas están cansadas de cuidar a sus hermanos menores (y buscan en el matrimonio o convivencia un escape a esa situación)".
La investigación revela que cerca del 16 por ciento (alrededor de 300 nacimientos) del total de todos los nacimientos que ocurren anualmente en este país corresponden a madres menores de 20 años y el 69 por ciento de estos embarazos no son planificados.
En "muchas ocasiones se producen porque los y las adolescentes no saben cómo cuidarse, desconocen su propio cuerpo y aún creen en mitos falsos sobre la sexualidad. Los embarazos no planificados en la adolescencia afectan la continuidad de la escolaridad de las madres y obliga su inserción laboral precoz y en condiciones precarias"
Sin embargo, el embarazo adolescente no es la única causa de la convivencia prematura o el matrimonio. A veces sucede que en "algunos lugares del país, hay familias que promueven favores sexuales o el acercamiento a alguna persona, lo cual ´beneficia´ económicamente a la familia y a la niña".

Círculo de la violencia

La violencia perdura por las asimetrías culturales y si a esa situación se suma la diferencia de edad en el matrimonio o en la convivencia, la situación se torna un torbellino de desproporciones. En este sentido, la investigación revela que las niñas y adolescentes madres "poseen una baja autoestima y carecen de los recursos necesarios para oponerse a la violencia y buscar ayuda adecuada. Su condición de mayor desigualdad de poder frente a sus parejas, constituye una situación de desventaja y desigualdad de poder con sus maridos o parejas, en general mayores que ellas".
Incluso muchas veces esas niñas y adolescentes no pueden negociar con su pareja la utilización de un método anticonceptivo, por lo que quedan "vulnerables no solo a un embarazo no planificado, sino también a infecciones de transmisión sexual, incluida el VIH/sida".
Bianco refirió a SEMlac que en el interior del país y en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires el acceso a la educación no es fácil, lo que hace que algunas familias prefieran que "la niña se vaya a vivir con otra familia o con un señor para que pueda progresar. Pero, resulta que al pasar a esa nueva situación, la menor suele ser explotada, abusada y, en general, embarazada. Así el problema se agranda".
En este sentido, el estudio alerta que muchas veces bajo la apariencia de matrimonio o convivencia, hay "niñas y niños que son vendidos con fines de explotación sexual o son objeto de trata de personas (…) lo cual debe considerarse como esclavitud" Por todo eso, Mabel Bianco hace un llamado a "profundizar este análisis que nos va a permitir adoptar políticas públicas para disminuir esto y el impacto negativo que tiene sobre las niñas y su vida futura así con la de sus hijos".

Datos

. Hasta el 2013, sólo Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Cuba, República Dominicana, Guatemala, México, San Vicente y Las Granadinas, Trinidad y Tobago y Venezuela ratificaron la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para el Matrimonio y el Registro de Matrimonios, pero no todos han eliminado el matrimonio o la convivencia infantil.
. El Código Civil y Comercial de Argentina permite el casamiento a partir de los 18 años para mujeres y varones. El o la menor puede contraer matrimonio antes de esa edad, pero con la autorización de sus representantes legales, juez o jueza
Las menores de edad, por lo general, se casan o conviven con hombres mayores por lo menos entre 10 y 20 años más que ellas.
. La Oficina de Violencia Domestica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que desde el 2009 hasta septiembre de 2016, se registraron 197 casos de violencia en adolescentes de 15 a 19 años por parte de sus parejas.

Por Mercedes Alonso Romero
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Santo Domingo, diciembre (SEMlac).- El embarazo adolescente en voz de sus protagonistas, de la periodista Mayerlin Reyes, obtuvo el premio en Periodismo impreso; en tanto el fotorreportero Vianco Martínez fue galardonado en Periodismo digital, con una serie de reportajes referidos al difícil acceso de niñas y niños a la educación en la zona de la Cordillera Central en la nación dominicana.
Los reconocimientos fueron dados a conocer en la noche del primero de diciembre, cuando se informó de los resultados del XII Concurso Periodístico Sobre Temas de Niñez y Adolescencia.
La corresponsal de esta agencia, Mercedes Alonso, integró el jurado evaluador en las categorías Periodismo impreso y Periodismo digital, junto a las también comunicadoras Riamny Méndez y Naivi Frías, de Visión Mundial, en el cual fueron valorados 55 reportajes, crónicas y artículos. 
El certamen premia cinco categorías de la comunicación social: Periodismo impreso; Periodismo digital; Televisión; Fotografía y Estudiantil, y está organizado por Plan International, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), y Visión Mundial.
Además de los antes mencionados, fueron laureados en la categoría de Fotografía: Niños obligados a crecer a destiempo, del fotorreportero Bayoan Freites, y se otorgó una mención de honor a la fotografía Garras del cáncer, de Jorge Cruz. Aquí integraron el jurado el fotógrafo Dennis M. Rivera, el fotógrafo y curador de arte Carlos Acero, y Paloma Ruíz Ceballos, de Plan International.
El premio para televisión fue declarado desierto, ya que las propuestas no alcanzaron los parámetros de calidad necesarios para obtener tal galardón.
No obstante, en la categoría Estudiantil, evaluada por la periodista Altagracia Salazar, la maestra de cine y producción audiovisual, Maribel Jiménez, y Vianka Olivero, de Unicef, resultaron triunfadoras las alumnas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) Kharla Polonio y Josymil Espinosa, con el audiovisual: No soy una, en el que se denuncia el maltrato y abuso sexual, con profesionalismo y uso eficiente de los recursos audiovisuales.
El jurado hizo hincapié en el esfuerzo investigativo de Vianco Martínez y el uso de una prosa literaria y periodística impecable que expone la realidad estremecedora de la educación en la cordillera Central, cuando habla de niñas, niños y adolescentes sin escuelas, de seres perdidos en el olvido de las montañas, y sensibiliza sobre sus penosas dificultades, en desafío real a la ignorancia de las autoridades y las aletargadas políticas que deben allanar este imprescindible camino.
En el caso del reportaje de Mayerlin Reyes, se resaltó la manera en que aborda la difícil situación que vive el país con el gran número de embarazos en adolescentes, hecho que mantiene a República Dominicana en unos de los primeros lugares en la región en muertes por esta causa. La pobreza y el analfabetismo que abaten a adolescentes en zonas rurales se agregan a estas sensibles historias.
Igualmente, se destacaron con dos menciones de honor los trabajos de Katheryn Luna e Isabel Leticia de Leclerc sobre la niñez con discapacidad, cuya inclusión en las escuelas regulares significa un reto para quienes les educan, padres y madres y para ellas y ellos mismos; y de Manauri Jorge, su investigación sobre los menores con padecimiento del cáncer y cómo la carencia de recursos y de acciones del Gobierno y ministerios impiden evitar muertes por esa causa:
"Eso no pasa en República Dominicana, donde la principal razón de mortalidad oncológica se debe a la falta de sangre, o por tardanza en la aplicación del tratamiento con hemoderivados", subraya en uno de los párrafos.
Niños obligados a crecer a destiempo también mereció un reconocimiento con otra mención de honor en Periodismo Digital, a la periodista Nazaret Espinal, debido a que aborda, con amplio despliegue profesional de los recursos multimedia, un conmovedor relato de la cotidianidad que afecta a miles de menores que deambulan por las calles y avenidas dominicanas.
Este concurso periodístico se celebra desde 2004, a fin de reconocer a los autores y autoras de los mejores trabajos divulgados durante un año en los medios de comunicación nacionales, en los cuales se traten situaciones que contribuyan a sensibilizar y mover la vergüenza de quienes son decisores de políticas públicas y acciones que coadyuven a solucionar problemas que subyacen e invalidan el desarrollo de la sociedad dominicana, y cercenan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De la Redacción
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Tuxtla Gutiérrez, México, diciembre (SEMlac).- La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Lorena Cruz Sánchez, se comprometió con las indígenas a que este gobierno saldará la deuda histórica, y reconoció que hay muchos retos para garantizar que las indígenas ejerzan plenamente todos y cada uno de sus derechos.
Durante la inauguración de la "Reunión Nacional de Casas de la Mujer Indígena 2016", realizado en Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas, dijo que el trabajo que hacen las Casas de la Mujer Indígena, donde se fortalece el acceso de las indígenas a sus derechos sexuales y reproductivos, y a una vida libre de violencia.
En presencia del gobernador del Estado de Chiapas, Rafael Velasco, dijo que es claro que lograr la igualdad entre mujeres y hombres pasa por garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas, en clara referencia de la situación de esta región, donde hace 72 horas fue declarada la Alerta de Género.
Cruz Sánchez reiteró que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, recordó a toda la administración federal, el día 25 de noviembre, que acabar con la discriminación, la desigualdad y la violencia requiere escuchar lo que sucede a las mujeres, reconocer los problemas que enfrentan y poder corregirlos para modelar una mejor nación.
Resaltó la labor gubernamental para con las mujeres de las comunidades originarias. Enumeró las acciones, se cuenta -dijo- con 300 Centros para el Desarrollo de las Mujeres, que junto con las 24 Casas de la Mujer Indígena (CAMI) forman parte de la Red para la Atención y el Desarrollo de las Mujeres; una iniciativa por la cual las mujeres tienen asesoría, acompañamiento, orientación y apoyo; así como opciones y alternativas de educación, salud y empoderamiento económico.
Según la presidenta de INMUJERES, lo que en este sexenio se ha fortalecido es el diálogo con mujeres indígenas líderes para impulsar más y mejores acciones afirmativas y políticas públicas con un enfoque de derechos, género e interculturalidad para contribuir al desarrollo integral de las indígenas.
Entre otras acciones mencionó las becas para las niñas en situación de vulnerabilidad, el Programa de Apoyo a Mujeres Indígenas para Estudios de Posgrado, los apoyos a proyectos productivos o el Programa Mujeres indígenas privadas de su libertad, con el que se busca desenredar el laberinto de complejidades para que las mujeres indígenas accedan a la justicia.
Estos programas, explicó la presidenta de INMUJERES, son el reconocimiento de que México necesita mujeres empoderadas para salir de la pobreza y la desigualdad, y así acelerar el desarrollo sostenible de nuestro país.
Destacó la labor de la Red de Mujeres indígenas, porque trabajan juntas para sacar a todas las que viven violencia y las ayudan a salir de ella. Cuando "nos unimos, hacemos fuerza, nos fortalecemos todas y podemos enfrentar mejor los retos para avanzar más rápido en nuestro empoderamiento", agregó.


Por Gabriela Ramírez
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, noviembre (SEMlac).- No vamos a dejar solas a las mujeres mexicanas que viven en Estados Unidos. Vamos a hacer que se sientan acompañadas y vamos a defenderlas, a ellas y a todos los paisanos. No vamos a caer en una parálisis ni vamos a dar un paso atrás, vamos a estar cerca para informales y vigilando que sus derechos no sean vulnerados.
Así lo dijo la canciller mexicana Claudia Ruíz Massieu, luego de los resultados de las elecciones en el vecino país y de las declaraciones del presidente electo Donald Trump, según las cuales comenzará la deportación de cerca de tres millones de migrantes en los primeros meses de su gestión.
Durante la participación de la canciller en el Seminario de los Centros de Justicia para las Mujeres "Compartiendo historias y fortaleciendo el empoderamiento económico, la Canciller reiteró que las mujeres son una prioridad para la dependencia que encabeza.
Explicó que en febrero de 2016 se crearon las Ventanillas de Atención Integral a la Mujer que buscarán operar en la red consultar de Estados Unidos que tienen 50 oficinas y atiende a más de 12 millones de personas.
A la fecha estas Ventanillas que buscan fomentar el empoderamiento económico de las mujeres, vincularlas con empresarias y romper ciclos de violencia, han tenido 1.200 eventos de protección efectiva en favor 10.000 mujeres migrantes.
Han dado atención a más de 3.000 casos de protección específica de violencia y acompañamiento legal a 1.800 mujeres migrantes privadas de su libertad.
Ruíz Massieu dijo que en la labor diplomática que realizan en la cancillería, lo más importante es que las acciones tengan repercusiones en todas las personas y han buscado que sus acciones conlleven al empoderamiento de las niñas y las mujeres de México.

 

De la redacción
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, noviembre (SEMlac).- Madres de centroamericanos desaparecidos en México serán acompañados por integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante su travesía por el país en busca de sus hijas e hijos.
Así lo informó ese organismo nacional al señalar que a partir del día 15 del presente mes ingresó a territorio mexicano la XII Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos de Centroamérica.
"Buscamos vida en caminos de muerte" es el lema bajo el cual esas mujeres recorren varias entidades mexicanas, donde a sus hijas e hijos se les vio por última vez.
La CNDH señaló que acompañará a la caravana con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de sus integrantes, así como brindar la asesoría necesaria que requieran en las diversas actividades que ese grupo realizará durante su estancia en México.
La caravana inició sus actividades en la región de la Mesilla en Guatemala, para desde allí cruzar por Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas, con destino a la Frontera Comalapa, Comitán y San Cristóbal de las Casas, localidades de ese mismo estado.
El recorrido abarca la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, para continuar por las ciudades de Coatzacoalcos, Córdoba y Amatlán de los Reyes, en Veracruz, Irapuato, en Guanajuato, Tequisquiapan en Querétaro hasta llegar a la Ciudad de México.
De la capital del país se continúa hacia Apizaco, Tlaxcala, y de ahí a la ciudad de Puebla, seguir luego al estado de Oaxaca, donde visitarán Ixtepec, Salina Cruz, Juchitán y Chahuites.
Se movilizaran después hacia Arriaga, Huixtla, Tapachula, Puerto Madero y Ciudad Hidalgo en el estado de Chiapas, donde finalizarán su estancia el 3 de diciembre próximo.
La CNDH explicó que personal suyo de sus oficinas foráneas de Tapachula, San Cristóbal, Villahermosa, Veracruz, Ixtepec, San Luis Potosí y de sus oficinas centrales en la Ciudad de México brindarán apoyo a la caravana y a las organizaciones civiles que la acompañan.
Indicó el organismo nacional que ha alertado a las autoridades, en dos informes especiales en materia de secuestro de personas migrantes, del alto riesgo que atraviesan las personas extranjeras en contexto de migración en su tránsito por México.
Precisamente por no querer ser visibilizados por las autoridades, las y los migrantes son más susceptibles de ser víctimas de secuestro, extorsiones o desapariciones por parte del crimen organizado y de la delincuencia común.
Esa situación también ha sido denunciada por las organizaciones de la sociedad civil, quienes han externado su preocupación por hechos de inseguridad contra las personas que emigran de sus países en busca de mejores condiciones de vida.
Las madres centroamericanas de las y los desaparecidos realizan la caravana, que ya va en su 12 edición, con el objeto de buscar familiares que transitaron por México y cuyo paradero se desconoce.
Esas madres muestran las fotografías de sus hijas e hijos, y son apoyadas por diversas organizaciones de la sociedad civil, realizando un recorrido por las principales rutas que atraviesa las personas que han emigrado de sus países con la intención de llegar a los Estados Unidos.
La caravana lleva a cabo diferentes actividades en cada localidad a la que arriban, como visitas a plazas públicas, vías del tren, albergues, hospitales y reclusorios, entre otros.
Eso ha traído como resultado el reencuentro de algunos miembros de la caravana con sus familiares, tal como lo ha constatado la propia CNDH en varios casos.

Por Mercedes Alonso Romero
(
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Santo Domingo, noviembre (SEMlac).- La sociedad dominicana reaccionó indignada el pasado miércoles 10 ante la actitud agresiva de un diputado, frente a las expresiones de la joven legisladora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, quien criticó en el pleno de la Cámara Baja la falta de transparencia para la aprobación de un nuevo endeudamiento por 600 millones de dólares en bonos soberanos, destinados a las plantas de carbón que el gobierno construye en Punta Catalina, en la sureña provincia de Baní.
Los medios televisivos reflejaron la ofensiva imagen de Noel Camacho, parlamentario por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, cuando mostraba en violento acto de irrespeto una correa en su mano, como si pretendiera "dar una pela" a Faride Raful por sus declaraciones.
Poco después declaró que no había amenazado a la diputada, sino que pretendía entregarle la correa a ella para que les castigara, dada la fuerza de sus acusaciones, pero las manifestaciones en contra de tal expresión no se hicieron esperar. 
SEMlac recibió el domingo anterior la declaración del Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP), en el cual se cataloga como "deplorable la conducta del diputado Noe Camacho, por enviar un misógino, salvaje y vergonzoso mensaje a la población, de quien está llamado a velar por los derechos de la ciudadanía y respeto a la Constitución".
El FFMP subraya que lo sucedido en plena sesión de la Cámara forma parte de los mecanismos de la masculinidad violenta para sancionar, disciplinar y castigar a las mujeres que rompen el status quo con el empoderamiento e independencia de actuación.
"Estas conductas de violencia machista constituyen un acto abominable de violencia política contra una mujer, en razón del ejercicio de un cargo público obtenido a través de votación popular, en este caso contra la diputada más votada en el Distrito Nacional", expresa en su contenido el texto, que exige a Camacho "dar pública disculpa a la diputada Raful y a las mujeres dominicanas por todo el irrespeto".
La organización feminista espera que la Cámara de Diputados conozca el incidente a través de su Comisión de Disciplina y evite "que otros actos similares se sigan cometiendo, y que la Procuraduría General de la República intervenga a través de la procuradora general para Asuntos de la Mujer para el correspondiente sometimiento conforme a procedimientos legales, cumpliendo como Estado con el respeto a la Constitución y sancionando la violencia contra las mujeres en cualquier orden".

La crítica
"Estamos comprometiendo por 10 años al país para que comencemos a pagar más de 140 millones de dólares (…) Yo no quiero oír mañana que nosotros no leímos este contrato como pasó con la Barrick Gold, porque todos sabemos aquí la lucha que tuvimos que correr para que el Congreso Nacional resarciera su incapacidad", argumentó la diputada Raful en la reunión plenaria del pasado miércoles 10, tal y como reflejaron los medios de prensa, entre ellos Acento.com, cuya nota agregaba: 
"Bajo bullicio y críticas, la representante por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, Faride Raful, resaltó el pago al que estará expuesto el país, de 140 millones de pesos por 10 años tras la construcción de dicha obra y cuestionó: ¿Existe alguna forma de estimar a cómo se va a vender el kilovatio/hora de esas generadoras a las distribuidoras de electricidad, cuando el presidente Danilo Medina Sánchez y su gobierno no saben cuánto van costar, en qué van a utilizar los 600 millones de dólares, a qué nivel van estos a colocar la obra, ni cómo se van a pagar los 143.960.080 dólares adicionales de intereses y comisiones que genera este empréstito?"
Las certeras palabras de Raful parecieron surtir el efecto de estocadas, cuando sentenció que el Congreso Nacional va más allá de ser un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, aunque así sea visto por sus propios miembros.
"Uno de los compromisos que asumimos en la campaña y en nuestra vida pública es nuestra independencia de criterios, siempre basados en nuestra convicción de lo que es mejor para la colectividad y no para el interés particular ni de un partido al cual representamos ni de nosotros como individuos", indicó la legisladora, quien concluyó que "no será cómplice de lo que suceda porque no tendría cara para ver a mi hijo, sobrinos ni a los votantes de la circunscripción número uno del Distrito Nacional que esperan respuestas".
El diputado del partido oficial Noé Camacho, por su parte, negó que su intención fuera "darle una pela" a la diputada Faride Raful, sino que se quitó la correa para que fuera ella quien se le diera a él, pues consideraba "ofensivas las palabras emitidas durante su intervención en el hemiciclo", expresó a DominicanosHoy el sábado 12. 
Camacho aseveró, además, que Raful "insultó a los diputados al afirmar que ellos van a la Cámara a ganar un buen sueldo, reírse y tener privilegios", lo que a su juicio y en su caso, dijo, no corresponde con la verdad.
En el propio multimedios DominicanosHoy, el veterano periodista Ramón Colombo sellaba este lunes 14, con su reconocido Fogaraté, lo que la mayoría dominicana piensa al respecto y que SEMlac reproduce textual al finalizar estas líneas: 
"¡Ya sabíamos que Faride no iba a ser una diputada más y que iba a hablar siempre en voz bien alta! ¡Ya sabíamos que no sería infiel a su conciencia! ¡Ya sabíamos que Faride, auténtico valor de nuestra mejor ciudadanía, sería consecuente con los intereses de quienes la eligieron! ¡Ya sabíamos que Faride no hablaría a nombre de ningún liderazgo partidista que no sea consecuente con las legítimas demandas de este pueblo! (Y es por todas esas razones, más que valederas, que sus "compañeros" del PRM la dejaron sola, mientras era agredida cuando denunciaba enérgicamente el sospechoso y abusivo entuerto de Punta Catalina y a quienes lo apañan)".


Por Alicia Mendoza
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, noviembre (SEMlac).- A partir del próximo 8 de noviembre se presentará el proyecto de conversión del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) a Centro de Investigaciones y Estudio de Género, anunció el Coordinador de Humanidades de la UNAM, Domingo Alberto Vital Díaz.
Al inaugurar el XXIII Coloquio Internacional de Estudios de Género del PUEG, Vital Díaz informó que el tema de género ocupa un lugar central, ha habido acciones concretas y al mismo tiempo sabemos que hay mucho que hacer, dijo en referencia a las intenciones del rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue.
Explicó que en esa fecha se presentará la primera comisión, de las dos que revisarán la conversión del Programa Universitario de Estudios de Género en Centro de Investigación y Estudios de Género, informó el coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Vital Díaz agregó que "este proceso de conversión del Programa en Centro se ve fortalecido conceptual y argumentativamente gracias a la continuidad del trabajo de una Revista (Debate Feminista) tan consolidada y del Coloquio, entre muchas otras acciones".
Por su parte, Helena López, investigadora del PUEG, detalló que el proyecto de conversión de ese programa en Centro se encuentra en la última fase de revisión en el cuerpo colegiado de la UNAM: "la Comisión de Trabajo Académico decidirá si el proyecto pasa al pleno del Consejo Universitario y ahí se acordará si se acepta o no". 
A su vez, el consejero universitario Octavio Solís señaló que esta posible transformación del PUEG en Centro de Investigaciones y Estudios de Género "permitirá aumentar la plantilla docente".
En el Coloquio, celebrado los días 3 y 4 de noviembre, se llevaron a cabo jornadas académicas sobre la relación entre sexualidad y Estado, con la participación de 45 ponentes de diversos países e instituciones de Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Cuba y México, sobre los temas educación y sexualidad, violencia, comercio y diversidad sexual, derechos reproductivos así como matrimonio igualitario.


Por Gabriela Ramírez 
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, noviembre (SEMlac).- Es necesario analizar y debatir sobre la posibilidad de que las personas privadas de la libertad en México puedan votar, para beneficiar sobre todo a las mujeres en reclusión, quienes sufren un drama mayor, al decir del propio Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Actualmente, la población nacional penitenciaria es de más de 230.000 personas, 6.000 son mujeres que se encuentran procesadas por delitos federales y locales, igual cantidad está purgando una pena de privación de la libertad con sentencia ejecutoria, casi medio millar de niñas y niños viven actualmente en los centros de reclusión en México y 60 por ciento nacieron cuando ellas ya se encontraban en reclusión.
A pesar de que el derecho al voto no es precisamente la mayor preocupación de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, la mayoría de las reclusas en el penal de Santa Martha Acatitla que fueron entrevistadas para una reciente investigación, señalaron que sí les gustaría votar y que para ellas significaría una forma de decir "aquí estamos". 
Este estudio fue presentado recientemente en el TEPJF bajo el nombre de "Mujeres privadas de la libertad y del derecho al voto", elaborado por la experta Corina Giacomello.
La investigadora realizó este proyecto del TEPJF que busca abrir el debate sobre los derechos políticos de las mujeres en reclusión.
Para ello, explica Giacomello, elaboró un análisis de derecho comparado, en donde se muestra que este país es uno de los que tiene marcos normativos más estrictos en la materia, ya que luego de un caso presentado en 2007 y de la reforma constitucional de 2001, solo las personas procesadas en libertad pueden votar y ser votadas. 
"Lo alarmante es que el argumento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar esta situación, es que el Estado no puede llevar el voto a las personas en prisión, es decir el Estado suspende un derecho porque no puede garantizar las condiciones para que la población en cuestión pueda ejercerlo".
En otros países, explica la investigadora, las personas en prisión pueden votar como en Ecuador, Costa Rica, Argentina y España, en donde incluso se hacen votaciones de manera electrónica.
Ella se decanta porque todas las personas en prisión puedan votar, a menos que estén cumpliendo una condena por delitos electorales o contra la ciudadanía, por ejemplo. "Hay que superar esa barrera porque se está dando una discriminación de jure y de facto. Como están en prisiones, parece que sus derechos electorales no son iguales y que no importan, y eso no puede ser", enfatiza.
Es necesario, señala Corina Giacomello, abrir el debate y dejar de lado la idea de que hay que añadir más penas a la prisión cuando se trata de ciertos delitos. Hay ejemplos como el de Canadá, en donde como parte del proceso de reinserción, las personas votan para favorecer su participación ciudadana".
Ante este panorama, la experta propone la reforma al artículo 38 constitucional y a la ley electoral. Además hace un llamado a mujeres en reclusión, familiares de personas privadas de la libertad y organizaciones civiles a promover amparos para generar un debate en la SCJN y una jurisprudencia.
Al preguntarle sobre los testimonios de las mujeres reclusas en Santa Martha, Giacomello explicó que muchas de ellas señalaron que sí les gustaría votar, que es una forma de hacerse visibles ya que no por estar en prisión dejan de formar parte de la sociedad.

 
Por Lirians Gordillo Piña
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

La Habana, noviembre (SEMlac).- Integrantes de la Plataforma de hombres cubanos por la no violencia y la equidad de género proponen desmontar la violencia simbólica y los prejuicios machistas en su labor a favor de una cultura de paz y equidad entre mujeres y hombres.
"Lo principal es desmantelar la cultura patriarcal. Este es un ejercicio difícil porque hay muchas cosas que se ponen en juego cuando analizas lo que ha sido tu vida y lo que pudiera ser, uno entra en conflictos personales que tiene que resolver", reflexiona Sergio Enrique Murlan Vega, uno de los coordinadores de la Plataforma, surgida en 2011.
La agrupación está auspiciada por el Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero (OAR), organización no gubernamental de inspiración cristiana que trabaja junto a otras organizaciones e instituciones de la isla por erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en el país.
Para Murlan Vega, el conocimiento científico y la superación personal son herramientas clave en el proceso de deconstrucción de la masculinidad hegemónica, dispositivo fundamental en la reproducción de la violencia machista.
Sobre estos temas profundizaron integrantes de la Plataforma de varias provincias del país, durante el curso Masculinidades por la no violencia y la equidad de género, organizado por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), del 31 de octubre al 4 de noviembre.
"El conocimiento es básico para poder activar mecanismos de influencia. Con esa información, el conocimiento es poder desde lo positivo para construir una masculinidad no violenta que vive en equidad y que reivindica los derechos de las mujeres", declara la psicóloga Maité Díaz Álvarez, especialista de OAR y principal profesora del curso.
El programa incluyó temas como la construcción histórica de la masculinidad; la cultura patriarcal; el desarrollo de estudios de masculinidades en la isla del Caribe; la paternidad; el vínculo entre la violencia, las inequidades y la masculinidad hegemónica, sus costos para mujeres y hombres, entre otros asuntos.
La Plataforma de hombres cubanos por la no violencia y la equidad de género la integran unos 40 hombres de La Habana, Pinar del Río, Matanzas, Las Tunas y Guantánamo.
"Lo más importante de esta plataforma ha sido que ellos mismos decidieran conformar un colectivo con diversidad étnica, etaria, profesional, territorial y sexual para detener la violencia hacia las mujeres y esforzarse en favor de la equidad", apunta Díaz Álvarez.
Irradiar hacia la comunidad a partir del cambio personal y desde los saberes profesionales es una de las intenciones del trabajo de este grupo de hombres. La crítica a los estereotipos machistas y la violencia simbólica también ocupan un lugar central.
"Estas actitudes y roles uno las va incorporando y, a partir de ahí, vas violentando a tu pareja y a cualquier otra mujer cercana a ti: tu madre, tu hermana, una compañera de trabajo", afirma Sergio Enrique Murlan.
Socializar las experiencias de los distintos territorios representados en el grupo es uno de los retos actuales de la Plataforma. La mayoría de sus integrantes son líderes comunitarios y coordinadores de proyectos sociales en su localidad.
Erney Castillo Lafita lidera el proyecto "Hombres haciendo un poquito de bulla", en el municipio de Baracoa, en el extremo suroriental de la provincia de Guantánamo, a más de 910 kilómetros de La Habana.
"La idea es llamar la atención de las personas, de a poquito. Queremos incidir en nuestra localidad y ayudar a que bajen los índices de violencia. La que más se percibe es la violencia física, porque la psicológica, aunque existe, está calladita al interior de los hogares y centros de trabajo", declaró Castillo Lafita a SEMlac.
El profesor de nivel medio opina que superar la violencia de género y vivir en equidad beneficia a la sociedad en su conjunto.

Por Norma Loto
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Buenos Aires, noviembre (Especial de SEMlac).- La historia de Alika Kinan es una radiografía de la trata y su convivencia con todos los poderes del Estado. Ella fue víctima de trata con fines de explotación sexual y actualmente es querellante en un proceso judicial que se realizará en Usuahia contra sus proxenetas y contra el estado.
El juicio comienza hoy, lunes 7 de noviembre. Por primera vez, una víctima de trata y prostitución será denunciante, por lo que sentará precedente para otros casos similares. Alika tiene hoy 40 años y su paso de víctima a demandante es solo el nudo de una crónica mucho más extensa que aún no concluye.
Los derroteros de Alika la ubican en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Allí, "donde ser prostituta era un orgullo, ya que las mujeres no venían a esta isla por propia convicción, acá se venía a que los gendarmes, militares y policías tengan mujeres a su disposición para saciar sus necesidades", refirió ella misma en una carta pública el año pasado.
Fue prostituida durante 20 años por distintos proxenetas, hasta que en octubre de 2012 se realizó un allanamiento en la whiskería Sheik, donde era explotada. Hasta entonces jamás se había pensado a ella misma como víctima. Más bien, se especuló que su destino estaba escrito desde mucho antes de recorrerlo, pues su madre, tías y abuelas también fueron explotadas sexualmente, a la vez que su padre era proxeneta y consumidor de prostitución 
Marcela D'Angelo, integrante de Campaña Abolicionista "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución", sostuvo ante SEMlac que "Alika nos clarifica la conexión de las complicidades del Estado o de estamentos del Estado con las redes de trata de personas. No es que muchas otras mujeres que pasaron por esa situación no lo hayan expresado, no es que no sepamos que ninguna mafia se gestiona sin el apoyo de estamentos estatales, es que Alika le realiza una demanda concreta al Estado por la complicidad que tuvo en las violaciones a sus derechos fundamentales.
"Con este juicio, Alika -siguió D´Angelo- abre una puerta a reclamos al Estado por los derechos violados y expone crudamente esta complicidad"
Alika contó su historia públicamente: "soy sobreviviente del delito de trata y sigo siendo víctima de muchas formas de violencia: violada a los 14 años; hija, nieta y sobrina de mujeres que fueron prostituidas por el sistema patriarcal, mis padres me abandonaron a la edad de 16 años dejando a mi cargo a mi hermana de 10, hecho por el cual el propio sistema me 'inserta' en una red de trata, donde además de que me vulneran todos los derechos, se me explota sexualmente".
A los 18 años llegó a Ushuaia y cuenta que no tenía ni documento de identidad. Sin embargo, sus explotadores la llevaron a la policía provincial, donde le realizaron la apertura de un legajo en el que se dejaba garantizado que "sí, podía ser una buena ´prostituta´ porque no tenía antecedentes. Luego, la Municipalidad de esa ciudad le hizo una libreta sanitaria. Es decir, que diversos estamentos de Estado han sido cómplices de esa trama. 
Fue en esa ciudad donde conoció a su exmarido, un consumidor de prostitución. Con ese hombre se fue a vivir a España, conformó una familia y, tras sufrir múltiples violencias -ella junto a sus hijas-, decidió "volver a Ushuaia con los tratantes, que por supuesto me recibieron con los brazos abiertos", recordó Alika.
Acerca del allanamiento realizado en Sheik, Alika recuerda que ingresaron "al local y al departamento, gendarmes, fiscales, secretarios, todos eran el enemigo que venía a dejarme sin la única opción de vida que tenía. ¿Cómo yo iba a ser víctima con lo leona y luchadora que era?"
Luego, con el paso del tiempo y ayuda profesional, se reconoció como víctima y se convirtió en demandante. En este juicio, Alika Kinan no es la única, sino que hay otras seis víctimas, pero solo ella es querellante. La imputación en la causa cae sobre Pedro Montoya e Ivana García, dueños del local, y la encargada Lucy Alberca Campos.
Durante la semana pasada y a pocos días de iniciarse el juicio, Alika recibió múltiples amenazas: "Tené cuidado con lo que vas a decir en el juicio", le gritaron en la calle. También su exmarido salió por los medios a manifestarse en contra. Todos estos intentos de callarla despertaron un amplio repudio social que se manifestó a través de un hashtag #AlikaNoEstáSola.
Marcela D´Angelo explicó SEMlac que Alika sufre amenazas y presiones, porque "toca intereses muy sensibles para el proxenetismo internacional. Todas estas denuncias que ha realizado molestan porque tocan personas involucradas en delitos gravísimos, en negocios muy redituables y que financian campañas políticas, cajas ilegales de las policías".
D´Angelo advierte que en Argentina hay intentos para que se reglamente la prostitución y "así el Estado se convertiría en aliado al proxenetismo y proxeneta. Muchas/os legisladores/as se deslumbran con esta perspectiva y de esa manera fomentarían la incorporación de mujeres/travestis y personas trans y reducirían índices de desocupación.
Pero, significaría una forma de ahorrar en políticas públicas para poder salir de esta explotación convertida en "trabajo". 
En tanto, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que está a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, elaboró un comunicado oficial a raíz del comienzo del juicio.
El documento difundido el viernes 4 de noviembre por Protex subraya que, con este juicio, se asiste "a las más variadas formas de coerción que los tratantes suelen usar durante la ejecución del delito: pero ahora somos todos testigos".
Luego enfatiza que Alika Kinan "ya no está sola. No vamos a permitir que callen su voz y no lo vamos a hacer solo por ella, lo vamos a hacer por las más de mil víctimas por cuya explotación silenciosa fueron condenadas más de 350 personas y no pudimos hacer oír en el reclamo acabado de sus derechos. 
Desde Protex, destacan también que hay otras víctimas atravesando largos procesos penales y que es necesario que sean oídas y resarcidas, y que urge la necesidad de "demostrar que hay un Estado dispuesto a brindar protección, a garantizar derechos y a perseguir la extorsión y las amenazas que los tratantes siguen usando contra las víctimas durante el proceso penal".

 

Página 5 de 28
Volver