Mijael

Mijael

Por Soledad Jarquín
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Oaxaca, México, agosto (SEMlac).- En la última década se han registrado en México cerca de 11.000 muertes maternas, a las que se suman unos 400 casos más reportados en lo que va del presente año, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud.
Consecuencia de ello, en los últimos cinco años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 121 recomendaciones a instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como a 26 sistemas estatales de salud, que constituyen el 81 por ciento del total de entidades del país.
De acuerdo con la CNDH, poco más de la mitad de las recomendaciones se emitió por inadecuada atención médica al momento del parto, que derivó en la muerte de 14 mujeres y de 37 bebés.
Para Paola Sesia Arcozzi-Masino y Sergio Meneses Navarro, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en Oaxaca y Chiapas, respectivamente, la muerte materna está ligada a factores como la desigualdad social, exclusión y discriminación por clase, etnia y género.
En entrevista para SEMlac, por separado, ambos reconocieron que ha crecido la infraestructura hospitalaria, pero no basta con abrir hospitales y contratar más personal, se requiere un proceso de sensibilización del personal médico.
Aseguran que si bien en Chiapas y Oaxaca, como en el resto del país, ha disminuido la muerte materna, aún no se alcanzan los Objetivos del Desarrollo Sustentable propuestos para 2015, que es reducir en 75 por ciento la incidencia de muerte materna y garantizar la cobertura universal de la asistencia especializada al parto.

Violencia y corrupción
Esos factores estructurales y, al mismo tiempo, la falta de transparencia en los programas y presupuestos, han detonado en actos de corrupción, muchos de ellos públicos, lo que repercute en la muerte materna y la de los infantes.
Los casos registrados en las recomendaciones de la CNDH muestran actos de discriminación y violencia como gritos e insultos a las pacientes, la falta de atención oportuna, malas valoraciones médicas que provocaron que parieran en jardines, baños o en la calle, violaciones al derecho a la salud de parturientas y la imposición de métodos de anticoncepción sin consentimiento de las mujeres, este último en seis casos.
Salvo los estados de Nuevo León, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Quintana Roo y Tlaxcala, el resto de las entidades tiene al menos una recomendación.
La Ciudad de México, que concentra diversos hospitales públicos del IMSS, ISSSTE, SEDENA y del sistema del gobierno local, tiene 17 recomendaciones; le sigue Oaxaca con un total de 13, con nueve Michoacán, y con ocho en Chiapas y Veracruz, respectivamente.
Las recomendaciones de la CNDH también son por el desabasto de medicamentos, la aplicación de vacunas que provocaron discapacidad y fallecimiento de niños y niñas, denuncias por carencia de energía eléctrica por falta de pago en un hospital y negación oportuna de atención médica a seis personas privadas de su libertad lo que derivó en su muerte.
El sistema de salud en el país ha navegado entre claros y oscuros que repercuten en la salud de la población. Hay acusaciones de corrupción en diversas entidades, las más recientes en Veracruz durante el sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien hoy enfrenta un proceso; en tanto que Germán Tenorio Vasconcelos, exsecretario de Salud de Oaxaca, espera ser juzgado desde la prisión.

Desigualdad persiste
Sergio Meneses Navarro, médico cirujano y doctor en Ciencias de la Salud Pública, refiere que en Chiapas la infraestructura hospitalaria pasó de 10 a 25 hospitales en los últimos 17 años, lo que mejoró la atención médica, particularmente por parto y emergencias obstétricas.
Sin embargo, un estudio que realizó revisando lo sucedido en la primera década de este siglo, revela que la brecha de desigualdad se duplicó entre las mujeres indígenas y no indígenas.
"Las primeras tienen una mayor tasa de mortalidad materna, porque en el fondo no se atienden las causas estructurales de la desigualdad, y en tanto no ataquemos de frente y con claridad las diferencias de racismo, clase y género, no disminuirá la muerte materna", señaló el investigador, quien ha puesto en marcha en diversos hospitales el programa Trato Digno para revertir este problema.
Paola Sesia Arcozzi-Masino, quien ha dedicado 15 años a la investigación de este problema social-médico en Oaxaca, explicó que la muerte materna se reconoce como un indicador muy sensible a las desigualdades de clase social y/o de discriminación étnica o racial que sitúan en mayor riesgo de morir durante la reproducción a las mujeres pobres, que viven en localidades de muy alta marginación, rurales y/o indígenas.
La doctora en Antropología sociocultural indica que para el período 2002-14, el riesgo de fallecer durante la maternidad para mujeres de localidades rurales de Oaxaca fue 4,3 veces mayor que para las residentes en las principales ciudades del estado, incluyendo la capital.
Reconoce, sin embargo, que como sucede en el país, en Oaxaca ha disminuido de manera sensible el número de fallecimientos de mujeres durante el período de maternidad, lo que se explica como resultado de políticas públicas para disminuirla y que han tenido "cierto éxito"; el reto ahora es reducir las brechas interestatales.

Oaxaca…habrá que esperar
El panorama en Oaxaca no es halagador; en entrevista para SEMlac, el secretario de Salud, Celestino Alonso Álvarez, declaró que el déficit presupuestal es de 5.300 millones de pesos (311 millones 764 mil dólares), hay 114 hospitales y clínicas inconclusas desde hace dos sexenios, y la conclusión y operación del Hospital de la Mujer tendrá que esperar para la segunda mitad del próximo año, ya que, aunque se termina la construcción de la primera etapa para 30 camas este fin de año, su equipamiento será hasta el próximo verano.
Alonso Álvarez, el segundo secretario de Salud de la actual administración que está iniciando su octavo mes, apuntó que estabilizar financieramente los servicios de salud de Oaxaca requerirá de al menos dos o tres años más, de ahí que ante los escasos de recursos financieros se tendrán que priorizar las acciones.

De la Redacción
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La Habana, agosto (SEMlac).- En unas dos décadas, Cuba será el país más envejecido de América Latina y su población comenzará a decrecer en términos absolutos, confirman investigaciones emprendidas en los últimos años por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (Cepde), de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).
Para entonces, habrá más población dependiente -infantil y anciana- que personas en edad de trabajar, con el consiguiente impacto en la economía nacional, lo cual sobresale como uno de los desafíos más relevantes para el país vinculados a su dinámica demográfica.
Para el doctor Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos (Cedem) de la Universidad de La Habana, es justamente en el plano económico donde se ubican muchos de los obstáculos a sortear vinculados con el envejecimiento, argumentó en la pasada edición del posgrado de Periodismo y Dinámica de Población, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, a fines de 2016.
"Si partimos de que aumentan los grupos de edades en 60 años y más, y disminuyen los segmentos poblacionales más jóvenes, habrá, por tanto, una afectación sustantiva a las fuerzas de trabajo y a la capacidad productiva", detalló Aja.
Si al cierre de 2016 el 19,4 por ciento de la población superaba los 60 años, para 2035 las personas por encima de esa edad serán unos 3,6 millones, el equivalente a un tercio de los habitantes del país, según la Encuesta Nacional de Envejecimiento, realizada en 2010 por el Cepde.
El estudio, efectuado con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de especialistas del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), ubica a la isla, para entonces, con indicadores muy superiores a naciones como Argentina o Barbados, que hoy muestran niveles de envejecimiento similares.
Esa población, además, será mayoritariamente femenina. Ya en 2015 las cubanas mayores de 60 años superaban en 130.000 a los hombres de igual edad. Para 2050, esa diferencia se habrá duplicado.
Las más recientes proyecciones de la población económicamente activa (PEA), entre 15 y 65 años, elaboradas en 2015, precisaron que las personas en edad de trabajar crecerán, hasta 2021, en casi 68.000, pero a partir de ese momento comenzarán a decrecer y para 2030 se habrán reducido en casi 133.000.
De manera más clara, quiere decir que hasta aproximadamente 2019 entrarán más personas a la edad laboral que las que salgan, hacia 2020 esas proporciones se igualarán y para 2021 ya serán más las cubanas y cubanos dependientes que quienes engrosen las filas de la población activa.
Según el texto introductorio de la "Proyección de la Población Económicamente Activa. Cuba y provincias, 2015-2030. Escenarios tendenciales", del Cepde, la PEA la integran aquellas "personas con 15 años y más, dispuestas a aportar su trabajo para la producción de bienes y servicios a la economía".
Ya a inicios de la actual década, Alberto Frómeta-Sánchez, demógrafo e investigador del Cepde, alertaba sobre la necesidad de prestar especial atención a las políticas socioeconómicas, principalmente en el caso de la distribución de los recursos laborales.
Según este especialista, se debe "lograr una mayor incorporación de la población a la actividad económica, y un incremento sostenido de la productividad del trabajo, que impacten positivamente en el crecimiento de la riqueza social fundamentalmente por la vía intensiva", aseguró en su artículo "Reflexiones acerca del envejecimiento poblacional y la fuerza laboral en Cuba".
En ese camino, a fines de 2008 se aprobó en el país una nueva Ley de Seguridad Social que, entre otras modificaciones, elevó la edad de jubilación en cinco años, tanto para mujeres como para hombres.
En tanto, a inicios julio de 2009 se publicó un decreto ley modificativo del régimen laboral en la isla que autorizó el pluriempleo, como una forma de racionalizar los recursos humanos de cara al envejecimiento de la población.
Las preocupaciones de estos y otros especialistas apuntan, además, a la necesidad de investigar de manera particular el contexto económico y laboral cubano, sobre todo en los recientes años de ajustes al modelo económico y social de la nación.
A juicio de Daylin Ortega, investigadora del Cedem, es en la juventud donde "se manifiestan con mayor fuerza las contradicciones propias del empleo", con lo cual este segmento de población demanda estudios más profundos, sobre todo si se trata de potenciar su aporte al desarrollo en una sociedad envejecida.
Como evidencia, solo algunos datos: la población joven cubana, de entre 15 y 29 años, representa 24 por ciento de la población económicamente activa, según datos de la Onei, citados por Ortega en su artículo "Los recursos laborales jóvenes en América Latina y el caso de Cuba".
Sin embargo, buena parte de esas muchachas y muchachos todavía no se han incorporado a la actividad laboral de forma definitiva, pues aún estudian, o estudian y trabajan a tiempo parcial, lo cual demanda miradas particulares en su análisis como población activa.
En lo que a ocupación se refiere, 50,2 por ciento de los jóvenes cubanos trabajan, 7,7 por ciento estudia y trabaja, mientras 32,5 por ciento solo estudia, detalla Ortega en su texto, publicado en la revista Novedades en Población, en su última edición de 2016.
Mientras que entre los trabajadores predominan los hombres; las muchachas son mayoría de quienes simultanean estudio y trabajo.
Y si se analiza por grupos de edad, "77,4 por ciento de adolescentes entre 15 y 19 años solo estudia, cerca del 70 por ciento de quienes tienen entre 20 y 24 años se encuentran trabajando (50 por ciento) o estudiando (19 por ciento) y la mayoría de los jóvenes de 25 a 29 años solo trabaja (67,1 por ciento)", analiza Ortega.
Finalmente, 17,3 por ciento restante del total de jóvenes del país en edad laboral ni estudia ni trabaja y más de la tercera parte de ellos tampoco busca empleo, según los análisis de esta demógrafa.
En el momento del último Censo Nacional de Población y Viviendas, en 2012, 79 por ciento de los jóvenes trabajadores de ambos sexos estaban contratados en el sector estatal de la economía, mientras que 21 por ciento se desempeñaba en el no estatal.
Sin embargo, Ortega alerta sobre la necesidad de nuevos estudios, pues "las cifras del trabajo por cuenta propia pueden ser superiores en la actualidad como resultado de la restructuración del modelo económico cubano.
"Las nuevas formas de empleo en el sector no estatal que hoy existen pueden haber propiciado una redistribución de la fuerza de trabajo joven a otros sectores económicos", precisa.
El análisis urge, pues puede implicar, además de brechas salariales o de oportunidades, también brechas de género.
Si en el momento del análisis de Ortega, en las categorías profesionales y técnicos de nivel medio se registraba una elevada concentración de mujeres y una categoría importante en el caso de los hombres era la de oficios y operarios, donde había "alrededor de cinco hombres por cada mujer"; en el caso de la distribución por sexo del trabajo por cuenta propia, esas cuentas no están tan claras.
En línea con Ortega, las sociólogas cubanas Magela Romero y Dayma Echevarría también han alertado, sistemáticamente, sobre la necesidad de investigaciones más específicas.

Por Norma Loto
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Buenos Aires, julio (SEMlac).- "No puede ser que los trabajadores nos quedemos en la calle y nos caguen a palos", con esas palabras lanza a las cámaras su indignación Katy Balaguer, una trabajadora despedida de PepsiCo (empresa de bebidas y snacks), ante la represión perpetrada al personal cesanteado por esa multinacional.
La crónica de lo sucedido el pasado jueves se inició el 20 de junio, cuando PepsiCo comunicó el cierre de la planta ubicada en Florida (zona norte de la Provincia de Buenos Aires). 
La empresa emitió una carta argumentando que la localización de esa planta en un barrio residencial conllevaba "la imposibilidad de ampliación ni modernización; la inviabilidad económica derivada de su alta estructura de costos y las dificultades logísticas de acceso y traslados". 
Lo cierto es que el cierre de esa planta deja a 600 familias en la calle, de las cuales un gran porcentaje son mujeres (se calcula que el 50 %).
Desde el gobierno dicen que muchos de ellos arreglaron indemnización. Pero, a quienes fueron despedidos, no es la indemnización lo que les preocupa, sino el hecho de quedarse sin una fuente laboral y la posibilidad de no volver a reinsertarse como fuerza de trabajo.
En Argentina, según el último informe de INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), la tasa de desempleo subió a 9,2 por ciento en el primer trimestre de este año, con un alza de 1,6 punto porcentual respecto del cuarto trimestre de 2016, cuando había sido de 7,6 por ciento.
Las trabajadoras de PepsiCo habían enviado una carta a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Eugenia Vidal, en la cual le pedían que no "use la fuerza contra las mujeres trabajadoras".
En la misiva le contaban a Vidal que "muchas de nosotras somos sostén de hogar, madres solteras, esposas que llevamos parte de lo necesario para sostener a nuestras familias. Muchas trabajamos hace años en PepsiCo y muchas estamos enfermas. Los ritmos de producción y las tareas repetitivas nos causaron enfermedades laborales, como la tendinitis, que nos impide conseguir trabajo en otros lugares. La empresa nos ofrece una indemnización. Pero ¿qué vamos a hacer cuando esto se acabe?, ¿de qué manera vamos a darle de comer a nuestros hijos?".
La carta que antecedió a la brutal represión del jueves, en la que hubo gases, balas de gomas, golpes y palos, advertía a la gobernadora que la jueza Andrea Rodríguez Mentasty y el fiscal Gastón Larrramendi, "en vez de procesar a los gerentes que cometieron el delito de lock out cerrando la fábrica ilegalmente, nos quiere mandar a la Policía Bonaerense para sacarnos de la fábrica donde estamos cuidando nuestros puestos de trabajo. Nosotras nos preguntamos, ¿realmente van a mandar a la Policía Bonaerense, la policía de la Provincia que usted conduce, a pegarnos a nosotras y a nuestros compañeros?".
Nada fue suficiente. Ifantería y Gendarmedía reprimieron en PepsiCo, mientras que el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, justificó el accionar policial diciendo que la "Policía actuó como tiene que actuar". 
En tanto, las y los despedidos de PepsiCo iniciaron una campaña de boicot para que no se consuman los productos de esa compañía (Lay´s, Quaker, Twitos, Doritos, 3D, Pehuamar, 7Up, Tropicana, entre otros).
En solidaridad con empleados y empleadas de PepsiCo, se cortaron las vías del recorrido del Ferrocarril Sarmiento, que comprende un recorrido por la zona oeste de Buenos Aires y desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron a una concentración en Plaza de Mayo de Argentina.

 

 

                                                                                      Rosa Icela Ojeda Rivera.

 

            El día 23 de junio del 2016 una veintena de organizaciones civiles que actúan en defensa de los derechos humanos de las mujeres en el estado de Guerrero, agrupadas en la “Alianza Feminista”, alertadas por el aumento de mujeres asesinadas, desaparecidas y dejadas en calidad de desconocidas en diversos puntos de la entidad,  solicitaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), la aplicación de una medida reparadora del estado de derecho contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género.

 

La violencia familiar que ya dejaba una grave estela de víctimas se agravó con la actuación de grupos de delincuencia organizada ligados al narcotráfico, la trata de personas y la privación ilegal de la libertad. Como consecuencia de la actuación de esos grupos los asesinatos de mujeres aumentaron.

 

            La solicitud de la Alerta de Violencia de Género por parte de la “Alianza Feminista” se fundamentó en el alarmante aumento de homicidios dolosos de mujeres, en un comparativo del decenio 1994-2004 sumaron 318 asesinatos dolosos de mujeres mientras que de enero de 2005 a diciembre de 2015 el número aumentó a 1,449, más del 400 por ciento.

 

            En el estado de Morelos en 2015 la CONAVIM declaró la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios de esa entidad, sobre la base de los datos aportados por la  Comisión Independiente de Derechos Humanos que documentó 530 asesinatos dolosos de mujeres ocurridos entre el año 2000  y 2013. En el mismo lapso, en Guerrero, ocurrieron al menos 1,286 asesinatos de mujeres. Las solicitantes de la AVG de la Alianza Feminista tuvieron más que razones fundadas para solicitar la adopción de medidas especiales para poder poner un alto a la violencia feminicida en Guerrero.

            El 20 de junio de este año la CONAVIM culminó el proceso de evaluación del cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo al gobierno del estado de Guerrero, sobre la violación y el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres y, concluyó, que el estado no cumplió a cabalidad.

 

El gobernador del estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, en un mensaje de voluntad política el día de ayer 20 de junio, se adelantó a declarar la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios de Guerrero. Enhorabuena, la tarea apenas empieza. La voluntad política consecuente deberá garantizar a las mujeres de Guerrero una vida libre de violencia.

 

            El caso de la niña Keyla Rubí Teodoro García, violada y estrangulada el 12 de abril de 2006, en Cruz Grande del Municipio de Florencio Villarreal no puede seguir en “período de instrucción”. El Juez que dictó una sentencia de 8 años de prisión para un caso de feminicidio en el Distrito Judicial de Hidalgo II el 12 de marzo de 2012, debe ser al menos, investigado.

 

Un alto a la impunidad y una justicia pronta y expedita para las mujeres de Guerrero deben sumarse a esa declaratoria de buena voluntad.

Por Alicia Mendoza
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México, junio (SEMlac).- Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación (SEGOB) de México, afirmó que "es urgente evitar el matrimonio infantil, estableciendo como la edad mínima para casarse los 18 años cumplidos, desde el Código Civil Federal".
Consideró inadmisible que en ciertas entidades aún se permita el matrimonio entre menores y abordó seis medidas urgentes para armonizar y legislar que la perspectiva de género esté en el marco jurídico de todo el país.
"En ciertas entidades aún se permite el matrimonio entre menores, el cual suele llevar al abandono escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna y la pobreza intergeneracional", dijo.
Durante el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa de las Comisiones para la Igualdad de Género, de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres y de los Tribunales Superiores de Justicia en las Entidades Federativas, el titular de la SEGOB expuso que, en materia de feminicidio, en algunas entidades "cuando el agresor es un familiar, aún llega a considerarse como homicidio en razón de parentesco".
"Ante ello es necesario que en todo el territorio el feminicidio se establezca como un delito autónomo", insistió.
También destacó que es "imprescindible completar la publicación de las leyes de igualdad y no discriminación en todo el país, sus respectivos reglamentos".
Es importante contar con estadísticas confiables en los temas de procuración e impartición de justicia, para que los datos se puedan desagregar, sean oportunos y permitan diseñar políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. 
Por ello, es necesario establecer en la ley la obligación de las autoridades locales de alimentar el banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres y homologar los datos estatales para facilitar el intercambio de información.
Osorio Chong llamó al funcionariado a "fortalecer y consolidar los Centro de Justicia para las Mujeres", recordó que el gobierno federal se comprometió "a tener por lo menos uno en cada entidad y en algunos dos o tres", por lo que solicitó a las y los legisladores a trabajar "para que los centros cuenten con suficiencia presupuestal y operativa que les permitan cumplir su misión", además de señalar la urgencia de establecer unidades de género en los congresos estatales.
El titular de la SEGOB consideró como logros la paridad de género en la conformación de los congresos, además que en 2018 el principio de paridad también entrará en vigor para el Senado de la República.
También calificó de éxito "la despolitización de la Alerta por Violencia de Género, con ello se tiene un instrumento útil para que las autoridades locales actúen y hagan frente a este flagelo".
Destacó avances en la armonización estatal con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque admitió que "falta armonizar y legislar para que la perspectiva de género esté en los marcos jurídicos de planeación y en los presupuestos estatales, para que nuestras normas incluyan la paridad y se logre una cultura institucional que promueva la igualdad sustantiva".
Por su parte, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), destacó que desde 2014, cuando se llevó a cabo el primer encuentro nacional se establecieron "las pautas para fortalecer el trabajo de la armonización legislativa, y como resultado, se reformaron, adicionaron o derogaron 198 dispositivos legales para garantizar los derechos humanos de las mujeres en códigos penales y 107 en códigos civiles y familiares".
Informó que Inmujeres estableció una agenda con los mecanismos para el adelanto de las mujeres para continuar con la armonización legislativa, además de monitorear el índice de avance por entidad, en el cual se tomó en cuenta las leyes y reglamentos en materia de igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación y trata de personas.
A pesar de los avances alcanzados en la materia, afirmó, aún "nos falta armonizar varias leyes y legislar para que la perspectiva de género esté presente en los marcos normativos estatales de planeación y de presupuesto".
Por ejemplo, detalló, sobre el delito de abuso sexual se ha tipificado en 28 estados, aunque "en tres entidades aún lo denominan atentados al pudor y en otra entidad, abusos deshonestos. Delitos que no reflejan en lo más mínimo el nivel de violencia sexual a la que es sometida la víctima, y en consecuencia los responsables pueden salir bajo fianza o cumplir penas ridículamente bajas".
Cruz Sánchez refirió que, en 2015, el Comité de la CEDAW emitió la Recomendación 33 para instar a los Estados miembros a armonizar una legislación nacional que permita proteger los derechos de las mujeres y garantizar su acceso pleno a la justicia.
Por su parte, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo afirmó que la armonización legislativa significará hablar el mismo lenguaje en materia de género en todos los estados.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República sentenció que "no puede ser normal que una mujer padezca violencia política y se diga 'querías andar en la política, pues este es el precio que tienes que pagar', nosotros no queremos violencia política".
Por ello, confió en que el proceso legislativo culmine y se apruebe la minuta del Senado que sanciona la violencia política y que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados.
La lista de pendientes legislativos es interminable, afirmó, "siguen pariendo las mujeres en las calles, siguen creyendo que la falta de respeto en el momento del embarazo y al momento de parir es normal, eso es violencia".
A su vez, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, solicitó al coordinador de la Comisión de Igualdad y Género de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) "que las fiscalías en cada entidad federativa no revictimicen a las mujeres, que se impulsen políticas públicas para asegurar a las víctimas de violencia feminicida atención, tanto a las sobrevivientes como a las hijas e hijos huérfanos por este delito", así como el seguimiento, monitoreo y apoyo de mujeres que viven violencia para evitar "sean asesinadas". 
Pidió a las titulares de los mecanismos de adelanto para las mujeres "nos ayuden a impulsar la aplicación de la NOM-046 en todo el país, y también la aplicación de la Alerta AMBER y el Protocolo ALBA de manera eficiente, que no nos sigan diciendo que se fueron con el novio o que esperemos 72 horas"

By Mercedes Alonso

Santo Domingo, May (SEMlac). - Facing the painting of founding father Juan P. Duarte, in a classroom, two girls wrestle and trade punches on the floor, while their classmates simply look at them or utter provocative phrases. In another school, a girl is attacked by a boy, opposite to the teacher.
The Dominican Republic ranks fifth on the list of Latin American countries with the highest number of cases of bullying.
Education minister Andrés Navarro announced that a high-level commission has been established to review all cases of sexual, physical and psychological abuse at school.
He also announced that a standing committee will be working in close coordination with the Prosecutor-General's Office in this connection.

Teachers are unable to keep control in class
Experts told TV show Enfoque Matinal last May 16 that bullying has reached alarming proportions in many local schools.
Luis Vergés, director of the Behavioral Intervention Center for Men, highlighted the need to build appropriate school settings for all students.
Anthropologist Tahira Vargas urged to immediately address the difficulties that teachers are facing to manage this phenomenon.
Family therapist Rafaela Burgos said that this situation has a very negative impact on students.
Last May 16, a press report indicated that a lecture on adolescents aged 13 to 15 and acts of violence in public schools, which was delivered by researchers Henry Parada, Rafaela Burgos and María E. Asuad from Ryerson University in Canada, provided updated information along these lines.
Over 37 per cent of the male students included in their survey admitted enduring extreme social violence situations, witnessing crimes, and/or having been involved in street gang beatings.
Around 35 per cent of the girls said they have witnessed murders and got involved in bullying.
Asuad indicated that in the southern communities, where poverty conditions prevail, female adolescents are even more exposed to physical and psychological abuse.

Focusing on the problem
These researchers feel that the Dominican State should focus on increased violence, as it affects students, their families and even public-health initiatives.
Last November 25, the Ministry of Education implemented the United-Nations-promoted Orange Day (International Day for the Elimination of Violence against Women and Girls).
The current Sustainable Development Goals (SDGs) include gender equality and women's empowerment as issues of priority.
Experts believe that there is a pressing need to promote respect for all individuals and human dignity in the country
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Por Gloria Analco
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México, junio (SEMlac).- Las mujeres representan sólo el 20 por ciento de la población activa en el sector de energía renovable moderna y ocupan apenas el 12 por ciento de los 881 ministerios del sector del medio ambiente en 193 países, a pesar de que en la mayoría de los países en desarrollo ellas son las gestoras de energía de los hogares primarios y actores clave en el sistema alimentario.
Además, son además protagonistas poderosas en la transición a la energía sostenible y la agricultura resistente al clima, y esa situación debería cambiar si entrara en acción el acuerdo logrado en la última reunión de la Conferencia de las Partes (COP22), la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, de promover la igualdad de género a la hora de abordar el cambio climático.
A las mujeres jerárquicamente no les permiten participar conforme a lo que aportan, pero sí son las que reciben los peores impactos del cambio climático de manera diferente y desproporcionada a los hombres.
Eso quedó demostrado en el ciclón en Bangladesh, en 1991, donde murieron cinco veces más mujeres que hombres, y no por ser la mayoría de la población, sino por estar en situaciones de mayor desventaja: Ellas también representaron el 67 por ciento de las víctimas mortales del tsunami del Océano Índico.
En las secuelas del terremoto de 2010 en Haití los campos de hacinamiento carecían de instalaciones sanitarias adecuadas y de iluminación, lo cual condujo a numerosos ataques nocturnos de violaciones contra las mujeres.
Además, una evaluación posterior al desastre, en Mayanmar en 2015, mostró que las mujeres y las niñas tenían menos capacidad de recuperación, ya que vivían con bajos ingresos y un menor número de bienes de producción, alta inseguridad alimentaria y malnutrición.
Hoy en día hay un creciente reconocimiento del impacto negativo diferencial del cambio climático en las mujeres, a pesar de lo cual se sigue pasando por alto su papel crítico como líderes y agentes de cambio en la acción y gestión de los recursos naturales, a la hora de las negociaciones, inversiones y políticas sobre el clima.
En los últimos 10 años, el 87 por ciento de los desastres han estado relacionados con el clima, y si bien es cierto que cuando las inundaciones y la sequía vienen, no discrimina entre hombres y mujeres, pero hay una marcada diferencia en cómo afecta a unas y cómo a otros.
Las mujeres miran primero por la seguridad de los miembros de su familia que por la propia, se quedan atrás preocupadas por la gente de edad y los enfermos, y son violadas mientras caminan varios kilómetros para recoger agua.
Frente a estas situaciones, ONU Mujeres hizo un llamado a todas las Partes de la COP22 para asegurar que el programa de trabajo incluya el desarrollo y la adopción de una política de igualdad de género y autonomía de la mujer.
También insistió en la integración sistemática de género en todos los informes, el establecimiento de una cuota inicial del 30 por ciento de mujeres en la delegación oficial de las Partes y en la jerarquía de las reuniones, así como la asignación de financiación de los viajes y la creación de capacitación dedicada a mujeres delegadas, entre otras medidas.

 

 

 

Por Gloria Analco
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México, abril (SEMlac).- Liderada por mujeres indígenas y afrodescendientes, quedó inaugurada la primera agencia de noticias con estas características, la cual prevé iniciar su cobertura internacional con el próximo Foro Permanente para Cuestiones Indígenas 2017, en la sede de la ONU.
En rueda de prensa se hizo el lanzamiento de esta nueva agencia denominada Notimia, en el Centro Cultural de España en México, que ha impulsado este proyecto conjuntamente con ONU Mujeres y la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica.
Una red de 200 comunicadoras difundirá la actualidad y la agenda de comunidades y pueblos originarios latinoamericanos en idiomas indígenas, por medio de formatos impresos, digitales y audiovisuales.
Al medir su alcance, la representante de ONU Mujeres Juliette Bonnafé señaló que es imprescindible priorizar el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos.
Ello, agregó, se hace más imprescindible al observar los resultados de una investigación en más de 100 países, la cual arrojó que el 46 por ciento de las noticias promueven estereotipos de género en impresos y en la televisión, mientras que solo el seis por ciento hace hincapié en la igualdad de género.
Mencionó otro estudio, el cual contó con la participación de 522 organizaciones de medios de comunicación y que reveló que 73 por ciento de los hombres son quienes ocupan los altos cargos directivos en ese sector.
"Notimia ayudará a cambiar esas cifras y dará voz a los derechos humanos de estos dos grupos históricamente discriminados", recalcó Bonnafé.
La representante de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, Guadalupe Martínez Pérez, manifestó que Notimia ha sido el resultado de varios años de trabajo con el Centro Cultural España y el apoyo de ONU Mujeres, y luego de tres ediciones de encuentros indígenas y afrodescendientes desde 2014.
El propósito, agregó, es ampliar la cobertura de los asuntos relacionados con las indígenas y afrodescendientes al transmitir información a medios propios comunitarios, estatales, nacionales e internacionales.
Notimia ya cuenta con su corresponsal en Nueva York, Isabel Flota Ayala, quien hará la primera cobertura internacional del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas que se celebrará del 24 al 5 de mayo próximos, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De la Redacción
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Querétaro, México, abril (SEMlac).- En el marco de la reunión del Frente Feminista Nacional, la periodista Sara Lovera López quien recibió el reconocimiento Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, aseguró que en tanto persista la impunidad, no habrá ley ni mecanismo que pare los asesinatos a periodistas y a mujeres.
En entrevista para el portal Códice Informativo, señaló que en la actualidad y en particular en México es peligroso ser periodista ya que hay diversos poderes que buscan la cooptación de la libertad de expresión y el derecho a la información.
"Ninguna ley, ningún mecanismo de protección, ninguna comisión en la cámara de diputados puede servir frente a algo que es semejante a lo que pasa en los asesinatos de mujeres, el tema es la impunidad, no hay ministerios públicos, no hay jueces, no hay un aparato de justicia que sea funcional al tamaño de violencia que estamos viviendo en todos los sentidos".
La periodista, quien también funge como administradora de la Casa de Protección a periodistas en la Ciudad de México, expresó que ante la violencia que existe hacia las mujeres, los medios de comunicación tienen responsabilidad en la forma en que se emite la información para cambiar los paradigmas y las perspectivas de género en la redacción de notas informativas.
"Hay que hablar de feminicidio, no podemos ocultarlo, pero tenemos que hablar de las otras violencias, tenemos que hablar con un lenguaje más respetuoso para hombres y para mujeres y tenemos que ayudar a cambiar la mentalidad, si seguimos pensando que las mujeres somos objeto de placer, objeto de que nos obedezcan, si seguimos reafirmando que los hombres son nuestros dueños, lo hacemos a veces de manera inconsciente, no vamos avanzar, tenemos 30 años capacitando periodistas hablando de género y de feminismo y no han cambiado las cosas".

Por Lirians Gordillo Piña
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La Habana, marzo (SEMlac).- Investigaciones científicas revelan que las trabajadoras cubanas en el sector cooperativo sufren las consecuencias de la división sexual del trabajo y de los estereotipos machistas.
"El sector cooperativo es un sector de oportunidad, tanto personal como social. Sin embargo, en las cooperativas no agropecuarias hay un predominio de adultos medios, blancos, de escolaridad preuniversitaria y hombres", concluye Claudia María Caballero Reyes.
Caballero Reyes expuso resultados de su investigación sobre redes sociales en cinco cooperativas del occidente del país, al intervenir en la comisión Género y Trabajo en contextos urbanos y rurales del X Taller Internacional Mujeres en el Siglo XXI, celebrado en La Habana del 6 al 9 de marzo.
En consonancia con los datos públicos de la Oficina Nacional de Estadísticas (Onei), la psicóloga pudo encontrar una subrepresentación de personas de escolaridad secundaria, adultos mayores, personas negras y mujeres.
Al indagar sobre las redes sociales en el ámbito laboral, familiar y de tiempo libre constató que la ausencia de las mujeres tiene que ver con estrategias y redes de apoyo distintas para uno y otro género.
"Lamentablemente, ellas suelen tener menos acceso a redes con capital y recursos que les permitan conectar con espacios atractivos y ventajosos", afirma la investigadora.
Si bien llegar puede ser difícil, el acceso también está marcado por la división sexual del trabajo. Del total de cooperativas estudiadas, las asociadas fueron mayoría solo en una que ofrece servicios de peluquería, lo cual refuerza los estereotipos patriarcales.
Relegar a las mujeres a roles reproductivos y a los servicios, actividades menos remuneradas, es un comportamiento que se refuerza mucho más en espacios rurales.
Semejantes resultados obtuvo un grupo de investigación de la Universidad de La Habana al indagar sobre las brechas de género en la cadena de valor agrícola en cooperativas agropecuarias de cuatro provincias (Matanzas, Las Tunas, Granma, Holguín).
"Existe una segregación horizontal y vertical hacia las mujeres en el trabajo por cuenta propia y en las cooperativas, donde ellas se asocian a sectores en los que reciben menos ingresos", afirma la economista feminista Teresa Lara.
El diagnóstico con perspectiva de género pudo constatar que en el ámbito rural la mayoría de los hombres son los dueños de la tierra; las mujeres se ubican principalmente en actividades no agrícolas y perviven estereotipos de género en los puestos de trabajo.
El bajo porcentaje de titularidad y protagonismo en la toma de decisiones marca las brechas de equidad que se expresan también en la sobrerrepresentación de las mujeres en roles reproductivos que no se suman a la cadena de valor.
En el caso de las cooperativas analizadas por el equipo que lidera Lara, los hombres son los presidentes de las cooperativas; las mujeres constituyen 15 por ciento de los asociados y su participación se concibe como una "ayuda familiar agrícola".
Otra de las brechas de equidad de género encontradas por el grupo de expertos fue la "escasez de tiempo" para el esparcimiento y la superación que manifiestan las cooperativistas.

Apostar por ellas…

Frente a la existencia de brechas de género varias pueden ser las respuestas. 
El Proyecto BASAL optó por las acciones afirmativas, al concluir un diagnóstico con perspectiva de género en otros tres municipios de la isla (Los Palacios en Pinar del Río, Güira de Melena en Mayabeque y Guáimaro en Granma).
BASAL (Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local) tiene como objetivo "apoyar la adaptación al cambio climático, contribuyendo al desarrollo socioeconómico continuado y sostenible de la República de Cuba" y para ello se propone empoderar a grupos de mujeres que viven y laboran en las zonas escogidas.
Disminuir la inequidad de género que permanece en el campo cubano, pese a los avances en materia de género que cosecha el gobierno socialista cubano, es un reto, reiteraron participantes.
Para Oravides Almagro Peñalver, una de las coordinadoras de la experiencia, las acciones positivas se justifican por "la existencia de oportunidades diferenciadas, desigualdades que expresan injusticia y diferentes vulnerabilidades".
El proyecto que lidera la Agencia de Medio Ambiente (AMA), el Ministerio de la Agricultura y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se propone en los próximos dos años desarrollar acciones que tienen en su centro a las mujeres.
Entre ellas se encuentran poner en funcionamiento nuevas áreas productivas; mejorar las condiciones de las ya existentes para incrementar su productividad y diversificar sus cultivos; así como empoderar y sensibilizar a mujeres y hombres líderes de las comunidades.

 

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